Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias por haber obtenido ventaja competitiva publicitaria para Facebook e Instagram de forma desleal infringiendo las normas europeas de protección de datos, según informa EFE.

En una sentencia, el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid estima de forma parcial las pretensiones de los medios -que reclamaban 551 millones de euros- al entender que Meta utiliza indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram para insertar publicidad en esas redes sociales.

Esa es la condena principal de la sentencia dictada por el juez Teodoro Ladrón Roda, contra la que cabe recurso y por la que Meta, en principio, tendría que pagar esta cuantía a las editoras de prensa y sociedades cesionarias de derechos de explotación de publicidad demandantes.

Pero, además, la compañía matriz de Facebook e Instagram tendrá que abonar más de 60 millones en concepto de intereses, 2,5 millones para resarcir a la agencia Europa Press más otros 328.000 euros de intereses, y cerca de 14.000 euros deberá pagar a Radio Blanca.

Así lo ha establecido el juez tras la demanda de AMI contra el gigante tecnológico estadounidense al considerar que entre el 25 mayo de 2018 y el 31 julio de 2023 utilizó datos personales sin un consentimiento válido para así reforzar su negocio publicitario y restar ingresos a los medios de información.

En concreto, las cabeceras de prensa le acusaban de incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, aprobado en 2018, que supuso un antes y un después en el uso de la información personal ya que se obligó a las empresas a obtener consentimiento expreso y claro de los usuarios para poder utilizar sus datos personales y venderles publicidad personalizada.

Ahora, el juez ha entendido también que esta infracción de las normas le ha dado una ventaja competitiva y "desleal" respecto al resto de los medios digitales y las agencias de noticias, como consecuencia del abuso de dominio" y dado "el enorme volumen de la base de datos de usuarios de Meta en España" y "como consecuencia del abuso de dominio".

"Esta ventaja es significativa -argumenta- porque Meta ha podido tratar una cantidad de datos de cada usuario mucho mayor que si hubiera utilizado la base del consentimiento" que establece el reglamento europeo, que hubiera exigido el consentimiento explicito del usuario".

El magistrado fundamenta la sentencia en la Ley de Competencia Desleal, que considera como tal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes.

Meta, según el juez, "no ha fallado en utilizar la tecnología adecuada para conseguir muchos y buenos perfiles para realizar la publicidad comportamental". "Ha fallado -prosigue- en la forma de obtener y utilizar los datos personales porque ha incumplido el RGPD en el periodo relevante".

Según la sentencia, Meta "usó los datos de millones de usuarios de forma ilícita, obteniendo así una ventaja competitiva que jamás podrán igualar las demandantes que también realizan 'publicidad on line en display'", fundamentalmente, en prensa digital. La 'publicidad on line en display' es la que aparece cuando se lee gratuitamente una noticia de prensa en un periódico digital.

El dinero ganado por Meta infringiendo el reglamento deberá repartirse al resto de los competidores del mercado publicitario español, en función de la cuota de mercado que tenía la prensa digital durante esos cinco años.

La resolución, que todavía no es firme y que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, podría marcar un precedente relevante en el sector publicitario español y podría tener repercusiones en el ámbito europeo.

Tras el éxito de su primera edición en 2024, infoLibre celebra la segunda edición de Visibles, un encuentro que combina reflexión, debate y creación artística en torno al papel de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad.

La cita tendrá lugar el jueves  23 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas, en el espacio cultural La Cristalería (Calle Sandoval, 3, Madrid), y  a partir de las 17:30 horas podrá seguirse también por streaming a través de YouTube y X, con el hashtag #VisiblesinfoLibre. 

Con el apoyo de la Fundación “la Caixa”, Aena, Telefónica, Paradores y Estrella Damm, Visibles 2025 se consolida como una cita de referencia en la agenda cultural de otoño, concebida como una experiencia viva que une palabra, emoción y creación colectiva para reivindicar la igualdad desde la cultura.

El evento comenzará a las 17:00 horas con la apertura de los espacios expositivos de La Cristalería. El público podrá recorrer una muestra de arte y fotografía con obras de Desi Civera, Lucía Astuy, María Gallego, Davi Kabaro, Paula Dornan y Unpatrus (Patricia de Norverto), algunas concebidas expresamente para esta edición. Además, se presentará una selección de portadas de TintaLibre, la revista mensual de infoLibre, y un espacio participativo titulado “Titulares que inspiran cambio: Igualdad 2026”, una pizarra abierta en la que las personas asistentes podrán escribir los titulares que desearían leer el próximo año sobre avances en igualdad.

La bienvenida institucional correrá a cargo de Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, seguida del discurso inaugural de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que abrirá oficialmente la jornada. A partir de entonces, la programación girará en torno a cuatro mesas de diálogo que abordarán distintas formas de visibilizar el liderazgo y la presencia de las mujeres.

La primera mesa, titulada “Mujeres que transforman lo rural”, reunirá a Teresa López, presidenta de FADEMUR; Eva Legaza, directora del Parador de Ávila; y Cristina Moreno, recepcionista del Parador de Gredos. Moderadas por Sabela Rodríguez, debatirán sobre el papel de las mujeres como motor de empleo, sostenibilidad e igualdad en el entorno rural.

A continuación, la conversación “Mujeres visibles en profesiones masculinizadas: abriendo caminos” explorará la presencia femenina en sectores estratégicos tradicionalmente dominados por hombres. Participarán Isabel Mendiguchía, directora del aeropuerto de Son Bonet (Mallorca); Ester Tejedor, directora de Operaciones de Ciberseguridad en Telefónica Tech; y Virginia Barcones Sanz, directora general de Protección Civil y Emergencias. La mesa será moderada por la subdirectora de infoLibre Marta Jaenes, que también conducirá el siguiente encuentro, “Visibles en el arte”, en el que las artistas participantes compartirán con el público el proceso creativo y las ideas que inspiran sus obras.

El bloque de debates concluirá con una de las conversaciones más esperadas: “Romper el relato: mujeres en el periodismo”, protagonizada por la periodista y escritora Cristina Fallarás y la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso. Ambas dialogarán sobre los desafíos y consecuencias de la visibilidad pública de las mujeres en los medios de comunicación, y el encuentro finalizará con un turno de preguntas abierto al público.

Como cierre, la directora general de infoLibre Marta Gesto conducirá la despedida y los agradecimientos antes de dar paso al monólogo final de la actriz y humorista Esther Gimeno, que pondrá el broche de oro a la jornada reivindicando la igualdad desde la risa y la libertad, en un ambiente distendido acompañado de una cerveza cortesía de Estrella Damm.

La cita tendrá lugar el jueves  23 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas, en el espacio cultural La Cristalería (Calle Sandoval, 3, Madrid), y  a partir de las 17:30 horas podrá seguirse también por streaming a través de YouTube y X, con el hashtag #VisiblesinfoLibre. 

Con esta segunda edición, infoLibre reafirma su compromiso con la cultura, la igualdad y la visibilidad de las mujeres, impulsando un espacio donde las artes, las ideas y el periodismo se entrelazan para seguir transformando la conversación pública en torno a la igualdad.

News Media Alliance ha publicado un informe que señala que el cierre de Google News finalmente no se ha traducido en una pérdida de lectores para los medios digitales de la prensa española, según informa Europa Press. La entidad ha llevado a cabo un análisis sobre la evolución de las visitas que han recibido grandes medios entre 2014 –año en el que Google cerró su servicio de noticias– y 2019.

Los resultados obtenidos señalan que, ciertamente, en un primer momento se produjo una ligera disminución en el tráfico de esaswebs, pero tras dicha bajada el número de visitas no ha dejado de aumentar desde entonces. Según el estudio, la caída pudo deberse al cierre de Google News o a cualquier otro factor externo que tuviera lugar en ese momento.  Entre los ejemplos que cita News Media Alliance está el diario El País: en octubre de 2014 logró 8,5 millones de usuarios mensuales únicos y más de un año después, en diciembre de 2015, registró 16,6 millones de visitas. En septiembre de 2017, El País había incrementado su audiencia a 18,3 millones de usuarios mensuales únicos

Según los datos recabados por el informe a partir de fuentes de sector periodístico, las posibles caídas en el número de visitas se compensaron gracias al aumento del tráfico procedente de buscadores, más valioso para los editores de noticias tanto en términos monetarios como cualitativos. Este tráfico permite reunir más información sobre los lectores, lo que se traduce en un mayor numero de datos directos sobre los usuarios sin necesidad de un intermediario digital, además de impulsar potencialmente los ingresos debido a un mayor rendimiento de los anuncios, ya que los lectores visitan páginas más rentables.

El informe recuerda que España no es el único país de Europa que no cuenta con este servicio de noticias. Por ejemplo, Google News nunca ha estado disponible en Dinamarca o en Finlandia y, sin embargo, la prensa en esos países es una de las industrias más pujantes, aunque eso no significa que no sufren igual que en el resto de los países vecinos la disminución de los ingresos por suscripciones y publicidad y el reto de atraer ingresos en línea. 

La investigacion concluye que el tráfico digital existe y continúa incluso sin Google News. Además, las empresas editoras españolas han conseguido licencias con otros agregadores y editores en países que no cuentan con Google News y están obteniendo unos resultados similares a los de aquellos paises con Google News.

Desde su creación en 2008, Mediapart es una excepción en el panorama mediático: un diario totalmente digital, totalmente participativo y totalmente independiente; una prensa que depende exclusivamente de sus lectores, sin ingresos publicitarios ni subvenciones estatales; un medio de comunicación creado y controlado por periodistas. El éxito de esta apuesta, que nace apoyándose en el valor de la información (valor profesional de la investigación, valor democrático de la independencia y valor económico de la suscripción), ha permitido abrir la vía de la confianza entre el periodismo y el público. "Solo nuestros lectores pueden comprarnos", nos gusta decir. Esta independencia económica contrasta con la situación del resto de medios de comunicación, en manos de banqueros y empresarios más preocupados por la protección de sus intereses privados que por la defensa del interés general.

La independencia económica de Mediapart está actualmente garantizada por el control que ejercen sus cuatro cofundadores (François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel y Marie-Hélène Smiejan-Wanneroy, cofirmantes de este artículo), socios capitalistas mayoritarios; poseen el 42,08% del grupo independiente que controla el 62% del capital (integrado por los fundadores, la Sociedad de Empleados, la Sociedad de Amigos y por amigos a título personal). El resto del capital pertenece a dos socios inversores históricos (presentes desde 2008): Doxa (31,81%) y Ecofinance (6,32%).

Desde la creación de Mediapart, la posición de control de sus fundadores se traduce en el peso que tienen en el seno del consejo de administración, donde se toman todas las decisiones estratégicas para la empresa: de los siete administradores, los cuatro cofundadores y el presidente de la Sociedad de Amigos (Michel Broué) ocupan cinco puestos, los dos últimos están reservados a dos administradores exteriores elegidos por la asamblea general de accionistas, a propuesta del consejo de administración (actualmente Sébastien Sassolas y François Vitrani).

La cuestión de la pervivencia de esta independencia económica, más allá de la presencia de sus cofundadores, planea desde la fundación de Mediapart. Sus cofundadores siempre han afirmado su deseo de ceder el control del periódico a la redacción en condiciones de garantizar la pervivencia de su independencia. Dicho de otro modo, nunca ha existido intención de vender Mediapart al mejor postor, de traspasarlo a sus sucesores o de sacarlo a Bolsa. No hace falta decirlo, pero es mejor hacerlo. Quedaba por encontrar la mejor solución posible, la más creativa y sólida, para que este traspaso del control de Mediapart de los fundadores al equipo proteja de forma sostenible su independencia.

La búsqueda no ha cesado en los últimos tres años, en colaboración con el equipo de Mediapart. Ahora culmina con una solución inédita que, propuesta por sus fundadores, ha recibido la aprobación de los empleados de Mediapart y de los accionistas. La votación de la redacción tuvo lugar el pasado lunes 24 de junio; el 93,43% de los votos emitidos ratificaban la propuesta, mientras que la tasa de participación fue del 91,56%.

Se descartaron acciones empresariales fallidas como la Sociedad de redactores de Le Monde y la Sociedad civil de personal de Libération, que dejaban las acciones en manos de los empleados. En efecto, las lecciones del pasado (la adquisición de dichos periódicos por parte de intereses privados ajenos al mundo de la información) demuestran que estos escenarios no resisten en caso de dificultades financieras y que, además, abren las puertas a disputas internas por el control. Tampoco salieron bien las iniciativas llevadas a cabo por las sociedades corporativas (SCOP o SCIC) en materia de prensa diaria de información política y general.

La elección final por la que optamos solo tiene un precedente, en otra cultura democrática –liberal, en el sentido anglosajón del término– que contrasta con los lastres franceses: el Scott Trust que, desde 1936, garantiza la independencia del diario británico The Guardian, velando por hacerla eterna, mirando por su futuro (más información aquí). De modo que Mediapart va a transferir el 100% de su capital a una sociedad sin ánimo de lucro que, asegurándolo e inmovilizándolo, lo hará definitivamente intransferible, invendible y no especulativo.

Este Fondo para una Prensa Libre (FPL) lo crearán los cofundadores de Mediapart y la actual presidenta de la Sociedad de empleados (Martine Orange), a través de la Asociación por el Derecho a Saber (ADS). Dicho Fondo protegerá el futuro económico y la independencia editorial de Mediapart detentando su capital a través de una organización intermedia, la Sociedad para la Protección de la Independencia de Mediapart (SPIM).

Por lo tanto, nuestra decisión pasa por prolongar la innovación de Mediapart por medio de una solución innovadora, en el marco de la legislación francesa vigente: que un fondo de dotación (una organización sin ánimo de lucro) controle el 100% del capital de Mediapart, lo que impedirá su venta o que pase a estar bajo control de intereses económicos privados. De este modo, se garantiza y protege estructuralmente la independencia de Mediapart.

Más allá de la sacralización del capital de Mediapart, este Fondo para una Prensa Libre (FPL) garantiza una misión de interés general, al servicio de la profesión y del público: promover, ayudar y defender la libertad de la prensa, garante del derecho a saber y de la libertad de decir, apoyar su pluralismo y proteger su independencia. Su acción responde a un objetivo de interés general recogido en la Constitución de la República Francesa y avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El objetivo del FPL es contribuir a la realización, al respeto y a la protección de estos principios democráticos en un momento de cambio provocado por la revolución digital. Pretende garantizar que ésta no sea sinónimo de regresión del pluralismo de la prensa, de pérdida de independencia de las redacciones periodísticas y de debilitamiento de la libertad de información. Su creación es aún más necesaria en un momento en que los ataques contra la libertad de información se multiplican en Francia, en un contexto internacional de regresión autoritaria de las democracias.

Como parte de su misión de interés general, este Fondo para una Prensa Libre podrá recibir donaciones, desgravables para personas físicas y jurídicas, como prevé la ley cuando van destinados a causas de interés general, incluida la defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, estas donaciones no podrán beneficiar en modo alguno a Mediapart, que, a cambio, tendrá que destinar una parte de sus beneficios a la causa de interés general del FPL.

En un futuro, si bien seguirá siendo una empresa comercial cuyos únicos ingresos proceden de la suscripción de sus lectores, Mediapart estará controlado por una organización no capitalista, ajena a cualquier tipo de lucro y solo preocupada por el interés general. El FPL, al controlar el capital de Mediapart a través de la SPIM, no podrá interferir en su gestión diaria ni en su política editorial. La SPIM simplemente tendrá que ocuparse de proteger el futuro de Mediapart mediante la acumulación regular de reservas financieras.

Una vez logrado el apoyo de la totalidad de los accionistas a finales de junio, esta segunda fundación Mediapart se materializará a finales del próximo mes de septiembre, conforme a los plazos detallados en rueda de prensa celebrada este 2 de julio de 2019. Estos detalles pueden leerse, en francés, en este enlace.

En el programa clandestino del Consejo Nacional de la Resistencia (CNR), la libertad de la prensa aparece como la condición para "el establecimiento de la democracia más amplia". Y, para el CNR, ésta pasaba por "su independencia con respecto a los poderes económicos".

"Toda reforma moral de la prensa sería inútil si no fuera acompañada de medidas políticas destinadas a garantizar a los periódicos una verdadera independencia con relación al capital", escribió Albert Camus durante la Liberación, en 1944, cita recogida en el Manifiesto de Mediapart, publicado en 2009, un año después de su creación, Combate por una prensa libre (Combat pour une presse libre).

Durante más de medio siglo, esta exigencia se situó en el centro de las batallas libradas colectivamente por los periodistas y las redacciones para que su independencia editorial fuese garantizada por la independencia económica de sus periódicos. Que estas batallas finalmente se perdieran, bajo el control actual de los poderes económicos y financieros en prácticamente todos los medios de comunicación privados franceses, hace que sea aún más necesario recoger el testigo.

Este es el desafío que el equipo de Mediapart ha decidido asumir colectivamente con la creación del Fondo para una Prensa Libre, que garantizará su futuro y contribuirá a los combates de toda la profesión en favor de la libertad de la prensa y la independencia del periodismo. La confianza del público pasa por esta liberación de la información de todo interés privado con el objetivo de que su único fin esté al servicio del interés general.

La compañía canadiense de medios digitales Vice Media despedirá al 10% de su plantilla, lo que equivale a cerca de 250 trabajadores debido a la creación de una nueva "estructura organizativa" construida en torno a equipos productivos y no respecto a países, informa Europa Press.

Según ha adelantado en exclusiva The Hollywood Reporter y más tarde ha confirmado un portavoz de la propia compañía, la consejera delegada de Vice Media, Nancy Dubuc, ha indicado que los despidos serán consecuencia de las redundancias que se generarán con el cambio de la organización.

"Tras haber terminado el presupuesto para 2019, nuestro foco se ha centrado en ejecutar nuestros objetivos y lograr nuestras metas", ha subrayado la ejecutiva en un comunicado interno enviado a todos los empleados de Vice a nivel global.

Así, Dubuc ha afirmado que la compañía tiene que tomar "decisiones operativas duras, pero necesarias" para "cimentar" el futuro de la empresa de medios. "Algunos departamentos se harán más pequeños y otros se van a expandir", ha añadido la consejera delegada.

Este viernes, el departamento de Recursos Humanos se pondrá en contacto con todos los afectados en Estados Unidos, Reino Unido y México. Durante las próximas semanas, la firma terminará de definir los planes con respecto a los trabajadores del resto de países.

La semana pasada, el sector de los medios digitales observó varias rondas de despidos. El portal de contenido viral BuzzFeed anunció el despido del 15% de su plantilla, lo que equivale a más de 200 trabajadores, entre los que estaba la redacción completa de España. Asimismo, la división de medios de Verizon, bajo la que se agrupan portales, diarios digitales y plataformas como 'TechCrunch', 'HuffPost', 'Yahoo!' o 'Tumblr', también anunció una ronda de despidos de 800 trabajadores, equivalentes al 7% de su plantilla.

El Gobierno quiere bajar al 4 por ciento el IVA de libros y prensa digitales y estima que se dejarán de ingresar 24 millones de euros, tal y como recoge en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

A principio del pasado mes de octubre, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) aprobaron una normativa que permitiría a los países aplicar un IVA reducido, o incluso nulo, a los libros electrónicos y las publicaciones digitales. A día de hoy, España grava con un 4% las publicaciones en papel y con un 21% las digitales.

Hasta ese momento, los países estaban obligados a gravar los libros electrónicos con el tipo estándar del IVA, fijado en al menos un 15%. De hecho, el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) tumbó leyes en Francia y Luxemburgo que aplicaban a estas publicaciones el tipo reducido.

La última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de 2018, contaba 26.500 periodistas en paro, la segunda cifra más baja desde 2008. No obstante, de julio a octubre la cifra sufrió un repunte del 6,4%, el primero desde enero de 2017. Hasta ese momento el número de trabajadores de la información desempleados no había dejado de caer tras alcanzar su máximo en el tercer trimestre de 2013, con 64.400 parados.

En los últimos cuatro años remitieron los Expedientes de Reestructuración de Empleo (ERE) en los grandes grupos de comunicación, pero los recortes salariales y de funcionamiento no han parado. Y con el final del año y el comienzo de 2019 vuelven los despidos y las bajadas de sueldo. El sector no recupera la salud, convaleciente de una anemia de ingresos que no consigue curar.

La Voz de Galicia, que es el sexto periódico de mayor difusión en España, acaba de poner en la calle a cuatro trabajadores del área administrativa y comercial en plena negociación del convenio colectivo. Y fuentes del comité de empresa aventuran que habrá más despidos en esos departamentos de la empresa gallega [este viernes han sido despedidos otros dos trabajadores más]. Son los primeros desde 2012, aunque estos ocho años de “paz social”, como la definen en el comité, ha venido jalonada de un buen número de bajas incentivadas y de rebajas de sueldo. “Hasta ahora la fórmula había consistido en ceder salarios a cambio de mantener el empleo”, explican los representantes de la plantilla, “pero parece que a la empresa no le satisface y, por tanto, nosotros damos por rotas las negociaciones”.

Este mismo jueves los trabajadores del periódico gallego han llevado a cabo concentraciones de protesta a las puertas de las 14 delegaciones con que cuenta. La inicial “inquietud” que manifestaba la plantilla por la lentitud en que se desarrollaban las negociaciones para renovar el convenio se ha convertido en “indignación” con los despidos, justificados en “razones económicas” y a cambio de 20 días por año trabajado, la indemnización mínima legal. Uno de los trabajadores ha aceptado adherirse al plan de bajas incentivadas que ofrece 28 días por año de compensación. Pero el resto pretende acudir a los tribunales para denunciar sus despidos.

La inquietud también tiene su origen en el planteamiento que hizo la empresa nada más sentarse a renegociar el convenio colectivo: un recorte salarial de entre el 12,5% y el 14,5%, en función de la nómina, y el compromiso de mantener el 80% de la plantilla, integrada por unos 300 trabajadores. Es decir, quedaba en el alero el futuro de unas 60 personas. Además, el periódico ofrecía un convenio de sólo un año de duración, en lugar de los dos que se habían venido firmando hasta ahora.

La negociación se produce al tiempo que La Voz de Galicia reorganiza sus redacciones para integrar el papel y el digital, lo que de momento ha implicado el adelantamiento temporal del cierre diario de los contenidos pero también puede provocar despidos. El cambio, además, vendrá acompañado de la instalación del pago por contenidos en la web. Porque, aunque la empresa publica beneficios, los ingresos no remontan. De hecho, la garantía de mantener el 100% del empleo, establecida en el convenio colectivo, se sustenta sólo si el periódico alcanza un determinado nivel de ventas y de ingresos publicitarios que, según fuentes del comité, no se cumplieron en 2018. “Por tanto, la empresa podía haber despedido a 16 trabajadores a 31 de diciembre”, indican. No lo hizo hasta nueve días después.

Como hasta el momento el nuevo convenio no está firmado, tampoco lo está el anexo que cada dos años habilitaba a la empresa a recortar el sueldo de sus trabajadores. Por tanto, explican las mismas fuentes, La Voz de Galicia va a tener que pagar una nómina de enero completa, con las retribuciones de 2012, el año en que comenzaron a aplicarse las reducciones salariales, que no son acumulativas. De hecho, al final de cada ejercicio, el periódico les ha devuelto hasta ahora la mitad del recorte anual practicado. “La empresa debería tener prisa en cerrar un acuerdo con la plantilla, por eso no entendemos cómo ha preferido este conflicto y tener a los trabajadores detrás de una pancarta en la puerta”, advierte el comité, que espera una explicación de los responsables del diario la próxima semana.

Según las cifras de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), La Voz de Galicia tuvo una difusión media –ventas más suscripciones– de 64.070 ejemplares entre julio de 2017 y junio de 2018. Desde 2012 ha perdido 20.824 ejemplares, un 24,5%. En 2008 vendía en quiosco y a suscriptores 102.859 periódicos. Es decir, su difusión media ha caído un 38,8% desde que empezó la crisis.

Ajustes en plena integración digital

El Economista también tiene previsto llevar a cabo este año la integración de las redacciones digital y convencional. Pero, a diferencia de La Voz de Galicia, sufre pérdidas. De hecho, no ha abandonado los números rojos desde su creación, en 2005. En 2017 superaron los 400.000 euros y el presidente del diario económico, Alfonso de Salas, anunció en su mensaje navideño a la plantilla que en 2019 serán necesarios “ajustes”, que no concretó, y reducir los salarios. Porque su objetivo en el ejercicio es duplicar los ingresos por publicidad y los inversores le piden un millón de euros de ahorro en costes antes de arriesgar más capital en la empresa, según explican a infoLibre fuentes de la redacción, que carece de comité de empresa. Ecoprensa, la editora de El Economista, ha realizado una quincena de ampliaciones de capital desde que se fundó.

De hecho, este mes de diciembre se han amortizado cinco puestos de trabajo en la redacción, añaden las mismas fuentes, bien porque no se han renovado contratos temporales bien porque quienes han abandonado la empresa no han sido sustituidos. En el área administrativa también ha habido alguna salida más, apuntan. Al tiempo, Ecoprensa ha fichado un nuevo consejero delegado, Pablo Caño –antes director general en El Independiente, el diario digital de Casimiro García-Abadillo–, que se presenta como experto en desarrollar un modelo de negocio rentable para los medios de comunicación.

Al igual que en La Voz de Galicia, El Economista ha adelantado un par de horas el cierre del periódico de papel, pero las fuentes consultadas advierten de la existencia de “muchas duplicidades” en las dos redacciones del económico, por lo que pende la amenaza de los recortes de plantilla. Ésta no ha dejado de crecer, no obstante, desde 2011, cuando el periódico atravesó su momento más delicado y puso en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con reducciones de jornada y sueldo del 20%, que prorrogó hasta 2014.

Según OJD, El Economista tiene una difusión de 10.665 ejemplares y presume de ser el primer diario económico en internet.

La Razón está en plena renegociación del convenio igualmente. La primera oferta de la empresa tampoco resultó muy halagüeña: rebajas salariales del 20% para los recién contratados y del 15% para quienes cobren más de 25.000 euros al año. También ha puesto en marcha un plan de bajas incentivadas. Desde 2012, su difusión ha caído un 25%, por lo que ahora coloca sólo 68.298 ejemplares en quiosco y a los suscriptores. El periódico que dirige Francisco Marhuenda se ha mantenido en beneficios, aunque exiguos, desde 2014 hasta 2016.

Sin becarios ni correctores en 'El Mundo'

En El Mundo y el resto de las cabeceras de Unidad Editorial la renegociación del convenio colectivo está a punto de empezar. Fuentes del comité de empresa aseguran que su intención era prorrogar un año más el convenio en vigor, pero el grupo lo ha denunciado para negociar un nuevo texto. Después de sufrir cuatro ERE en el grupo desde 2009 y recortes de sueldos sucesivos que suman de un 15% a un 20%, la plantilla se encuentra en mínimos de efectivos y en máximos de esfuerzo, lamentan las mismas fuentes. “Llevan tres años sin cubrir las bajas”, destacan. Además, el pasado noviembre la empresa anunció que desde el 1 de enero no habría más becarios en las redacciones. Tampoco correctores –estudiantes de Periodismo que suministran las universidades al igual que los becarios– desde el próximo mes de mayo. Son un centenar en todo el grupo cada año, que cobran unos 300 euros al mes. 

Unidad Editorial sorprendió también al comité cuando propuso llevar a cabo una evaluación de la productividad y talento de los trabajadores. Según expuso la empresa, se trata de una iniciativa puesta en marcha por el dueño del grupo, Urbano Cairo, en Rizzoli, la matriz italiana. Esa evaluación, que pretende ser una “medida objetiva del potencial” de los redactores, la realizarán no obstante, los jefes de cada sección. El comité mostró su rechazo, ante el temor de que sus resultados puedan ser utilizados para justificar futuros despidos: pidió que las evaluaciones fueran públicas y que también se las hicieran a los jefes.

Los diarios de Unidad Editorial, como los de Prisa, Vocento y El Economista, están pendientes de instalar el pago por contenidos en sus versiones digitales. Todos ellos han anunciado oficiosamente que el muro de pago comenzaría a funcionar este mismo año. El Mundo tiene una difusión de 93.635 ejemplares, según la última medición de OJD, tras perder un 39,4% desde 2012. Gracias a una política draconiana de ahorro de costes, el grupo que preside Antonio Fernández-Galiano volvió a registrar un resultado bruto de explotación de 24,6 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2018, pese a que los ingresos por la venta de periódicos sufrieron una caída de 8,5 millones de euros.

Un ERE también en un medio nativo digital  

Esta misma semana también se hizo público otro ERE, aunque en un medio nativo digital: Playground, con sede en Barcelona, un híbrido de noticias en vídeo y contenidos patrocinados enfocado al público más joven, va a despedir a 70 de sus 150 trabajadores. El próximo martes se constituirá la mesa de negociación, explica Sergio Calahorro, de CCOO. Playground fue creado en 2008 a partir de un blog musical y se convirtió en un medio con amplia audiencia sobre todo a través de Facebook. La decisión de la empresa de Mark Zuckerberg de cambiar su algoritmo y dejar de priorizar las noticias de los medios de comunicación, en febrero de 2018, ha hundido el tráfico de Playground. Según Similar Web, pasó de 12,9 millones de visitas en julio a sólo 3,7 millones en diciembre. El 44% de su tráfico procede de redes sociales, y de éste, el 94% de Facebook.

Ya antes del verano la empresa empezó a reorientar el negocio, potenciando los contenidos audiovisuales, indica Calahorro, por lo que pidió a sus trabajadores que cambiaran el convenio sectorial de prensa no escrita por el de la industria de producción audiovisual. El comité aceptó. Pero casi al mismo tiempo comenzaron los despidos individuales. Casi una docena en los últimos seis meses. Entonces se les indemnizó con 28 días por año trabajado. También abandonaron la empresa el editor jefe, Antonio J. Rodríguez, y la editora de Cultura, Luna Miguel.

La semana próxima la plantilla celebrará una asamblea en la que decidirán cómo se enfrentan a la decisión de la empresa. El comité, avanza el representante de CCOO, pretende sustituir los despidos por recortes salariales y un plan de bajas voluntarias.

Al frente de Playground figura Isaac Marcet, hijo de Mahala Alzamora, fundadora de la agencia de comunicación que lleva su nombre. Junto con su familia, participan en la empresa Mario Rotllan Sol, de la familia propietaria de la embotelladora española de Coca-Cola, y Solmunian SL, de los dueños de las clínicas Tres Torres. En 2016 facturó 3,3 millones de euros y su resultado de explotación ascendió a 438.025 euros.

Y a la cuarta fue la vencida. Los ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea (Ecofin), reunidos en Luxemburgo, aprobaron este martes por unanimidad la directiva comunitaria que permitirá a los Estados miembro aplicar un IVA reducido para los libros, revistas y periódicos digitales, equiparándolo así con el trato fiscal que reciben las publicaciones impresas. Con la luz verde del Ecofin, que se ha producido después de años de intensas negociaciones y vetos cruzados entre la República Checa y Francia, ahora serán los respectivos gobiernos nacionales los que tendrán en sus manos la decisión de rebajar o no el tipo impositivo. En el caso de España, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez rechaza aclarar por el momento si pondrá fin, y cuándo, a la discriminación fiscal que sufren las publicaciones digitales, a pesar de que el Gobierno de Mariano Rajoy ya se comprometió antes de abandonar la Moncloa a ejecutar esta bajada tributaria si salía adelante la reforma de la normativa planteada por Bruselas.

El melón sobre la fiscalidad reducida para libros, periódicos y revistas electrónicas se abrió por primera vez en las instituciones comunitarias a mediados de marzo de 2015, cuando Francia, Alemania, Italia y Polonia exigieron al Ejecutivo que encabeza Jean-Claude Juncker cuantos cambios fueran necesarios en la normativa comunitaria para poder reducir el IVA de las publicaciones digitales. Meses después, en diciembre de 2016, la Comisión puso sobre la mesa del Consejo una modificación de la directiva europea en esta materia. Pero la propuesta de Bruselas se quedó atascada en medio de un cruce de vetos. Durante los últimos meses, la República Checa ha bloqueado hasta en tres ocasiones la aprobación de la reforma en respuesta a la paralización que galos y otros Estados estaban llevando a cabo con otra directiva impulsada desde suelo checo. Finalmente, París y Praga han acordado levantar los vetos cruzados para desatascar la situación.

Así, tras más de tres años de intensas negociaciones para llevar la tramitación a buen puerto, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han terminado dando su beneplácito a la propuesta del Ejecutivo comunitario. Aunque los cambios aprobados son mínimos, el ligero retoque en la redacción de la normativa sobre el IVA supone un mundo. Frente a la actual directiva, que establece que este tipo reducido se puede aplicar en el “suministro” de “libros en cualquier soporte físico, periódicos y semanarios que no sean material íntegra o predominantemente publicitario”, la nueva normativa establece que el IVA especial podrá aplicarse ahora al “suministro” de “libros, periódicos y semanarios”, siempre que “esas publicaciones no sean material íntegra o predominantemente publicitario y las publicaciones no sean materia íntegra o predominantemente contenido musical o vídeo”.

"Evaluar y estudiar" antes de pronunciarse

Una vez recibido el visto bueno en el Ecofin, fuentes del Ministerio de Economía consultadas por infoLibre explican que los próximos pasos serán “volcar el acuerdo a todas las lenguas oficiales europeas”, darle el “visto bueno formal” en un próximo cónclave que se espera para dentro de un par de meses –es un mero trámite, no requiere votación de ningún tipo– y publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Tras esto, la pelota se colocará sobre el tejado de los diferentes gobiernos nacionales, que son los que tendrán que decidir individualmente si reducen o no el IVA. En este sentido, hay que recordar que la reforma aprobada permite a los Estados llevar a cabo una reducción impositiva en el caso de las publicaciones digitales –algo que antes no podían hacer–, pero no les obliga a ello.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se resiste por el momento a aclarar si, tras la aprobación de la directiva, aplicará esta reducción impositiva a libros, periódicos y revistas electrónicas. “En este momento lo que es una buena noticia es que tengamos esa posibilidad y veremos junto con la ministra de Hacienda si es conveniente hacerlo en nuestro país y en su caso cuándo habría que tomar esa decisión", señaló la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Ecofin. Tampoco desde la cartera capitaneada por María Jesús Montero aclaran si entre sus planes está rebajar el tipo impositivo a las publicaciones digitales para acabar con la discriminación que sufren respecto a la prensa de papel. “El Ministerio de Hacienda no ha tomado una decisión sobre una directiva europea que acaba de aprobarse. Ahora es el momento de evaluar y estudiar la medida concreta antes de pronunciarse en cualquier sentido”, sentencian fuentes del ministerio consultadas por este diario.

El anterior Gobierno liderado por Mariano Rajoy se comprometió a ejecutar la tan esperada rebaja pocos días después de que la Comisión Europea presentara su propuesta de reforma legislativa. En diciembre de 2016, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que el Ejecutivo modificaría el IVA de las publicaciones digitales para equipararlo al de sus homólogos impresos nada más se aprobara la directiva. De esta manera, el Gobierno conservador planteó abiertamente reducir el tipo impositivo del 21% al 4% para los libros y periódicos electrónicos. “La idea es la convergencia total hacia los tipos de IVA que tiene la prensa impresa”, aseveró el ahora exministro de Economía tras una reunión del Ecofin. Y, aunque no concretó fechas, sí que dejó claro que la idea del Ejecutivo era que esa reducción no fuera progresiva, sino que se ejecutase de una sola vez.

Buenas noticias

La aplicación de un IVA reducido en libros, periódicos y revistas electrónicas lleva años siendo una de las exigencias del sector editorial europeo. Hasta ahora, la actual normativa comunitaria impedía igualar el tipo impositivo de las publicaciones electrónicas a las de formato papel. Así, mientras que en el Viejo Continente las primeras tienen que afrontar un mínimo estándar del 15%, las tradicionales pueden beneficiarse de una tasa cero a una reducida –mínimo del 5%– o súper reducida –menos del 5%–. En el caso de España, las publicaciones digitales como infoLibre, que desde su creación viene denunciando esta discriminación fiscal, están sometidas al tipo general del 21%, frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato impreso. Un sinsentido rechazado insistentemente por los principales colectivos de la industria.

Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España y de Ediciones Prensa Libre (editora de infoLibre y tintaLibre), valora “muy positivamente” la aprobación de la directiva, que irá “en beneficio de la diversidad cultural europea”. “Es una rectificación histórica que hace justicia a la mayor industria cultural europea: la de los libros”, explica Fernández. Ahora, desde la Federación de Gremios de Editores de España esperan que el Ejecutivo español coja el guante de la comisión, transcriba “cuanto antes” la normativa comunitaria y reduzca el tipo del IVA aplicable a las publicaciones electrónicas. Porque, en este sentido, Fernández recuerda que todos los grupos parlamentarios se han mostrado a favor de poner punto final a la discriminación fiscal de libros, revistas y periódicos digitales.

La Asociación de Medios de Información (AMI), por su parte, mostró este martes su satisfacción por la decisión adoptada por el Ecofin, agradeciendo a los líderes europeos el esfuerzo negociador realizado para la aprobación de la propuesta, informa Europa Press. Además, solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez que aplique "con la mayor celeridad" las medidas necesarias para reducir el tipo de IVA a las publicaciones digitales españolas.

Para Miguel Mora, director de Ctxt, es “una necesidad imperiosa” corregir la brecha tributaria que separa a los periódicos en papel de los diarios en formato digital. “No tanto para las empresas, sino ya para los lectores. No se entiende que se pueda obligar a los lectores a pagar un 21% de IVA si se suscriben a un medio online y solo el 4% a los que se suscriben a uno en papel”, apunta el periodista, que cree que una reducción del IVA a las publicaciones digitales sería una medida que se podría aprobar fácilmente “con la mayoría del Congreso”. “Ahí tiene el PSOE una manera de pactar algo para los presupuestos”, apostilla el periodista, que cree que “la repercusión en la recaudación fiscal” va a ser “muy pequeña” porque los suscriptores a la prensa digital, al fin y al cabo, “no son tantos”. “En la cuenta final de Hacienda apenas se va a notar”, sentencia el director de Ctxt.

La lucha de Mediapart en Francia

Las protestas no se circunscriben exclusivamente al ámbito español. En Francia, el periódico digital de referencia Mediapart, socio editorial de infoLibre, lleva años luchando para poner fin a esa discriminación fiscal de las publicaciones digitales. Desde su creación en 2008, el diario dirigido por Edwy Plenel decidió aplicar unilateralmente un tipo reducido del 2,1% –el mismo que grava a los periódicos en papel en Francia–, en vez IVA del 19,6% y el 20% que durante todos esos años se aplicaba en suelo galo a las publicaciones digitales. En un primer momento, la postura adoptada transparentemente por el diario galo no provocó ninguna reacción de la Hacienda francesa. La presión ejercida, lejos de suponerle en aquel momento sanción alguna, tuvo resultados positivos. En enero de 2014, el Ejecutivo francés acordó, en contra de la normativa europea, rebajar el IVA aplicable a la prensa digital hasta el 2,1%.

Pero la situación cambió radicalmente en solo un año. En noviembre de 2015, pocos meses después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obligaba a las autoridades francesas a dar marcha atrás en la reducción impositiva que llevaban aplicando desde 2012 a los libros electrónicos, la Hacienda gala notificó a Mediapart una liquidación de un total de 4,1 millones de euros de IVA por el periodo comprendido entre 2008, año de su lanzamiento, y principios de 2014. “Mientras que la prensa escrita, ya sea impresa o digital, se dirige a los mismos lectores, el fisco establece una distorsión de la competencia aplicándonos una tasa de IVA casi diez veces superior a la de nuestros competidores impresos”, aseveró entonces en una columna Edwy Plenel, que anunció que recurrirían ante la justicia administrativa una decisión de las autoridades fiscales que consideraban “ilegítima, injusta e inconsistente”.

Con los intereses y las penalizaciones por “falta deliberada”, el montante total a afrontar por Mediapart ascendía a 4,7 millones de euros. Sin embargo, el pasado mes de mayo el diario digital francés consiguió su primera victoria en la larga batalla judicial que mantiene con las autoridades fiscales. La segunda cámara de la primera sección del Tribunal Administrativo de París anuló estas penalizaciones al considerar que no existía intención por parte del periódico de evadir impuestos. “La intención de evadir el impuesto no está establecida; en las circunstancias de este caso, la sociedad editorial de Mediapart debería ser liberada de las penalizaciones del 40% a las que se le sometió en virtud del Artículo 1729 del Código General de Impuestos”, señala la sentencia, que condena al Estado a indemnizar simbólicamente al periódico con 1.000 euros.

Fin a la discriminación fiscal que sufren en el Viejo Continente las publicaciones digitales. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) dieron este martes, en la reunión mantenida en Luxemburgo, su visto bueno a la directiva comunitaria que permitirá a los gobiernos de los Estados miembro aplicar un IVA reducido a los libros, periódicos y revistas electrónicas, equiparándolo así con el trato fiscal que reciben las publicaciones impresas. Después de tres intentos fallidos, y de continuas negociaciones para desbloquear la situación, la República Checa ha decidido finalmente dejar de vetar la propuesta comunitaria tras llegar a un acuerdo con Francia, principal impulsor de la reducción del IVA. Tampoco Bulgaria, que presentó objeciones a última hora, ha hecho naufragar el cambio normativo, que llevaba años tramitándose.

"Esta propuesta es parte de nuestros esfuerzos para modernizar el IVA para la economía digital, y nos permite seguir el ritmo del progreso tecnológico", señaló el ministro de Finanzas austriaco, que actualmente ocupa la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. "Estas son buenas noticias para la prensa y para el sector de la cultura", apuntó en Twitter el comisario de Economía comunitario, Pierre Moscovici.

La aplicación de un IVA reducido en libros, periódicos y revistas electrónicas lleva años siendo una de las exigencias del sector editorial digital europeo. La actual normativa comunitaria impide igualar el tipo impositivo de las publicaciones digitales y las de formato papel. Así, mientras que en el Viejo Continente las primeras tienen que afrontar un mínimo estándar del 15%, las tradicionales pueden beneficiarse de una tasa cero a una reducida –mínimo del 5%– o súper reducida –menos del 5%–. En el caso de España, las publicaciones electrónicas como infoLibre, que desde su creación viene denunciando esta discriminación fiscal, están sometidas al tipo general del 21%, frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato físico. Un sinsentido del que se llevan quejando durante años tanto los diarios digitales como los principales colectivos de la industria, entre los que destacan la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) o la Federación de Gremios de Editores (FGEE).

Dos años de compleja tramitación

El debate sobre la fiscalidad reducida para las publicaciones electrónicas se abrió por primera vez en el seno de la Unión Europea a mediados de marzo de 2015, cuando los ministros de Cultura de Francia, Alemania, Italia y Polonia exigieron a la Comisión Europea que se introdujeran en el derecho comunitario cuantos cambios fueran necesarios para poder aplicar un IVA reducido a libros, revistas y diarios digitales y respetar así “un principio de neutralidad tecnológica”. La declaración conjunta fue remitida a Bruselas en respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a Francia y Luxemburgo a dar marcha atrás en la reducción impositiva que llevaban aplicando desde 2012 ambos países a los libros electrónicos. El fallo del TJUE obligaba a incrementar el tipo del 5,5% al 20% en suelo galo y del 3% al 17% en el Gran Ducado.

Finalmente, Bruselas decidió recoger el guante y, en diciembre de 2016, puso sobre la mesa del Consejo una propuesta para modificar la directiva sobre el IVA en la Unión Europea en este sentido. Aunque los cambios propuestos son mínimos, el ligero retoque en la redacción de la normativa supone un mundo. Así, frente a la actual directiva, que establece que este tipo reducido se puede aplicar en el “suministro” de “libros en cualquier soporte físico, periódicos y semanarios que no sean material íntegra o predominantemente publicitario”, Bruselas propone que el IVA especial pueda aplicarse al “suministro” de “libros, periódicos y semanarios, siempre que esas publicaciones no sean material íntegra o predominantemente publicitario y las publicaciones no sean materia íntegra o predominantemente contenido musical o vídeo”.

En un primer momento, la tramitación cogió el impulso esperado. Pero, como es habitual en los procesos de reforma legislativa en la Unión Europea, el asunto terminó siendo utilizado para negociar cuestiones en clave nacional. La iniciativa acabó atascándose en medio de un tira y afloja entre Francia y República Checa por otra cuestión diferente. Durante más de un año, Praga ha vetado sin descanso la reforma, condicionando su voto favorable a la aprobación de otra directiva que permitiría la inversión del sujeto pasivo del IVA, lo que en la práctica supondría que sería el consumidor de la mercancía quien debería pagar el impuesto a Hacienda –en la actualidad, dicha responsabilidad recae sobre el proveedor–. Los checos han repetido por activa y por pasiva que es clave para luchar contra el fraude fiscal. Pero Francia y otros socios europeos –Eslovenia y Grecia, por ejemplo– se han mostrado en todo momento reacios a esta inversión del sujeto pasivo al considerar que se desvía del sistema general del IVA en Europa.

Reducción en manos de los gobiernos nacionales

Inmóvil en su postura, República Checa bloqueó la tan reclamada reducción impositiva para las publicaciones digitales hasta en tres ocasiones. París y Praga han acordado finalmente desenredar la situación dando cada uno su beneplácito a los textos en disputa que vetaban. Con la directiva respaldada por unanimidad, la pelota se situará sobre el tejado los respectivos gobiernos.

En España, el anterior Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy se comprometió, pocos días después de que la Comisión Europea presentara la directiva, a reducir del 21% al 4% el tipo impositivo aplicable a las publicaciones digitales. Ahora, tras la moción de censura, será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que tenga que mover ficha. Por el momento, la sucesora de De Guindos, Nadia Calviño, no ha despejado todavía la incógnita. “Tenemos dudas, pero ha llegado el momento de cerrar un acuerdo”, aseveró el pasado mes de julio.

La discriminación fiscal que sufren las publicaciones digitales parece que toca a su fin. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) darán este martes, salvo sorpresas de última hora, luz verde a la directiva comunitaria que permitirá aplicar un IVA reducido a los e-book y periódicos digitales, equiparándolo así con el trato fiscal que reciben las publicaciones impresas. Tras el constante tira y afloja que han mantenido los Estados miembro durante los dos últimos años, la República Checa ha decidido levantar el veto que mantenía paralizada una propuesta que requería del visto bueno por unanimidad de todos los países para llegar a buen puerto. Ahora, con el beneplácito de Praga asegurado, todas las miradas se sitúan sobre Rumanía, que ha planteado en el último momento alguna objeción a la propuesta. Y, aunque se espera que Bucarest no haga naufragar ahora la tan reclamada reducción impositiva, la incógnita se mantendrá hasta el último minuto.

El debate sobre la fiscalidad reducida para las publicaciones electrónicas se abrió por primera vez en el seno de la Unión Europea a mediados de marzo de 2015, cuando los ministros de Cultura de Francia, Alemania, Italia y Polonia exigieron a la Comisión Europea que se introdujeran en el derecho comunitario cuantos cambios fueran necesarios para poder aplicar un IVA reducido a libros, revistas y diarios digitales y respetar así “un principio de neutralidad tecnológica”. La declaración conjunta fue remitida a Bruselas en respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a Francia y Luxemburgo a dar marcha atrás en la reducción impositiva que llevaban aplicando desde 2012 ambos países a los libros electrónicos. El fallo del TJUE obligaba a incrementar el tipo del 5,5% al 20% en suelo galo y del 3% al 17% en el Gran Ducado.

Finalmente, Bruselas decidió recoger el guante y, en diciembre de 2016, puso sobre la mesa del Consejo una propuesta para modificar la directiva sobre el IVA en la Unión Europea en este sentido. Aunque los cambios propuestos son mínimos, el ligero retoque en la redacción de la normativa supone un mundo. Así, frente a la actual directiva, que establece que este tipo reducido se puede aplicar en el “suministro” de “libros en cualquier soporte físico, periódicos y semanarios que no sean material íntegra o predominantemente publicitario”, Bruselas propone que el IVA especial pueda aplicarse al “suministro” de “libros, periódicos y semanarios, siempre que esas publicaciones no sean material íntegra o predominantemente publicitario y las publicaciones no sean materia íntegra o predominantemente contenido musical o vídeo”.

En un primer momento, la tramitación cogió el impulso esperado y se preveía que pudiese cerrarse en cuestión de meses. Pero, como es habitual en los procesos de reforma legislativa en la Unión Europea, el asunto terminó siendo utilizado por varios países miembro para negociar cuestiones en clave nacional. Se plantearon objeciones desde Austria, Reino Unido y Hungría. Viena, por un lado, recriminaba a Bruselas que la reforma pondría en riesgo el actual sistema del IVA. Londres, por su parte, aprovechó la ocasión para exigir una reducción del impuesto sobre el valor añadido para los productos sanitarios. Y Budapest, por último, reclamaba que el acceso a Internet también pudiese beneficiarse de estos cambios impositivos. “Es claramente una línea roja para nosotros”, avisaban desde el Ejecutivo húngaro.

'Rehén' de República Checa

Los escollos, poco a poco, fueron superándose. Sin embargo, la iniciativa terminó atascándose de nuevo en medio de un tira y afloja entre Francia y República Checa por otra cuestión diferente. Durante más de un año, Praga ha vetado sin descanso la reforma, condicionando su voto favorable a la aprobación de otra directiva que permitiría la inversión del sujeto pasivo del IVA, lo que en la práctica supondría que sería el consumidor de la mercancía quien debería pagar el impuesto a Hacienda –en la actualidad, dicha responsabilidad recae sobre el proveedor–. Los checos han repetido por activa y por pasiva que es clave para luchar contra el fraude fiscal. Pero Francia y otros socios europeos –Eslovenia y Grecia, por ejemplo– se han mostrado en todo momento reacios a esta inversión del sujeto pasivo al considerar que se desvía del sistema general del IVA en Europa.

Inmóvil en su postura, República Checa bloqueó la tan reclamada reducción impositiva para las publicaciones digitales hasta en tres ocasiones. La última, el pasado mes de julio ante la desesperación del resto de Estados miembro, que recordaban la “urgente” necesidad de sacar adelante la directiva. “Entiendo que la propuesta es muy importante para ustedes y estamos dispuestos a ser lo más flexibles posible en un futuro próximo”, señaló la ministra de Finanzas checa, Alena Schillerová, en la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea del pasado mes de julio. A pesar de ello, su homólogo austriaco, Harwig Löger, que ostenta durante este semestre la presidencia del Ecofin, valoró positivamente los avances logrados en esta materia y mostró su confianza a que la directiva de reforma sea aprobada finalmente en el cónclave de octubre.

Y parece que a la cuarta irá la vencida. Según confirmaron hasta tres fuentes diplomáticas europeas al diario económico Financial Times, París y Praga han acordado finalmente desenredar la situación dando cada uno su beneplácito a los textos en disputa que vetaban. No obstante, la incertidumbre sobre el futuro de la directiva se mantendrá hasta el último minuto. Ahora, según el rotativo británico, Rumanía ha planteado algunas objeciones de última hora –también quiere poder beneficiarse de la inversión del sujeto pasivo que reclama República Checa– que podrían paralizar nuevamente la directiva a siete meses de las elecciones al Parlamento Europeo.

Una exigencia permanente

La aplicación de un IVA reducido en libros, periódicos y revistas digitales lleva años siendo una de las exigencias del sector editorial digital europeo. La actual normativa comunitaria impide igualar el tipo impositivo de las publicaciones digitales y las de formato papel. Así, mientras que en el Viejo Continente las primeras tienen que afrontar un mínimo estándar del 15%, las tradicionales pueden beneficiarse de una tasa cero a una reducida –mínimo del 5%– o súper reducida –menos del 5%–. En el caso de España, las publicaciones electrónicas como infoLibre están sometidas al tipo general del 21%, frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato físico. Un sinsentido del que se llevan quejando durante años tanto los diarios digitales como los principales colectivos de la industria, entre los que destacan la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) o la Federación de Gremios de Editores (FGEE).

Pero las protestas no se circunscriben exclusivamente al ámbito español. En Francia, el periódico digital de referencia Mediapart, socio editorial de infoLibre, sostiene desde hace años una dura batalla legal por este asunto. En noviembre de 2015, la Hacienda gala les notificó una liquidación de un total de 4,1 millones de euros de IVA por el periodo comprendido entre 2008, año de su lanzamiento, y principios de 2014. “Mientras que la prensa escrita, ya sea impresa o digital, se dirige a los mismos lectores, el fisco establece una distorsión de la competencia aplicándonos una tasa de IVA casi diez veces superior a la de nuestros competidores impresos”, aseveró entonces el diario presidido por Edwy Plenel, que denunciaba que le aplicaran un tipo de entre el 19,6% y el 20%, frente al 2,1% de los periódicos galos en papel.

Una vez culmine la tramitación y transposición de la directiva, la pelota se situará sobre el tejado los respectivos gobiernos. En España, el anterior Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy se comprometió, pocos días después de que la Comisión Europea presentara la directiva que se debate este martes de nuevo en el Ecofin, a reducir del 21% al 4% el tipo impositivo aplicable a las publicaciones digitales. “La idea es la convergencia total hacia los tipos de IVA que tiene la prensa impresa”, señaló el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. Ahora, tras la moción de censura, será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que tenga que mover ficha. Por el momento, la sucesora de De Guindos, Nadia Calviño, no ha despejado todavía la incógnita. “Tenemos dudas, pero ha llegado el momento de cerrar un acuerdo”, aseveró el pasado mes de julio.

La industria del entretenimiento y de la prensa ha ganado finalmente la batalla de lobby en torno al proyecto europeo de reforma de los derechos de autor. Tras varios meses de controversia e intensos debates, el Parlamento Europeo votaba este miércoles a favor del proyecto de directiva en su versión más represiva –en su artículo 11 prevé la creación de un nuevo “derecho afín”, que se aplicará en particular al agregador de noticias de Google News, mientras que en el artículo 13 se estipula el establecimiento de dispositivos de filtrado automático en las plataformas–.

Inmediatamente después de la votación, el eurodiputado Axel Voss (CDU), ponente del texto, daba las gracias a sus colegas. “Muchas gracias”, dijo, visiblemente emocionado por esta victoria, incierta hasta el último momento. “Se trata de un excelente mensaje enviado a las industrias creativas europeas”. Por su parte, la eurodiputada pirata Julia Reda, autora de un informe sobre la reforma, lamentaba una votación que calificó de “catastrófica”. “El Parlamento no ha escuchado las preocupaciones de ciudadanos y expertos”, tuiteaba.

Los temores de los defensores de las libertades digitales se refieren principalmente a dos artículos que, desde hace varios años, han dado lugar a debates. El artículo 11 prevé la creación de un nuevo “derecho afín”, un derecho a remunerar a las webs de prensa y que pagarían las plataformas para tener derecho a mostrar el más mínimo extracto de un artículo, aunque se trate de promocionarlo a través de un enlace, como sucede, por ejemplo, con Google News. Para los que se oponen al texto, esta medida dará lugar a la creación de un “link tax”, un impuesto sobre los enlaces que penalizará todos los intercambios de información en internet, por ejemplo, en un site como Wikipedia.

Durante los debates, los defensores del texto, Axel Voss o incluso la comisaria responsable de tecnología digital Mariya Gabriel, intentaron disipar dichos temores subrayando que las enmiendas excluían a los enlaces de hipertexto del nuevo derecho afín. Pero Julia Reda insistía en el hecho de que utilizar el título de un artículo en un enlace entrará en el ámbito de aplicación del texto.

En una carta abierta enviada a las instituciones europeas en septiembre de 2017, la asociación de editores de prensa europeos independientes, European Innovative Media Publishers, también se oponía a este artículo 11, al señalar que esta solución ya se había aplicado en algunos países con consecuencias desastrosas, como España, donde Google optó simple y llanamente por cerrar su servicio Google News en 2014.

Otra medida clave del proyecto de directiva, el artículo 13 del texto, requeriría que las plataformas que albergan una gran cantidad de contenido cultural alcancen de antemano acuerdos con los titulares de los derechos, adopten medidas para eliminar los contenidos ilícitos y apliquen medidas automáticas de filtrado de contenidos, en consonancia con el sistema de identificación de contenidos creado por YouTube hace diez años.

Sin embargo, este sistema de censura automática supondría una inversión del equilibrio jurídico entre la protección de los derechos de autor y la libertad de expresión que prevalece en la actualidad y según el cual un alojador sólo está obligado a eliminar los contenidos ilícitos desde el momento en que se le notifica. Además, estos dispositivos de filtrado a priori son conocidos por su celo, a menudo excesivo, y sus defectos recurrentes.

En un artículo publicado el martes 11 de septiembre, Cory Doctorow, autor estadounidense, hacktivista y miembro de la asociación Electronic Frontier Foundation, presentaba algunos ejemplos de los abusos ya observados con el sistema de identificación de contenidos de YouTube o Facebook.

En primer lugar, hay casos de “copyright madness”, una expresión que se refiere a las reivindicaciones excesivas o incluso fraudulentas de los derechos de autor, pero de las que todavía se ocupan los sistemas de filtrado. Desde 2012, recuerda Cory Doctorow, cinco compañías han reclamado las imágenes de la misión Mars de la NASA que son, por defecto, de dominio público. En el mismo año, un YouTuber recibió una notificación por la grabación de cantos de pájaros, cuyos derechos de autor fueron reclamados por un tercero. En 2014, se censuró una serie de conferencias científicas transmitidas en YouTube porque durante la pausa del almuerzo sonaba música en los altavoces. El último ejemplo, el 4 de septiembre, el pianista James Rhodes hizo borrar un video de Facebook en el que tocaba una obra de Bach, reivindicada por Sony.

En segundo lugar, subraya Cory Doctorow, “las solicitudes de retirada también pueden ser fácilmente instrumentalizadas". Incluso existen empresas especializadas en este campo desde hace varios años que utilizan las solicitudes de retirada para evitar la difusión de información molesta o bad-buzz.

Una batalla de lobby inusuallobby

Estas cuestiones relativas al artículo 11 y al artículo 13 se vienen debatiendo en las instituciones europeas desde hace más de tres años. Este maratón legislativo comenzó en enero de 2015 con la publicación del informe de Julia Reda, bien recibido por las asociaciones que defienden las libertades digitales y abucheado por las industrias culturales. La eurodiputada propuso una serie de medidas para compartir e intercambiar información, al tiempo que avanzaba sobre el copyright.

Entre ellas figuraban la reducción del plazo de protección de una obra tras la muerte de su autor de 70 a 50 años, o la creación de excepciones al derecho de autor para usos transformadores, como las remezclas y los mash-ups. El informe también proponía crear una nueva excepción para el llamado “text y data mining”, también llamada “minería de textos” o “extracción de conocimientos”, una práctica que consiste en utilizar el big data para analizar un gran volumen de contenido.

Pero más tarde, Julia Reda tuvo que enfrentarse a la contraofensiva de los representantes de los titulares de los derechos. En diciembre de 2015, el comité pidió la introducción del nuevo derecho afín a los editores de prensa. Luego, en junio de 2017, en la llamada comisión de “mercado interior” del Parlamento Europeo (IMCO), se propuso por primera vez la idea de imponer dispositivos de filtrado automático en las plataformas. A medida que pasen por las distintas comisiones parlamentarias y campañas de presión de ambas partes, estas dos propuestas, que se incluyen en los artículos 11 y 13 del texto respectivamente, serán retiradas y reintroducidas sucesivamente.

Durante la última revisión en la comisión antes de la votación final, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó finalmente la versión más represiva del texto, incluidos los artículos 11 y 13, para gran consternación de las asociaciones. El 5 de julio, el ponente del texto, Axel Voss, compareció ante el Parlamento en sesión plenaria para ser autorizado a negociar directamente con el Comité y el Consejo de Europa, un procedimiento acelerado para excluir al Parlamento. Pero en el momento de la votación se produjo un nuevo giro: por 318 votos en contra, 276 a favor y 31 abstenciones, el Parlamento se negó a conceder a Axel Voss la postestad solicitada.

Desde este rechazo, el Parlamento Europeo ha sido el teatro de una batalla de grupos de lobby inusual. En un bando, la industria cinematográfica y musical, así como los principales editores europeos y, en el otro, los editores de prensa independientes y las asociaciones que defienden las libertades digitales se aliaron para la ocasión con sus enemigos acérrimos, GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Durante varios meses, los primeros multiplicaron las tribunas de artistas y periodistas, ampliamente cubiertos por la prensa, explicando que la aprobación de la directiva sobre derechos de autor era una “cuestión de vida o muerte” para la prensa y la cultura. Los segundos pudieron contar con la movilización de los principales especialistas de internet, como Tim Berners-Lee, el principal inventor de la World Wide Web, que escribió al presidente del Parlamento Europeo el pasado mes de junio. “Si el artículo 13 hubiera estado en vigor en el momento en que se desarrolló el núcleo de los protocolos y aplicaciones de internet, es poco probable que existiese tal como lo conocemos hoy en día”, advertía.

Pero la intensa movilización ciudadana, a veces oportunamente apoyada por los GAFAM, no ha sido suficiente para contrarrestar la de la industria de la cultura y la prensa. En un comunicado difundido poco después de la votación, la asociación para la defensa de las libertades digitales, La Quadrature du Net, también señala que esta directiva reforzaría paradójicamente la situación de las grandes plataformas al reforzar los lazos de dependencia. El caso del impuesto sobre el enlace, en particular, plantea el problema de la independencia de la prensa frente a los GAFAM, cuyo modelo económico se basa también en la recogida de datos personales.

“Cuando los ingresos de Le Monde o Le Figaro dependan de los ingresos de Google o Facebook, ¿cuánto tiempo más podremos leer en estos periódicos críticas a estos gigantes? En lugar de adaptarse, los editores de periódicos prefieren renunciar por completo a su independencia”, afirma La Quadrature du Net. “El Gobierno francés ha fomentado esta rendición general a los gigantes de la web, que son vistos aún más como maestros de internet”, continúa la asociación. “Sin embargo, no son dueños de nada en absoluto. Internet no necesita Google ni Facebook para que podamos comunicarnos. Al contrario, estos gigantes están obstaculizando nuestros intercambios, para vender mejor su publicidad”.

El maratón legislativo del proyecto de directiva no ha terminado del todo. Ahora debe negociarse en el “diálogo a tres bandas”, que reúne a representantes de la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Ministros, compuesto por los ministros de los Estados miembros interesados. Se espera que estas discusiones sean menos animadas que el resto del proceso. Entre los participantes, la Comisión ha apoyado los artículos 11 y 13 desde el principio.

Por su parte, el Parlamento estará representado por el ponente del texto, Axel Voss. Y en el seno del Consejo de Ministros, varios países, empezando por Francia, están presionando para que se adopte la directiva. En un tuit publicado el miércoles, unas horas antes de la votación, Emmanuel Macron la calificaba de “lucha fundamental a favor de los derechos de autor”.

Una vez que el proyecto de directiva haya sido revisado por el tripartito, se someterá de nuevo a votación en el Parlamento en enero. Y, esta vez, debería ser la definitiva. ____________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Pero tras la analogía, qué sería de nosotros sin analogías, volvamos al periodismo de bajura que nos atenaza desde las alturas del Olimpo mediático. Todos ustedes recordarán los casos de los tuiteros imputados por hacer chistes de Carrero Blanco, del caso de los titiriteros que supuestamente ensalzaban a ETA en un obra de guiñol y que llegaron a entrar en la cárcel, o de los raperos condenados por ídem o del actor famoso investigado por cagarse en Dios y en la Virgen. Sí, los recordarán seguro. ¿Saben por qué? Porque los medios venales de prensa diaria en papel, sin excepciones, amén de la basura televisiva que nos rodean, se encargaron de recordárselo todos los días, a todas horas, desde sus páginas y sus pantallas, aliñado todo ello con la apostilla del peligro que entrañan las redes sociales, en general, para el buen funcionamiento de la democracia. Ya. Maticemos. El peligro que entrañan es para los poderosos (pongan a quien quieran intuitivamente y acertarán), en primer lugar, y a los medios que les secundan, a continuación. Es lógico. Ambas hidras se retroalimentan. Los canallas del primer grupo saben a ciencia cierta que los escándalos con prensa comprada son menos escándalos. Bastan unas llamadas selectivas y la fuga de popularidad queda restañada. Pero, claro, cómo llamas a una tal Barbijaputa, o a una Protestona, o a un Agitador Trotskista, o a tantos otros miles, millones de personas, con nombre propio o inventado, que berrean libremente sin cencerro por esas redes de Dios. Los grandes emporios han perdido el monopolio de la información, y por tanto, el monopolio de la mentira ya no es negocio. Saben los magnates de la mangancia que ahora las redes dominan el cotarro y por eso quieren acotarlo. Por eso temen tanto a las redes.

Pero, ¿por qué les cuento toda esta película? Ah, sí. Les hablaba de los casos amplificados por la prensa venal, como el de los titiriteros encarcelados por presunta apología teatral de terrorismo. Pues bien, un locutor conocido, Federico Jiménez Losantos, tras conocerse la liberación de Puigdemont en Alemania y descartarse la rebelión como delito cometido por el expresidente, este hombre, digo, con toda la publicidad que le confiere un micrófono privilegiado de una radio nacional famosa, se  despachó a gusto con unas amenazas serias y reales contra Alemania y contra los cientos de miles de alemanes que residen en España. Dichas amenazas no es que sean apología del terrorismo, son terrorismo puro. No se ensalza una acción criminal, se invita a realizar ataques contra intereses alemanes. Considera a los residentes alemanes como rehenes. Tras este exabrupto radiofónico, ustedes se preguntarán: ¿Y qué ha dicho nuestra prensa escrita de confianza, la de toda la vida, los Prisa, Vocento, etc.? Ni un breve, y si lo han escrito ha debido ser tan breve como la presencia de Cifuentes en las clases de su fake másterfake. Desde luego, no recuerdo una cobertura como la que brindaron a los peligrosos tuiteros y titiriteros.

Una reflexión final. Suele decirse que en internet, cuando algo es gratis es porque el producto eres tú. Y empiezo a pensar que para la prensa tradicional en papel, el destinatario final no es el lector sino que su verdadero cliente son los gigantes económicos que están detrás, que son los que deciden sus líneas editoriales en defensa de sus intereses. Con razón la prensa realmente independiente (infoLibre, eldiario.es, la revista Alternativas Económicas, la revista Mongolia, etc.), quieren separar lo que es mera publicidad de información veraz, con prelación profesional en el tratamiento de la actualidad informativa y sin sumisiones vergonzantes. Su verdadera fuerza reside en los socios, no en los anunciantes, privados o públicos. Quiero decir, estimados/as ciudadanos/as, que la próxima vez que leáis un periódico de los de antes, en papel o en pantalla, debéis saber que vosotros no sois su norte, vosotros sois el producto, una vil mercancía. Con una pequeña diferencia, que ni siquiera os sale gratis.

Gonzalo de Miguel Renedo es socio de infoLibre

El Gobierno de India denegará la acreditación para acceder a actos gubernamentales a los periodistas que publiquen noticias falsas, una decisión que ha anunciado el Ministerio de Información y que ha sido criticada desde algunos sectores por considerarla como un ataque a la libertad de prensa.

Periodistas y partidos de oposición han descrito estas nuevas normas como una maniobra del Ejecutivo liderado por el primer ministro, Narendra Modi, para controlar a la prensa antes de las elecciones generales previstas para 2019.

La decisión del Gobierno india es la última de una serie de acciones llevadas a cabo por ejecutivos de países asiáticos para combatir las noticias falsas y llega después de que el Ejecutivo de Malasia aprobara una norma que fija hasta seis años de prisión por publicar fake news.

El Ministerio de Información y Difusión del Gobierno indio ha dicho en un comunicado publicado a última hora del lunes que los periodistas que sean considerados culpables de redactar o difundir noticias falsas serán castigados con la retirada de su acreditación por parte del Gobierno por un determinado periodo de tiempo o de forma permanente, dependiendo de las infracciones que hayan cometido.

La acreditación es un elemento imprescindible para que un periodista pueda entrar en Ministerios o asistir a foros y ruedas de prensa organizadas por departamentos del Gobierno. Los periodistas usan estas acreditaciones para demostrar su identidad en otros actos informativos.

El Ministerio de Información indio no ha definido qué se considera "noticia falsa" pero ha asegurado que las denuncias sobre noticias de prensa serán remitidas al Consejo de la Prensa de India mientras que los casos que se denuncien en medios audiovisuales serán estudiados por la Asociación Nacional de Emisoras.

El término noticias falsas (fake news, en inglés) está siendo cada vez más utilizado por líderes internacionales para cargar contra las noticias de los medios que se muestran críticos con su gestión, con el presidente estadounidense, Donald Trump, como uno de los de líderes que más recurre a este concepto para criticar a los medios que no le gustan.

El Ministerio de Información indio no ha hecho mención a los medios digitales, aunque el responsable de la cartera, Smriti Irani, aseguró anteriormente que también se vigilará a los medios que difunden sus noticias en Internet.

"¿Qué garantiza que estas directrices revisen las noticias falsas?", ha afirmado en su cuenta de Twitter el líder del partido opositor Congreso Nacional, Ahmed Patel. "O se trata de un intento de impedir que reporteros de verdad informen sobre noticias que son incómodas para la clase dirigente?", ha añadido.

La decisión del Ejecutivo indio también han encendido las alarmas de las organizaciones de periodistas y medios. Shekhar Gupta, exdirector del diario Express, ha asegurado que la medida del Gobierno es un "ataque descarado contra los medios convencionales" y ha emplazado a los periodistas a resistir.

"Esto es un ataque a la libertad de prensa. La orden draconiana podría ser usada en contra de periodistas de verdad", ha dicho el presidente del Club de Prensa de India, Gautam Lahiri. "El Gobierno debería retirar esta orden de inmediato", ha subrayado, antes de anunciar que este martes se celebrará una manifestación de rechazo a la medida del Gobierno indio.

“Por la información de calidad hay que cobrar. No veo otra alternativa […] Poco a poco iremos a una realidad que es ineludible”, sentenció el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano, hace ya cuatro años en una entrevista en Capital. No hace ni dos meses el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, fue más dramático: “Todos los medios que estén supeditados exclusivamente a la publicidad no es que lo vayan a pasar mal, es que no van a existir”. El histórico competidor de ambos, Juan Luis Cebrián, aprovechó la junta general de accionistas de Prisa el pasado junio para anunciar que tanto su grupo como el mercado ya están preparados “para empezar a facturar por los contenidos en la Red”.

Las principales cabeceras de la prensa tradicional aceptan como inevitable, e imprescindible para sus cuentas, el pago por la información que hasta ahora ofrecen gratis en Internet. La necesidad de nuevas vías de ingresos es cada día más perentoria. La prensa escrita sufre una letal hemorragia de ventas en los quioscos que lastra su facturación. Y los ingresos por publicidad en esos periódicos que cada día se venden menos siguen una caída similar. El País reconoce que el descenso de la publicidad y de las tiradas le cuesta un agujero en sus ingresos de 200 millones de euros al año. La difusión del Abc en los primeros nueve meses de 2017 se ha reducido un 13,6% y sus ingresos por publicidad, un 10,1%. El Mundo ha perdido un 9% de su facturación publicitaria el último año, así como un 7,5% de sus ventas de ejemplares.

Y la sangría no se va a detener. El papel se muere. La publicidad que atraen las webs de los periódicos no basta para compensar los descalabros de las versiones impresas y sostener el conjunto del negocio. La competencia imposible de las grandes plataformas, de Google y Facebook, por la publicidad online está dejando desnudos y a la intemperie a los grandes grupos de comunicación. Así que el pago de contenidos se presenta como una interesante fuente de ingresos. También para los nuevos medios nativos digitales que, a diferencia de las cabeceras tradicionales, tienen que construir desde cero su audiencia y han optado por abrir una nueva vía de negocio y por relacionarse de otra forma con sus lectores.

Sin embargo, en España, y pese a las declaraciones de sus principales responsables, los periódicos sólo han hecho tímidos intentos, hasta ahora, para hacer pagar a sus lectores por los contenidos que elaboran y publican en Internet. El miedo a un desplome de audiencia, a una huida del clic, les frena año tras año. Nadie se atreve a ser el primero en dar el paso y regalar una ventaja competitiva a los que sigan ofreciendo información gratis. No obstante, los más grandes ya han empezado a implantar diferentes sistemas de pago, de forma parcial y gradual. Con resultados que son difíciles de calibrar: apenas proporcionan cifras de suscriptores e ingresos y callan sobre sus planes de futuro.

Los diarios regionales, a la cabeza

Vocento instaló su primer muro de pago en El Correo –El Correo on+– en septiembre de 2015. Se trata de un muro suave, que permite a cualquier lector leer 10 noticias gratis cada mes. Si quiere acceder a más, debe suscribirse, por 4,95 euros al mes. O esperar al mes siguiente, cuando el contador se pondrá de nuevo a cero.

A cambio de ese precio, puede leer todos los contenidos de la web y tiene disponibles contenidos extra: reportajes y artículos de la edición de papel que no se cuelgan en la web del periódico, revistas digitales de cine –La Butaca–, música –Musi-K– y economía –Dinero–. También se le envía por correo una newsletter (un boletín), con los principales contenidos del día siguiente y recibe alertas en el móvil con las últimas noticias.

Para atraer al posible suscriptor la cabecera vizcaína no duda en utilizar recursos adicionales: sorteo de entradas para conciertos o preestrenos cinematográficos, visitas al Guggenheim, incluso noches en paradores o cenas en restaurantes.

En mayo de 2016, El Correo aseguraba que el número de suscriptores efectivos alcanzaba los 6.300 –dice tener 345.000 usuarios únicos en su página web–. En esa misma fecha Vocento trasladó el mismo sistema de pago a Diario Vasco, su cabecera en Guipúzcoa. Un año después, decía contar con 4.100 suscriptores –173.000 usuarios únicos–. En febrero de 2017 el muro de pago se implantó en Diario Montañés, el periódico cántabro del grupo. En un año ha conseguido 2.000 suscriptores. Finalmente, el pasado mes de enero Ideal –el periódico que se distribuye en Almería, Granada y Jaén, con 480.000 usuarios únicos en Internet– instalaba su sistema de pago, Ideal on+. Vocento dice que va a implantarlo este mismo año en otras dos cabeceras más, que aún no quiere desvelar.

Pese a las declaraciones de Luis Enríquez sobre la inevitabilidad del pago por contenidos, el grupo descarta aplicarlo a su periódico de cabecera, Abc.  Tampoco ha facilitado a infoLibre la cifra de ingresos que las suscripciones proporcionan a su volumen de negocios. El único dato que Vocento publica en su informe financiero sobre el muro de pago es el número total de suscriptores: 13.000 en el tercer trimestre de 2017.

Prensa Ibérica, grupo regional con 17 cabeceras, implantó su muro de pago antes que Vocento. En mayo de 2014 pasaron a cobrar por sus noticias online el asturiano La Nueva España, Faro de Vigo, Información de Alicante y Levante de Valencia. Tiene diferentes fórmulas de suscripción, entre 2,79 euros al mes y 33 euros, dependiendo de si sólo se consigue acceso a las noticias de la web o se le añade la edición impresa. El grupo no facilita datos ni sobre su número de suscriptores ni sobre los ingresos que éstos le proporcionan. También su muro de pago es suave: ofrece contenidos especiales sólo para suscriptores en una página con la mayor parte de las informaciones de acceso gratuito.

Los vaivenes de 'El Mundo' y 'El País'

Unidad Editorial fue pionera en España al crear Orbyt en 2010, un sistema de suscripción que daba acceso a una versión on line de los periódicos y revistas en papel del grupo: El Mundo, Marca, Expansión MarcaExpansióny Telva. Cuesta 7,99 euros al mes. Pero no es un muro de pago, cuya implantación está “esbozando” el grupo en estos momentos, sino un “quiosco digital” que ofrece un e-paper y la versión en PDF de las cabeceras de papel. En cualquier caso, Unidad Editorial prefiere “un modelo como el que existe en mercados nórdicos y anglosajones, donde no se cierra por completo el acceso al contenido”, explica un portavoz, que añade que aún están "en proceso de definición del proyecto”. Según las cifras que facilita a infoLibre, en los dos últimos años Unidad Editorial ha conseguido 40.000 nuevas altas netas, hasta alcanzar los 120.000 suscriptores entre la edición impresa y las réplicas digitales.

No obstante, El Mundo hizo un intento, que resultó frustrado, de implantar el muro de pago. En noviembre de 2013, comenzó a cobrar por sus contenidos on line. Permitía leer gratis hasta 20 noticias al mes, después cobraba una suscripción de entre 4,99 –acceso básico– y 9,99 euros –acceso premium, que incluía Orbyt–. “El Mundo cambia de piel”El Mundo, fue el eslogan que su entonces director, Pedro J. Ramírez, utilizó para vender una iniciativa que comparaba con el “desembarco en Normandía”. El hoy director de El Español se imponía la obligación de obtener nuevos ingresos “a través de la distribución masiva y a muy bajo coste” de los contenidos de El Mundo “en los soportes digitales y muy especialmente en los dispositivos móviles”. El “cambio de piel”, sin embargo, se diluyó enseguida. Pedro J. Ramírez fue destituido como director del periódico sólo dos meses más tarde, en enero de 2014. Y el muro de pago cayó con él.

Pero el primer periódico que puso precio a sus informaciones on line fue El País. En el año 2002 empezó a cobrar por sus contenidos. Un año después, el director de la web, Mario Tascón, cifraba en 26.000 el número de suscriptores. Pero la caída en el número de usuarios le arrebató enseguida el primer puesto entre los digitales más visitados de España, que pasó a ser ocupado por El Mundo, y El País volvió a ser de acceso gratuito. Hasta hoy. “No tenemos prevista una estrategia de pago en el corto plazo, pero sí un plan para conocer mejor a nuestros lectores y establecer una relación directa con ellos, para eventualmente desarrollar modelos de ingresos alternativos a la publicidad”, asegura un portavoz de Prisa.

El grupo tampoco proporciona datos sobre el número de suscriptores digitales, que suma a los de sus periódicos de papel. Ni hay en sus cuentas mención alguna a los ingresos que éstas suponen en su cifra de negocios.

Suscripciones en diarios nativos digitales

Al abandonar El Mundo y fundar El Español, Pedro J. Ramírez trasladó su casi nonato modelo de suscripción al nuevo diario digital: 25 noticias al mes de acceso gratuito que dan paso a un abono mensual de 10,99 euros al mes o 84 euros al año, aunque también existe una suscripción diaria de un euro. Además, dispone de opciones para empresas. Según explica un portavoz, El Español, que nació en octubre de 2015, tiene 12.000 suscriptores. El dato llama poderosamente la atención porque, un mes antes de empezar a publicarse, Pedro J. Ramírez aseguró que ya habían superado la cifra de 10.000 suscriptores. Por tanto, habría logrado cinco veces más lectores dispuestos a pagar antes de saber cómo iba a ser el producto que en los dos años y medio posteriores.

El pago permite al suscriptor acceder a contenidos exclusivos de The New York Times, leer el sábado por la tarde la carta dominical del director, también entrevistas, reportajes, crónicas y análisis, así como una newsletter a las ocho de la mañana y un e-paper la noche anterior. Además puede escribir un post en el “blog del suscriptor” todas las semanas. Y recibir ofertas comerciales, entradas par el cine, fútbol, ópera, teatro…

Parecido es el sistema de pago de El Independiente, creado por otro antiguo director de El Mundo, Casimiro García-Abadillo. Aunque, de momento, sólo piden a los usuarios que se registren. Creado en septiembre de 2016, El Independiente anunció su muro suave tres meses después: seis euros mensuales o 60 anuales. El pasado mes de febrero lo ha relanzado. A los suscriptores se les permite acceder a artículos de opinión y análisis de bolsa exclusivos, reciben boletines por correo, pueden escuchar podcasts de actualidad y ciencia o usar herramientas financieras –para resolver dudas sobre hipotecas o planes de pensiones–. La idea es pasar de un número de suscriptores que ahora El Independiente califica de “insignificante” a los 10.000 que calcula necesarios para alcanzar la rentabilidad. Según explicó en su día García-Abadillo en una entrevista publicada por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), su modelo de negocio debería basarse en un 10% de suscriptores y un 90% de ingresos por publicidad.

infoLibre es el único medio español que cuenta con un muro de pago puro: los contenidos de elaboración propia están accesibles sólo para los suscriptores. Otros medios como eldiario.es los ofrecen gratis a todo el mundo a partir de las siete de la mañana. Para leerlos la noche anterior hay que pagar cinco euros al mes. infoLibre cuenta con 9.709 suscriptores a fecha de febrero de este año. Es además el único periódico de España cuyos ingresos proceden en su mayoría de los socios y no de la publicidad. Su modelo se inspira en el que lleva aplicando desde 2008 el digital francés Mediapart. El diario fundado por Edwy Plenel tiene 140.426 socios y gana 2,2 millones de euros al año.

Un  éxito en otros países

Porque el muro de pago avanza con lentitud y a trompicones en España, pero en otros países se ha convertido en un modelo de éxito. El más claro es The New York Times, que lo implantó en 2011 y cuenta ya con 2,2 millones de suscriptores, que le proporcionaron en 2017 unos ingresos de 340 millones de dólares –276 millones de euros–, un 46% más que el año anterior. Desde ese mismo año, los ingresos por la edición impresa del periódico han caído un 21%, un 3% sólo el último año. Tan satisfechos están en el diario neoyorquino con el sistema de pago que si empezaron con permitir la lectura gratuita de 20 artículos, luego lo rebajaron a 10 y, desde el pasado mes de diciembre ya sólo se puede acceder a cinco sin pagar. El coste, 15 euros al mes, casi tres veces lo que cuestan las suscripciones on line en España. Los responsables de The New York Times no temen que ese cambio se traduzca en una fuga de lectores. Según explican a la agencia Bloomberg, esperan sólo un “modesto impacto” en la publicidad y en el tráfico de la web, que se compensará con el aumento esperado en el número de suscriptores. También The Boston Globe –78.000 suscriptores– redujo, el pasado mes de mayo, el número de artículos gratis: de cinco a dos.

The Wall Street Journal –848.000 suscriptores– va más allá incluso y ya ha puesto en marcha un muro de pago que se adapta al tipo de lector. Según los hábitos y necesidades de éste, el muro se endurece o suaviza. El periódico analiza desde el sistema operativo que utiliza el usuario hasta el tipo de dispositivo desde el que lee o la clase de artículo que le interesa e incluso dónde vive. Así calcula las probabilidades de que termine suscribiéndose o no. A continuación le ofrece un modelo más rígido o más poroso. La suscripción anual a The Wall Street Journal no es barata: 222 dólares.

Desde el otro extremo geográfico y de talante, el sensacionalista alemán Bild Zeitung también tiene su sistema de pago. Desde junio de 2013 ha conseguido 365.000 suscriptores. A cambio de 4,99 euros al mes, los lectores de BildPlus pueden leer todos los contenidos exclusivos del periódico de papel, que no se vuelcan gratis en la web, así como un e-paper con la edición impresa y contenidos especiales de la Liga de Fútbol alemana, así como las consabidas ofertas comerciales de viajes, entradas para conciertos o acontecimientos deportivos.

El grupo Axel Springer, al que pertenece Bild Zeitung, consigue el 71,5% de sus ingresos ordinarios del negocio digital y el 87% de sus ingresos publicitarios. No es de extrañar: Bild Zeitung, que llegó a ser el periódico de mayor tirada de Europa y uno de los más vendidos del mundo, con más de cinco millones de ejemplares, ahora no consigue colocar a través de los quioscos más que 1,6 millones.

El 16 de marzo de 2018, Mediapart cumplirá diez años. Una década de combates por una prensa libre, al servicio del derecho a saber del público. Diez años de una apuesta improbable, lanzada en un clima de incredulidad general: un periódico digital que sólo viviría del apoyo de sus lectores, sin publicidad ni subvenciones. Diez años para imponer un modelo de pago que, hasta entonces, no había sido emprendido en internet por la prensa diaria de información general y política.Diez años para convencer de que nuestro oficio, el periodismo, no está condenado a la precariedad, a los planes sociales, a las recompras en cascada, a la pérdida de independencia y de vitalidad, a la disminución de la calidad y a la carrera por la audiencia, sino que puede ser económicamente rentable basándose en la exigencia, la creación de valores y los empleos en la independencia. Que puede convertir una empresa de prensa en un negocio rentable manteniéndolo libre de cualquier presión, económica o política, financiera o estatal, publicitaria o partidista.

Hoy es difícil imaginar cuántas burlas, de los pretendidos expertos que esparcieron el veneno de la duda a nuestro alrededor, tuvimos que hacer frente. ¿Quién recuerda aquel veredicto sin apelación, lanzado unos meses después de nuestro lanzamiento, el 10 de octubre de 2008, por uno de ellos que no es particularmente conocido por su amor hacia una prensa irreverente?

«Si consideran que el modelo de independencia de la prensa es Mediapart, entonces, en este caso, estoy bastante preocupado por la democracia francesa. Quédense tranquilos, la cuenta de resultados de Mediapart pronto resolverá este problema ya que el modelo elegido por Edwy Plenel es un modelo absurdo. La prensa en la red solo puede ser gratuita. La prensa de pago en internet no puede funcionar». No era la primera vez y, probablemente, no será la última que Alain Minc –consejero político, economista y empresario- se equivocaba…

Es demasiado pronto para contar la historia de estos diez años de aventura colectiva donde todas las profesiones que unen a Mediapart –los periodistas de la redacción, los técnicos informáticos, los responsables del marketing, de lo comercial, de la gestión, de la relación con los suscriptores, de la comunicación y de las redes sociales, etc., sin olvidar a nuestros diversos socios y proveedores– han trabajado juntas para imponer este inédito periódico. Recordamos todas las batallas que nos han unido en esta prueba. Aquellas en las que, mientras nos esforzábamos por defender lo mejor de la tradición de la prensa impresa a través del mundo digital, teníamos que defender la evidencia y la legitimidad de nuestras revelaciones frente a los medios incrédulos.

Bettencourt, Cahuzac, Sarkozy-Kadhafi: recurriendo únicamente a estos tres emblemáticos casos, cuántas batallas, especialmente judiciales, hemos tenido que asumir para imponer en el debate público estas informaciones que perturbaron… ¡Revelaciones a contracorriente!

Uno de los lemas de Mediapart: "La libertad de la prensa no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de los ciudadanos".

Si hemos podido parecer aleccionadores, fueron los malentendidos los que pudieron crear la confusión: la insolencia de la libertad y la arrogancia de la felicidad. Libertad como insignia para hacer nuestro trabajo tal y como lo entendemos, sin más restricciones que las que nos otorgamos colectivamente. Felicidad entusiasta de comprometernos en torno a un ideal compartido: esta convicción radicalmente democrática de que, sin información libre, rigurosa y plural; sin respeto al derecho a estar informados como libertad fundamental, los ciudadanos se convierten en ciegos que pueden votar por su peor enemigo o por su peor desgracia, prisioneros de la propaganda o de ideologías cuyos avatares contemporáneos, hechos alternativos (alternative facts) y post-verdad (post-truth), asumen descaradamente que quieren reemplazar la verdad por la mentira.Alegría colectiva también cuando levantamos liebres –¡y qué liebres!– con la firme esperanza de que la sociedad se movilice para atraparlas.

Pero la mayor felicidad fue encontrar un público, es decir, a todos ustedes: lectores leales, apasionados, críticos, libres de amonestarnos o alentarnos, de elevarnos o de hacernos tambalear.

Periódico nacido de la revolución digital, Mediapart nunca habría logrado su éxito sin la dimensión participativa que lleva su nombre: un medio aparte pero, sobre todo, un medio participativo. Ningún periódico de información política y general en internet mantiene hoy la particular relación que reina aquí, no sin inconvenientes puntuales, como sucede en la vida misma, ya sea en el Club o en los hilos de comentarios: no hay límites en lo que concierne a la cantidad, ni a la amplitud de las contribuciones –si bien existe una moderación a posteriori, gestionada internamente por el propio equipo-, de esta particularidad surgen una diversidad de opiniones y una pluralidad de sensibilidades que son tan ricas como las chispas que producen.

En resumen, lo virtual es real, y esto es lo que queremos celebrar durante este décimo aniversario, organizado sobre el tema del encuentro entre el periodismo y la sociedad. En lugar de ceder a la autocomplacencia hablando de Mediapart, preferimos celebrar juntos todo lo que se ha unido, cruzado, experimentado, buscado, encontrado, inventado, expresado, defendido, etc., en esta encrucijada que es nuestro periódico.

Así es como concebimos el Festival de Mediapart –que tendrá lugar el sábado 17 de marzo, durante todo el día, desde las 11 horas hasta las 23.30, tras los muros del Centquatre, establecimiento cultural de la Ville de París, nuestro socio en este evento público–, de acceso libre y gratuito. Recuerde la dirección: 5, rue Curial, en el distrito XIX de París.

En el programa, un encuentro ininterrumpido con el equipo de Mediapart, numerosos debates, concomitante en varios lugares, proyecciones de documentales, teatro y lecturas, conciertos, varias exposiciones (incluida una sobre los diez años de Mediapart), un salón en el que nuestros numerosos socios se ocuparan de los stands y animarán los debates, una librería y firmas con autores, videojuegos diferentes, sopladores de poemas, pregoneros de periódicos en toda regla, algunas sorpresas también y, para terminar, un gran baile popular a partir de las 19.30.

En los próximos días, en una web dedicada a este evento, podréis descubrir los detalles de este programa que continuará enriqueciéndose hasta el último día. Insisto: este sábado es un día totalmente abierto al público, todas las actividades, todos los eventos, son de acceso libre y gratuito. Obviamente habrá algo para comer y beber... ¡Así que no dudéis en venir numerosos, con familiares y amigos!

Contrariamente a las caricaturas mediáticas que utilizaron la personalización de uno de los fundadores para borrar la historia colectiva de nuestro periódico, esta será la ocasión para descubrir a todos aquellos que han logrado el éxito de Mediapart. Sacada del folleto de presentación más reciente, aquí una descripción general del equipo:

El equipo de Mediapart en la primavera de 2017.

La víspera del Festival, el viernes 16 de marzo, de 14.00 a 19.00 horas, organizamos, también en Centquatre, un gran coloquio internacional sobre El derecho a saber. A partir de esta exigencia democrática fundamental que se encuentra en el corazón del oficio de informar, la de conocer todo aquello que es de interés público, nos interrogaremos sobre las nuevas posibilidades y los nuevos obstáculos que esta exigencia encuentra en nuestros tiempos inéditos e inciertos.

¿Qué verdad? ¿Cómo encontrarla? ¿Quién es su guardián? ¿Quién la amenaza? Pero también, ¿cuáles son los desafíos del periodismo de investigación, cómo informar en un lugar hostil y cómo lidiar con las nuevas caras de las mentiras en la era digital? Todos estos temas serán abordados.

Con un dispositivo de traducción simultánea, este coloquio reunirá a muchos oradores extranjeros [entre ellos Jesús Maraña, responsable editorial de infoLibre, socio español de Mediapart];  Katharine Viner, redactora jefe del diario británico The Guardian; Robert Darnton, director de la Biblioteca de la Universidad de Harvard, historiador especializado en la historia del libro en la época de la Ilustración;Roberto Scarpinato, magistrado antimafia, fiscal general de la Corte de Apelaciones de Palermo; Eyal Weizman, arquitecto, investigador en Goldsmiths College de la Universidad de Londres, fundador de Forensic Architecture; pero también periodistas venidos de Egipto, Turquía, Colombia, España, Alemania, Países Bajos... Será el historiador Patrick Boucheron, del Colegio de Francia, quien presentará la conferencia.

La conferencia, que puede acoger a 600 personas, está reservada a los suscriptores de Mediapart –es lo mínimo, en agradecimiento por su apoyo (si aún no es suscriptor y le gustaría asistir, basta con suscribirse). Para inscribirse en la conferencia, vaya al espacio sección Avantages (Beneficios) de su cuenta de suscriptor y haga clic en Je m’inscris (Me inscribo).

Para aquellos que no podrán estar presentes, sepan que el coloquio será transmitido en directo (y luego en replay) en Mediapart (también en YouTube y Facebook). Sin embargo, la jornada del sábado 17 de marzo no será retransmitida: es imposible debido a la diversidad de eventos simultáneos que tendrán lugar. Otra buena razón para asistir, escuchar, hablar, mirar, conocer, pasear, debatir, bailar, divertirse, etc.

Este coloquio y este festival parisino no serán los únicos eventos de este aniversario. Otros encuentros están previstos en diferentes regiones a partir del mes de marzo, que se anunciarán progresivamente en la web dedicada al décimo aniversario y en el Club de Mediapart. Si, por su parte, tiene sugerencias, propuestas, recomendaciones o solicitudes al respecto, no dude en escribirnos a la siguiente dirección: 10ans@mediapart.fr.

A principios de marzo, unos días antes de este Festival Aniversario, Mediapart, como todos los años, presentará todas sus cifras y sus resultados anuales, su balance y sus perspectivas, durante una conferencia de prensa que tendrá lugar en nuestras instalaciones. Un libro en forma de reflexión sobre la década de Mediapart y las enseñanzas de esta aventura colectiva, será publicado al mismo tiempo por la editorial Don Quichotte.

Estos dos días, de acceso libre y gratuito, han sido organizados por Mediapart de forma independiente. Es decir, sin ningún patrocinador o subvención, con nuestros propios medios. Una razón más, si aún no lo está o si sus amigos/as aún no lo están, para subscribirse o invitar a subscribirse a su alrededor (basta con hacer clic aquí). Porque, en Mediapart, solo nuestros lectores pueden comprarnos...

Versión y edición española : Irene Casado Sánchez.

Fernando Mas, director adjunto y socio fundador de El Independiente, ha llegado a un acuerdo con la empresa editora Park Row Digital, para abandonar el diario online, según han confirmado a infoLibre fuentes próximas al periodista.

Mas, que estaba al frente del equipo de diseño y tecnología de El Independiente, desarrolló las herramientas de redacción y soporte del diario. Encabezado por el exdirector de El Mundo Casimiro García-Abadillo, El Independiente nació en septiembre de 2016. Antes que Fernando Mas también han abandonado el proyecto Javier Moyano, director general que fue sustituido el pasado mes de julio por Pablo Caño Sterck, y Margarita Batallas, encargada de la sección de tribunales.

Carrera profesional en 'El Mundo'

Tanto García-Abadillo como Fernando Mas y buena parte de la redacción de El Independiente proceden de El Mundo, periódico en el que han labrado su carrera profesional. García-Abadillo participó en la creación del diario de Unidad Editorial, en el que ocupó todos los cargos hasta asumir su dirección en enero de 2014. Un año más tarde lo abandonó para lanzar El Independiente, cuyo consejo preside el exministro Eduardo Serra.

Fernando Mas fue subdirector de elmundo.es en dos etapas. La primera, en los comienzos de la web digital del periódico, entre 2000 y 2002, cuando ésta se encontraba bajo el mando de Gumersindo Lafuente, y la segunda, a partir de 2007, con Fernando Baeta al frente. Entre un periodo y otro se encargó del suplemento dedicado a la información local de Madrid de El Mundo y después fue enviado como corresponsal a Londres.

Los medios de información volvieron en 2016 a obtener beneficios, con un resultado antes de impuestos (ebitda) que se situó en un margen del 5% y en 42,9 millones de euros, según las conclusiones del Libro Blanco de la Información 2017, publicado por la Asociación de Medios de Información (AMI).

Los medios de información que forman parte de la asociación (118 periódicos en papel y 218 digitales, de los cuales 100 son nativos) obtuvieron un resultado después de impuestos de 14,5 millones de euros en 2016, frente a las pérdidas de cerca de 2 millones de euros del año anterior. Para los responsables del estudio, el resultado muestra que los ajustes presupuestarios y de personal y la reestructuración llevada a cabo por algunas empresas en años anteriores "están dando resultado".

Para el presidente de AMI, Javier Moll, el informe anual muestra que el momento presente apunta hacia un "cambio de paradigma" para los medios de información y es un "momento crucial" que determinará la evolución del sector en los próximos años.

En este sentido, ha destacado el crecimiento de la inversión publicitaria (pese a la reducción de los ingresos por la publicidad en papel), el aumento del número de lectores hasta un total de 1,9 millones y el crecimiento continuado de los periódicos digitales y de la publicidad online.

El presente informe es el primero después de que la antigua AEDE reformara sus estatutos para transformarse en la AMI, un cambio que, según Moll, pretende adaptarse a la situación actual de los medios de información y potenciar su papel en la sociedad. "Hay que unirse no para estar juntos sino para hacer algo juntos", ha señalado, parafraseando a Donoso Cortés.

Tanto él como los responsables del estudio han anunciado un "punto de inflexión" en el sector de la información y un incremento del crecimiento económico para 2018, aunque auguran un retroceso en 2017, debido en parte a la influencia de la "coyuntura política" del último trimestre sobre la inversión publicitaria y a la situación estructural de "reconversión" de la publicidad por la entrada de otros elementos en el mercado publicitario, como los influencers, el Big Data o las redes sociales.

Crece el número de lectores en 2017

En este sentido, la responsable de Servicios de Investigación de Carat, Marta San Pedro, ha hecho hincapié en el incremento del número de lectores en los periódicos digitales y la fuerte implantación del consumo de noticias a través del teléfono móvil. De hecho, el documento subraya que 2017 será el primer año en que en España el número de lectores de noticias en soportes digitales supere a los lectores en papel.

Las previsiones señalan a que en 2017 se ha frenado la caída continuada de lectores en el conjunto de los soportes desde 2012 —había 18 millones de lectores— hasta 2016 —16,7 millones de lectores—, con un repunte de 108.000 lectores que sitúa este dato todavía por debajo del nivel de 2015.

Redes sociales

Por otra parte, el presidente de AMI ha subrayado la importancia de la web social y de Google para el sector de los medios de información y de la necesaria cooperación entre ambos: "no podemos ni queremos vivir de espaldas a Facebook y a Google", ha insistido.

En este sentido, el Libro Blanco de la Información 2017 pone de relieve la penetración del consumo "pasivo" de información de los usuarios de periódicos directamente desde las redes sociales, bien por prescripción de sus contactos en estas, bien por los sistemas de alertas y notificaciones. De hecho, el consumo semanal de información a través de redes sociales (56,8%) supera al de quienes la consumen a través de prensa en papel (56,2%), aunque se sitúa por debajo de quienes lo hacen a través de prensa online (84,3%) o televisión (93%).

También destaca la utilización del teléfono móvil como soporte preferido para la navegación: el 79,7% del tráfico de Facebook se hace desde este dispositivo, un dato que en otras redes como Twitter (88,4%), Instagram (95,3%) o Google + (96,3%) es aún mayor.

En cualquier caso, señala también que la lectura "más profunda" de noticias se produce en la prensa en papel, en la radio y en la televisión, mientras que en las redes sociales y la prensa online el consumo mayoritario se limita a "solo los titulares y alguna noticia de interés".

Noticias falsas

Los responsables del estudio han detectado además un incremento en la mejora de la valoración de los medios de información en Internet en cuanto a fiabilidad, algo que atribuyen a "la cantidad de noticias sobre fake newsque han surgido en los últimos años". En este sentido, creen que el hecho de que se valore a los periódicos digitales como un entorno asociado a valores positivos puede contribuir a mejorar también su rentabilidad como soporte publicitario.

De cara al futuro, señalan que el reto es "crear contenidos capaces de fidelizar audiencias y convertirlas en prescriptoras y suscriptoras", algo de lo que los medios en España "siguen estando lejos" en comparación con países como EEUU en los que ya están dando resultados como el muro de pago.

Según la socio director de Industrias Media y Tecnología de Deloitte, Concha Iglesias, la introducción en España de otros servicios de pago por contenidos como Netflix o Spotify puede contribuir a generar la "costumbre" de pagar por el contenido. "Es muy probable que las suscripciones aumenten", ha vaticinado.

El sector editorial español ve en la concienciación acerca del peligro de las noticias falsas y la posverdadposverdad una oportunidad para los contenidos e informaciones de pago a través de Internet, según las conclusiones de una mesa redonda celebrada este jueves durante la Feria Internacional del Libro Liber 17, informa Europa Press.

"Los usuarios de Internet están comprendiendo poco a poco que los contenidos diferenciales de calidad sólo son posibles si se paga por ellos", señalan los responsables de la ponencia.

En el encuentro, intervinieron el director general de ediciones de SM, Fernando Navarrete; el director general del Área de Libros del Grupo Planeta, Jesús Badenes; el consejero delegado de de Wolter Kluwer, Vicente Sánchez; y la directora general del Gabinete de presidencia de la editorial Prensa Ibérica, Irene Lanzaco.

Entre otros ejemplos, Lanzaco señaló los casos de The Washington Post o The New York Times, que comenzaron a generar rentabilidad a través de las suscripciones onlineonline. Además, el responsable de Wolter Kluwer señaló el éxito de este modelo en sectores como la edición de contenidos jurídicos, que cuentan con la "ventaja" de que son necesarios para la labor profesional de los usuarios.

Pese a ello, Vicente Sánchez reconoce que existen riesgos incluso en este último sector como la "competencia desleal por parte de las fuentes oficiales" o la "devaluación del contenido de pago" debido a la información gratuita.

Los participantes en el coloquio destacaron que, además de los "nuevos modelos de negocio" en el sector editorial, la rentabilidad de los contenidos en Internet pasa también por un cambio en los propios contenidos. Por un lado, Sánchez recomendó "pasar del conocimiento a la cognición, aprovechar el machine learning para hacer nuestros contenidos diferenciales". Mientras, el responsable de SM destacó que la creación de contenidos "sigue siendo necesaria, pero no es suficiente".

"Cualquiera puede ser creador de contenidos, pero en el caso de la edición educativa son necesario otros elementos que no todo el mundo tiene, se han de tener conocimientos pedagógicos y, además, para asegurar el proceso de aprendizaje, es necesaria la participación de equipos multidisciplinares que ofrezcan soluciones a cuestiones como las evaluaciones, la adecuación al currículo y las dinámicas de aprendizaje", explicó.

En cuanto al sector de los medios de comunicación, la responsable de Prensa Ibérica, Irene Lanzaco, hizo hincapié en que, en muchos casos, "los medios por Internet están sufragados por las ventas de los periódicos en papel" por lo que la reducción de las ventas en este formato exige "afrontar el cambio hacia modelos de suscripción".

"Las audiencias son masivas pero la sostenibilidad de los medios está por descubrir. Nuestros medios tienen una dependencia muy alta de los buscadores y plataformas de Internet, lo que nos hace muy sensibles a los cambios en los algoritmos que son secretos", explicó.

No obstante, señala que la última campaña electoral en EEUU facilitó el reconocimiento por parte de plataformas digitales como Google o Facebook de la importancia de la fiabilidad de las informaciones y "el valor de las noticias en una sociedad democrática".

"Hay un dato significativo: el 52% de los suscriptores de contenidos informativos digitales que existen en la actualidad nunca había pagado por una suscripción en papel", indicó.

El Juzgado de Primaria Instancia número 99 de Madrid ha acreditado este lunes que el exministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, no pagó por alojarse en una suite de lujo en un hotel de Punta Cana (República Dominicana) en agosto de 2015, según ha informado Europa Press.

La sentencia desestima la demanda interpuesta por Soria contra los periodistas Carlos Sosa e Ignacio Escolar y eldiario.es –que publicaron la información– y considera probado que el exministro no abonó su estancia en el hotel, pues solo ha justificado el abono de algunos costes extra.

Según el magistrado, es "impensable" que se pueda cubrir el coste de un hotel de lujo con esas cantidades, por lo que hay una "total evidencia" de que Soria fue invitado por la propiedad del hotel –Grupo Martinón–, "o lo que es lo mismo, no se le cobró el coste del alojamiento".

El juez entiende que no hay intromisión al honor dado el interés general de la información por la condición de ministro de Soria por aquel entonces: "Es evidente que a los ciudadanos no les puede resultar indiferente la noticia de que un miembro del Gobierno disfrute de unos días de vacaciones invitado por el propietario de un grupo hotelero".

Asimismo, destaca la "exhaustiva" labor periodística para confeccionar la información al desplazarse su autor hasta República Dominicana para contrastar la veracidad de la noticia.

Contra la sentencia, que impone el pago de las costas a José Manuel Soria, se puede interponer recurso de aplicación.

El caso es que el comentario se ha convertido ya en un género en sí mismo, con autores de una prolificidad sólo comparable  a un Lope de Vega adicto al Red Bull. Sé de columnistas que viven aterrados porque les ha crecido un siamés virtual que los persigue por los foros con la obstinada intención de rebatir todo lo que dicen. Los imagino a ambos ante el teclado, como en un duelo cibernético. El lector moviendo los dedos en el aire, esperando a ver aparecer el artículo para disparar su crítica. El articulista lleno de dudas sobre la conveniencia de escribir o no un determinado párrafo: “A ver cómo le sienta esto a Gaudrum73”. O, “Voy a borrar esto. Estas son las cosas que no le gustan a KaóticoRebelde“.

De la importancia adquirida por este apartado de participación de los lectores en los medios y del daño que hacen a los mismos los troles es buena muestra el reportaje que le dedicaba hace unos meses The Guardian bajo el título La cara oculta de los comentarios del Guardian. El estudio arroja sorprendentes descubrimientos. Desde 2006 los lectores de la edición online del periódico han dejado 70 millones de comentarios. De esos setenta millones sólo un 2%, es decir 1.400.000, han sido bloqueados por los moderadores del periódico porque violaban las normas de participación que tiene establecidas. Unas normas que no permiten la publicación de los que son abiertamente insultos pero también censura otros como esos en los que aparece esa forma sutil de desdén que todos reconocemos en expresiones como, en cita del propio The Guardian, “No entiendo cómo te pueden pagar por escribir esto”, o “Cálmate, cariño”, bien se dirijan al autor o a otro comentarista.

El diario británico establece también una curiosa constatación que a pocos puede sorprender: de los diez escritores que más insultos han recibido, ocho eran mujeres. Los otros dos eran hombres, negros por más señas. De los diez, dos mujeres eran lesbianas y un hombre gay. Y de las ocho mujeres, una era musulmana y otra judía. Como se ve, entre todos componían para los odiadores profesionales un auténtico rincón del gourmet.

El estudio tiene un enfoque de género porque intenta constatar la teoría de que las mujeres son con mayor frecuencia víctimas de acoso en Internet y comprobar, de paso, si son peor tratadas por los comentaristas.

Mientras que en The Guardian el número de artículos de opinión se ha ido incrementando con el tiempo, la brecha entre autores y autoras -¿hace falta decir que ellos son mayoría?- sigue manteniéndose intacta como pasa en la mayoría de medios. Esa desigualdad es mayor en algunas secciones. Deportes tiene la menor proporción de artículos escritos por mujeres, seguidas de cerca por Internacional o Tecnología. La única sección en la que las mujeres firman más artículos que los hombres es Moda.

En términos generales, los textos escritos por mujeres obtuvieron un mayor número de comentarios que tuvieron que ser bloqueados. Cuanto mayor era el protagonismo masculino en una determinada sección, más comentarios ofensivos obtenían las mujeres que escribían en ella. Curiosamente, Moda, donde la preeminencia entre la autoría es femenina, se ha convertido en una de las pocas secciones donde los  hombres reciben más insultos que las mujeres. Este tipo de ofensas da un sentido completamente nuevo y cargado de lógica al concepto “fashion victim”.

Un dato preocupante, y sobre el que los sociólogos tendrán algo que decir, es el hecho de que a partir de 2010 los artículos escritos por mujeres han ido obteniendo una mayor proporción de comentarios bloqueados que los escritos por hombres. Aunque no son ellas en exclusiva quienes soportan todo el peso de la incivilidad de algunos comentaristas, tanto los escritores como los moderadores han observado que también las minorías étnicas o religiosas y el colectivo LGBT experimentan una desproporcionada cantidad de insultos.

El estudio muestra asimismo que algunas secciones atraen más comentarios que tienen que ser bloqueados que otras. Internacional, Opinión y Medioambiente tienen un porcentaje mayor que la media de comentarios insultantes. Algo que, sorprendentemente, también ocurre con la sección Moda. He acudido a esa sección en busca de  una explicación al hecho de haberse convertido en un vórtice de conflictos. Lo entiendes enseguida: publican artículos como “Cinco formas de llevar unos pantalones de terciopelo”. Una cuestión que puede parecer baladí aquí pero que es gasolina en los Balcanes.

Menos sorprendente resulta el que, en un intento de centrar el foco sobre aquellos asuntos que generan más comentarios bloqueados, hayan comprobado que los hilos sobre crucigramas, cricket, carreras de caballo y jazz suelen ser respetuosos mientras que las discusiones sobre feminismo, violación o el conflicto entre Israel y Palestina no lo son. Los datos arrojan una luz de esperanza sobre Oriente Medio: tal vez fomentando el jazz…

A The New York Times también le preocupa el devenir de las secciones de participación de los lectores, hasta el punto de que, en sus páginas de opinión, abre un debate que titula ¿Han fracasado las secciones de comentarios en los medios digitales? De los cuatro expertos invitados a iniciarlo la mayoría insiste en que el anonimato es el que perjudica este interesante experimento que  podría beneficiar al periodismo. Algunos se muestran partidarios de medidas como privilegiar en el orden de aparición de los comentarios a aquellos que se identifican, otros se decantan, como ya hace el propio The Guardian, por no permitir comentarios en noticias o artículos que tengan que ver con temas que propician la aparición de troles como inmigración o racismo.

Respecto al anonimato no sé si esa es la solución o sólo parte de ella. Hay lectores –muchos– que sin necesidad de identificarse muestran una enorme corrección en los comentarios y enriquecen la perspectiva del autor. De lo que sí estoy convencido es de que la mayoría de los que opinan anónimamente no permitirían que, por ejemplo, en un medio como infoLibre alguien escribiera con seudónimo.

Yo me conformaría con una solución intermedia, un anonimato atenuado: que los comentaristas pusieran, al menos, la matrícula de sus coches. Así, si algún día ves por la calle un Seat León con los números del que te dijo que tus argumentos eran un poco idiotas poder en justa reciprocidad escribirle en el parabrisas “Lávalo,  Gaudrum”.