Decenas de miles de alumnos de Bachillerato, aunque también procedentes de Formación Profesional y Artísticas, estrenan este martes una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que por primera vez evaluará no solo los conocimientos adquiridos sino también la madurez de los estudiantes. Los exámenes de la fase obligatoria y de la fase específica de la PAU empiezan este martes en casi todas las comunidades, salvo en Cataluña (que la PAU será el 11, 12 y 13 de junio), Canarias (4, 5, 6 y 7 de junio) y Valencia (afectados por la dana 1, 2 y 3 de julio) y durarán entre tres y cuatro días seguidos.

Lengua Castellana y Literatura II es la primera prueba a superar partir de las 9.30 horas de la mañana en muchas comunidades y será entonces cuando el alumnado pueda relajarse, una vez conocido el espacio, la organización y las normas. Los diecisiete distritos universitarios han enviado a los centros adscritos el dossier sobre la organización de la nueva PAU, en la que cada materia presentará un modelo único de ejercicio.

Después de cinco años con el 'modelo pandemia' en el que el alumnado tenía más opción para elegir e incluso podía descartar materia, el diseño de la nueva PAU se hace más exigente al incluir al menos un 20% de preguntas prácticas.

"La PAU no solo es una prueba de conocimientos sino también una prueba de madurez y responsabilidad", recuerda el Vicerrrectorado de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid al aconsejar contestar solo a lo que se pregunta y "no irse por las ramas". Lo importante es argumentar las respuestas y añadir ejemplos para dejarlo claro, inciden.

En Andalucía se presentarán 51.928 estudiantes a la PAU, y solo en Madrid 39.801 estudiantes; 12.588 acudirán a la Universidad Complutense, un 2,5% menos respecto al curso anterior y 9.847 alumnos realizarán las pruebas en la Autónoma. En la Universidad de Alcalá de Henares se examinarán 5.600 estudiantes.

En otras comunidades se han alcanzado cifras históricas de matriculados en la PAU, como es el caso de Castilla-La Mancha con un total de 9.551 estudiantes, que supera el récord de 2020. También en la Rioja, donde casi se rozan los 1.600 matriculados se ha superado el dato del año pasado mientras que en Asturias se examinarán 5.113 alumnos, en Baleares, 4.860, en Canarias, 5.369 o en Murcia, Extremadura y Cantabria, 7.774, 5.536 y 3.074, respectivamente.

Cada prueba durará 90 minutos y el alumno o alumna podrá llevar material adicional como calculadoras, diccionarios o Tipex.

Entre los cambios principales destaca la penalización máxima por faltas de ortografía, que será de 2 puntos de máximo para Lengua Castellana y Literatura II y lenguas cooficiales; 1,5 puntos máximo para el examen de lengua extranjera, y de 1 punto para el resto de materias.

Estos días se ha viralizado un emotivo discurso de graduación a la promoción 2025 de una universidad estadounidense, la de Maryland, declamado por la genial rana Gustavo, reportera dicharachera; Kermit para sus paisanas. 

Yo tuve el honor, casi el mismo día que la rana Gustavo, de leer unas palabras en nombre de las madres y padres del instituto al que asisten mis hijos, con motivo de la ceremonia de graduación de ciento veinte bachilleres, entre quienes estaba mi hija. 

Me gustaría hacerlas extensibles a los y las 300.000 bachilleres que estos días están en las angustiosas jornadas previas a ese hito vital que es la Selectividad, así que ahí van:

“Parecía que este momento no iba a llegar nunca. Pero todo llega, a su debido tiempo.  

La PAU ya la tenéis hecha. Es un trámite muy importante, pero que no os debe quitar el sueño a pesar de que sois un poco conejillos y conejillas de Indias por ser la primera promoción del Bachillerato con una nueva selectividad, más reflexiva y competencial, menos memorística, o al menos eso es lo que os han dicho y para lo que habéis estado entrenando non-stop todo este curso. Habéis trabajado una barbaridad y ya solo os queda poner la guinda al pastel y coger fuerzas para disfrutar del mejor verano de vuestras vidas. 

Son muchos los caminos que conducen a Roma. No os frustréis si la nota no llega a la primera; hay caminos alternativos para llegar a vuestro destino, que no está escrito. Es lo chulo y también lo difícil de poder elegir, o de tener que elegir: renunciar a unas cosas por elegir otras; lo que las economistas llamamos el “coste de oportunidad”. Hasta ahora habéis tenido pocas oportunidades para elegir, pero ya no.  

Tener 18 años os permite abrir muchas puertas que teníais cerradas. No tenéis que abrirlas todas a cholón por cumplir 18. No tengáis prisa. Poco a poco, con curiosidad y con cabeza. Pero tampoco tengáis pereza. 

Tener 18 es una gran responsabilidad. Es un poco como empezar a ir en bici sin ruedines o hacer acrobacias sin red. Sabréis que ya sois personas adultas. A nosotras, vuestras madres y padres, ya nos lo están recordando, por si no lo sabíamos, desde el banco hasta Google pasando por Instagram y todas esas aplicaciones que os hemos estado “controlando” en remoto y que ya no podemos controlar más. Ya sois, o pronto seréis los y las que estáis a punto de cumplir los 18, soberanos y soberanas de todos vuestros actos.     

Vuestro primer año en el instituto fue una mierda. Estoy convencida de que a quienes más les cortó el rollo vital la pandemia, especialmente durante el confinamiento, fuisteis los 07 y algún que otro 06. Fuisteis muy valientes y sufristeis mucho.   

Vuestro último año en el instituto también ha sido una mierda. O eso es lo que nos habéis estado diciendo cada día en los pocos ratos en los que os hemos visto el pelo, porque este año muchas os habéis mudado a vuestra biblioteca o sala de estudio de confianza, de las que os habéis dado cuenta de que necesitamos muchísimas más. Cuando dentro de unos años miréis hacia atrás añoraréis este año hoy infernal; veréis que no fue para tanto.

Vuestro primer año de lo que sea que estéis haciendo el curso que viene, que espero que sea lo que deseáis, va a ser espectacular. Ojalá podáis aprovechar al máximo lo maravilloso que es poder seguir estudiando, en la universidad o en un grado profesional, a ser posible, como siempre ha sido y como cada vez es más difícil por el abandono institucional a la que está sometida, en la pública. Y conocer gente nueva, tener otros planes, meteros en charcos y aprender a salir de ellos para meteros en el siguiente, compaginar asuntos, reivindicar y luchar por lo que os preocupa, descubrir todo lo que hay más allá del barrio, que es mucho e ilusionante. “Pensar y que sea. Hacer y que pase.” 

Hoy, el día que celebramos vuestra graduación, sois los y las protagonistas. Muy buenas gentes. Alumnos y alumnas geniales de un montón de profes a quienes quiero agradecer la profesión que han elegido, porque no está pagado todo lo que hacen y la enorme responsabilidad que les hemos trasladado. 

Como postdata de estas palabras, y gracias al muy buen consejo de mi amigo Dani, de mi insti, enmiendo un olvido: “Deberías recordarles una cosa: los amigos que se hacen en estos años son para siempre. Es la primera lección de instituto.”

¡Que la PAU sea leve y que tengáis mucha y muy buena suerte!”

_________________________________

Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

En 1987 el Comisario español Manuel Marín puso en marcha, por primera vez, el programa Erasmus. Al principio, tuvo algunas resistencias en varios países, y en algunos sectores. Sin embargo, casi 40 años después, el proyecto tiene una enorme vitalidad y está creciendo año a año, siendo uno de los factores que más están favoreciendo la integración europea. Erasmus fue el primer paso en la creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (2008) en donde, hasta ahora, América Latina y el Caribe están prácticamente fuera.

El día 30 y 31 de enero, tuve oportunidad de estar en la Universidad Nacional de Costa Rica, participando en el XII Seminario Preparatorio para la VI Cumbre del Foro Académico Permanente América Latina y el Caribe, donde nos reunimos un centenar de académicos, investigadores y autoridades universitarias de ambas regiones, Europa y América Latina y el Caribe, con objeto de impulsar un acuerdo de integración académica, como marco institucional para la creación de un espacio común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. 

Este proyecto fue iniciado hace 12 años por la comunidad académica, en una reunión que tuvimos en Santiago de Chile, a la vez que la I Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la Unión Europea, en 2012. Hay que recordar que la comunidad académica América Latina y el Caribe (ALC) – Unión Europea comprende a 50 millones de estudiantes de educación superior y a más de 3 millones de profesores. Es una masa crítica, intelectual común muy relevante, y un pilar académico estratégico para enfrentar los desafíos globales. Esto tiene que ser un factor de impulso de cara a la nueva cumbre UE- CELAC, a celebrar en Bogotá el próximo septiembre, que será a su vez la X Cumbre ALC-UE. 

El objetivo de esta iniciativa es desarrollar un espacio común de enseñanza superior, en donde exista una libre circulación de estudiantes y profesores, de la misma forma que existe en Europa desde 2008, como consecuencia de la iniciativa de la reunión de rectores de Bolonia diez años antes, cuando se crea el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Con su creación, las universidades europeas han dado un avance importante, incluso con la llegada de estudiantes de todos los continentes, incluida una reforma de los sistemas educativos de gran intensidad, como en España, donde inicialmente hubo una gran resistencia pero en la actualidad está en pleno funcionamiento después de más de 15 años y pocas discrepancias.

Los estudiantes latinoamericanos participan de forma creciente en el espacio universitario europeo, bien entendido, con experiencias aisladas o bilaterales con algunas universidades, pero no de forma completa, sino que únicamente se incorporan a algunos de los programas. Incluso el programa Erasmus+ reconoce importantes ayudas económicas para la participación de estudiantes latinoamericanos. Sin embargo, hasta ahora esto es lo que podríamos llamar un sistema de cooperación académica entre universidades. 

El objetivo de este proyecto es dar un paso más, en el que las universidades latinoamericanas, o al menos algunas de ellas en una primera fase, se incorporen en igualdad de condiciones al espacio universitario europeo, y que gocen de los mismos derechos y obligaciones que el resto de los universitarios europeos. Por ello, este espacio de libre circulación debe ser en las dos direcciones, no solo que los latinoamericanos vengan a Europa, sino que los europeos puedan estudiar en las universidades de América Latina y el Caribe.

Con este proyecto se trata de fundamentar la Asociación Estratégica entre la UE y América Latina, e incluso de reforzar la misma, que viene funcionando desde hace 25 años, pero que todavía no ha logrado auténticos resultados. Ahora, se está planteando la necesidad de transformar la Asociación en Alianza, para profundizar las relaciones y establecer un marco común, dado que Europa y ALC comparten los mismos valores, tienen en gran parte intereses comunes y, sobre todo, participan en una misma visión del mundo.

Es importante recordar que, actualmente, las dos regiones son las que tienen un proyecto político más cercano, precisamente porque buscan, de alguna manera, el establecimiento de una sociedad del bienestar, bien entendido que en ALC todavía está en ciernes en muchos de sus Estados, pero con el objetivo común de alcanzar una alternativa al capitalismo norteamericano o asiático. Se busca en ambos continentes un equilibrio entre mercado, sociedad y Estado, mientras que en Estados Unidos prima el mercado sobre la sociedad y el Estado.

La visión del mundo común entre ALC y Europa se descubre en muchos elementos. Entre ellos, una concepción similar de los derechos fundamentales, que ahora se materializa con, al menos, la aceptación en ALC de la moratoria sobre la pena de muerte, donde, en el caso de la UE, todos los países han renunciado a la misma, incluso constitucionalmente. En América Latina, durante los últimos años no se está aplicando. Hay que recordar que, en Estados Unidos, en China, en Japón y en algunos países del mundo árabe, se sigue aplicando. 

También es parte de la visión común su percepción sobre los efectos del cambio climático y, por ello, suscribieron prácticamente todos los países el Acuerdo del Clima de París de 2016. Por otro lado, la mayoría de los Estados latinoamericanos son parte del Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional. De igual forma lo son los países de la Unión Europea. Asimismo, comparten la necesidad del desarrollo durante los próximos años y, por eso, aceptan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que son impulsados por ambas regiones, entre otros muchos ejemplos.

Son muchas las similitudes que hay entre ALC y la UE, y no solo una historia y gran parte de cultura común; sobre todo, hay que resaltar que tienen un modelo social y político que se diferencia de forma clara de las otras regiones del mundo. Por lo tanto, el Foro Académico Permanente busca la consolidación de esa cercanía, a través de la creación de este Espacio Eurolatinoamericano de Enseñanza Superior, en donde el intercambio libre de estudiantes, entendemos, va a profundizar el acercamiento entre ambos modelos. No me he referido a España, pero es claro que el Estado y los estudiantes de las universidades españolas son los más beneficiados de esta puesta en marcha.

________________

Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

Más de 32.200 personas se presentarán este jueves a las pruebas para acceder a una de las 11.943 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) convocadas este año por el Ministerio de Sanidad, de las que 15.106 son aspirantes a ocupar una de las 9.007 reservadas para Medicina (MIR), según informa EFE. Del total de plazas, un 7% (836) están reservadas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y otras 927 al cupo de extracomunitarios.

Se trata de la convocatoria con mayor oferta de FSE de la historia y un 2,9% superior a la del año pasado; además de Medicina -de las que la mayor parte serán para Familiar y Comunitaria, con 2.508-, se han abierto 2.171 para Enfermería (EIR); 352 para Farmacia (FIR) y 274 para Psicología (PIR); 63 para Biología (BIR); 51 para Física y 25 para Química.

De los 33.240 solicitantes han sido admitidos finalmente 32.212, de los que el 74,32 % son mujeres. Por especialidades, la mayoría corresponden a Medicina (15.106), seguida de Enfermería (10.023); Psicología (3.847); Farmacia (1.483); Biología (1.154); Física (322) y Química (248).

La principal novedad de esta convocatoria es la eliminación de la nota de corte y, quizá, el regreso de la presencialidad en la elección de las plazas; Sanidad está "corriendo" para que quien prefiera esta vía a la telemática pueda decidir su futuro en persona la próxima primavera. Así lo avanzó esta semana la ministra y médica, Mónica García, que quiso transmitir sus mejores deseos a los aspirantes: “Mucho ánimo a todos los que se presentan este fin de semana al examen MIR, EIR, FIR, PIR, BIR y QIR. Se pasan nervios pero merece la pena".

Las pruebas se desarrollan en 28 localidades, al menos una por comunidad autónoma, y en 677 mesas de examen, más otras dos ubicadas en el Ministerio, gracias a la colaboración de más de 2.000 personas que ejercerán como delegados de centro, interventores y vocales en las mesas de examen o como integrantes de las siete comisiones calificadoras.

Tendrán lugar, en concreto, en Albacete, donde concurrirán 572 candidatos; Alicante (1.014); Badajoz (629); Barcelona (3.230); Bilbao (765); Cáceres (340); Cádiz (629); Ciudad Real (471); Girona (285); Granada (1.530); Las Palmas (601); León (281); Logroño (221); Madrid (5.879); Málaga (1.063); Murcia (1.895); Oviedo (1.811); Palma de Mallorca (458); Pamplona (559); Salamanca (613); Santander (303); Santiago de Compostela (1.301); Sevilla (1.870); Santa Cruz de Tenerife (621); Valencia (2.800); Valladolid (683); Vigo (549) y Zaragoza (1.239).

Como el pasado año, por motivos de seguridad y confidencialidad, a excepción de los aspirantes, no se podrá acceder a los edificios donde se va a celebrar la prueba.

Las puertas de las aulas se abrirán a las 15:00 horas para proceder al llamamiento e identificación de los candidatos; una hora después se desprecintarán los paquetes con los cuadernos del examen, que constan del cuestionario y una hoja de respuestas, ambos nominalizados.

Durante cuatro horas y media, los futuros especialistas deberán contestar, con bolígrafo azul o negro, las 210 preguntas tipo test de la prueba, para lo que deberán elegir una de las cuatro opciones posibles. Además, hay diez preguntas de reserva en caso de que se impugne alguna de las oficiales. Cada respuesta válida recibirá una valoración de tres puntos, se restará un punto por cada una de las respuestas incorrectas y se dejarán sin valorar las preguntas no contestadas.

Desde el llamamiento y hasta que no se acaben de recoger las hojas de respuestas no estará permitido el uso de móviles ni de otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación dentro del aula. Lo contrario acarreará la no corrección del ejercicio. Solamente se autorizará el uso de tapones para oídos de uso común de silicona o plástico y en ningún caso auriculares, sean alámbricos o inalámbricos. Si requiere el uso de audífonos, glucómetros o cualquier otro dispositivo médico, debe estar previamente autorizado por la Dirección General de Ordenación Profesional.

En la primera hora y últimos 30 minutos no podrán salir del aula salvo que sean autorizados por las personas responsables de la Mesa por motivos de urgencia. En este caso, el candidato será acompañado por el personal responsable y deberá entregar el cuadernillo, la hoja de respuesta y el documento de identificación, que recuperará al regresar al aula y ocupar su asiento.

Al acabar, no se entregarán los cuadernos de examen ni imágenes, que serán destruidos. Las distintas versiones de los mismos se publicarán en la web del Ministerio de Sanidad al cierre de la última mesa de examen, a partir de las 00:00 horas del domingo 26 de enero. Los aspirantes podrán consultar las respuestas correctas en la web el día 27, y en los tres días hábiles siguientes a su publicación podrán reclamar las mismas de manera electrónica, según las indicaciones que se establezcan.

Son muchos los alumnos que, debido a sus circunstancias personales y económicas, no pueden realizar estudios universitarios. Para que la desigualdad no sepulte su talento, la Fundación Dádoris otorga, desde 2018, premios a los estudiantes más vulnerables. En la última convocatoria, celebrada el pasado 22 de septiembre, se han destinado 380.000 euros a un total de 82 alumnos. De ellos, el 65% son mujeres y el 35% hombres, según ha explicado a infoLibre el encargado de comunicación, el periodista Aurelio Medel.

La demanda de las ayudas ha crecido a pasos agigantados: como recuerda Medel, el primer año sólo hubo cinco premiados. El aumento se debe a "los mecenas privados, los voluntarios y las empresas que aportan fondos". "Ven que esta labor es muy importante y tiene impacto en personas concretas", celebra Medel. Se refiere a jóvenes "tremendamente espabilados, muy trabajadores, con mucha determinación por estudiar y muy conscientes de que la educación es la vía para cambiar su destino", apostilla.

El perfil tipo de los estudiantes es variado, aunque todos cuentan con un denominador común: bajos ingresos. La mayoría procede de entornos rurales o barrios humildes y el origen es, al 50%, español y extranjero. Sin embargo, según detalla Medel, hay algunos especialmente vulnerables. "Un alto porcentaje proviene de familias desestructuradas", explica. "Dos vinieron a España en patera, otros dos proceden de casas de acogida…", enumera. A estos, además, "los padres no les pueden apoyar". Por eso, la entidad dispone de “un tutor para cualquier cosa que les pueda surgir”.

En cuanto a los requisitos para recibir el premio, además de la escasa renta, los jóvenes deben estudiar Bachillerato en España y tener una nota mínima en el expediente académico, una alta calificación necesaria "tanto para el que se presenta el primer curso como para el que ya ha entrado en la facultad y lleva varios años". Y es que la idea de la fundación es acompañar al estudiante durante toda su trayectoria universitaria.

Sin embargo, no se destina el mismo dinero a cada joven. "El tope es 9.000€ por curso, en función de sus necesidades", explica Medel. Por ejemplo, quien vive y se forma en la misma ciudad se ahorra el alojamiento, y requiere una cuantía menor que quien debe desplazarse.

Como las circunstancias pueden cambiar, cada año "se hace un análisis de la situación económica de la familia". "Si ya no reúne las condiciones, no se le daría el premio el curso siguiente", añade Medel. No es habitual, pero ha habido casos.

Las titulaciones escogidas por los premiados también son variadas. De los 82 de este curso, hay 19 diferentes. La favorita es Medicina, en la que se han matriculado once personas. Ingeniería es la segunda carrera más elegida, aunque apenas por las mujeres, que cada vez la escogen menos. "Es una pena", lamenta Medel, que tiene la esperanza de que las cifras "se recuperen". La medalla de bronce esta edición se la pone Derecho.

Estudiar en el extranjero es otra de las aspiraciones que suele tener el alumnado, al que se impulsa hacia el Erasmus. La idea es atractiva, pero algunos jóvenes la consideran un abuso de confianza y son reacios a aceptarla, según explica Medel: “Teníamos el caso de un estudiante de Química que quería ir a Portugal para que la fundación no gastara mucho. Al final se fue a Malta”. Gracias a eso está mejorando su inglés. Además, Dádoris facilita prácticas en empresas una vez que finalizan el grado, de modo que no se desvinculan de sus estudios. Dos de ellos, de hecho, terminaron el curso pasado y ahora están preparándose las oposiciones para juez y fiscal".

El proceso para optar a estos premios dura unos meses. En marzo la asociación hace la convocatoria y la manda a todos los institutos del país. Después, cada centro habla con los alumnos que reúnen las condiciones. Luego se les entrevista. Y, por último, se habla con su familia "para ver la situación en la que están y saber la ayuda que necesitan".

Uno de los propósitos de esta entidad sin ánimo de lucro es que los estudiantes que concluyen sus estudios se conviertan en un eslabón más de la cadena y formen parte de la fundación cuando puedan permitírselo. Para concienciarles de "la importancia de colaborar", les recomiendan dedicar un mínimo de 50 horas anuales a tareas sociales en la organización que prefieran.

Desde la Fundación Dádoris remarcan que no tienen "ningún tipo de vínculo, ni religioso, ni político, ni nada. Cero. La intención es ayudar". A sus ojos, el color de piel, la nacionalidad o las historias personales se guardan en un cajón. Lo único a considerar son sus méritos.

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que reconoce a los estudiantes el derecho al paro académico e impide a los colegios mayores adscritos a universidades públicas segregar por sexo, entra en vigor este miércoles 12 de abril, 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha informado Europa Press.

Entre las modificaciones de la nueva norma destaca el compromiso de gasto del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2030; incluye entre las funciones del claustro universitario "analizar y debatir temáticas de especial trascendencia"; o que una persona no funcionaria pueda ser rector de Universidad.

Precisamente, la norma señala que los candidatos a rector "deberán ser personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo y reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los Estatutos".

Asimismo, el texto inicial aprobado por el Gobierno fue modificado durante su tramitación parlamentaria en el Senado para establecer que, hasta que se produzca la adaptación de los Estatutos y se determinen por la universidad los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que deberán reunir los candidatos a rector, se les exigirá como mínimo estar en posesión de tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. Las universidades cuentan con un plazo máximo de dos años para adaptar sus Estatutos a la LOSU.

Respecto al paro académico, que podrá ser total o parcial, la ley establece que deberá respetar "el derecho a la educación del estudiantado". "Las universidades desarrollarán las condiciones para el ejercicio de dicho derecho y el procedimiento de declaración del paro académico, que será efectuada por el órgano de representación del estudiantado", precisa el documento, que también indica que, con la nueva Ley de Universidades, la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad como el Claustro o los Consejos de Facultad o Departamento alcanza en la LOSU un mínimo del 25%.

Además, establece que la figura de profesor Asociado aportará sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, limitando su docencia a un máximo de 120 horas lectivas; e incorpora la figura del profesorado Sustituto cuya finalidad es la de sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios, con el objetivo de evitar que las universidades se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del Asociado.

Otro de los principales puntos de la nueva ley se encuentra en lo relativo a la formación a lo largo de la vida, es decir, hacer que las universidades estén dirigidas a todas las edades, para dar respuesta a las necesidades competenciales en la edad adulta y por el cambio demográfico previsto en los próximos años.

También pone énfasis en los aspectos relativos a los retornos a la sociedad incorporando nuevos principios para las evaluaciones al profesorado; estas serán cualitativas y cuantitativas, tendrán en cuenta el acceso abierto de las publicaciones, el impacto territorial de las investigaciones, la pluralidad lingüística, la experiencia profesional, y las particularidades de cada disciplina académica. Además, y de cara a evitar dinámicas endogámicas, en todos los concursos públicos la universidad convocante estará en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo.

En lo relacionado con la gobernanza, plantea que la elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria se realizará mediante sufragio, y contará con cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social. El Claustro será el máximo órgano de representación y participación de la comunidad universitaria.

En materia de género, establece que para crear una universidad, pública o privada se deberán contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso. Por otra parte, las Unidades de Igualdad y las de Diversidad serán obligatorias y todos los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal serán paritarios. Además, en los concursos se podrán aplicar acciones positivas para contratar, en igualdad de condiciones de idoneidad, al sexo menor representado.

El Congreso de los Diputados incluyó que la nueva ley asegurará la inclusión del catalán, euskera y gallego en el programa Erasmus, así como otros programas de movilidad que cuenten con financiación pública y se ha incluido que las comunidades autónomas y las universidades "promoverán la presencia de universidades, estudiantes y las distintas instancias del Sistema Universitario Español en los órganos y foros de representación internacional universitaria".

Respecto al acceso a titulaciones de formación permanente y a lo largo de la vida, la LOSU incorporó que las personas que no posean ninguna titulación universitaria habilitante para acceder a las titulaciones de formación permanente y que puedan acreditar experiencia laboral o profesional con nivel competencial equivalente a la formación académica universitaria, podrán acceder a las enseñanzas universitarias de formación permanente mediante un procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional.

El texto también abre la puerta a que las universidades privadas sin ánimo de lucro puedan participar en programas públicos de fomento de la investigación. Así, señala que los programas de fomento de proyectos para la investigación, creación y transferencia e intercambio del conocimiento impulsados por las Administraciones Públicas "facilitarán la participación de las universidades de carácter social y sin ánimo de lucro declaradas de interés público".

La Cámara Alta también ha introducido cambios destacados en el texto, como un régimen transitorio en la convocatoria de plazas docentes y en los requisitos para los candidatos a rector.

Otro de los cambios destacados que se ha introducido en el Senado es que el Gobierno deberá presentar en el plazo de seis meses, en vez de un año que establecía el texto, desde la entrada en vigor de la norma, un proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador.

De este modo, la LOSU reduce a la mitad el plazo que tiene el Ejecutivo para aprobar el Estatuto del Personal Docente e Investigador tras la entrada en vigor de la norma, después de aprobarse en el Pleno de la Cámara Alta una enmienda a pesar del voto en contra del PSOE.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 21 de febrero una partida de 2.520 millones de euros para becas, que llegarán a un millón de alumnos, y un subsidio universal que tendrá un importe de 400 euros para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para que las familias puedan hacer frente a la subida de precios, según ha informado Europa Press.

La cuantía media de las becas se estima en 1.730 euros anuales para los estudiantes no universitarios y en 3.130 euros para los estudiantes universitarios.

Para crear esta ayuda universal a los estudiantes que sufran algún tipo de discapacidad, el Gobierno destinará 200 millones de euros, que beneficiarán a más de 240.000 alumnos para contribuir a contar con un sistema educativo más inclusivo.

El subsidio universal es compatible con la beca que cada estudiante pueda percibir en función de su situación económica familiar y las circunstancias personales de necesidad educativa especial.

Así lo refleja el real decreto por el que se establecen las cuantías de becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024, al que ha tenido acceso Europa Press, que justifica este subsidio universal por el hecho de que las familias con hijos que tienen estas necesidades asumen unos costes adicionales "muy significativos" para atender los requerimientos vitales de sus hijos, lo que, unido a las circunstancias económicas actuales, hace preciso un soporte extraordinario, que se sumará a las cuantías que ya figuran en la convocatoria, resultando un incremento adicional de las ayudas con este subsidio.

El objetivo con esta ayuda es garantizar la igualdad en el acceso a la educación y evitar cualquier obstáculo de naturaleza socioeconómica que dificulte o impida el ejercicio de dicho derecho fundamental. La norma respeta, asimismo, el principio de proporcionalidad, "puesto que no contiene restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios".

Asimismo, el real decreto establece un incremento en la cuantía de la beca de residencia en la convocatoria anual de becas de carácter general para estudios postobligatorios, que alcanzará un importe de 2.500 euros, frente a los 1.600 del curso anterior.

Este incremento está orientado a facilitar que los alumnos puedan continuar sus estudios en una localidad distinta de la propia, con especial incidencia en familias de entornos rurales, particularmente de la España Vacía, cuyos hijos tienen que desplazarse y residir en otras ciudades para poder cursar estudios postobligatorios.

Las cuantías de las becas al estudio de carácter general será de 1.700 euros la cuantía fija ligada a la renta del solicitante; de 2.500 euros la ligada a la residencia del solicitante durante el curso; de 300 euros la beca básica, que será de 350 euros en el caso de cursar ciclos formativos de Grado Básico; y la cuantía ligada a la excelencia en el rendimiento académico será de entre 50 euros y 125 euros.

Igualmente, el documento recoge una cuantía adicional de 442 euros para las personas beneficiarias de becas y ayudas al estudio con domicilio familiar en la España insular o en Ceuta o Melilla que se vean en la necesidad de utilizar transporte marítimo o aéreo para acceder al centro docente en el que cursen sus estudios desde su domicilio.

Esta cantidad adicional será de 623 euros para quienes tengan domicilio familiar en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma, Menorca, Ibiza y Formentera.

Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo recibirán el próximo curso hasta 862 euros de ayuda de enseñanza; hasta 617 euros de ayuda de transporte escolar; hasta 574 euros de ayuda de comedor escolar; hasta 1.795 euros de ayuda de residencia escolar; hasta 442 euros de ayuda para transporte de fin de semana; hasta 308 euros de ayudas para transporte urbano; hasta 204 euros de ayuda para material escolar; hasta 913 euros de ayuda para reeducación pedagógica; y hasta 913 euros de ayuda para reeducación del lenguaje, además de los 400 euros de subsidio universal para gastos adicionales de carácter general.

El precio de la primera matrícula de un curso de grado varía entre 518 euros y 1.361 euros, conforme el Análisis de la situación final, el curso 2022-2023, tras los acuerdos sobre precios públicos de matrícula universitaria presentado este miércoles por el Observatorio del Sistema Universitario, según informa Europa Press.

Precisamente, el informe revela que una misma carrera del ámbito de las Artes y Humanidades hoy cuesta más del doble en Cataluña que en Asturias y una de las carreras sanitarias más caras cuesta 1,8 veces más en La Rioja que en Andalucía.

El precio de la primera matrícula de un curso de máster habilitante para o vinculado al ejercicio de una profesión regulada en España varía entre 591 euros y 1.283 euros, mientras que un mismo máster habilitante como el de Formación del Profesorado de Secundaria cuesta más del doble en Navarra que en Galicia, y uno del ámbito de la Ingeniería cuesta 1,7 veces más en Navarra que en Andalucía.

El informe destaca que la "aplastante mayoría" de los másteres oficiales (90,1%) no habilitan para ni están vinculados al ejercicio de una profesión regulada en España y sus precios no han sido objeto de acuerdo alguno para su contención. Como resultado, un máster no habilitante puede llegar a costar más de cuatro veces y media más en Murcia que en Andalucía, y alcanzar los 2.818 euros por curso (sin incluir los másteres a precios diferenciados).

Además, los másteres oficiales a precios diferenciados, algunos de los cuales son incluso habilitantes, alcanzan los 13.500 euros por curso en primera matrícula.

El informe señala que todas las comunidades autónomas aplican coeficientes multiplicadores del precio de las segundas y posteriores matrículas, pero "lo hacen de forma muy desigual, no sólo en importes, sino también en criterios".

"Este castigo económico a la repetición de asignaturas, que es totalmente atípico en el conjunto del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, configura un panorama poco o nada consistente, en el que el estudiantado con pocos recursos puede verse atrapado en situaciones económicamente complicadas según el nivel de estudios y la comunidad autónoma y resulta un condicionante disuasorio a la hora de elegir los estudios a cursar", apunta la investigación.

Tampoco se han producido acuerdos sobre los precios del doctorado, que "han sufrido incrementos significativos y son tremendamente dispares entre comunidades autónomas", según subraya el estudio.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha vuelto a destacar, en un nuevo informe publicado este jueves, la alta tasa de repetición escolar en España (de hasta casi 7 puntos por encima de la OCDE y la UE en algunas etapas educativas), así como su alta tasa de desempleo entre adultos jóvenes sin estudios postobligatorios, unos 12 puntos por encima de la media de los países de la OCDE, ha informado Europa Press.

Según el informe, titulado Education at a Glance 2021, en el que el Ministerio de Educación y Formación Profesional participa en la elaboración del informe español con los datos más relevantes de España, en la primera etapa de secundaria (1º a 3º de la ESO), hubo un 8,7% de escolares repetidores en 2019, cuando la media OCDE es del 1,9% y la media de la UE del 2,2%. Y en segunda etapa de secundaria (4º ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y de Grado Medio), repitieron curso el 7,9% de los alumnos en España, frente al 3% de los países de la OCDE y del 3,3% en la UE.

Por otro lado, el informe señala que el porcentaje de población adulta española (25 a 64 años) con estudios postobligatorios ha subido 10 puntos porcentuales entre 2010 y 2020, hasta alcanzar el 62,9%. Y, por primera vez, el porcentaje de población adulta con estudios superiores, que sube del 31% en 2010 al 39,7% en 2020, supera al de la población con estudios básicos, que cae del 47,1% al 37,1%. En el mismo periodo, la proporción de adultos con estudios de secundaria superior ha pasado del 21,9% al 23,2%.

A pesar de esta evolución, España sigue teniendo una tasa de población con estudios básicos por encima de la media de los países de la OCDE (21%) y de la media de los países de la Unión Europea (17,1%) y un porcentaje de adultos con estudios de secundaria superior por debajo de la media de la OCDE (42,5%) y de la UE (46%).

Por otra parte, la tasa de graduación en secundaria postobligatoria –el porcentaje de población que se espera que se gradúe a lo largo de su vida en esa etapa–, crece 8,5 puntos porcentuales en los últimos seis años, hasta situarse en el 74,7%. Aun así, continúa por debajo de la media de la OCDE (80,3%) y de la UE (80,6%).

Escolarización infantil

Por otro lado, en Educación Infantil, España destaca por sus altas tasas de escolarización: el 39,6% de los niños de 0 a 3 años acude a un centro educativo, según datos de 2019, por encima de la media OCDE, del 24,9%, y de la UE, del 22,4%. En segundo ciclo de Infantil, la escolarización es casi completa, con un 97,3% de la población de 3 a 5 años inscrita en los centros escolares, 10 puntos por encima de la media OCDE (87%) y 6 por encima de la UE (90,9%).

En el capítulo de la financiación de la educación, el informe señala que la proporción de la riqueza nacional que se destina a instituciones educativas es significativa en todos los países de la OCDE y de la UE. En 2018, estos países destinaron una media del 4,9% y del 4,4% de su PIB, respectivamente, a educación, mientras que en España este porcentaje alcanzó el 4,3% del PIB.

En pandemia: España, uno de los países que menos días ha cerrado centros

Este año, el informe de la OCDE analiza de forma más detenida el impacto que la pandemia de covid-19 ha tenido en los sistemas educativos. Según el informe, España es uno de los países que menos días ha cerrado sus centros escolares: entre el 1 de enero de 2020 y el 20 de mayo de 2021, han cerrado por completo los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria un total de 45 días. En el resto de países de la OCDE, de media se cerraron los centros educativos entre 55 días (en el caso de los centros de Infantil) y 101 días (en el caso de los de secundaria superior) en ese periodo, variando en función de la etapa educativa.

España es también uno de los 16 países que han aprobado ayudas específicas dirigidas al alumnado con mayores necesidades y forma parte del 40% de países analizados que reforzó el número de profesores durante la pandemia, con la contratación de 30.000 docentes. También forma parte de la mayoría de países que han dado prioridad a la vacunación del profesorado.

Una consecuencia de la pandemia es el aumento del desempleo entre los adultos jóvenes, en particular entre los menos formados. Así, la tasa de desempleo en España entre los adultos de entre 25 y 34 años sin estudios de secundaria postobligatoria ha subido cuatro puntos en un año, hasta el 27,6% en 2020. En la media OCDE, esta misma cifra ha aumentado en dos puntos, hasta el 15,1%. Entre la población española de 25 a 34 años con estudios superiores, la tasa de desempleo se sitúa en 2020 en el 15,1%, 13 puntos por debajo de la de jóvenes con estudios básicos.

Uno de cada cuatro estudiantes elige una disciplina STEM

En cuanto a la educación terciaria (Universidades y Formación Profesional de Grado Superior), la tasa de acceso en España, del 63,7%, es la quinta más alta de la OCDE, por encima de la media OCDE (50,8%) y de la UE (50,1%). El 79,8% que finaliza un grado universitario en España lo hace en una institución pública, frente al 66,2% de los países OCDE y del 75,8% en la UE.

El 25% del alumnado de terciaria se inscribe en una disciplina STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en España, una cifra ligeramente inferior a la OCDE (27,4%) y la UE (28,2%).

Dentro de estas disciplinas, solo se logra paridad entre mujeres y hombres en las de ciencias naturales, matemáticas y estadística. Sin embargo, en otras como ingeniería, producción industrial o tecnologías de la información y la comunicación, menos de 1 de cada 4 estudiantes que inician estos estudios es mujer.

A mayor formación, mayor salario

Por otra parte, en España, los titulados en educación terciaria tienen de media sueldos un 45% más elevados que los que han completado la segunda etapa de secundaria. Los que no han completado este último nivel de educación cobran, de media, un 18% menos.

En cuanto a las diferencias por sexo, el salario de las mujeres es sistemáticamente inferior al de los hombres: estas cobran entre el 73% y el 80% de los salarios de los hombres con los mismos estudios en España (entre el 76% y el 78% en la media OCDE).

Por último, el número de estudiantes por docente en España está en niveles similares a las medias de los países de la OCDE y de la UE. En Primaria, España cuenta con 14 estudiantes por docente (frente a los 15 estudiantes de media en la OCDE y 13 de media en la UE); en primera etapa de Educación Secundaria son 12 por docente (13 en la OCDE y 11 en la UE); en segunda etapa de Educación Secundaria son 11 estudiantes por docente (13 en la OCDE y 12 en la UE); y en Formación Profesional Básica y de Grado Medio, la media baja a 8 estudiantes por docente en España.

La Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, arranca este martes en España. La primera comunidad que convocará a sus alumnos a las pruebas será Murcia este 1 de junio, mientras que los estudiantes de Andalucía, Ceuta y Melilla serán los que más tarde lo hagan.

La EBAU de este año se celebrará finalmente de manera presencial, a pesar de las medidas extraordinarias que puedan tomarse en el contexto de la pandemia. La orden que regula su organización este año establece la celebración de la EBAU para antes del 18 de junio en convocatoria ordinaria. Esto supone realizar los exámenes en las fechas habituales y no en fechas tan tardías como las del pasado año, según recoge Europa Press.

Los exámenes, a los que se presentan cada año más de 200.000 estudiantes en toda España, se realizaron en 2020 con medidas excepcionales para evitar contagios, como el uso de mascarillas o la multiplicación de sedes, incluyendo pabellones deportivos o recintos feriales, que facilitaron la distancia de seguridad de dos metros de distancia entre estudiantes.

También este año se tomarán este tipo de medidas. En Extremadura, por ejemplo, cada una de las 19 sedes en las que se celebrarán las pruebas contará con un responsable covid que actuará si se detecta alguna persona con síntomas compatibles con el covid-19 o cualquier otra enfermedad contagiosa. El protocolo fija una distancia mínima entre alumnos de 1,5 metros, no se podrá superar el 40% del aforo en las sedes, éstas contarán con vías de entrada y salida diferentes y se accederá a ellas de forma escalonada.

En Andalucía, la Universidad de Granada ha diseñado un plan de contingencia que contempla el uso obligatorio de mascarillas y gel hidroalcohólico, el aumento de las sedes donde se desarrollarán los exámenes y el control de acceso a las mismas.

Igualmente, los protocolos de protección en Asturias prevén la realización de las pruebas en grandes espacios, con baja ocupación, de manera que se respete siempre el metro y medio de seguridad. Se ha elaborado además un plan general y protocolos para cada una de las sedes que establecen las normas de acceso y permanencia durante los exámenes.

Distancia de seguridad, circuitos, acceso ordenado al aula, uso de mascarilla y multiplicación de sedes, serán las claves que regirán la Selectividad en Galicia, a través de un protocolo que plasma las medidas similares a las del pasado año.

La convocatoria de la EBAU en Cantabria se regirá, como la del año pasado, por un protocolo concebido para evitar los desplazamientos del alumnado y permitir que pueda hacer los exámenes cerca de los centros de referencia.

También en Baleares este año hay prevista una logística similar a la de 2020, tanto en las medidas sanitarias como en los tipos de espacio. Habrá más espacios habilitados para facilitar distancias, más profesores y coordinadores.

En Castilla-La Mancha, las medidas serán las mismas que las del año pasado. La página web de la UCLM ha puesto a disposición de los alumnos un plan de prevención y un vídeo. Por ejemplo, no podrán acceder al lugar de los exámenes los estudiantes que tengan síntomas o hayan estado en contacto con alguna persona positiva en coronavirus.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y desplazamientos masivos, la EBAU de La Rioja se desarrollará en tres localidades (Logroño, Haro y Calahorra). Además, será obligatorio mantener la distancia de al menos 1,5 metros y usar mascarilla, en todas las aulas se dispondrá de gel y se seguirán unas adecuadas pautas de ventilación, entre otras.

En Navarra, como el año anterior, se han establecido medidas de prevención e higiene. Por ello, no podrán acceder al centro personas con síntomas compatibles con covid-19, a quienes se les haya diagnosticado la enfermedad y no hayan finalizado el periodo de aislamiento o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria.

Tampoco podrán acceder al centro de examen en Castilla y León las personas con síntomas compatibles con covid-19, es necesario mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros, la limitación de contactos, la higiene de manos de forma frecuente y el uso de la mascarilla en todo momento.

En la Comunidad Valenciana, se han habilitado emplazamientos con mayor aforo para evitar aglomeraciones en el acceso y salida de los exámenes, uso de drones para controlarlas de forma aérea y el refuerzo del transporte.

Murcia, Navarra y La Rioja, los primeros

Según la recopilación de datos realizada por Europa Press, la comunidad que antes celebrará la EBAU en convocatoria ordinaria será Murcia, que lo hará entre el 1 y el 3 de junio. Le siguen Navarra y La Rioja (2, 3 y 4 de junio). Por el contrario, los alumnos andaluces, de Ceuta y de Melilla serán los que más tarde realizarán estos exámenes, en concreto, los días 15, 16 y 17 de junio. El resto de autonomías realizarán la EBAU en la semana del 7 al 13 de junio.

En Castilla-La Mancha, la EBAU se celebrará entre el 7 y el 9 de junio, mismas fechas que en Cantabria y Madrid, aunque en esta última región, las pruebas se alargarán a cuatro días (hasta el día 10).

Entre el 8 y el 10 de junio están llamados a examinarse los alumnos de la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco y Baleares. En Cataluña también se someterán a estas pruebas durante estos días, incluido el día 11.

En Castilla y León, la antigua Selectividad tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de junio, mientras que los estudiantes canarios tendrán cuatro días: el 9, 10, 11 y 12.

En todas las regiones la EBAU tendrá una duración de tres días, excepto Cataluña, Madrid y Canarias, donde las pruebas se extenderán cuatro jornadas.

EBAU extraordinaria en Julio excepto en Cataluña

Respecto a la convocatoria extraordinaria, las pruebas pueden celebrarse en julio o en septiembre, en ambos casos, antes del día 16 de ese mes. En esta ocasión, las fechas acordadas por las distintas consejerías educativas son más dispares, si bien casi todas han abogado por fijar la convocatoria en julio.

Sólo hay una región que celebrará la EBAU extraordinaria en septiembre, que es Cataluña, los días 7, 8 y 9 de septiembre. Hay tres que celebrarán la prueba en junio: Navarra (los días 23, 24 y 25 de junio), Castilla-La Mancha (29 y 30 de junio y 1 de julio) y Murcia (30 de junio, 1 y 2 de julio). Todas las pruebas durarán tres días en convocatoria extraordinaria.

La mayoría de comunidades celebrará estos exámenes en la semana del 5 al 11 de julio. En los días 5, 6 y 7 se examinarán los estudiantes de: Aragón, Cantabria y La Rioja; el 6, 7 y 8 lo harán los de: Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Asturias, País Vasco y Baleares; y el 7, 8 y 9 los de: Castilla y León y Canarias.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, los alumnos de Andalucía, Ceuta y Melilla serán los que más tarde hagan las pruebas extraordinarias: el 13, 14 y 15 de julio. Aunque a estas fechas se suma Galicia.

Preguntas a elegir y de tipo test

La orden ministerial contempla también, al igual que ya sucedió el año pasado por el covid-19, que sólo habrá "una única propuesta de examen con varias preguntas", pero los alumnos podrán elegir, dentro de un número determinado previamente por el órgano competente, qué preguntas contestar.

Sobre el tipo de preguntas que contendrán los exámenes, cada una de las pruebas constará de "preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez". Junto con ello, se podrán utilizar preguntas tipo test, "siempre que en cada una de las pruebas la puntuación asignada al total de preguntas abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50%".

Las mujeres universitarias en España tienen mejor nota media, tardan menos en completar sus estudios y son más numerosas que los hombres, según se desprende de las estadísticas del informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español 2018-2019, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, informa Europa Press.

El estudio correspondiente al curso 2017-2018, recogido por Europa Press, indica que un 54,8% del total de los estudiantes universitarios matriculados en dicho periodo son mujeres, siendo este porcentaje de 55,1% en Grado, de 54,8% en Máster y de 49,8% en Doctorado.

La investigación revela que estos porcentajes se incrementan cuando se trata de los estudiantes graduados del curso anterior (2016-2017) donde el 57,9% del total de esta población son mujeres, así como el 59,5% de los estudiantes de Grado y el 57% de estudiantes de Máster.

Los autores del informe apuntan que la distribución por sexo en las distintas ramas de enseñanza continúa siendo poco homogénea. En este sentido, destacan que diferencias más notables, tanto en los matriculados de 2017-2018 como en los graduados de 2016-2017 en estudios de Grado, se hallan el las ingenierías y los estudios relacionados con la salud.

En concreto, en la rama de Ingeniería y Arquitectura, un 75% de los matriculados y un 71,8% de los graduados son hombres. En el caso de las mujeres, estas cifras se encuentran en la rama de Ciencias de la Salud donde hay un 70% de mujeres matriculadas y un 70,4% graduadas del curso de 2016-2017.

En materia de duración media de los estudios de Grado, en los que tiene cuatro años de duración teórica, los universitarios hombres dedican 5 años de media y las mujeres 4,6 años; mientras que en los grados de cinco años de duración los hombres tardan una media de 5,7 años y las mujeres, 5,6 años.

La nota media del expediente de los graduados en estudios de Grado en el curso 2016-2017 es de 7,22, "con una diferencia pronunciada entre hombres y mujeres" con una nota media de 7,05 y 7,35, respectivamente, según los autores del estudio.

Estudios de Máster

Respecto a los estudios de Máster, las mujeres matriculadas en 2017-2018 suponen el 54,8% del total, un porcentaje que se eleva al 57% si se trata de alumnos graduados en el curso inmediatamente anterior. De nuevo, las mujeres suponen el 71,9% de los matriculados en másteres de Ciencias de la Salud y el 71,3% de los graduados.

En relación con la nota media del expediente académico de los estudiantes graduados de Máster en el curso 2016-2017, el estudio revela que fue de 8,22 para ellas, frente al 8,09 de ellos. Además, en los másteres de un año de duración teórica los hombres tardan de media 1,33 años y las mujeres 1,28 años, y en los de dos años de duración, los hombres 2,14 años y sus compañeras 2,09 años.

Por otro lado, en materia de Doctorados, el 49,8% de los matriculados en el curso 2017-2018 eran mujeres, siendo el 62,4% de Doctorados de Ciencias de la Salud; en 53,9%, en los de Artes y Humanidades; y el 50,2%, en los de Ciencias Sociales y Jurídicas. Además, el número de tesis doctorales leídas en 2016 por mujeres fue 10.104 de un total de 20.049.

Sobre los estudiantes internacionales salientes -aquellos alumnos matriculados en universidades españolas que salen fuera de España mediante un programa de movilidad-, el informe muestra que el porcentaje de mujeres entre estos estudiantes varía según el nivel de estudios, siendo del 57,6% para Grado y del 35,9% para Máster.

También en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) las mujeres continúan representando un porcentaje mayor que los hombres, y en la convocatoria de 2017 el total de mujeres presentadas a los exámenes fue de 149.300, lo que supone un 56,3% de mujeres frente a un 43,7% de hombres.

No obstante, el porcentaje de aprobados no varía en exceso atendiendo al sexo de los estudiantes, siendo un 87% el porcentaje de hombres aprobados con respecto a los presentados y un 87,2% el de mujeres aprobadas con respecto a las presentadas.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha respondido a la propuesta del candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, que ayer prometió crear una asignatura obligatoria dedicada a la Constitución si gobierna, afirmando que la Carta Magna ya se estudia en todos los institutos españoles, informa Europa Press.

"Me ha sorprendido profundamente porque esa materia ya existe, está en cuarto de la ESO, en Ciencias Sociales se estudia la Constitución", ha dicho la también portavoz del Gobierno tras participar en la entrega de los Premios a la Acción Magistral que ha acogido este martes la sede del banco BBVA en Madrid. Celaá también ha recordado que la Constitución se estudiaba en la asignatura Educación para la Ciudadanía "que retiró el PP" en 2013 con la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), y que si prospera tras las elecciones generales la reforma educativa que ha emprendido su Ministerio, también nutrirá los contenidos de la asignatura Valores Cívicos y Democráticos.

La ministra de Educación ha reclamado a Ciudadanos, pero también al Partido Popular y Vox, que "respeten la Constitución con todos sus títulos, incluido el octavo que consagra el estado autonómico", aludiendo a una de las medidas del PP incluidas en su programa electoral, la que promete una prueba de selectividad para el acceso a la universidad "única" para toda España. "No sé por qué tanto el PP, Cs y Vox empiezan a defender la Constitución de la que retiran el título octavo que supone un respeto al estado de las autonomías y a las competencias autonómicas. La inmensa mayoría del sistema educativo español es común hasta en un 60%, y el resto es específico de las comunidades autónomas", ha expuesto Celaá.

Según Celaá, propuestas electorales como una selectividad única "requeriría una modificación constitucional" para "recentralizar el Estado" que, en su opinión, es el "objetivo que se proponen" tanto PP como Cs y Vox. Además, la titular de Educación ha criticado otra propuesta incluida en el programa del PP para las elecciones generales del próximo 28 de abril, como otorgar las becas a estudiantes atendiendo a su "esfuerzo" tanto como a su situación socioeconómica. "¿Qué significa eso? –se ha preguntado la misnistra– ¿Que no vamos a considerar las necesidades económicas de las familias? Ni hablar", ha sentenciado.

El Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha aprobado su plan de reordenación docente, que implica no ofrecer nueva matriculación en primer curso en seis titulaciones (Administración de Empresas, Derecho, Turismo, Relaciones Laborales, Trabajo Social y Economía) en el campus de Aranjuez. La universidad asegura que todos los alumnos que ya han empezado su Grado en el campus de Aranjuez "lo terminarán allí con todas las garantías y en las condiciones en las que se matricularon". En ese sentido, fuentes universitarias recalcan a Europa Press que habrá docencia garantizada para el caso de estudiantes que repitan asignaturas.

La celebración del Consejo de Gobierno ha arrancado con polémica, dado que medio millar de estudiantes ha impedido la entrada al Consejo de Gobierno a varios de sus miembros, mientras que el gerente de la Universidad, Luis Mediero, y un representante de los profesores han acudido a dialogar con ellos para que permitan que se celebre "de forma democrática". Desde la asociación Res Pública han elevado al cifra de participantes a 700 estudiantes bloqueando las puertas del Rectorado, en el campus de Móstoles, en señal de protesta con la medida.

Por su parte, alumnos críticos con la medida van a tratar de impugnar los acuerdos del Consejo de Gobierno, al entender que se ha adoptado sin la presencia de muchos consejeros de este órgano. Frente a ello, desde la URJC han remarcado que la reunión, pese al retraso, se ha iniciado con el 'cuórum' suficiente de sus integrantes. El Consejo de Estudiantes de la URJC convocó cinco días de huelga para exigir la paralización de este plan de reordenación docente y reclamar una negociación para desplegar una reorganización de titulaciones a medio plazo. Ayer se realizó un encierro previo como pedida de protesta en la sede del Rectorado, en el que participaron 500 estudiantes.

En señal de rechazo a la medida, los cuatro representantes del Consejo de Estudiantes no han participado en este órgano y ahora asociaciones críticas analizarán la posibilidad de convocar nuevas protestas. Un centenar de alumnos siguen por la tarde concentrados en las instalaciones. Por su parte, la URJC detalla que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la oferta académica para el próximo curso que ofrece para los alumnos de primer curso más de 9.000 plazas repartidas en los cincos campus con los que cuenta repartidos por toda la Comunidad de Madrid (Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles).

La URJC asegura que "seguirá apostando por las nuevas tecnologías en la oferta académica para el nuevo curso" que se refleja en grados como Ciberseguridad, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Robótica software o Ingeniería Biomédica, que cuenta con unas notas de corte "muy altas". En un comunicado, la revisión y aprobación de la oferta académica se realiza anualmente en todas las universidades públicas. Aparte, la universidad asegura que este año por primera vez en la URJC se ha abierto un "proceso participativo" para diseñar la mejor oferta académica dirigida a los nuevos alumnos.

"La URJC busca tener una oferta académica racional y consistente de acuerdo con los recursos humanos y materiales con los que cuenta. En esa línea, la universidad mantendrá todos sus grados y reordenará seis titulaciones del campus de Aranjuez (Administración de Empresas, Derecho, Turismo, Relaciones Laborales, Trabajo Social y Economía) que tienen una demanda inferior al resto de campus donde ya se ofrecen", apostilla la institución.

Un centenar de estudiantes ha ocupado este martes el Rectorado de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), cuando se cumplen cinco años de la misma protesta llevada a cabo por 27 personas —alumnos y docentes— para reclamar la rebaja de las tasas universitarias.

Así lo han detallado fuentes de la Coordinadora de Asambleas de Facultad (CAF) de la UAB a Europa Press, determinando que se trata de una protesta que durará 27 horas y que es un acto "simbólico", al ser el mismo número de horas que de personas investigadas por la ocupación del rectorado en 2013, una protesta por la que Fiscalía pide de 11 a 14 años de prisión, 9.500 euros de multa por persona y 14.000 de responsabilidad civil.

Se trata del primer acto estudiantil de protesta en el marco de la huelga convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) para el próximo 26 de abril y que el Sepc-UAB ampliará a dos jornadas, los días 25 y 26.

La Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado (FUE) está "estudiando" la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes para que se investiguen posibles delitos de falsedad documental y cohecho en el caso de las notas del máster que cursó la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que este departamento de la FUE estudia desde hace días el asunto, si bien han insistido en que aún no se ha pronunciado sobre si se archivara o se investigará los hechos denunciados. Las mismas fuentes han indicado que la Secretaría Técnica suele estudiar asuntos de "gran calado" o "relevancia política".

Estos colectivos señalan como responsables de los delitos citados a la funcionaría que habría modificado las notas, a la propia presidenta regional, al director del máster y a los miembros del Tribunal que calificaron el Trabajo de Fin de máster.

Precisamente, las profesoras miembros de este tribunal declararán a lo largo de la mañana en el marco del expediente informativo abierto por la Universidad y que investiga las presuntas irregularidades. Lo hacen el mismo día que el diario digital El Confidencial ha publicado que tal tribunal no existió.

La Fiscalía se encarga de estudiar la documentación adjuntada por los colectivos de estudiantes en su escrito para decidir si se admite a trámite o no al tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha presentado su querella contra los dos periodistas de eldiario.es, responsables de las informaciones del máster. También anunció ayer que había solicitado un acto de conciliación previo a la presentación de una segunda querella por los delitos que afectan a su honor.

En el escrito de los estudiantes, presentado el pasado 22 de marzo, se solicita al Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que se cite a declarar "en condición de investigada" a Cifuentes y que se adjunte una copia certificada del registro de accesos al expediente académico de la presidenta regional.

A su vez, se reclama al Ministerio Público que se le pidan los correos electrónicos, las comunicaciones con su tutor del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y las anotaciones y evaluaciones a la confección del mismo, así como copia o documentos de haber depositado el citado TFM "en tiempo y forma correspondiente al curso académico 2011/12".

También reclama que se tome testimonio a la funcionaria que modificó el expediente académico, al tutor del trabajo del máster de Cifuentes, así como a la persona designada por el servicio informático de la URJC que volcó la información y las actas de evaluación, así como la emisión de los certificados de los másteres que ofrece la mencionada universidad.

Otra testifical que recoge este escrito de denuncia es que comparezca el personal designado por el Instituto de Derecho Público de la URJC al objeto de aportar documentación que pudiera obrar por la institución respecto al nombramiento del tribunal para evaluar el TFM de este máster en el curso 2011-12.

A su vez, se insta a solicitar la copia de la agenda y libros de visita en Delegación de Gobierno y de la Comunidad de Madrid correspondiente a las fechas de realización de la comisión evaluadora y los correos del director del máster, a fin de cotejar la "verosimilitud" de las explicaciones de Cifuentes al respecto.

Los consejos y delegaciones de estudiantes de las seis universidades públicas de Madrid han reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que aporte más documentación sobre su polémico máster, al entender que la presentada hasta ahora es "dudosa", y reclaman su dimisión en caso de no hacerlo.

Así lo han señalado en un comunicado conjunto los representantes de estos órganos de representación del alumnado de la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III y la Universidad Autónoma de Madrid.

Por otro lado, solicitan a la presidenta regional que acuda al pleno del Consejo Interuniversitario de Estudiantes de la Comunidad de Madrid (CIECM) para que "dé explicaciones y rinda cuentas con los propios representantes de los estudiantes".

También reclaman una "rápida resolución" por parte de los observadores externos designados por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) que "clarifique" lo sucedido, así como que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte "intervenga de forma inmediata para esclarecer esta situación".

Los consejos y delegaciones de estudiantes de las universidades públicas madrileñas aseguran que la comparecencia de Cifuentes ayer en el Pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid "no ha aportado explicaciones que aclaren esta situación, agravándose, y desvirtuado la calidad e imagen de los estudios cursados por los estudiantes de la URJC".

Además, entiende que esta situación "daña la imagen de las universidades públicas en general, dando la sensación de que el funcionamiento de las mismas es poco transparente y cuestionable".

"Nada más lejos de la realidad, ya que las universidades cuentan con metodologías de funcionamiento y sistemas de control y supervisión que velan por la corrección de las mismas", subrayan los colectivos estudiantiles.

Por ello, quieren remarcar la "integridad y calidad de los estudios impartidos" por las universidades públicas, así como que "este caso no muestra el normal funcionamiento de las mismas".

España es la campeona del empleo temporal en Europa, con una tasa –27,3% en el sector privado, según la última Encuesta de Población Activa (EPA)– que sólo bate Polonia. Un pecado laboral que también cometen las administraciones públicas, con una tasa que a diciembre de 2017 alcanzaba el 24,1% y se eleva aún más entre profesores y personal sanitario. Tampoco se libran las universidades.

En la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) el 20% de su profesorado es personal temporal: profesores ayudantes, ayudantes doctores y asociados. En total, 288 docentes de un total de 1.398, según consta en su portal de transparencia, contados en 2016. Los profesores ayudantes son estudiantes de doctorado que “colaboran en tareas docentes de índole práctica” para “completar su formación”, tal y como establece la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que limita a 60 horas al año las clases que pueden impartir. Su contrato no puede extenderse durante más de cinco años. Los profesores ayudantes doctores, como indica su nombre, ya han conseguido su doctorado, su contrato tampoco puede superar los cinco años y el número de sus horas de docencia no debe superar las 240 anuales. Los profesores asociados son contratados por su actividad profesional reconocida fuera del ámbito académico.

En la UNED trabajan actualmente una decena de ayudantes y un centenar de ayudantes doctores, explica el vicerrector adjunto de Profesorado, Miguel Miguens Vázquez. Y muchos de ellos se quejan de que sobrepasan con creces las horas de docencia legales. En la universidad a distancia resulta difícil medir la carga docente de los profesores puesto que no existen clases presenciales. En cambio, sí atienden a los estudiantes a través del teléfono, el correo electrónico o en foros, preparan materiales didácticos, y diseñan y corrigen exámenes, aunque no fichan como el resto de los profesores en las universidades al uso.

Con los recortes del gasto público impuestos con la crisis, la UNED –la única universidad que depende del Ministerio de Educación, no de las comunidades autónomas como el resto de las públicas– ha perdido 90 profesores desde 2012, de acuerdo con las cifras publicadas en su portal de transparencia. “En algunas facultades, hasta un tercio de su plantilla docente”, apunta el presidente del comité de empresa, Agustín Caminero Herráez. De forma que un número cada vez menor de profesores han tenido que atender una cartera de asignaturas, grados y másteres, que, sin embargo, ha seguido creciendo. “La sobrecarga docente es un hecho”, sentencia Agustín Caminero quien, no obstante, precisa que la sufren “todas las categorías de profesores”, no sólo los temporales. Aun así deja claro que esa sobrecarga es “superior” para los ayudantes –él mismo es ayudante doctor– que para otros profesores. “El comité de empresa ha tenido que dar toques de atención al rectorado por este motivo”, asegura.

Los profesores de estas dos categorías temporales con los que ha hablado infoLibre coinciden en que sobrepasan ampliamente las horas legales de docencia y que se sobrecarga a los niveles inferiores de los departamentos en lo que alguno de ellos llega a calificar de “dinámica perversa”. Los profesores ayudantes, explica el presidente del comité de empresa, son los que sobre el papel menos horas de docencia tienen y, por tanto, son “los más sobrecargables”. Pese a que, en teoría, sus contratos son de formación; es decir, se supone que están “aprendiendo a enseñar”. En realidad, protestan, cubren necesidades docentes estructurales durante años.

El motivo no estriba sólo en la falta de profesores de los últimos años, sino en el reparto que se hace de esa carga en los departamentos que, según denuncian los temporales, no es equitativa. La docencia se distribuye según la categoría académica, la antigüedad y la especialización de los profesores. Por tanto, catedráticos y titulares son los primeros en elegir asignaturas y cursos.

La sobrecarga tiene un segundo efecto. “Si estás hasta arriba de docencia, no puedes investigar”, lamenta un profesor ayudante consultado por este periódico. Como la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), la fundación encargada de evaluar a los profesores, puntúa el doble la investigación y las publicaciones que la docencia, a la hora de acreditarlos para que puedan promocionar a las categorías superiores los sobrecargados con horas de clase resultan perjudicados.

No mide las horas reales

En cualquier caso, hasta febrero de 2013, la UNED certificaba a sus profesores las horas reales que dedicaban a la docencia. Pero en febrero de ese año, y fruto de los toques de atención dados por la Aneca, la universidad publicó una directriz que cambiaba el sistema para medir y certificar la carga docente. “La Aneca no aceptaba la acreditación de más horas que las legales”, reconoce el vicerrector adjunto. La agencia también les pidió que unificaran los certificados que cada decanato elaboraba “a su manera”, añade, “había un problema de formato”. La directriz “no fue aprobada por el consejo de gobierno” de la UNED, admite igualmente Miguel Miguens. Aunque apunta que “quizá tampoco era necesario que lo hiciera” al tratarse de una “recomendación que no es de obligado cumplimiento”. El vicerrector aclara que la decisión, en todo caso, la tomó “otro equipo de gobierno” distinto del actual, “hace dos mandatos”.

Preguntada por infoLibre, la Aneca se limita a señalar que no exige nada a las universidades sobre las horas de docencia y que debe respetar siempre la autonomía universitaria. “Nuestro papel es meramente técnico”, responde un portavoz de la agencia, “no entramos en cómo gestionan su personal las universidades”.

El nuevo sistema se basa en una fórmula matemática, un algoritmo, que sirve no sólo para medir el número de horas de docencia sino que las pondera con el número de alumnos o el tipo de exámenes. Así, apunta el vicerrector adjunto, “quien aparece como más cargado no hace necesariamente más horas”. Pero lo cierto es que, según establece la propia directriz en un “anexo inseparable”, para quienes “superen el volumen de actividad docente correspondiente a su categoría y dedicación, los servicios administrativos de la UNED certifican el máximo legal correspondiente”. Ni una hora más, por tanto, aunque se haya trabajado.

Negociando el cambio de sistema

Los profesores consultados no dudan en asegurar que la UNED “falsea la carga docente”. Y que ese sistema supone un “agravio comparativo” porque certifica el mismo número de horas –que deben presentar luego a la Aneca si quieren ascender de categoría– a un profesor que haya hecho el máximo legal que a otro que las haya duplicado. La denuncia no es nueva. Ya en mayo de 2013, cuando ya se había implantado el nuevo sistema y antes de las elecciones que ganó Alejandro Tiana –el actual rector tras repetir victoria el año pasado–, un grupo de profesores temporales redactó un manifiesto en el que reclamaban que se respetasen “las normas relativas a la carga docente en cada uno de los niveles y, si ésta excede, como sucede en la mayor parte de los casos, que se certifique de cara a la Aneca”. Uno de los profesores firmantes era el propio Miguel Vivens, entonces ayudante doctor.

“Nadie puede decir que se le obliga a hacer más horas de las que les corresponden”, sostiene ahora Vivens Vázquez. Pero también indica que “cuando se ha detectado el problema”, ha intentado “corregirlo” comunicando a los decanatos y los departamentos “que no pueden hacer más horas que las legales”. “Tampoco podemos intervenir en la autonomía de los departamentos”, advierte.

“Hace dos semanas nos reunimos con los profesores temporales y no nos pareció tan grave el problema”, apunta Miguel Miguens. Aunque avanza que el equipo de gobierno de la universidad lleva tiempo negociando con el comité de empresa y la junta de personal un cambio en el sistema que mide y certifica la carga docente, “para que sea más realista y se parezca más a lo que pueden ser las horas reales”.

Agustín Caminero dice que el comité de empresa lleva tiempo solicitando el cambio de la fórmula para que “mida correctamente” la carga docente y “refleje de manera correcta el trabajo que hacen los profesores”. “La forma en que se computa la docencia en la UNED es bastante difusa”, razona, “y te perjudica que no midan las horas que realmente haces”. La nueva fórmula, además, deberá incluir ahora la actividad investigadora. El vicerrector adjunto confía en que el nuevo sistema pueda aplicarse el próximo curso.

Ayudante acreditado para catedrático

Los profesores con los que ha hablado infoLibre –que han pedido el anonimato: “Somos los precarios de la universidad”– lamentan que esos cambios no se hayan decidido “mucho antes”. Y destacan que el resultado de la falta de incentivos y de promoción haya sido “el desgaste del profesorado” y “la fuga de talento”. Miguel Vivens, por su parte, subraya que su principal interés es precisamente “no perder profesores, sino que se acrediten y puedan promocionar”. A pesar del maquillaje al que la UNED somete a la sobrecarga docente de sus profesores, muchos de los situados en esas categorías inferiores han conseguido su acreditación para ascender. Sin embargo, la falta de reposición de los profesores que se han ido jubilando durante la crisis ha impedido que promocionen a los niveles superiores. Así, en julio de 2016, la UNED tenía a casi un centenar de profesores ayudantes y ayudantes doctores “sobreacreditados”: habían acumulado méritos suficientes para ascender a profesor contratado doctor, a profesor titular –26 de ellos– e incluso uno de ellos a catedrático. Algunos han sido reconocidos como interinos, una figura creada a golpe de sentencia judicial, tras superar los ocho o 10 años de contratos temporales que fija la ley como máximo para las dos categorías inferiores de profesores. El ayudante doctor que tenía acreditados méritos para promocionar a catedrático, el profesor de Historia Antigua, escritor y traductor David Hernández de la Fuente, abandonó la UNED por el departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense el pasado curso.

Miguel Vivens asegura que el problema de los profesores sobreacreditados desaparecerá con la cincuentena de plazas que saldrán a concurso este año, una vez respuesta al 100% la tasa de reposición.

El abuso del empleo temporal no es privativo de la UNED sino que, como reconoció el Tribunal Supremo en una sentencia dictada en junio de 2017, muchas universidades utilizan los contratos eventuales para cubrir necesidades “de carácter estructural y ordinario”, lo que constituye un fraude de ley. Agustín Caminero denuncia la pérdida de “calidad laboral” que han sufrido los profesores temporales, no sólo por el aumento de la carga de trabajo, sino también porque sus posibilidades de promoción “se han visto limitadas al máximo” durante los últimos años. “Depender del ministerio siempre ha sido negativo para nosotros”, reprocha, “porque los recortes destinados a los funcionarios se nos han aplicado a nosotros también”. Un profesor ayudante cobra unos 1.100 euros netos al mes, un ayudante doctor llega a 1.450 euros, un contratado doctor percibe unos 1.800 y un titular alcanza los 2.000. Los catedráticos, hasta 3.000 euros mensuales.

El Gobierno ha reclamado el importe de sus becas a un total de 121.669 alumnos españoles entre los cursos 2012/13 y el 2015/16, al considerar que no cumplían finalmente con los requisitos necesarios para su concesión, según ha informado el propio ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se precisa el número de reclamaciones realizadas por curso, tanto universitarias como no universitarias, destacando la cifra de solicitudes de devolución registrada en el curso 2012/13, en el que se contabilizaron 39.183. Esta cifra ha ido reduciéndose en los siguientes cursos. Así, en el 2013/14 se contabilizaron 31.091, en el 2014/15 unas 26.841 reclamaciones, mientras que en el 2015/2016 se registraron 24.564.

El Gobierno, que asegura que aún no hay datos del curso académico pasado, también facilita el número de becas recuperadas de forma voluntaria por parte de los alumnos y que sumaron 66.631 en los cuatro cursos escolares.

Para Heredia, estos datos demuestran que, con la reforma que se hizo en el año 2012 sobre esta materia, se ha puesto "más difícil a los alumnos continuar sus estudios" y denuncia que, cada vez son más causas las que desembocan en un expediente de devolución, como puede ser no aprobar el 50% de las asignaturas matriculadas (el 60 por ciento en algunas titulaciones) o no certificar que se ha asistido al 80 por ciento de las clases, en algunos casos.

Familias sin recursos

"Antes de la reforma del Gobierno del PP, el número total de expedientes de devolución no alcanzaba los 10.000 al año. En el primer curso de implantación de esa reforma, el 2012/13, los afectados se incrementaron hasta casi 40.000. Desde entonces, en ningún curso se ha bajado de un mínimo de 20.000 expedientes de devolución de la beca", insiste el diputado.

Por todo ello, el parlamentario socialista va a plantear una batería de iniciativas, para que el Gobierno aclare qué medidas piensa a adoptar para que sean devueltas las 55.038 becas restantes, porque, según denuncia, hay muchas familias cuya situación económica sigue siendo muy dura y tendrán serias dificultades para poder devolver una beca de hace cinco cursos.

La "situación de desesperación" de los jóvenes que pidieron entre los años 2008 y 2010 un Préstamo Renta Universidad ICO para realizar estudios de máster que ahora no pueden pagar por estar en paro o tener trabajos precarios llega este miércoles al Congreso de los Diputados. La Comisión de Educación debate una iniciativa de Unidos Podemos [consultar, aquí] por la que se insta al Gobierno a buscar una solución política a este problema y a abrir un "canal de comunicación" con los afectados.

En concreto, la formación morada y sus confluencias piden en su Proposición No de Ley (PNL) que sólo se les obligue a devolver estos créditos si ganan 22.000 euros al año y que las deudas se extingan a los 15 años. En la práctica, eso supone que las condiciones de devolución se asemejen a las de la convocatoria de 2007. Ese año, cuando el entonces Gobierno del PSOE puso en marcha este programa para que los licenciados con menos recursos pudieran seguir con su formación, sus condiciones eran realmente ventajosas.

En esta convocatoria se establecía que los deudores empezaran a devolver sus créditos a los tres años de haber acabado los estudios o prorrogar la amortización sin intereses hasta 15 años si no ganaban más de 22.000 euros al año. Pasado ese tiempo si tenían un sueldo inferior a esa cantidad el crédito se cancelaba y el Estado quedaba como avalista. Sin embargo, las condiciones se fueron endureciendo progresivamente en las siguientes convocatorias. 

En la última, la de 2010, el interés cero se cambió por un tipo fijo cotizado por el ICO quincenalmente, que ha llegado a ser del 5,4%, tal y como se recoge en la PNL presentada por Unidos Podemos. De hecho, esta última convocatoria es la que cuenta con más afectados. Además, en 2008 ya se había eliminado el mínimo de salario bruto que tendrían que cobrar los estudiantes para tener la obligación de pagar lo prestado. Es decir, los estudiantes que pidieron préstamos a partir de ese año tienen que devolver el dinero sí o sí.

infoLibre se puso en contacto este martes con el Ministerio de Educación para reclamar los datos del número de deudores que han comunicado a este departamento tener problemas para satisfacer los pagos, pero no obtuvo ningún tipo de respuesta. El número total de beneficiarios de este programa de préstamos ascendió en las cuatro convocatorias en las que estuvo activo a 15.623, según detalló el Gobierno en una respuesta parlamentaria en 2013. La Plataforma de Afectados por los Préstamos Renta Universidad cuenta en la actualidad un millar de miembros, pero puede haber más afectados que no se hayan puesto en contacto con el colectivo. 

A finales de 2013 Educación accedió a ampliar los períodos de carencia y de amortización de los préstamos de la última convocatoria [ver resolución del BOE, aquí]. Sin embargo, pasado ese plazo los recibos comenzaron de nuevo a cobrarse. El problema es que la situación de muchos de ellos no ha mejorado desde entonces y siguen sin poder hacer frente a esos abonos. No pagar los recibos les convierte en morosas a los ojos del Estado, lo que les puede entrañar futuros embargos o dificultades para hacer cualquier compra a plazos.

Tamar Molina, que ejerce como presidenta de la asociación, es una de las afectadas. Es psicóloga y en 2010 pidió un préstamo para hacer un posgrado en Análisis y Prevención del Terrorismo en la UNED. Desde entonces sólo ha encadenado empleos esporádicos o prácticas y asegura que no puede hacer frente a las mensualidades de alrededor de 120 euros más intereses que tendría que haber empezado a pagar en marzo del año pasado tras cinco años de carencia. "Para mí es imposible pagar", señala. 

Cláusulas

La PNL que firman los diputados de Unidos Podemos Iñigo Errejón y Javier Sánchez, también reclama al Gobierno que exija a la entidades financieras colaboradoras –principalmente, el Banco Santander– el cese de los requerimientos de pago de las cláusulas y prácticas relativas al cobro de comisiones e intereses moratorios y a la incorporación de datos personales en ficheros de morosidad en relación con los contratos de todas las convocatorias del programa de préstamos. 

El abogado de la plataforma, Miguel Ángel Llamas, no duda en calificar de "abusivas" algunas de las cláusulas de la convocatoria de 2010, entre las que cita específicamente las comisiones por reclamación de posiciones deudoras que rondan los 40 euros por cada recibo que no se abona y que las entidades financieras están aplicando a la mayoría de afectados de esta última convocatoria que no pueden hacer frente a la devolución del préstamo. "La situación de los afectados de es desesperación", asevera.

Lo cierto es que los contratos que los estudiantes firmaron con las entidades financieras recogen punto por punto los términos de la convocatoria –así lo han reconocido a este diario varios de ellos– pero también es cierto que en la página web del Préstamo Renta Universidad (todavía activa a día de hoy a pesar de que este programa se canceló en 2010) se publicita que los préstamos son "sin intereses" y que sólo existe la obligación de devolverlo si se alcanza un nivel de renta superior a 22.000 euros anuales. Según la plataforma este fue la fuente de información "utilizada por universidades y alumnos".

Los afectados insisten en que ha habido "graves deficiencias de comunicación entre los agentes implicados". De hecho, el abogado que les asesora en este proceso dice tener "documentos" y "pruebas" que acreditan la "desinformación" con la que actuaron el Ministerio de Educación y las entidades financieras. Llamas asegura que los bancos colaboradores estuvieron vendiendo a los estudiantes las ventajosas condiciones de la convocatoria de 2007 en los cursos siguientes.

En paralelo, 220 afectados presentaron el pasado 18 de noviembre una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración contra el Ministerio de Educación "por los daños derivados del programa público de préstamos desarrollado en el período 2008-2011". Este recurso, que es el paso previo a un posible recurso contencioso-administrativo, que se puede presentar si el expediente no se resuelve favorablemente; todavía está en fase de tramitación.ACTUALIZACIÓN:

La Proposición No de Ley (PNL) fue aprobada el miércoles 22 de marzo en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. 

La mayoría de los jóvenes estudiantes españoles considera que trabajar para una empresa es la mejor opción para su futura carrera profesional, ya que el 37,9% de ellos lo prefiere prioritariamente antes que ser emprendedor y crear su propia empresa (36,09%) o ser funcionario (25,79%), según se desprende del III Informe Young Business Talents sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles llevado a cabo por Praxis MMT, ESIC y Nivea, en coordinación con la Universidad de Granada.

En este sentido, los jóvenes han elegido cuáles serían las empresas ideales para desarrollar su carrera profesional. Así, para los estudiantes, las compañías más atractivas para trabajar en un futuro son, en orden de preferencia, Inditex, Apple, Google, Nivea, Nike, Microsoft y Coca-Cola.

Según los datos extraídos, la tendencia respecto al año pasado ha cambiado, ya que actualmente la mayoría de los preuniversitarios encuestados prefiere trabajar para una empresa (37,9%), dato que contrasta con los resultados del Informe de 2016, en el que la mayor parte (41,6%) manifestaba que quería ser emprendedor y crear su propia empresa.

Si se aborda la elección del tipo de trabajo desde una perspectiva de género, ambos sexos prefieren trabajar para una empresa en el futuro (37,9%). Sin embargo, se aprecia que las mujeres prefieren trabajar como funcionarias (29,2%), mientras que los varones están más interesados en fundar su propia empresa (38,9%).

Los jóvenes con mayor espíritu emprendedor de España son los de La Rioja (50%), Navarra (40,59%) y Murcia (40,22%); mientras que a los que menos les gustaría formar su propia empresa son los estudiantes de Cantabria (21,8%), Asturias (29,8%) y Castilla y León (32,3%).

Sin embargo, la preferencia por ser contratados por una empresa es mayor en Asturias (45,7%), Cataluña (44,9%) y País Vasco (44,7%); mientras que los estudiantes españoles que menor predilección muestran por trabajar para una empresa son los de Murcia (26,74%), Extremadura (29,38%) y Galicia (33,37%).

En comparación con algunos países del sur de Europa estudiados como Italia, Portugal y Grecia, los jóvenes preuniversitarios españoles ocupan el último lugar en la clasificación de los que tienen intención de fundar una empresa (36%), a la vez que son los que están más motivados para convertirse en funcionarios (25,7%). Además, con un 37,9%, los españoles son los segundos en querer trabajar para una empresa, detrás de Portugal (44,9%).

Movilidad geográfica

El estudio también refleja que los jóvenes españoles también tienen una gran disposición a cambiar su lugar de residencia por motivos laborales. Así, el 90,2% de los estudiantes estarían dispuestos a cambiar de provincia si su profesión lo requiriese, un dato que aumenta con respecto al año pasado (88,29%). Los destinos preferidos de los jóvenes para mudarse dentro de España serían Madrid (31,8%), Barcelona (19,1%), Sevilla (4,7%) y Valencia (3,1%).

En este sentido, los jóvenes más dispuestos a moverse geográficamente dentro de España son los de Aragón (96,2%), Extremadura (96,1%) y La Rioja (94,4%), mientras que los que menos son los de Madrid (19,2%), Cataluña (13,8%) e Islas Baleares (13,6%).