Las principales aerolíneas continúan este domingo con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región, según informa EFE. 

Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad Tel Aviv hasta el 3 de marzo y prevé evaluar la operativa a partir de esa fecha. 

La compañía ha señalado que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación". Ambas aerolíneas han flexibilizado su política de cambios para facilitar alternativas a los personas afectadas. Además, el vuelo diario a la ciudad de Doha, en Catar, operado por Iberia, sigue cancelado.

La compañía francesa Air France ha prolongado hasta el martes 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad. 

Las aerolíneas turcas Turkish Airlines y Pegasus han cancelado más de un centenar de vuelos a Catar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes, Omán, Irán, Irak, Líbano y Jordania. 

Por su parte, Emirates ha suspendido temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta el lunes 2 de marzo y ha ofrecido distintas opciones para las personas que tengan un vuelo reservado antes o hasta el 5 de marzo, según ha señalado en la red social X.

El juez que ocupa la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ya ha abierto diligencias penales por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz. Su titular es el encargado del levantamiento de los cadáveres de las 42 víctimas mortales del segundo peor siniestro ferroviario en lo que va de siglo en España después del de Angrois en julio de 2013. A su despacho habían llegado ya el pasado lunes 23 autopsias desde el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde trabajan a destajo médicos forenses no solo de esa capital, sino también de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga para identificar a los fallecidos en colaboración con la Guardia Civil y bajo la autoridad del instructor.

Como en el caso de Angrois, en el que fallecieron 79 personas y 145 resultaron heridas, o del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, estos primeros trámites representan solo el principio de un largo periplo judicial. Hace ya casi 13 años del accidente de tren ocurrido en las inmediaciones de Santiago de Compostela y 17 del siniestro aéreo de Barajas, que produjo 154 muertes y 18 heridos graves, y las víctimas no han dejado todavía de pleitear, lo que alarga el sufrimiento de los familiares de los fallecidos y de los supervivientes. Se trata de procesos que, pese a iniciarse en la jurisdicción penal suelen tener derivadas posteriores en la civil, donde se dilucida lo relativo a las compañías de seguros. A veces, incluso llegan a lo contencioso-administrativo, como ocurrió con el accidente que tuvo lugar en la capital gallega.

Los expertos coinciden en que, desde el punto de vista de los perjudicados, lo mejor que puede pasar es que la causa se centre en un juez instructor y discurra por la jurisdicción penal, que además de sancionar a los responsables, establece las indemnizaciones. El del tribunal de Montoro seguirá adelante en caso de que el Ministerio Fiscal o cualquiera de las víctimas presente una denuncia o querella que señale a los supuestos responsables de la negligencia, si los hay. En caso de que la investigación prospere, se centrará fundamentalmente en los informes de los técnicos –en los accidentes de tren, el de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF); en los aéreos, los de aviación (CIAIAC)–, además de los peritajes que puedan proponer el propio instructor o las partes.

La levedad de las penas –se trata de homicidios por negligencia– determina que la competencia para juzgar el caso corresponda a los juzgados de lo penal (en el caso de Adamuz, tocaría a uno de Córdoba). Será el titular de este último quien, tras la vista, decidirá la responsabilidad penal de los posibles señalados (el piloto, maquinista, servicios técnicos, responsables de seguridad...) así como las indemnizaciones que tengan que pagar las empresas implicadas y subsidiariamente sus aseguradoras. Este es el esquema del proceso del accidente ferroviario de Angrois. El Juzgado de lo Penal de Santiago condenó a dos años y medio de cárcel al maquinista del tren (que lo conducía al doble de la velocidad permitida en ese tramo) y al responsable de Seguridad de ADIF (por no haber dispuesto sobre la vía los medios tecnológicos que hubieran evitado el despiste del conductor). La sentencia, que está recurrida ante la Audiencia de A Coruña, también estableció las indemnizaciones a pagar a las víctimas tanto por parte de Renfe (la empresa del maquinista) como por Adif (la del responsable de la seguridad de las vías).

Los trámites se complican cuando la investigación penal no arroja ningún resultado. Fue lo que ocurrió con el caso del accidente de Spanair. El titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid investigó durante cuatro años a los dos mecánicos que despacharon el avión para el despegue después de que los pilotos se apercibieran de que una sonda del aparato no funcionaba. Pero en 2012, la Audiencia de Madrid archivó definitivamente el caso exculpando a ambos técnicos. La responsabilidad, según el tribunal provincial, fue exclusivamente de los pilotos, que se olvidaron de configurar correctamente la aeronave para iniciar el vuelo al no desplegar los flaps y los slats, los alerones que debían ayudarla a elevarse. Los dos murieron en el siniestro aéreo.

Cerrada la vía penal, los damnificados se vieron abocados a llegar a acuerdos con la aseguradora de Spanair (Mapfre) o pleitear por lo civil para obtener sus indemnizaciones. Los que no pactaron con esas compañías se embarcaron en procesos civiles que se dilataron más de una década. El último pleito de este tipo resuelto por el Tribunal Supremo data de junio de 2023, 15 años después del siniestro. Las indemnizaciones obtenidas judicialmente –por la vía civil o la penal– se suman a las que corresponden a cada víctima por el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) que cubre a cualquier persona con un título de transporte válido en su poder y cuya indemnización por fallecimiento asciende a 72.121 euros, informa Efe.

Además de por su extraordinaria duración, estos largos procesos suelen generar insatisfacciones y decepciones en las víctimas al ver cómo la justicia no siempre castiga a los que consideran culpables. En el caso de Spanair, los denunciantes todavía se quejan de que el Ministerio de Fomento, AENA o la CIAIAC (la comisión de expertos encargada de investigar lo ocurrido) no fueran declarados responsables. Las víctimas del accidente ferroviario de Angrois tuvieron que enfrentarse a dos archivos del juez instructor de la causa contra técnicos de ADIF que la Audiencia de A Coruña ordenó revocar. Al final, consiguieron la condena gracias a la Agencia Ferroviaria Europea, cuyo jefe de seguridad afirmó en el juzgado que la Administración podía haber evitado "sin grandes esfuerzos" la tragedia. El pasado diciembre, la Audiencia de A Coruña deliberó los 108 recursos de apelación presentados contra esa primera sentencia. Todavía no se conoce la nueva resolución.

Causas penales, civiles... Incluso contencioso-administrativas. La batalla de las víctimas del accidente ferroviario de Santiago no ha conseguido, hasta el momento, otro de sus objetivos: lograr que lo investigue una comisión verdaderamente independiente del Gobierno –Bruselas mantiene que la CIAF no lo es–. Para ello presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La causa acabó en el Supremo, que desestimó el recurso de la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 en diciembre de 2023 al considerar que la comisión sí era independiente de acuerdo a los parámetros que impone el derecho europeo. Sin embargo, los afectados del mayor accidente ferroviario del siglo en España, el precedente del que se produjo el pasado domingo en Adamuz, han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo. Su lucha, 13 años después, continúa.

Ningún vuelo con destino a Venezuela saldrá este lunes, del aeropuerto de Madrid-Barajas, después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.

Entre las aerolíneas que han confirmado la suspensión de sus vuelos al país figura Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam.

Air Europa, que también opera vuelos al país caribeño, no ha procedido aun a la cancelación ya que el primer vuelo previsto es para el próximo martes 25 y un portavoz de la compañía ha explicado a EFE que están "monitorizando la situación".

Iberia, que realiza cinco vuelos semanales a Venezuela -el primero de ellos previsto para el lunes-, fue la primera en acordar la suspensión.

La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En su comunicación, la FAA advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", explica el texto.

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

La huelga convocada por el personal que vigila los controles de seguridad en el aeropuerto de Barajas causó este domingo grandes colas y tiempos de espera de hasta 90 minutos para pasar el control, según ha denunciado la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), informa EFE.

A primera hora de la tarde, AENA ha informado que la situación se estaba normalizando tras el "caos" de la mañana". En ese momento de la tarde, los tiempos de espera eran ya de 7 minutos en la terminal 4 y en algún filtro de otras terminales de un máximo de 14 minutos, según esas fuentes.

Las aerolíneas han lamentado el "grave perjuicio" que la huelga, convocada por la empresa Trablisa, había causado a pasajeros y aerolíneas y exigen una solución inmediata a la entidad pública gestora de los aeropuertos españoles, AENA.

"Instamos a AENA a que adopte las medidas necesarias para poner fin al caos que se está produciendo en uno de los principales aeropuertos del país”, había afirmado Javier Gándara, presidente de ALA, en declaraciones recogidas en un comunicado.

Fuentes de AENA indicaron a EFE que la afección en el paso por los filtros variaba dependiendo de cada terminal y las horas de programación de vuelos y que, a esta hora, "los tiempos máximos son de 20 minutos".

En cuanto a las operaciones, las mismas fuentes aseguraban que había "alguna demoras en algunos vuelos" por la llegada tardía de pasajeros, pero que "no había afectado a la operativa de forma generalizada".

Esta misma huelga se ha sufrido en los últimos días en el control de mercancías y ahora ha extendido sus efectos a los pasajeros.

La empresa a la que pertenecen los convocantes de la huelga, Trablisa, ha solicitado al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid que ésta sea declarada "ilegal y abusiva por multitud de defectos formales y materiales".

Al mismo tiempo ha anunciado, en un comunicado, que interpondrá una demanda judicial y que se reserva "acciones por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar".

Trablisa entiende que esta convocatoria pretende alterar lo pactado en el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad y en acuerdos específicos firmados con el Comité de Empresa, lo que constituye "una huelga novatoria expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico".

Además, dice haber detectado múltiples defectos de forma que invalidan la convocatoria, por lo que insta a este grupo de trabajadores -formado por un total de 21 de los más de 850 que forman parte de la seguridad del aeropuerto- a que desconvoquen de inmediato la huelga.

El problema informático que en la mañana de este miércoles ha provocado largas colas en la zona de control de pasaportes de la Terminal 4 Satélite de Barajas ha quedado ya subsanado.

Este fallo informático "en el acceso de las aplicaciones que utiliza la Policía Nacional" ha coincidido en un plazo de tiempo "muy breve" con una "acumulación de vuelos", lo que ha provocado largas colas durante el control de pasaportes, han recalcado dichas fuentes. Desde Aena, han señalado a EFE que han trabajado en colaboración con la Policía para "controlar el flujo de personas y evitar que se llegara a una situación de colapso".

Además, han señalado que al haber coincidido con el inicio de la operación salida las vacaciones "la afluencia de pasajeros es mucho más elevada de lo habitual" en el aeropuerto. En ese momento en la T4 había funcionando 16 cabinas de control de pasaportes, cada una de ellas con dos agentes de Policía, según estas fuentes.

El Ayuntamiento de Madrid y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) han acordado la elaboración de un censo que permita identificar y dar atención a las personas que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Así lo ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras la reunión que ha mantenido en la tarde de este jueves con el presidente de Aena, Maurici Lucena, en la sede de la empresa pública en Madrid.

La reunión se ha producido después de una petición del Defensor del Pueblo de una respuesta de forma conjunta y lo antes posible y de que el propio Lucena le enviara el martes una carta a Almeida para resolver la "delicada y grave" situación de las cuatrocientas personas sin techo que duermen en el aeropuerto madrileño, tras varios días de enfrentamiento entre las administraciones central, autonómica y local por la responsabilidad para solucionar este problema.

Tanto el alcalde como el presidente de Aena han expresado "su voluntad y espíritu de colaboración y de cooperación, y de superación de las diferencias y las controversias", con el objetivo común que es dar una solución a esas cuatrocientas personas sin hogar aproximadamente que han estado durmiendo a lo largo de los últimos meses en el aeropuerto de Barajas.

El alcalde de Madrid ha explicado al finalizar la reunión que el censo para identificar a los sinhogar lo va a hacer, con el apoyo financiero de Aena, una entidad del Tercer Sector, Fresno Consulting, con un plazo máximo para terminarlo fijado el próximo mes de junio.

Almeida ha asegurado que con esa identificación de las personas que están en el aeropuerto de Barajas, el Ayuntamiento va a estar ya en disposición de "dar la mejor asistencia social posible en función de la problemática que puedan tener" cada una de las personas afectadas.

Mientras tanto, el Ayuntamiento va a seguir actuando con los equipos de intervención social que tiene en el aeropuerto de Barajas. El alcalde de Madrid ha recordado que solo 14 de las 105 personas sin hogar que el Consistorio de la capital tiene monitorizadas en el aeropuerto de Barajas han accedido a los recursos municipales que les han ofrecido los servicios sociales.

También han acordado que se intensifique la periodicidad de las reuniones de la comisión técnica, que van a ser semanales, al tiempo que han decidido que en cualquier momento en el que pueda haber una discrepancia se puedan sentar a hablar la Presidencia de Aena y la Alcaldía de la ciudad de Madrid para darle solución.

El presidente de Aena también ha destacado que la reunión ha transcurrido en "un tono muy cordial" y ha expresado su deseo de que sea el inicio de una etapa de colaboración porque las dos partes quieren estar "a la altura del desafío que representa el ofrecer una solución al colectivo de las personas que están pernoctando en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas".

Lucena ha asegurado que los controles de acceso en el aeropuerto de Barajas van a continuar sine die porque la obligación del gestor aeroportuario es conseguir que la situación no empeore y garantizar la actividad del aeródromo.

En la reunión han participado, por parte del Aena, además del presidente; el vicepresidente, Javier Marín, los responsables de la red de aeropuertos, y el director del de Barajas, mientras que, por parte del Ayuntamiento de Madrid, han estado presentes el alcalde, la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado del Área de Políticas Sociales, José Fernández.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado este jueves a las Administraciones que afronten de forma conjunta y lo antes posible la situación de las personas vulnerables que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas. Además, ha solicitado información sobre cómo tienen previsto abordar esta situación de emergencia social. La petición llega poco después de que este mismo miércoles comenzasen los controles de acceso en el aeródromo para evitar que se agrave la situación generada por la pernoctación de personas sin hogar en las terminales.

Gabilondo también ha propuesto un encuentro con el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, y con el presidente de Aena, Maurici Lucena, con el objetivo de atender las necesidades de esas personas y garantizar sus derechos fundamentales.

Además, ha solicitado información al Ayuntamiento de Madrid sobre la intervención que han realizado los servicios sociales municipales para atender adecuadamente a estas personas sin hogar y sobre el resultado de la coordinación establecida con Aena y el resto de las Administraciones concernidas.

Del mismo modo, ha ampliado una actuación abierta desde el mes de de marzo con Aena para que explicaran cómo tienen previsto abordar esta situación de emergencia social en distintos aeródromos, prioritariamente en Barajas, pero también en El Prat.

Además, también se ha solicitado a esta empresa pública información sobre las medidas anunciadas sobre el control de acceso al aeropuerto madrileño en horario nocturno. En concreto, Gabilondo quiere conocer el alcance de la medida anunciada y su fundamento jurídico.

Aena ha informado de que estas medidas no suponen el cierre de las terminales, sino que las entradas y las salidas al interior de los edificios estarán limitadas a unas puertas concretas. Su presidente dijo este martes que, a la vista de la no resolución de este problema, hay un informe de la abogacía del Estado que avala los dispositivos que se van a desplegar en el aeródromo.

El Defensor del Pueblo lleva meses preocupado por esta problemática que se da en varios aeropuertos españoles pero que adquiere especial gravedad en las instalaciones madrileñas. El propio Gabilondo visitó la noche del 15 de mayo la T4 de Barajas para comprobar en persona la situación de estas personas.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha comenzado a las nueve de la noche de este miércoles los controles de acceso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para evitar que se agrave la situación generada por la pernoctación de personas sin hogar en las terminales.

Según informa EFE, desde este momento podrán acceder a las terminales en estas franjas horarias aquellos pasajeros que porten el documento de transporte -billete o tarjeta de embarque-, sus acompañantes tanto de salida como de llegada y los trabajadores del aeropuerto.

Aena ha informado de que estos controles de acceso no suponen el cierre de las terminales, sino que las entradas y las salidas al interior de los edificios estarán limitadas a unas puertas concretas. El presidente de la empresa, Maurici Lucena, dijo este martes que, a la vista de la no resolución de este problema, hay un informe de la abogacía del Estado que avala los dispositivos que se van a desplegar en el aeródromo. "La razón por la cual se desplegarán estos controles de acceso es para que el problema no empeore y, entre tanto, esperemos que el Ayuntamiento de Madrid recupere su serenidad y trate de resolver el problema", afirmó Lucena.

A partir de este miércoles, una veintena de vigilantes de seguridad pedirán documentación para acceder entre las 21 y las 05 horas en puertas concretas de las Terminales 1, 2, 3 y 4. En el caso de la T4 la única puerta abierta este miércoles, desde las 21 horas, es la 8 y en el resto de accesos un cartel indica a los viajeros que deben dirigirse a esa puerta para acceder a la terminal.

Los vigilantes de seguridad harán desde la noche de este jueves un control previo de acceso y si una persona quiere pasar a las instalaciones aeroportuarias sin la documentación requerida los vigilantes comunicarán la incidencia al centro de control de Aena para que la Policía se haga cargo de la situación, han indicado desde UGT.

En la puerta 8, una de las primeras pasajeras que tuvo que mostrar la tarjeta de embarque a los vigilantes de seguridad se ha mostrado sorprendida y ha opinado que "no es una buena medida". "El Estado debería adoptar otro tipo de soluciones y proporcionarle a la gente en situación de indigencia hogares u otras opciones para evitar que vengan a dormir al aeropuerto. Me parece terrible y triste", ha señalado la viajera, que se dirigía a Argentina.

También ha tenido que identificarse Omaima, una trabajadora de Iberia, que ha dicho que le parecen "muy bien" estos controles de acceso porque ha sabido de compañeros que han sido "acosados" en los estacionamientos y es frecuente encontrar gente durmiendo en los baños.

Antes del comienzo de los controles, en la planta 1, había decenas de personas sin hogar con sus enseres y sacos de dormir y, más tarde, fueron llegando otras, con carritos y maletas, que les permitían pasar por pasajeros. En esta planta se encontraba Francisco, de 44 años, nacido en Parla, quien ha explicado que duerme en el aeropuerto desde hace dos meses porque "andar por la calle en Madrid es muy peligroso", no tiene trabajo y vive de una pensión, aunque el dinero no le alcanza para pagar una habitación.

Francisco ha indicado que este miércoles, como hace todos los días, ha salido del aeródromo durante el día y ha vuelto sobre las siete y media u ocho, pero "no por miedo a los controles" porque el aeropuerto es un espacio público, que está abierto las 24 horas y no lo pueden cerrar. A su juicio, la solución no pasa ni por los controles, ni "por echarnos fuera", porque "al final acabamos entrando como hemos demostrado hoy". "Como estamos, no hacemos daño a nadie. A los más problemáticos los han sacado a todos. Quedamos los más tranquilos", ha agregado.

El secretario general del sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire, Antonio Llarena, ha calificado de "cosmética" esta medida, debido a que las personas sin hogar seguirán entrando al recinto, a través de las puertas sin vigilancia, y el principal problema es la gente que reside y no sale del aeropuerto, así como la que va a llegar antes de la hora de "cierre".

El sindicato Asae ha reclamado un acuerdo de todas las administraciones para ofrecer albergue o una solución habitacional alternativa a estas personas sin hogar y el desalojo del aeropuerto, al considerar que "no es humano ni digno que la gente malviva así". Desde el pasado mes de marzo hasta ahora, Aena ha promovido controles los martes en el acceso al Metro en la Terminal 2 entre las 23:00 y las 05:00.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, incumplió la normativa al utilizar la sala de autoridades del aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid, para los viajes privados en verano del año 2021, algo que no está permitido según la circular que regula el uso por parte de los cargos públicos de ese espacio.

La normativa en ese momento, que fue firmada en 2019 y renovada en octubre de 2021 en base al decreto de protocolo de 1983, fija que el uso de la sala de autoridades de los aeropuertos para viajes de carácter privado sólo puede aplicarse a los miembros de la familia real, el presidente del Gobierno, y los ex jefes del Ejecutivo. Por lo tanto queda excluido el resto de autoridades como los presidentes autonómicos si no hay motivos oficiales.

En la web de transparencia de la Comunidad de Madrid, sin embargo, consta que la presidenta de la Comunidad hizo uso de la sala de autoridades con motivo de un viaje entre Madrid y Zagreb el 16 de agosto de 2021 y otro entre Atenas y Madrid, datado el 27 de agosto de 2021. Según consta en esa página, se realizaron gastos con motivo de esos desplazamientos por valor de 145,20 euros por cada uno de ellos.

Asimismo, consta en la web de transparencia que también se pagaron en concepto de “sala de autoridades del aeropuerto de Madrid” las mismas cantidades con motivo de un viaje entre Madrid e Ibiza, en las fechas del 14 de agosto de 2021 y del 16 de agosto de 2021. En la agenda de la presidenta de Madrid durante esos días no hay actividades oficiales en esos emplazamientos.

Fuentes de Aena consultadas por infoLibre indican que esa cantidad no es percibida por la empresa por utilizar la sala de autoridades, sino que corresponde a los gastos que los solicitantes desembolsan a las compañías aéreas en las que vuelan de manera privada por el concepto de handling (el traslado al avión desde ese espacio y los servicios en tierra de la compañía).

El viaje de Díaz Ayuso de esas vacaciones a Croacia y Grecia junto a su pareja en verano de 2021 está en el punto de mira porque, según publicaron El País y la Cadena Ser, esos gastos por la sala de autoridades intentaron ser deducidos por Alberto González Amador de sus obligaciones fiscales pero Hacienda no lo permitió. Además, la jefa del Ejecutivo madrileño cargó al erario público gastos en la sala de autoridades, según consta en la propia web de transparencia de la Comunidad.

Según la Cadena Ser, entre las facturas presentadas a Hacienda por González Amador, que fueron abonadas a nombre de su empresa Maxwell Cremona para intentar rebajar el beneficio a declarar a Hacienda, figura una por el alquiler de dos vehículos en el extranjero (1.036,61 euros por un coche en Zagreb entre el 16 y el 22 de agosto de 2021 y otro en Creta entre el 24 y el 27 de agosto de ese año).

En la orden que regula la sala de autoridades, elaborada por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, se fija que las autoridades (como los presidentes de las comunidades) “podrán solicitar directamente el uso de las salas de autoridades en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y para el resto de los aeropuertos a las Delegaciones del Gobierno o Subdelegaciones del Gobierno correspondiente, notificándose por escrito el número de acompañantes, séquito y significar especialmente las personas que porten armas y vayan a embarcar”. “Se deberá observar el horario de atención al público que rija en cada una de las Salas de Autoridades de los aeropuertos nacionales. La solicitud deberá efectuarse con una antelación mínima de 48 horas. Las modificaciones urgentes sobre datos ya comunicados se notificarán con un mínimo de 6 horas de antelación a la salida o llegada del vuelo, dentro del horario de atención al público. En el caso del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas será requisito imprescindible cumplimentar debidamente, en su caso, el formulario de AENA”, detalla el texto.

Pero a la vez pone coto a su uso para viajes privados, salvo una serie de excepciones. El texto recoge: “Uso en viajes privados de la sala de autoridades. Quedará excluido el uso de la sala de autoridades en todos los viajes de carácter privado de las personalidades indicadas en esta circular, excepto para los miembros de la familia real, presidente del Gobierno y ex presidentes del Gobierno”.

Fuentes de Aena señalan que el modo habitual para el uso de la sala consiste en el envío de un correo electrónico por parte de la institución. Se trata de un trámite, como indican en Aena, y se confía en el buen uso de las autoridades que solicitan ir a esa sala. En Aena no se comprueba el motivo del viaje y no tiene habilitación legal para que se cumpla la circular. En el formulario no se tiene que especificar el carácter del traslado.

La explicación que dio Ayuso en la Asamblea de Madrid este jueves en respuesta a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, fue: “A mí nadie me paga un duro en ninguno de mis viajes. Cualquier ciudadano que se haya cruzado conmigo en un avión o en un restaurante lo sabe. Soy un ciudadano más cuando salgo fuera. Así lo ve cada uno de los testigos. Pero la Dirección General de Policía, a autoridades, nos pone por seguridad una sala por donde también van los ministros con sus familias y van otras altas autoridades por cuestiones de seguridad. Lo que dice la Policía Nacional”.

Un portavoz de la Comunidad de Madrid consultado por infoLibre da esta justificación: “La presidenta, por su cargo, tiene derecho a acceder a la sala de autoridades del aeropuerto como el presidente del Gobierno, ministros y otros cargos institucionales, etc. El uso de la misma se ajusta a los criterios establecidos institucionales y de seguridad”.

Según insistió este portavoz, el paso de Ayuso por la sala de autoridades se “ajusta a lo establecido para su cargo y por motivos de seguridad avalados por los responsables de Policía”. Desde la Comunidad de Madrid no se contesta, en este punto, sobre qué responsables policiales y cómo se avaló supuestamente el hecho de pasar por la sala de autoridades por seguridad obviando la orden existente.

El portavoz también señaló que el uso de la sala de autoridades “se solicita siempre por cuestión de seguridad y nunca se ha producido ningún problema en la gestión”.

Seis ciudadanos marroquíes solicitantes de asilo se fugaron la noche de este domingo de una de las salas de acogida del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a través de un agujero en el techo, aunque tres de ellos fueron detenidos por la Policía Nacional, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio del Interior y sindicales.

Se trata de la segunda fuga protagonizada por ciudadanos que esperan en una de estas salas del aeropuerto madrileño a conocer si su petición de protección internacional es o no concedida. El pasado día 2, cuatro solicitantes de asilo subieron por el techo hasta alcanzar una azotea, donde se les perdió la pista.

El sindicato policial Jupol ha denunciado este lunes que esta segunda huida se ha producido "por el mismo agujero", una brecha en la instalación que no ha sido reparada ni por parte del Ministerio del Interior ni por Aena, propietaria de las instalaciones.

"La sala de inadmitidos de Barajas no reúne las condiciones mínimas de seguridad ni de salubridad", ha destacado el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, que ha reclamado la implicación de todas las administraciones para solventar esta situación "inadmisible". 

La Audiencia Nacional ha rechazado revocar de forma urgente la expulsión de una de los 35 activistas saharauis retenidos desde hace semanas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, al considerar que no ha acreditado "un riesgo efectivo de persecución individualizada" contra ella en Marruecos, según recoge EFE.

La activista, que sigue en una de las salas de asilo de Barajas al haber formulado otra petición, solicitó protección internacional el pasado 9 de septiembre; tres días después vio cómo se la denegaban por resolución del director general de protección internacional, dictada por delegación del ministro del Interior. Recurrió ante los tribunales y solicitó como medida cautelarísima que la Audiencia Nacional suspendiese la ejecución de su "devolución" a Marruecos, prevista el pasado 19. Ese mismo día, la sección quinta de lo contencioso de la Audiencia dictó un auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves, en el que denegó la solicitud de la mujer.

La razón, según explica el tribunal, es que no concretó "riesgo de persecución por alguna de las razones que justifican la concesión de asilo", según la Convención de Ginebra, ni tampoco acreditó que fuese a sufrir los daños que recoge la ley española de asilo. El tribunal, que ve su relato "vago, impreciso e insuficiente", tampoco aprecia "indicios que indique que haya sufrido o pueda tener riesgo real de que su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas".

Esta mujer es una de los 35 saharauis retenidos en el aeropuerto de Barajas tras ver denegada su solicitud de protección internacional y que están pendientes de que revisen su caso, a un paso de la devolución, a pesar de haber alegado riesgo de persecución por parte de las autoridades marroquíes.

La Sala explica en su auto que "la finalidad de la protección internacional es garantizar la seguridad" de aquel que, "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual", está fuera de su país. Explica que se debe respetar "el principio de no devolución que garantiza que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución", pero también apunta a que el recurrente debe "aportar algún indicio de prueba sobre la veracidad de las alegaciones formuladas" que permita al tribunal "dar preferencia" a su interés para autorizar su entrada en territorio nacional hasta que se resuelva el fondo de su recurso en sentencia. Circunstancias que, considera, no concurren en este caso, en el que —explica— el recurrente alegó que se le impuso un intérprete marroquí que habla un dialecto que no entiende, pero no aportó un relato que permita "avalar la existencia de un riesgo efectivo de persecución" en su contra.

Sin perjuicio de lo que establezca en sentencia, el tribunal indica que se cumple el artículo de la ley de asilo que habilita el rechazo de protección internacional cuando el reclamante formule "alegaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles, insuficientes, o que contradigan información suficientemente contrastada sobre su país de origen". Sí que consta, añade, su "petición del estatuto de apatridia por ser saharaui", si bien dice que esta petición es "ajena a la protección internacional instada y denegada".

Otra vez. Quienes han optado por volar estos días pueden verse salpicados por los efectos de un conflicto laboral en un periodo vacacional, esta vez en Semana Santa. Los encargados de guiar a los aviones en tierra han sido convocados por UGT a dos días de huelga, este miércoles 27 y el viernes 29, desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche, en el aeropuerto de Barajas de Madrid, lo que podría afectar a unos 1.000 vuelos –hay 2.000 programados para esas dos jornadas– y a hasta 350.000 pasajeros. Ello tras encallar el proceso negociador que han intentado mantener con la empresa Serveo-Skyway, antigua Ferrovial Servicios.

Son cálculos sindicales, llevados a cabo a partir de los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: “Un 80%, en las operaciones con las islas, un 60% en aquellos destinos que tengan transporte alternativo de más de cinco horas y el 30% en los de menos de cinco”.  

En esta ocasión protagonizan las protestas los trabajadores que prestan el servicio de Dirección de Plataforma, que se creó en 2011. Sin ellos, como sucede con otros colectivos del sector, no despegan ni aterrizan aviones. Se les puede considerar “los homólogos a un controlador aéreo de tierra”, explica Jorge Martín, delegado de personal por UGT de ese servicio en Serveo-Skyway. “Trabajamos en la torre de control, hablando con los aviones de forma directa y les instruimos desde el estacionamiento hasta la pista prácticamente, durante todo el rodaje. Les damos instrucciones de retroceso, gestionamos conflictos, posibles cruces… En resumen, dirigimos a los aviones por las rodaduras, por las 'calles' del aeropuerto”, detalla.

Defiende que “es un trabajo complejo, con mucha responsabilidad y muy especializado”. “Es cierto que son velocidades bajas las de los aviones en tierra, pero cualquier roce, cruce o accidente son millones de euros, retrasos de vuelos y pueden tener afecciones a la seguridad de la gente. Por eso es tan flagrante la situación a la que nos enfrentamos”, se queja. ¿A qué se refiere?

Fuentes sindicales aportan contexto: el mencionado servicio sólo se presta de forma liberalizada en las torres del aeropuerto de Madrid Barajas y engloba a 40 trabajadores. Para optar a los puestos, los aspirantes tienen que pasar un proceso de selección previo “muy exigente”, que incluye “un curso obligatorio de entre 13.000 y 20.000 euros", que, además, "no les asegura el empleo”. Al igual que los controladores aéreos han de “mantener un certificado médico aeronáutico activo que puede ser revocado por causas que en cualquier otro trabajador no tendrían mayor repercusión”. A esto conectan que han de demostrar “una capacitación de inglés periódica, recibir cursos de formación todos los años y aumentar la especialización” para que el servicio sea “lo más eficiente y seguro posible”.

Sitúan el germen del conflicto en un punto: “Las licitaciones de AENA con subastas a la baja, más el caso particular de que no tenemos convenio colectivo, no contamos con una norma que fije unos sueldos y unas condiciones laborales”, expone Martín. “A las licitaciones se presentan las empresas que lo consideran y, al no haber ninguna norma laboral, bajan los salarios hasta donde quieren y, en general, la situación es muy precaria”, lamenta.

Por ello reclaman “seguridad laboral” y no tener que enfrentarse “cada cuatro años, con cada nueva licitación, a un proceso de selección”. Dicho de otro modo: "No tener que depender de la buena voluntad de una empresa para contratar a personal especializado que lleva años trabajando”. Piden que se establezca “la subrogación” y salarios que “no sean de supervivencia y que permitan vivir en Madrid”. “La gente que entra nueva está cobrando alrededor de 1.200 euros y no puede ni pagar alquiler ni nada, es insostenible”, denuncia Martín. “Yo llevo ocho años en la empresa, he pasado por dos licitaciones y gano 1.600 euros”, ejemplifica consigo mismo. En materia salarial, por tanto, no pueden compararse con los controladores aéreos, que ingresan entre 2.893 y 6.931euros brutos al mes, dependiendo de elementos como la antigüedad, los pluses..., de acuerdo a lo recogido en el segundo convenio colectivo de la entidad pública Enaire, aunque en el sector privado las cuantías pueden ser distintas.

Reivindican poder contar con “una norma laboral que no deje libertad a las empresas para tirar los salarios, los precios y las condiciones”, la subrogación obligatoria, que les paguen las bajas laborales para que no tengan que decidir entre “ir a trabajar con fiebre o perder 300 euros en el sueldo”, o no perder más días de vacaciones, porque ya “van por diez”. “Exigimos la firma de un convenio sectorial propio que nos coloque en un lugar dentro del mercado laboral que sea acorde a nuestra responsabilidad, especialización y exigencias del puesto de trabajo tanto económicamente como en cuanto a la recuperación de derechos perdidos tras todos estos años”, resumen las fuentes consultadas.

Desde UGT afirman sentir la “afección a los pasajeros” que su acción de protesta pueda provocar, pero encadenan que la empresa “se ha retirado de la mesa negociadora”, por lo que les “han obligado a presionar con la huelga” ante “el abuso y la indefensión” en unos puestos de trabajo que estiman “críticos para el aeropuerto”. Con anterioridad ya habían recurrido a la vía judicial para pelear por sus derechos laborales. Es más, el próximo mes de mayo, aseveran, “empezarán los primeros juicios contra Serveo”.

En la jornada inicial de huelga, se han dejado sentir los efectos de la ausencia de estos controladores en tierra con retrasos generalizados de vuelos de un 86%. Y desde UGT avanzan que armarán otra denuncia, dado que "la empresa ha vulnerado" su derecho a huelga "con un 95% de servicios mínimos" y "el aeropuerto ni siquiera" les "provee de la lista de vuelos protegidos", esto es, los que no pueden ser cancelados. Este periódico ha intentado recabar la versión de Serveo sin recibir respuesta.

A la luz de los datos que maneja AENA, en los aeropuertos de su red, que tiene en Barajas su nudo central, operarán 28.555 vuelos entre el Jueves Santo, 28 de marzo, y el Lunes de Pascua, 1 de abril, lo que supone un descenso del 1,27% en relación a los mismos días de esta semana festiva del año pasado.

Pedro Sánchez quiere que el aeropuerto de Barajas sea "una seña de identidad de España". El presidente del Gobierno ha marcado este viernes como el pistoletazo de salida a la "mayor inversión en la última década en infraestructuras" en nuestro país, con una ampliación que cuenta con un presupuesto de 2.400 millones de euros. El objetivo, según Sánchez, es convertirlo "en uno de los mayores aeropuertos de la Unión Europea para las conexiones entre Europa, América Latina y Asia": "Es una ambición que refleja lo que ya somos: una potencia mundial del turismo", aseguró en declaraciones desde de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Sumar, sin embargo, discrepa. El socio minoritario del Ejecutivo considera que esta decisión va "en la dirección contraria" al mandato alcanzado en la COP 28 —que incluyó un compromiso claro para abandonar todos los combustibles fósiles de aquí a mediados de siglo— para reducir las emisiones de C02 y descarbonizar la economía. A juicio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el modelo que debería impulsar el Gobierno es el ferroviario: "No se puede ser ecologista a ratos", señaló en declaraciones desde Fitur también.

Díaz hizo referencia al acuerdo de Gobierno ratificado hace solo unos meses en el que tanto PSOE como Sumar se comprometían a "impulsar la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales".Se incidía así en las rutas de carácter nacional —que según Sumar supusieron el pasado año el 31% del total de vuelos que tuvo Barajas—, aunque abría la puerta a proteger el Puente Aéreo entre Madrid y Barcelona, la ruta más concurrida y la más contaminante.

La aviación emite cada año de manera discreta cientos de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y su plan para reducir su impacto medioambiental es muy limitado en comparación con otros sectores, como la generación eléctrica o el transporte por carretera. Por ese motivo Íñigo Errejón, que la próxima semana se convertirá en portavoz parlamentario de Sumar, calificó la medida de "despropósito" tanto a nivel económico como ecológico. "El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales", lanzó, en una clara alusión a Sánchez..

Sumar también critica la enorme laxitud del sector de la aviación en comparación con el transporte de carretera, ya que, por ejemplo, en la Unión Europea el combustible de las aeronaves en vuelos comerciales está exento del impuesto comunitario de hidrocarburos y las aerolíneas disfrutan de exenciones en el mercado de emisiones –conocido como ETS–. 

Toda la plana mayor de Sumar —no en vano han hecho del ecologismo una de sus banderas— reprochó públicamente esta decisión, entre ellos ministros como Ernest Urtasun, hasta hace pocos meses vicepresidente de los Verdes en Bruselas. La crisis ambiental y energética forma parte de la filosofía de Sumar, hasta el punto de que Díaz ha tejido alianzas con los principales partidos verdes a nivel europeo y aboga por integrarse en esa familia tras las europeas de este año —lo que genera división dentro de Sumar—. Además del componente laboralista, la vicepresidenta segunda quiere que se les reconozca por la defensa de un un modelo productivo respetuoso con el territorio y el medio ambiente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no permaneció callado ante las críticas de Sumar. En respuesta a Errejón, tiró de ironía: "Íñigo quiere viajar a Buenos Aires o a Hong Kong en tren. Estamos en ello, pero de momento es un poco difícil", aseguró. Puente considera ilógico que los de Díaz se opongan al plan porque no supone crear más pistas y no tiene relación con los vuelos nacionales sino con los intercontinentales e internacionales. "Es el problema de tocar de oído y trabajar poco", remachó.

Fuentes socialistas consultadas por infoLibre recuerdan que el arranque de la ampliación de Barajas ya se contempla en el actual Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), la vigente hoja de ruta quinquenal hasta 2026 y cuestionan los argumentos de su socio. "Siguiendo esa lógica, si una persona quiere volar a Buenos Aires, Tokyo o Bankok tienen que hacerlo sí o sí con escala, lo que implica coger dos aviones", razonan. Además, recuerdan que España es uno de los destinos turísticos por excelencia y señalan que la actividad generada por Barajas es responsable directa o indirectamente del 9,7% del PIB de la Comunidad de Madrid. 

De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que se trata de un buen proyecto para Madrid que "mejorará el tráfico aéreo" y mostró su disposición a "colaborar" con el Ejecutivo central, pero también exigió al Ejecutivo de Sánchez que se replantee el anuncio con su objetivo de "acabar con vuelos cortos”. Asimismo, al igual que las fuentes socialistas consultadas, la dirigente del PP recordó que este compromiso ya se realizó en el año 2022. En Génova más van allá y fuentes del partido señalan que "es una actualización de los planes diseñados por el Gobierno del Partido Popular y presentados en abril de 2018 por el ministro de Fomento antes de la moción de censura".

Desde el ala socialista del Gobierno también despachan rápidamente las críticas por el coste de la inversión ya que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la patronal del sector, señaló este viernes que todas las inversiones van a ser financiadas por las propias compañías aéreas a través del pago de tasas. "Aunque muchos ciudadanos todavía piensan que los aeropuertos se financian con fondos públicos, en realidad desde hace mucho tiempo las inversiones reguladas aeroportuarias se financian íntegramente con las tasas aeroportuarias que pagamos las compañías aéreas y nuestros pasajeros", aseguró este viernes tras el anuncio Javier Gándara, presidente de ALA y director general de easyJet para el Sur de Europa.

El grueso del presupuesto, 1.700 millones, se destinaría a elevar la capacidad de la Terminal 4 (T4) y de su edificio satélite (T4S), y los otros 700 millones a la remodelación de las terminales 1, 2 y 3, según el plan diseñado por Aena, el gestor de los aeropuertos controlado por el Estado español con una participación del 51%. El Gobierno espera que con esta ampliación se eleve la capacidad máxima de Madrid-Barajas hasta los 90 millones de pasajeros anuales en 2031, casi un 28% más de los 70 millones con que cuenta actualmente.

A diferencia de la ampliación de Barajas, que cuenta con el respaldo del Ejecutivo de Díaz Ayuso, el Gobierno de Sánchez paralizó en 2021 la inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto barcelonés de El Prat ante la oposición mostrada por el Govern catalán, dirigido por Pere Aragonès. De hecho, Aena retiró del citado Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-26 toda referencia a sus planes para Barcelona, que incluía la prolongación de una de sus pistas para ganar operatividad, la construcción de otra terminal para agilizar el previsto crecimiento de viajeros e incluso un nuevo aparcamiento.

A nivel político también Unidas Podemos y los comunes se opusieron también a esta ampliación, al igual que el movimiento ecologista y los vecinos afectados, alegando que suponía la destrucción de 47 hectáreas de red Natura 2000 y que se omitían las medidas de protección al Delta del Llobregat, además de resaltar la incoherencia que este tipo de políticas supone respecto a la lucha contra el cambio climático, el principal argumento de Sumar ahora para oponerse a la ampliación de Barajas.

La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, afirmó entonces que el Gobierno estaría especialmente vigilantes de que los requisitos ambientales se cumplieran, pero no fue suficiente para convencer al Ejecutivo catalán, que en un primer momento había dado el visto bueno al plan, pero finalmente y ante las críticas de otros grupos políticos exigió una "rectificación" por el impacto medioambiental. El Gobierno de Sánchez estima que, de realizarse, el impacto en el PIB catalán de más de dos puntos y comportará la creación de 80.000 empleos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha cargado contra la decisión del Ejecutivo al que pertenece de ampliar el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una iniciativa que contará con una inversión de 2.400 millones de euros, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo, según el socialista, es “fortalecer" el liderazgo de la capital como hub con América Latina y desarrollar otro con Asia con "nuevas rutas y aerolíneas que operen hacia ese continente".

Díaz, sin embargo, considera que esta decisión va "en la dirección contraria" al mandato alcanzado en la COP 28 —que incluyó un mandato claro para abandonar todos los combustibles fósiles de aquí a mediados de siglo— para reducir las emisiones de C02 y descarbonizar la economía. Además, también ha recordado que el acuerdo de Gobierno firmado por el PSOE y Sumar "quiere garantizar el derecho a la movilidad ferroviaria": "Esta ampliación va en la lógica del desarrollo económico del siglo XX,  no del XXI", ha subrayado. Y ha añadido: "No se puede ser ecologista a ratos".

La propuesta a la que la vicepresidenta se refiere habla de "impulsar la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales". El texto, aunque no concreta qué rutas aéreas están incluidas, abre la puerta a proteger el Puente Aéreo entre Madrid y Barcelona, la ruta más concurrida de España y la más contaminante. Desde Sumar inciden en que de los 389.179 vuelos que tuvo Barajas el año pasado, 123.00 fueron vuelos nacionales, el 31%.

Toda la plana mayor de Sumar —no en vano han hecho del ecologismo una de sus banderas— ha reprochado públicamente esta decisión. Desde el ministro Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun —los comunes se opusieron también a la ampliación de El Prat—, al futuro portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, que ha sido uno de los primeros en posicionarse a través de X, antes Twitter.  A su juicio, supone un "despropósito económico y ecológico": "El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales", ha lanzado.

Ese comentario ha sido rápidamente contestado por un miembro del Gobierno, en este caso del ala socialista, que ha tirado de ironía: "Íñigo quiere viajar a Buenos Aires o a Hong Kong en tren. Estamos en ello, pero de momento es un poco difícil", ha señalado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la misma red social. Una respuesta que ha generado otro aluvión de comentarios por parte de Sumar y exdirigentes de Podemos como Ramón Espinar. 

"Óscar, nos encantas cuando pones en su sitio a las hordas de la derecha. Sigue así. Pero no seas cuñao, eres Ministro de Transportes y tienes que distinguir la crítica razonable de lo de Ayuso. Si lo tratas por igual y te vienes muy arriba, dejará de funcionar el superpoder", escribía Espinar. A lo que Puente contestaba: “Cuñao es oponerse a una ampliación de terminal manteniendo las pistas existentes, que no tiene relación con los vuelos nacionales sino con los intercontinentales e internacionales. Es el problema de tocar de oído y trabajar poco".

Para Elizabeth Duval, portavoz de feminismos de Sumar y miembro de la Ejecutiva provisional, "el partido de Puente dice que quiere salvar el planeta y que es el más ecologista mientras acaba con parques naturales como la Albufera" pero "pone en peligro las playas de València o amplía aeropuertos aumentando entre un 20 y 35% su contaminación. Está en ello, pero es difícil".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este lunes la importancia del proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que constituye la "mayor inversión en la última década" en infraestructuras aeroportuarias con 2.400 millones de euros destinados al proyecto, según ha informado Europa Press.

Sánchez ha destacado durante su visita a Fitur 2024 que el valor de esta iniciativa "trasciende" las fronteras españolas y permitirá un "fuerte crecimiento" en capacidad y rutas en este aeropuerto, así como la creación de miles de empleos directos e indirectos, lo que se traduce en "generación de riqueza". El presidente del Gobierno ha puesto en valor que Barajas genera, a día de hoy, "nada más y nada menos que casi el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid", una cifra que "va a crecer significativamente" cuando la obra esté terminada.

Además, ha subrayado que se va a fortalecer el liderazgo de este hub con América Latina y se va a desarrollar la "ambición" de que sea también un hub de conexión con Asia, atrayendo nuevas rutas y aerolíneas que operen a este continente. Con todo ello, ha asegurado que esta ampliación permitirá alcanzar los 90 millones de pasajeros para 2031, según la previsión, un 28% más.

"Creo que es un aeropuerto que va a ser una seña de identidad de España en los próximos años", ha apuntado, añadiendo que "será el aeropuerto con más potencial de crecimiento de Europa".

Desde su socio de Gobierno, el diputado de Sumar y futuro portavoz del grupo en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de "despropósito económico y ecológico" la ampliación del aeropuerto pues supone "regresar a modelos del pasado". En su cuenta de X (antes Twitter), ha destacado que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar apuntaba a sustituir vuelos cortos por el tren para vertebrar el país no solo en forma radial, así como a descarbonizar la economía y avanzar "rápido y con ambición" en la transición ecológica. "El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales", ha reprendido el también líder de Más País, para insistir en que la ampliación de Barajas es un "despropósito".

La portavoz de feminismos de Sumar y miembro de la Ejecutiva provisional de la formación, Elizabeth Duval, ha mostrado también su oposición a esta medida, dado que "no tiene ningún sentido continuar con el 'Spain is Different' y el turismo masivo como vocación". "Los tiempos exigen otra cosa. Lo que España necesita no son ampliaciones aeroportuarias, sino industrialización, transición ecológica y una transformación profunda del modelo económico", ha zanjado.

Sumar también manifestó su rechazo a la aplicación del Puerto de Valencia y Compromís, que forma parte del grupo parlamentario, ya avanzó que iba a llevar a los tribunales esta medida y pedir que la Comisión Europa se pronuncie.

Desde la oposición, el Partido Popular ha restado valor a este anuncio y ha afirmado que es una actualización de los planes diseñados por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. "El anuncio de Sánchez es una actualización de los planes diseñados por el Gobierno del Partido Popular y presentados en abril de 2018 por el ministro de Fomento antes de la moción de censura", han asegurado fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

"En menos de una semana, el Gobierno ha copiado dos veces las propuesta del PP. Educación y ampliación de Barajas. Solo aciertan cada vez que siguen la senda del PP", han agregado.

Sumar ha reclamado al Ministerio del Interior adoptar medidas urgentes, como aumentar los recursos humanos y materiales, para garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo en las dependencias del aeropuerto de Barajas, ante la situación "insostenible" por la "sobreocupación" y los retrasos a la hora de atender las peticiones, según ha informado Europa Press.

Así lo trasladan los diputados del grupo plurinacional Tesh Sidi (Más Madrid), Enrique Santiago (IU) y Viceçs Vidal (Més) a través de una serie de preguntas parlamentarias al Gobierno, donde alertan de la situación de "hacinamiento e insalubridad de las salas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para atender a los demandantes de asilo.

Los parlamentarios remarcan que la situación es "ya insostenible" y, ejemplo de ello, es que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) afirma que, desde agosto pasado, se ha producido un aumento exponencial del número de solicitantes de protección internacional que ha provocado una "sobreocupación" en las salas de atención y "preocupantes retrasos" en la formalización de las solicitudes de asilo.

"Hasta tal punto es así que CEAR denuncia que se están vulnerando los derechos fundamentales de estas personas y que se requieren medidas urgentes para solucionar esta situación", han desgranado para añadir que también el Defensor del Pueblo y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) demandan una solución.

Luego, añaden que "para complicar más las cosas" Cruz Roja ha renunciado a trabajar en Barajas temporalmente ante el "caos" con los solicitantes de asilo y hasta que se solucione esta situación.

Todo ello, por tanto, revela a juicio de los diputados de Sumar que existe una evidente falta de recursos en Barajas para atender correctamente a los solicitantes de asilo. "En estos momentos no hay condiciones dignas para la estancia y alojamiento de las personas solicitantes, con episodios de hacinamiento, suciedad e insalubridad inaceptables", han denunciado.

Por ello, requieren al Ministerio del Interior si piensa adoptar medidas "urgentes" y se va a habilitar instalaciones "adecuadas" que garanticen condiciones mínimas de acogida, así como elevar los recursos humanos y materiales para reducir el tiempo de internamiento de los solicitantes de asilo.

"¿Cómo se va a mejorar la colaboración entre las entidades y actores implicados en la acogida y tramitación de las solicitudes de asilo?", preguntan los tres diputados de Sumar, que además piden al Gobierno que valore la renuncia de Cruz Roja a trabajar en Barajas.

Este martes, el Ministerio del Interior señaló que respeta pero "no comparte" la decisión de Cruz Roja de renunciar a trabajar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante la situación de hacinamiento debido a los migrantes procedentes de países africanos que solicitan asilo al hacer escala en la capital.

La polémica surge tras semanas denunciando los sindicatos de la Policía el "hacinamiento" de solicitantes de asilo y, además, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid atendió al recurso de la Fiscalía y anuló su autorización de la semana pasada para trasladar a migrantes solicitantes de protección internacional desde Barajas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, al entender que no se había respetado la ley de asilo.

Interior apuntó también que se ha reforzado el número de efectivos de Policía Nacional y de funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ante el problema en el puesto fronterizo de Barajas.

Por otro lado y a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló las devoluciones en caliente de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021, Sumar también ha registrado preguntas parlamentarias para pedir explicaciones a Interior.

En este caso por medio de la portavoz adjunta y diputada de en Comú Podem Aina Vidal y su compañero de bancada Félix Alonso, que demandan al departamento que dirige Grande Marlaska que determine quién estableció los criterios para elegir a los menores para su devolución inmediata, por qué no se informó de este asunto a la Fiscalía en Ceuta y los motivos por los que no se atendió el criterio de la jefa del Área de Menores de Ceuta.

A su vez, el diputado Gerardo Pisarello ha señalado, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, que muchas organizaciones de derechos humanos ya denunciaron que lo ocurrido en Ceuta era "absolutamente intolerable" y que "los acuerdos que se puedan tener con Mohamed VI (Rey de Marruecos) no son ninguna excusa para no respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Además, ha admitido que en Sumar les hubiera gustado que el ministro de Interior hubiera sido "contundente" en su comparecencia de ayer tras esta sentencia, pero ha lamentado que al final no fuera así. Por tanto, ahora le piden que "repare el daño causado" a esos menores no acompañados y que éstos puedan retornar a España.

Solo en España el transporte aéreo de pasajeros es responsable de la producción de 19,7 millones de toneladas de CO2. Un 6% más de emisiones que en Francia, pese a que ésta tiene un 42% más de población. Según los datos del Inventario Nacional de Emisiones de 2020, el transporte aéreo nacional contabilizó menos del 0,6%. Sin embargo, si se tuvieran en cuenta todas las emisiones de este sector (incluyendo los vuelos dentro de Europa e internacionales), la aviación alcanzaría casi el 7% de las emisiones totales de España.

El rastreador de aeropuertos en línea Airport Tracker –creado por ODI, Transport and Environment (T&E) y el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT)– revela, por primera vez, la cantidad exacta de CO2 que generan los aeropuertos y las regiones a las que sirven.

El aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas es el mayor emisor del Estado y el quinto a nivel europeo en lo que a vuelos de pasajeros se refiere, solo por detrás de otros cuatro monstruos del transporte de pasajeros como son Londres-Heathrow, París-Charles de Gaulle, Frankfurt y Ámsterdam-Schiphol. Los vuelos de pasajeros procedentes de este Top5 de aeropuertos contaminantes producen un total de 53 millones de toneladas de CO2 –más que todas las emisiones de Suecia–, de las cuales menos del 15% están incluidas en los sistemas de comercio de emisiones de la UE y el Reino Unido. Estos sistemas sólo incluyen los vuelos nacionales y al interno de la UE, es decir, los vuelos que salen de Europa no están incluidos y no pagan por sus emisiones.

En concreto, los vuelos de pasajeros que salen de Madrid-Barajas emiten un total de 7,12 millones de toneladas de CO2 (lo que equivaldría al uso de 3,5 millones de coches), más del 70% proceden de vuelos de larga distancia por cuyas emisiones las aerolíneas no pagan. A nivel nacional, le sigue Barcelona-El Prat, que ocupa el segundo puesto con 3,56 millones de toneladas y un 40% de larga distancia. Ambos aeropuertos constan de planes de ampliación, que han suscitado un gran debate público, y que, de realizarse, resultarían en una ampliación también de sus emisiones. En cambio, en el aeropuerto de Palma de Mallorca –el tercero en el podio nacional con 1,37 MtCO2– la mayoría de sus vuelos son de corta o media distancia. Los aeropuertos más pequeños pagan mucho más por su contaminación que los más grandes, ya que dan soporte a vuelos más largos y con altas emisiones pero que quedan fuera de los actuales sistemas de comercialización de emisiones.

A diferencia de los coches o las centrales eléctricas, la mayoría de los vuelos van más allá de las fronteras nacionales, por lo que gran parte de las emisiones de los aeropuertos se pasan por alto de forma escandalosa. Todos los vuelos deberían incluirse en el sistema de comercio de emisiones, no sólo los que se realizan dentro de Europa.

Estas emisiones de carbono no documentadas ni gravadas son importantes a la hora de considerar la ampliación de los aeropuertos. A nivel internacional, las emisiones del sector de la aviación crecieron un 5% anual entre 2013 y 2018, alcanzando el 2,5% de las emisiones mundiales de CO2, el séptimo mayor emisor si fuera un país.

Gracias a esta nueva herramienta podemos visualizar el aterrador alcance de las emisiones de los aeropuertos y está claro que el sector de la aviación no está haciendo lo suficiente para frenar sus emisiones. Los grandes aeropuertos mencionados tienen planes de ampliación, pero no podemos justificar la expansión de los aeropuertos en un momento de profunda emergencia climática y ante el objetivo europeo de reducción de las emisiones del 55% para 2030. El sector de la aviación debe enfocarse en la reducción de emisiones y para ello debe comenzar cuantificando y pagando por todas ellas, además de reformular todo el sistema de transporte mediante la optimización de las rutas y la utilización de combustibles con menos emisiones.

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Mario Rodríguez es director asociado para la Transición Justa y las Alianzas Globales de ECODES y Marina Gros es project manager del Área de Políticas Públicas y Gobernanza de ECODES.Mario RodríguezMarina Gros

Este jueves 20 de agosto se cumplen 13 años desde que el vuelo JK5022 de Spanair se estrellara en Barajas vuelo JK5022 de Spanairen su despegue hacia Gran Canaria a las 14.24 horas, un accidente en el que 154 personas perdieron la vida y 18 resultaron heridas, según informa Europa Press.

Como cada año, este 20 de agosto la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 celebrará actos y ofrendas florales en Madrid y Gran Canaria en recuerdo de las víctimas del accidente, una de las tragedias aéreas más graves ocurridas en España. Hasta la fecha, el peor accidente de la aviación en el país se produjo en el año 1977, cuando dos aviones comerciales chocaron en Los Rodeos (Tenerife Norte), lo que provocó el fallecimiento de 583 personas.

La aerolínea quebró en 2012 y la causa judicial se cerró hace ocho años, pero la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 mantiene su lucha para que se eliminen las fallas en el sistema de aviación civil y para que se reconozcan los derechos de los afectados por accidentes aéreos.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado mayo el dictamen de la Comisión de Investigación del accidenteComisión de Investigación del accidente JK5022 de Spanair, que responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobiernocargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008.

Según el documento, se produjeron una "correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente". En concreto, señala que la compañía Spanair ya sufría por entonces las "serias dificultades económicas", por lo que los técnicos de mantenimiento y los pilotos actuaron "presionados" por el compromiso de puntualidad, así como por el ERE presentado días antes por la compañía. Además, recoge que la aerolínea habría recibido "sin mediar inspección" la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad para el avión siniestrado por parte de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC). Todo ello, sumado al fallo de la alarma TOWS, que no advirtió de la configuración incorrecta, un problema detectado hasta en 72 ocasiones en otros aviones y que Boeing "no ha podido o no ha querido acreditar las causas de estos fallos".

Asimismo, el dictamen considera que el plan de emergencia de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no funcionó correctamente, activándose de manera tardía el día del siniestro. Por ello, señala que en el accidente de Spanair fallaron "todas las barreras de seguridad".

Entre las recomendaciones, el dictamen plantea la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples que funcione para todos los medios de transporte, como viene solicitando tanto la asociación como los representantes de pilotos, maquinistas y navegantes.

Cambios en la seguridad aérea

Después de este accidente, que marcó un antes y un después en el ámbito de la seguridad aérea en España, el Parlamento Europeo aprobó en 2010 la obligación de las aerolíneas de facilitar la lista de pasajeros en un máximo de dos horas en caso de siniestro, a petición de España, y la obligatoriedad de un plan de asistencia.

Esta reivindicación fue llevada por la asociación a Europa, tras las 30 horas de angustiosa espera por conocer la lista de pasajeros de Spanair. En España, se aprobó en agosto de 2013.

Además del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PESO), España aprobó en mayo de 2014 el Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y sus familiares, Real Decreto que reconoce la labor de la asociación. También se creó una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil y se emitieron hasta 31 recomendaciones a raíz del informe final de la Ciaiac, que incluía un total de 33. España ya está al día con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tras el accidente de Spanair.

En cuanto a seguridad, en los años transcurridos desde el accidente, Aena ha invertido 117 millones de euros en seguridad en Barajas en los años transcurridos desde el accidente, Aena ha invertido 117 millones de euros en seguridad en Barajas -nuevo sistema de frenado de emergencia en pistas, nuevo radar de superficie, un cuarto parque de bomberos, nuevo protocolo de comunicación con torre y servicios médicos y mejoras en pavimento y aplanamiento de terrenos- y se han realizado 580 simulacros entre totales y parciales.

El dictamen aún no ha llegado a la Fiscalía

La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022), Pilar Vera, ha indicado que el dictamen de la Comisión de Investigación, que señala a 18 responsables del Ministerio de Fomento en 2008, sigue "estancado" en el Congreso de los Diputados, sin ser remitido a la Fiscalía General del Estado.

En la rueda de prensa durante el acto que conmemora el 13 aniversario del accidente, Vera ha recordado que el Congreso no tiene competencia judicial para depurar responsabilidad, motivo por el que debe ser trasladado a la Fiscalía, según se recoge en las recomendaciones del propio dictamen. En concreto, el dictamen responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez.

Entre las recomendaciones, el dictamen detalla una serie de puntos que la Comisión considera que deberían trasladarse al Ministerio Fiscal. Entre ellos, que tanto la DGAC como la CIAIAC no hayan enviado documentación solicitada por la Comisión; la reclamación a Boeing de los datos técnicos del MD82 que no fueron facilitados; el posible delito de revelación de secretos de Estado por las filtraciones en las comunicaciones por parte del Ministerio de Fomento, y comprobar si el trato de la aseguradora Mapfre a las víctimas y familiares se ajustó a la normativa europea e internacional. El Grupo Socialista emitió voto particular en contra del dictamen al considerar que algunos puntos de este suponen una "grave vulneración de la ley" y pueden ser contrarios al derecho.

Flores y poemas para recordar a las víctimas

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair conmemorará este viernes el decimotercer aniversario del suceso en sendos actos en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. En Madrid, los actos comenzarán a las 11.00 horas con una rueda de prensa en el monumento en la rosaleda del Parque Juan Carlos I, donde la AVJK5022 hará un balance sobre los avances que se hayan producido en este año, además de realizar un homenaje a las víctimas. Posteriormente, a las 12.00 se llevará a cabo un acto en el Olivo con las placas de bronce del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y se visitará el lugar de la tragedia, donde tendrá lugar un acto más íntimo que finalizará con un minuto de silencio. En Las Palmas, los actos serán a las 11.00 en el monumento Luces en el Vacío, en el Mirador de La Caleta, con lectura de poemas, ofrendas y un homenaje a las víctimas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha cerrado definitivamente la parte del denominado Delcygate que se investigaba en los juzgados ordinarios por un presunto delito de prevaricación contra varios funcionarios por la escala que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo en el aeropuerto de Barajas el pasado mes de enero.

La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que, en coincidencia con los argumentos expuestos en su día por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, concluye que "no se da conducta prevaricadora ni de otro carácter delictivo" en los hechos averiguados.

En su resolución, la Sala recoge argumentos ya expuestos el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo (TS) respecto a la querella que presentó Vox por los mismos hechos contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, insistiendo en que lo ocurrido carece de "significación penal".

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La Audiencia ha hecho públicas este martes también otras resoluciones que resuelven asuntos que quedaban pendientes en la instrucción, pero que ahora tras el archivo definitivo de las actuaciones apenas tienen trascendencia procesal. En una de ellas los jueces estiman la reclamación del Partido Popular y rebajan la fianza, establecida por el órgano instructor en 40.000 euros, a veinte mil, para ejercer la acción popular.

En el tercero de los recursos, estiman, pero en esta ocasión parcialmente, la petición del Partido Popular de personarse en el caso sin necesidad de presentar querella. Por último, se desestiman las solicitudes del Partido Laócrata y de VOX de rebajar el importe de la fianzas fijadas también por el juez Antonio Serrano-Arnal.

Acredita que Rodríguez entró en la UE

Vox fundamentó su recurso de reforma en el auto del Tribunal Supremo, agarrándose a que reconocía que Rodríguez estuvo en territorio español. Sin embargo, Serrano-Arnal ha desechado este argumento aduciendo que, "a efectos administrativos, ha de existir un punto de entrada en el territorio nacional".

La Audiencia recoge los argumentos del alto tribunal, que consideró acreditado el hecho de que el avión en el que viajaba Rodríguez aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la madrugada del día 20 de enero de 2020 y ella permaneció las instalaciones durante varias horas, "lo que pudo suponer una vulneración de la prohibición del Consejo" de permitir su entrada en el territorio de la Unión.

No obstante, afirma que este asunto "no es constitutivo de ilícito penal alguno y por ello "no se da conducta prevaricadora ni de otro carácter delictivo, como expone el Tribunal Supremo en la resolución parcialmente reproducida, por lo que procedería desestimar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia procede el archivo acordado".

La Sala rechaza también los argumentos de Vox en el sentido de que no se han practicado por el instructor las suficientes diligencias de prueba.

Recuerda en este punto que la simple presentación de una querella o denuncia no exige en todo caso la obligación de practicarlas "ni para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, ni para necesariamente tener que tomar declaración a los ofendidos o perjudicados (...) ya que si de los hechos relatados en la denuncia se

desprende que los mismos no son constitutivos de infracción penal, la decisión de sobreseimiento y archivo de la causa se ajustaría a la normativa procesal penal".

La escala en Barajas

Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la número dos del Gobierno de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Qatar. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.

Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen –incluida España– por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.

Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño –según explicó él posteriormente– para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.

El Ministerio de Sanidad ha ofrecido a la Comunidad de Madrid un convenio para intercambiar información que recopilan Sanidad Exterior y los servicios sanitarios de la región, una medida que no satisface al Gobierno regional que insiste en incrementar los controles a viajeros con la exigencia de un certificado PCR en origen a la hora de embarcar en el caso de los países con incidencia alta de coronavirus.

Todo ello tras constatar que los casos importados detectados por la Comunidad de Madrid desde mayo hasta lo que va de julio ascienden a 77, sobre todo durante este mes donde se han contabilizado un total de 43 positivos. De hecho un total de 13 han sido localizados en los últimos 13 días.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública y Plan covid-19, Antonio Zapatero, para explicar la situación epidemiológica de la región.

Escudero ha apuntado que la "intranquilidad" aumenta sobre todo cuando Sanidad Exterior solo ha detectado cuatro casos importados e indica "de manera clara" que los controles actuales "no funcionan", por lo que ha reiterado que se pida el certificado PCR negativo como requisito para embarcar en países con alta incidencia de coronavirus.

El consejero ha desgranado que han recibido como respuesta ese convenio de colaboración para intercambiar datos pero cree que las necesidades actuales requieren medidas "más complejas, firmes y rápidas". "Madrid no puede estar sola en ese control", ha desgranado.

Por su parte, Zapatero ha explicado que ahora se tiene que analizar la propuesta de convenio aunque la propuesta, que puede ayudar, no satisface las aspiraciones de la Consejería de Sanidad.