Cómo Ryanair se convirtió en la primera aerolínea de España a base de insultos, presión y conflictos

Cuando Michael O’Leary, consejero delegado de Ryanair, protagonizó una campaña para llamar “payaso” al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, por impulsar una subida de tasas aeroportuarias, no fue un exabrupto aislado. El ejecutivo irlandés lleva más de una década utilizando el mismo tono: insultos a políticos, amenazas y desdén hacia cualquier intento de regular sus operaciones en España.

Ryanair es la primera aerolínea del país por volumen de pasajeros, ha duplicado la cifra en la última década y aumentado en seis puntos su cuota de mercado. El pasado mes de junio tuvo más usuarios que las tres siguientes compañías juntas. Desde esa posición privilegiada en un sector tan estratégico como el tráfico aéreo, se permite despreciar públicamente a las autoridades y legislación españolas y chantajear a las instituciones que regulan su actividad. 

El choque con el Gobierno y con AENA es casi permanente. Cada vez que se plantea una subida de tarifas, la compañía responde con advertencias sobre recortar rutas, retirar plazas, y subir los precios. Ryanair concentra ya casi una cuarta parte del mercado nacional y su fuerza no se mide solo en cifras: su salida de un aeropuerto regional puede reducir el tráfico a la mitad de un plumazo. Ese poder explica la arrogancia con la que se dirige a las instituciones españolas.

De aerolínea “low cost” a gigante español

Los números confirman el trasfondo de este pulso. En junio de 2014, Ryanair transportaba 2,8 millones de pasajeros en España. En junio de 2025, la cifra roza los 6 millones. En ese tiempo su cuota de mercado ha pasado del 17% al 23%, lo que significa que casi uno de cada cuatro viajeros que despegan o aterrizan en España lo hace en un avión de la compañía irlandesa.

La pandemia apenas retrasó su escalada: en junio de 2020 el tráfico cayó a 98.000 pasajeros, pero en el mismo mes de 2022 ya superaba los 4,5 millones y desde entonces ha encadenado récord tras récord. En el mercado doméstico, donde en 2014 era tercera fuerza, hoy ocupa la segunda posición, con cerca del 18 % de los pasajeros. En aeropuertos como Girona, Reus o Murcia su hegemonía es total: acapara más de la mitad del tráfico.

Con estas cifras, ningún otro operador puede presionar tanto al Ejecutivo español. No se trata solo de la viabilidad de aeropuertos regionales: en un país donde el turismo es un pilar del PIB, la posición hegemónica de Ryanair convierte cada decisión de la aerolínea en un asunto de Estado. 

El desprecio a la legislación laboral

Su manera de tratar a las autoridades políticas es un reflejo de su relación con sus competidores, a los que “intimida y denigra”, según sentencias judiciales, con sus clientes, a quienes ridiculiza frecuentemente en sus redes corporativas como estrategia de marketing, y sobre todo con sus trabajadores. 

Durante años, Ryanair contrató a tripulantes en España con contratos sujetos a la legislación irlandesa. Aunque su base de operaciones estuviera en España, los trabajadores cotizaban en Irlanda y no en la Seguridad Social española. En algunos momentos, hasta el 75 % de los trabajadores basados en España estaban en esa situación.

La Inspección de Trabajo levantó actas, los sindicatos llevaron el caso a los tribunales y el Tribunal de Justicia de la UE acabó dictando que los empleados tienen derecho a regirse por la legislación del país donde despegan y aterrizan. A Ryanair no le quedó más remedio que modificar los contratos. Pero la empresa siguió estirando los límites: bajadas salariales al regularizar la situación, contratos fijos discontinuos bajo amenaza de despido, y una política de precariedad que ha provocado huelgas casi cada verano. 

En los últimos años, los tribunales españoles han multiplicado las condenas. En 2023, la Inspección de Trabajo les sancionó por pagar por debajo del salario mínimo, y un juzgado de Santiago les obligó a readmitir a una azafata a la que habían despedido vulnerando su derecho a la huelga. El pasado marzo la Audiencia Nacional anuló las “horas complementarias imprevistas” que imponían al personal a tiempo parcial. 

El personal de tierra, agrupado en la filial Azul Handling, vive una situación similar. Este verano han convocado huelgas indefinidas en Madrid, Barcelona, Málaga o Tenerife por fraude en la contratación, exceso de horas y sanciones abusivas. En sus comunicados hablan de un “incumplimiento sistemático” de resoluciones judiciales.

Un crecimiento que amenaza la soberanía 

La confrontación de Ryanair con las autoridades en España tampoco es un caso aislado. La aerolínea ha hecho de la provocación a políticos una estrategia habitual en toda Europa. El pasado agosto llegó a publicar una lista con las caras de los dirigentes a los que culpaba de retrasos en sus operaciones. Entre ellos, el ministro de Transportes Óscar Puente, situado en segundo lugar del ranking para regocijo de Vito Quiles, a quien la compañía no dudó en contestar amistosamente. 

Ese gesto ilustra bien hasta qué punto los ataques de Ryanair se han insertado en la política española. Mientras una parte de la derecha mediática celebra los insultos y los señalamientos a sus rivales políticos, una compañía extranjera utiliza su posición dominante en el sector aéreo nacional para desafiar a las instituciones del Estado, señalar a sus representantes y condicionar sus decisiones regulatorias.