El negocio de la inversión tiene dos momentos clave, uno cuando "se consigue reunir a los capitales" y otro cuando "se detecta la oportunidad" , explica un profesional del sector inmobiliario que ha trabajado enlazando una empresa con varias gestoras de activos. Tanto en uno como en otro instante, añade, son fundamentales la "buena información", los "contactos" y el "nombre", que dan "confianza" a los inversores y "acceso a las puertas que hay que tocar". Las sagas ilustres de la gran empresa suelen traer de serie tanto "buena información" como "contactos" y desde luego "nombre", lo cual forma parte destacada del listado de razones que explican su importante presencia en este negocio.

Pero, ¿y los políticos? ¿También ofrecen ese aliciente?

La sociedad de inversión en capital variable (sicav) Morinvest, de la que es máxima accionista Alicia Koplowitz, permite explorar un ejemplo de coincidencia de dos elementos: el primero, dinero en cantidades millonarias listo para invertir; el segundo, destacadas figuras políticas, en este caso las dos del PP, José María Michavila, exministro con José María Aznar, y Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero con Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso, de la que ha sido considerado "gurú" económico. La heredera, aristócrata y empresaria ha fichado a estos dos políticos del PP dentro de su empeño por convertir Morinvest en la mayor sicav de España.

Alicia María Koplowitz y Romero de Juseu (Madrid, 1952), la 13ª persona más rica de España según la última lista de la revista Forbes, es uno de esos nombres cuya sola mención remite a riqueza, clase altísima, aristocracia, poder. Hija y heredera del empresario de origen polaco Ernesto Koplowitz y de la aristócrata cubana Esther Romero de Juseu, la fortuna de Alicia Koplowitz se aproxima a los 2.500 millones de euros, según Forbes. Crucial en la conformación de su patrimonio es la herencia dejada por su padre, que falleció en 1960 en un accidente de equitación. Su principal negocio era Cycsa, germen de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), todo un seguro de fortuna para sus hijas Alicia y Esther, que controlaron la empresa desde principios de los 90 hasta que en 1998 la primera vendió a la segunda sus acciones en la compañía, un 28,2%, por más de 135.000 millones de pesetas.

Hoy Alicia Koplowitz es al mismo tiempo una de las principales coleccionistas de arte de España y una de las principales inversoras. Su buque insignia empresarial es el grupo Omega Capital, del que es presidenta y propietaria, y que controla la sicav Morinvest, inscrita en el registro mercantil en 1998, poco antes de la venta de sus acciones en FCC. Las sicav, con un ventajoso régimen fiscal, se diferencian de los fondo en la personalidad jurídica. "Mientras que la sicav tiene la forma de sociedad anónima, un fondo de inversión son patrimonios sin personalidad jurídica que pertenecen a un grupo de inversores", explica Renta 4, una entidad especializada en servicios de inversión.

La heredera y empresaria sufrió en 2021 un varapalo en el terreno nobiliario al perder en un pleito el Marquesado de Bellavista en favor de una señora cubana de más de 100 años. Pero lo ha compensado con éxitos en el terreno económico, donde su sicav, que tiene una capitalización superior a 600 millones de euros, es la tercera mayor de España, según la clasificación publicada por Forbes en 2022.

Este año la inversora madrileña se ha aliado con JPMorgan y BBVA Asset Management para liderar con Morinvest el panorama de las sicav en España mediante su apertura al pequeño y mediano ahorro. Según Expansión, el movimiento de Morinvest, que cuenta con 500 inversores, supone una "revolución" en el mercado de las sicav en España.

Para acometer esta "revolución", en el último año y medio Koplowitz ha llevado a cabo una reestructuración de su emporio inversor. Además, ha incorporado a su sicav a dos figuras del PP con destacada trayectoria institucional: José María Michavila, encargado de estos cambios en la estructura empresarial, y Javier Fernández-Lasquetty.

El primero, Michavila, fue diputado en el Congreso durante 18 años (1993-2011) y ministro de Justicia entre 2002 y 2004, tras haber sido desde 1996 secretario de Estado, primero de Relaciones con las Cortes y después de Justicia. Formó parte, fuera en el primer o en el segundo escalafón, de todos los gobiernos de José María Aznar.

Hermano del conocido sociólogo Narciso Michavila, José María Michavila entró en el consejo de administración de Morinvest en septiembre de 2022, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El exministro, que figura como consejero y secretario del consejo, coincide en el mismo con la propia Alicia Koplowitz, su hijo Alberto Cortina Koplowitz, fruto de su relación con el empresario Alberto Cortina, y ahora también con el propio Lasquetty, si bien este todavía no figura oficialmente como miembro en la información consultada por infoLibre.

Michavila accedió a dicho órgano después de asistir a Koplowitz en el proceso de fusión en una sola de las cuatro sicav de la empresaria, explica el propio exministro a este periódico. Lo hizo en calidad de director y socio del bufete MA Abogados, que comparte con otro exministro de Aznar, Ángel Acebes. "Tras terminar el proceso de integración, muy laborioso, Morinvest me propuso quedarme", explica Michavila, que afirma que no se ha prevalido de "ningún relación política" para este trabajo ni conoció a Koplowitz a través de sus responsabilidades políticas.

El consejero y secretario de Morinvest recuerda que lleva "cuarenta años de vida profesional", de los que once estuvo en política –actividad que dejó hace 19 años– y 29 ha ejercido el derecho bancario, tema de su tesis. Formado en Harvard, fundó su primer despacho en 1984 y ha trabajado para JP Morgan, Oliver Wyman y Royal Bank of Canada, desgrana. "El derecho bancario es mi trabajo y mi especialidad", recalca.

El segundo político del PP fichado por Koplowitz es Javier Fernández Lasquetty, con una destacada trayectoria política de más de veinte años y ligada fundamentalmente a cuatro nombres: José María Aznar, Esperanza Aguirre, Pablo Casado –que después de su salida de la política se ha dedicado también al negocio inversor– y finalmente Isabel Díaz Ayuso.

Lasquetty fue secretario general de FAES, la fundación de Aznar, entre 2004 y 2007. Tras un paso por el Congreso como diputado, se incorporó a los gobiernos de Esperanza Aguirre, primero como consejero de Inmigración (2007-2010) y después de Salud (2010-2014), responsabilidad desde la que se convirtió en un ejecutor de las políticas de privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Tras una etapa como jefe de gabinete de Pablo Casado, siendo este presidente del partido, fue incorporado a su Gobierno por Ayuso en 2019 como consejero de Hacienda. En 2021 su cartera se amplió y pasó a ser de Economía, Hacienda y Empleo. El frecuentemente citado como "gurú económico" de Ayuso, que presenta como credenciales el haber ejecutado más de veinte bajadas de impuestos y haber derogado o flexibilizado más de 200 normas, no formó parte del Gobierno formado por la presidenta tras las últimas elecciones autonómicas, celebradas en mayo.

En octubre Lasquetty dejó su acta de diputado en la Asamblea de Madrid y abandonó el comité ejecutivo del PP regional para incorporarse al consejo de Morinvest, tal y como anunció en Linkedin el propio exconsejero, que trabajará codo con codo con Michavila. "Me siento muy feliz y muy honrado por unirme al consejo de administración de Morinvest, la sociedad de inversión que lidera Alicia Koplowitz, a la que agradezco su confianza. Morinvest es líder entre las sociedades de inversión, y con el impulso de su presidenta estoy seguro de que va a llegar mucho más lejos, generando una importante rentabilidad para los inversores que acuden a ella. Mi misión ahora es contribuir a ese propósito", señala Lasquetty, que da las gracias a todos los que lo "han ayudado" en sus años en política –a la que no ha descartado volver– y "sobre todo" a Ayuso, por ser "tan increíblemente inspiradora". Tanto la actual presidenta como Aguirre le permitieron, escribe, "poner en práctica" sus "valores" para "mostrar que la libertad funciona, que libres de trabas regulatorias y con menos impuestos, las empresas y las personas son increíblemente creativas y generan más oportunidades, más riqueza y más empleos".

Lasquetty, en respuesta por escrito a preguntas de infoLibre, afirma que su oportunidad de incorporarse a Morinvest surgió después de su salida del Gobierno de Ayuso, y que conoce a Koplowitz desde "muchos años antes" de ser consejero de Economía y Hacienda. ¿Qué diría que puede aportar a la sicav? "Experiencia en diseñar y ejecutar estrategias de transformación, con innovación y con buenos resultados. Capacidad de análisis. Experiencia en detección de riesgos. Conocimiento del entorno de comunicación", responde.

infoLibre trató de recabar comentarios para este artículo de Morinvest y de Omega, sin éxito.

El Consejo de Ministros nombrará este viernes a la exvicepresidenta del anterior Gobierno del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, consejera electiva del Consejo de Estado por un mandato de cuatro años, ha avanzado este jueves el Gobierno.

También se nombrará nuevos consejeros electivos del supremo órgano consultivo del Ejecutivo a la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, al exsenador de ICV Jordi Guillot y a la exmagistrada del Constitucional Elisa Pérez Vera, la primera mujer que fue rectora de una universidad pública en España.

El Consejo de Ministros renovará este viernes también el mandato de otros consejeros electivos que ya ejercen esta función en el Consejo de Estado. Es el caso del exministro de Justicia del PP José María Michavila, el expresidente del Senado Juan José Laborda (PSOE), el exministro de UCD Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona y la filósofa Amelia Valcárcel.

Quiénes se van y quiénes se quedan

Salen en cambio, por haber caducado su mandato y no ser renovados, las exministras del PP con José María Aznar, Ana Palacio e Isabel Tocino; el abogado del Estado y exdiputado de Unió (UDC-CiU) Manuel José Silva Sánchez; y la exdefensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano. Se mantiene por el momento como consejero electivo el socialista extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya que pertenece al cupo reservado a los expresidentes autonómicos.

A lo largo de su historia, el Consejo de Estado, organismo que asesora al Gobierno pero independiente de él, se ha caracterizado por mantener una composición plural y diversa entre sus miembros, de manera que los distintos ejecutivos han ido nombrando miembros del órgano asesor a distintos perfiles que podían o no ser cercanos a su ideología.

La denuncia de PSOE, Podemos y Ciudadanos también subraya cómo el Canal contrató a una larga ristra de bufetes externos, que en total percibieron más de 11 milones. Entre ellos aparecen tres que, como empresa o a través de sus socios, han estado relacionados en algún momento con otras tantas personalidades del ámbito del PP: Esperanza Aguirre, el exministro José María Michavila y el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Que el Canal otorgó a KPMG el contrato para dos asesorías de las que no hay informe escrito –la primera, de 2014, por 292.990 euros; y la segunda, de 2015, por 116.000 euros– fue notificado hace dos meses por el Gobierno de Madrid al PSOE. La contestación llegó tras sendas peticiones de información en las que los socialistas requerían copia de los informes a que hubiera dado lugar cada uno de los dos contratos. En ambos casos la respuesta del Ejecutivo, a la que infoLibre ha tenido acceso, contiene una frase de redacción peculiar pero aparentemente inequívoca: "A tal efecto no hubo informe que diera lugar la ejecución del contrato". Portavoces oficiales del Canal corroboraron el viernes a este periódico que, en efecto, los trabajos de asesoramiento prestados por KPMG no originaron ningún informe final ni memorando de actuaciones.

La segunda asesoría, aquella por la que el Canal pagó 116.000 euros ya en 2016, tenía por objeto implantar un sistema de control y gestión de riesgos en dos filiales latinoamericanas del Canal, Triple A de Barranquilla (Colombia) y Emissao (Brasil). Las dos son filiales del Canal a través de su cabeza de puente en Latinoamérica, Inassa, cuya adquisición en 2001 también se investiga en la Operación Lezo. Emissao ocupa un lugar central en las pesquisas.

La ausencia de rastro documental en contratos de tal envergadura explica por qué el nuevo escrito sobre los puntos oscuros del Canal que la oposición madrileña ha entregado a Anticorrupción incorpora un párrafo donde los tres grupos –PSOE, Podemos y Ciudadanos– expresan sus sospechas sobre lo que definen como supuestas "asesorías verbales". Entregado el jueves, ese nuevo escrito implica una ampliación de la denuncia que los tres partidos ya presentaron en marzo.

Fuentes del Canal aseguraron el viernes a mediodía que, tras revisar las 600 peticiones de información formuladas por la diputada socialista Mercedes Gallizo, la mención a  "asesorías verbales" solo puede aludir a esos dos informes de KPMG. Ante la insistencia de este diario sobre lo extraordinario que resulta que los trabajos desarrollados por una auditora de alto nivel como KPMG no quedasen plasmados en ningún papel, los portavoces de la empresa de aguas adujeron que si el PSOE consideraba "insuficiente" la información aportada podía haber solicitado amparo a la Mesa de la Asamblea de Madrid. infoLibre no logró contactar con ningún portavoz de KPMG.

Entre los anexos adjuntos a la nueva denuncia figura uno relativo a todos los contratos otorgados por el Canal y sus filiales desde 2010 tanto a KPMG Asesores como a KPMG Auditores y cuyos datos proceden del Gobierno regional.  Solo los contratos con el Canal –es decir, sin contabilizar los adjudicados por sus filiales dentro y fuera de España– han reportado desde esa fecha a KPMG Auditores 2.876.618 euros desde 2010. La cifra de negocio que la empresa de aguas ha supuesto para KPMG Asesores asciende a 597.293 euros.

La auditora, una de las mayores a escala internacional, se ha situado en un lugar preeminente del escenario desde el estallido de la Operación Lezo. Porque una de las principales operaciones del Canal bajo sospecha es la compra de la empresa brasileña Emissao en noviembre de 2012. La transacción se articuló a través de una oscura compañía uruguaya ligada a Panamá. Y, según el juez Eloy Velasco, el Canal desembolsó un precio –21 millones de euros– muy superior al del valor real de Emissao.  La compra se efectuó sin que mediara una tasación externa. Según fuentes del actual equipo del Canal, KPMG llegó a acometer la elaboración de una due diligence –valoración independiente– pero no llegó a finalizarla.

"Diagnóstico a alto nivel"

El primero de los dos contratos, ambos adjudicados a KPMG Auditores, fue el número 7 de 2014. Y quedó bautizado así: "Servicios profesionales para la implantación, mantenimiento, seguimiento y supervisión del sistema interno de control y gestión de riesgos". Según la respuesta parlamentaria ofrecida al PSOE el 8 de marzo, lo que KPMG hizo fue lo siguiente: "El adjudicatario, conforme a su experiencia y al conocimiento de la actividad financiera de Canal de Isabel II Gestión SA, adquirida en su condición de ser el auditor externo, asesoró al equipo de trabajo de Canal de Isabel II Gestión SA para cumplir con la nueva normativa, que, entre otras previsiones, hace especial incidencia en la definición, descripción, mantenimiento y revisión del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera" (SCIIF). 

Es a renglón seguido cuando el Ejecutivo madrileño confirma la inexistencia de informe escrito: "A tal efecto no hubo informe que diera lugar la ejecución del contrato (sic), que consistió en el asesoramiento y asistencia al Canal de Isabel II Gestión" en varias parcelas. Las tareas desarrolladas, continúa la respuesta oficial, comprendieron desde la "actualización de la política SCIIF y el Manual de Organización del SCIIF" a un "diagnóstico de alto nivel de gobierno corporativo del cumplimiento de las recomendaciones propuestas en el Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas".

Respecto de la segunda asesoría, ejecutada en virtud del contrato 187/2015 y concerniente a Triple A de Barranquilla y Emissao, la respuesta del Gobierno esgrime como un leit motiv la ausencia de rastro documental: "A tal efecto no hubo informe que diera lugar la ejecución del contrato, el cual consistió en el asesoramiento y la asistencia a cada una de las sociedades respectivas para la implantación, seguimiento y supervisión del sistema interno de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de la información financiera (SCIIF) en Triple A de Barranquilla y Emissao SA". La implantación del SCIIF en Emissao –finaliza el texto– se llevará a cabo a lo largo del año 2017".

Más de 11 millones para abogados externos

Además de los anexos sobre los trabajos de consultoría pagados a KPMG, la denuncia adjunta la larga relación de asesorías jurídicas encargadas por el Canal y sus filiales a abogados externos desde 2003.

Entre los 40 bufetes que en ese periodo se repartieron 11,2 millones, desembolsados por la mayor empresa pública de Madrid, dotada de su propio departamento jurídico, figuran tres relacionados con destacadas personalidades del ámbito del PP: EIUS, al que durante años permaneció vinculado el exministro del PP José María Michavila al tiempo que ocupaba un escaño en el Congreso; Guió Abogados, capitaneado por el antiguo socio de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid; y Herrero y Asociados, una de las mayores agencias españolas de gestión de propiedad industrial y para la que, como desveló infoLibre, en 2014 prestó servicios como lobista el marido de Esperanza Aguirre.

De esos tres despachos fue Guió Abogados el que obtuvo mayores ingresos. Trabajó ininterrumpidamente para el Canal entre 2007 y 2016 –la respuesta parlamentaria que detalla los bufetes no ofrece datos del año en curso– y cobró por ello 1.110.052 euros. Su tarea: "Prestación de servicios externos de asesoramiento fiscal integral para la Dirección Financiera con independencia de los importes económicos de los asuntos sobre los que versa la prestación del servicio".

EIUS, con el que ya no colabora Michavila, recibió pagos del Canal en el periodo 2005-2009. Exactamente, 287.500 euros. Su misión oficial, según la respuesta del Gobierno: "Asesoramiento jurídico a Canal de Isabel II en materia de Derecho Público. Servicios de gestión de cobro".

El tercero de la lista, Herrero y Asociados (H&A), cobró 213788 euros en ocho años por servicios "en materia de gestión de marcas, patentes y propiedad industrial". Su colaboración con el Canal comenzó en 2006 y culminó en 2013. Al año siguiente, 2014, H&A se hizo con los servicios como lobista de Fernando Ramírez de Haro, el marido de Esperanza Aguirre.  “Prestación de servicios en gestiones de asesoramientos en tareas comerciales y promocionales”. La expresidenta de Madrid y de la organización regional del PP tenía información puntual de las gestiones de su marido como lobista.

No consta que Fernando Ramírez de Haro tenga especiales conocimientos en temas de patentes o de propiedad industrial. Pero, de acuerdo con los datos obtenidos en 2015 por infoLibre, una de las cosas que más llaman la atención es el listado de clientes que H&A intentó captar gracias a las gestiones de Ramírez de Haro, ya que incluye organismos en los que participa directa o indirectamente la Comunidad de Madrid (como la Universidad Politécnica, Telemadrid o Ifema), empresas muy bien relacionadas con la cúpula del PP madrileño (Endesa, Talgo o Cadena Cope) y una sociedad de Enrique Cerezo, uno de los empresarios más beneficiados por los Gobiernos de Aguirre (la productora Video Mercury).

En nombre de la dirección nacional del partido sólo acudió Jaime Mayor Oreja, exministro de Aznar, miembro del Comité de Dirección del PP y uno de los más claros exponentes del ala dura del partido que preside Mariano Rajoy.

Quienes sí se volcaron en el acto fueron algunos exministros de los Gobierno de Aznar entre 1996 y 2004, como Eduardo Zaplana, Esperanza Aguirre, José María Michavila, Josep Piqué, Ángel Acebes o Pilar del Castillo. El acto fue presentado por Piqué y por el exdirigente de Comisiones Obreras (CCOO) José María Fidalgo.

En El compromiso del poder (Planeta), Aznar recupera algunos episodios de su segunda legislatura, un legado que defendió en su intervención. "Eso era un equipazo", dijo al hablar de los que fueron sus ministros.

"Agradezco la presencia de tantos personajes relevantes, de ministros del Gobierno que presidí. Me hace sentir orgulloso. Con ellos y otros muchos que no están... eso era un equipazo. Funcionaban como un equipo bien conjuntado, cohesionado y armónico", mantuvo el expresidente del Gobierno. Primer dardo para el Gobierno de Mariano Rajoy, según interpretaron los presentes.

El segundo dardo lo lanzó acto seguido: "Nosotros compartíamos la idea de España como nación que no se discutía. Se podía sentir de forma diferente, pero no se discutía", sentenció para después añadir que su equipo no había llegado al Gobierno para "sobrevivir" o "gozar de las prebendas o cargos" que ello implicaba. "No estábamos en el Gobierno para que nos resbalasen las cosas, sino para resolver las cosas", resumió. Precisamente una de las críticas que siempre vierten los aznaristas contra el actual presidente de Ejecutivo es la de que dilata al máximo sus decisiones y llega a dejar que los asuntos se solucionen por sí solos sin tomar ninguna iniciativa.

En materia de estabilidad institucional, el presidente de honor del PP hizo un llamamiento a "no perder" aquello que se logró en sus años de Gobierno. "La ley no se debe aplicar a capricho, se debe aplicar siempre". 

Antes de poner punto y final a la presentación de su libro, Aznar quiso poner en valor el ejercicio de la política. "Hoy, hacer política es más importante que nada. Y si algo podemos echar de menos es que no se hace suficiente política. Y esto implica que los políticos renuncian a su ámbito y es ocupado por otros poderes, por ejemplo en el ámbito de la Justicia", lamentó. Algunos de los presentes interpretaron esta observación en el contexto del varapalo de Estrasburgo a cuenta de la doctrina Parot. Y por tanto, otro dardo contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Lo que no hizo en ningún momento el presidente de FAES es citar expresamente al presidente del Gobierno. Eso se lo dejó a Fidalgo que comentó que él defiende al Ejecutivo de Rajoy y que incluso se lo ha comentado a él mismo. No obstante, señaló que no le gusta "nada" cuando "le salen de sus dominios algunos cañonazos envenenados".

Cuesta imaginar que en cualquier democracia decente no hubieran ocurrido ya un montón de cosas que aquí aún se esperan con notable escepticismo. Sostiene Bárcenas que, después de la publicación de sus papeles en El País, el presidente del Gobierno le puso un mensaje para pedirle "tranquilidad" y que después le comunicó con dos intermediarios (los exministros Michavila y Acebes) para controlar los efectos de la llamada contabilidad B del PP. Y se relata una reunión de Bárcenas con Mariano Rajoy y Javier Arenas en la que acuerdan que el primero deje el puesto de tesorero pero siga cobrando y manteniendo sus privilegios en el partido. Incluso después de hacerse público parte del dineral que Bárcenas esconde en Suiza, éste asegura que Rajoy le transmitió a través de Arenas que lo mejor era "dejarlo todo como estaba".

¿Por qué no hubo registros?

Y seguimos en las mismas, por surrealista que pueda parecer en términos políticos y morales, pero también en términos judiciales. Ya es difícil encontrar a un solo jurista capaz de explicar por qué en ningún momento se solicitó el registro del despacho que Bárcenas ocupaba en la sede nacional del PP; o por qué no se requisaron los ordenadores que utilizaba; o por qué no se comprobó la documentación que podía guardar en su propio domicilio; o la que podía conservar el extesorero Álvaro Lapuerta... Pero cuesta aún más entender que el presidente del Gobierno sea acusado directamente de haber conocido o incluso encubierto posibles delitos relacionados con la financiación ilegal de su partido y no haya respuesta alguna. Rajoy ha esquivado unas vez más las preguntas sobre el caso y prefiere el mutismo, el "ya escampará" o ese marmóreo "dejarlo todo como estaba" que tan excelentes resultados le ha dado en su trayectoria política.

Algunas insinuaciones conviene intentar aclararlas. Por ejemplo, la que alude a que en la contabilidad de Bárcenas figuran "pagos en negro a un ex dirigente del PSOE...". Fuentes muy cercanas al extesorero han confirmado a infoLibre que Ricardo García Damborenea, exdirigente socialista vasco condenado en 1998 por el caso GAL, habría cobrado del PP desde mediados de los años noventa, cuando empezó a reclamar el voto para el partido de Aznar. El señalado prefiere no responder. Al PP, como tantos otros datos de sus cuentas, no le "consta". Y es grave. La denuncia de los GAL y del terrorismo de Estado fue un asunto de capital importancia en la campaña electoral que aupó a Aznar hasta la Moncloa. Si el partido estaba pagando a uno de los principales condenados en aquella trama, toda reivindicación de ética política quedaría reducida a la más obscena hipocresía.

Por muy convencido que esté Rajoy de que el silencio lo cura todo, un presidente del Gobierno no puede mirar al infinito cuando las acusaciones de su extesorero le señalan (al menos) como conocedor y por tanto encubridor de actuaciones que han ido ligadas a la posible comisión de delitos muy graves. "Dejarlo todo como estaba" va a resultar imposible.