Seis casos judiciales, cinco de ellos relativos casi en su totalidad a periodos posteriores a la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP en 2004, mantienen la financiación del partido del gobierno bajo la lupa de los investigadores. De las seis, tres siguen en instrucción: Púnica, Lezo –ambas centradas en los manejos del PP madrileño y muy conectadas entre sí– y la valenciana Taula, que ha alcanzado popularidad por su vertiente del pitufeo o presunto blanqueo de pequeñas y múltiples cantidades; una –la de Los papeles de Bárcenas– ha vuelto de manera parcial a manos del juez instructor mientras que el grueso de la causa se encuentra pendiente de juicio; y las dos restantes ya tienen fecha señalada para el inicio de la vista oral: la de la financiación del PP valenciano, que comenzará el 15 de enero en la Audiencia Nacional; y la de la pieza del caso Palma Arena conocida como la de Over Marketing, cuyas sesiones deben arrancar el 5 de febrero tras haber sido pospuesto y centrada en los –supuestos– enjuagues electorales del PP balear durante la etapa de Jaume Matas.

Entre los hechos que han aflorado en la causa que más lejos se remonta en el tiempo –la de los papeles de Bárcenas– y los de la más reciente, la Operación Lezo, hay una diferencia de hasta 25 años: las "anotaciones extracontables" del extesorero Luis Bárcenas reflejan datos desde 1990 y en una de las piezas de Lezo se investigan presuntos delitos vinculados a varias convocatorias electorales y que alcanzan incluso, aunque por ahora de manera colateral, a las de las municipales y autonómicas de 2015. En la pieza de los papeles o de la caja B del PP sigue sin respuesta a efectos penales la gran pregunta que planea sobre el caso desde el instante mismo en que salieron a la luz los manuscritos de Luis Bárcenas: si las "donaciones" de grandes constructoras y concesionarias encubrían en realidad el pago de comisiones ilegales por contratos públicos. Fue la declaración de Francisco Correa al comienzo del primero de los juicios de la serie Gürtel asignados a la Audiencia Nacional el que precipitó la reapertura de esa pieza al asegurar que los empresarios pagaban mordidas de hasta el 3%.

Aun con diferencias respecto a la materia sujeta a investigación y la envergadura de los hechos, en los seis casos donde asoma la financiación del PP emergen dos pautas comunes: la primera, que entre los aportantes de fondos opacos para la formación conservadora siempre hay beneficiarios de contratos públicos. La segunda es esta: los seis casos arrojan múltiples indicios de que se falsearon facturas para camuflar trabajos al partido que terminaban abonando empresarios afines. De momento, en ninguna de esas seis causas pesa sobre ningún imputado el delito de financiación ilegal, que no entró en vigor hasta julio de 2015.

Que en la última década el PP se benefició de las facturas ficticias que determinados contratistas aceptaban pagar a los proveedores electorales del partido es ya algo más que una presunción. En febrero, nueve empresarios valencianos, todos ellos grandes adjudicatarios públicos, confesaron por escrito a la Fiscalía Anticorrupción que habían desembolsado 1,2 millones en facturas falsas para las campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 así como para las generales de 2008. Entre las compañías que se prestaron a ello figura Lubasa, ahora denominada Obinesa.

Y Lubasa hace doblete. Porque no solo aparece entre los financiadores del PP investigados en las llamadas piezas separadas de Gürtel 1,2 y 6, aquellas derivadas de Gürtel donde se examina la financiación del PP valenciano y cuyo juicio conjunto está previsto para el 15 de enero en la Audiencia Nacional. Lubasa también figura entre las 13 contratistas o concesionarias del Ayuntamiento de Valencia que, en los comicios locales de 2007 y según la documentación ya incorporada al sumario de la llamada Operación Taula, desembolsaron 2,6 millones por los trabajos ficticios que les facturó Laterne. Es decir, el proveedor electoral fetiche de la ya fallecida Rita Barberá y su equipo municipal.

El papel de Over Marketing

Pero la entrada en escena de distintas causas no es un fenómeno exclusivo del grupo fundado por Luis Batalla, una de cuyas filiales ya había sido inhabilitada en 2007 por tres años como contratista público tras recibir una condena firme por delito fiscal. Con Over Marketing como mascarón de proa, el conglomerado de empresas de publicidad y servicios electorales creado por Daniel Horacio Mercado y que en la pasada década vivió su propio boom al sumar 32 millones en contratos públicos de Administraciones gobernadas por el PP hace acto de presencia en otros dos de estos seis casos: en aquel al que ha dado nombre y que, derivado al igual que Nóos de la macrocausa del Palma Arena, se juzgará desde febrero en Baleares, así como en la Operación Púnica.

Mimada en las Illes por el Govern de Jaume Matas pero también en la central Madrid por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, Over Marketing se ha convertido en paradigma de cómo lo que ahora se conoce como "dopaje electoral" puede borrar la frontera entre lo institucional y lo partidario. En su escrito de acusación sobre el caso balear, Anticorrupción sostiene que Daniel Horacio Mercado y Jaume Matas acordaron en una entrevista previa a las autonómicas de 2003 que una parte de los gastos electorales que debían abonarse en dinero negro "se compensarían con el volumen de contrataciones públicas" que le adjudicarían "desde distintos organismos públicos dependientes del Gobierno balear". A partir de ese año, los encargos de "campañas institucionales" pagadas con dinero netamente público llovieron sobre Over y sus tres empresas satélite: Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación. Mercado está citado a declarar como investigado –imputado– en Púnica el día 19 ante el juez de la Audiencia Manuel García Castellón, que también instruye la Operación Lezo.

Esa lluvia de contratos no se ciñó a Baleares. Sobre Over diluvió en otras comunidades del PP, muy especialmente en Madrid, donde solo el Ejecutivo de Aguirre, sin contar lo que desembolsaron varios ayuntamientos de ese mismo partido y las empresas concesionarias de hospitales públicos, le adjudicó casi 10 millones. 

En 2012, Mercado terminó haciendo una confesión de largo alcance ante el fiscal Pedro Horrach, hoy dedicado a la abogacía, y el juez José Castro, ahora a punto de jubilarse: que, en efecto, había obtenido contratos amañados en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué ganaban quienes los amañaban?, preguntó el fiscal. Esta fue su respuesta: "Que quizás el beneficio que pudieran obtener las personas que le contratasen es que no les facturasen las totalidades de los costes de las dos campañas electorales del PP del año 2003 y 2007".  Y prosiguió así: "Que aparte de las campañas electorales Over ha cubierto actos a los que han acudido líderes del PP por los que no ha cobrado absolutamente nada, por lo que entiende el declarante el beneficio lo ha obtenido el Partido Popular".

'Púnica', 'Lezo' y la "línea continua" 

Hace tres semanas, infoLibre publicó cómo nuevos documentos incorporados al sumario de Púnica certifican que una promotora inmobiliaria pagó la campaña para las municipales de 2007 de un alto cargo de Cristina Cifuentes, la directora general de FP, Guadalupe Bragado. Los pagos se vehicularon a través de facturas falsas endosadas por una de las filiales de Over Marketing a esa promotora. Así lo acreditan los correos electrónicos cruzados entre Bragado y el número dos de la hoy extinta Over, los archivos contables internos del grupo Over y las facturas finalmente emitidas.

Cifuentes, que en la campaña de 2007 ocupaba el cargo de responsable de movilización electoral de PP madrileño, no adoptará ninguna medida contra Bragado en tanto no exista una imputación judicial. PSOE y Podemos, que acertaron al dar por hecho que la presidenta eludiría adoptar medidas contra la directora general, creen que en materia de corrupción una "línea continua" enlaza los Gobiernos de Aguirre y su sucesor, Ignacio González, con el de Cifuentes. 

Tanto si la investigación sobre los contratos que la Asamblea de Madrid otorgó a uno de los grandes donantes de la oscura fundación Fundescam –otro de los grandes canales de financiación del PP madrileño– complica la situación de Cifuentes como si sale indemne, lo cierto es que todo lo investigado hasta ahora en Púnica y Lezo apunta a que, en efecto, había una línea continua. "La única gran diferencia –resume una fuente conocedora de ambos casos– es que en la etapa analizada en Púnica el número dos del PP de Madrid era Francisco Granados y en Lezo ya era Ignacio González".

En otras palabras, y siempre supuestamente, Granados gobernaba la búsqueda de fondos opacos hasta que Esperanza Aguirre lo destituyó como secretario general del PP madrileño en noviembre de 2011. Y a partir de ahí, esa tarea quedó, también supuestamente, en manos de su sucesor y entonces delfín de Aguirre, Ignacio González. Enemigos acérrimos, y además de haber ocupado el segundo puesto en el escalafón del PP madrileño, ambos compartían una segunda característica a la que en su renuente comparecencia ante la comisión del Congreso sobre la financiación del PP se refirió hace dos semanas el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí.  "Yo creo –dijo– que cuando mezclamos corrupción con política al final lo que siempre queda es que un dinero va para un sitio y otro va para otro sitio". "Con la corrupción –apostilló– un dinero va para gastos particulares y otro va para gastos de la familia".

Más de cuatro millones y medio de euros en metálico. Esa es la fortuna, amasada a través de la trama del Canal Isabel II, que la Audiencia Nacional consiguió decomisar la semana pasada al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en Colombia. Oculto en cuentas a nombre de sociedades controladas por testaferros, el hallazgo del botín amasado por el exdirigente del PP a través de la trama del Canal Isabel II, investigada en la denominada operación Lezo, fue posible gracias a la colaboración de las autoridades colombianas y panameñas en el caso y fue uno de los elementos decisivos para que el político pudiera salir en libertad condicional al disminuir el riesgo de destrucción o alteración de pruebas y de fuga. Además del dinero, también se intervino patrimonio inmobiliario que González tenía en el país latinoamericano y que se encuentra a la espera de ser tasado.

Con la incautación de los millones ocultos de González, cabe preguntarse si en los casos de corrupción suele recuperarse el dinero arrancado de las arcas públicas por las diferentes tramas. infoLibre repasa los principales escándalos de corrupción que han salpicado en los últimos años al PP y recopila las cifras más importantes en este sentido.

Trama 'Gürtel': penas que superan los 700 años de cárcel

El caso Gürtel es, sin duda, uno de los mayores escándalos de corrupción que han salpicado al PP. Sólo en la conocida como Época I, que abarca las actividades delictivas entre los años 1999 y 2005, las investigaciones realizadas calculan que la trama dirigida por Francisco Correa se habría llevado al menos 120 millones de euros de dinero público en contratos adjudicados por administraciones dirigidas por la formación conservadora, aunque los instructores se han encontrado grandes dificultades para conseguir destapar el volumen total que pasó por sus manos en ese periodo. En el juicio que estos días finaliza después de escuchar a los 37 imputados y a más de 300 testigos –entre ellos 5 exministros del PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy–, la Fiscalía Anticorrupción pide penas para los acusados que en total suman más de 700 años de cárcel.

A mediados de 2011, dos años después de que estallara el caso Gürtel, sólo cuatro de los imputados por aquel entonces en el escándalo habían saldado sus deudas con Hacienda devolviendo 27 millones de euros defraudados. De este modo mostraban su arrepentimiento fiscal los constructores José Luis Ulibarri –abonó 3,1 millones de euros–, Rafael Naranjo –pagó 4 millones de euros– y Alfonso García Pozuelo –el expresidente de Constructora Hispánica puso sobre la mesa 20 millones de euros para saldar su deuda con el fisco–, así como el considerado cerebro financiero de la trama, José Ramón Blanco Balín, que aportó a Hacienda casi medio millón de euros para saldar sus cuentas pendientes. De los cuatro, sólo García Pozuelo se encuentra entre los 37 acusados en el juicio de la primera época de la GürtelGürtel.

Seguir el rastro del dinero en tramas de esta envergadura, que lo mueven a través de sociedades radicadas en las jurisdicciones más oscuras, resulta realmente complejo. Actualmente, Suiza mantiene bloqueados 47,1 millones de los implicados en el caso Gürtelcaso Gürtel. De esa cantidad oculta, 21,3 millones de euros están a nombre del extesorero del PP Luis Bárcenas, para el que la fiscalía pide 39 años de cárcel, y 1,5 millones al de su presunto testaferro, Iván Yáñez, que se enfrenta a 7 años de prisión. Botines a los que se suman el de Francisco Correa, que asciende a 22,2 millones de euros, y el del número dos de la trama corrupta y ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, que asciende a 1,7 millones de euros. El considerado cabecilla de la red, para el que el Ministerio Público solicita 125 años de cárcel, autorizó a la Audiencia Nacional una semana antes del inicio del juicio a repatriar 2,2 millones de euros de esa cuenta para hacer frente a las responsabilidades civiles que se le reclaman.

En concepto de fianzas, la justicia ha ingresado, entre otras, los 28.000 euros solicitados para la exministra de Sanidad Ana Mato, considerada partícipe a título lucrativo –según el ministerio público, Mato se habría beneficiado de regalos y viajes para su familia por valor de 28.000 euros entre 2000 y 2005–, y los más de 245.000 euros abonados por el PP, considerado también partícipe a título lucrativo –la Fiscalía mantiene que la formación conservadora se benefició de 245.000 euros que la red Gürtel aportó para las campañas de las elecciones municipales de 2007 en Pozuelo y Majadahonda–. A estas podrían sumarse, además, las pagadas por algunos de los principales investigados para abandonar la cárcel: 200.000 euros Francisco Correa y Luis Bárcenas y 100.000 euros Pablo Crespo.

Púnica: más de 4 millones en efectivo intervenidos

En octubre de 2014, cinco años después del estallido de la Gürtel, la formación conservadora volvió a recibir un duro varapalo. El que fuera consejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta junio de 2011, Francisco Granados, era detenido por la Guardia Civil en la llamada operación Púnica. Junto a él, varios constructores –entre ellos David Marjaliza–, algunos alcaldes de localidades madrileñas –el de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), y el de Parla, José María Fraile (PSOE)– y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. En el auto de ingreso en prisión provisional, a Granados se le atribuyó formar parte de una "organización criminal" dedicada a perpetrar "delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias".

El supuesto mecanismo corrupto, utilizado presuntamente en consistorios de varias comunidades autónomas, funcionaba del siguiente modo: alcaldes y funcionarios adjudicaban contratos a dedo a un grupo de empresarios que, a cambio, pagaban comisiones a los regidores posteriormente –este dinero que recibían era luego blanqueado a través de las adjudicatarias, sociedades instrumentales e intermediarios–. En total, en el sumario se cifra el valor de los contratos adjudicados ilegalmente en 250 millones de euros. El diario digital El Confidencial, por su parte, elevó en una investigación publicada en octubre de 2015 la cantidad de millones de euros de dinero público bajo sospecha hasta los 312,85. 

Cuatro años después de la detención de Granados, la investigación ya acumula miles de folios agrupados en más de dos centenares de tomos, más de un centenar de imputados, más de 300 testigos y 1.200 cuentas bloqueadas. Durante todos estos años, además del embargo de vehículos, se han intervenido poco más de 4 millones de euros en efectivo –4.145.798 euros, 30.456 dólares, 2.780 francos suizos y 1.455 libras esterlinas–, según datos a los que tuvo acceso el pasado mes de julio el citado diario digital. En esta cantidad se encuentra incluido el millón de euros encontrado en un altillo de la casa de los suegros de Granados por agentes de la UCO y la Guardia Civil. Billetes que, según afirmó el suegro en su momento, serían "de algún fontanero o de alguien de Ikea".

Tanto Marjaliza como Granados se encuentran actualmente en libertad. El constructor abandonó la cárcel de Aranjuez en diciembre de 2015 tras abonar los casi 100.000 euros de fianza que le reclamaba el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El que fuera mano derecha de Aguirre, por su parte, salió el pasado mes de junio de la prisión de Estremera tras pagar una fianza de 400.000 euros.

Lezo: incautado el botín de González en Colombia

Y cuando Esperanza Aguirre quizás confiara en que no le podían salir más ranas después de sus exconsejeros Alberto López Viejo –imputado en Gürtel– y Francisco Granados, estalla el caso Lezo. El pasado mes de abril, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González –vicepresidente con Aguirre al frente– fue detenido por la supuesta corrupción en la empresa pública Canal de Isabel II, que presidió entre 2003 y 2012. En el auto de ingreso en prisión, se imputaba al exlíder del Gobierno madrileño, entre otras cosas, la operación para la compra de la empresa brasileña Emissao, que provocó un agujero a la empresa pública de más de 23 millones de euros, y el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros de OHL por la adjudicación supuestamente irregular del tren de Navalcarnero.

La justicia ha conseguido incautar en estos últimos meses al menos cinco millones de euros que los dos presuntos cabecillas de la trama, González y Edmundo Rodríguez Sobrino –expresidente de Inassa y hombre fuerte del expresidente de la Comunidad de Madrid en Latinoamérica–, escondían en Colombia. Los 4,6 millones de euros intervenidos la pasada semana a Ignacio González se suman a los 262.000 euros que la Fiscalía colombiana encontró en el apartamento de Rodríguez Sobrino en Barranquilla. Hace casi un mes, el expresidente de Inassa mostró su intención de acercarse al juez y a Anticorrupción para tratar de conseguir la libertad. Así, tal y como desveló El Confidencial, Rodríguez Sobrino ha dado orden de transferir a una cuenta de la Audiencia Nacional 2,2 millones de dólares para afrontar las responsabilidades pecuniarias derivadas de su imputación en la causa.

En libertad se encuentran ya tanto Ignacio González como su hermano Pablo González. El expresidente madrileño salió la semana pasada de la prisión de Soto del Real tras abonar una fianza de 400.000 euros. Su hermano abandonó la cárcel unos meses antes tras pagar los 200.000 euros de fianza que se le pedían. En el auto de libertad de Ignacio González, el juez detallaba, entre otras cosas, el supuesto pelotazo pegado en la construcción del campo de golf del Canal. Así, el instructor desgranaba uno a uno todos los pasos dados por el expresidente de la Comunidad de Madrid para adjudicar de forma presuntamente irregular tanto la construcción como la explotación del centro a través de una estructura societaria en la que participaron tanto su hermano Pablo como su cuñado.

El Govern de Matas: recuperado sólo el 16%

Sí que se han puesto sobre la mesa, sin embargo, cifras más redondas en relación con los casos de corrupción durante la época de Jaume Matas al frente del Govern de les Illes Balears. El pasado mes de mayo, el Ejecutivo balear, capitaneado actualmente por la socialista Francina Armengol, desgranó las cantidades de dinero malversado durante la época de Matas que se habían conseguido recuperar. En una respuesta a la diputada del Grupo Mixto Sílvia Tur, el Ejecutivo autonómico detalló que de los 6,5 millones de euros reclamados por sentencias firmes, hasta ese momento los condenados sólo habían abonado 1,1 millones. Esta cifra supone que los cargos públicos sentenciados por corrupción apenas han devuelto el 16% del total que se les ha reclamado y deben todavía a las arcas públicas 5,4 millones de euros.

El Gobierno de Armengol detalla cada una de las sentencias. En el caso sobre la agencia balear de noticias, una de tantas piezas separadas del Palma Arena, de los 11.550 euros en concepto de responsabilidad civil, sólo se han recuperado 4.766,66 euros, un 41% del total. Mucho menos, un 14% de la cantidad reclamada por la justicia, se ha pagado en relación con el llamado caso Scala, por el que fue condenado, entre otros, el exconseller de Comercio, Industria y Energía del Govern de Jaume Matas José Juan Cardona: de los 6,1 millones que los sentenciados están obligados a abonar, sólo se habían recuperado hasta principios del pasado mes de mayo 865.958,79 euros. "La ejecución de esta sentencia todavía sigue abierta", explicaba la respuesta.

A estos dos casos, el Gobierno balear suma otras tres sentencias relacionadas con el caso Ibatur, por el que fueron juzgados dos exgerentes públicos del área de Turismo –Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern–, el exasesor jurídico del departamento Miguel Ángel Bonet o los contratistas Kamal Dorai y Bartolomé Morey. De los 195.530 euros que se pidieron en concepto de responsabilidad civil entre las tres sentencias, en el momento de la respuesta sólo se habían abonado 148.258,93 euros, el 75,8% del total. El listado del Govern de Armengol se cierra con el caso Turisme Jove, en el que el exdirector del consorcio Juan Francisco Gálvez y el exgerente de la institución Juan Francisco Gosálbez fueron condenados a restituir 267.580 euros. A fecha de la respuesta, sólo se habían abonado 92.023 euros.

El Gobierno balear, sin embargo, deja fuera el caso Palma Arena y el caso Nóos a la espera de que se pronuncie el Supremo. Si el Alto Tribunal confirma las sentencias que se han dictado en estos dos procesos, las arcas públicas esperarían otros 3,9 millones de euros. En el caso Nóos, la sentencia que condena a Iñaki Urdangarín, Diego Torres y algunos cargos de Matas exige la restitución de 2,6 millones de euros. La del Palma Arena, obliga a abonar a los condenados un total de 1,2 millones. 

Las tarjetas black de Bankia y Caja Madrid

Otro de los escándalos más sonados durante los últimos años ha sido el de las tarjetas black de Caja Madrid. Cuando José Ignacio Goirigolzarri relevó al exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, al frente de Bankia, justo después del rescate de 22.000 millones por parte del Estado, encargó una auditoría interna en la que salió a la luz el uso de tarjetas de crédito que se entregaron a los directivos de la entidad entre 2003 y 2012 "fuera de los circuitos ordinarios". "Tarjetas en las que se habían producido gastos incompatibles con toda norma, acuerdo de órgano de gobierno o contrato que los avalara", recogió la sentencia de la Audiencia Nacional dictada el pasado mes de febrero.

Así, se descubrió que varios directivos de Caja Madrid y Bankia durante esos años habían gastado más de 12 millones de euros en restaurantes de lujo, salas de subastas, hoteles, tiendas de ropa exclusiva... Después de varios meses de juicio, el pasado mes de febrero se conoció la sentencia: cuatro años de prisión para Rodrigo Rato –que actualmente tiene abierto también el frente judicial de la fraudulenta salida a Bolsa de Bankia (el conocido como caso Bankia)–, tres para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y dos años y medio para el ex director general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj.

En cuanto al dinero gastado con las black, hasta la fecha han devuelto la práctica totalidad Blesa (436.688 euros), Sánchez Barcoj (575.079 euros), el exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella (185.539 euros) y el exdirector general Matías Amat (431.042 euros). También se recuperó lo gastado por Luis Gabarda, Miguel Corsini, Juan Iranzo, Jorge Rábago, Luis Blasco Busquet, Arturo Fernández, Francisco Javier López Madrid y Virgilio Zapatero. Rato, por su parte, devolvió 98.837 euros de los 99.054 cargados a la tarjeta. Esta cantidad se resta, por tanto, a los 2,69 millones de euros que le reclama la Audiencia Nacional por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó. "Responderá conjunta y solidariamente con cada uno de los acusados", sentenció el juez. 

El expresidente del Govern balear, Jaume Matas, ha llegado este martes a su primer acuerdo con la Fiscalíaal haber aceptado que ha prevaricado dentro de la pieza número 14 de la causa del Palma Arena.

Durante la vista oral que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial, Matas sólo ha dicho "sí" al ser preguntado por la presidenta del Tribunal, la magistrada Samanta Romero, acerca de si aceptaba la conformidad y asumía la autoría de los hechos.

De esta manera, el también ex ministro de José María Aznar ha aceptado haber prevaricado al tomar una decisión que benefició a la agencia Nimbus Publicidad al otorgarle una transferencia de 350.000 euros sin concurso y saltándose el procedimiento administrativo.

Según ha resaltado la representante del Ministerio Fiscal, Laura Pellón, durante la vista, Matas ha abonado 35.000 euros —que corresponden al 10% de la suma abonada a Nimbus— para reparar "los perjuicios derivados de su resolución prevaricadora".

Por esto, se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño y se le ha impuesto una inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete años, tal como se recoge en el escrito de conclusiones definitivas.

Tras este juicio, el sexto en el que Matas estaba acusado dentro de la macrocausa del Palma Arena, vendrá el juicio del caso Over, previsto para febrero, el de las piezas número 15 y 16, que todavía está en fase de instrucción y el de la pieza principal del caso.

Además de esto, está la investigación relativa al caso Turisme Jove, que la lleva el Juzgado de Instrucción número 5, y el caso de Son Espases, en los que también está implicado el ex presidente.

Debe recordarse que antes de por la pieza 14, Matas se ha sentado en el banquillo por el juicio del caso Nóos, por el de los discursos del periodista Antony Alemany, por el de la contratación ficticia de su mujer, Maite Areal, en el hotel Valparaiso; por el de la contratación de los arquitectos del velódromo y por el del anteproyecto de la Ópera de Calatrava.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público al expresidente del Gobierno balear Jaume Matas por un delito continuado de prevaricación por las piezas separadas número 8 y 9 del caso Palma Arena, relativas a la contratación de los arquitectos.

Asimismo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, y recogido Europa Press, se condena al ex director general de Deportes José Luis Ballester por un delito continuado de prevaricación a la pena de cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Los magistrados consideran que los hechos probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, que castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años.

En cambio, el tribunal les absuelve del delito de fraude a la Administración del que venían acusados y por el que la Fiscalía solicitaba tres años de prisión y diez de inhabilitación para Matas.

La Sala apunta que dada la prueba de cargo practicada les "impide alcanzar la convicción, fuera de toda duda razonable, acerca de la participación del acusado en la producción de los hechos justiciables que han sido objeto de acusación, por lo que resulta insuficiente como para desvirtuar la presunción de inocencia de ambos acusados".

Los magistrados consideran que "no se recogen suficientemente en los hechos objetos de acusación, los elementos del delito del art. 436, al no desprenderse de ellos la existencia de un mecanismo orquestado por los acusados para defraudar a la Administración, actividad finalista que es la que se tipifica en el mencionado tipo penal".

En la sentencia aseguran que "en este caso, ni se ha probado esa actividad finalista resultante de ese artificio denunciado por las acusaciones, ni el efecto perjudicial para el erario público que se buscaba con ese artificio".

Por ello, los magistrados han concluido que no pueden tener por desvirtuado el derecho a la presunción de inocencia a los efectos de imponer una condena penal a los acusados, sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, se pudieran declarar en el ámbito administrativo.

Estas dos piezas del caso Palma Arena giran entorno a la contratación de los arquitectos del velódromo. La resolución no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El ex secretario general de la Conselleria de Cultura y Educación en el segundo Govern balear de Jaume Matas ha admitido este martes que sacó de Wikipedia un "párrafo" para incluirlo en el acuerdo del Consell de Govern sobre el proyecto de la ópera de Palma, de forma que "encajara" con el perfil del arquitecto Santiago Calatrava.Santiago Calatrava

Según el ex secretario general de la Conselleria, fue el entonces conseller de Educación y Cultura, Francesc Fiol, quien le indicó que buscara una fórmula para poder definir en el acuerdo del Consell de Govern las características del proyecto para que encajaran con Calatrava sin mencionar expresamente al arquitecto.

Así lo ha manifestado en su declaración como testigo durante el juicio por la tercera pieza de la macrocausa del Palma Arena, que versa sobre el encargo presuntamente irregular de un proyecto de palacio de ópera al arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros en 2007.

Por estos hechos se acusa al ex presidente del Govern, Jaume Matas, de prevaricación y tráfico de influencias y se le pide un año y tres meses de prisión y una multa de 120.000 euros.

La fiscal Anticorrupción, Laura Pellón, ha asegurado este lunes que "no hay ningún pacto global ni nigún acuerdo" con los diferentes casos de presunta corrupción en los que está encausado el expresidente del Govern, Jaume Matas, dentro de la causa del Palma Arena.

Tras las vistas previas celebradas en la Audiencia Provincial de Palma, Pellón ha dicho que se está "yendo pieza por pieza y delito por delito" y que "hoy se ha intentado llegar a una conformidad en términos legales" por la pieza separada número 3 pero "no ha sido posible" porque no ha habido acuerdo por "el abono de la responsabilidad civil".

El expresidente del Govern, Jaume Matas, realizará un "reconocimiento parcial" de los hechos por los que se le juzga en la pieza separada número 3 del caso Palma Arena, relacionados con el encargo de un proyecto de ópera al arquitecto Santiago Calatrava, que no se llegó a construir.

Así lo ha anunciado su abogado defensor , José Zaforzeta, este lunes durante una visita previa que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Palma, donde también se ha determinado que este juicio se celebre el 10, 11 y 12 de julio.

El pasado 9 de marzo, el juez instructor del caso, José Castro, elevó las piezas para que se señalaran sus juicios. En concreto, se trataba de esta pieza número 3, que investiga el proyecto del palacio de la ópera, y la pieza número 11, sobre la maqueta del velódromo.

En concreto, la pieza 3 investiga el anteproyecto del palacio de la ópera que el expresidente del Govern encargó a Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros y que nunca se realizó.

Según explicaron entonces a Europa Press fuentes judiciales, de esta manera se dio por terminada la instrucción de ambas piezas separadas de este macro caso.

Daniel Mercado, dueño del grupo Over Marketing y cuyos contratos de publicidad con la Comunidad de Madrid –9,8 millones entre 2004 y 2008, como adelantó infoLibre– investiga el juez del caso Púnica en la pieza secreta sobre financiación del PP, admitió en 2012 ante la Fiscalía Anticorrupción que había cubierto actos del PP por los que no cobró “absolutamente nada”. Así consta en una de sus declaraciones por el caso Palma Arena, donde afloraron los primeros indicios de financiación ilegal vinculados a su grupo, los del PP balear. Fuentes jurídicas aseguran que las declaraciones prestadas por Mercado en esa causa ya están en manos del juez instructor de PúnicaPúnica, Eloy Velasco.

Daniel Mercado, que durante años manejó las riendas de Over, Traci Comunicación, Abanico Comunicación y Link América, respondió en esos términos durante uno de los interrogatorios en una de las piezas del caso Palma Arena cuya apertura de juicio acaba de dictar el juez José Castro. Tras relatar que no solo en Baleares sino también en la Comunidad de Madrid había obtenido contratos amañados con intervención directa del exconsejero Alberto López Viejo, ahora procesado en Gürtel, el fiscal Pedro Horrach preguntó al empresario qué beneficio tenían a título personal quienes le contrataban irregularmente. El empresario respondió que nunca había pagado comisión alguna. Pero añadió lo siguiente: “Que quizás el beneficio que pudieran obtener las personas que le contratasen es que no les facturasen las totalidades de los costes de las dos campañas electorales del PP del año 2003 y 2007”. Y prosiguió así: "Que aparte de las campañas electorales Over ha cubierto actos a los que han acudido líderes del PP por los que no ha cobrado absolutamente nada, por lo que entiende el declarante el beneficio lo ha obtenido el Partido Popular".

Durante varios años, Over envió obsequios navideños a políticos de las administraciones del PP con las que mantenía contratos. Entre ellos figuraba el entonces vicepresidente de Madrid, Ignacio González. Entre 2003 y 2007, González, que luego sucedió a Aguirre en la presidencia de la Comunidad y ahora está retirado de la política, recibió regalos como "billeteras y llaveros de Loewe", y así lo admitió en noviembre de 2012 una portavoz del dirigente madrileño. 

Una campaña extensa y muy barata

Como publicó el martes infoLibre, el grupo Over, al que también pertenecían otras tres empresas satélite, hizo en 2007 la campaña de 12 candidatos municipales del PP madrileño. Pero, como servicios prestados por el grupo, la contabilidad oficial del PP madrileño solo anotó ese año 10.440 euros. Lo hizo junto al nombre de una de las filiales de Over, Traci Comunicación SL. Esa cifra ya aparecía en el balance del PP madrileño correspondiente a 2006. Y se mantuvo hasta 2008.

En 2007,  las cuatro empresas del grupo –Over, Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación– notificaron a Hacienda que habían facturado al PP por servicios prestados en toda España 57.625 euros.

En mayo de ese año se celebraron elecciones municipales en todo el país y autonómicas en la mayoría de las comunidades. De su actuación en esas campañas Over dejó tras sí un dossier que la Policía terminó encontrando en su sede. Es esa memoria la que constata que, además de la campaña para el PP de Madrid y la del PP balear, el grupo impulsó en 2007 la carrera municipal de otros candidatos locales del partido en Galicia, Castilla y León, Valencia y Murcia así como la de Carlos Floriano hacia la Presidencia de la Junta de Extremadura. Portavoces oficiales de la dirección nacional del PP aseguraron que Floriano conoció en algún acto del partido al dueño de Over y que a partir de ahí se inició su colaboración para la campaña autonómica.

La memoria de trabajos electorales desarrollados por Over para el PP en 2007 detalla qué candidatos locales, además de los madrileños sobre los que ya informó este diario el miércoles, contaron con el apoyo de la trama societaria que dirigía Mercado.

En Galicia, Carlos Negreira, alcalde de A Coruña entre 2011 y 2015; Telmo Martín, que optaba al bastón de mando de Sanxenxo (Pontevedra), el ourensano Enrique Nóvoa, Juan Juncal, que en 2007 no logró revalidar la alcaldía de Ferrol, y Joaquín García Díez, que había sido alcalde de Lugo.

En Castilla y León, Valencia y Murcia, Over hizo campaña por “candidatos que partían de situaciones específicamente complejas”, dice el dossier. Fueron las castellanoleonesas Celinda Sánchez (Palencia) y Beatriz Escudero (Segovia), ninguna de las cuales logró imponerse al PSOE; los valencianos Ana Kringe (Denia), que perdió en las urnas pero se hizo finalmente con la alcaldía gracias a un tránsfuga, y Manuel Pérez, que sí obtuvo la mayoría en Benidorm. En Murcia, Over hizo campaña por Juan Miguel Benedito (Yecla) y Pedro Chico (Bullas).

El juez instructor del caso Palma Arena, José castro, ha elevado este jueves dos piezas del mismo ante la Audiencia Provincial de Palma, donde han quedado pendientes para que se señalen sus juicios. En concreto, son las piezas número tres, que investiga el anteproyecto destinado al palacio de la Ópera, y la pieza número 11, sobre la maqueta del velódromo.

En concreto, la pieza tres investiga el anteproyecto del palacio de la Ópera que el expresidente del Govern, Jaume Matas, encargó al arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros y que nunca se realizó.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, de esta manera se da por terminada la instrucción de ambas piezas separadas de este macro caso y ya solo queda que se señale el juicio.

Además, este martes, Castro también ha elevado a la Audiencia la pieza número 10 que investiga la adjudicación de la demolición de unas naves, accesos viales y cerramientos del velódromo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, abrió juicio oral contra el expresidente del Govern Jaume Matas por auspiciar la adjudicación presuntamente irregular de las obras de la considerada infraestructura estrella de su última legislatura (2003-2007), el Palma Arena, inicialmente presupuestadas en 48 millones de euros y cuyo sobrecoste ascendió a más de cien.

El juez dictó para ello sendos autos después de que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach presentase sus escritos de acusación por dos piezas de la causa –la 8 y la 9–, en los que acusa al exministro de haber incurrido en delitos de fraude a la administración y prevaricación, los mismos tipos penales que atribuye por estos mismos hechos al exdirector general de Deportes y medallista olímpico José Luis Pepote BallesterPepote.

Castro envió así a juicio a ambos exaltos cargos del PP. En concreto, el fiscal reclama dos años de cárcel para Matas por cada una de las piezas, mientras que pide una multa de 540 euros para Ballester también por cada fleco.

Las pesquisas se centran asimismo en la contratación a dedo contratación a dedo de los arquitectos que se encargaron de dirigir las obras de construcción, primero Ralph Schürman y posteriormente Luis y Jaime García-Ruiz. Estos últimos acabaron percibiendo unos honorarios de unos ocho millones de euros por hacerse cargo de los trabajos del velódromo.

Se trata de los flecos del caso Palma Arena que más tiempo llevaban pendientes de calificar por parte de la acusación pública en el marco de una causa cuya complejidad derivó en la apertura de hasta 28 piezas separadas. Matas ya cumplió nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influenciasprisión en la primera pieza que fue juzgada de la causa y fue posteriormente condenado a una pena de multa por cohecho.

En uno de sus escritos, Horrach relata cómo en 2004 Matas encargó a Ballester tratar de obtener la adjudicación a Palma de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo, previsto para 2007, con la finalidad de que esta concesión sirviera de base a la construcción de un velódromo cubierto que permitiera albergar el evento.

El fiscal resalta que, pese a tratarse de un proyecto de "gran envergadura y con un evidente compromiso de gasto", la contratación no fue llevada a cabo por ninguna de las Consellerias que disponían de los medios técnicos y jurídicos necesarios para poner en marcha la licitación, sino que Matas encargó la construcción a la Fundación Illesport y posteriormente al Consorcio que se crearía al efecto, organismos que "no están obligados a pasar por los mismos controles previos que la administración stricto sensu y, sobre todo, a los que pudiera imponer sus decisiones unipersonales sobre quién y cómo construiría el velódromo".

De hecho, el juez instructor de la causa, José Castro, alude a la Fundación Illesport –dependiente del Govern y liderada por Ballester– como la encargada de "dar cobertura formal a las decisiones que tomaba el presidente de la Comunidad Autónoma, sabedores ambos de que sus decisiones ni tan siquiera se sometían a la consideración de los patronos" de la Fundació "por la sencilla razón de que, como tal, el órgano colegiado sólo existía en apariencia".

Órdenes de Matas

Es en este marco en el que Matas ordenó la ejecución de la infraestructura deportiva y encargó al Illesport, con los fondos del Ejecutivo autonómico, su gestión hasta que se constituyese el Consorcio.

Según los investigadores, los patronos de la Fundación ni siquiera llegaban a reunirse para tomar decisión alguna que en exclusividad eran adoptadas por el propio presidente del Govern y el director general de Deportes. Sin embargo, hasta 22 actas "absolutamente falsas" fueron redactadas, según las pesquisas, para dejar constancia de unas supuestas reuniones "que nunca llegaron a convocarse y menos aún a celebrarse".

Así, entre las decisiones que aparentemente se adoptaron se encuentra la aprobación de un presupuesto de 46,4 millones de euros para la construcción del Palma Arena y sus cargas financieras para la ejecución de un espacio polideportivo, todo ello a pesar de que no consta estudio alguno sobre el origen de ese provisional cálculo de coste.

De igual forma se dio el visto bueno a la contratación del arquitecto inicial del proyecto, Ralph Schürmann, sustentándola en que éste contaba con el respaldo de la Unión Ciclista Internacional (UCI). El contrato fue firmado el 10 de enero de 2005, por un importe de 9,4 millones de euros, "sin previo expediente de contratación y, por tanto, omitiendo deliberada y conscientemente los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia".

Según Horrach, la decisión de contratar a Schürmann la tomaron igualmente, de forma unilateral, tanto Matas como Ballester quienes, "prescindiendo deliberadamente del necesario e imperativo procedimiento previo de contratación", realizaron el encargo verbal al arquitecto, al que Castro se refiere, por su parte, a "un recomendado de la UCI" pero "nada más, siendo dudosa su experiencia en la construcción de velódromos cubiertos y acreditado que existían otros profesionales con similar o superior capacidad".

"Pobre ropaje jurídico"

En esta línea, Castro recalcó que "si ya pobre ropaje jurídico representaban estos acuerdos, más aún sería su escasez si se tiene en cuenta que la contratación de don Ralph Schürmann se había producido previamente al margen de los mismos". El 23 de marzo de 2006 le fue rescindido su contrato.

El fiscal señaló que Schürmann presentó al cobro facturas por un total de 2,3 millones de euros, si bien finalmente se le pagó la suma de 1,6 millones.

En cuanto a la contratación de los García-Ruiz se refiere, el magistrado llegaba a calificarla de "aberración jurídica" e incidía en que aquélla "carece de todo soporte administrativo". Por su parte, el fiscal recordó que el importe del contrato fue, por todos los conceptos, de 8,5 millones de euros. A su juicio, lo que encubría este contrato es la orden dada por Matas de que la construcción del velódromo fuese adjudicada a la empresa GR1 S.L –perteneciente a los García Ruiz– y la ejecución de esa orden por parte de Ballester.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha reclamado al Ministerio de Defensa información sobre solicitudes recibidas en relación con los cuarteles de Son Busquets, que habrían servido de canje para que, a cambio de financiar la compra y reforma de la sede del PP balear, el empresario Antonio Pinal pudiera desarrollar en esa zona un proyecto urbanístico de viviendas.

Así lo ha solicitado el juez mediante una providencia en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arenacaso Palma Arena, que el magistrado ha reactivado recientemente tras recibir nuevos datos acerca de cómo pudo sufragarse la adquisición del inmueble.

De hecho, el magistrado indaga el destino que se le dio a un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor de Pinal, propietario de la constructora Bruesa, y si con estos fondos éste sufragó de forma irregular la adquisición de la sede de los conservadores.

En cuanto a Son Busquets, el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos explicó en su día que Pinal ayudó en la compra del inmueble del PP a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles. Pinal le comentó que tenía un proyecto previsto y que para ello debía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba entonces José Bono, puesto que los cuarteles eran propiedad de este departamento.

De Santos relató que el expresidente del Govern Jaume Matas le llamó más adelante para que acudiera a su despacho en el marco de estos hechos y al llegar, en lugar del expresidente estaba Pinal, que le dio una carta con la autorización del Ministerio, firmada por quien entonces era director general de Infraestructuras de Defensa, el mallorquín Joan Mesquida.

Una testigo ha confirmado, en la declaración que este martes ha prestado ante el juez José Castro, que su padre, Ildefonso Pérez, prestó 600.000 euros al propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, quien presuntamente sufragó la adquisición de la sede del PP balear a cambio de adjudicaciones públicas. El magistrado trata de averiguar si el préstamo se destinó a financiar la compra de forma irregular.

Tal y como señalaron fuentes jurídicas a Europa Press, la declarante, funcionaria de la Administración del Estado, se ha reafirmado así en la comparecencia que llevó a cabo hace más de un año en dependencias policiales, donde llegó a señalar que, puesto que los fondos transferidos no figuraban en la contabilidad de Bruesa, "sería para hacer cosas en negro". Junto a ella también declaró como testigo el abogado de su padre.

Varios oficios de la policía nacional, cuyo secreto levantó recientemente el instructor en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, señalan que Pérez, socio de Pinal, llevó a cabo la operativa de préstamo el 21 de julio de 2004, cuando sacó el dinero en efectivo de una oficina de Sa Nostra y procedió a llevarlo en una mochila a otra sucursal de la misma entidad en el Polígono Son Fuster para ingresarlo de forma fraccionada en la cuenta de Bruesa.

La policía hace constar además que la directora de esta última oficina, en base a la declaración efectuada en la Jefatura Superior por la hija de Pérez, era "una tal Marga", mujer del que fuera diputado del PP en el Parlament Joan Huguet.

En uno de sus oficios, el Grupo de Delincuencia Económica hace hincapié en el hecho de que la cantidad prestada prácticamente coincida con los 602.067 euros a los que ascendió el precio abonado por la sede del PP (511.539 euros), más los gastos de tramitación (79.620) y de constitución del préstamo hipotecario (10.907).

De hecho, entre la documentación manejada por los agentes figura la escritura de compraventa otorgada a favor del PP, en cuyo nombre actuaban su exsecretario general José María Rodríguez y su extesorero y cuñado de Matas, Fernando Areal y en la que constaba cómo 60.101 euros fueron abonados en efectivo, mientras que los 451.438 restantes fueron aplazados y abonados mediante dos cheques bancarios nominativos.

Los investigadores apuntan a que los pagos para la reforma de la sede corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, reclamó a distintos organismos y entidades bancarias documentación sobre un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor del propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a fin de averiguar si con estos fondos éste sufragó de forma irregular la adquisición de la sede del PP balear.

Se trata de una cantidad a la que aluden varios oficios de la Policía Nacional, a los que tuvo acceso Europa Press y cuyo secreto levantó el magistrado en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, que indaga de qué forma fueron abonados los trabajos de reforma de la sede de los conservadores. Los investigadores apuntan a que los pagos corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

Según la documentación incorporada a la causa, fue el constructor y socio de Pinal Ildefonso Pérez Ruiz quien llevó a cabo la operativa de préstamo, el 21 de julio de 2004, cuando sacó el dinero en efectivo de una oficina de Sa Nostra y procedió a llevarlo en una mochila a otra sucursal de la misma entidad en el Polígono Son Fuster para ingresarlo de forma fraccionada en la cuenta de Bruesa.

La Policía hace constar además que la directora de esta última oficina, en base a la declaración efectuada en la Jefatura Superior por la hija de Pérez, era "una tal Marga", mujer del que fuera diputado del PP en el Parlament Joan Huguet.

Tras levantar el sigilo judicial que pesaba sobre estas pesquisas, el juez ha citado a declarar el próximo día 10, en calidad de testigo, a la hija de Pérez, quien en dependencias policiales manifestó además que, puesto que los fondos no figuraban en la contabilidad de Bruesa, "sería para hacer cosas en negro". También ha sido emplazado a testificar esa misma jornada el abogado de Pérez.

En uno de sus oficios, el Grupo de Delincuencia Económica hace hincapié en el hecho de que la cantidad prestada prácticamente coincida con los 602.067 euros a los que ascendió el precio abonado por la sede del PP (511.539 euros), más los gastos de tramitación (79.620) y de constitución del préstamo hipotecario (10.907).

De hecho, entre la documentación manejada por los agentes figura la escritura de compraventa otorgada a favor del PP, en cuyo nombre actuaban su exsecretario general José María Rodríguez y su extesorero y cuñado de Matas, Fernando Areal y en la que constaba cómo 60.101 euros fueron abonados en efectivo, mientras que los 451.438 restantes fueron aplazados y abonados mediante dos cheques bancarios nominativos.

La Policía recuerda cómo el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos explicó en un escrito ante el juez que Pinal le invitó a cenar en el hotel Son Vida porque, según le transmitió, "has sido el único que has tenido huevos de decirme claramente desde el principio lo que pensabas sin engañarme, y que el proyecto tal cual no se podía ejecutar". Eso le costó al empresario, concluyó De Santos, el pago de la sede del partido.

Más en concreto, De Santos se refería al hecho de que Pinal ayudó en la compra del inmueble del PP a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets. Pinal le comentó que tenía un proyecto previsto y que para ello debía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba entonces José Bono, puesto que los cuarteles eran propiedad de este departamento.

Autorización firmada por Joan Mesquida

De Santos relató, en el mismo escrito, que Matas le llamó más adelante para que acudiera a su despacho en el marco de estos hechos y al llegar, en lugar del expresidente estaba Pinal, que le dio una carta con la autorización del Ministerio, firmada por quien entonces era director general de Infraestructuras de Defensa, el mallorquín Joan Mesquida.

Por su parte, el extesorero del PP Luis Bárcenas explicó posteriormente la realidad de las aportaciones realizadas por Pinal y otros empresarios en relación a la sede, "pero no respecto a la reforma, sino a la compra de la misma, todo ello con el conocimiento del tesorero nacional Álvaro Lapuerta", según el oficio de la Policía.

Castro abrió en febrero del pasado año esta línea de investigación con el objetivo de indagar la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la adquisición de su sede. Desde hace más de seis años el juez se encuentra volcado en esclarecer si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.

Siete años después de que la Fiscalía Anticorrupción detectara presuntas irregularidades en la compra y reforma del palacete que el expresidente del Govern Jaume Matas posee en el casco antiguo de Palma, el juez José Castro ha puesto fin a estas pesquisas y ha abierto con ello la vía para sentar al exmandatario autonómico en el banquillo de los acusados por un delito de blanqueo de capitales.

El magistrado ha concluido así una de las principales líneas de investigación que, impulsadas en 2009, constituirían el génesis del conocido como caso Palma Arena, cuya complejidad derivó años después en la apertura de hasta un total de 28 piezas separadas. No es el único fleco –el número 24– cuyas investigaciones ha concluido Castro. También ha cerrado la 17, centrada en el presunto cobro de comisiones en varias contrataciones vinculadas al velódromo palmesano; la 16, relacionada con el fraccionamiento de contratos por parte del Govern; la 19, en torno a la construcción de la pista del Palma Arena, y una subpieza de la 27, por contratos supuestamente amañados a favor de la empresa Over Marketing.

Junto a Matas, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dado el paso previo para que también sean juzgados, por la pieza del palacete, su mujer, Maite Areal, el hermano de ésta y extesorero del PP balear Fernando Areal, el exconseller y supuesto testaferro del expresidente Bartolomé Reus y otros cuatro investigados.

En concreto, se trata del aparejador Miguel García-Inés, el decorador Antoni Obrador, la propietaria de una tienda de electrodomésticos, Josefa Lorca, y la exsecretaria de Obrador, Maria Rodríguez, todos ellos proveedores de la reforma del palacete.

Las investigaciones se extienden a una vivienda de Madrid y a gastos relacionados con varias propiedades en la Colonia de Sant Jordi. En cuanto al inmueble madrileño, ubicado en el barrio de Salamanca, las pesquisas apuntan a Matas utilizó a Reus como testaferro en la titularidad del piso y que, por tanto, es propiedad del expresidente. Matas negó estos hechos ante el juez. Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el exmandatario en 2009. El exdirigente 'popular' había pagado unos 980.000 euros por su palacete pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.

A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones que, bajo el nombre de Operación Buckingham, fueron dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al elevado tren de vida que llevó Matas mientras era máximo mandatario balear. Efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, según la documentación recabada por los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.

Así, fue dos meses después cuando el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo. A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del expresidente más de 300.000 euros en dinero negro.

El pasado mes de enero, Matas puso a disposición de la Audiencia Provincial de Baleares la mitad indivisa de su palacete a fin de reparar el daño causado en el marco del caso Nóos, en el que se enfrenta a una petición de pena de cinco años de cárcel. De forma paralela, el instructor ha puesto fin a la instrucción de las pesquisas en torno al convenio para el patrocinio del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007, que costó a las arcas del Govern 350.000 euros. También Matas se encuentra encausado en esta pieza, en este caso por delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documentos oficiales.

Del mismo modo, mantiene la imputación por estos hechos del exdirector general de Deportes José Luis Pepote Ballester y contra el propietario de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, empresa investigada por financiar de forma presuntamente ilegal al PP balear y beneficiarse a cambio de contratos amañados durante el último mandato de Matas (2003-2007). En lo que al caso Over se refiere, considerado la ramificación del caso Gürtel en Baleares, el procedimiento continúa contra el propio Matas, la exconsellera de Salud Aina Castillo, la exjefa de prensa de ésta Luisa Durán, y el propietario de Over Marketing Daniel Mercado.

A partir de ahora, las acusaciones deberán formular su escrito de calificación contra los imputados o, por el contrario, solicitar el archivo de las investigaciones.

La fidelidad es una virtud muy sobrevalorada, al menos en todo lo que está más allá de la pareja y los amigos, que unas veces encubre el miedo a cambiar y otras consigue que no sea fácil saber dónde acaba la coherencia y empieza el fanatismo. En el territorio del deporte, esa clase de respaldo incondicional se llama amor a los colores; en el de la política, se llamaba militancia. Sin embargo, de un tiempo a esta parte ha sido tan descomunal la desvergüenza con que algunas formaciones han saqueado a los ciudadanos mientras hacían ondear sus banderas, que resulta extraño que haya quien aún las pueda apoyar, porque eso supone hacer por razones ideológicas lo que no harían en ningún otro caso: si te atracan a punta de navaja en medio de la calle o entran en tu piso y lo desvalijan, pongamos por caso, no te importa si el ladrón es de derechas o de izquierdas: vas a la policía y lo denuncias. En estos tiempos dominados por los usureros de guante blanco, hay una pregunta que se repite en muchos lugares y va de boca en boca: ¿cómo es posible que haya todavía alguien que secunde al PP, que ha sido devorado por la corrupción y en estos cuatro años siniestros le ha amargado la vida a la mayor parte de los españoles? La respuesta es que no sólo lo hay, sino que en junio volverá a ser el partido más votado. No le servirá para seguir en el poder y muy probablemente se le volará otro millón de papeletas, además de los cuatro que se le fueron en las últimas elecciones, pero aún en ese caso, resulta muy notable que en esta regata en aguas revueltas vaya a ser el barco-pirata con más agujeros el que llegue en primer lugar a la meta, justo unos instantes antes de hundirse.

Claro que en realidad, quienes bailen esa noche bajo los balcones pagados con dinero negro de la calle Génova, más que a nado tendrán que llegar allí o a cualquier otra sede de los conservadores a lo largo y ancho de toda España, corriendo una carrera de obstáculos. Si viven en la Comunidad Valenciana, tendrán que sortear a los más de ciento cincuenta cargos públicos del PP implicados en la trama Brugal, acusados de cometer delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias, o de la trama Gürtel y sus derivaciones, el caso FITUR, el caso Emarsacaso Emarsa, que usó las depuradoras para limpiar veinticuatro millones de euros, el caso Cooperación, donde se metían en el bolsillo las ayudas de la Generalitat destinadas al Tercer Mundo, o el caso Acuamed, referido a las contrataciones fraudulentas que otorgaron a determinadas empresas para realizar obras hídricas y medioambientales. El último capítulo, por ahora, de esta interminable sucesión de escándalos llega de Calp, cuyo alcalde le acaba de adjudicar a la empresa Grupo Alfa 5, SL, de la que es administradora solidaria su suegra, un contrato de publicidad institucional en radio, por treinta y seis mil euros. Hace poco, dio su aval para que se le concediesen también a su madre política otros dos millones de euros para la construcción de un par de rotondas en la carretera N-332, que el azar ha querido que pasen justo por unos terrenos de los que ella es propietaria. ¿O estas cosas no son cuestión de suerte?

Si viven en la Comunidad de Madrid, los votantes del PP tendrán que pasar por alto a los setenta y dos imputados de la trama Gürtel, la trama Púnica y los papeles de Bárcenas. O no darse por enterados de las informaciones sacadas a la luz por infoLibre acerca la empresa de Esperanza Aguirre y su marido, Savial S.L., que recibió más de cuatro millones de subvenciones públicas, se jugó tres en la Bolsa y a la que los bancos le comían de la mano hasta tal punto que seguían dándole créditos mientras declaraba unas deudas con ellos de casi siete millones. Que la condesa de Bornos y de Murillo fuera la presidenta regional, puede que también fuese una simple coincidencia.

Quienes le den su confianza al PP en las urnas y tengan su casa en Galicia, deberán cerrar los ojos a los diecisiete imputados por la Operación Pokémon y el caso Campeón. Los residentes en las islas Baleares, tendrán que hacer como que no saben que los jueces han llevado al banquillo a cuarenta cargos del partido por los casos Palma Arena, Bonsai, Cañellas, Andratx, Inestur, Scala, Bitel o el de la Funeraria Palma, en el que se cometieron irregularidades en la facturación de tumbas que nos recuerda que estos individuos no se detienen ni al llegar al más allá, algo que certifica un nuevo pastel recién descubierto, el del diputado del PP y antiguo alcalde de La Vall d'Uixó, en Castellón, que hizo cavar sepulturas ficticias y grabar lápidas con nombres inventados para favorecer a determinados vecinos.

Ayudar a las gaviotas de Rajoy y compañía a remontar el vuelo, sólo se puede hacer en las islas Canarias olvidándose del caso Faycán y el caso Catis, que cuenta con veinticinco imputados. En Castilla y León, hay que hacer oídos sordos a los setenta y ocho casos de corrupción que se investigan en la zona, como el de la Ciudad del Golf, y en Murcia a todo lo que se sabe del caso Umbra, que reúne otros quince imputados. Y aquellas personas que estén empadronadas en alguna localidad de Andalucía deberán hacerse los desentendidos con el caso Troya, uno de los que ha puesto de moda en nuestro país la palabra cohecho. O ampararse en los ERES del PSOE, lo mismo que si un clavo torcido pudiera sacar a otro.

“La esperanza que pende sobre la ciudad / sopesa si alcanzar a los hombres”, dice el escritor francés Michel Houllebecq en su más reciente libro de poemas, Configuración de la última orilla, recién publicado en España por Anagrama. El problema es que tal vez con ella ocurre lo mismo que con la fidelidad: probablemente está muy sobrevalorada; o al menos eso es lo que nos parece a los partidarios de la acción, los que preferimos ir a por las cosas que esperar a que lleguen, porque hemos aprendido a golpes que el camino está lleno de intermediarios y de salteadores. Así que conviene ocuparse en persona de nuestros propios asuntos, porque es el mejor modo de impedir que tenga razón el autor de Las partículas elementales y Sumisión cuando dice que “cualquier futuro es necrológico”. Quizá lo sea desde el punto de vista de la biología, pero es que querer a un país es intentar hacerlo cada vez un poco mejor para los que vengan después de nosotros, para cuando ya no estemos aquí. Justo lo contrario de lo que hacen esos que lo quieren sólo para sí mismos. Poner la mano en el fuego por ellos os hará cómplices de todo lo que después reduzcan a cenizas las llamas.

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, dictó un auto con el que abre paso para que el expresidente del Govern Jaume Matas se siente de nuevo en el banquillo de los acusados, en esta ocasión en el marco de la pieza nueve de la causa, por auspiciar la contratación a dedo de los arquitectos que se encargaron de dirigir las obras de construcción del velódromo palmesano y quienes acabaron percibiendo unos honorarios de unos nueve millones de euros por hacerse cargo del considerado proyecto estrella de la última legislatura de Matas (2003-2007), según informó Europa Press.

El magistrado llega a calificar de "aberración jurídica" la contratación de los arquitectos Jaime y Luis-García Ruiz, e incide en que ésta "carece de todo soporte administrativo".

Castro también acordó que continúe el proceso penal, por estos mismos hechos, contra el exdirector general de Deportes y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester.

Sobre ambos imputados pesan delitos de fraude a la administración y falsedad en documento oficial.

Tras poner fin a la instrucción de estas investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y el PP balear disponen de diez días para presentar su escrito de acusación, concretar las penas que solicitan para ambos e instar la apertura de juicio por estos hechos o, por el contrario, pedir el archivo de las pesquisas.

Los propios arquitectos declararon en su día que fue el propio Matas quien les llamó personalmente para dirigir los trabajos de construcción.

Para ello, el expresidente rescindió el contrato al arquitecto inicial de las obras, Ralph Schürmann, a quien ambos hermanos atribuyeron las causas que motivaron el sobrecoste del velódromo, cuyas obras, presupuestadas inicialmente en unos 48 millones de euros, pasaron a costar cerca de los 110 millones.

Se da la circunstancia de que los García-Ruiz, en el marco de otra pieza, se enfrentan a seis meses de cárcel tras haberse declarado culpables de un delito fiscal al no haber tributado los beneficios supuestamente ilícitos obtenidos de la ejecución de los trabajos.

La defensa de los dos hermanos alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado en la pieza 26 de la causa, uno de los últimos flecos que se abrió dentro del caso con el objetivo de investigar si ambos realizaron una provisión de fondos por valor de 400.000 euros dentro de la contabilidad de su empresa, GR1, para no tributar a Hacienda y enmascarar los beneficios que obtuvieron.

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, otorgó un plazo de 24 horas al extesorero del PP balear Fernando Areal para que haga frente a una fianza de responsabilidad civil de 20.000 euros, cantidad que el magistrado le impuso mediante el auto con el que acordó enviarle al banquillo de los acusados por un presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, según informó Europa Press.

Del mismo modo, Castro le emplazó a que en diez días presente su escrito de defensa, en el que rebata las acusaciones que contra él vierte la Fiscalía Anticorrupción, que reclama tres años de cárcel para el procesado y una multa de 15.000 euros. Areal recurrió en reforma –directamente ante el juzgado– la fianza civil, si bien la impugnación no tiene efectos suspensivos.

Areal llegó a los Juzgados de Vía Alemania de Palma sobre las 9.40 horas y abandonó las dependencias cerca de las 10.30, eludiendo hacer declaraciones ante los numerosos periodistas congregados. De hecho, a las preguntas que se le formularon, el acusado se limitó a responder: "ustedes sabrán".

En concreto, las pesquisas se enmarcan en la pieza número 4 del caso Palma Arena, centrada en el pago de hasta 71.958 euros que el PP, a través de Areal, habría abonado en negro a la agencia de comunicación Nimbus por la organización de su campaña al haber superado los gastos electorales permitidos por Ley.

Precisamente, la Audiencia Provincial de Baleares dictó la pasada semana un auto en el que avalaba la existencia de pagos en B Bpor parte del PP balear a los organizadores de sus campañas electorales de 2003 y 2007, con Jaume Matas como candidato a la presidencia del Govern, que no quedaron reflejados en la contabilidad oficial del partido.

En su resolución judicial, que confirmaba el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por Castro como primer paso para que el extesorero se sentara en el banquillo, el tribunal considera "verosímil" la confesión efectuada por el administrador de la empresa de publicidad Nimbus, Miquel Romero –para quien fue archivada la causa–, quien detalló cómo el PP, al detectar que se habían superado los límites de gasto, le pagó en negro 71.958 euros.

Una cantidad que, apuntó la Sala, no tuvo reflejo en la contabilidad del partido, cuya llevanza y control "incumbía al recurrente" –en alusión a Areal– y que, "en consecuencia, habría resultado presuntamente falseada".

El tribunal recordó cómo en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña electoral, "avalarían la realidad de tales pagos en negro" al hacer mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.

"No pudiendo olvidar que la entidad Nimbus podría haber operado de igual modo con ocasión de las elecciones del año 2003", abundó la Audiencia, si bien en este caso los hechos estarían prescritos.

Tal y como apuntó la Fiscalía en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, entre las obligaciones que la Ley de Régimen Electoral General impone respecto a los fondos destinados a la campaña electoral destaca el establecimiento de límites a la cuantía que los partidos políticos pueden destinar a los mismos en atención al origen público de dichos fondos.

249.872 euros al PP durante la campaña

Así, Areal contrató a Nimbus compañía para que se encargase de la creación y diseño de anuncios y la gestión de la contratación de espacios publicitarios en diferentes medios de comunicación, trabajos por los que la agencia emitió contra el PP cinco facturas por un importe global de 249.872 euros, que fueron –salvo la última– remitidas a la Sindicatura de Comptes de Balears y al Tribunal de Cuentas de cara a su fiscalización.

Al margen de los anteriores servicios, Nimbus, durante los meses de abril y mayo de 2007 y por encargo de Areal, que actuaba en representación del PP, desarrolló numerosas tareas de creatividad y promoción de los mensajes electorales del partido, que generaron unos costes oficiales de 62.572 euros que, junto al margen de beneficio bruto del 15 por ciento, suponían un total de 71.958 euros.

Unos fondos que Areal decidió abonar en negro al haber superado el PP los límites legales fijados para gastos electorales, de modo que la cantidad fue entregada a Romero mediante diversas entregas de dinero en efectivo.

Es más, según relata el Ministerio Público, las entregas de fondos opacos fueron realizadas en la sede de la formación, sin que se haya podido determinar la procedencia de los 71.958 euros. Según la Fiscalía, Areal manipuló las cuentas del PP, falseando las mismas, al omitir "de forma deliberada" reflejar en la contabilidad las aportaciones realizadas en negro.

El fiscal Horrach destacó cómo el PP balear fue "beneficiario directo" de estos hechos delictivos por cuanto Areal actuaba en su calidad de administrador general de la candidatura del partido, destinatario directo de la propaganda electoral. Hechos que, incidió, no constituyen acontecimientos aislados al tratarse de una "reproducción de la operativa que desarrolló el PP en la campaña electoral de abril de 2003".

Así lo han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, que han apuntado que este permiso le acaba de ser otorgado por lo que ha podido abandonar este lunes la prisión segoviana. Además, prevé ser en breve intervenido quirúrgicamente de la tuberculosis que padece en el oído.

El exlíder del PP balear regresó al segundo grado a finales del año pasado después de que la Audiencia Provincial de Baleares confirmase la revocación del régimen de semilibertad del que gozaba y que supuso que el exministro de Medio Ambiente dejara la cárcel de Segovia y pasara a tener como instalación penitenciaria de referencia el Centro de Inserción Social de este penal.

En su auto, el tribunal de la Sección Primera aseveraba para ello que "nada ha cambiado" en la conducta del recluso que permitiese inferir en él "una capacidad para llevar en lo sucesivo una vida alejada del delito", aseverando que "limpiar la celda (una obligación de todos los internos), salir al polideportivo (pese a tener problemas de salud) y apuntarse a un campeonato de frontenis pueda considerarse un tratamiento que modifique la perspectiva criminológica de Jaume Matas".

La Audiencia recordaba además que sobre el exministro quedan pendientes "múltiples" causas en las que se encuentra inculpado, lo que, pese a que no puede ser considerado como "una presunción de culpabilidad –antes al contrario, presumimos su inocencia–", consideraba la Sala que no fue sido valorado a la hora de serle concedido el tercer grado.

Entre esas causas se encuentran los casos Nóos, por el que la Fiscalía reclama para Matas 11 años de cárcel; Over –ramificación de la trama Gürtel en Baleares– y Ópera –que investiga el contrato por el que el Govern encargó al arquitecto Santiago Calatrava, por 1,2 millones de euros, elaborar un anteproyecto de cara a construir un teatro de la ópera en Palma–, ambos enmarcados en el caso Palma Arena.

El tribunal subrayaba que la conducta por la que el exmandatario balear fue condenado "fue muy grave" en términos de "repercusión institucional y social, garante de una enorme desazón y un gran descrédito de nuestras instituciones, al ser cometido por el que fue presidente de esta Comunidad".

De hecho, recordaba que fue esta circunstancia la que justificó que no le fuera suspendida la condena –por ser menor a dos años de cárcel– ni que le fuera sustituida por una multa, ya que de haberle concedido estos beneficios "se generarían espacios de impunidad, siempre intolerables y de manera especial en unas conductas de corrupción que han alcanzado dimensiones profundas en la sociedad española, con el riesgo cierto de socavar los principios básicos de los regímenes democráticos".

Condenado en dos ocasiones

Inicialmente, la Audiencia condenó a Matas a seis años de cárcel al considerar probado cómo el exlíder del PP intervino en la contratación irregular por parte del Ejecutivo autonómico del articulista Antonio Alemany para la redacción de sus discursos, si bien el Tribunal Supremo rebajó la pena a nueve meses.

Mientras tanto, el Alto Tribunal confirmó el pasado mes de febrero la segunda condena que pesa sobre el expresidente balear y que le fue impuesta en 2013 por un delito de cohecho, en su consideración de pasivo impropio, concretada en el pago de una multa total de 9.000 euros y en el comiso de los 42.111 euros que recibió como regalo a través de la contratación ficticia de su mujer por parte de un conocido hotelero mallorquín.

El expresident del Govern balear Jaume Matas se ha acogido a su derecho de no declarar este viernes ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, tras acordar su imputación en el marco de la pieza que investiga la financiación presuntamente ilegal de la reforma de la sede de los conservadores baleares.

Matas, quien ha aparecido con la cabeza vendada, según se apreciaba en la imagen de la videoconferencia que se había habilitado para que el también exministro declarase desde la cárcel de Segovia, donde cumple condena desde julio de 2014 por un delito de tráfico de influencias, se ha negado a hacerlo, según ha destacado, por recomendación de su abogado.

El magistrado ha acordado la transformación de la causa a procedimiento abreviado mediante un auto en el que imputa a Matas delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, y da traslado a la Fiscalía Anticorrupción y la abogacía de la Comunidad Autónoma para que concreten las penas que reclaman para el imputado, o soliciten el archivo de su encausamiento.

El extesorero del PP nacional Luis Bárcenas, quien este miércoles ha declarado en calidad de testigo ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha afirmado que el partido abonó facturas en negro en las elecciones europeas de 2004, tratándose así del único pago 'en B' del que ha recordado tener constancia, según han informado fuentes jurídicas.

Durante el interrogatorio, efectuado a través de videoconferencia, Bárcenas ha apuntado asimismo que diversos empresarios pagaron de forma "generosa" la reforma de la sede del PP balear, si bien únicamente ha recordado el nombre del constructor Antonio Pinal –citado a declarar esta tarde como imputado–, y ha asegurado no recordar que, a cambio de sus donativos, los empresarios obtuvieran contratos públicos como contraprestación.

El que fuera senador, quien ha respondido a las preguntas formuladas por Castro, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y varias defensas, ha aludido de nuevo a la existencia de una contabilidad B en la formación, por lo que ha deducido que a nivel regional el partido también manejaba dinero opaco al fisco, ya que el también extesorero del PP Álvaro Lapuerta les había dado autonomía suficiente para controlar sus cuentas.

Bárcenas ha declarado así en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, que recientemente incorporó el magistrado para investigar si se produjo una financiación irregular del PP balear y cómo se sufragó la reforma de su sede, tras las confesiones efectuadas en este sentido por el exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos.

El testigo ha manifestado recordar el nombre de Pinal puesto que éste también habría pagado la sede del partido en el País Vasco. No obstante, ha insistido en que estos pagos no eran "finalistas" puesto que no se hacían a cambio de que los empresarios obtuvieran 'a dedo' contrataciones del Govern, entonces presidido por Jaume Matas.

Pese a conocer al extesorero de la formación en las islas, Fernando Areal, quien habría mediado en el cobro de los donativos, Bárcenas ha asegurado no conocer quién gestionó la reforma del inmueble de los 'populares'. Sobre Matas, ha señalado no conocer pormenores en torno a su actuación más allá de figurar su nombre en la contabilidad B atribuida a Bárcenas en el marco del caso Gürtel, según la cual el expresidente balear habría cobrado 8.400 euros en 2003 bajo el concepto 'piso'.

El exgerente del Ib-Salut se desvincula de los hechos

Tras la comparecencia de Bárcenas, ha sido el turno del exgerente del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut) y actual vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de las islas (CAEB), Sergio Bertrán, quien, en una declaración de apenas diez minutos, ha asegurado no saber nada de la sede.

En estos momentos se encuentra declarando la exjefa de gabinete de Matas, Maria Umbert, mientras que ha citado como imputado a Pinal, propietario de Bruesa. El magistrado interrogará a Pinal sobre las supuestas comisiones o donativos que habría abonado al PP balear, a Matas o a Areal.