La Diputación Permanente del Congreso acogerá este martes, a petición de PP y Ciudadanos, un debate relativo a la posición española sobre Gibraltar a raíz de la reunión que la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, mantuvo este jueves con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado para el martes a la cinco de la tarde la primera reunión que celebrará la Diputación Permanente durante este paréntesis estival y ha incluido en el orden del día la solicitud registrada este mismo viernes por conservadores y naranjas, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En concreto, lo que demandan el PP y Ciudadanos es que se convoque un Pleno extraordinario para que la jefa de la Diplomacia española dé explicaciones acerca de ese encuentro con el ministro principal de Gibraltar.

"Error histórico"

El líder del PP, Pablo Casado, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "reprobar" esta reunión bilateral, que considera un "inadmisible reconocimiento" del Ejecutivo de Gibraltar "como interlocutor válido". "Si no, estará admitiendo la renuncia a los derechos históricos españoles", dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la diputada Valentina Martínez, portavoz de Exteriores del Grupo Popular, ha advertido de que esta decisión constituye un "error histórico" con el que Sánchez "traspasa otra línea roja más". Por su parte, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, espera que la ministra dé explicaciones "sobre el porqué de la reunión" con Picardo y "los temas que trataron".

Dado que "es la primera vez que un ministro del Gobierno de España se reúne a solas con el ministro gibraltareño", tendrá que haber "una justificación muy razonable para que se haya roto esta tradición histórica que España siempre ha tenido" de "negar a Gibraltar cualquier tipo de reconocimiento en la escena internacional", ha indicado.

Habitualmente convulsa, la comarca del Campo de Gibraltar vive estos días con una infrecuente tranquilidad. Sobre el papel, no debería. El 31 de enero, este viernes, es la fecha marcada en rojo para el Brexit, la salida del Reino Unido de la UE, llevándose consigo a Gibraltar, pulmón económico de una de las zonas más deprimidas y socialmente más problemáticas de Andalucía y España. Se trata de un área de 250.000 habitantes cuyo PIB depende en un 25% de la irradiación del Peñón. Unos 10.000 trabajadores españoles cruzan cada día la verja, la mayoría desde La Línea de la Concepción. El impacto del Brexit en la economía andaluza podría suponer entre 500 y 1.200 millones, en función de si acaba siendo una salida con o sin acuerdo, según el plan de contingencia de la Junta de Andalucía. Hay, con los números en la mano, motivos para la inquietud. También si miramos la historia. En la zona pesa el recuerdo del cierre de la verja entre 1969 y 1982, de desastrosas consecuencias, que ha dejado un trauma en la comarca. Y, sin embargo, los mensajes son de tranquilidad. Casi de cierta confianza. La verja seguirá como estaba, habrá un simple cambio de banderas y las partes –España y Reino Unido– se pondrán a negociar los detalles para cuando el divorcio sea ya completo, previsiblemente a final de año. Gibraltar sale de la UE sin el menor dramatismo.

Todas las autoridades coinciden en un mensaje: el primer día después del Brexit se parecerá mucho al último día antes del Brexit. "El 1 de febrero empieza un periodo de transición hasta el 31 de diciembre en el que básicamente no va a cambiar nada la vida cotidiana de los ciudadanos. No habrá absolutamente ningún cambio en la frontera, cuya calidad jurídica sigue siendo la misma. Se reconocen todos los documentos que se reconocían hasta ahora", señala un portavoz del Gobierno de Gibraltar a preguntas de infoLibre. Dicho portavoz añade que el único cambio visible en Gibraltar será la sustitución de la bandera de la UE, que ondea en algunos puntos como la frontera, por la bandera de la Commonwealth. Es curioso: al final, sí que habrá cambio de banderas en Gibraltar... pero no el que habían soñado los defensores de la soberanía española en tierra de yanitos, con la rojigualda azotada por el viento de Levante, sino la anhelada por los valedores del Brexit. Ironías de la política y de la historia, tan comunes en este trozo del mundo.

En la Roca, el Brexit no entusiasma. Se hará porque es obligatorio y punto. En el referéndum de 2016, 19.322 personas votaron por la permanencia, el 95,9%, mientras sólo 823 votaron leave. Cuando el Reino Unido votó por la salida, grandes temores se cernieron sobre el Peñón, un territorio que basa su gran riqueza en un estatus fiscal ventajoso en el seno de la UE, y que se ha resistido como gato panza arriba a las tentativas de España por su recuperación. Tras el referéndum, el debate se centró pronto en la cuestión de la cosoberanía, reclamada formalmente por España, aunque con más o menos intensidad según los gobiernos. Hoy, tres años y medio después de la histórica votación, las aguas bajan mucho más calmadas.

El socialista Josep Borrell, que como ministro de Exteriores bajó varios decibelios la intensidad de la reclamación de cosoberanía que habían abanderado José Manuel García-Margallo y en menor medida Alfonso Dastis –ambos del PP–, firmó con Reino Unido en noviembre de 2018 cuatro memorandos sobre Gibraltar, a su vez emanados del protocolo sobre el Peñón incluido en el acuerdo del Brexit. Los memorandos son sobre derechos, cooperación policial, medio ambiente y tabaco. El más relevante para la comarca es el de derechos, que garantiza sobre el papel las condiciones de los trabajadores del Campo de Gibraltar, incluyendo sus beneficios sociales, que disfrutarán en igualdad de condiciones que los locales conforme al principio de no discriminación. A esto se añadió después, en marzo de 2019, la firma de un "tratado fiscal" entre España y Reino Unido que persigue la eliminación del fraude y el establecimiento de reglas claras para resolver conflictos de residencia fiscal.

"Estos memorandos y el tratado fiscal ya supusieron un paso muy grande en la normalización de las relaciones", señala el Gobierno de Gibraltar, que incluso lanza un mensaje de "optimismo" en cuanto a la posibilidad de que las negociaciones sobre los términos del Brexit terminen con problemas históricos de vecindad entre la Roca y la comarca. Sería una ironía –otra más– que la salida de la UE, al obligar a una negociación tantas veces pospuesta, terminara desenquistando problemas de toda la vida.

¿Ocurrirá? El detalle de todos los acuerdos se discutirá durante el periodo de transición, que durará como mínimo hasta el 31 de diciembre. Ahí se verá la letra pequeña.

El jueves de la pasada semana, España y Reino Unido ya se sentaron a hablar en Madrid. Por la parte española, estuvieron los ministerios de Asuntos Exteriores, Trabajo, Transición Ecológica e Interior, además de la Agencia Tributaria y la Delegación del Gobierno en Andalucía. Participaron también representantes de la Junta de Andalucía y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Por la parte británica, asistieron a la reunión representantes de la Embajada británica en Madrid, del Foreign and Commonwealth Office y de las autoridades gibraltareñas. Es significativa la presencia de funcionarios de la Roca, que no siempre han sido bienvenidos por las autoridades españolas. Hubo hasta ocho, encabezados por el fiscal general, Michael Llamas. El diálogo político en torno a Gibraltar se ha ido destensando desde que el Gobierno logró en noviembre de 2018 la famosa "triple garantía", según la cual la relación del Peñón con la UE debe pasar siempre por España. 

Pragmatismo

Tras la reunión, no ha habido ruido ni críticas. Ni se mencionan los asuntos más peliagudos. La agenda en clave nacional está en segundo plano. Las autoridades se expresan con cautela y cierto optimismo. La primera reunión de detalle tendrá lugar el 26 de febrero en Algeciras –lo cual, por cierto, ha suscitado alguna crítica en La Línea–. Entonces se constituirán los comités encargados de dar cumplimiento a cada uno de los memorandos. El resultado irá evidentemente ligado a las negociaciones entre Reino Unido y la UE, pero el curso que de las negociaciones sobre Gibraltar viene marcado por una disposición constructiva. Y, en cualquier caso, no se pone en duda que la primera fase del Brexit, a partir del 31 de enero, no supondrá ningún trauma. Tras la reunión de la pasada semana en Madrid, el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández (PSOE), trasladó un mensaje de confianza y situó como prioridad "garantizar los derechos y defender los intereses y la prosperidad de los españoles, con especial atención a los vecinos y trabajadores del Campo de Gibraltar". Es el tipo de mensaje tranquilizador entre el colectivo de trabajadores de la Línea, que tiemblan cuando las tensiones diplomáticas dificultan la solución de problemas mundanos.

El Gobierno andaluz de PP y Cs, con matices, sigue un guión parecido. El vicepresidente, Juan Marín (Cs), ha asegurado este lunes que el Brexit no afectará a Andalucía en 2020. "Ya se verá en 2021", añadió. El presidente, Juanma Moreno (PP), también se refiere siempre al Brexit y sus consecuencias en un tono de pragmatismo institucional. Las organizaciones más representativas de de la zona se hacen eco de este clima de relativa calma. "Se nos asegura que no van a cambiar las cosas, que los trabajadores no van a a ver afectadas sus condiciones de entrada. Ahora tendremos que estar pendientes de las negociaciones para que los acuerdos de los memorandos se apliquen, sobre todo en lo más importante, la fluidez en la frontera", explica Lorenzo Periáñez, presidente del Grupo Transfronterizo de Gibraltar, la organización social más representativa de la zona, compuesta por asociaciones de empresarios y sindicatos a un lado y otro de la verja.

La semana pasada, en nombre del Grupo Transfronterizo, el portavoz del sindicato gibraltareño The Union, Michael Netto, ponía tras una reunión con Unidas Podemos palabras a la inquietud de fondo existente: "No queremos un estancamiento político, como hemos visto en el pasado". En el entorno sindical y empresarial se ve con buenos ojos la actitud conciliadora de Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar. El Gobierno gibraltareño trabaja en un proyecto de ley para la plasmación en su territorio del acuerdo de retirada que es respetuoso con los términos establecidos en los memorandos.

De modo que no está previsto que ocurra nada grave el 31. Asoma una especie de prólogo del Brexit, cuyos términos se verán en función de una negociación que tendrá una escala general –Reino Unido-UE– y una escala particular –España-Reino Unido–. Ahí se dirimirá todo. Y esa partida aún no ha comenzado. También está por ver la utilidad de los planes de contingencia diseñados, sin colaboración entre sí, por los Gobiernos de España y Andalucía. En el campo de Gibraltar hay una larga tradición de grandes planes incumplidos.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de España en torno al papel de Gibraltar en el pacto de retirada de Reino Unido de la Unión Europea durante una reunión celebrada este viernes en Madrid con las autoridades españolas. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha aclarado que el anuncio de Picardo no se refiere al tratado de salida del Reino Unido de la Unión Europea, con el que España sigue manteniendo reservas, sino a cuatro memorandos y un acuerdo fiscal negociados bilateralmente entre Madrid y Londres que facilitarán una salida más ordenada de la UE por parte del Peñón una vez que el Brexit se produzca, según han informado fuentes diplomáticas.

A pesar de que tanto España como Reino Unido se han congratulado por estos acuerdos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantiene que vetará el tratado del BrexitBrexit que deben aprobar los líderes europeos en una cumbre este domingo si no se deja claro que cualquier relación futura de Gibraltar con la UE deberá ser negociada bilateralmente entre España y Reino Unido. Es decir, que no podría ser pactada directamente entre los negociadores de la UE y Londres.

En su anuncio, en una entrevista en la radio de la BBC, Picardo había adelantado que España y Gibraltar están "trabajado muy duro y, de hecho, hemos alcanzado un acuerdo de buena fe con los colegas españoles con respecto al papel de Gibraltar en el proceso de retirada [...] Hemos trabajado juntos y hemos cumplido", ha señalado el ministro principal gibraltareño, antes de añadir que España no ha usado ningún "veto" para llevar a Gibraltar a la mesa de negociación. "Si [el acuerdo de retirada] se abriera para una coma o un punto sobre Gibraltar, se reabriría para cualquiera de los otros temas", ha señalado Picardo.

España rebaja el tono y afloja la presión sobre Gibraltar en la larga antesala del Brexit, que deberá culminar en marzo de 2019. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis (PP), ha marcado prioridades propias y un discurso distinto al de su antecesor, José Manuel García Margallo, sobre la espinosa cuestión del Peñón, un cambio apreciado e incluso agradecido por el Gobierno de Gibraltar. Los alcaldes del entorno de la Roca, así como sindicatos y asociaciones empresariales, presionan al Gobierno para que facilite un Brexit blando para el Peñón, un motor económico del que depende la cuarta parte de la PIB de una comarca, el Campo de Gibraltar, de más de 250.000 habitantes y castigada por el paro y la escasez de alternativas económicas. Dastis, que ha abandonado la retórica amenazante y despectiva de su antecesor, ha situado la necesidad de amortiguar el impacto del Brexit en ciudades como Algeciras y la Línea como objetivo básico de su gestión del problema.

Margallo ponía al frente de todas sus preocupaciones la cosoberanía o soberanía compartida, una propuesta con pocos visos reales de ser aceptada por Londres y rechazada de plano por la mayoría de los gibraltareños y sus autoridades. Al mismo tiempo el ex ministro advertía de que tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea la verja con Gibraltar se convertiría en una frontera exterior de la que España tendría el control, lo cual sonaba a amenaza de obstaculización del tránsito de personas y mercancías.

La verja es un valioso instrumento de presión en manos de España. La perspectiva de su utilización política resulta inquietante para la comarca del Campo de Gibraltar, uno de cuyos principales activos es la proximidad económica del Peñón. Pesa en la zona el recuerdo del cierre de la verja entre 1969 y 1982, de desastrosas consecuencias, que ha dejado un profundo trauma en la zona. Dastis, que no ha renunciado a la cosoberanía pero hace mucho menos hincapié en la misma que Margallo, se esfuerza en disipar estos temores y subraya su preferencia por un Brexit controlado que minimice el impacto en la comarca. "España no va a cerrar la Verja. No se desea perjudicar la vida diaria de los ciudadanos", señala Exteriores a infoLibre.

El vecindario, antes que la patria

El vecindario va antes que la patria y el empleo antes que la bandera. Dicho de otro modo: el pragmatismo se está imponiendo al esencialismo. "Yo soy de 'Gibraltar español', pero hay que ser inteligentes", afirmó Dastis en febrero, una frase impensable en Margallo.

En otra ocasión, el 28 de septiembre pasado, Dastis se soltó aún más. "Uno puede comprender a Gibraltar, mire lo que tenemos al otro lado de la verja. ¿Usted cree que quieren ser como esa otra gente?", afirmó en una respuesta al público durante una conferencia en Madrid, una declaración que –admitió– podía parecer una "herejía", pero que era lógica teniendo en cuenta la "degradación" de La Línea de la Concepción (Cádiz, 64.000 habitantes), la vecina española de Gibraltar.

Declaraciones duras, pero que pasaron desapercibidas, porque la crisis catalana devora toda la atención. No obstante, ahí quedaron: el ministro de Exteriores español admitiendo que es normal que Gibraltar no quiera ser española, porque la comarca gaditana que rodea a la Roca pierde por comparación. "Yo soy muy sensible y me conmovió el alcalde de La Línea, que está entregado a su ciudad, porque dice que su ciudad se muere", añadió Dastis.

61.000 frente a 16.000 euros per cápita

El ministro es de Jerez de la Frontera (Cádiz). El Campo de Gibraltar le pilla cerca. Lo conoce, no habla de oídas. Sabe que, al margen del enquistado conflicto diplomático entre Reino Unido y España por la soberanía de Gibraltar, la Roca tiene una microrrelación especial con este trozo de España. Margallo conocía menos esta realidad. Por eso la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, donde hay también alcaldes de su partido, le había entregado en octubre de 2016 un informe explicativo de la situación que pretendía dos cosas: una) dejar constancia ante el ministerio de la particular relación de la comarca con Gibraltar y del impacto de su salida de la UE; dos) pedir medidas compensatorias. Los datos que incluye el informe explican la modulación de la postura diplomática española, al tiempo que ilustran hasta qué punto una salida traumática de Gibraltar de la UE sería un latigazo para su entorno español.

El estudio recoge que Gibraltar, con 29.000 habitantes, tiene una renta per cápita de 61.000 euros y una tasa de paro prácticamente inexistente. El Campo de Gibraltar suma 265.000 habitantes, una renta per cápita de 16.000 euros y una tasa de paro del 32%. De los desempleados, un 92% no tiene formación secundaria. Hay un abismo a un lado y otro de la verja. ¿Por qué iba a querer Gibraltar saltar?

El turismo, el tráfico portuario y las empresas online, así como las exenciones y beneficios fiscales derivados de su particular estatus jurídico-político, hacen de la Roca una pequeña potencia económica, cuya riqueza irradia hacia toda la comarca. 10.000 trabajadores españoles, la mayoría de La Línea de la Concepción, cruzan cada día la verja para trabajar en los siete kilómetros cuadrados de la Roca. Un informe de la Cámara de Comercio de Gibraltar cifró la aportación del Peñón a la comarca en 2013 en casi 1.000 millones de euros, un 25% del PIB de la comarca. Los efectos del Brexit ya se notan. La devaluación de la libra en relación al euro está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores españoles en Gibraltar.

Medidas compensatorias

En el informe entregado en octubre a Margallo, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar reclama al Gobierno medidas ante los posibles efectos del Brexit: un plan de empleo, programas de formación, estrategias de desarrollo, inversiones –es crónico el déficit de las conexiones ferroviarias del puerto de Algeciras... La medida solicitada de mayor impacto es el reconocimiento de un régimen fiscal especial para atraer empresas y actividad económica.

"En el Campo de Gibraltar hay 30.000 parados, más de un 30% de la población activa. Hay que tener en cuenta que Gibraltar es también una gran empresa, que da trabajo a 10.000 personas. Cualquier repercusión negativa nos perjudicaría", señala Luis Ángel Fernández, concejal en Algeciras y presidente de la mancomunidad. "Ya hubo una experiencia negativa, como el cierre de la verja, y no queremos que se repita. Necesitamos alternativas de desarrollo. Somos una zona con suelo industrial, ideal para actividad logística. Sería muy importante una bonificación del impuesto de sociedades", señala.

De momento nada de eso ha llegado. No obstante, Dastis se muestra receptivo a este discurso. A diferencia de Margallo, nunca utiliza el control de la verja en términos amenazantes. Atrás quedan los tiempos en que Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar y líder de los socialistas, advertía a los gibraltareños de la supuesta intención de cerrar la verja de Margallo, que llegó a ser un personaje tremendamente impopular en la Roca, cuyos periódicos lo mostraban como ejemplo paradigmático de soberbia española. Ahora Picardo dedica incluso palabras de agradecimiento a Dastis, como hizo en su comparecencia en la ONU el pasado 3 de octubre.

Una "microrrelación" especial

Fernández, el presidente de la mancomunidad del Campo de Gibraltar, es del PP, que gobierna en Algeciras (120.000 habitantes). En su discurso no entra a decirle al Gobierno lo que tiene que hacer en cuestiones diplomáticas, competencia estatal de la que hace "seguidismo". "Nosotros lo que queremos son relaciones de buena vecindad y cooperación económica. Si ellos [los gibraltareños] quieren venir a comer o al cine, no queremos que tengan tiempos adicionales en la verja. Hay que tener en cuenta que hay una microrrelación especial. Las basuras de Gibraltar se depositan y reciclan en nuestro vertedero. Ellos pertenecen el Instituto de Estudios Campogibraltareños, compartimos los Juegos del Estrecho, en los que también están Ceuta y Tánger...", enumera Fernández, que pide que, pase lo que pase, haya "una frontera fluida y permeable". La verja, ni tocarla.

La Línea (La Línea 100x100, independiente), San Roque (PSOE), Los Barrios (Partido Andalucista), Jimena (PSOE), Tarifa (PSOE) y Castellar (IU) completan la comarca junto a Algeciras. Todos los alcaldes le piden a Dastis medidas compensatorias y sensibilidad con la zona. A pesar del cambio de tono y de actitud de Dastis, los alcaldes de partidos distintos al PP mantienen un discurso crítico, al considerar que la supuesta apuesta del Gobierno por la zona se reduce a declaraciones de intenciones. Exteriores lo desmiente. "El Campo de Gibraltar necesita atención especial con o sin Brexit; hay que saber aprovechar todas las oportunidades económicas que ofrece el Campo y para es eso es necesario procurar la mejora de las infraestructuras y estudiar nuevas formas de apoyo al Campo, que es lo que se está haciendo. Algunas de estas medidas [...] ya están en marcha, como las mejoras en la vía férrea Algeciras-Bobadilla [...]", explica el departamento de Dastis.

Los sindicatos a uno y otro lado de la verja también presionan por un Brexit blando. CCOO, UGT, Unite-The Union y The Teacher's Union colaboran en el Consejo Interregional del Sur. "Hay una serie de riesgos objetivos para los trabajadores a uno y otro lado que hay que abordar con seriedad. La afectación a los trabajadores de un Brexit duro sería mayor. En el turismo, en la industria del juego... Y además los llanitos [como se conoce a los gibraltareños en la zona] son una parte importante de la clientela de las empresas de la comarca", afirma Manuel Triano, secretario de CCOO en la zona, que no quiere que el escollo –en apariencia insalvable– de la negativa de Reino Unido a sentarse siquiera a hablar de cosoberanía derive en un conflicto que acabe afectando a los trabajadores.

Una difícil aspiración de cosoberanía

El Gobierno de España considera –y consideraba también cuando estaba el PSOE– que Gibraltar es una colonia y en realidad pertenece a España. Los sucesivos presidentes del Gobierno mantienen ante Londres una reclamación de la cosoberanía sobre la Roca, que diplomáticamente es firme pero políticamente es más bien retórica, puesto que Reino Unido no entra ni a considerar la posibilidad. De hecho ahora mismo la posibilidad, ya de por sí remota, está más lejos que nunca, explica Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. "Antes Reino Unido decía que cualquier acuerdo tenía que pasar por que los gibraltareños estuviesen a su vez de acuerdo; ahora dicen que los gibraltareños tienen que dar su conformidad sólo para empezar a negociar", señala Del Valle. Y no existe tal voluntad de negociar. Picardo es terminante en su negativa. En 2002 hubo un referéndum sobre la posibilidad de aceptar la cosoberanía con España: el sí obtuvo un 1,03%, frente a un 98,48% del no. No quieren ser España ni en pintura.

Los llanitos quieren ser británicos. Les va bien así. Desde 1973 Gibraltar está integrada en la UE como territorio británico de ultramar con un estatus especial. El Peñón dispone de las ventajas del club –tratados comerciales, libre circulación de personas y empresas, ayudas y fondos comunitarios...– , pero también de beneficios añadidos como la exención del IVA y la independencia de la unión aduanera, entre otros. Gibraltar no sólo ha desarrollado una notable oferta de servicios y un turismo pujante atraído en parte por la venta de productos sin IVA, sino también una legislación fiscal que la ha convertido en un dinámico centro financiero off-shore, aunque la UE no lo considera paraíso fiscal. El impuesto de sociedades es mínimo en comparación con España. Hay más de una empresa por cada dos habitantes. Económicamente es una cañón. El contraste con su mortecino entorno español es palmario. A la hora de atraer empresas, la comarca tiene cerca un competidor irresistible, con una oferta fiscal inigualable. En ese sentido, Gibraltar penaliza a su entorno español. Esto puede merecer la pena si hay luego compensaciones en forma de actividad económica. Pero no si un Brexit por las malas acabara afectando a la verja.

Un Peñón 'antibrexit'

Con su atractivo estatus europeo, ¿cómo iba Gibraltar querer salirse de la UE? Si el resultado global del referéndum fue de 17,4 millones a favor de la salida frente a 16,1 millones a favor de la permanencia, en el Peñón 19.322 personas votaron por la permanencia, el 95,9%, mientras sólo 823 votaron leave. Arrasó quedarse en la UE. Pero con los resultados globales en la mano, a Gibraltar le toca salir de la manita con el Reino Unido. Desde el minuto siguiente a la proclamación de los resultados, Picardo emprendió una campaña para reclamar la permanencia de Gibraltar en la UE, o al menos el mantenimiento de un estatus especial. El Gobierno de España se opone. Entiende que Gibraltar no debe ni siquiera formar parte de las negociaciones de salida de la UE.

Margallo aprovechó la posición de mayor debilidad de Gibraltar tras el Brexit para redoblar su ofensiva por la cosoberanía. Su insistencia llevó a provocar tensiones con Reino Unido. "Pondré la bandera [de España] en Gibraltar mucho antes de lo que Picardo cree", proclamó Margallo en octubre del año pasado, suscitando la reacción de su homólogo británico, Boris Johnson. Margallo realizó también comentarios sobre el contrabando –"Aunque en Gibraltar fumaran todos los monos no podrían consumir tanto tabaco"– o para justificar el cierre del Instituto Cervantes por parte del Gobierno del PP –"En Gibraltar salvos los simios todos hablan español"– que causaron protestas del Gobierno de Gibraltar.

Mejores formas, mismas carencias

Dastis ha desechado esa retórica. Los comentarios de índole patriótica más o menos chistosos con monos de por medio han desaparecido. El propio Gobierno de Gibraltar, a través de un portavoz, admite el cambio entre un ministro y otro y destaca las distintas manifestaciones de Dastis subrayando que el Brexit no debe perjudicar a los trabajadores del Campo de Gibraltar. No obstante, esto no significa que las relaciones entre España y Gibraltar sean fluidas. Es más, oficialmente no existen. No hay interlocución, aunque Exteriores señala que no por su culpa. "Hemos propuesto al Reino Unido la creación de grupos de trabajo técnico ad hoc con presencia de España, Reino Unido, autoridades autonómicas y locales españolas y autoridades locales gibraltareñas", explica el ministerio.

Lo indudable es que en la era Rajoy el Gobierno ha apostado por marcar la máxima distancia posible con Gibraltar. Además del cierre del Instituto Cervantes en 2015, el Gobierno fulminó en 2012 el Foro Tripartito (Reino Unido-España-Gibraltar) que había impulsado José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que daba un estatus diplomático a Gibraltar que no le correspondía. "Ahora mismo no hay una estructura institucional mínima para la colaboración, para abordar temas de convivencia transfronteriza. Nada. Absolutamente cero. Y los movimientos del Gobierno se han percibido en Gibraltar como confrontación", señala el catedrático Del Valle.

Esta falta de espacios de interlocución y colaboración contrasta con la gran cantidad de elementos de interés común: problemas medioambientales, atraque de submarinos nucleares, contrabando... "La negociación sobre la soberanía está bloqueada y la cooperación transfronteriza no existe", resume Del Valle, que pide que al menos haya un acuerdo de mínimos para establecer unas reglas básicas de convivencia y cooperación, relegando los litigios diplomáticos profundos.

Del Valle ha realizado una aportación original al siempre enconado debate sobre el estatus político de Gibraltar. En un artículo elaborado para el Real Instituto Elcano, el catedrático propone una soberanía compartida de Gibraltar como “Ciudad de las Coronas Británica y Española”, con un estatuto asociado y coordinado por la UE. A su juicio, ello podría dar una solución a la prioridad de cada una de las partes. Así lo explica en su artículo: "Para España, la recuperación de alguna forma de la soberanía sobre la ciudad perdida del Reino; para el Reino Unido, el mantenimiento de sus bases militares y de inteligencia; y, en fin, para Gibraltar, ser consultado y poder decidir su futuro respetando su identidad específica". Como se ve, Cataluña es el mayor, pero no el único frente identitario abierto para el Gobierno.

Boris Johnson, ministro de Exteriores británico, explicaba así, hace cuatro días en la Cámara de los Comunes, lo que se le pasó por la cabeza cuando su homólogo español, José Manuel García-Margallo, le planteó la posibilidad de que ambos Estados compartiesen la soberanía sobre Gibraltar: "Me acordé de Marlon Brando en El Padrino cuando dijo: Señor Barzini, debo decirlo, lo siento, pero mi respuesta es no"El Padrino.

Johnson, ex alcalde conservador de Londres, no se distingue por la consistencia de sus opiniones. Ha cambiado de parecer sobre múltiples asuntos –entre ellos el propio Brexit, que al principio no apoyaba y del que acabó siendo el gran valedor entre los tories– y se le atribuye una cierta tendencia a la improvisación y la boutade. Pero en el caso de Gibraltar es fácil seguir un rastro de continuidad en sus manifestaciones de sabor patriótico. "Las manos fuera de nuestra Roca", escribía para empezar un artículo en el Telegraph en 2013, texto en el que acusaba al PP de usar Gibraltar para lanzar cortinas de humo sobre los problemas económicos de España.

El Peñón no es parte de Reino Unido, sino un territorio bajo soberanía británica. Y es en esta soberanía en la que hace énfasis Johnson, que tras su nombramiento como ministro de Exteriores se apresuró en recibir a Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar (del Partido Socialista Laborista de Gibraltar). Las veces en que Johnson se ha manifestado sobre Gibraltar ha afirmado que es "fan" del Peñón y que el Gobierno británico "redoblará la guardia" para garantizar la soberanía de la Roca, siete kilómetros cuadrados donde residen unas 30.000 personas, pero cuya importancia económica es mucho mayor que su tamaño. El número de empresas al corriente de sus deberes fiscales –lo que las autoridades gibraltareñas llaman "compañías activas"– supera las 16.000, con lo que hay más de una por cada dos habitantes.

A pesar de que en el referéndum sobre la permanencia o la salida de Europa los ciudadanos de Reino Unido votaron por el Brexit, Gibraltar quiere seguir dentro o al menos mantener algún estatus especial en sus relaciones con la Unión. El sí a Europa en el referéndum del 23 de junio obtuvo casi el 96% de los votos en Gibraltar. No en vano, el Peñón ha disfrutado desde 1973 de las ventajas de la UE –tratados comerciales, libre circulación de personas y empresas, ayudas y fondos comunitarios...– , a las que ha sumado caramelos como la exención del IVA y la independencia de la unión aduanera, que están entre los motivos de su prosperidad económica. El Brexit es una amenaza para todo ello.

Una carta de Theresa May

Picardo lleva desde el mismo día que se decidió el Brexit embarcado en una intensa gira políticaBrexit para minimizar el impacto de la salida de la UE sobre Gibraltar. El dirigente gibraltareño logró que Theresa May, primera ministra británica, pusiera por escrito, en una carta en respuesta a otra anterior del ministro principal de Gibraltar, su compromiso con la soberanía de Gibraltar e implícitamente contra las pretensiones españolas.

"El desenlace del referéndum sobre la UE no afectará a nuestro firme compromiso con Gibraltar y su pueblo. Nunca concluiremos acuerdos mediante los cuales Gibraltar pase a estar bajo la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos ni participaremos en ningún proceso de negociación de la soberanía que no satisfaga a Gibraltar”, decía la carta de May.

Oferta de cosoberanía

El Gobierno español, que considera al Peñón la única colonia de Europa, se niega a que Gibraltar reciba un trato preferencial de la UE ahora que los ciudadanos británicos han votado por irse. Es más, el Gobierno rechaza que Gibraltar forme siquiera parte de las conversaciones sobre el Brexit entre la UE –de la que forma parte España– y Reino Unido –que está en la rampa de salida–.

El punto de partida del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que la salida de Reino Unido de la UE implica automáticamente la de Gibraltar. No hay más que hablar a ese respecto, a juicio del Ejecutivo. Según el Gobierno español, la única manera que tiene Gibraltar de evitar los perjuicios que va a suponer el Brexit para su modelo económico es aceptar la cosoberanía, esa oferta que a provocó que Boris Johnson se acordase de Vito Corleone.

Verja desmantelada o verja fronteriza

El ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo (PP), visitó este martes Algeciras (Cádiz), en la comarca del Campo de Gibraltar, para detallar su oferta, que tiene como atractivo principal el desmantelamiento de la verja, esa engorrosa barrera física y política que dificulta el tránsito entre uno y otro lado. Más suave en las formas que en otras ocasiones, Margallo afirmó que el Brexit es "una oportunidad histórica para realizar el desarrollo integral del Campo de Gibraltar", lanzando la idea de que toda la comarca podría beneficiarse en este contexto mucho más de lo que lo hace de la prosperidad del vecino gibraltareño.

Este mensaje tiene como destinatarios a los municipios de la zona, que temen que el conflicto diplomático acabe complicando los accesos a los entre 7.000 y 10.000 trabajadores españoles que cada día cruzan la verja, y que ya están sufriendo en su bolsillo la devaluación de la libra tras el Brexit.

Margallo pretende situar la pelota en el tejado de Picardo con su oferta de desmantelar la verja, una idea que el Gobierno español ya ha presentado incluso ante la ONU. Porque uno de los problemas que tiene Margallo es que la posición de Picardo, que básicamente pretende dejar las cosas como están mediante algún tipo de acuerdo con la UE, encuentra eco favorable entre los actores económicos y sociales de una comarca que ronda un 30% de paro y que se beneficia de la irradiación económica del Peñón. Según un informe de la Cámara de Comercio del Peñón, la actividad económica de la Roca aporta a la comarca del Campo de Gibraltar un 25% de su PIB, si bien es una estimación. CCOO y UGT, preocupados ante el enconamiento de las posiciones, volvieron este martes a hacer una llamada al entendimiento y al pragmatismo.

Doble nacionalidad y acceso al mercado interior

La oferta española incluye: cosoberanía, doble nacionalidad de los gibraltareños, un modelo económico esencialmente similar al actual y acceso al mercado europeo interior con sus libertades de circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Los críticos con la oferta en Gibraltar no la ven como una mano tendida, sino como una amenaza encubierta, como una forma de explicar disimuladamente todo a lo que tendría que renunciar el Peñón si no acepta.

En caso de no aceptar, sostiene el Ministerio, Gibraltar debería asumir que sería un tercer país y que España tendría derecho a realizar los controles fronterizos que considerase oportunos, limitando sus relaciones diplomáticas a Reino Unido. Gibraltar sería un pueblo de frontera de un país extracomunitario. En palabras de Margallo, pasará "automáticamente" a ser un país extranjero y la verja una frontera exterior. Esta posibilidad es preocupante tanto para Gibraltar como para toda la comarca. Pesa el recuerdo del cierre de la verja entre 1969 y 1982, que tantos problemas causó a los trabajadores de la zona.

Picardo ha rechazado reiteradamente la oferta de cosoberanía española, pese a que a priori dejaría intacto el régimen fiscal de Gibraltar. Este mismo martes, reunido en Sevilla con los máximos representantes de los sindicatos CCOO y UGT, volvió a rechazar de plano incluso dialogar sobre la posibilidad. En 2002 hubo un referéndum en Gibraltar sobre esta cuestión, que ganó abrumadoramente el no.

Monos y banderas

Las relaciones entre España y Gibraltar están muy deterioradas. Margallo ha realizado comentarios sobre el contrabando –"Aunque en Gibraltar fumaran todos los monos no podrían consumir tanto tabaco"– o para justificar el cierre del Instituto Cervantes –"En Gibraltar salvos los simios todos hablan español"– que han sido calificados como despectivos por las autoridades del Peñón. "Al Gobierno se lo ve como un matón de patio de colegio", señala Jesús Verdú Baeza, profesor de Derecho y de Relaciones Internacionales de la sede en Algeciras de la Universidad de Cádiz. El Gobierno del PP también dio por muerto el Foro Tripartito (Reino Unido-España-Gibraltar), un intento de suavizar las relaciones diplomáticas. Este martes, a preguntas de los asistentes en un almuerzo-coloquio del Grupo Joly en Los Barrios, Margallo dijo que no tenía ninguna relación con Picardo, pero que estaba dispuesto a tenerla.

Al ministro, objeto de frecuentes críticas de Picardo y de la prensa gibraltareña, le gusta prodigar comentarios sobre la inminente llegada de la bandera española a Gibraltar. "Pondré la bandera y mucho antes de lo que Picardo cree", dijo recientemente en TVE. Este martes añadió: "España no va a renunciar jamás a la reclamación de Gibraltar". "Es absolutamente inimaginable que un Estado ajeno a la UE mantuviese una colonia dentro de la UE", señaló el ministro, que no está "tan seguro" de que su propuesta de cosoberanía caiga en saco roto. Pero Picardo ya dejó clara hace unos días la posición de las autoridades del Peñón: "Ni en cuatro años, ni en 40, ni en 400, ni en 4.000 años".

"Un pedazo de seda rojo y amarillo"

Este martes el ministro principal de Gibraltar abundó en la misma idea, acudiendo también a la batalla simbólica al referirse a los enfrentamientos por colocar "un pedazo de seda rojo y amarillo" en el Peñón. Criticó desde Sevilla el "nacionalismo rancio" de Margallo y no descartó un nuevo referéndum en el que el no a la cosoberanía tendría todas las de ganar –aunque no está entre sus pretensiones convocarlo–. "No es procedente que en el siglo XXI todo tenga que pasar por un pedazo de seda rojo y amarillo que condicione todo esto", afirmó.

Críticas de la Junta

El asunto es especialmente peliagudo en Andalucía. Según la Junta, Reino Unido es el primer país inversor en la comunidad, con 1.137 millones en los últimos 20 años. Es también el que más turistas aporta, con 2 millones al año. Hay 85.000 residentes británicos en Andalucía, entre ellos muchos jubilados que suponen una nada desdeñable fuente de ingresos.

Al Gobierno andaluz (PSOE) no le gusta cómo está gestionando el asunto el Ejecutivo central. A juicio del Gobierno regional, el grupo interministerial para abordar los efectos del Brexit se centra en asuntos de cosoberanía, resultando poco útil para la resolución de los problemas a pie de verja. Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno andaluz, dijo este martes: "No es momento de soflamas ni de hablar de cosoberanía".

España planteó este martes ante la ONU una propuesta de cosoberanía sobre Gibraltar Gibraltarque ha sido respondida por el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, enfatizando en castellano que "no es no". "De ninguna manera, José", dijo el gibraltareño dirigiéndose al ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo.

El embajador de España ante la ONU, Román Oyarzun, y el ministro principal de Gibraltar protagonizaron este cruce de mensajes durante sus respectivas intervenciones en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas dedicada a temas de descolonización.

Durante su intervención, Oyarzun defendió la propuesta de cosoberanía como "beneficiosa para todas las partes" tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el conocido como 'Brexit', y el deseo de Gibraltar de permanecer en el seno de la UE.

Por su parte, Picardo defendió a lo largo de toda su intervención su deseo de mantener su estatus actual e incluso llegó a defender en castellano ese "no". "¿Qué parte de este no no entiende José Manuel García Margallo?no Seré tan claro como uno puede ser: en lo que respecta a la cuestión de si transferimos toda o parte de nuestra soberanía a España, nuestra respuesta no cambiará nunca", subrayó.

"¡De ninguna manera, José! –en referencia a García-Margallo–. Jamás pondrá la mano en el Peñón. Nuestra respuesta a la reivindicación de nuestra soberanía es simple y directa: 'No'. Déjenme que lo repita en español, no vaya a ser que se pierda algo en la traducción: 'No'", enfatizó.

El ministro principal de Gibraltar denunció que España ha llevado históricamente esta reivindicación por la "vía del chantaje político y el estrangulamiento económico" y defendió que igual que "fracasó" en tiempo del general Franco, "volverá a fracasar". "Las negociaciones que propone España son negociaciones de las que se excluye a los gibraltareños. Se trata de negociaciones en las que el único resultado aceptable a ojos de España es la anexión de Gibraltar", argumentó.

Picardo se apoyó para defender su postura en la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de reconocer el derecho del Peñón a ser miembro de la FIFA, afirmando que "en virtud del derecho internacional público, la soberanía de Gibraltar es claramente británica y no existe ninguna disputa pendiente en la actualidad".

Así, cargó contra la "postura marcadamente retrógrada de cara a Gibraltar" con la que el ministro Margallo ha tratado de responder a este "revés" judicial y recordó al jefe de la diplomacia española que los gibraltareños votaron mayoritariamente por seguir siendo británicos en dos referéndums "libres y justos" celebrados en 1967 y en 2002.

Y aunque también se pronunciaron a favor de permanecer en la Unión Europea tras el Brexit, añadió, no están dispuestos a renunciar a su soberanía para conseguirlo.

Nueva colonización

Así, calificó de "increíble" que una "nación europea moderna" como España "parezca entusiasmarse ante la idea de hacerse" con Gibraltar "en contra de la voluntad" de los gibraltareños. Una actitud, dijo, que puede verse como un "intento flagrante" de usar el proceso de descolonización de la ONU para "convertir a Gibraltar en una nueva colonia española", volviendo a "trazar el mapa de la Europa moderna y utilizando el Brexit como lubricante para este proceso".

Asimismo, Picardo reiteró que la oferta del Gobierno de Mariano de Rajoy venga acompañada de una "tesis" de que la "Asamblea General no debería aprobar misiones visitadoras a territorios sujetos a disputas de la soberanía", algo que señaló que "carece de lógica" y es, además "contraproducente".

"La constatación objetiva de los hechos siempre es valiosa. Debería alentarse al Comité de los Veinticuatro a que viniera y nos visitara en nuestra casa. Quizás así entenderían por qué decimos no a la soberanía española, por qué dijimos no a la soberanía española en 1967, por qué dijimos no a la cosoberanía en 2002 y por qué siempre diremos no a cualquier negación de nuestro derecho a la autodeterminación", señaló.

"Incluso cuando se proponen tratos jugosos para que vendamos nuestra patria. Nunca comerciaremos con la soberanía de nuestra nación", concluyó.

En Gibraltar, siete kilómetros cuadrados donde residen unas 30.000 personas, la cuestión de abandonar o no la Unión Europea (UE) se observa de forma diferente al conjunto de Reino Unido. El resultado global del referéndum fue de 17,4 millones a favor de la salida (conocida como Brexit) frente a 16,1 millones a favor de la permanencia. Ganó el leave por 51,9% frente a 48,1%. En el Peñón, territorio fiscalmente privilegiado dentro de la UE, 19.322 personas votaron por la permanencia, el 95,9%, mientras sólo 823 votaron leave.

Probablemente el resultado hubiera sido también favorable a la permanencia si hubieran podido votar los 300.000 habitantes de la comarca del Campo de Gibraltar, algunos de cuyos municipios mantienen una estrecha relación económica con el Peñón. Miles de trabajadores cruzan cada día la verja para trabajar en la Roca, cuya irradiación económica alcanza toda la comarca.

El resultado del referéndum del 23 de junio, que según el artículo 50 del Tratado de la Unión implica la salida de Reino Unido a lo largo de los dos próximos años, conlleva consecuencias específicas para Gibraltar, considerada por el Gobierno de España la única colonia existente en Europa, que se proyectan sobre la diplomacia, el empleo, la fiscalidad, la circulación de personas y mercancías, el medio ambiente...

infoLibre repasa las aristas del paisaje dejado por el Brexit en Gibraltar.

1. Un estatus especial en peligro

La salida de Reino Unido implica en teoría la de Gibraltar, que desde 1973 está integrada en la UE como territorio británico de ultramar con un estatus especial. El Peñón dispone de las ventajas del club –tratados comerciales, libre circulación de personas y empresas, ayudas y fondos comunitarios...– , pero también de beneficios añadidos como la exención del IVA y la independencia de la unión aduanera, entre otros.

Bajo ese paraguas, Gibraltar no sólo ha desarrollado una notable oferta de servicios y un turismo floreciente atraído por la venta de productos sin IVA, sino también una legislación fiscal que la ha convertido en un dinámico centro financiero off-shore, aunque la UE no lo considera paraíso fiscal. El impuesto de sociedades es del 10%. Aunque el Ejecutivo español ha estimado el número de empresas en el Peñón en 30.000, el Gobierno de Gibraltar señala que el total de "compañías activas" –al corriente de sus deberes fiscales– en el Peñón son 16.810. Más de una por cada dos habitantes.

Gibraltar, por su legislación fiscal, se ha convertido en capital mundial del juego on-line, al instalarse allí las sedes de algunas de las principales empresas del negocio. Su PIB per cápita es uno de los más elevados del mundo.

2. Frente común con Escocia para quedarse

Su excepcional estatus, junto con la desconfianza hacia el Gobierno de España y lo que supondría la pérdida de la UE como elemento armonizador de las relaciones, está en la base no sólo del convencido europeísmo de los gibraltareños, sino también de sus autoridades. Fabián Picardo, líder del Partido Socialista Laboralista y ministro principal del Peñón, ya ha anunciado su intención de negociar con la UE para mantenerse dentro pese a la salida de Reino Unido, tomando como referencia a Groenlandia, que está fuera de la UE desde 1985 pese a pertenecer a un país miembro, Dinamarca. Groenlandia decidió su salida en referéndum, tras un conflicto con la UE por los derechos de pesca.

Picardo quiere una Europa "con diversos grados de pertenencia o acceso a la Unión Europea y al mercado único". "Esta es de hecho la realidad en la que hemos actuado durante 44 años", dijo Picardo ante el Parlamento de Gibraltar tras el Brexit. En una entrevista con la BBC, avanzó que está en conversaciones con Escocia para hacer un frente común con el objetivo de quedarse.

3. El Gobierno puja por la salida de Gibraltar

El Gobierno de España puja por la salida de Escocia y Gibraltar de la UE en el mismo paquete que Reino Unido. Entre los motivos está que el Gobierno quiere enviar un mensaje indirecto sobre Cataluña, pero también el deseo de recuperar la bilateralidad en las relaciones con Reino Unido en relación con Gibraltar, cuyas cuestiones ahora debe abordar en el marco europeo. La posición de España, expresada por el ministro de Exteriores, Juan Manuel García-Margallo, es ésta: Gibraltar debe quedar fuera de las negociaciones del Brexit. Antes del referéndum, el presidente Mariano Rajoy afirmó que, si se producía la salida, "Gibraltar es un tema en el que la UE nada tiene que decir".

La ventaja de España es que los términos de la salida de Reino Unido de la UE se establecerán en una cumbre sin Reino Unido, en la que los acuerdos deberán ser unánimes. Con la legislación comunitaria en la mano, recalcan desde Exteriores, la salida de Gibraltar sería automática y dejarían de aplicarse los tratados europeos en el Peñón, que no podría hacer a la inversa que Groenlandia y decidir quedarse, porque de facto y de iure ya estaría fueraiure. Mientras Escocia tendría la oportunidad de independizarse y pedir el ingreso, Gibraltar como territorio de ultramar se quedaría sin opciones.

4. La oferta de Margallo: cosoberanía con "seguridad jurídica"

Gibraltar no es parte de Reino Unido, sino un territorio bajo soberanía británica. España considera "ilegal" la "ocupación" de Gibraltar. La reclamación de la devolución se mantiene formalmente, aunque a efectos prácticos es impracticable. El "Gibraltar español" es más un fetiche patriótico que un verdadero objetivo diplomático.

A juicio de Margallo, el Brexit supone "un giro copernicano que abre unas perspectivas nuevas". "La bandera española en el Peñón está mucho más cerca. Tenemos que aprovechar esta desgracia para sacar lo mejor posible”, afirmó tras el recuento que certificaba el leave. El Ministerio de Exteriores ha lanzado una "oferta" a Reino Unido: la cosoberanía sobre el Peñón. El Gobierno considera esta opción la única vía para que Gibraltar siga con acceso al mercado único europeo.

El mecanismo jurídico para esta cosoberanía se basaría en el artículo 144 de la Constitución, que prevé que las Cortes, por motivos de "interés nacional", pueden "autorizar [...] un Estatuto de autonomía para territorios" que no sean provincias. "Fuera de la UE hace mucho frío. Si Reino Unido acepta la cosoberanía, la seguridad jurídica sería total", aseguró Margallo en rueda de prensa. Las autoridades británicas ni siquiera han replicado. Sí lo ha hecho Picardo, que ha afirmado que Margallo "no es un demócrata". Su no a la cosoberanía es rotundo, apoyándose en la negativa que dieron los habitantes de Gibraltar a esta idea en el referéndum en 2002.

5. La baza del control de la verja

La ejecución del Brexit supondrá para España la recuperación del control sobre la verja, según un reciente estudio del Instituto Elcano. Así lo considera también Exteriores. Ello supone el control sobre las condiciones en que pasan las personas y las mercancías. Palabras mayores. "España gana una baza, que podrá usar o no como considere", explica la autora del informe, Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense.

Miles de gibraltareños tienen casa en España. Por ejemplo, cita Araceli Mangas, en la lujosa urbanización de Sotogrande, en San Roque, Cádiz, lugar emblemático de destino de las élites del Peñón. Como ciudadanos de la Unión, todos tienen derecho de residencia en el territorio de cualquier país comunitario durante un período máximo de tres meses. A juicio de Mangas, se producen "abusos" en esta "libre circulación". España, con el control de la verja, dispondría de una baza de control para hacer valer su posición. "Es un arma política y negociadora poderosa", afirma Araceli Mangas.

"España podrá decir: 'Cambia la legislación fiscal o la legislación de sociedades, baja el nivel de contrabando, que es insoportable, baja el impuesto de sociedades...'", añade Mangas, aunque aclara que los residentes "registrados y con arraigo" no deben tener problemas. Inmaculada Ortega, representante de CCOO en el Grupo Transfronterizo de empresarios y sindicatos de la zona, advierte de que "élites hay en España y en Gibraltar", pero que la mayoría de los gibraltareños con casa en España son "trabajadores" que poseen una segunda residencia, y que no deberían ahora tener problemas de tránsito.

Mangas recuerda que Gibraltar era "un pueblecito sin grandes recursos", que gracias a su estatus en la UE "ha prosperado extraordinariamente pero a costa de la provincia de Cádiz, en particular, y de la economía española, a la que provocan daños por la laxitud de su régimen fiscal y societario". "Nadie piensa en recuperar Gibraltar. Eso es inamovible. Pero hay que cerrar esa grieta por la que se van ingresos de Hacienda, y hay que trabajar conjuntamente en solucionar problemas...", concluye Mangas.

6. Problemas medioambientales y contrabando

Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar Ecologistas en Acción en el Campo de Gibraltar, no es optimista sobre los efectos benéficos pueda tener la renovada fuerza negociadora de España en el comportamiento medioambiental en el Peñón . Por ejemplo, Verdemar ha denunciado en la UE el bunkering –repostaje de combustible en las llamadas gasolineras flotantes– en Lugares de Interés Comunitario. "No sabemos qué pasará ahora con esas denuncias", afirma. Algo parecido ocurre con el fabuloso proyecto turístico Eastside, también denunciado por Verdemar por ir en Zona de Especial Conservación.

Verdemar no atisba el motivo por el que los principales problemas medioambientales –vertidos, atraques de submarinos nucleares, bunkering...– puedan ir a mejor. "El medio ambiente no tiene fronteras", recuerda Antonio Muñoz. Es decir, un problema medioambiental en Gibraltar afecta a sus municipios cercanos, y a toda la Bahía de Algeciras. Muñoz no cree que estos asuntos sean prioritarios para el actual Gobierno en el nuevo marco de relaciones que se abre.

Muchos más énfasis que en el medio ambiente pone el Gobierno en el contrabando. El Ejecutivo acusó oficialmente a Gibraltar en 2014 de "inacción" ante las bandas criminales que controlan el negocio del contrabando de tabaco. Un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude concluyó, a partir de una denuncia presentada por la Agencia Tributaria española, que "hay motivos para creer que [en Gibraltar] se han cometido delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales [...]".

El fenómeno es bien conocido en Gibraltar y en España: millones de cajetillas de tabaco entran en Gibraltar con impuestos muy bajos; una vez cruzada la frontera por contrabandistas, incrementan su valor y se venden sin precinto fiscal español. La fabricación de este tabaco es legal, pero no su comercialización, que pasa por Gibraltar. El ministro Margallo afirmó: "Aunque en Gibraltar fumasen todos los niños y hasta los simios, no podrían consumir tanto tabaco". La UE instó a los gobiernos español y británico a combatir el fenómeno, que implica un fraude a las arcas españolas.

7. Pésima imagen del Gobierno en Gibraltar

Las relaciones entre España y Gibraltar están por los suelos. "Al Gobierno se lo ve como un matón de patio de colegio", señala Jesús Verdú Baeza, profesor de Derecho y de Relaciones Internacionales de la sede en Algeciras de la Universidad de Cádiz. El Gobierno ha prodigado gestos de alejamiento hacia Gibraltar: dio por muerto el Foro Tripartito (Reino Unido-España-Gibraltar) y cerró el Instituto Cervantes con aquella famosa frase de Margallo: "Salvo los simios, en Gibraltar todos hablan español".

"Si el Gobierno tuviera como objetivo que Gibraltar fuera español, y no utilizarlo como un catalizador del sentimiento nacional de aquello que Paul Preston llamó el franquismo sociológico, es de manual que haría un acercamiento y que mantendría vivas las muestras de la herencia cultural española en el Peñón", señala Verdú Baeza, que añade: "Aunque ahora parezca mentira, Picardo era partidario de unas relaciones próximas con España. Pero en el microcosmos del Peñón, todas esas declaraciones despectivas hacia Gibraltar, o las alusiones a la bandera o a la reapropiación de la verja, se extienden rápidamente e incrementan la impopularidad de España", señala Verdú Baeza.

"Las voces proespañolas en Gibraltar, tanto en los partidos políticos como en la sociedad, son cada vez más débiles", afirma, culpando directamente al Gobierno del PP. A su juicio, el PP sobredimensiona problemas existentes como la condición de facto de paraíso fiscal de Gibraltar o el contrabando para alimentar el rechazo de la población española y mantener al Peñón como "catalizador" del nacionalismo. "Esto no es el siglo XVIII. Ya no se puede aspirar a incorporar un territorio con su población en contra. Cargarse el Foro Tripartito, cerrar el Cervantes, las alusiones despectivas... Todo eso crea tensiones innecesarias y no ayuda a resolver los problemas. Sólo sirve para sacar ventaja política del problema", concluye Verdú Baeza, que es escéptico sobre la posibilidad de que el Gobierno emplee su renovada fuerza diplomática en este asunto para situar como prioridad la lucha contra problemas fiscales, laborales o medioambientales.

8. Picardo traba alianzas

Picardo se mueve con rapidez para trabar alianzas. Consciente de que la arquitectura legal le es ahora desfavorable, acude a una baza segura: defender la necesidad de mantener las cosas como están por el interés de los "trabajadores españoles", que "siempre son bienvenidos a Gibraltar". Desde el Brexit se ha reunido con el alcalde de La Línea de la Concepción (de un partido independiente) y con los líderes andaluces de CCOO y UGT, a los que tiene en la práctica a su favor. "Gibraltar siempre va a garantizar el libre movimiento de trabajadores", afirma, acusando a Margallo de poner "obstáculos" a esta movilidad. "No nos interesan las banderas de Margallo, sino los trabajadores", afirma Francisco Carbonero, líder de CCOO en Andalucía. Esa dicotomía (banderas vs. trabajo) está muy presente en el Campo de Gibraltar, donde los líderes del PP afrontan situaciones incómodas cuando Margallo inflama el ambiente con comentarios sobre monos.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, mantiene una actitud de "lealtad" con el Gobierno en política exterior, al tiempo que en una visita a la comarca esta semana se reunió con representantes del Grupo Transfronterizo, que agrupa a asociaciones de empresarios y sindicatos, lo cual supone poner el énfasis en un enfoque pragmático. Díaz apeló a la "sensibilidad" con los trabajadores. Para toda España hay mucho en juego, pero especialmente para Andalucía. Según la Junta, Reino Unido es el primer país inversor en Andalucía, con 1.137 millones en los últimos 20 años. Es además el que más turistas lleva, con 2 millones al año. Hay 85.000 residentes británicos en Andalucía, entre ellos muchos jubilados acomodados que suponen una jugosa fuente de ingresos.

9. Dudas sobre la movilidad y devaluación salarial

Al menos 9.000 españoles cruzan cada día la verja para trabajar en Gibraltar, fundamentalmente procedentes de La Línea de la Concepción. Los trabajadores españoles en Gibraltar han empezado a notar ya, mucho antes de que se formalice el Brexit, sus efectos negativos. La devaluación de la libra con respecto al euro ha provocado una depreciación de entre un 8% y un 10% de los salarios, según un cálculo de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar.

Según un informe de la Cámara de Comercio del Peñón, la actividad económica de la Roca aporta a la comarca del Campo de Gibraltar un 25% de su PIB, si bien es una estimación. Empresarios y sindicatos insisten en que es básico que se mantenga un tránsito fluido de un lado a otro de la verja. Los problemas diplomáticos suelen ir aparejados de colas en el acceso. Los trabajadores son los primeros en pagar las tensiones, denuncian los sindicatos. Pesa el recuerdo del cierre de la verja entre 1969 y 1982. Aunque no es verosímil un escenario parecido, como subraya siempre el Gobierno, Fabián Picardo insiste en que la posición de fuerza de España puede conducir a ello. Esta perspectiva produce preocupación en una comarca que ronda el 30% de paro.

10. Parón a las gestiones para mejoras laborales

Los problemas de los trabajadores españoles en Gibraltar no empezarían con el Brexit. Ya existen. Un caballo de batalla son las pensiones. A la hora de hacer el cómputo, España tiene en cuenta el tiempo trabajado en Gibraltar, pero si en los últimos 15 años de vida laboral hay un periodo en el Peñón se recorta la pensión por divergencias en los cómputos de cotización. El catálogo de reclamaciones de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar es amplio: paso fluido; reconocimiento del accidente in itinere; facilidad para bajas; freno a las arbitrariedades en el cambio de libra a euro a la hora de pagar los salarios...

"Antes del Brexit, veníamos reclamando acuerdos de cooperación en el marco europeo para el reconocimiento como trabajadores transfronterizos, lo que implica una garantía mayor de derechos. ¿Qué pasa? Que como España no reconoce a Gibraltar como frontera, no puede darse ese reconocimiento", explica Inmaculada Ortega, representante de CCOO en el Grupo Transfronterizo. En ese sentido, tienen ventaja incluso los trabajadores españoles en Andorra, aunque no forma parte de la UE de pleno derecho.

"Los españoles que trabajan en Gibraltar tienen que hacer doble tributación [lo cual implica pagar más impuestos] a partir de 12.000 euros, cuando como trabajadores transfronterizos sería a partir de 30.000. En eso estábamos cuando nos sorprendió el Brexit", añade Ortega, que advierte de que la salida de Gibraltar de la UE supondrá tener que regular los aspectos laborales en convenios entre España y el Reino Unido.

La representante de CCOO extiende los posibles problemas de los trabajadores españoles. "Cualquier pérdida de actividad en Gibraltar afectará a la zona. Por ejemplo, hay ingenieros programadores trabajando en Los Barrios para empresas de Gibraltar. Otro ejemplo: una empresa de pan de molde suministra el 80% de su producción a Gibraltar. ¿Ahora qué? No son sólo los trabajadores, es la economía", explica.

Fabian Picardo ganó las elecciones en Gibraltar, cuyo recuento de votos finalizó poco antes de las 7.30 horas de este viernes. Así, el líder del GSLP (Gibraltar Socialist Labour Party) revalida su victoria tras obtener 10.852 sufragios, lo que supone más del doble de apoyos que el número uno del GSD (Partido Social Demócrata), Daniel Feetham, que consiguió 5.054 votos.

El recuento de votos se llevó a cabo durante la noche en el centro cultural John Mackintosh Hall, una vez que los 14 colegios electorales de Gibraltar cerraron a las 22.00 horas tras registrar una participación del 70,77 por ciento, lo que supone 11,75 puntos menos que en los comicios de 2011 y el porcentaje más bajo en más de una década.

Según recoge la página web del Parlamento de Gibraltar, consultada por Europa Press, la coalición de socialistas y liberales que viene gobernando Gibraltar desde 2011 (GSLP-GLP) obtuvo el 68,03% de los votos, mientras que el GSD obtuvo el 31,37 por ciento. Asimismo, se han registrado 897 votos nulos, lo que supone el 0,6 por ciento.

Como ocurriera en los comicios de 2011, la alianza GSLP-GLP consiguió representación para sus diez candidatos –los siete que se presentaban por el GSLP y los tres que concurrían por el GLP–, mientras que el GSD de Daniel Feethan consiguió escaño para siete de los diez candidatos que presentaba.

Estos han sido los comicios con mayor número de electores de la historia de Gibraltar, con 23.278 gibraltareños llamados a votar. Finalmente, ejercieron su derecho al voto 16.475 gibraltareños para elegir a los 17 miembros del Parlamento de la colonia de entre los 20 candidatos que se presentaban.

Cabe señalar que, en el Peñón, cada votante puede elegir a un máximo de diez candidatos de cualquiera de los partidos que concurren a las elecciones, siendo los 17 más votados los que ocupan escaño.

El mandatario de la colonia ha subrayado que los bloques no se retirarán y que el primer ministro británico, David Cameron, que este viernes se reúne con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar la situación, "no tiene potestad" para decidir lo contrario. "No tiene el derecho de hacerlo y no lo hará", ha incidido Picardo, que también ha contrapuesto que Rajoy pueda pedir expresamente la retirada de los bloques con lo manifestado esta semana por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien dijo que "aceptaría la decisión de la Comisión o la Corte Europea" en este sentido.

En esa línea, ha defendido que el lanzamiento de los bloques atiende a una "razón estudiada cuidadosamente y con apoyo científico" y ha negado que impida faenar a tantos barcos españoles como defiende el Gobierno español sino "solo a uno".

Sobre la visita de la Comisión Europea para investigar, como pretende España, los bloques pero también el blanqueo de dinero y el centro financiero del Peñón, Picardo ha subrayado que el portavoz del presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, ha adelantado que no acudirán a la colonia para investigar sus bancos o el blanqueo de dinero "porque no existe ningún problema en relación a estos temas y Gibraltar cumple con la normativa europea".

Por otra parte, Picardo se ha quejado de la decisión del Gobierno de España de acabar con el Foro Tripartito para el diálogo y ha lamentado que pese a que el Gobierno de Gibraltar tiene "plena competencia" para hablar con España de todos los temas excepto los de Defensa y Exteriores, el Ejecutivo no acepta esto. Así las cosas, considera que el Gobierno del Peñón no tiene porqué "consultar e informar" sobre los temas que puedan afectar a España. De ser así "yo apago las luces y me voy", ha añadido el ministro principal.

Colas "políticas" 

Para Picardo, las colas generadas por los controles en la frontera son "políticas" y "no tienen nada que ver" con el contrabando de tabaco. "Se usa esto como cabeza de turco para otros temas como la soberanía", ha defendido el responsable del Peñón, que ha recordado que la Policía de Gibraltar y la aduana realizan "operaciones constantes" sobre el menudeo de tabaco y que producen "arrestos diarios".

En esa línea, tras señalar que "se arresta más en Gibraltar que en España" y que el 80 por ciento de los detenidos por contrabando en la colonia son españoles, ha defendido que si de "verdad" se hicieran operaciones antitabaco habría más comunicación y colaboración entre los cuerpos policiales de uno y otro lado de la verja.

Por otro lado, ha negado que Gibraltar pretenda instalar una estación eléctrica de fuel en una zona de 8.500 metros cuadrados y que el lanzamiento de los bloques pueda ser el primer paso para ello y ha defendido que esa infraestructura ya se anunció hace meses y que está "bastante lejos de los bloques".

Además, sobre la posibilidad de crear una planta de pirólisis para gestionar residuos y, de ese modo, no tener que llevarlos al Campo de Gibraltar, ha defendido que hay un concurso para cumplir la legislación europea en tema de residuos y puede que una parte proponga eso pero "no es que Gibraltar esté buscando sólo esa solución".

Por último, sobre su promesa electoral de eliminar las gasolineras flotantes, ha dicho que se comprometió a "intentar traer el almacenaje de fuel a tierra". "Lo estamos gestionando y ya tenemos varias opciones", ha añadido.

"Hemos registrado una serie de quejas de personas de distintas nacionalidades que se quejan de retrasos en los controles en la frontera. Hemos recibido aproximadamente un centenar de quejas de este tipo", indicó en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario Olivier Bailly. Este explicó que los servicios de la Comisión reciben cada año "miles de quejas" de ciudadanos europeos y que el procedimiento habitual establece que deben ser estudiadas y atendidas, aunque no especifica en qué plazo.

En este caso, "no habrá un trato especial" para las quejas relacionadas con Gibraltar, por lo que legalmente no hay una fecha límite para darles respuesta, aunque la tendrán. Y además se publicará un resumen de estas reclamaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea para que los ciudadanos puedan comprobar que han sido atendidas. El Ejecutivo debe ahora "leerlas, examinarlas y ver si contienen elementos que puedan servir para preparar la misión" que viajará en septiembre a la zona para verificar lo sucedido, añadió el portavoz.

Los servicios de Interior que dirige la comisaria Cecilia Malmström son los que coordinan con las autoridades españolas y británicas el trabajo preparatorio de la misión técnica que desplegará Bruselas en la frontera y en la que se examinarán los controles fronterizos, pero también el contrabando de tabaco y otros tráficos ilícitos denunciados por España. Los planes iniciales fijaban este viaje a mediados de septiembre, aunque Bruselas está dispuesta a "adelantarla en lo posible", según indicaron fuentes comunitarias a Europa Press. La Comisión espera haber definido un formato "más preciso" de la misión a mediados de la semana y poder acordar entonces con Madrid y Londres la fecha definitiva y la modalidad de la delegación.

Tráfico fluido estos días

Mientras estos trabajos continúan y desde hace varias semanas, la Comisión sigue el tráfico del paso fronterizo gracias a una cámara fija instalada en la zona que puede seguirse a través de Internet. Ello ha permitido a Bruselas constatar que el tráfico "parece relativamente fluido en los últimos días", pero admite que no realiza una vigilancia constante ni desde el inicio de la crisis, por lo que se muestra prudente para evitar ofrecer conclusiones.

"Tenemos que ir sobre el terreno para comprobar si hay razones objetivas que hacen que el paso se ralentice en ciertos momentos de la jornada o por alguna particularidad de esta frontera", advirtió Bailly tras señalar que no habían observado retrasos significativos en los últimos días. También apuntó algunas de las primeras explicaciones públicas ofrecidas por el Gobierno español para justificar los controles como, por ejemplo, que en verano hay "más camiones" cuya mercancía hay que comprobar y un aumento de motociclistas que deben quitarse el casco al pasar el control para verificar que su rostro corresponde con el de su carné de identidad.

Gibraltar se convirtió en el asunto estrella de la rueda de prensa que siguió a la reunión de urgencia en Bruselas de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE por la explosiva situación en Egipto. "El Gobierno no va a renunciar en ningún caso a adoptar las medidas que considere necesarias para evitar los daños a la economía nacional, daños que vienen derivados del contrabando, de los tráficos ilícitos, del blanqueo de dinero, de ventajas fiscales que colocan en peor situación a las empresas españolas de la zona, y de las normas necesarias para proteger el medio ambiente. Estoy absolutamente convencido de que el Reino Unido no tendrá inconveniente en que España, como una frontera, como un territorio de la unión aduanera... aplique normas para combatir el contrabando, estará de acuerdo en combatir los paraísos fiscales y tendrá tanto interés como nosotros en proteger el medio ambiente. No veo dificultad alguna para eso", señaló el jefe de la diplomacia española. 

Margallo insistió en que España está "obligada" a tomar medidas para "combatir el contrabando", porque Gibraltar no forma parte del espacio Schengen, ni del territorio donde se aplica el IVA ni está en el espacio aduanero. "Es obvio que el Gobierno está teniendo que adoptar medidas adicionales, más intensas porque la relación de confianza con las autoridades de Gibraltar se ha roto. En el momento en que esa confianza se restablezca, es más que probable que podamos disminuir esos esfuerzos que son muy gravosos, si contamos con la colaboración del Gobierno de Gibraltar", apuntó, deslizando que para recuperar esa "confianza" será necesario que los llanitos retiren los bloques de hormigón lanzados al mar. Bloques que "hacen inviable cualquier conversación sobre la pesca. 

El vertido de cemento fue el primer punto del memorial de agravios que desgranó Margallo. Ya el lunes el ministro pedía en un artículo publicado el lunes en el diario estadounidense The Wall Street Journal que como primer gesto "necesario" las autoridades de la Roca levantasen los cubos. Segunda cuestión, el bunkering, el trasvase de combustible desde gasolineras flotantes, en una zona que el Reino Unido y España consideran de "especial conservación". Por el Estrecho, abundó, cruzan 110.000 buques al año. Sólo los puertos holandeses, con 13 millones de toneladas, superan el volumen de carburante. "Se hacen más de 8.000 trasvases en alta mar, y más de 5.000 en la bahía de Gibraltar. En total, 60.000 descargas de gasóleo de buque a buque, un peligro medioambiental realmente grave". Tercero, el juego online, que en España tributa al 20% y en el Peñón al 1%.

No se explayó, pero aún habría otro agravio para España: la arena. Ayer martes. el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó impedir el paso de camiones con arena para la construcción de un espigón en la cala este del Peñón, donde los llanitos quieren construir un complejo de lujo en un terreno ganado al mar, informa Europa Press. La medida [ver aquí vídeo] fue tomada en coordinación con Aduanas y con la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha incoado diligencias informativas tras la denuncia interpuesta por Verdemar-Ecologistas en Acción. El escrito de estos iba dirigido contra el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) y otros municipios por un delito de "hurto agravado" y por una presunta comisión de un delito de falsedad en documento público, todo ello por la venta a la colonia británica de arena procedente de la duna de Valdevaqueros de Tarifa, una zona protegida. Sin embargo, hoy mismo, Verdemar denunció que seguían pasando por la Verja camiones "con piedras y rocas", informa Europa Press. 

Fabian Picardo, en la diana

Así las cosas, España entiende que la "única fórmula y la forma obligatoria" para resolver el contencioso es el "diálogo". En ese sentido, recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy, nada más acceder a la Moncloa, mandó una primera carta al ministro de Exteriores británico, William Hague, en la que le advirtió de que tenía que variar el formato, porque Madrid no aceptaba el foro tripartito instaurado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Margallo propuso entonces el diálogo a dos o a cuatro (con Gibraltar y la Junta de Andalucía). Un formato que, insistió, Hague aceptó "al pie de la letra" el 14 de abril de 2012, aunque lo cierto es que no se han abierto las conversaciones. El ministro hizo así un llamamiento a su homólogo a retomar las negociaciones que él mismo asumió en esos "mismos términos". 

Margallo y Hague coincidieron en Bruselas en el Consejo de Exteriores convocado ex profeso para abordar la crítica situación de Egipto. Pero, según dijo el jefe de la diplomacia española, ambos no hablaron de Gibraltar. No tuvo "más posibilidad" que la de interesarse por el "bienestar" de sus familias este verano. A la entrada de la reunión, Hague repitió que para Londres los controles en la Verja son "desproporcionados" y responden a una "motivación política" y advirtió de que "no se debe subestimar nuestra determinación de estar junto a la gente de Gibraltar".

Durante la rueda de prensa, Margallo dijo que el Gobierno ya barruntaba que habría "conflictos" con Gibraltar porque el ministro principal, Fabian Picardo, "nada más tomar posesión" de su cargo, en diciembre de 2011, decidió "incumplir el acuerdo en materia de pesca" que estaba vigente desde 1999 y que respetó su antecesor, Peter Caruana. "Cuando esperábamos que esas conversaciones se reanuden nos encontramos con que nos echan unos bloques de hormigón que, en definitiva, hacen inviable cualquier conversación sobre la pesca: si no hay caladero no tenemos pesca de la que hablar", explicó. "De lo que se trata es de que recuperemos la confianza entre las dos partes". Margallo hizo ver una y otra vez que la hostilidad se centra en Picardo, y no con el Reino Unido, con quien España mantiene "buenas relaciones" y quiere seguir manteniéndolas. 

Respecto a la tasa de 50 euros que el Ejecutivo estudia, pocas novedades. El ministro recordó que la medida está "en estudio", y por eso se ha pedido un informe a la Abogacía del Estado y a la representación permanente española en Bruselas. Para disipar cualquier duda de un posible choque con Bruselas, reconoció que cobrar una tasa por cruzar la frontera es "ilegal", pero "España nunca la ha planteado" así, sino una tasa de congestión, que sirviese para reducir el tráfico en La Línea de la Concepción. El peaje, justificado por la "ocupación de un dominio público congestionado" en España y que serviría para controlar "el contrabando", tendría sustento legal, sería "perfectamente acorde con la legislación europea". "Está muy estudiada, no es una improvisación". "A diferencia" de Gibraltar, que aplica una "política de hechos consumados", España "tiene un exquisito respeto por la legalidad". Una vez que se compruebe que encaja con la normativa comunitaria, se estudiará el "criterio de oportunidad política", si conviene aplicarla. Y en ese caso, repitió que no recaería sobre los trabajadores residentes a ambos lados de la Verja y se emplearía para compensar a los pescadores afectados por los bloques de hormigón. 

"Las autoridades españolas y británicas están vinculadas a esta misión", anunció hoy martes en una rueda de prensa un portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, al informar de que en la misión también participarán expertos en fiscalidad y contrabando del Ejecutivo comunitario.

La fecha de la misión no ha sido aún determinada, añadió el portavoz, porque corresponde a las autoridades de los dos Estados miembros establecer las condiciones de las mismas. Bruselas, sin embargo, confía en que sea lo antes posible y apunta que podría adelantarse respecto al calendario inicialmente previsto de mediados de septiembre.

Queja formal desde el 31 de julio

El Ejecutivo comunitario también va a examinar la disputa abierta por el lanzamiento de unos 70 bloques de hormigón al mar por Gibraltar, aunque no será en el marco de esta misión, sino desde los servicios comunitarios de Medio Ambiente para evaluar si esta práctica tendrá un impacto negativo en el entorno submarino.

Bailly indicó que Bruselas recibió una "queja formal" del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre este asunto el pasado 31 de julio, por lo que decidió pedir explicaciones al Reino Unido. Si el Ejecutivo comunitario no da por buenas las informaciones remitidas por los británicos en las próximas semanas, podría decidir iniciar un expediente sancionador.

Bruselas se implicará en el contencioso de España y el Reino Unido por Gibraltar, pero todavía se desconocen los plazos y hasta qué punto servirá esa ayuda para rebajar la tensión entre los dos países. Tras la conversación hoy lunes del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso y Mariano Rajoy, la institución comunitaria remitió un comunicado en el que aseguraba que los dos mandatarios pactaron el envío de una misión de la UE "tan pronto como sea posible" al Peñón "para examinar las cuestiones relacionadas con el control y el movimiento de personas y bienes en la frontera". 

La precisión de "movimientos de personas y bienes" en la Verja camina en la línea de lo requerido por España. De hecho, en la nota oficial con la que la Moncloa resumió el contenido de la conversación telefónica con Barroso, se afirmaba que el presidente había "invitado" a que la Comisión Europea "envíe una delegación a España y Gibraltar para realizar las verificaciones oportunas con un enfoque global". Fuentes gubernamentales consultadas por infoLibre indicaron que por "enfoque global" hay que entender no sólo los controles "aleatorios, proporcionales y no discriminatorios" que preocupan a Londres, sino el resto de cuestiones en las que incide España, como el "contrabando de tabaco", el blanqueo de dinero, el fraude fiscal –que Madrid ha evitado combatir–, el lanzamiento de bloques de hormigón, el proyecto de construcción de un espigón en la costa este... Por esa razón el Gobierno dice que "invita" a la UE a que venga a la Península, porque lo que pidió David Cameron el pasado viernes, recordaron, era el envío de observadores a la frontera con la Roca para evaluar si los controles españoles restringen la libertad de movimiento de los ciudadanos. 

En cualquier caso, lo que ha sorprendido del relato de la conversación es el asunto del cobro de una tasa de 50 euros por cruzar la Verja. Esta mañana, el portavoz comunitario Olivier Bailly, preguntado en rueda de prensa en Bruselas, fue rotundo: "Puedo confirmar que cualquier tasa o pago impuesto en la frontera de un Estado miembro sería ilegal bajo la legislación de la Unión Europea". Sin embargo, la Moncloa, en su comunicado, aseguró que "en ningún momento Durão Barroso planteó ningún aspecto a Rajoy relativo a una posible tasa de congestión". "No se trata de desmentir, sino de explicar la posición. Además, Bailly habló antes de que se telefonearan Barroso y Rajoy", alegaban desde la Moncloa.

Que "conduzcan sus diferencias"

Las fuentes gubernamentales contactadas con este diario subrayaron que España no se plantea un impuesto por cruzar la frontera, sino una tasa de congestión en La Línea de la Concepción (Cádiz), "compatible con la legislación comunitaria", que cargaría un peaje a los usuarios de una red de transportes cuando hay picos de demanda para reducir así el tráfico. El ejemplo clásico que cita el Ejecutivo es el de la tarifa que pagan los conductores ingleses para pasar al corazón de Londres. "En cualquier caso, es una medida que está encima de la mesa, pero que no se va a llevar a cabo ya". El último comunicado de la Comisión no hace referencia a esta cuestión, pero fuentes comunitarias citadas por Europa Press indicaron que sí podría fijarse ese recargo en las carreteras, porque no hay relación directa entre el paso de la frontera y el cobro del impuesto. 

"El presidente Barroso expresó su deseo de que España y el Reino Unido conduzcan sus diferencias de un modo que esté en línea con su común pertenencia a la UE", remacha el comunicado de Bruselas. 

Llegada de la 'HMS Westminster'

El trasiego de declaraciones de ida y vuelta se produjo en un día en el que la fragata británica HMS WestminsterHMS Westminster llegó a la base naval de Gibraltar tras escoltar este domingo hasta la base aeronaval de Rota (Cádiz) al portaaviones HMS Illustrious para participar en las maniobras Cougar 13 en el Mediterráneo, informa Europa Press. La fragata de la Royal Navy arribó a la Roca acompañada de dos buques de apoyo que no entraron en la base militar gibraltareña, según relataron fuentes policiales. 

España estaba informada de los ejercicios de la Armada británica desde el pasado 4 de junio, pero su llegada a la costa gibraltareña coincide con el recrudecimiento de la tensión entre Madrid y Londres a cuenta del Peñón. 

El Gobierno desmintió que durante la conversación que ha mantenido este lunes Mariano Rajoy con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, este le haya dicho que aplicar una tasa por cruzar la frontera con Gibraltar sea "ilegal". Desde Bruselas se había informado de que Barroso había pedido al presidente del Gobierno que las autoridades españolas "respeten el derecho de la Unión Europea" en su disputa con Reino Unido por las tensiones en Gibraltar, al tiempo que le había advertido de que cobrar una tasa sería "ilegal".

Según la versión de Moncloa, Rajoy invitó a Barroso a que la Comisión Europea envíe una delegación a España y Gibraltar "para realizar las verificaciones oportunas con un enfoque global". Una zona en la que, según Rajoy expuso en la conversación, "España ejerce sus obligaciones legales al establecer controles aleatorios, proporcionales y no discriminatorios en la frontera". "En ningún momento Durao Barroso planteó ningún aspecto a Rajoy relativo a una posible tasa de congestión", subraya el comunicado emitido por el Gobierno. 

El presidente español inisistió a Barroso en que "el acto unilateral de lanzamiento de bloques de hormigón en las aguas de la bahía de Algeciras por parte de las autoridades gibraltareñas es inaceptable y supone una violación de la normativa medioambiental".

El portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, informó esta mañana en Bruselas de la conversación entre Rajoy y Barroso y señaló que espera que "las dos partes respeten el derecho de la UE aplicable". "Hay elementos del derecho europeo que deben ser recordados", añadió. Sobre la idea planteada desde el Gobierno de cobrar una tasa de 50 euros por cruzar la frontera con Gibraltar, Bailly advirtió de que Bruselas no se va a pronunciar porque no existe una propuesta "formal", pero que de llevarse a cabo en esos términos sería "ilegal". "Cualquier impuesto o peaje cobrado en la frontera basado en el cruce (de dicho paso) sería ilegal", recalcó el portavoz. Por ello, Barroso explicó a Rajoy en su conversación que si el Gobierno que dirige "tiene en mente" una medida similar, "debe saber que no está en línea" con la normativa comunitaria.

Cameron quería que la comisión técnica fuera en agosto

Además de llamar al diálogo entre Reino Unido y España y de conocer en detalle la posición española, Barroso aprovechó su charla con Rajoy, siempre según la versión de Bailly, para tratar "con más detalle" la misión técnica que Bruselas espera enviar a mediados de septiembre a la Verja para examinar los controles en la frontera. Cameron instó a Barroso el pasado viernes que esta misión se adelantara al mes de agosto, algo que el jefe del Ejecutivo comunitario vio con "reservas", habida cuenta de que este tipo de delegaciones deben organizarse en coordinación con el Estado miembro implicado, en este caso España.

El patrón mayor de la cofradía de pescadores de La Línea de la Concepción (Cádiz), Leoncio Fernández, ha advertido este lunes al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, de que habrá "nuevas protestas" y "más sorpresas", tras la que llevaron a cabo este domingo junto a los pescadores de Algeciras en aguas del Estrecho.

"Vamos a hacer nuevas protestas, pero de otra manera. Le podemos dar más sorpresas", ha manifestado Fernández en una entrevista concedida a la cadena Ser recogida por Europa Press, durante la que no ha avanzado en qué consistirán las nuevas acciones porque "todavía no está previsto".

En este sentido, Fernández ha señalado que su intención de los pescadores afectados por los bloques de hormigón arrojados por Gibraltar es esperar a que los gobiernos británico y español "se entiendan". "A ver lo que deciden y según decidan ellos, vamos a decidir nosotros", ha remachado.

Sobre la intención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de afrontar el conflicto en Gibraltar "sin prisas" ha sentenciado: "Que lo haga él a su manera, que nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera también".

Según ha subrayado, la protesta de este domingo, que congregó a unas 40 embarcaciones, "ha sido un aviso que se le ha dado a Picardo", al que ha instado a "quitar los bloques de ahí" para que así puedan "comer honradamente y buscar la vida" y a "que piense que el sector pesquero no está muerto". "Esto ha sido un aviso que se le ha dado al señor Picardo. Pueden venir más cosas", ha insistido.

Tras mostrarse satisfecho por la participación en la concentración de pesqueros de este domingo, Fernández ha denunciado que los pescadores linenses han sido "provocados" a pesar que sus promotores realizaron una "concentración pacífica". "Ellos lo que querían eran follones", ha concluido.

Según una nota de Manos Limpias, esa denuncia se ha decidido presentar por un delito contra el medio ambiente recogido en artículo 325 del Código Penal, como consecuencia del lanzamiento de bloques de hormigón con pinchos en aguas territoriales especiales. 

Asimismo, Manos Limpias entiende que se ha vulnerado también la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 30 de abril de 1982.  También han informado de que los abogados de este sindicato están redactando la denuncia a presentar en los próximos días ante la Secretaría General de las Naciones Unidas.

"¿Retirar los bloques? Antes se congelará el infierno"

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, reiteró su negativa a eliminar el arrecife artificial de cemento en aguas disputadas entre España y el gobierno del Peñón.

"El infierno se congelaría antes de que el gobierno gibraltareño remueva alguno de esos bloques", según declaraciones publicadas hoy por la cadena británica BBC.

Los marineros de la Bahía de Algeciras (Cádiz) afectados por el conflicto con Gibraltar afirman que "ya no aguantan más" esta situación y han decidido convocar una protesta "masiva" este domingo. Sostienen que irán a la zona del Estrecho en la que se arrojaron los bloques para retirarlos, según informa Europa Press.

Esta reacción se produce después de que las autoridades de la colonia británica lanzasen al mar bloques de hormigón que les impiden faenar. 

Fuentes de la Cofradía de pescadores de La Línea, los barcos pesqueros de Algeciras y de La Línea se preparan ya para esta protesta en las aguas cercanas al Peñón, lo que puede abrir una nueva vía en la tensión.

Señalan los pescadores que "no se trata de un simple anuncio", ya que aunque a partir del próximo mes de septiembre recibirán las ayudas económicas anunciadas por el Gobierno de la Nación, lo que pretenden es "faenar sin problemas".

Los pescadores han recalcado que están dispuestos a intervenir ya que Fabián Picardo ha hecho caso omiso ante las "insistentes" peticiones para retirar los bloques. "Hemos optado por retirarlos nosotros", han confirmado. Entienden que el caladero "aún se puede recuperar" del daño ocasionado, según las mismas fuentes.

El Gobierno del Reino Unido anunció este martes que presentará una nueva queja formal ante las autoridades españolas por los "inaceptables" retrasos que siguen produciéndose cada día en la frontera con Gibraltar. Un portavoz del Ministerio de Exteriores británico confirmó la inminente protesta por las colas "vistas esta mañana" en la Verja, de alrededor de cuatro horas según las autoridades del Peñón, informa la cadena Sky News.

La queja será formulada ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español, si bien fuentes diplomáticas españolas consultadas por Europa Press aclararon que todavía no se ha producido.

El Ejecutivo de David Cameron ya amenazó el lunes con adoptar acciones legales "sin precedentes" contra España si continuaban las restricciones. El ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, denunció en un comunicado que España sigue imponiendo controles "ridículamente estrictos y desproporcionados". Picardo pidió una "investigación" de la Comisión Europea y reiteró que este tipo de controles podrían derivar en "acciones legales" si finalmente se consideran "apropiadas".

Por su parte, el Gobierno español siguió sumido en la espiral de declaraciones. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, aseguró en rueda de prensa en Barbate (Cádiz) que al Ejecutivo "no le tiembla el pulso" ante las amenazas de Londres, por estar "amparado en la legalidad", ante la determinación "unilateral" del Peñón de lanzar al mar los "aberrantes" bloques de cemento y cometer un delito medioambiental. Cañete dijo que el Reino Unido "tiene la responsabilidad de restablecer el orden jurídico alterado por una decisión unilateral de la colonia de Gibraltar".

El titular de Agricultura también anunció que el Gobierno sancionará a las gasolineras flotantes en la zona de especial conservación de Gibraltar, comúnmente llamadas como bunkering. Así, se modificará la legislación medioambiental para establecer un cuadro de multas para los barcos fondeados permanentemente dentro de la zona protegida. Lo cierto es que Cañete fue presidente hasta diciembre de 2011, cuando asumió las riendas del ministerio, de Ducar SL, una compañía familiar dedicada al bunkering. 

Utrecht y la Convención de la Ley del Mar

El Gobierno de la Roca replicó al ministro asegurando que el Ejecutivo de Rajoy "sabe que no tiene jurisdicción" para regular estas operaciones en "los límites territoriales de las aguas británicas de Gibraltar". En un comunicado, las autoridades del Peñón aseguran que su Ejecutivo "no tolerará ningún intento de interferir en las operaciones legales de aprovisionamiento de combustible en las aguas territoriales británicas en Gibraltar". Además, afirman que "hasta la fecha no ha habido ningún intento de restringir o interferir de alguna forma" en estas operaciones. 

En la nota, aseguran que la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece "los límites de la jurisdicción británica en las aguas alrededor de Gibraltar" y señalan que, por tanto, el avituallamiento de fuel en estas aguas está regulado por "las leyes gibraltareñas". 

España no reconoce al Reino Unido soberanía sobre las aguas adyacentes a la Roca, más allá de las que recoge el Tratado de Utrecht de 1713 por el que España cedió a la Corona británica la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto a su puerto, defensas y fortaleza. Es decir, no se reconoce al Reino Unido más aguas que las del interior del puerto del Peñón. Londres, en cambio, entiende que por aplicación de la Convención de la Ley del Mar tiene una milla y media de aguas territoriales hacia Algeciras y tres millas hacia mar abierto.

ERC envía carta de apoyo a Picardo

Por otra parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, envió una carta al ministro principal de Gibraltar, para mostrarle su solidaridad ante "los abusos y el bullying que el Gobierno español aplica a sus ciudadanosbullying". En el texto, escrito en catalán e inglés, el dirigente republicano le traslada que los votantes de ERC y muchos otros catalanes quieren mostrar su solidaridad con los gibraltareños y "condenar los métodos usados por el poder español".

Bosch sostiene en la misiva que la solución tanto a la cuestión del Peñón como a la de Cataluña "pasa por el diálogo, las urnas y el principio de autodeterminación", y subraya que ningún litigio debería ser gestionado sin consultar a la población afectada. "Vuestra libertad es nuestra libertad", se despide el portavoz, que achaca el conflicto a un intento de Madrid de distraer la atención de sus propios escándalos internos.

Esta no es la primera carta que Bosch envía a Picardo, a quien ya felicitó con una misiva en mayo después de que Gibraltar fuera admitido como miembro de pleno derecho de la UEFA, y mostró su deseo de que "muy pronto" hubiese partidos oficiales entre Gibraltar y Cataluña.

Basta mirar las portadas de periódicos, aperturas de noticiarios de radio y televisión de los últimos días o declaraciones públicas de dirigentes del PP y del propio Mariano Rajoy. Gibraltar centra la atención informativa. Un viejísimo contencioso –tanto como el Tratado de Utrecht de 1713 que concedió la soberanía del Peñón al Reino Unido– que ha vuelto a recrudecerse en las últimas dos semanas tras el vertido de bloques de hormigón al mar por las autoridades de la Roca. Claro que no se puede descontextualizar la escalada de tensión. Se produce en vísperas del desfile de la cúpula del PP ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional por el caso Bárcenas. Mañana, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, secretario general de los conservadores de 1989 a 1999 y hoy ya fuera del partido. Y el miércoles, María Dolores de Cospedal. 

Madrid y Londres no hacen más que lanzarse desafíos diplomáticos. El último, hoy mismo. Un portavoz del primer ministro británico, David Cameron, anunció que Downing Street está "estudiando seriamente" la posibilidad de emprender acciones legales contra el Ejecutivo de Rajoy por su empeño en aumentar los controles en la Verja que separa La Línea de la Concepción (Cádiz) y la Roca, lo que se trataría de "un paso sin precedentes" y que por tanto, reconoció el portavoz, habría que estudiar "con cuidado". Londres endurece su postura después de que el jefe del Gobierno se sintiera "muy decepcionado" por el hecho de que no se levantaran este fin de semana las limitaciones de acceso, a pesar de la petición expresa que le hizo Cameron la semana pasada por teléfono a Rajoy. Downing Street informó entonces de que Madrid se había comprometido a "rebajar" la presión en los accesos, algo que ni la Moncloa ni Exteriores confirmaron. 

El portavoz de Cameron incidió en que el refuerzo de los registros es "totalmente desproporcionado" y tiene "motivos políticos", por lo que exigió su suspensión, según informa Reuters. "El primer ministro está contrariado por el fallo de España a la hora de retirar los controles fronterizos adicionales y ahora estamos estudiando qué opciones legales tenemos", señaló, para añadir: "Si elegimos esta ruta, con seguridad presionaremos a la Unión Europea para que se ocupe de este caso como asunto de urgencia". Londres recalcó que su posición respecto a Gibraltar, como sucede con otros territorios de ultramar, "no ha cambiado". 

Ante la ONU y al Tribunal de La Haya

España respondió poco después. Reiterando lo mismo que ha venido diciendo en los últimos días. Que los controles en la Verja son "irrenunciables" y que, como dijo el presidente el pasado viernes desde Palma, son "legales, proporcionales y aleatorios". Y son "obligados", porque Gibraltar no pertenece al espacio Schengen, según aseguraron fuentes diplomáticas a este periódico.. Exteriores, no obstante, ya ha ido mandando mensajes de calado durante todo el fin de semana. Así, el ministro José Manuel García-Margallo sostuvo en TVE que el Ejecutivo está planteándose llevar el conflicto de Gibraltar a los organismos internacionales, como la ONU (haciendo frente común con Argentina a cuenta de su reclamación de las Malvinas) y al Tribunal de La Haya. Es más, las declaraciones de Downing Street parecen una respuesta al órdago del Ejecutivo español, quien además se guarda en la manga la aprobación de una tasa de congestión de 50 euros para entrar y salir del Peñón. Ninguna de estas medidas de presión tiene fecha. El departamento de Margallo sólo dice que se están "estudiando".

Exteriores recalcó asimismo que Naciones Unidas "no reconoce" el derecho de autodeterminación de los llanitos y se retrotrajo a varias resoluciones del organismo internacional de finales de los años sesenta en los que se respalda el derecho de España a su "integridad territorial".

España se plantea llevar el contencioso de Gibraltar a organismos internacionales

Las réplicas del conflicto en Bruselas y en el Peñón llegaron asimismo este lunes. La Comisión Europea señaló que no había recibido petición alguna para mediar por parte de Londres o de Madrid. Y Fabian Picardo, ministro principal de la Roca, celebró que España derive la tensión hacia los tribunales internacionales, después de que Gran Bretaña haya "reiterado su compromiso con el derecho de autodeterminación" de los llanitos. En un comunicado, el Ejecutivo local aplaudió que Margallo quiera resolver la disputa de manera "racional y civilizada", informa Europa Press. 

Gibraltar ha hecho que el Gobierno vea con satisfacción cómo ha pasado a un segundo plano el caso Bárcenascaso Bárcenas. De hecho, el viernes pasado Rajoy estuvo a punto de poder esquivarlo en su breve comparecencia ante los medios en Marivent, tras su despacho con el rey. Pero el tema no ha desaparecido. Mañana comparecerán como testigos los dos secretarios generales del PP con José María Aznar, Arenas y Cascos, bajo cuyo mandato existió una presunta contabilidad B en el partido. Y el miércoles lo hará, también como testigo, la actual número dos, citada por el extesorero como receptora de pagos en dinero negro. 

El alcalde de Londres: que España quite "sus manos" de la Roca

La sospecha de que el Ejecutivo utiliza Gibraltar para desviar el foco sobre el caso Bárcenas, que ya han denunciado PSOE e IU, también es advertida por el alcalde de Londres. En su columna de los lunes en el diario The Daily Telegraph, Boris Johnson escribe que la "infame" disputa sobre el Peñón es una "flagrante táctica de distracción" ante el "escándalo de corrupción" que es el caso Bárcenas y las altísimas tasas de paro en España y, concretamente, en La Línea de la Concepción. "Ni por un minuto creo que esta discusión ha sido provocada por los gibraltareños. Olviden todo ese jaleo sobre unos pocos bloques de cemento que han sido lanzados al mar. No es esa la razón por la que los españoles están regresando al bloqueo al estilo de Franco. No es una pelea por la pesca". 

Johnson, en un descarnado post que titula Los españoles deben quitar sus manos de la garganta de Gibraltar, apunta que la verdadera crisis que afronta el Gobierno es la del euro, no sus derechos en la Roca. "El problema en España no es el Tratado de Utrecht, es el Tratado de Maastricht, y es una ironía superlativa que un proceso que estaba diseñado para traer armonía a los países europeos esté provocando una lucha extraña entre Gran Bretaña y España". El peligro para España, culmina, es "volver a la peseta". Porque sobre los deseos de los llanitos, argumenta, hay poca duda: en 2002, el 98,97% de los gibraltareños rechazó que el Reino Unido y España compartan la soberanía. "Ese deseo de ser británicos existirá en Gibraltar durante el resto de nuestras vidas y más allá". Precisamente Picardo agradeció hoy el apoyo expreso de Johnson. 

El regidor londinense se felicita de la "coincidencia" de que dentro de pocos días llegue a las aguas del Estrecho el portahelicópteros HMS Illustrious "con miles de marines"HMS Illustrious a bordo. Este lunes, de hecho, zarparon desde Portsmouth (sur de Inglaterra) tres buques de la misma flota para un "despliegue militar rutinario" anual por el Mediterráneo conocido por Madrid desde el pasado 4 de junio. Mañana partirá la fragata HMS Westminster. 

PSOE: el Ejecutivo tenía que haber actuado "antes y mejor"

El PSOE, por su parte, reiteró este lunes su respaldo a Rajoy en el contencioso sobre la Roca. "Hay múltiples declaraciones de dirigentes socialistas al Gobierno de España en el asunto de Gibraltar", recordó hoy el secretario de Organización, Óscar López, en rueda de prensa en Sotillo de la Adrada (Ávila), quejoso por que el presidente dijera el pasado viernes que no sentía el aval del principal partido de la oposición. El número tres señaló, no obstante, que estar al lado del Ejecutivo en política exterior "no es incompatible" con asegurar que podría haber actuado "antes y mucho mejor". "España tiene que hacer una actuación diplomática", cuando el Gabinete lo ha hecho "justo al revés". El grupo parlamentario registró hoy la petición de comparecencia del titular de Exteriores en la Comisión Mixta para la Unión Europea. 

Exteriores, mientras, celebró que los socialistas quieran "trabajar conjuntamente" con el Gobierno en el conflicto sobre el Peñón y se comprometió a "consultarles" antes de tomar cualquier decisión, según indicaron a Europa Press fuentes del ministerio de Margallo. 

El titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha anunciado que el Ministerio de Agricultura destinará ayudas para compensar a los pescadores gaditanos después de que un remolcador de la colonia británica arrojara al mar unos 70 bloques de hormigón con pinchos de hierro.

En una entrevista con Informe Semanal de TVE, que este sábado avanzó el Telediario, Margallo ha asegurado que se fijará una tasa de 50 euros para gravar la entrada y salida en coche del Peñón, que no afectaría a ningún trabajador, independientemente de su nacionalidad, que fueran a trabajar a Gibraltar o viceversa.

"No se trata de castigar más a unos trabajadores con una vida lo suficientemente difícil", ha aclarado. También ha vuelto a proponer un foro a cuatro bandas en materia de pesca y medio ambiente: "En esta materia deben incorporarse la Junta de Andalucía y Gibraltar, además de España y Reino Unido, países que deben ser los únicos que hablen de soberanía y jurisdicción".

Sin preocupación por las maniobras militares británicas

Margallo también restó importancia a un posible conflicto de alianzas entre España y Reino Unido ante las maniobras militares británicas de la próxima semana en Rota (Cádiz). Ha declarado que "España y Reino Unido son países aliados, más allá del conflicto político en torno al Peñón".

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, enmarcó en la "total normalidad" la presencia de buques de guerra británicos en Gibraltar y explicó que negar la autorización al portaaviones que hará escala en Rota durante este despliegue sí que habría sido "escalar" en el contencioso a cuenta de la colonia, un conflicto que "no interesa" ni al Reino Unido ni a España.

"Esto no es el siglo pasado, no funciona así", insistía el ministro de Defensa, en una entrevista con Europa Press, en la que hace un llamamiento a la "sensatez". "Ni el Gobierno británico ni el español tienen interés en que haya malas relaciones", recalcó.