Es probable que Fernando Benzo Sáinz, nuevo secretario de Cultura nombrado este viernes en sustitución de José María Lassalle —que pasa a ser secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital—, no se imaginara al comienzo de su carrera política que alcanzaría la cumbre de su carrera política en este sector. Hasta 2012, cuando este licenciado en Derecho entró como subsecretario en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte gracias al anterior ministro, José Ignacio Wert, no había ejercido ningún cargo público relacionado con la cultura. Lo más cerca que había estado de la gestión cultural fue su cargo como director del estudio del arquitecto Santiago Calatrava en Valencia entre 2007 y 2009. Su labor somo subsecretario ha sido también discreta, y se ha desarrollado sobre todo en un ámbito alejado de las industrias tradicionales: el mundo del toro. 

Cuando el nuevo secretario de Estado de Cultura, nombrado por el ministro Íñigo Méndez de Vigo, aceptó la gerencia de la oficina valenciana del arquitecto, se trataba de un empleo de relumbrón. De hecho, llegaba para sustituir a Fernando Villalonga, que había sido conseller de Cultura y secretario de Estado con los conservadores. Pero ahora, después de los estragos causados por el autor en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y de la mala fama que se ha fraguado en ciudades como Bilbao, Venecia o Nueva York por los sobrecostes y deficiencias de sus proyectos, el logro se ha convertido en una mancha. De hecho, el ahora secretario de Estado fue imputado en el caso del Centro de Convenciones de Castellón, un edificio que jamás llegó a construirse y por cuyo proyecto la oficina del arquitecto se embolsó 2,7 millones de euros.

La causa se archivó en 2015 porque el tribunal no encontró pruebas de que hubiera prevaricación, cohecho ni malversación, aunque el juez instructor, Ignacio Risueño Puchades, precisó en el auto que no alcanzaba “a comprender las razones, más allá de lo evidente, por las cuales se procedió a elegir a Santiago Calatrava”. El juez instructor considera demostrado también que el proyecto se extendía incluso por terrenos sobre los que “no existía título jurídico habilitante” e incluso parcelas “que podrían estar sujetas a especial protección”. "Llama poderosamente la atención", decía el magistrado, "que no exista documentación alguna sobre el modo en el que se llevó a cabo una negociación acerca de una edificación cuyo costo inicial era de 60 millones de euros". Cuando fue imputado, en 2014, Benzo era ya subsecretario de Cultura.

El período en que Benzo figuró como director del estudio de arquitectura, y a pesar de que comenzaba a deshincharse la burbuja inmobiliaria —razón por la cual no se llevó a cabo el Centro de Convenciones— fue una época movida para Calatrava. Entre otras cosas, se inauguró el polémico Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, se inundó el Palau de les Arts de Valencia, Calatrava demandó al Ayuntamiento de Bilbao por anexar una estructura del japonés Arata Isozaki al puente Zubizuri y la Junta Electoral se manifestó contra el anteproyecto de la ópera de Palma, anunciado a un mes de las elecciones. Como con el edificio de Castellón, el estudio de Calatrava se embolsó 1,2 millones de euros por este trabajo, sin que llegara nunca a construirse. 

Como subsecretario del Ministerio, Fernando Benzo se ha dedicado casi exclusivamente a los asuntos concernientes a la tauromaquia, aunque también ha ejercido como patrono, en virtud de su cargo, del Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Teatro Real, el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional de España. En 2013, y con su impulso, el Partido Popular sacó adelante una ley que regulaba la tauromaquia como patrimonio cultural. Se trataba de una proposición de ley a partir de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se aprobó en el Senado con el voto a favor de Unión del Pueblo Navarro, la abstención del PSOE y el voto en contra del resto de partidos.

“Debatir a estas alturas si la Tauromaquia (…) es o no un bien cultural llevaría a la reiteración de una obviedad. La Tauromaquia no es sólo un elemento indiscutible, irrenunciable y ancestral del patrimonio cultural español, sino también una manifestación artística cuya riqueza le aporta una dimensión de transversalidad”, defendía en una página de opinión publicada en el periódico ABC en febrero de 2013, cuando se anunció la presentación de la ILP, respaldada con 590.000 firmas. Su primera comparecencia en la Comisión de Cultura del Senado, en 2014, tuvo como objetivo anunciar la reactivación de la Comisión Consultiva Nacional de asuntos Taurinos, que llevaba 14 años sin reunirse y que pasó a tener, bajo su mando, competencias ejecutivas.

La carrera de Fernando Benzo parecía, en sus comienzos, seguir la de Fernando Benzo, padre, subsecretario tanto en el Ministerio de Industria como en el de Hacienda en los últimos gobiernos franquistas, consejero nacional y procurador en Cortes entre 1971 y 1977, y diputado de UCD, ya en democracia. El hijo comenzó su carrera en un ámbito más cercano a sus estudios, ocupando varios puestos en Justicia e Interior, como asesor o director del Gabinete del secretario de Estado de Seguridad. Más tarde fue el primer director de la Fundación de Víctimas del Terrorismo e incluso había formado parte de la campaña de Jaime Mayor Oreja al Parlamento Europeo, donde trabajó como asesor entre 2009 y 2012.

Teniendo en cuenta las amplias competencias que asume Méndez de Vigo —además de su Ministerio triple es portavoz del Gobierno—, el nuevo secretario de Estado de Cultura será el encargado de la interlocución diaria con el sector, como lo era Lassalle. Y tiene varias tareas pendientes. La más demandada es la bajada del IVA cultural, tema que supuso un enfrentamiento continuo entre esta cartera y la de Hacienda en la pasada legislatura. Pero la más urgente quizás sea el problema del canon digital, ya que la Justicia Europea tumbó el sistema español —decisión secundada por el Tribunal Supremo este mismo mes—, que dedicaba cinco millones del presupuesto para la compensación por copia privada, y su sustituto está aún en desarrollo.

Otros temas pendientes son la ley de Mecenazgo, que fue sustituida finalmente por una reforma fiscal sobre el micromecenazgo, y el Estatuto del Artista, un nuevo régimen fiscal para los trabajadores de la cultura que todos los grupos llevaban en sus programas y para el que ya se ha creado una Comisión en el Congreso. 

"La perspectiva es que, si se dan las circunstancias económicas favorables que en estos momentos mantenemos, casi con toda seguridad puede afirmarse, aunque no conste en el programa electoral, que el Gobierno ajustará el IVA al nivel medio del 10%, manteniendo el IVA superreducido que tienen los libros y que representa el 60% del conjunto de la actividad cultural", ha respondido Lassalle a preguntas de los periodistas.

El sector de la cultura lleva reivindicando una bajada del IVA desde que el propio PP lo hiciera pasar del 8% al 21% en 2012, excepto los libros, que han mantenido el superreducido todo este tiempo. En verano, De Guindos volvió a insistir en que la tasa no se reduciría, y en septiembre Íñigo Méndez de Vigo, sucesor en el Ministerio de Cultura tras Wert, dijo que se bajaría "cuando pueda". En octubre, el propio ministro utilizó el argumento de que "el IVA cultural no existe" (aludiendo a la diferencia entre el sector editorial y los demás), idea que comenzaron a copiar otros miembros del partido.

Durante la campaña, sin embargo, los populares que han acudido a debates con otros partidos o conversaciones con el sector han asegurado que el impuesto se reduciría, aunque sin ofrecer una cifra concreta. Ahora se suman a la defendida por PSOE y Podemos, que proponen una bajada al 10%, mantener del 4% para el sector editorial y defender un IVA cultura armonizado al 4% para toda Europa. Ciudadanos también rectificó su postura durante la campaña. Si Toni Cantó aseguró un jueves que su partido defendía mantenerlo al 18%, ese mismo fin de semana la formación naranja se desdijo y propuso reducirlo al 7%, el otro de los dos únicos tramos que propone. 

En todos los escenarios, la promesa del PP ha indignado a los profesionales, que reprochaban al partido no haberlo hecho durante sus años de Gobierno. En una charla organizada en el Centro Dramático Nacional para debatir sobre un posible Estatuto del Artista, varios asistentes se levantaron para dar la espalda a Javier Maroto, representante del PP, durante su exposición. 

Mil millones de libros menos. Esa es la diferencia entre 2013 y 2008 para el sector del libro, esa ha sido la cuenta de la crisis. Si hace siete años se vendían más de 3.700 millones de libros, en 2013 se facturaron más de 2.500 millones, lo que ha supuesto un descenso en los ingresos de un 40%, según datos de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). El sector no está contento, por eso el pasado abril presentó al Gobierno una propuesta de Plan de Fomento del Libro y de la Lectura, abordando alguno de los problemas más graves para la industria.

Para medir el apoyo al plan, y para evaluar sus propuestas, los editores invitaron este viernes a los principales partidos políticos a discutir el estado del libro y a resolver sus principales nudos. Acudieron el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle; el secretario de Cultura del PSOE, Iban García; Eduardo Maura, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, y Marta Rivera, secretaria de Cultura de Ciudadanos. El debate estuvo moderado por Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España y presidente de la empresa editora de infoLibre.

Estos fueron los principales problemas diagnosticados entre editores y políticos, y estas sus propuestas. 

La piratería, una tarea pendiente

La descarga ilegal de contenidos fue el tema más candente en la reunión, caldeado por el secretario de Cultura, que no dudó en decir que "en unos años, la piratería será un tema del pasado" (como ya había defendido en otros foros). Sobre la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor el pasado enero, Lassalle pidió paciencia: "Hay que esperar a ver si funciona o no". Los editores protestaban, preocupados por recuperar los 907 millones de euros que, calculan, les cuestan los 335 millones de libros electrónicos descargados en 2014. Consideran que la norma sigue siendo laxa y no termina con el problema, y de poco valían las alegaciones de Lassalle de haberse encontrado con "el tsunami" de la piratería y haberlo intentado "reconducir" en tres años. Los otros tres partidos coincidieron en la necesidad de reformar esta norma, que prevé en su propio texto ser ampliada en el plazo de un año. Podemos, además, señaló la necesidad de fomentar las ofertas de contenidos legales en línea: "Hay que sobrepujar a la piratería con otros portales y hay que incentivarlos desde la administración". 

La compensación por copia privada

La nueva ley incluye un cambio sustancial en el concepto de compensación por copia privada. El canon digital (o la compensación a los autores por el posible uso de ciertos dispositivos con fines piratas) pasó de ser pagado por los fabricantes de CD, grabadoras, escáneres... a salir de los presupuestos del Estado. La idea ya se planteó en 2011, cuando el Congreso anuló el pago después de una sentencia negativa de la Audiencia Nacional y un gran debate público. El problema es que las entidades de gestión (gestoras de la compensación) pasaron de recibir 115 millones de euros en 2011 a 5 millones, según prevé la ley. Actualmente, esta decisión se encuentra en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los editores consideran que esos 5 millones no cubren el daño sufrido, y Ciudadanos y PSOE prefirieron no pronunciarse antes de la sentencia. Podemos vaticinó que esta tumbaría la decisión del Gobierno, y propuso cargar la compensación a los operadores de red. "Lo justo es que remunere a las entidades quien consuma, no todos los ciudadanos", reclamaba García. 

Un IVA reducido para el libro electrónico

La del libro ha sido la única industria cultural en salvarse del IVA al 21%, y mantiene intacto su tipo superreducido del 4%. ¿Siempre? No. El libro electrónico mantiene el tipo del 21%, creando cierta desigualdad con su hermano en papel. Una de las peticiones del Plan Integral presentado por el sector era que ambos se tasaran con el superreducido, o que incluso se redujera a cero. El pasado marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó a Francia y Luxemburgo a retirar el IVA reducido al libro electrónico, ya que esta prerrogativa solo es aplicable a los títulos "en cualquier tipo de soporte físico". Ningún partido se atreve a contradecir esta normativa. 

Bibliotecas empobrecidas

La compra de nuevos fondos a la bibliotecas por parte del ministerio está congelada desde 2012, con la salvedad de un millón de euros destinados a adquirir libros electrónicos. Los editores solicitaron en abril la reapertura de esta línea de inversión, que llegó a alcanzar los 30 millones de euros anuales, pidiendo 20 millones de euros al año por parte del Estado y otros 20 millones por parte de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, las otras administraciones responsables de la red de bibliotecas públicas. PSOE, Ciudadanos y Podemos suscribieron esta propuesta, mientras Lassalle defendió su gestión argumentando que son las administraciones locales y regionales las responsables del grueso de la gestión presupuestaria, y apuntando la necesidad de un plan de actuación común entre los tres niveles. "El Estado solo tiene el 18% de la inversión cultural", aseguraba. 

La asfixia de las librerías

En 2014 se cerraron más de 900 librerías, y se abrieron apenas 220. Estos locales, penúltima pieza en el engranaje del sector, han sido de los más afectados por la crisis, teniendo que competir, además, con gigantes como Amazon. Los editores ya pedían en su plan que se estableciera un sello de calidad que permitiera identificar a las librerías que merecen protección y les facilite la obtención de ayudas. Lassalle aseguró que esta iniciativa se lanzará en cuestión de semanas, y el PSOE respaldó la decisión. Iban García y Eduardo Maura proponían, además, que las compras por parte de las bibliotecas públicas y escolares se hicieran directamente a los libreros y no a las editoriales.

El pasado 29 de mayo, el ministro de Educación, previa deliberación del Consejo de Ministros, firmó el real decreto por el que su número dos en el departamento, Montserrat Gomendio, era cesada. Un día después, su baja era publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A punto de cumplirse un mes desde que la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades dejó su puesto, la plaza sigue vacante en el ministerio. Un hecho que, unido a las dudas sobre la continuidad de José Ignacio Wert al frente del departamento ha generado críticas en el sector educativo y en el propio Gobierno: "Esta sensación de incertidumbre conduce a la parálisis", critica un miembro del Ejecutivo. 

Con un presidente del Gobierno cerrado en banda a dar pistas sobre los cambios comprometidos por él mismo en el Ejecutivo –los del partido ya los anunció este jueves– la opinión más extendida en el Partido Popular y en el Ejecutivo es que la plaza de Gomendio sigue vacante porque la de Wert va a quedarse en idénticas circunstancias en los próximos días. Señalan las citadas fuentes que estos escenarios lo más lógico es esperar a la llegada de un nuevo titular de la cartera para que sea él el que decida un puesto de tanta relevancia como su número dos.

Fue el propio ministro el que comunicó hace unos meses a Mariano Rajoy su intención de dejar el departamento. Fuentes conocedoras de las conversaciones precisan que Wert llegó a pedir al jefe del Ejecutivo el traslado a París al conocer que iba a quedarse vacante el puesto de embajador de España ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Precisamente, Gomendio, que es su pareja sentimental, ha sido nombrada directora adjunta de Educación de la OCDE. Y desde su entorno apuntan a que se casarán el 11 de julio, en menos de un mes.

Las fuentes del Gobierno consultadas precisan que la marcha de Wert es "bastante probable" porque se trata de una decisión personal y es difícil que dé marcha atrás, al menos eso ha trasladado él a algunos de sus compañeros del Consejo de Ministros. Pero no esconden su malestar por el hecho de que quiera irse a cinco meses de que la legislatura llegue a su fin. Además, subrayan que a Rajoy no le hace mucha gracia premiarle con esa plaza de embajador en París. "La imagen que se da es muy poco responsable: un ministro decide cuando le da la gana que se va y, encima, se le premia", se queja un diputado. 

Cuatro actos públicos en un mes

El hecho de que Gomendio, número dos del ministerio, no haya sido relevada, sumado a la situación de provisionalidad de Wert, ha provocado críticas en el seno del Gobierno y en la comunidad educativa. 

La agenda pública del ministro desde el pasado 1 de junio no ha estado precisamente plagada de actos. Wert ha asistido a todos los consejos de ministros de este mes, pero en estos 20 días el titular de Educación sólo ha tenido cuatro actos públicos: uno el día 10, uno el día 11 y dos el día 15. Este miércoles sí acudió a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Y, para el próximo, también se cuenta con él en tanto en cuanto hay un par de preguntas registradas que tienen a él como destinatario.

Según el avance de agenda de los miembros del Gobierno distribuido este viernes, el titular de Educación no tiene agenda pública ni este fin de semana, ni el lunes.

Actividad legislativa

En lo legislativo, también se han apreciado algunas cuestiones que, a ojos de fuentes del sector educativo, son síntoma de "falta de coordinación". El Consejo de Ministros del pasado 29 de mayo, el mismo en el que se dio luz verde a la marcha de Gomendio, aprobó un real decreto por el que se modificaba otro de 2007 que establecía la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, y un segundo real decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.

"Con estos dos reales decretos culmina el proceso de reforma del sistema universitario español emprendido en esta legislatura, que ha pretendido mejorar la calidad, internacionalización y especialización de la universidad española, a través del avance hacia un modelo universitario que propicie que las universidades que así lo deseen mejoren en las tres misiones que desempeñan: educación, investigación, y transferencia del conocimiento", rezaba la referencia del Consejo de Ministros.

Pero ambos decretos no fueron publicados en el BOE del día después. El del acceso a los cuerpos docentes se publicó este miércoles, al igual que el otro sobre acreditación de universidades y centros universitarios.

Las dudas de Rajoy

La idea más extendida es que, si Wert abandona, lo hará con las manos vacías. Aunque, la última palabra, como todo lo que ocurre en el Gobierno y en el PP, la tiene Rajoy. En todo caso, de producirse, podría ser el único ajuste en la Moncloa. O, al menos, esa es la impresión mayoritaria con la que salieron los dirigentes conservadores que asistieron este jueves al Comité Ejecutivo Nacional que presidió el propio Rajoy.

Como sustituto suena el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, hombre del círculo de confianza de la vicepresidenta del Gobierno. Aunque sectores del partido están convencidos de que Rajoy se lo ofreció a Cospedal tras las municipales y autonómicas del pasado 24-M, cuando quedó claro que se quedaba en la oposición en Castilla-La Mancha.

"Cuando lo considere oportuno"

Este mismo viernes, infoLibre se puso en contacto con el departamento de José Ignacio Wert para conocer cuándo estaba previsto el nombramiento del sustituto o sustituta de Gomendio. La respuesta fue la siguiente:

"El Consejo de Ministros nombrará a quien considere oportuno y cuando lo considere oportuno. Es una potestad que tiene única y exclusivamente el Consejo de Ministros".

Otros nombramientos pendientes

A día de hoy, la de Gomendio no es la única sustitución que tiene pendiente de solucionar el Consejo de Ministros. Este mismo viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comunicó que Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia, había solicitado su baja en el Gabinete y que sería sustituido por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas. Éste, a su vez, ha de ser sustituido.

El Ejecutivo tiene, además, pendiente nombrar dos delegados del Gobierno. Uno en la Comunitat Valenciana, tras la detención de Serafín Castellano en el marco de un escándalo de corrupción, y otro en Murcia, Joaquín Bascuñana, dimitió a principios de este mes de junio "para facilitar la gobernabilidad". Está imputado en el caso Novo Carthago.

Al filo de las 12.00 de esta mañana de martes, más y más dolientes fueron acercándose a la madrileña Plaza del Rey. Enlutados, gotearon hasta formar una marea negra que desembocó en el Funeral por la cultura que, convinieron, con su deceso dejará huérfana a España de valores y de futuro. En una escenificación en la que no faltaron los globos negros e incluso un ataúd, que fue portado al ritmo de la Marcha fúnebre de Chopin, varios centenares de miembros del sector cultural y de las ocho sociedades de gestión de derechos de autor quemaron uno de los últimos cartuchos que quedan antes de la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, la bautizada ley Lassalle, manifestándose en un acto mitad festivo mitad luctuoso frente a las puertas de la Secretaría de Estado del Ministerio de Cultura.

De seguir el curso establecido, la contestada ley será votada el próximo 14 de octubre en el Senado. Y de ocurrir eso, se rubricará “el último atropello cultural que el Gobierno quiere asestar a nuestro país”, según leyeron los convocantes, que anunciaron una nueva movilización para esa fecha. “El beneficio económico de unos cuantos no puede prevalecer sobre los derechos de un pueblo”, clamaron en una plaza poblada por algunos de los rostros más conocidos del cine y el teatro nacionales –estaban actores como Pilar Bardem, Alberto Ammán, Aitana Sánchez-Gijón, Juanjo Puigcorbé, Clara Lago, Carlos Iglesias, Terele Pávez o Melani Olivares, y directores como José Luis Cuerda-, así como representantes de otras profesiones relacionadas con el mundo del libro, la música o el arte, incluidos trabajadores del ministerio de Cultura.

Las denuncias, como resumió a infoLibre el actor y guionista Pedro G. Marzo, se concentran en buena medida en el hecho de que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual “lo que hace es desmantelar los derechos de autor en beneficio de las grandes empresas de telefonía, los hoteles y los fabricantes de aparatos electrónicos”. “Y lo más alucinante”, agregó el intérprete, ataviado como la mayoría de los asistentes con una camiseta negra con el hashtag #LeyLassalleNo, “es que el dinero de los derechos va a salir del bolsillo de todos los españoles vía los Presupuestos Generales del Estado”. Contestada por el Tribunal Supremo, que recientemente puso en duda que la ley Lassalle esté en sintonía con la legalidad europea, la norma terminaría así por “aislar” a España del resto de países del entorno y de América Latina.

¿Por qué la ley solo beneficia a los poderosos?; El Gobierno protege a las multinacionales o El IVA nos mata, Lassalle nos remata, fueron algunos de los eslóganes que podían leerse en las pancartas que portaron los manifestantes. Porque más allá de la ley Lassalle, que toma su apellido del secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, los participantes no quisieron dejar pasar la oportunidad de volver a recordar el daño que el IVA al 21% ha causado al sector desde su implantación a finales de 2012. “Dos años después, el sector cultural ha quedado devastado, con 100.000 puestos perdidos”, subrayaron, para señalar que la industria cuenta con 430.000 trabajadores. “No a la ley Lassalle, no al IVA, no a los recortes y no a la expropiación de nuestros esfuerzos”ley Lassalle, zanjaron. “La ley Lassalle es un instrumento perverso para beneficiar al poderoso en detrimento del ciudadano”.

En una mañana en la que presentación de los Presupuestos Generales del Estado dejaron una ligera alegría -la del aumento de la partida de Cultura en 31 millones de euros (+4,3%), una cifra que, no obstante, no palia ni lejanamente la caída acumulada desde 2008-, los representantes de la industria quisieron poner también los puntos sobre las íes de la inmaterializada Ley de Mecenazgo. Prometida por el PP desde su llegada al poder, pero nunca realizada –“aunque desde el primer día que tomó posesión el Gobierno se eliminó el canon digital”, que fue sustituido por un pago a cargo de las arcas estatales-, esta medida, aseguraron, jamás se ha llegado a entender por parte del Gobierno. “Para el señor Lassalle, el gran mecenas de este país se llamaba Botín”.

Antes de concluir el acto al grito de Wert dimisión, se leyó también un listado de "peticiones y soluciones", que incluyen, como ya se mencionó en un acto celebrado la semana pasada, la mediación de la vicepresidenta del Gobierno:

Uno. Retirada del proyecto de ley Lassalle, "ya que es un texto regresivo, que nos aisla, detruye derechos y no tiene el apoyo de los legítimos titulares ni el consenso" necesario para una norma de est envergadura.

Dos. Una vez retirado, abrir un proceso de "debate y negociación transparentes", con la participación de todos los sectores y con los estudios técnicos necesarios.

Tres. "Rechazamos la actual redacción de la ley Lassalle y las insuficientes y parciales enmiendas presentadas por el Grupo Popular".

Cuatro. "Demandamos la implicación de directa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría". 

El secretario de estado de Cultura, José María Lasalle, ha anunciado que "afortunadamente por primera vez" habrá una aumento en la partida de Cultura que destinan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al tiempo que ha confirmado que el mecenazgo no tendrá una ley propia.

En este sentido, ha explicado que la Ley de Mecenazgo finalmente se repartirá entre la reforma fiscal y la regulación de las fundaciones que prepara el ministerio de Justicia, a pesar de que el PP ha venido prometiendo repetidamente su aprobación desde su llegada al poder en 2011.

Preguntado sobre el futuro de esta ley y si contará con nombre y apellidos propios, Lasalle ha asegurado que habrá mecenazgo a través de incentivos fiscales. "Si queremos entrar en batalla de nominalismos, podemos hacerlo", ha señalado.

En este sentido, ha aclarado que la ley es "básicamente" la presencia de incentivos fiscales. "Si no hay incentivos que impliquen deducciones sobre el impuesto de la renta o de sociedades sería filantropía o altruismo, pero no mecenazgo", ha apuntado.

Por ello, ha señalado que irá subsumida en la reforma fiscal, porque implica tocar impuestos y eso le compete al Ministerio de Hacienda. Además, ha agregado que se tramitará desde el Ministerio de Justicia la facilitación de la creación de fundaciones, lo que supondrá un "paquete de transversalidad de la legislación del mecenazgo".

"Por primera vez el mecenazgo contará en España con la introducción del micromemecenazgo. Ya no hace falta ser rico para ser mecenas: si eso no es una ley de mecenazgo, que baje Dios y lo vea", ha destacado.

A vueltas con la Ley de Propiedad Intelectual

Ante la contestación a la Ley de Propiedad Intelectual por parte de las entidades de gestión de derechos de autor -que han convocado para mañana martes una concentración en contra de su aprobación- Lassalle ha destacado que hay un diálogo abierto que espera "que fructifique durante los días que quedan antes de la votación" de la norma.

En esta ley, ha dicho, "hemos incorporado todas la demandas y pretensiones que planteaba el sector y planteaba la coalición de creadores. Con ciertos matices, las demandas en sus aspectos sustanciales están recogidas en el texto actual". Lassalle ha mandado también el mensaje de que, con respecto a dichas entidades de gestión, "evitaremos la situación de arbitrariedad que han provocado tantos escándalos ante la sociedad pública".

Pilar Bardem, Carlos Bardem, Emilio Gutiérrez Caba o Luis Cobos son algunos de las personalidades de la cultura que se concentrarán el próximo martes 30 de septiembre frente a la Secretaría de Estado de Cultura en protesta de la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, a la que se refieren como Ley Lassalle, y que empieza ahora su trámite parlamentario en el Senado.

El pasado lunes, tanto las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual de España como un buen número de artistas del mundo de la música, el cine, la televisión, el libro, las artes plásticas y el teatro hicieron pública una declaración en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con la que mostraron su oposición a esta norma que creen "innecesaria y regresiva".

Ahora, tras esta primera puesta en escena, se movilizarán en la madrileña Plaza del Rey a las 12.00 horas del martes para poner de manifiesto su preocupación ante la situación alarmante del sector, según indican las entidades de gestión en un comunicado.

"Comitiva fúnebre"

Según señalan, en esta concentración todos los trabajadores de la cultura "están llamados a integrar una comitiva fúnebre que tiene muchos motivos para vestir de luto", ya que, entre otros temas, la reforma "implica una reducción cercana al 45 por ciento en el reparto de las entidades de gestión a sus socios".

Además, critican que "favorece a las multinacionales tecnológicas, cadenas hoteleras y compañías telefónicas a costa de perjudicar a los creadores y a los consumidores en general".

A ello añaden que esta ley "refrenda el nuevo modelo de copia privada, por el que esta compensación se carga a los ciudadanos (a través de los Presupuestos Generales del Estado) en lugar de a los fabricantes de teléfonos inteligentes, tabletas y demás dispositivos".

Por último, critican que "promueve la destrucción de empleo en el sector cultural". Tal y como ponen de relieve, alrededor de 25.000 puestos de trabajo se han perdido ya a lo largo del último año y otros 400.000 "corren ahora serio peligro".

Aunque se sabe desde abril de 2013 que la gala de los Premios Goya tendrá lugar este domingo 9 de febrero, José Ignacio Wert, el ministro de Educación y Cultura, ha esperado hasta el último minuto para informar a la Academia de Cine de que no asistirá a la ceremonia.

Lo ha hecho bajo el pretexto de que tiene otro compromiso: una reunión el lunes por la mañana en Londres con Vince Cable. Aunque en diferentes medios se ha señalado que Cable es el ministro británico de Universidades, su cargo en realidad es el de Secretario de Estado de Empresas, Innovación y Conocimientos.

A preguntas de infoLibre, la oficina de Cable ha confirmado que Wert estará el lunes en Londres visitándole “brevemente”. La cita, han asegurado las mismas fuentes, se cerró “el 29 de enero”, lo que implica que Wert ha preferido relegar el compromiso de los Goya, el acontecimiento más importante del cine español, que conocía desde hace tiempo, por otro mucho más reciente.

De acuerdo con la oficina de Cable, fueron contactados el 29 de enero, y la visita es un seguimiento de otra realizada el año pasado para conocer más en profundidad el funcionamiento de las universidades británicas. 

El año pasado, el ministro Wert fue uno de los centros de atención de la gala de los Goya, donde acaparó críticas y abucheos. A la gran fiesta del cine español sí acudirá este domingo el Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle.

Una larga lista de desencuentros

El pasado 13 de enero tuvo lugar el último de una larga lista de desencuentros entre Wert y el sector del cine. Ocurrió durante la ceremonia de entrega de los Premios Forqué, en la que el ministro tuvo que pronunciar su discurso entre los sonoros abucheos de los asistentes. Para su siguiente gran compromiso con el séptimo arte, los Premios Gaudí de cine catalán, el político esgrimió, como en el caso de los Goya, problemas de agenda para justificar su ausencia.

El festival de teatro clásico de Mérida o el Teatro Real han sido igualmente escenarios del descontento del mundo de la cultura con las políticas del gobierno. El director Juan Antonio Bayona, que recibió el pasado mes de septiembre el premio Nacional de Cinematografía, también aprovechó la entrega del galardón para lanzar un rapapolvo al ministro: "No llegaremos a ningún sitio si no valoramos la cultura y la educación".

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con elecciones a la vista, se ha arremangado dispuesto a desfacer entuertos creados en los dos últimos años. En pleno diseño de un nuevo andamiaje fiscal, Montoro ha llamado a productores y distribuidores para escuchar sus cuitas, calmar los ánimos y prometer árnica tras los golpes propinados al sector de la cultura con la subida del IVA. Las reuniones se suceden y Hacienda ha asumido ya un compromiso: aumentar las desgravaciones por mecenazgo para favorecer la actividad en la industria cinematográfica y cultural.

Fuentes del departamento que dirige Montoro han confirmado la reforma de la Ley del Mecenazgo para elevar las desgravaciones. Aunque las mismas fuentes han declinado confirmar si se reducirá el IVA aplicado a la cultura como hizo recientemente con las transacciones en el mercado de obras de arte, Montoro aseguraba en una entrevista publicada hoy por el diario Expansión que ya está trabajando en una bajada del IVA cultural: "Ya hemos bajado el de las obras de arte. Estamos trabajando en el resto de la reforma”. El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha apuntalado estas afirmaciones al indicar que la propuesta del ministerio de Hacienda "tiene todo el apoyo" de su departamento.

El propósito de mejorar la fiscalidad de la actividad de mecenazgo y las desgravaciones fue esbozado ya a finales del pasado año. En una respuesta parlamentaria a preguntas de diputados socialistas, el Gobierno reconoció la necesidad de ofrecer "un mayor reconocimiento" a la participación privada en actividades de interés general. Se trata, añadía, de integrar "nuevos actores" entre las entidades beneficiarias y las donantes. El ya anunciado sistema mixto público-privado de financiación cultural. 

Además, el Ejecutivo añadía que esa nueva regulación deberá aportar "novedades en relación con los incentivos fiscales al mecenazgo", y subrayaba que uno de los objetivos sería "concienciar, alentar e impulsar" al sector privado a participar en tareas de interés general.

IVA al 10%

En un acto celebrado en el Archivo General de la Administración del Estado en Alcalá de Henares, José María Lassalle ha asegurado hoy a los medios de comunicación que “se está trabajando” en establecer un IVA cultural homologado al 10%, tal y como había adelantado a Expansión Cristóbal MontoroExpansión. A preguntas de infoLibre, desde el ministerio de Cultura han indicado que se trata de una propuesta de trabajo en firme que terminará por cristalizar, aunque no han aportado más detalles sobre las fechas, remitiendo a las declaraciones de los políticos.

"Hemos estado trabajando con los sectores afectados y esta ha sido una labor insistente comprendiendo evidentemente las dificultades presupuestarias por las que ha atravesado nuestro país y las necesidades de recaudación que planteaba el ministro de Hacienda”, ha afirmado Lassalle en Alcalá de Henares. “Esperemos que finalmente lleguen a buen término todas las gestiones que hemos hecho".

El anuncio de la reducción impositiva en once puntos llega tras más de un año de protestas del sector y menos de una semana después de que se estableciera una bajada al 10% del IVA en las transacciones de obras de arte. Aún con esta rebaja, el IVA cultural seguirá siendo mayor que antes, ya que el 1 de septiembre de 2012 el gobierno lo aumentó del 8 al 21%, 13 puntos más, a excepción de los libros en papel, que han mantenido su tipo superreducido al 4%.

Las reacciones políticas

En el Congreso, los portavoces parlamentarios del PP, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV y ERC han coincidido al celebrar el anuncio.  "Todos estamos deseando que se baje el IVA cultural y espero que eso sea posible", ha señalado el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, a su salida de la reunión de la Junta de Portavoces de los martes en el Congreso de los Diputados.

Preguntado por la fecha en la que se prevé esa rebaja de impuestos, Alonso ha dejado la decisión en manos del Gobierno, que "tiene que explicar con claridad cuál es el margen de actuación que tiene y tomar las decisiones que puede tomar". En todo caso, sostiene que el Ejecutivo "no puede hacer anuncios que no se puedan sostener". "Y creo que ahora va a poder sostener un anuncio de rebaja de impuestos a futuro. Hace seis meses o un año no podía sostenerse", ha concluido.

Las reacciones del sector

La Federación de Cines de España (FECE) ha "valorado positivamente" el anuncio del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de bajar el IVA cultural, aunque ha apuntado que, "hasta ahora son sólo declaraciones", según ha señalado el portavoz de la organización, Borja de Benito a Europa Press.

No obstante, ha precisado que el anuncio "es solamente de una línea de trabajo" que está desarrollando el ministerio, aunque ha reconocido que sería una rebaja "muy esperada por todo el sector".

El secretario de la Unión de Actores, Iñaki Guevara, ha manifestado este martes que "cualquier bajada del IVA es importante" y que no sería "un favor", puesto que "nunca debería haberse subido", sino que supondría "compensar" una equivocación.

Según ha indicado en declaraciones a Europa Press, el mundo de la interpretación tiene la sensación de que estas palabras se pronuncian para "compensar" una equivocación que le ha transmitido el sector de la cultura al ministro, así como "alguien del Gobierno".

"Incluso Ignacio González ha destacado que la industria cultural supone el cuatro por ciento del PIB", ha subrayado, en referencia a las declaraciones que hizo ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, quien insistió en reducir este impuesto en el ámbito cultural.

A su juicio, las declaraciones que el ministro de Hacienda ha realizado en referencia a la rebaja del IVA cultural se deben también a la proximidad de las elecciones europeas.

En referencia a las palabras de Montoro, quien ha señalado que están trabajando en "esa reforma fiscal de la cultura", aunque necesitan que se les deje "trabajar", Guevara responde: "Lo que tienen que hacer es dejarnos trabajar al sector de la cultura. ¿Qué equipo de investigación tienen que formar para ver que la subida del IVA ha sido una torpeza?, insiste.

Según añade Guevara, el IVA del 21 por ciento no solo se percibe en las entradas del cine o el teatro, sino que los propios actores y actrices también sufren sus consecuencias, ya que en los contratos se pide una reducción de salarios que oscilan entre el 10 y el 38 por ciento en los casos más graves.

La cultura, víctima del IVA

A modo de resumen de lo que han venido ilustrando los datos publicados por diferentes asociaciones y colectivos culturales desde que la subida del IVA se hiciera efectiva a finales de 2012, un informe publicado por la SGAE a finales de octubre de 2013 advertía que "lejos de producirse un incremento en la recaudación, todos los indicadores de recaudación en música en vivo, artes escénicas o cine han experimentado descensos en las cifras".

De acuerdo con el anuario, en artes escénicas el descenso registrado en 2012 en comparación con 2011 fue del 14,91 % en número de representaciones, 5,93 por ciento en número de espectadores y 8,26 por ciento en recaudación, mientras que el dinero obtenido por la música grabada descendió en las mismas fechas un 5,08%.

Según datos publicados por la Federación de Cines Españoles (FECE), solo en los seis primeros meses desde el aumento del IVA, la taquilla neta cayó un 5,3% y se perdieron el 12,7% de los empleos del sector.

No es culpa de los recortes, tampoco del ivazo: es que el cine español es malo. Esa es la teoría del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una sorprendente explicación aportada ayer en una entrevista radiofónica para justificar el desplome de la industria. Un negocio que, según una memoria realizada por el colectivo de los productores (FAPAE) y hecha pública en el pasado Festival de San Sebastián, solo en el pasado año cayó un 15%, y cuyas previsiones para este 2013 son aún más aparatosas, con un descenso estimado del 20,8%. Si el IVA cultural (en el 21% desde septiembre de 2012) y la piratería ya tenían aplastado al sector, hace solo unos días se sumó el mazazo del recorte del 12,4% de las ayudas del Estado, que se han reducido para 2014 hasta los 50,84 millones de euros. En 2012, a efectos de comparación, la cifra era de 71,11 millones.

"No creo que una actividad tan importante pueda depender únicamente de las subvenciones públicas. Yo no soy partidario de unas subvenciones excesivas a ningún tipo de actividad, sí de concederlas selectivamente", apuntó el ministro en la citada entrevista, en la Cadena Ser. La situación, objetan los productores, no es en absoluto la que pinta Montoro. El cine no depende “únicamente” de las subvenciones. El cine es una iniciativa privada que se beneficia, si cumple todos los requisitos estipulados, de unas subvenciones que son de por sí selectivas. Y que, a mayores, llegan con unos dos años de retraso. Si una productora recibe un apoyo para rodar una película, tendrá que poner primero el dinero a base de créditos.

“Te conceden la ayuda en el papel, y para tu plan de producción tú cuentas con esta ayuda, que no te llega inmediatamente”, explica Dora Sales, de Producciones sin un duro. “Así que tenemos que buscar préstamos para cumplir con los pagos de producción, avalando con recursos propios, casi con tu propia vida”. Las subvenciones, en una pincelada, se dividen en dos grandes apartados: las destinadas a la amortización y las que van a guionistas, cortometrajistas y otros proyectos especiales. Las primeras (de las que habla Sales), están relacionadas con los resultados en taquilla –a más recaudación, más subvención-, y el máximo ronda los 1,5 millones de euros.

Teniendo en cuenta que el Estado adeuda a los productores más de 60 millones de euros solo en concepto de amortización (21 millones de las subvenciones a las películas realizadas en el último trimestre de 2011, y más de 40 a las de 2012), y que el Fondo de protección a la cinematografía del ICAA, el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, cuenta con un presupuesto de 33,7 millones para 2014, es seguro -a no ser que haya alguna sorpresa de última hora- que el año que viene no se realizarán todos los pagos.

Aunque se están pidiendo explicaciones de cómo se va a proceder –si se retrasarán los pagos, si se prorratearán…- por el momento, aseguran desde la industria, el gobierno hace mutis. Y todo esto, sin mencionar las promesas lanzadas al viento, como la recogida en la memoria de la Ley del Cine de 2007, que hablaba de un aumento anual de los presupuestos para el cine hasta alcanzar en 2013 los cien millones de euros o la del ministerio de Cultura, encabezado por José Ignacio Wert, que aludió a una “partida extraordinaria” para cubrir la deuda de 2011 y 2012, de la que nunca más se ha vuelto a saber.

“Las subvenciones suelen suponer un 33% del presupuesto de la película, y si en taquilla ganas más te dan un poco más”, explica Mar Targarona, productora de Rodar y Rodar. “Incluso con las ayudas, en España se hacen películas de unos 3,5 millones de euros, que si le sumas las copias y la publicidad no es nada”. La comparación se vuelve especialmente agraviante con respecto a las producciones estadounidenses, con las que compiten “en igualdad de condiciones” desde el punto de vista del espectador, y que suelen contar con presupuestos mucho (en ocasiones muchísimo) más abultados.

Precisamente para proteger la diversidad de las culturas europeas, se introdujo (Francia lo hizo) en 1993 el concepto de 'excepción cultural', por el que las creaciones –no solo fílmicas- se deberían tratar de manera diferente a otros productos comerciales. Este junio, la Comisión Europea anunció que estaba estudiando incluir la industria del cine en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, cuya conclusión está prevista para finales de 2014. Centenares de cineastas del continente (y también de fuera de él, inclusive de EEUU), ya protestaron sobre esta posibilidad a través del manifiesto La excepción cultural no es negociable, que firmaron directores españoles como Pedro Almodóvar, Isabel Coixet o la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde.

Un modelo en transición

La idea del aumento del 2,27% en los Presupuestos Generales del Estado para cultura –según cifró ayer el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, en una comparecencia en el Congreso- choca frontalmente con el mencionado tijeretazo en la partida para el cine. Ya hay quien, como el diputado socialista José Andrés Torres Mora, habla de “venganza política”. Quien menos, como el actor Eduard Fernández, razona que se trata de una decisión “difícilmente comprensible”. Quien más, como el también actor Alberto San Juan, percibe la situación como “una guerra de clases” en toda regla. “Los presupuestos son coherentes con la política que están haciendo las instituciones del poder en España y en Europa”, dice el intérprete. “Es un saqueo característico de los tiempos de guerra. Desde el poder institucional, el gobierno y las empresas del Ibex 35, han declarado una guerra contra los ciudadanos”.

Vendetta, conflicto, inexplicable absurdo. Sea como fuere, lo único que parece claro es que el del cine es un modelo en transición. "La Cultura ha de tener un modelo mixto público-privado que dé lo mejor del sector privado mediante el mecenazgo y la fiscalidad y que incentive el tejido propio despolitizado y el ámbito de la intervención pública marcado por la transparencia, el control y la concurrencia", clamaba ayer Lassalle, siguiendo el discurso establecido desde el principio del gobierno del PP. Después de cinco reuniones de la comisión mixta formada para estudiar tal modelo de financiación, no obstante, no se ha avanzado a este respecto. En este presente que un día fue el mañana, la cacareada Ley de Mecenazgo sigue siendo una promesa para un futuro incierto, y los incentivos fiscales se mantienen en el 18%, a pesar de la petición de los productores de aumentarlos al 40%, cifra en la que se sitúan países como Alemania e Italia.

Las salidas

Ante la deuda contraída por el Estado con las productoras, la opción de salida más evidente para los empresarios, por el momento, es la de renegociar los créditos con el banco y esperar a que un día llegue la subvención convenida. Los intereses, eso sí, correrán a su cargo. Eso para las películas que ya están rodadas. Para las que están por hacer, la solución más a mano, según explican fuentes de la industria, es la coproducción internacional, una opción que ya lleva años practicándose.

“El camino de América Latina es muy importante”, dice la productora Dora Sales. “Son economías que están resurgiendo: hay una industria y una creatividad emergente, y hay países, como México, que tienen legislaciones más favorecedoras”. Para Targarona, de Rodar y Rodar, la vía pasa por hacer películas en inglés, con socios estadounidenses: “El problema es que tienes que tener proyectos que no sean muy localistas, tienen que ser películas que puedan viajar”. Si se trabaja con otros países europeos, añade la productora, se puede optar a ayudas de la UE. “Otras vías son hacer televisión o películas tan pequeñas que no las vea nadie”.

Las “otras” trabas

Más allá de lo puramente económico, declaraciones como las del ministro Montoro sobre la calidad del cine aportan opiniones que no hacen ningún bien a una industria que, como señala Targarona, crea “productos muy complejos”. “En el cine somos víctimas de una manía colectiva”, apunta, “existe una percepción de que somos una especie de cantamañanas, y es muy difícil salir del cliché”. Quizá nada sea tan poderoso para el desmentido que las cifras, que además, ponen en entredicho las declaraciones del titular de Hacienda de que los problemas del cine y la caída de taquilla tienen que ver “con la calidad” de los filmes, y que “lo del cine no tiene que ver con el IVA”.

Las producciones españolas, según datos oficiales proporcionados por el ICAA, han recaudado cada vez más en los últimos años. Concretamente, de los 81,6 millones de 2008 se ha pasado a 119,9 en 2012, un periodo en el que el número de espectadores ha crecido de 14,3 a 18,2 millones. Las exportaciones, además, crecieron un 19,9% solo en 2012. Un aumento probablemente heroico si se echa un vistazo al desolador panorama de una industria en pleno declive, con distribuidoras tan importantes como Alta Films (la mayor de España en lo que se refiere al cine independiente) en la quiebra e innumerables salas cerradas, tantas que ciudades enteras se han quedado sin una sola proyección. Solo hace falta pasear por el centro de Madrid, donde en otro tiempo hubo centeares de cines. Solo en los últimos años, han cerrado alrededor de 50, más de 500 desde los años setenta.

El Gobierno de España aprobará para "finales de año" un borrador del anterpoyecto de Ley de Mecenazgo, que, según ha asegurado este viernes en Santander, el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, "no puede entenderse sin la desgravación fiscal".

De esta forma, y a preguntas de los periodistas en Santander, Lassalle ha rechazado que el Ministerio de Hacienda sea reticente a que la cultura desgrave, algo que, a su juicio, demuestra al "liderar" el proceso hacia la aprobación de una Ley de Mecenazgo.

"Hombre, si el secretario de Estado de Hacienda y la Comisión interministerial que lidera el Ministerio de Hacienda está en estos momentos regulando la aprobacion de un anteproyecto de Ley de Mecenazgo será porque cree abiertamente en el mecenazgo y, por tanto, no puede entenderse el mecenazgo sin la desgravacion fiscal", ha aclarado Lassalle.

Ley de propiedad intelectual

Tras participar en un curso de la UIMP, Lassalle ha sido cuestionado también sobre la reforma de Ley de Propiedad Intelectual y ha resaltado la "importancia" que, a su juicio, tiene "trata de sacar adelante lo antes posible" el anteproyecto.

Cuestionado sobre el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que, otros asuntos, abre la posibilidad de que la retirada voluntaria de un contenido en la red implique el valor de reconocimiento implícito de la infracción, el secretario de Estado de Cultura ha señalado que, antes de tomar una decisión, sobre si el texto recogerá esa medida, "habrá qué esperar" a ver qué dicen en sus resoluciones otros órganos consultivos implicados en la reforma de la Ley.

"Eso es lo que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial. Estamos pendientes de saber lo que dirá la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, lo que dirá el Consejo Económico y Social, lo que dirá el Consejo de Estado...", ha recordado Lassalle.

Según ha apuntado, una vez se "acopien" todas las resoluciones de los órganos consultivos sobre este asunto, el Gobierno "afrontará un nuevo proceso de consenso" sobre el texto para ser llevado otra vez a la Comisión de Subsecretarios antes de ser aprobado por el Gobierno y remitir el proyecto de ley al Congreso de los Diputados.

Respecto a la reforma, Lassalle ha opinado que el modelo que se está tratando de sacar adelante está "consensuado más o menos" con el conjunto sectores involucrados y "trata por todos los medios" de establecer un entorno que garantice una seguridad jurídica "en todos los sentidos.

Se trata, según ha señalado, establecer un "equilibrio" que garantice, por una parte, el derecho a la propiedad intelectual y, por otra, los derechos fundamentales relativos a la circulación de internet,

Por otra parte, ha añadido que se busca también que ese marco de seguridad jurídica que se tratará de crear permita la "consolidación" de los nuevos modelos de negocio que están surgiendo, como los libros digitales, y la explotación de los derechos de autor en la red.

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha señalado este martes, al respecto del anteproyecto de Ley de Mecenazgo de Andalucía aprobado por la Junta, que está encantado de verse "superado por la izquierda" en este sentido y ha confiado en que la medida sirva para acelerar la aprobación de una ley nacional.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de clausurar el I Congreso Internacional sobre Propiedad Intelectual, ha dicho que, desde un punto de vista personal, le "encanta" que la izquierda haya abierto ese camino y ha mantenido que es "un enorme acierto que tengan que ser las comunidades autónomas las que tengan que estar promoviendo una legislación sobre mecenazgo".

Además, se ha felicitado porque, según ha dicho, está convencido de que la normativa andaluza "contribuirá a que se despejen" los "problemas" que pesan en la aprobación de la ley para el conjunto de España.

Preguntado por si considera que la ley que, entre otras medidas, apuesta por incentivar la adquisición y consumo directo de bienes y servicios culturales mediante deducciones del 15 por ciento en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) hasta un límite de 240 euros, servirá para acelerar la normativa estatal ha respondido que espera que "sí".

La Junta de Andalucía ha defendido este martes que la nueva norma que inicia su tramitación persigue "paliar" los efectos de la subida del IVA sobre el sector cultural, al que el Gobierno de la Nación "asfixia" con el tipo "más alto de la Unión Europea" mientras que "deja en un cajón" la Ley de Mecenazgo que prometía el PP en su programa electoral.