“Tenemos que aprender todos. El Gobierno tendrá que tomar nota de lo que ha ocurrido”, reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de sufrir este jueves en carne propia la primera gran derrota del Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados. No mencionó los Presupuestos de 2021, pero sí añadió que, en el futuro, habrá que “hablar con los grupos parlamentarios para garantizar la tramitación de los acuerdos que alcance con otros agentes”.

El resultado de la votación, que anula el decreto ley que regulaba la utilización de los remanentes de los ayuntamientos y que era clave para que la administración local pudiese movilizar fondos adicionales en plena recesión económica, no deja lugar a dudas sobre las dificultades del Gobierno a la hora de alcanzar acuerdos: 193 votos en contra, frente a 156 síes. O lo que es lo mismo, todos los grupos votaron contra el decreto, que sólo consiguió el respaldo de PSOE, Unidas Podemos y, por error, del único diputado de Teruel Existe, que votó favorablemente por vía telemática creyendo que se había alcanzado un acuerdo.

La forma en que el Gobierno tramitó el decreto evidencia, además, su intención de sacarlo adelante apelando apenas a otra cosa que la necesidad que tienen los ayuntamientos de dinero. Prueba de ello es que sólo in extremis Montero alcanzó, sólo horas antes de la votación, un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos, que a punto estuvieron de romper su compromiso de respaldar las medidas aprobadas por el Gobierno del que forman parte. El esfuerzo de negociación, si es que se produjo a lo largo de las últimas semanas, fue completamente baldío. El lunes, en la reunión de la Ejecutiva Federal, el propio Pedro Sánchez anticipó con resignación la derrota que finalmente se ha consumado asegurando a la dirección socialista que los grupos no tendrían más remedio que retratarse ante la propuesta del Gobierno.

Los portavoces de la oposición no ahorraron calificativos para describir la actitud de Montero. La portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, habló de “improvisación” y acusó a la ministra de haber “olvidado el modo paccionado que debiera haberse utilizado para abordar este tema”. Esquerra, por boca de Joan Maragall, calificó el decreto de “chantaje”, igual que la mayoría de los representantes de la oposición. Y Ciudadanos, a través de su diputado de Miguel Gutiérrez, resumió lo ocurrido en una frase: “Cuando nadie te apoya, es que algo estás haciendo mal, pero Montero, soberbia, insiste en que la que va en la buena dirección es solo ella”. O el portavoz económico de Junts en el Congreso, Ferran Bel, que calificó de inadmisible que un Gobierno en minoría como el de Pedro Sánchez no ofrezca “un plan B” a los ayuntamientos.

La soledad del Ejecutivo, que trató de sacar adelante el decreto con el argumento de que tenía el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuando en realidad este órgano está muy dividido y sólo avaló la iniciativa aplicando el voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero, quedó patente. Y aunque todos los grupos, unánimemente —también Unidas Podemos—, han pedido a Montero que rehaga el decreto, la ministra ha dado por zanjado el debate y ha trasladado toda la responsabilidad a la oposición.

El Gobierno, subrayó, no va a presentar un nuevo decreto. Tendrán que ser los partidos que han rechazado la propuesta del Ejecutivo, avalada por la FEMP, los que tendrán que elaborar y plantear una alternativa. “Es su responsabilidad”, ha dicho.

La lectura de Montero

La ministra ni siquiera ha visto en el resultado de la votación una derrota del Gobierno sino “un problema para el municipalismo”. “El Gobierno ha cumplido su tarea llegando a un acuerdo con la FEMP. Ahora corresponde a quienes no comparten el texto presentar una propuesta para ser discutida en el límite de la ley. Aquí cada uno tiene su responsabilidad, el Gobierno la suya y los grupos la suya”, remarcó.

El Ejecutivo, explicó, está abierto a estudiar cualquier propuesta que se ajuste al marco constitucional y que no fíe la solución a una reforma del artículo 135 de la Carta Magna, porque es necesaria una alternativa “para ahora”.

Montero tampoco aceptó que lo ocurrido vaya a ser un inconveniente para la futura tramitación de los Presupuestos para 2021. No obstante, fuentes socialistas consultadas por infoLibre aseguran que durante el debate los grupos que han aceptado negociar las cuentas del año que viene han enviado un mensaje muy nítido al Gobierno: no aceptarán hechos consumados y no apoyarán los presupuestos gratis una vez que lleguen al Congreso. Así que el Ejecutivo tendrá que cerrar acuerdos antes.

Es verdad que el Gobierno ya trabajaba con la previsión de no remitir el proyecto de ley al Congreso hasta haber cerrado los apoyos parlamentarios que necesita y el traspié de este jueves no ha hecho más que incrementar la necesidad de tomar todas las precauciones. En 2018 Sánchez lo intentó sin cerrar acuerdos previamente, apelando únicamente a la responsabilidad de los grupos, y acabó derrotado y teniendo que convocar elecciones anticipadas. Ahora no quiere, bajo ningún concepto, que eso se repita.

Claro que para conseguir apoyo de otros grupos, y a pesar del desafío de Montero pidiéndoles que presenten una alternativa, todo indica que ahora va a tener que ofrecerles una solución para los remanentes de los ayuntamientos. Además de negociar con ellos sus reivindicaciones territoriales y de inversión, así como el cumplimiento de los acuerdos que el PSOE suscribió en enero con algunos de ellos a cambio de la investidura.

La negociación en realidad aún no ha comenzado. PSOE y Unidas Podemos se están poniendo de acuerdo estos días en un borrador común de Presupuestos que será la base para negociar después con el resto de grupos dispuestos a hacerlo. Empezando por lo que apoyaron la investidura —PNV (6 diputados), Más País (2), Compromís (1), BNG (1), Nueva Canarias (1) y Teruel Existe (1)—, después los que se la facilitaron con su abstención —Esquerra Republicana (13) y EH Bildu (5)— y, por último, quienes votaron en contra, si bien de este último grupo todo indica que sólo se sentarán a negociar Ciudadanos (10), el PRC (1), Coalición Canaria (1) y al menos una parte de Junts (8). PP (88) y Vox (52) no lo harán y falta por saber si la CUP (2), UPN (2), y Foro Asturias (1) aceptarán hablar con el Gobierno.

La parálisis económica provocada por la pandemia destruyó 800.000 puestos de trabajo en marzo y abril, según revela el descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social. Un 4,1% del empleo, por tanto, desapareció en dos meses de confinamiento y cierre de empresas. De ellos, 158.000 corresponden a la Comunidad de Madrid, zona cero del coronavirus. Aunque el daño se ha repartido de forma desigual entre sus municipios, en muchos la pandemia ha causado auténticos destrozos. De hecho, en el 70% la pérdida de empleo ha superado esa media nacional del 4,1%. Un 20% de los municipios más que la duplican. En Fuenlabrada la destrucción de puestos de trabajo alcanza el 7,8%; en Arroyomolinos, el 8,3%; en Parla, el 6,5% y en San Sebastián de los Reyes, el 6,1%. Todas las grandes ciudades que rodean la capital han sufrido más que ella –4,7%–, desde Alcalá de Henares hasta Pinto, pasando por Torrejón de Ardoz o Móstoles y Getafe, que han superado el 5%.

Un poco más lejos, la pandemia se ha llevado por delante el 9,4% del empleo en Brunete y el 8% en Chinchón o el 9,8% en Soto Real. Y en otros municipios más pequeños, y más dependientes del turismo, la pérdida de puestos de trabajos se mide con doble dígito: nada menos que un 17,1% en Patones o un 12,5% en Rascafría. El récord, no obstante, se lo lleva Valverde de Alcalá, un pueblo de sólo 430 habitantes en el este de la Comunidad que ha perdido a 16 de sus 57 ocupados, un 28%.

La foto que dejan las cifras del paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tampoco es mucho más favorecedora: casi la mitad de los municipios –un 40,5%– sufrió un aumento del desempleo superior al 15% en dos meses. En 23 de ellos, el número de parados se disparó por encima del 20%, de nuevo por encima de la media nacional de destrucción de empleo, que alcanzó el 18%. La diferencia entre las cifras de caída de la ocupación y paro registrado se explica porque no todos los que pierden su trabajo se inscriben en las oficinas de los servicios de empleo, y otros tampoco siguen buscando, pasan a ser inactivos, o se jubilan.

En Móstoles el paro registrado creció un 13% en abril, cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional. “Tenemos todos los elementos para que el bofetón haya sido importante”, resume Gabriel Ortega Sanz, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento mostoleño. La ciudad, de casi 210.000 habitantes, es una de las grandes del cinturón sur de la Comunidad y sufre con ellas el mismo “desequilibrio territorial estructural”, asegura Ortega Sanz. También ha padecido el desmontaje de la industria común a toda la zona: están rodeadas de polígonos industriales nacidos en los 80 y dedicados al almacenaje y la distribución, mientras que las actividades de mayor valor añadido, describe el edil, se van a la capital. El 70% de sus empresas son pequeños comercios, y microempresas. Hostelería y ladrillo, resume. La renta disponible por habitante es de 20.147 euros –en la capital se eleva hasta 30.096, según datos del INE–, como resultado de todo lo anterior y de otras especificidades laborales. “El 40% de las trabajadoras domésticas de la capital y del noroeste de la Comunidad residen en Móstoles, Leganés y Fuenlabrada”, cita el concejal un informe de CCOO. Los servicios sociales del Ayuntamiento atienden a unos 25.000 usuarios después de que la pandemia haya disparado un 138% la presión asistencial sobre ellos.

En Collado Villalba, situado en la otra punta de la Comunidad, en la sierra noroeste, el paro se disparó aún más en marzo y abril, un 18,76%. Con 63.680 habitantes, en el municipio abundan las segundas residencias de propietarios procedentes de la capital y la dependencia económica de la hostelería es aún mayor. Porque también en Collado Villalba los polígonos industriales están copados por empresas mayoristas de la construcción y la alimentación. La única industria del municipio, Material Auxiliar de Electrificaciones (MADE), luego rebautizada como Forjenor y que provee de piezas metálicas a factorías automovilísticas, llegó a tener más de 2.000 trabajadores en los años 80, de los que ahora sólo quedan 176, cuenta el concejal Gonzalo Díaz. Comprada por el grupo alemán Hay en 2014, éste pasó cuatro años después a manos de un conglomerado japonés, Musashi. La factoría está parada como consecuencia de un ERTE y el miedo al cierre es tan real como el que ha terminado con Nissan en Barcelona.

En el núcleo urbano de Collado el ánimo tampoco es festivo. Antes de la pandemia ya habían bajado la persiana en el centro del pueblo unos 16 comercios, explica Díaz, tras el proyecto municipal de trasladar el mercadillo del pueblo al polígono industrial. A su alrededor crecían un buen número de tiendas que ahora, con la desescalada, puede que tengan un motivo más para no volver a abrir, advierte el edil.

En Arganda del Rey, situada en el sureste de la Comunidad, el paisaje se repite: tiene el segundo polígono industrial de mayor extensión tras el de Cobo Calleja –famoso por ser el punto de distribución mayorista de los comercios regentados por ciudadanos chinos en Madrid– pero, al igual que en Móstoles y Collado Villalba, está ocupado principalmente por pequeñas y medianas empresas de la construcción y los servicios. “Como la mayoría no son sector esencial, han tenido que cerrar, así que el municipio ha resultado muy afectado”, lamenta su alcalde, Guillermo Hita (PSOE), quien también preside la Federación de Municipios de Madrid. Con 55.390 habitantes, Arganda tiene una tasa de 221,31 extranjeros por cada 1.000 habitantes, la más alta de estos tres municipios y casi el doble que Móstoles, y una renta disponible per cápita de 20.421 euros, de las más bajas de la Comunidad, destaca Hita. El paro aumentó un 13% en los dos meses de paralización económica.

“Lo primero debe ser que nos dejen gastar el dinero del superávit”“

“Parece que los ayuntamientos han desaparecido de la gestión de la pandemia, cuando deberían ser fundamentales: es el primer sitio al que se dirigen los ciudadanos si tienen problemas”, protesta Gabriel Ortega desde Móstoles, “pero sólo se habla de las comunidades autónomas”. Guillermo Hita reconoce que, aunque los ayuntamientos no tienen competencias directas en empleo, “sí que están acostumbrados a hacer lo que hay que hacer”. De hecho, los tres municipios están aplicando medidas similares para estimular la reactivación económica y proteger los puestos de trabajo. Han bonificado el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y reducido el IBI este año y el próximo. En Collado Villalba, por ejemplo, un 50% este ejercicio y un 25% en 2021. El problema, apunta el concejal Gonzalo Díaz, es que de las 500 empresas que lo pagan en el municipio, las seis primeras son grandes firmas de la distribución, desde Carrefour hasta Mediamarkt, que se han llevado 400.000 de los 600.000 euros bonificados. “Por un lado, es pegarse un tiro fiscal en el pie y, por otro, la ayuda no llega a los que más lo necesitan, los pequeños empresarios, los que más empleo crean dentro del municipio”, lamenta.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Gobierno un fondo de 7.725 millones de euros no reembolsables para impulsar la recuperación tras la pandemia. También que permita a los consistorios disponer de los muchos millones de euros que tienen ahorrados de ejercicios anteriores, el superávit que la llamada Ley Montoro no les permite tocar excepto para pagar la deuda municipal y las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Según sus cálculos, en ochos años consecutivos, han acumulado un remanente de casi 43.000 millones de euros.

La FEMP también quiere que el Gobierno autorice a los municipios a gastar en áreas como empleo o educación, pese a no tener competencias directas, para desarrollar “políticas propias o complementarias de otras estatales o autonómicas”. Y que no se consideren subvenciones las prestaciones sociales a personas y familias en situación o riesgo de emergencia social. Además, los ayuntamientos pretenden recuperar los contratos temporales de inserción, una figura creada en 2001 y derogada en 2006, con la que las administraciones públicas podían emplear a parados para hacer “obras y servicios de interés general y social”. En estos contratos el SEPE pagaba las cotizaciones a la Seguridad Social. Finalmente, con el superávit acumulado los municipios plantean sufragar gastos sociales extraordinarios y los gastos de personal necesarios para prestar servicios de limpieza, seguridad o desinfección dirigidos a “atender a la población más vulnerable”.

Por el momento, las entidades locales saneadas sólo han obtenido 67 millones de euros del llamado Fondo de Impulso Económico, que la FEMP quiere ampliar para cubrir servicios sociales. Otros 274,61 millones se destinarán a dotar de liquidez a los ayuntamientos con problemas financieros.

“A Móstoles le han caído 643.000 euros de los 300 millones que el Gobierno ha liberado a los ayuntamientos y que se podrán gastar en inversiones sociales”, explica Gabriel Ortega, quien los califica de “insuficientes”. A Collado Villalba le llegarán 246.000 euros, añade Gonzalo Díaz. “Lo primero debe ser que nos dejen gastar el dinero del superávit, que algunos ayuntamientos tienen depositados un banco”, reclama por su parte Guillermo Hita, contrario a subir impuestos en plena crisis económica.

Collado Villalba, por ejemplo, tiene 15 millones de euros de remanente de tesorería, asegura Gonzalo Díaz. En Móstoles, sólo en los dos últimos ejercicios, el superávit asciende a 14 millones, precisa Gabriel Ortega. “Si pudiéramos gastar aunque sólo fuera la mitad, sería una transformación revolucionaria, porque siete millones es más que el presupuesto de la Concejalía y un poco menos que la de Servicios Sociales”, destaca. El superávit de Arganda del Rey alcanza los cuatro millones de euros, aporta Guillermo Hita. Los tres suman 33 millones.

Sin derechos de participación en los ingresos autonómicos

Además, la Federación de Municipios de Madrid, continúa el alcalde socialista, ha pedido a la Comunidad un fondo de contingencia, también con partidas no reembolsables, pero aún no ha recibido respuesta. Porque, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, los municipios de Madrid carecen de derechos de participación en los ingresos autonómicos. No están incluidos en su Estatuto de Autonomía. En Cataluña, por el contrario, la Generalitat concede ayudas directas a los municipios. “Aquí eso no existe, sólo hemos tenido el Plan Prisma”, indica el Gabriel Ortega, un esquema de 700 millones de euros que a partir de 2011 fue sustituido por el Plan de Inversión Regional. “Pero en Móstoles llevamos cinco años esperando al Plan Prisma”, se queja. A su juicio, en España hay un “enorme vacío” en materia de financiación local, –“en Madrid no ha habido tiempo en 25 años para aprobar una ley al respecto”– por lo que los fondos destinados a los ayuntamientos “quedan a discrecionalidad del color político”, denuncia.

Mientras esperan los millones del Gobierno, de las comunidades autónomas e incluso de la UE, los alcaldes están negociando pactos locales por el empleo con los sindicatos y las patronales de sus municipios. Medidas sociales, de reactivación económica y promoción empresarial, así como fiscales, están sobre la mesa de las pequeñas competencias locales. Desde eximir del pago de cuotas a los autónomos hasta eliminar la tasa de ocupación de las terrazas durante un par de ejercicios. Gonzalo Díaz advierte de que no son soluciones “muy imaginativas”. Gabriel Ortega piensa más en el largo plazo: “El problema en Móstoles es que no hay un modelo de ciudad”. A continuación, menciona un proyecto de “reindustrialización verde” que proporcionaría empleos de más calidad, otro a fin de desarrollar la asistencia domiciliaria para los mayores de 65 años, también inversiones en rehabilitación energética de viviendas o la remunicipalización de servicios que han sido subcontratados con empresas privadas.

Pero sin financiación suficiente, y con la caída de ingresos tributarios que se avecina por culpa de la paralización económica, el temor de todos es que los ayuntamientos vayan a colapsar “justo cuando hay más necesidades de inversión que nunca”.

La macrooperación policial lanzada esta mañana en no menos de 40 ayuntamientos por el amaño de contratos de diferentes aplicaciones informáticas de gestión de tráfico y de bases de datos policiales en favor de una empresa que desde 2016 pertenece a Sacyr, Aplicaciones Gespol SL, ha situado de nuevo en el centro del escenario corrupto al empresario leonés José Luis Ulibarri. Pendiente de juicio en una de las piezas del caso Gürtel, la de Boadilla, Ulibarri es uno de los 14 individuos cuyo arresto ha ordenado el juez de Badalona que ha autorizado la redada, aunque todo apunta a que la cifra aumentará a lo largo del día.

Según ha podido saber infoLibre, al menos cinco de sus empresas, entre ellas Aralia Servicios Sociosanitarios SA, están siendo registradas en Madrid. Otras cuatro que comparten con la anterior el mismo domicilio social también están bajo la lupa de los investigadores: Utebo, Anento, Enantar y Arcor. El hombre de confianza de Ulibarri, Miguel Hernán Manovel, se cuenta asimismo entre los detenidos.

Los investigadores sostienen que en el amaño de las adjudicaciones participaron políticos y altos cargos vinculados al PP, al PSOE y a Ciudadanos. Los 586 policías que participan en la operación tienen instrucciones de requisar todos los contratos adjudicados desde 2010 a Aplicaciones Gespol SL; Bilbomática -que es la compañía a la que pertenecía hasta su adquisición por Sacyr-; Valoriza Servicios Medioambientales SA, del grupo Sacyr; Agema Ingeniería y Servicios SL; Utebo Servicios de Gestión SL; Arco Capital Fund SL; Anento Servicios de Gestión SL; Enantar SL; Arcor SL; Aralia Servicios Sociosanitarios SA; Vehículos, equipamientos y carrocerías Prieto Puga SL (Veicar) e Integración de Servicios Administrativos SL. 

También ha sido arrestado José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, según las citadas fuentes. En su web, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local se anuncia como una asociación de carácter nacional que agrupa a jefes y mandos de cualquier categoría de los Servicios de Policía Local.

Los hechos investigados en la 'operación Enredadera', según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

El Ministerio Público ha hablado de "detenciones de diversas autoridades y funcionarios", sin dar detalles de los mismos. En el pasado, ya investigó a Ulibarri, empresario castellano-leonés, por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en municipios como Boadilla del Monte (Madrid). 

Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales. También Valoriza consta entre las empresas sometidas a registro.

Contratos adjudicados desde 2010

Los 586 agentes que participan en la operación están requisando contratos municipales adjudicados desde 2010.

Esta empresa, según Anticorrupción, "habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local". Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicabilidad, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.

El Juzgado de Badalona ha autorizado la entrada y registros en los siguientes ayuntamientos: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Este mismo Juzgado, según la nota de la Fiscalía, ha ordenado prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial de otros organismos como la Diputación de Alicante y otros tantos municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.

"Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal", ha señalado Anticorrupción. Fuentes de la investigación subrayan que los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Ciudadanos.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una moción pactada por el PSOE y Unidos Podemos para pedir una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que exima de la exigencia de la regla de gasto a los ayuntamientos con cuentas saneadas.

Se trata de una moción que el pasado martes defendió la dirigente socialista Susana Sumelzo y que ha salido adelante pese al rechazo tanto del PP como de Ciudadanos, que han defendido el principio de contención del gastoCiudadanos. El PNV, por su parte, ha optado por la abstención.

En el texto, recogido por Europa Press, se aboga por "promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales y, en particular, la interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea".

Esa reforma deberá "eximir de la aplicación de la regla de gasto a las Entidades Locales que presenten cuentas públicas saneadas, en función de la posición cíclica de la economía, en el marco de un análisis integral de la evolución fiscal y financiera de los Ayuntamientos y, en concreto, a aquellas que presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días".

También se reclama "eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud, etc".

Asimismo, el Congreso pide "suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad" y "analizar el impacto del coste financiero soportado por las Entidades Locales para impulsar un abaratamiento de estos costes y el saneamiento de la deuda municipal, que abra la puerta a una solución estructural del problema económico que les afecta".

Mientras tanto, ordenan "adoptar medidas urgentes para reestructurar esta deuda, en especial la relacionada con el plan de pago a proveedores".

Por último, la Cámara llama a "modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios municipales el 100%".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado este ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de "perseguir a las administraciones que no son de su cuerda" y que no puede "controlar" y parasitar", mientras "premia" a los ayuntamientos que gobierna el PP por "proteger a los corruptos".

"Es evidente que el PP, lo que no puede controlar, trata de intervenirlo. Allí donde controla, parasita, y donde no puede controlar, interviene", ha denunciado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso. "Atacan la demostración práctica de que se puede gobernar mejor que el PP", ha enfatizado.

Así lo ha asegurado el líder de Podemos al ser preguntado por la decisión del Ministerio de Hacienda de tutelar semanalmente las operaciones financieras del Ayuntamiento de Madrid después de que la semana pasada rechazara por tercera vez el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado por el Gobierno de Manuela Carmena y entendiera que sigue incumpliendo la regla de gasto.

"Premia" a los ayuntamientos del PP por "proteger corruptos"

"Hay una evidencia. Mientras el Gobierno de Carmena del Ayuntamiento de Madrid ahorra, cuando gobierna el PP la deuda aumenta. ¿Interviene los ayuntamientos y administraciones que gestiona mal el PP? No, les premian porque protegen a los corruptos", ha denunciado.

Asimismo, ha aprovechado para recordar que el Montoro, "un ministro reprobado que hizo una amnistía fiscal inconstitucional", ha podido tomar esta decisión gracias a "aquella reforma del artículo 135 de la Constitución que pactó el PP con el PSOE, con nocturnidad y sin consultar a los españoles".

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha formulado una advertencia pública de incumplimiento del deber de colaboración a los ayuntamientos de Palma de Mallorca, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Ayamonte (Huelva), Moratalla (Murcia) y Almadén (Ciudad Real).

Para que la AIReF emita su informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como de la regla de gasto de todas las administraciones públicas, necesita incorporar un análisis detallado de 53 entidades locales.

Según la Ley Orgánica 6/2013, las administraciones tienen que facilitar la información económico-financiera requerida por la AIReF que sea necesaria para el desempeño de sus funciones, dentro del plazo que esta señale. De faltar a esta obligación, el organismo emite una advertencia pública previa a la comunicación al Gobierno de que se ha producido un incumplimiento de este deber de colaboración.

Así, el pasado 14 de junio solicitó información precisa a la Central de Información del Ministerio de Hacienda y Función Pública con un plazo que finalizó el día 28 del mismo mes y pidiendo comunicación de la disponibilidad o no de esta información antes del día 19.

Al no obtener respuesta, la Airef procedió a solicitar directamente la información a estos ayuntamientos, que debían remitirla antes del 3 de julio. Ante la ausencia de respuesta, esta petición fue reiterada el día 6 de julio y el organismo advirtió de las consecuencias del incumplimiento del deber de colaboración que estipula la legislación.

Estos cinco ayuntamientos no han aportado la información que se les pidió, por lo que la Airef ha procedido a publicar en su página web una advertencia de incumplimiento del deber de colaboración de estas entidades locales.

Esta advertencia pública es previa a la comunicación al Gobierno y a las Cortes Generales, que se producirá si el presidente del organismo, José Luis Escrivá, considera que se trata de un incumplimiento grave o reiterado.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido durante sus dos años y medio de actividad un total de 1.941 reclamaciones de los ciudadanos contra la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y entidades locales, por falta de información. Del total de las quejas, 534 corresponden al primer semestre de 2017, una cifra que supone un aumento del 31 % con respecto al mismo periodo en 2016.

En un comunicado en el que ofrece un balance de su actividad hasta el 30 de junio, el Consejo de Transparencia destaca el incremento "considerable" de los casos que le llegan por parte de ciudadanos que se quejan de que los organismos públicos no han respetado su derecho de acceso a la información.

Según dicho balance, de esas casi 2.000 reclamaciones, 1.384 (el 71%) corresponden a la Administración General del Estado (AGE) y 557 (el 29%) a las comunidades autónomas. Las reclamaciones que han sido estimadas por el Consejo hasta el 30 de junio -es decir, favorables a la ciudadanía y que obligan a la Administración a facilitar la información- se refieren a asuntos de muy diversa índole.

Entre ellas, destacan temas tan importantes como la que insta a varios Ministerios a dar a conocer los gastos de publicidad institucional o la que reconoce el derecho a obtener copia del borrador del código de conducta sobre las cláusulas suelo.

También es relevante la que resuelve a favor de proporcionar el documento presentado en un procedimiento de memoria histórica solicitando la aclaración para la ejecución de un auto, así como la que considera que debe proporcionarse el detalle de las listas de espera sanitarias desglosadas por comunidades autónomas.listas de espera sanitarias

El mayor número en la Comunidad de Madrid

De las 557 reclamaciones de comunidades autónomas y entidades locales con convenio con el Consejo de Transparencia, un 72,3 por ciento son a favor de dar la información. Por territorios, corresponde el mayor número a la Comunidad de Madrid (160), seguido de Castilla-La Mancha (98), Cantabria (75), Principado de Asturias (42) y Extremadura (37). Los ciudadanos del resto de territorios han reclamado menos: Ceuta (23), La Rioja (14) y Melilla (6).

Entre ellas, hay una que insta a la Comunidad de Madrid a facilitar información sobre listas de espera quirúrgicas de los hospitales; otra que reconoce el acceso a la información a las actas del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM); y otra que estima el derecho a conocer la contaminación acústica en las inmediaciones de las estaciones RENFE en Móstoles.

Otros temas relevantes son sobre las subvenciones a colegios concertados con educación diferenciada por sexos, el proceso de selección de Director general de RTVM, y las actas de inspección higiénico-sanitaria de restaurantes y bares de la Comunidad de Madrid.

Según ha informado el organismo, hasta hoy se han interpuesto 52 recursos judiciales frente a resoluciones adoptadas por el Consejo de Transparencia. De estos, 37 han sido presentados por organismos del sector público que no están de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Transparencia.

Más de 3000 iniciativas ciudadanas

La totalidad de iniciativas ciudadanas que ha recibido el Consejo de Transparencia en estos dos años y medio de actividad se elevan a 3.383, entre las que además de las 1.941 reclamaciones (el 57% del total), 978 informaciones al ciudadano (29%), 291 consultas sobre la Ley (9%) y 129 denuncias sobre su incumplimiento (4%).

El Consejo de Transparencia tiene firmado convenio con seis comunidades autónomas (la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Cantabria) así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Así pues, todas las reclamaciones que presenten los ciudadanos en el marco de solicitudes de información que afectan a estos territorios son tramitadas por el Consejo Estatal.

El pasado jueves, el Ayuntamiento de Madrid anunció que a partir del año que viene impondrá una tasa a los cajeros automáticos que se utilicen desde la vía pública, una medida que afectará a más de 2.000 de estos aparatos. La medida, con la que el consistorio de la capital pretende recaudar unos 745.000 euros, ha sido criticada por PP y Ciudadanos: los primeros han asegurado que la banca podría reaccionar "empeorando el servicio o repercutiendo la tasa en sus clientes", mientras que los segundos han afirmado a modo de reproche que la medida es "ideológica" y que la "acabarán pagando los ciudadanos".

No obstante, Madrid no es precisamente una excepción a la hora de cobrar a los bancos por el uso que hacen del espacio público con sus cajeros. De hecho, hasta la aprobación de la medida para el año que viene, era más bien una excepción, ya que de las 19 ciudes más pobladas de España –excluyendo a la propia Madrid, que lidera esta tabla–, todas tienen una tasa de estas características, a excepción de Granada. La mayor parte de esos municipios, un total de nueve, están gobernados por el PSOE, aunque en otros dos el alcalde es del PP, en dos más del PNV, y en uno de Foro. Otros cuatro, por su parte, están gobernados por candidaturas municipalistas de la órbita de Podemos.

La tasa implantada por el Gobierno de Manuela Carmena establece unos cargos de entre 26 y 742 euros por cajero automático, en función de su ubicación. "Quieren ir contra los bancos y quienes acabarán pagando ese dinero serán los clientes", denunciaba este jueves el responsable de Transparencia del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano, que también tachó la medida de "ideológica". Pero el Ayuntamiento de Málaga, liderado su compañero de partido Francisco de la Torre desde el año 2000, establece en una ordenanza fiscal un cargo de "600 euros anuales por cada cajero que sea instalado en la fachada de establecimientos y que pueda manipularse desde la vía pública".

El malagueño no es el único consistorio encabezado por un alcalde conservador que tiene en vigor tasas a los cajeros automáticos. En Murcia, regida por José Ballesta (PP), los "cajeros automáticos cuya utilización deba realizarse directamente desde la vía pública" suponen para sus dueños el pago de una tasa de 105 o 300 euros, en función de su localización en la ciudad, mientras que en Gijón, cuya alcaldesa Carmen Moriyón milita en Foro Asturias, se cobran 125 euros a las entidades bancarias por cada uno de sus cajeros "adosados a edificios en los que su utilización implique un aprovechamiento especial de la vía pública".

Tampoco el PNV parece estar en la órbita ideológica de Carmena, pero no obstante los nacionalistas vascos aplican tasas a los cajeros automáticos a en Bilbao y Vitoria, las dos ciudades de Euskadi que se encuentran entre las 20 más pobladas de España. En la capital autonómica, los cajeros que dan a la calle están gravados con 354 euros por unidad, mientras que en Bilbao la tasa depende del espacio que ocupe el cajero en la calle.

Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza

Varios gobiernos municipales de signo progresista también aplican esta tasa. La ciudad más grande que lo hace, junto a Madrid a partir del año que viene, es Barcelona, que no obstante implementó el impuesto en 2013, cuando la gobernaba el conservador Xavier Trias (CDC). En el caso de la Ciudad Condal la cuantía que deben pagar los bancos varía entre 171 euros y 855 euros, en función de la ubicación del cajero, y fuentes del ayuntamiento explican que se recaudan unos 300.000 euros anuales con la medida.

Las tasas a los cajeros en Valencia –la tercera ciudad de España por población, que tiene como alcalde a Joan Ribó (Compromís)– son algo más altas, ya que se sitúan entre los 669 euros y los 787 euros anuales. Pero el impuesto no fue aprobado por Ribó, en el cargo desde 2015, sino que lo puso en marcha la anterior alcaldesa, la ahora senadora Rita Barberá (PP), que en 2013 aprobó la medida con los votos a favor de su partido y de Compromís. IU se abstuvo por considerar que la medida era "propagandística", mientras que el PSOE votó en contra por considerar que las tasas eran insuficientes.

De igual manera, en Sevilla, gobernada por el socialista Juan Espadas, se cobra una tasa a los bancos por sus cajeros automáticos. Pero, además, la capital andaluza es –de entre las 20 ciudades más pobladas– una de las que impone un gravamen más alto por este concepto: "por cada cajero y semestre", señala su ordenanza fiscal, Sevilla cobra entre 668 euros y 1.527 euros, lo que supone ingresar entre 1.336 euros y 3.054 euros anuales por cada máquina.

Zaragoza, gobernada por el alcalde Pedro Santisteve (Zaragoza en Común, la plataforma apoyada por Podemos e IU), también aplica esta tasa desde 2012, cuando era regidor el socialista Juan Belloch. Según explican fuentes del ayuntamiento, la recaudación anual del tributo –que, al igual que en el resto de ciudades, sólo afecta a los cajeros que dan a la vía pública– asciende a cerca de 120.000 euros.

Un mínimo de 26 euros en Las Palmas

La tasa a los cajeros automáticos que suponen una explotación de la vía pública también se aplica en las capitales canaria y balear, ambas gobernadas por el PSOE. En Palma de Mallorca, la cuantía del tributo varía entre los 417 euros y los 626 euros anuales, dependiendo de la ubicación del cajero, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria la tasa es más reducida: los cajeros que suponen un coste mayor para los bancos están gravados con 430 euros al año, y los que más baratos salen a las entidades únicamente les suponen un coste de 26 euros anuales.

Alicante –cuyo regidor es el socialista Gabriel Echávarri– también aplica la tasa, aunque es una de las más bajas de entre las 20 principales ciudades españolas: se mueve entre los 42 euros y los 140 euros anuales por cajero, en función de su localización. Por el contrario, en Elche –la vigesima ciudad de España por población, también situada en Alicante– la tasa es más alta, ya que asciende a los 621 euros anuales "por cada cajero automático anexo a las entidades financieras, instalado en la fachada u ocupando las aceras o vías públicas".

En la ciudad de Córdoba, cuya alcaldesa es Isabel Ambrosio (PSOE), la tasa máxima a los cajeros que oferten su servicio "en la vía pública, y las operaciones deban ejecutarse desde la misma" es similar a la ilicitana: 651 euros anuales por cajero. La mínima, sin embargo, es de 191 euros, y se aplica una u otra cantidad –hay hasta cinco tramos– en función de la calle en la que esté colocado el aparato. Valladolid, por su parte, cobra 299 euros a los bancos por cada uno de sus cajeros que se utilicen desde la vía pública, sin distinguir la ubicación.

A Coruña –entre 210 y 420 euros por cajero y año– y Vigo –entre 71 y 171 euros por cajero y año–, gobernadas respectivamente por Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) y Abel Caballero (PSOE), también aplican estas tasas. Y de igual manera lo hace L'Hospitalet de Llobregat, la decimosexta ciudad de España por población, que no obstante no grava los aparatos por unidad, sino por el espacio que ocupan: cobra a los bancos 173 euros anuales por cada metro cuadrado.

La nueva corriente favorable a la recuperación de la gestión municipal directa –es decir, sin empresas privadas de por medio– de algunas prestaciones esenciales como el agua, la recogida de basuras, la limpieza... que ha generado el cambio de mayorías en algunos ayuntamientos ha reabierto el debate sobre la pertinencia de uno u otro modelo.

En términos generales, los partidarios de remunicipalizar algunos de estos servicios mantienen que la gestión directa tiene la ventaja económica de que los ayuntamientos se ahorran el IVA y la parte del beneficio que la empresa privada carga en la factura. Mientras, los defensores de que sean operadores privados la que administren estos servicios argumentan que la gestión directa por parte de los ayuntamientos es más costosa –especialmente por los costes laborales– y resulta "más ineficiente". 

Los expertos consultados por infoLibre, por su parte, insisten en que lo más importante es tomar la decisión de optar por una u otra fórmula sin atenerse únicamente a criterios ideológicos. "El Estado es bueno en lo que lo es y el mercado es bueno en lo que lo es", resume Francisco Velasco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). A su juicio, lo más relevante es que las decisiones sobre el modelo de gestión vayan precedidas de profundos estudios analíticos de las particularidades de cada servicio y de las características de la Administración que lo tiene que prestar. 

Joaquín Tornos, abogado y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona (UB), señala que en un momento en el que está en auge una nueva filosofía favorable a la recuperación de la gestión directa de los servicios públicos es oportuno recuperar documentos como el informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público local del ejercicio 2011 que examinó esta cuestión. A su juicio, es importante hacer un esfuerzo para "desideologizar" este debate. 

Pues bien, en el apartado del análisis de las condiciones de prestación de los servicios públicos municipales, ese informe concluyó que en municipios de menos de 20.000 habitantes, la gestión directa de los servicios analizados como la recogida de basuras y la limpieza viaria es más eficiente que su externalización. Por el contrario, en otros servicios como el alumbrado público, la gestión indirecta (a través de empresas privadas) es más eficiente.

Diferenciación por sectores 

De su experiencia de investigador, Velasco considera que actividades más breves, donde el know how [conocimiento] del mercado está contrastado y que tienen una estructura de costes salariales determinada, sí pueden funcionar bien a través del sector privado. Cita, por ejemplo, servicios como los teléfonos de información ciudadana o de limpieza y jardines, donde hay empresas "afianzadas en el sector y que controlan muy bien los costes". 

Por el contrario, Velasco entiende que sectores estratégicos como el abastecimiento de agua y saneamientos no deberían dejarse en manos de operadores privados. "Se trata de un servicio demasiado serio y permanente como para dejarlo en manos de una empresa efímera. Lo que está claro es que una empresa privada nunca va a invertir en mejorar las instalaciones o buscar sistemas más ecológicos si sabe que en un número de años puede perder la concesión", explica.

De hecho, un informe realizado por el Transnational Institute de Amsterdam [consultar en inglés, aquí] analizó las experiencias de remunicipalización del servicio de agua en varios municipios –París y Buenos Aires, entre ellos– y concluyó que en los casos analizados la entidad remunicipalizada ofrece "servicios más equitativos, más transparentes y más eficientes que el proveedor privado que le antecedió, con más calidad en el servicio y mejor sostenibilidad a largo plazo". 

Tornos, sin embargo, no tiene tan claro este punto. Y rescata el ejemplo de París, donde el suministro de agua fue rescatado del capital privado en 2008. "Es cierto que, en un primer momento, la tarifa para los usuarios bajó. Pero hay que recordar que toda la inversión ya la había hecho previamente la concesionaria y que, por otro lado, el Estado también dejó de ingresar los impuestos que pagaban las concesionarias. Al final el recibo del agua bajó, pero subió el de otros servicios. Es un tema complejo", señala. 

También vuelve al informe del Tribunal de Cuentas, que en el caso del servicio de suministro del agua examinó una muestra de 606 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. En el 48% de los casos la prestación era directa, en el 36% mediante concesión o concierto y en el 11% por mancomunidad o consorcio. Pues bien, la conclusión a la que llegó el órgano fiscalizador fue que en lo que se refiere a los costes promedio por habitante, estos eran más elevados en los casos de gestión indirecta (privatizada) en municipios de menos de 1.000 habitantes y que tendían a igualarse en los municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes.

Tornos admite, no obstante, que los datos aportados sobre la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios recogidos en ese informe eran "irrelevantes" dado el escaso número de respuestas. En el documento tampoco consta el esfuerzo inversor de las empresas privadas así que es complicado establecer una visión completa. 

Estudios y sanciones 

En cualquier caso, Francisco Velasco considera que el movimiento a favor de la remunicipalización de servicios públicos que ahora recorre algunos ayuntamientos españoles debería asemejarse al que se inició en Estados Unidos a partir del año 2000, cuando empezaron a revertirse algunas de las privatizaciones realizadas desde los años ochenta. Se empezó a comprobar entonces que, en ciertos sectores, los costes de ciertos servicios gestionados por operadores privados se habían disparado. Y ahí se decidió cambiar el modelo de algunos de ellos. 

Velasco señala, no obstante, que esos cambios vinieron precedidos de profundos estudios analíticos de cada servicio con informes detallados de los costes de amortización, de capital, de la mano de obra... Una de las conclusiones a las que se llegó entonces fue que, en términos de eficiencia, los servicios muy intensivos en mano de obra y con pocos costes tecnológicos –por ejemplo, el aparcamiento regulado– eran idóneos para ser externalizados.

¿Por qué? "Hay que tener en cuenta que el mercado privado de trabajo es más duro en la negociación de los sueldos que el público, que es más condescendiente. Es decir, el coste del servicio era más bajo porque hundía los salarios y eso es algo de lo que hay que ser conscientes. No obstante, en la gestión de un servicio hay que ser prudente con la dimensión social... es mejor redistribuir después con ayudas o subvenciones que a través de los costes de ese contrato", subraya Velasco. 

Si se opta por la externalización tanto Tornos como Velasco entienden que son claves las "potentes" unidades de control que tendrían que tener los consistorios para analizar de forma rigurosa cómo se está administrando ese servicio. "El ayuntamiento que externalice tiene que hacerlo con el coste asumido de que tiene que estar muy encima del contratista. Si no, por una razón elemental, que es la lógica de mercado, los operadores privados tienden a maximizar los beneficios y eso puede repercutir en el servicio", señala Velasco. 

Cuando hay externalizaciones otra de las cuestiones esenciales, a juicio de Velasco, es la negociación de los contratos. "Normalmente los ayuntamientos no suelen negociar bien y ahí está parte del problema. La realidad es que muchos de ellos –especialmente los de poblaciones inferiores a los 20.000 habitantes– no tienen el personal técnico cualificado para negociar y son las propias adjudicatarias las que redactan los contratos", asevera.

PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Coalición Canaria, ERC, BNG y Compromís han presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma local al considerar que priva a los ayuntamientos de su autonomía y supone "el mayor ataque a la democracia".

El recurso [consúltalo aquí en PDF] ha sido presentado en la sede del Tribunal Constitucional por el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui, acompañado del secretario de Política Local y Autonómica de los socialistas, Gaspar Zarrías, la diputada de IU Ascensión de las Heras, la de UPyD Irene Lozano, Ana Oramas por parte de Coalición Canaria, el de CHA Chesús Yuste y el de Compromís-Equo, Joan Baldoví.

Jáuregui ha explicado que el recurso lo firman más de 130 diputados de estos grupos parlamentarios más de 130 diputados de estos grupos parlamentarios. Fuera del recurso sólo quedan los parlamentarios del PP, del PNV –que apoyó la reforma local en su tramitación en las Cortes Generales–, CiU –que sí va a presentar recurso desde el Gobierno y el Parlamento catalán– y varias formaciones del Grupo Mixto.

"La ley va a provocar enormes dificultades para la gestión de los ayuntamientos en España. Ya las está provocando", ha denunciado Jáuregui, para añadir que la norma, en vigor desde 31 de diciembre de 2013, también priva a los ayuntamientos de su capacidad de gestión de la política social, de recursos y de instrumentos para poder llegar cerca de la gente necesitada, algo "absolutamente imprescindible en la España de la pobreza de hoy".

2.300 ayuntamientos de toda España y varias CCAA

El recurso se suma a los de los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias, a los de los parlamentos de dichas comunidades así como los de Extremadura y Navarra, y al que ayer registró el Ayuntamiento de Barcelona en representación de 2.300 municipios españoles a través de la vía denominada conflicto en defensa de la autonomía local.

A este respecto, Jáuregui ha destacado que se trata de la primera vez en la historia democrática de España que se va a presentar un recurso en nombre de los ayuntamientos, los cuales representan, en este caso, "a más de 16 millones de españoles". "Es un recurso ampliamente representativo de una amplia mayoría social española. La mayoría política del PP es minoría social en este recurso", ha apostillado.

Para la diputada de IU, Ascensión de la Heras, la norma supone "uno de los mayores ataques a la democracia", a la autonomía local y a la de las comunidades autónomas. "Ante este ataque sin precedentes, una respuesta sin precedentes, por tres vías: desde las comunidades autónomas, desde más de 2.000 ayuntamientos por primera vez en la democracia, y hoy, la culminación con este recurso que representamos los diputados mayoritarios de la oposición", ha explicado. Al igual que Jáuregui, De las Heras ha denunciado que el Gobierno del PP está tratando "demoler" los servicios de proximidad que prestan "con mucha dificultad los ayuntamientos", en un momento "absolutamente imprescindible de atención al ciudadano".

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas también ha advertido de que ni los partidos, ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas están dispuestos "a que un Gobierno del PP evite que se atienda a los ciudadanos en la peor época que está pasando España". "Los ayuntamientos pueden dejar de asfaltar las calles, que son competencia propia, pero lo que nunca pueden dejar de hacer es atender al ciudadano que va allí con una problemática social, ni cerrar la guardería, ni quitar la atención domiciliaria, ni dejar de atender a las mujeres maltratadas, aunque no sean competencias propias", ha avisado.

"Chapuza injusta"

Por su parte, la diputada de UPyD Irene Lozano ha criticado que la reforma local es "un ejemplo de cómo el PP piensa que por tener mayoría absoluta puede hacer lo que quiera". "Es una chapuza con graves consecuencias", ha agregado, para rechazar asimismo que mientras se recortan la prestación de los servicios sociales, se les mantiene a los ayuntamientos el urbanismo y también que en lugar de acabar con las Diputaciones provinciales, se refuerza su papel.

Por último, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, también ha tachado la norma de "chapuza" y de ser "injusta", porque se está alejando la Administración de los ciudadanos en temas "tan sensibles" como son las políticas sociales. "No pararemos hasta que esta chapuza de ley se venga abajo", ha avisado.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha asegurado este viernes que la reforma local aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy es "plenamente constitucional" y ha acusado al PSOE de guiarse "solo por razones partidistas" al recurrir esta norma. Para Arenas, está "seguro" de que la ley de reforma local –que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013– cuenta con el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos y de la mayoría de los ciudadanos.

Los tres sindicatos consideran que la reforma, que en estos momentos está siendo tramitada por el Senado tras ser aprobada en el Congreso, supone un ataque a la autonomía municipal y amenaza la supervivencia de los servicios públicos que actualmente prestan los ayuntamientos.

Así, para hacer visible su rechazo a la futura norma, los asistentes llevarán a cabo una suelta de globos de color negro para simbolizar "el luto por la desaparición de la autonomía de las administraciones locales", tal y como ha explicado a Europa Press el secretario de Sector de Administración Local de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Ignacio Herrero.

"Es una ley muy importante que va a afectar a muchos servicios y que están aprobando a escondidas. Después de la ley los alcaldes van a quedar sólo para sacar a la virgen en procesión. Parece ser que es lo único que les va a dejar Montoro que hagan", ha advertido.

Por su parte, CCOO avisa en un comunicado de que la aprobación de la reforma "supone que servicios tan fundamentales para la ciudadanía como la educación infantil, la de adultos, los servicios sociales o la defensa de los consumidores y usuarios dejarán de prestarse en muchos municipios agravando, aún más, la situación de las muchas familias que hacen uso de los mismo".

Destrucción de puestos de trabajo 

Asimismo, denuncia que la reforma implica además "la destrucción de multitud de puestos de trabajo en la Administración Local". "Se calculan alrededor de 200.000 empleos en toda España que, sumados a los más de 100.000 empleos destruidos en este ámbito en los dos últimos años sitúa a esta administración como la más afectada por la destrucción de empleo público", señalan.

Para CSI-F, la reforma, que ha elaborado el Gobierno, "a espaldas de los ciudadanos y de los empleados públicos", afectará directamente sobre la calidad de los servicios básicos y las condiciones laborales de unos 550.000 trabajadores y comprometerá "seriamente" la estabilidad laboral de al menos 120.000 empleados.

Por ello, CSI-F reclama en su comunicado "la convocatoria urgente de las mesas de negociación para establecer garantías para la estabilidad de los empleados públicos, la calidad y el carácter público de los servicios que reciben los ciudadanos, en el desarrollo de la norma".

Las cifras de la reforma local, una de las reformas estructurales clave del Gobierno de Mariano Rajoy, no cuadran. El denominado proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local pasó esté viernes por la mesa del Consejo de Ministros rumbo al Congreso de los Diputados. Según explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la reforma prevé un escenario de ahorro de más de 8.000 millones de euros para el periodo 2013-2019 –8.024 millones según la referencia que puede consultarse en la página web de la Moncloa–. Se trata de una cantidad que difiere con la remitida por el Gobierno el pasado mes de abril a Bruselas en el denominado Plan Nacional de Reformas, el pasaporte que ha permitido al Ejecutivo de Mariano Rajoy contar con dos años más para el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Según figura en las páginas 23, 91 y 190 del mencionado documento, "el ahorro estimado" de la reforma local para el periodo 2014-2015, es decir para una horquilla de tiempo de dos años, es el mismo (8.000 millones) que ahora se pretende alcanzar en los siete años del periodo 2013-2019.

Ya hace una semana, según adelantó infoLibre, la reforma local se cayó del orden del día del Consejo de Ministros debido precisamente a que a la hora de matizar el texto para incluir algunas de las recomendaciones del Consejo de Estado y modificar algunos de los puntos pactados en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las cifras no cuadraban respecto a lo remitido a Bruselas. A tenor de lo ocurrido este viernes, el Ejecutivo ha decidido reducir el impacto de esta medida.

Este diario intentó sin éxito, a lo largo de la tarde del viernes, obtener una explicación del Ministerio de Hacienda al respecto.

La reforma local no ha sido fácil ni para el PP, que ha contado con la oposición de sus alcaldes a muchos puntos del texto, ni para el Gobierno, que ha visto cómo a medida que avanzaban las negociaciones se quedaba sin el apoyo del resto de los partidos. La gota que colmó el vaso fue un informe del Consejo de Estado del 2 de julio, que cuestionaba la constitucionalidad del texto.

En este momento, el Ejecutivo y el PP se lanzaron a defender su reforma y a restar peso al dictámen del Consejo de Estado. Pero no ocultaron que la ley seguía abierta y que habría tiempo para hacer hueco a las recomendaciones de la institución y las de los partidos de la oposición. Además, Hacienda se comprometió a transformar el coste estándar por el coste efectivo, lo que implica que se establecerán horquillas de coste de los servicios municipales (agua, iluminación, basuras, reciclaje, guarderías...) teniendo en cuenta criterios poblacionales –como dispersión o insularidad– y que con ello se evitará que los ayuntamientos pierdan competencias. Este viernes Montoro insistió en que, efectivamente, el coste estándar había sido eliminado.

Fuentes conocedores del contenido de estas negociaciones achacan principalmente a la supresión del coste estándar al desfase de cifras entre lo adelantado a Bruselas y la cifra definitiva que ha recibido la luz verde en el Consejo de Ministros.

El debate sobre el modelo de Estado federal y la recomposición de las relaciones con el PSC monopolizó el pasado sábado la reunión del Consejo Territorial del PSOE. Pero Alfredo Pérez Rubalcaba y sus barones también analizaron otro documento, La modernización del Gobierno y la Administración local, garantía de cohesión social. El modelo de Administración local del PSOE, un texto de 21 páginas que ha coordinado el secretario federal de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, y que el partido hizo público ayer domingo. 

La cuestión de las diputaciones aparece precisamente en este documento, a la hora de hablar de la intermunicipalidad como una "solución a los pequeños municipios". Recuerda que, esa red de protección de los ayuntamientos menores está conformada obligatoriamente, según la Constitución, por las diputaciones provinciales, cuyo principal cometido es "dar asistencia y complementar las necesidades existentes" a esas pequeñas corporaciones. Sin embargo, advierte, miles de municipios han explorado la vía de las mancomunidades, mientras que algunas comunidades autónomas (CCAA) han optado por la vía de las comarcas. 

Partiendo de ese diagnóstico, el PSOE cree necesario buscar "fórmulas de asistencia y colaboración" con los ayuntamientos partiendo de tres principios: diversidad del territorio, complejidad del mapa municipal (la orografía, la densidad de población, el nivel de renta y otros factores "no son iguales") y fomento del trabajo en red, "lo que puede y debe conducir a que las soluciones óptimas de intermunicipalidad sean adaptadas a su realidad territorial". Por tanto, concluye, "se debe contar con las comunidades para llegar a la solución más ajustada a cada territorio". "La existencia de una opción intermunicipal debe pasar por el aligeramiento del número de administraciones superpuestas al municipio", y no por "mantener o defender cinco niveles de asistencia en la gestión a los municipios".

La sugerencia, del PSPV de Puig

La idea de que sean las CCAA las que analicen en cada caso si suprimir o no las diputaciones, o cambiar su fisonomía, fue puesta sobre la mesa por el Partido Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE). El debate llegó hasta el mismo sábado, en la reunión del Consejo, donde algunos barones, como el de Aragón, Javier Lambán, eran más partidarios de que estas entidades se mantuvieran. "El acuerdo general, de todos, es que es imposible que las diputaciones sigan como están. Y también se quiere que los ayuntamientos se dejen oír, que digan algo al respecto. Lo importante es que se quiere dar fortaleza al ámbito local, no dar más competencias a las diputaciones, como quiere el PP con su reforma local", explicó ayer domingo a infoLibre Ximo Puig, líder del PSPV. 

Sobre los órganos de poder intermedio, a caballo entre CCAA y ayuntamientos, pesa además la mancha de que son instituciones poco democráticas. Sus miembros son elegidos por y entre los ediles, pero no por los ciudadanos de forma directa. La democratización de las diputaciones residiría de nuevo, según Puig, en las comunidades. "No necesitamos más instituciones, sino menos. No necesitamos crear más, ni dar fortaleza a las diputaciones, que es lo que anhela el PP. Los ayuntamientos son los elegidos por los ciudadanos, y ahí reside la soberanía local. Se trata de dar una nueva visión de la Administración local, de pensar cómo hacer cosas conjuntas, cómo buscar alianzas diferentes, cómo trabajar en red. Pero que cada comunidad decida qué modelo de intermunicipalidad quiere. Por ejemplo, otra opción son los consejos de alcaldes, a semejanza de las Conferencias de Presidentes". 

La reflexión sobre las diputaciones es una de las reflexiones del texto. Pero hay más,como la supresión de exenciones fiscales a las actividades religiosas.

01. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA LOCAL

El PSOE recuerda que la Constitución consagra la "autonomía" de los municipios como uno de los puntales de toda la arquitectura del Estado. Y recuerda cómo sin los ayuntamientos "no se puede entender" el desarrollo del Estado del bienestar, ya que son ellos los que han "adecentado y dignificado" todos los espacios de las ciudades y que los que prestan servicios cercanos a los ciudadanos (comedores, escuelas de adultos, guarderías, instalaciones deportivas y culturales...). Han sido las corporaciones locales las "pioneras en la defensa de la igualdad, la solidaridad, la integración y la cohesión social".

El partido sale así al paso de la reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy, que en su estrategia de "criminalizar el gasto" ha tomado como "víctimas indefensas más fáciles de someter" a los municipios, pese a que al cierre de 2012, hasta 3.500 ayuntamientos (el 40% de los más de 8.000) tenían superávit y en términos globales registraron un déficit del 0,15%, inferior al 0,30% exigido por el Gobierno. La deuda viva de las entidades locales es de 35.000 millones, la mayor parte de ella procedente de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga). 

Para paliar esta situación de inferioridad, el PSOE propone "incluir el reconocimiento explícito" en la Constitución "de la naturaleza política de la autonomía local". Ahí se señalaría el "doble carácter" de esa autonomía: como "derecho y capacidad efectiva de las entidades locales a ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos", "bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes". 

"Complementario con la eficiencia y la eficacia"

El cambio supondría llevar a la Constitución una "cláusula general de competencia municipal y una relación material de competencias" que no se podrían "hurtar" a los ayuntamientos, como pretende el Gobierno. Se pide asimismo la "articulación racional y austera de la intermunicipalidad", no como la entiende el Ejecutivo, que "mantiene cinco niveles sobre el mismo territorio": diputaciones, comarcas, consorcios, mancomunidades, consejo de alcaldes y la posibilidad de reconocimiento de las veguerías. 

Con el fin de fortalecer esa autonomía de las corporaciones, los socialistas reclaman que el desarrollo del régimen local se haga a través de ley orgánica, lo que exige la votación de la mayoría absoluta de las Cortes para su aprobación. Además, se debería consagrar a los municipios "competencias propias, financiación incondicionada, gobierno y administración". El blindaje de la financiación de los ayuntamientos en la Constitución ya fue anunciado por Rubalcaba a mediados del mes pasado en unas jornadas en el Senado. 

Dicen los socialistas que el reforzamiento de la autonomía local y de la democracia "no resulta incompatible sino complementario con los criterios económicos de eficiencia y eficacia". 

02. TRANSPARENCIA Y ESTATUTO DEL VECINO

El PSOE entiende que ante la "demanda creciente" de los ciudadanos, se hace "necesario" apostar por la transparencia total como vía para "restaurar la confianza en las instituciones locales", como sucede en el resto de escalones de la Administración. Los ayuntamientos, en consecuencia, deben ser "instituciones abiertas que ofrezcan todos los datos necesarios para conocer sus aspectos fundamentales y sus líneas de actividad".

En correspondencia con esa iniciativa, el PSOE cree que se debe poner en marcha un Estatuto del Vecino, una carta de derechos y deberes. Entre ellos, el acceso a la información de la actividad y la gestión municipal, la información de "planes, urbanismo y ordenación del territorio" –el gran pozo negro de las entidades locales en los años de la burbuja inmobiliaria–, la participación de los ciudadanos y de los sectores sociales, económicos y vecinales, la garantía de la asistencia de los municipios "en situaciones de necesidad grave o urgencia", el acceso al uso y disfrute de los servicios públicos públicos locales o la consulta directa local –el referéndum sobre asuntos que afectan a un municipio–.

03. REFORZAMIENTO DE LA OPOSICIÓN

Estatuto de los cargos representativos locales. Es la medida que sugieren los socialistas para definir el poder ejecutivo del alcalde y su equipo de gobierno y el "desempeño efectivo del control de la oposición" a través de su participación en el pleno. Plantean regular el acceso a la información y la fiscalización de los gobiernos municipales por los partidos contrarios. 

Abel Caballero, vicepresidente primero de la FEMP y alcalde socialista de Vigo, el pasado sábado en la reunión del Consejo Territorial del PSOE en Granada | INMA MESA

Asimismo, se cree "conveniente" que los sueldos de los concejales se establezcan por ley, escuchada la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), teniendo en cuenta la población y sus recursos, sin que "en ningún caso" puedan superar sus remuneraciones a las de un secretario de Estado (unos 67.000 euros). Se pide que se reugle "con mayor detalle y claridad" los derechos políticos y económicos de los grupos municipales. 

04. MAPA DE COMPETENCIAS CLARO

Es tradicional la queja de los municipios de que asumen competencias impropias: poderes que no son suyos pero que despliegan para atender a los ciudadanos. El PSOE propone solucionar esa confusión, y hace hincapié en que la autonomía local debe expresarse "en competencias propias, en ningún caso en servicios obligatorios", porque las competencias posibilitan a los gobiernos impulsar determinadas políticas. 

Así, el PSOE quiere se aclare por ley el elenco de competencias nucleares municipales, "respetando las líneas maestras sentadas en el texto constitucional". ¿Qué competencias se quedarían pues los ayuntamientos? El documento indica que hay que "poner todo en cuestión y analizar la necesidad de todos los servicios públicos", bajo dos criterios fundamentales: que se pondere entre la proximidad y la distancia ("no en todas las materias la proximidad es un valor positivo" ya que puede "agravar el conflicto) y que se calibre qué Administración es la que mejor presta cada servicio. 

05. UNA FINANCIACIÓN GARANTIZADA

La financiación condicionada a través de subvenciones es la fórmula más extendida en los ayuntamientos. El resultado final, dice el texto es el "deterioro de la autonomía local", puesto que se condiciona el acceso a determinados recursos, dañando la "capacidad de decisión" de los municipios sobre sus competencias. 

Para que las entidades locales no queden "relegadas", el PSOE propone un "modelo integral de financiación" de los diferentes escalones de la Administración, que incluya ayuntamientos y CCAA, que les permita tener "recursos suficientes". 

La financiación de los municipios, sigue el documento, debe asentarse sobre el binomio de competencias propias y financiación incondicionada. Entre las medidas, incrementar y redefinir la participación en los ingresos del Estado y de las CCAA "reforzando la transparencia y la dotación", "profundizar" en las tasas públicas, evitar la "absurda competencia fiscal" entre municipios o redibujar los impuestos propios. En este caso, se sugiere que el impuesto de circulación de vehículos se ajuste no a la potencia del coche, sino a su valor de mercado, y se cree "relevante" la actualización de los valores catastrales de los inmuebles a la evolución del mercado. En suma, se trata de tener "bases imponibles tan actualizadas como sea posible" en los impuestos de la propiedad. Respecto a los tributos económicos, se reclama suprimir algunos impuestos "que gravan el desarrollo de actividades concretas". 

Distinción entre ayuntamientos grandes y pequeños

El PSOE apuesta por reducir "al máximo" los beneficios, exenciones y bonificaciones. Y aquí es donde entra la referencia a la Iglesia: "Carecen de todo sentido las exenciones y bonificaciones que disfrutan los bienes y actividades desarrolladas por determinadas entidades y confesiones religiosas". El partido ya emplazó el año pasado a sus concejales a exigir a la Iglesia a que pagase el IBI. 

El documento prefigura un "modelo dual" de ayuntamientos, separando a los grandes (de más de 20.000 habitantes) de los pequeños. Las corporaciones menores dispondrían de tributos obligatorios y de un sistema de transferencias "incondicionadas del Estado y de las CCAA". Las mayores "deberían disponer de márgenes más amplios para ejercer su capacidad normativa y participar en los ingresos del Estado y de las CCAA sobre el criterio básico de población". 

Por último, los socialistas abogan por crear una "factura fiscal local integrada anual". En ella aparecerían reflejados todos los tributos municipales y se permitirían "fórmulas de pago a cuenta mensuales" a los vecinos para facilitarles el pago de sus impuestos a los ayuntamientos. 

En más de un ocasión, el presidente del Gobierno ha mantenido que su disposición al diálogo es máxima. Con la oposición, con los sindicatos, con la patronal, con los presidentes autonómicos. Y con los alcaldes. Pero también ha dejado claro que, como Ejecutivo, tiene la obligación de tomar decisiones y, llegado su momento, puede tomarlas sin contar con nadie.

La última de estas advertencias llegó hace poco más de un mes cuando, en pleno debate sobre los nuevos criterios para el cumplimiento de los objetivos de déficit, advirtió a sus barones de que es el Gobierno el que tiene la última palabra.

Pese a que sea el Gobierno el que tiene la última palabra, no pasa por alto que a Rajoy le preocupa que sus iniciativas se topen con el rechazo del poder local y autonómico, máxime si se trata de cuestiones que él ha concebido como clave para esta legislatura o promesas electorales. Es el caso de la reforma de las Administraciones Públicas –que este miércoles ha sido expuesta de forma telegráfica a los consejeros de las comunidades– o de la reforma local, ya en manos del Consejo de Estado.

En el primero de los casos, el Ejecutivo es muy consciente de que esta medida estrella no tendrá el impacto, los efectos y la repercusión que se pretende en Bruselas si las comunidades autónomas no van de la mano del Gobierno. Y es que, gran parte de las 217 recomendaciones incluidas en el informe de la Comisión para la Refoma de las Administraciones Públicas (CORA) no serán una realidad si las comunidades no deciden aplicarlas. En gran parte de los casos, el Ejecutivo tiene escaso margen para obligar a su cumplimiento. Son las regiones las que tienen que comprometerse a ello. A la espera de cómo puedan ir reaccionando estos territorios, Rajoy ya ha anunciado que en lo que a Moncloa respecta, las observaciones de los expertos empezarán a aplicarse desde este mismo viernes.

Los inicios para la puesta en marcha de esta reforma, demadanda por el ala dura del PP, no han estado exentos de polémica. El Gobierno ha querido darle solemnidad a la presentación del informe y ha optado por una puesta en escena que ha molestado a los barones autonómicos: a los conservadores y a los del resto de partidos. Este miércoles, Rajoy reunió en Moncloa a consejeros de gran parte de las comunidades autónomas. El jueves, lo presentarán la vicepresidenta y los titulares de Industria y Hacienda. Y, el viernes, Soraya Sáenz de Santamaría dará el calendario de aplicación y la cifra de impacto de la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El enfado de las comunidades estriba en que, según cuentan, no se les ha consultado previamente y tampoco se les facilitó información al respecto. Lo resumió la socialista Susana Díaz, que puso voz a este malestar. 

Sin respuesta

La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía criticó que el Gobierno no haya permitido a las comunidades autónomas participar en la elaboración del documento. Díaz teme que Rajoy siga la misma "estrategia" que la reforma local y ahora se "pretenda limitar la autonomía" de las comunidades, "como se hizo con los ayuntamientos", informa Europa Press.

En declaraciones a los periodistas en el Palacio de La Moncloa, donde asistió a la presentación del documento, subrayó que una reforma "de este calado" debe nacer "fruto del consenso y del acuerdo" y, pese a que el Gobierno andaluz lleva ofreciéndose para ello desde el pasado mes de octubre, cuando se anunció la elaboración de este informe, no ha obtenido respuesta.

Ya preocupadas y enfrentandas por el déficit a la carta, las comunidades no quieren oír ni hablar de más recortes. Máxime si estos implican la reducción de empleo público. El PP ostenta la mayor parte del poder territorial y sus barones llevan meses preocupados por la posibilidad de que sean ellos los primeros en pagar en las urnas –las autonómicas son previas a las generales– el castigo por las políticas del Gobierno central.

Para intentar calmar estos temores y responder a voces como Aznar y Aguirre, que han reclamado una reforma radical de la administración, Rajoy pronunció una frase impensable cuando era líder de la oposición y criticaba con insistencia el sobredimensionamiento de la Administración Pública. "Antes de nada quisiera acabar hoy con un mito muy extendido a propósito del verdadero tamaño de la Administración Pública en España. Contra lo que muchos afirman, y con los datos de 2012 en la mano, podemos decir que España se sitúa entre los países de la Eurozona con menor gasto público en porcentaje del Producto Interior Bruto: 43 por 100, un 43,3 por 100 para ser exactos, frente al 49,7 por 100 de la media de la zona euro".

Reforma Local

Igual de complicado está el tema de la reforma local, que ya está en fase de consulta en el Consejo de Estado y que llegará al Consejo de Ministros, salvo cambios de última hora, las primeras semanas de julio. Los representantes de PSOE e IU en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se levantaron hace un mes de la última Asamblea tras la negativa del PP a convocar una Junta Extraordinaria a fin de debatir en ella el texto de la reforma local. Y en el PP, las cosas no están mucho mejor. La reforma no convence del todo a los alcaldes conservadores, que llegaron a amenazar a Hacienda con un plante si el texto no incluía lo que ellos consideraban las "luces rojas", entre las que figuraba la solución del tema de las competencias impropias.

A fin de evitar este malestar, los alcaldes del PP cuentan con el compromiso por parte del Gobierno de "enriquecer" la base de la ley en el trámite parlamentario.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado este martes que su partido introducirá en la propuesta de reforma federal de la Constitución los "principios básicos que garanticen la financiación de los ayuntamientos" con el objetivo de "defender el mundo municipal" ante el "ataque" que, a su juicio, está recibiendo por parte del Gobierno con su propuesta de reforma de la Administración local.

Durante las jornadas sobre El Gobierno local que necesita España organizadas por el PSOE en el Senado, Rubalcaba ha denunciado que esta reforma es "el ataque más consistente que se ha hecho a la autonomía local" en 35 años de democracia, todo ello, ha denunciado, bajo la "coartada" de la crisis".

El líder del PSOE está de acuerdo en que es necesario evitar duplicidades entre administraciones o hacer los ayuntamientos "más sostenibles y eficaces", pero ha avisado de que la reforma del Ejecutivo lo que pretende es privatizar servicios.

Según ha criticado, el Gobierno ha abierto el debate sobre los gastos o el número de concejales, pero ha remarcado que muchos ediles de municipios españoles no cobran, por lo que le parece "una tropelía y una insensatez arremeter contra ellos". "Si no pactamos esta ley no es por eso, no nos asusta hablar de sueldos, sino porque estamos en total desacuerdo y porque hay una voluntad deliberada de privatizar servicios", ha señalado.

Rubalcaba ha defendido el pacto europeo alcanzado con el PP, lo cual, ha dicho, no impide al PSOE oponerse a leyes como la reforma local. "Con el mismo ejercicio de responsabilidad le tenemos que decir al Gobierno que esta es una ley mala. La administración local está siendo el primer lugar adonde acude la gente que lo está pasando muy mal y el Gobierno debería apoyarla", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz socialista en el Senado, Marcelino Iglesias, ha criticado también la reforma local, ya que tiene la "sensación de que lo que se quiere hacer es penalizar a los ayuntamientos".

No obstante, ha advertido al Gobierno de que a pesar de esta reforma, que ha calificado de "nefasta", los alcaldes "seguirán preocupándose igual por lo que les pase a los ciudadanos", esté o no en el ámbito de sus competencias.

¿Es lo mismo el "reformismo de alta intensidad" que pide José María Aznar que la "agenda reformista" o las "reformas estructurales" de las que habla Mariano Rajoy en sus actos públicos? Para los aznaristas, no. Para los fieles al presidente del Gobierno –la mayoría del PP– sí. 

Por tercera vez en menos de un mes, el expresidente del Gobierno se dejó ver este lunes en un acto público en Madrid. se dejó ver este lunes en un acto público en Madrid.En esta ocasión tocó el Club Siglo XXI, un foro en el que vertió un discurso de nueve folios de extensión con un argumento claro: las cinco recetas que, a su juicio, debe aplicar el "proyecto nacional que formuló el Partido Popular ante los españoles y en el que los votantes se reconocieron" cuando dieron la mayoría absoluta a Mariano Rajoy. Pese a que sonó a lectura de cartilla bastante clara a sus compañeros de partido, destacados cargos del PP y del Gobierno se han apresurado a quitarle hierro al asunto. Sostienen que, lejos de ponerles deberes, lo que su presidente de honor hizo en su intervención fue enumerar las medidas ya puestas en marcha o insistir en las reformas que vendrán y que figuran ya en los planes de Moncloa. 

"Son las reformas que el Gobierno ya ha puesto en marcha", dijo el ministro de Industria, José Manuel Soria, a la salida del acto. Una tesis compartida por el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, que 24 horas después, este martes, en declaraciones en el Congreso, aseguraba que "fundamentalmente" lo que afirmó Aznar fue "la necesidad de dar un impulso fuerte a las reformas en España". Es algo que a su juicio, "responde una reflexión compartida en el PP y en el Gobierno".

Este mismo martes, un día después de la conferencia, el presidente extremeño, José Antonio Monago, anunciaba una bajada del IRPF a los extremeños que ganan hasta 24.000 euros anuales. Es una iniciativa que va en la línea de las bajadas de impuestos, uno de los ejes del discurso del presidente de honor del PP. Y que, de paso, dispara contra uno de los mantras de Moncloa: bajadas de impuestos, sí. Pero no ahora. El compromiso es que en 2015 se anulará la subida del IRPF. Es decir, que lo de Monago es excepcional y levantará ampollas entre el restos de barones del PP, máxime ahora cuando los enfrentamientos a cuenta de la financiación autonómica tienen a la formación dividida en dos bloques.

¿Hasta qué punto es lo mismo lo que propone Aznar y lo que está haciendo el Gobierno? ¿Hasta qué punto entran en los planes de Rajoy las demandas del presidente de FAES? A continuación, se repasan los cinco puntos que demandó Aznar en su conferencia y la forma o grado en el que el PP lo aplica o pretende aplicarlo.

Discusión sobre la soberanía española

"Primero, dejar claro que no está abierta la discusión sobre la Nación española ni sobre su soberanía. Fijar como criterio trasversal de todas las políticas en fortalecimiento de la Nación y no para debilitarla. Defender un compromiso no es defender lo que a uno le gustaría que fueran las cosas. Es defender lo que se pactó. Quien rompe los pactos debe asumir que si se reconstruyen no será en los términos que dicte la minoría". Fue la primera observación de Aznar.

En el PP no existe ningún debate sobre la Nación española ni sobre su soberanía. El propio Aznar es muy consciente de ello. Pero en el contexto de sus palabras está el desafío soberanista de Cataluña, un tema que sí genera cierto debate en las filas conservadoras. Ha sido el tema de la financiación autonómica el que ha puesto sobre la mesa esta preocupación. Un sector de la formación considera que detrás de la apuesta del Ejecutivo por los objetivos de déficit diferenciados –el denominado déficit a la carta– está el interés de Rajoy de hacer "ciertas concesiones" a Artur Mas. En el Gobierno lo niegan, pero insisten en que van a tratar igual a todos los españoles, independientemente de quienes les gobiernen puesto que este asunto, el de la financiación, a quien afecta en último término es a los ciudadanos.

Reformas para "renovar y fortalecer el funcionamiento de nuestro sistema democrático y el respeto a la ley y al Estado de Derecho"

"En segundo lugar, renovar y fortalecer el funcionamiento de nuestro sistema democrático y el respeto a la ley y al Estado de Derecho. Hay una crisis política que exige soluciones y reformas políticas. Reformas incisivas, para reforzar y modernizar la democracia representativa, no para liquidarla", mantuvo el presidente de FAES.

Aznar pidió a Rajoy ir "mucho más allá del adelgazamiento del aparato público o el incremento de la eficacia administrativa", una materia sobre la que está el Gobierno. Pero también demandó que se trabaje en la línea de construir partidos "fuertes" que sean "el cauce de las reformas, no su dique de contención". Algunos de los presentes interpretaron que estas palabras tienen como contexto la reforma local, a la que los alcaldes del partido están poniendo varias pegas, y el tema de la financiación autonómica, que ha provocado que los barones se posicionen en dos bloques claros: a favor o en contra del déficit a la carta.

Entre las reformas que pidió en este apartado están también aquellas encaminadas a "asegurar el cumplimiento de la ley y la honradez en la gestión de lo público". Hasta la fecha, el Gobierno tiene en marcha cambios legislativos e iniciativas para la regeneración democrática y contra la corrupción a las que se comprometieron en campaña y en el programa. No pasa por alto que el caso Gürtel lleva años sacudiendo los cimientos del PP. Pero sobre el papel, todavía nada concreto.

Reforma fiscal

En su tercera receta, el expresidente del Gobierno mencionó la necesidad de varias reformas. A saber: reducir el tamaño de las administraciones públicas, aplicar la Constitución para evitar "la gravísima deslealtad de algunos" para con el Estado Autonómico, una reforma educativa y una reforma fiscal.

Aznar no dejó claro si demanda una reforma educativa porque no le gusta la que ha desarrollado José Ignacio Wert. Lo que sí volvió a dejar claro es que es partidario de la bajada de impuestos, como ya hizo en la polémica entrevista que concedió a Antena 3 en horario de máxima audiencia.

"Nuestro sistema fiscal no se adapta a la sociedad de hoy. Es necesario cambiarlo y ponerlo al servicio del empleo y del crecimiento, no al servicio de las Administraciones", dijo literalmente. Una exigencia que, a día de hoy, no pasa por la mente del presidente del Gobierno. El Ejecutivo, que ha subido los impuestos incumpliendo su programa electoral, no contempla reducciones impositivas en el horizonte más próximo. Su compromiso es bajar el IRPF en 2015, salvo que sea posible hacerlo antes.

Pensiones

Al final de su intervención, el presidente de FAES mantuvo que "es preciso renovar nuestro pacto social para adaptarlo a tres circunstancias que no se votan en las elecciones sino que son realidad lo queramos o no". Una de ellas es la de las pensiones: "Y la realidad de una demografía y una esperanza de vida que obligan a cambiar políticas y modelos para hacer sostenible el Estado de bienestar y garantizar la cohesión social, como están haciendo ya algunos de los principales países europeos", valoró.

A día de hoy, el Gobierno ultima una reforma de las pensiones para la que buscan el consenso del resto de partidos, de sindicatos y empresarios. Para ello, han encargado un informe a un grupo de expertos, que ya ha sido remitido al Congreso.

Los representantes del PSOE e IU en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se han levantado este martes de la Junta de Gobierno de la entidad por la negativa del PP a convocar una asamblea extraordinaria de alcaldes para debatir la reforma local. El PP ha respondido criticado a los socialistas: "El PSOE no acepta estar en minoría en las instituciones".

En un comunicado, remitido por la oficina de información del PP, el secretario ejecutivo de Politica Local del PP, Manuel Cobo, ha considerado que "cuando el Partido Socialista tiene mayoría y preside la FEMP, insulta a los votantes del PP; y cuando está en minoría, abandona la FEMP, rompe las reglas de juego y no acepta lo que los ciudadanos decidieron en las elecciones municipales de 2011”. Una alusión al momento en el que el socialista Pedro Castro, expresidente de la FEMP, se preguntó por qué existe tanto "tonto de los cojones que vota a la derecha".

El exvicealcalde de Madrid, una de las voces de la dirección del PP que lidera los trabajos para la reforma local,  ha lamentado que ésta "no sea la primera vez que los socialistas actúan así". En este sentido, ha recordado que ya lo hicieron en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, “intentado boicotear el resultado electoral, en contra del criterio de los ciudadanos”.

Dirigentes conservadores consultados por infoLibre aseguran que llevan semanas temiendo este plante, máxime cuando la dirección de los socialistas había roto hace meses las conversaciones con el PP a fin de pactar los asuntos más conflictivos de esta reforma.Información puntual

A juicio de Cobo, tanto la federación como su presidente, Íñigo de la Serna, han mostrado su voluntad de llegar a acuerdos y consensos, además de mantener puntualmente informados a los miembros del PSOE. "Mucho más de lo que hizo el PSOE cuando presidió la FEMP".

El comunicado, que tilda de "antidemocrática" la actitud del PSOE en la federación, concluye sosteniendo que el partido que preside Mariano Rajoy "sigue con la mano tendida" a los socialistas. "Porque por encima de malas actitudes, está la necesidad que tienen los ciudadanos de tener unos ayuntamientos y unas diputaciones más eficaces y que gestionen mejor los servicios públicos que ofrecen a los ciudadanos".

Hace una semana la reforma local recibió el visto bueno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), de ahí pasará al Consejo de Estado y, después, será aprobada por el Consejo de Ministros. Una vez pasado este trámite tendría que viajar a Congreso y Senado para su aprobación. Los planes del Ejecutivo es que esta reforma sea una realidad en diciembre. Los representantes del PP en la FEMP reconocen que la ley no les convence del todo, pero también reconocen que no pueden permitirse "el lujo" de abrir un nuevo frente en el PP después del "lío" que han montado los barores autonómicos a cuenta de la relajación de los objetivos de déficit.

A estas alturas, ya nadie duda de que la reforma de la Administración local diseñada por el Gobierno no gusta a prácticamente nadie. No suscita aprobación ni entre las filas del PP. Mucho menos gusta a la oposición. Y este martes escenografió esa negativa con un plante: durante la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los representantes de PSOE e IU se levantaron de la mesa y se marcharon en protesta por el borrador del Ejecutivo. 

Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo y vicepresidente primero del organismo, propuso durante la cita una asamblea extrardinaria de la FEMP, para que los 8.000 regidores españoles hablen y se pronuncien sobre el último texto de la reforma del Gobierno. Izquierda Unida y Convergència i Unió (CiU) secundaron la idea. El PP, que tiene mayoría y preside el organismo a través de Iñigo de la Serna, primer edil de Santander, dijo entonces que no, que no aceptaba. En ese momento, los representantes del PSOE y el de IU (Pepe Masa, alcalde de Rivas Vaciamadrid) se plantaron y abandonaron la reunión. "No lo habíamos pactado, lo improvisamos sobre la marcha", confesaba el regidor gallego. Algunos sectores del PP vieron hasta lógica la reacción de los socialistas. Entendían que bastante habían aguantado sus miembros en al FEMP, porque el negociador de la ejecutiva federal, Gaspar Zarrías, había paralizado las conversaciones en febrero, en cuanto la Moncloa mostró sus cartas. 

Caballero, en declaraciones a infoLibre, lamentó primero que el Ejecutivo les hubiera remitido el último texto ayer mismo, cuando el pasado 21 de mayo, en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) ni siquiera les facilitó un borrador. Después, entró a detallar el porqué del rechazo "frontal" al texto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro. "El proyecto es gravísimamente deficiente y radicalmente antimunicipalista. Mantiene el riesgo de intervención de los ayuntamientos pequeños a manos de las diputaciones provinciales [instituciones no democráticas], conducirá a la privatización y al empeoramiento de los servicios públicos, no define las competencias impropias, no da rango de institución a la FEMP, como siempre hemos pedido y, para colmo, educación pasa a las comunidades autónomas. En servicios sociales sigue pesando la espada de Damocles porque no sabemos qué pasará con ellos. Es un gravísimo retroceso, un ataque frontal a los ayuntamientos. Ni en nuestras peores pesadillas podíamos pensar un despropósito así". 

Misma opinión tuvo del asunto el alcalde de Rivas Vaciamadrid: “Esta reforma, si finalmente se lleva a efecto en los términos en los que se nos ha presentado hoy –denunció Masa en un comunicado–, se va a convertir en la mayor agresión que se ha perpetrado contra los ayuntamientos en toda la historia de la democracia. Aunque se trate distorsionar con mensajes que distraigan, lo que quiere hacer el Gobierno de Rajoy es retirar a los ayuntamientos las competencias delegadas en educación, sanidad y servicios sociales, sin que asegure a la ciudadanía que se vayan a seguir prestando. Y en muchos casos, el fin último es la privatización de servicios públicos muy valorados por la ciudadanía”.

Apoyo "total" de Ferraz

Los socialistas e IU seguirán pidiendo, mientras, la retirada del texto. Según Caballero, el PSOE no se plantea salir de la FEMP, pero sí deja la puerta abierta a abandonar la Junta de Gobierno. "Ya lo veremos, y ya veremos también si vamos a las siguientes reuniones de la dirección". Justo después del abandono, la ejecutiva federal del PSOE prestó "total apoyo" al gesto de sus alcaldes y a su petición de una asamblea extraordinaria. Así, Gaspar Zarrías, secretario de Ciudades y Política Municipal, lamentó en un comunicado que el organismo "haya dejado de ser el instrumento de defensa de las entidades locales, como ha sido durante toda su historia, para convertirse en una mera correa de transmisión de las decisiones del Gobierno, aunque estas vayan en contra de los ayuntamientos". Zarrías, en línea con Caballero y con lo repetido ayer por el responsable de Organización, Óscar López, denunció el "desmantelamiento" de los municipios querido por el PP, y "con ello, el de los servicios públicos que prestan a los ciudadanos". En el horizonte, la amenaza, ya anunciada por el PSOE, de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. 

Fuentes del PP señalaron que confían en que el PSOE vuelva a sentarse a la mesa porque la reforma de la Administración local seguirá su curso. Según las previsiones oficiales, llegará al Congreso antes de que acabe este periodo de sesiones y se pretende que concluya su tramitación antes de fin de año. La intención del Gobierno es que se introduzcan enmiendas –sobre todo en el Senado, donde hay varios alcaldes– para así probar que tiene ánimo de negociación, incluso con sus propios regidores.