La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un año de prisión al exconseller de Solidaridad (PP) Rafael Blasco en su segundo juicio por el caso Cooperación, relativo a irregularidades en las ayudas a ONG y en el proyecto fallido para la construcción de Haití, mientras que impone dos años de cárcel al empresario Augusto César Tauroni.

Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en relación con las piezas 2 y 3 del caso Cooperación abiertas por delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Según se desprende del fallo, el tribunal ha impuesto un año de prisión a Blasco –ya condenado por la pieza 1 de este procedimiento a seis años y medio de cárcel– por un delito continuado de malversación, otro de prevaricación y falsedad, con la atenuante de reparación parcial del daño y de dilaciones indebidas. Para fijar la pena se tiene en cuenta el descuento de la anterior condena por los mismos hechos. Se le absuelve de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y grupo criminal.

Asimismo, fija dos años de cárcel para Tauroni por malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito continuado de falsedad documental en concurso con cohecho y blanqueo. También le impone una multa de 40.000 euros.

Por otro lado, el tribunal condena a un año y medio de prisión al ex director general de Cooperación Josep María Felip; a otros dos años y nueve meses de prisión al exjefe de área de Solidaridad Marc Llinares; y a seis meses a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuán.

La sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de València acoge desde la mañana de este lunes la vista en la que se va a juzgar al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco PPy otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo.

Se trata de dos piezas del conocido como caso Cooperación –2 y 3– sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de València dio por concluida la instrucción en 2017 por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará desde esta semana a Blasco –condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso y en régimen de semilibertad desde febrero, tras acceder al tercer grado después de su paso por prisión–; su excúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.

Asimismo, se incluyen trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En el caso del exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal.

El exconseller del PPr Rafael Blasco, condenado por el fraude en las ayudas a la cooperación a seis años y medio de cárcel, ha obtenido el tercer grado penitenciario tras haber cumplido tres años y siete meses de la condena y tener los requisitos para acceder al régimen de semilibertad, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

Así lo propuso la Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent donde cumple condena y lo ha concedido la secretaria general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), de acuerdo con las mismas fuentes. En este caso, Blasco cumplió la mitad de su condena en septiembre de 2018. El resto del tiempo que le queda hasta liquidarla —termina en diciembre de 2021— lo cumplirá en el Centro de Inserción Social (CIS) que determine IIPP.

El exconseller tiene otro juicio pendiente, el resto de piezas del caso Cooperación, junto a otras 23 personas más, acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un Hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo. La vista está señalada a partir del 15 de abril.

En total, Blasco lleva en prisión tres años y siete meses, después el que el Supremo le condenara en junio de 2015 a seis años y medio de cárcel por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua. Esta condena suponía un año y medio menos que la impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El alto tribunal valenciano le había denegado el pasado mes de junio el tercer grado que había solicitado Blasco al tener en cuenta el informe de IIPP que apreciaba un riesgo "medio-alto" de reincidencia y por la naturaleza de los bienes a los que afectó, ayudas al Tercer Mundo, que hacía que los hechos fueran "especialmente reprobables".

"Alarma social"

Además, la sala alegaba la "alarma social" que produjo el caso, pendiente de enjuiciar otras piezas, y que no había hecho el "más mínimo intento" de paliar las "graves consecuencias económicas" a la administración pública. Precisamente, a mediados de este mes se supo que el Tribunal de Cuentas había embargado 59.000 euros de tres condenados en el caso Cooperación, entre ellos Blasco, y transfirió esa cantidad a la Generalitat dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.

En el mes de marzo de 2018, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya había rechazado una queja del exconseller por negarle permisos, por parte de la Junta de Tratamiento de la prisión, ya en diciembre de 2017.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ejerce de acusación particular en el caso Cooperación, solicita una pena de 17 años y medio de prisión para el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco por dirigir, junto al empresario Augusto César Tauroni y el exjefe de Área de Cooperación Marc Llinares, el fraude de ayudas a ONGs y el proyecto de construcción de un hospital en Haití. En total, pide 172 años y medio de cárcel para los 21 acusados en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación.

Esta parte ha presentado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 21 de València su escrito de acusación por las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, en las que se investiga a 21 personas por posibles delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Según informa Europa Press, la Abogacía de la Generalitat acusa a Blasco, quien también fue portavoz del PP en las Corts, de un delito de organización criminal y de otro de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación administrativa. Así, le reclama 17 años, seis meses y un día de prisión.

Pero la pena más elevada que reclama esta parte es para Augusto César Tauroni, para quien solicita 22 años, seis meses y un día de cárcel. Le atribuye presuntos delitos de organización criminal, de malversación en concurso con prevaricación y falsedad en documento mercantil, y de blanqueo de capitales.

A Tauroni y Blasco les sigue Llinares, con 16 años y medio de cárcel; y Luis Castel, responsable de la empresa evaluadora Caaz, para quien reclama 13 años. La Abogacía de la Generalitat solicita así mismo nueve años y medio de prisión para Arturo Tauroni, hermano de Augusto César y también director de la Fundación Hemisferio; para María Isabel Castillo, exsecretaria de Tauroni; y para Alfonso Navarro, administrador de Arcmed y presidente de Hemisferio.

También reclama nueve años de prisión para Rafael Barrera, presidente de la organización Fudersa; siete años y medio para Adolfo Soler, exadministrador de Dinamiz-e, una de las empresas de Tauroni y para José Bollaín, letrado que figura como firma autorizada en ocho de las 14 cuentas pertenecientes a cinco ONG.

Por otro lado, la Abogacía del Consell pide siete años de prisión para Luis Freire, administrador de APIMA Ingeniería S.L.; Jesús Urquiza, director técnico y trabajador de Inversiones y Estudios Caaz; para Josep María Felip, ex director general de Cooperación y para José Luis Mezquita, administrador de Matuscas.

Además, solicita cinco años de cárcel para Alina Indiekina, mujer de Tauroni y también vicepresidenta de las empresas Indra Holding and Consulting Corporation; y para Fernando Cañete, administrador de Fudersa.

Reclama tres años para Tina Sanjuán, ex secretaria general de la Conselleria de Solidaridad; para Rosa María Castelo, empresaria que cobró supuestamente facturas falsas a través de las empresas Beconsa y APB arquitectura; y para Alberto Pampín; dos años para María Dolores Escandell, exjefa de Servicio; y un año y medio para Carlos Andrés Chust, administrador de Chust Alzira.

Indemnizaciones

En concepto de responsabilidad civil, esta parte reclama la cantidad total de 8.035.942,45 euros, de los cuales 5.035.942,45 euros corresponden al daño patrimonial de la causa y tres millones al daño moral ocasionado a la imagen de la Generalitat y desprestigio del mundo de la cooperación.

La Generalitat reclama unas indemnizaciones que "verdaderamente sean disuasivas" y "no hagan que dicha institucionalidad sea un escenario de ciencia-ficción". "El daño ocasionado a la imagen de la conselleria fue tal que llegó a desaparecer con la configuración del nuevo gobierno, quedando limitada su infraestructura y perdiendo el rango de departamento autonómico", agrega.

Blasco y su equipo de la conselleria ya fueron condenados en la pieza principal del procedimiento por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo para proyectos en Nicaragua. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo ratificó las condenas pero rebajó algunas penas. Blasco fue condenado a seis años y medio de prisión y Tauroni a seis.

El juzgado mantiene abierta la investigación de otras dos piezas dentro de este procedimiento —la 4 y 5—. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. La otra pieza investiga si el empresario Augusto César Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del Caso Cooperación —2 y 3— en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití.

Según informa Europa Press, el auto notificado este viernes a las partes transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja el caso preparado para el juicio. En la resolución, la jueza Nieves Molina concluye que existen indicios para juzgar a los investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Entre los procesados, además del exconseller Blasco, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En la resolución, la jueza da traslado al fiscal y a las acusaciones y abre plazo para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar los delitos que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos.

En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.

Delito de asociación ilícita

Respecto del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que es "evidente" el concierto entre el exconseller Blasco, el exjefe de área Llinares y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como "directores o jefes" del "grupo criminal" para poder "organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos".

El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como "miembros activos" de la trama.

En el auto, de casi 400 folios, la magistrada explica que Tauroni, desde su puesto de director de "facto" de la Fundación Entre Pueblos, "era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano Arturo Tauroni, como a su trabajadora de confianza Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, Alfonso Navarro".

La jueza añade que "prueba de lo anterior son los abundantes correos electrónicos que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de estos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes".

Según recoge la resolución judicial, Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, "pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita".

La titular de Instrucción 21 ha dictado un único auto de procedimiento abreviado con el que cierra la instrucción de las dos piezas, que se unifican.

La instrucción, en cifras

Las dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011,y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG, como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.

Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Cesar Augusto Tauroni ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a penas de prisión en la primera pieza del 'Caso Cooperación', por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.

La causa consta de 168 tomos, integrados por 50.000 folios. A ello hay que sumar las 24 piezas separadas con más de 40.000 folios formadas con la documentación intervenida en las entradas y registros. Durante la instrucción, que arrancó en 2011, la jueza ha revisado más de 35.000 correos electrónicos que han dado lugar a la formación de 15 tomos más. Se ha analizado, igualmente, el contenido de los 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos que ocupan más de 5 teras.

Piezas 4 y 5

Instrucción 21 mantiene abierta la investigación de otras dos piezas del Caso Cooperación. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

La segunda pieza investiga si Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una trama que podría haber facturado más de 25 millones de euros de forma irregular al Hospital Provincial de Castellón durante casi diez años, informa la Cadena Ser. Los datos a los que ha tenido acceso la emisora indican que las actuaciones pueden haber estado lideradas por la empresa Plaf, acusada de financiar irregularmente al PP en la trama Gürtel y cuyo propietario, Alejandro Pons, ha confesado los hechos. La compañía Telecso también habría estado implicada.

La denuncia, referente a la gestión del hospital de 2006 a 2015, incluye miles de facturas sospechosas de pertenecer a trabajos sin realizar, sin expediente de contratación o con pagos por encima de lo contratado. La Conselleria pretende analizar en una segunda fase la documentación relativa a la actividad del centro anterior a 2006.

La gestión del hospital en el periodo denunciado correspondía a consellers de Sanidad de la Generalitat como Vicente Rambla, Rafael Blasco, Manuel Cervera, Luis Rosado o Manuel Llombart. La Cadena Ser indica que la responsabilidad también recae sobre el actual presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y sobre todo, sobre su antecesor Carlos Fabra.

Ya no es la imagen del poder omnímodo. Ni la postal idílica de la derecha moderna. El PP valenciano se ha convertido en un inventario inagotable de impudicias. Y la mayoría absoluta que gozó durante 20 años (1995-2015) se ha desvelado como el grueso telón que aislaba al público de las suciedades y corrupciones perpetradas sobre el escenario. Si algún día el PP valenciano puso las instituciones al servicio de la delincuencia, tal y como sugieren los escritos policiales, la izquierda política trata ahora de arrojar luz al pasado con la creación de comisiones de investigación. La última este martes en la Diputación de Valencia –con los votos a favor del PP incluidos– sobre la presunta trama de blanqueo, prevaricación, tráfico de influencias y financiación ilegal que se investiga en el juzgado 18.

“Se trata de que los políticos asuman responsabilidades y de que devuelvan el dinero”, apuntó Jorge Rodríguez, presidente de la corporación provincial. Esta comisión no empezará a trabajar antes del 14 de abril, que es cuando está previsto que se levante el secreto de sumario del grueso del caso Imelsa o que se prorrogue un mes más. Bajo la lupa están las irregularidades cometidas, sobre todo, durante la época de Alfonso Rus como presidente y que fueron denunciadas por Rosa Pérez Garijo, diputada de Esquerra Unida.

Según Pérez, la trama recorría todas las instituciones gobernadas por el PP, pero el epicentro estaba en la diputación “porque se hallaba fuera del foco mediático”. La profundidad del agujero creado es aún incalculable, “pero no había contrato sano”, relata. Una infección que afectaba a modificaciones de obras, expedientes de sanción por valor de 32 millones que se dejaron de cobrar, fracción de contratos y pelotazos de 38 millones por la instalación de bombillas leds (de bajo consumo) o de 32 millones para alfombrar de césped artificial los campos de fútbol de la provincia.

Todo ello por escrito y en audio. Pérez aportó al fiscal 10 horas de grabaciones realizadas por Marcos Benavent, exgerente de Imelsa (empresa dependiente de la diputación), supuesto cobrador y pagador de comisiones y arrepentido “yonqui del dinero” con el síndrome de abstinencia bajo control por efecto de la meditación y el budismo. Desde su reaparición el pasado 25 de mayo, se cuentan por decenas las horas de declaraciones en el juzgado y la Guardia Civil con aportación de documentación y miles de minutos de conversaciones comprometedoras.

50 imputaciones por blanqueo

La comisión de investigación que sí puede comenzar a funcionar es la que creó el Pleno del Ayuntamiento de Valencia el pasado 25 de febrero sobre el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP. Este lunes el juzgado 18 levantó el secreto de sumario sobre esta pieza separada y, a los 49 investigados entre políticos y asesores, añadió la imputación del PP de la ciudad como figura jurídica. En teoría 50.000 euros fueron blanqueados a través del método conocido como “pitufeo”. La práctica totalidad de miembros del grupo habrían inscrito 1.000 euros a las cuentas del partido y después le habrían sido devueltos con dos billetes de 500 euros en un sobre. Todo de origen desconocido y bajo la orden de no ingresarlos en cuenta bancaria alguna.

Entre los mecenas de sí mismos estaban la entonces alcaldesa Rita Barberá, ahora senadora, y el concejal Miguel Domínguez, en la actualidad diputado autonómico. Ambos reconocen el ingreso de los 1.000 euros pero no su reintegro. Y los dos están aforados, algo que impide a los tribunales ordinarios investigarlos, aunque Instrucción 18 les ha ofrecido la posibilidad de declarar voluntariamente antes de tramitar la exposición razonada para que sea el Supremo en el caso de Barberá y el TSJ en el de Domínguez quien les interrogue.

Tres comisiones de investigación

Pero han sido las Corts las que, por ahora, más ingredientes han lanzado al caldo depurativo de la política valenciana. El 18 de febrero, el parlamento autonómico aprobó por unanimidad una proposición de ley de Podemos para la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Y paralelamente se han creado tres comisiones de investigación que atañen al oscuro pasado político del PP valenciano.

La más reciente, y que debería comenzar a trabajar a final de marzo, se centra en las irregularidades detectadas por la Intervención General en la gestión de Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA). Sobre la primera se intuye un agujero de más de 1.000 millones repartidos en sobrecostes (la ampliación entre 2002 y 2003 generó 300 millones), deudas, intereses y cuatro tarjetas opacas en manos de directivos. Este gigante se rige por un Consejo de Administración que Rita Barberá presidió durante sus 24 años como alcaldesa.

Entre los asuntos a investigar están los 580.000 euros que la entidad ferial no cobró al Partido Popular para la celebración en 2008 del congreso que encumbró a Mariano Rajoy. Un dinero que ahora reclama. O los 7.600 euros en ropa, bolsos y complementos que la propia Barberá recibió como regalos. “Aún no se ha conocido el mayor escándalo de corrupción del PP valenciano”, avisó José Muñoz, diputado del PSPV y uno de los impulsores de una comisión que citará a Barberá, Francisco Camps y Luis Bárcenas, tesorero de los conservadores en 2008.

Tampoco se librará del flexo parlamentario Juan Cotino, imputado en la pieza de la Gürtel que destripa los millonarios pagos a la trama corrupta durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 y epicentro de la comisión que ya está investigando si hubo trato de favor en la adjudicación de más de 6.600 plazas de personas mayores, de las cuales un 40% fueron a parar al grupo Savia, vinculado a su familia. Por este motivo, además del político del Opus Dei, también comparecerán su sobrino y empresario, Vicente Cotino, el constructor procesado en Brugal, Enrique Ortiz, y Rafael Blasco, entonces conseller de Bienestar Social y ahora en prisión por el desvío de fondos de la Cooperación a la compra de pisos en Valencia.

Y Juan Cotino también asistirá a la comisión de investigación sobre el accidente del metro del 3 de julio de 2006, en marcha desde enero. Por ahora, los comparecientes, muchos vetados en su día por el Partido Popular, ha coincidido en destacar que aquel siniestro que dejó 43 muertos y 47 heridos era evitable, que Ferrocarrils era una empresa deficitaria cuyo presupuesto se desviaba a grandes fastos y que los técnicos y directivos fueron adoctrinados con el único propósito de mentir y evitar que Francisco Camps y su Consell asumieran responsabilidades políticas.

Excesiva, insaciable, hambrienta de sí misma en todo lugar y momento. Así es Consuelo Císcar, ex directora del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), al que convirtió en un gigantesco espejo del lujo y el poder donde la única imagen era ella misma. Un espejo hecho añicos la semana pasada tras su imputación por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad tras su gestión entre 2009 y 2013, aunque la jueza Nuria Soler tiene previsto ampliar la investigación hasta las zonas aún sombrías de su mandato: de 2004 y 2014.

Una década que habla de un ego patológico, ostentosos sobrecostes y un clientelismo devoto. Un estilo similar al de su marido, Rafael Blasco, en la cárcel desde junio de 2015 tras ser condenado por el desvío de 1,6 millones de fondos de cooperación al desarrollo a Nicaragua a la compra de pisos y garajes en Valencia. La pareja se conoció en 1982, durante la toma de posesión de Joan Lerma. Ella era la secretaria del president, puesto de confianza al que llegó gracias a su hermano Ciprià, uno de los tótems del lermismo atávico. Y él era un político prometedor que había transitado por la sendas de la izquierda clandestina y armada hasta la consejería de Presidencia. A ambos los presentó Blanca Blanquer, la asesora de Lerma que descubrió el escándalo urbanístico que provocó, en 1989, el cese fulminante de Rafael Blasco, entonces consejero de Obras Públicas.

Pero la carrera fulgurante de Císcar, al igual que la de su marido, se fraguó durante los posteriores gobiernos del Partido Popular. Entre 1995 y 2001 ejerció su plaza de funcionaria en el Museo de Bellas Artes de Valencia, donde fue directora general. Posteriormente, y en paralelo a la escalada de Blasco dentro del PP, Eduardo Zaplana la nombró subsecretaria de Promoción Cultural, de donde saltó, en 2004, a la dirección del IVAM. Su llegada supuso un acentuación de los vicios personalistas de Cosme de Barañano, anterior responsable del centro. Desde el primer momento, Císcar colocó a los suyos, multiplicó la corte de aduladores y se dedicó sin desmayo a sacarle lustre al espejo.

Lisonjeros y críticos

Una de sus principales ambiciones ha sido la de hacerse pasar por una mecenas ilustrada. Y en ese afán dividió el mundo de la cultura en dos tipos de personas: los lisonjeros, a los que llenaba los bolsillos, y los críticos, a los que no dudaba en insultar y amenazar en público. En 2011, las principales asociaciones estatales de arte solicitaron su dimisión en una carta al president de la Generalitat. Císcar montó en cólera: “Me voy a ocupar de que no trabajes en el mundo del arte”, llegó a conminar a uno de sus principales opositores.

En aquella misiva ya se denunciaban buena parte de los vicios que le han llevado a la imputación junto a cuatro subdirectores y un transportista. El auto judicial bebe del Informe de la Intervención General de 22 de junio de 2015 y de las investigaciones de la Brigada Judicial de la Policía de Valencia. A lo largo de 24 páginas se relatan numerosas irregularidades en la adquisición de obras de arte, sobrecostes injustificados en exposiciones y publicaciones o elevados gastos suntuarios. Un de estas deficiencias fue la adquisición en 2008 de 63 fotografías a Gao Ping, entonces galerista de Espacio TAO y ahora acusado de ser el presunto cabecilla de una mafia china de blanqueo de capitales. Aquella adquisición se realizó por 440.280 euros “sin que el título de la obra coincida con el informado favorablemente” y “sin que exista un informe que certifique que se trata de las mismas obras”, según el auto.

También se denuncia un importante sobrecoste, el 110,38%, en la compra de cinco obras seleccionadas de manera aleatoria y adquiridas por 205.120 pese que a su valor está tasado en 97.500 eruos. Una hinchazón similar, “y sin justificar el procedimiento de adjudicación” en la contratación de comisarios de exposiciones, que llegaban a cobrar desde 3.000 a 75.000. Éstos, a cambio, permitían que la firma de Císcar apareciera en los catálogos y en los estudios de arte especializados. “He comisariado más de 3.000 exposiciones”, solía jactarse Císcar.

Pero, quizá, uno de los agujeros más hondos en el IVAM sea el de la compra y donación de obras del escultor Gerardo Rueda a su heredero, José Luis Rueda. Tal y como señala el auto: “Se adquieren obras de arte después de fallecido en autor sin que éste las hubiese realizado, sino que se contrata a una fundición para que las realice, y por ende la señora Císcar ordena la adquisición de estas obras que no estaban realizadas beneficiando con ello al heredero del artista en una cantidad superior a los dos millones”.

Una gestión generalmente fraudulenta y además acompañada de dispendios en comidas, cócteles y similares por 229.789 euros, el 84% de los cuales “no identifica a las personas que participan en el acto ni se acompaña de documento que justifique la celebración de acto”. Como tampoco se acreditan buena parte de los 137.717 eruos en gastos de viaje y alojamiento, entre los cuales destacan tres habitaciones distintas en Suiza, a nombre de Císcar, por 3.800 euros cada una. O desembolsos por viajes a terceros sin nómina ni contrato en el IVAM.

El auto evidencia numerosas anormalidades en servicios profesionales independientes como los 63.830€ para traducción y corrección de textos en valenciano cuando existe un servicio gratuito en la Consejería de Educación. O los 213.000€ para la Coordinación Cultural y la Gestión de Espacios Expositivos para el IVAM en Asia sin “ningún procedimiento de licitación y adjudicación en tal servicio”. Y oscura también es la relación de Císcar con Enrique Martínez, transportista de Sakvitur, Valsatrans y Logística de Arte, en el punto de mira por un presunto fraude multimillonario en el traslado de obras de arte desde el IVAM a países como Portugal, Cuba o China, ya que según los protocolos artísticos son los centros de recepción los que deben costear el transporte de las obras.

Por la familia

Pero el gran clímax profesional de Císcar ha sido la sublimación de sus apetitos y carencias artísticas en la promoción de su hijo Rablaci, acrónimo de Rafael Blasco Císcar. Siendo aún alumno de Bellas Artes, el IVAM le consiguió exposiciones en Madrid, París, La Habana, Shangai y Cascais (Portugal) con cuyo centro cultural el IVAM firmó un convenio de colaboración por el cual Mónica Capucho, hija del entonces alcalde de la localidad lusa, expuso en Valencia. Uno de los padrinos de aquel acuerdo fue Julio Quaresma, artista recurrentemente mimado por la Císcar mecenas, de quien compró un obra por 32.400 eruos cuando su estimación era de 2.000.

Una preocupación por los destinos de la familia que también le ha hecho velar por las dos hijas de su anterior matrimonio: Deborah y Cinthia. La primera acabó como consejera de Bankia y con un sueldo de 6.000 euros mensuales. Y la segunda accedió de manera opaca a una plaza en el museo de la Beneficencia tras ser pillada in fraganti con unos auriculares en el baño durante el examen de oposición para a este centro.

Un monumental desmoronamiento de Consuelo Císcar de la que solo queda en pie su puesto en el Consell Valencià de Cultura, un órgano estatutario consultivo aunque no vinculante. Poca cosa para la gran dama de la pompa y del deleite. Un barroquismo humano de peinados rojos e imposibles. Y una lengua vivaz, ahora quieta, desde el rostro deformado de cristales rotos. Un último gesto de Dorian Gray en honor a la desgracia, la vejez y la soledad.

El Tribunal de Cuentas ha decidido estimar la demanda interpuesta por la Generalitat Valenciana y ha declarado al exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, como uno de los responsables de haber malversado más de 1,6 millones de euros de la región a través de las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes.

Junto a él responde del mismo delito tres ex altos cargos de su departamento (Alexandre Catalá, Marc Llinares y Tina Sanjuán), el empresario César Augusto Tauroni y el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López. Todos ellos deberán responder solidariamente del dinero malversado.

Así consta en una resolución de este órgano, con fecha del 12 de noviembre, en la que acuerda también declarar a la Fundación Cyes y a la entidad Sociedad Gestiones e Iniciativas Arcmed como responsables contables subsidiarios de la malversación contable.

El Consell reclamaba hasta 1.951.290 euros –intereses incluidos– a Blasco y a los condenados en una de las piezas del caso Cooperación, la relativa a las ayudas a la Fundación Cyes por proyectos en Nicaragua, un dinero que se destinó en su mayor parte a la compra de tres inmuebles y de un garaje en la ciudad de Valencia. Los condenados se encuentran ya cumpliendo prisión, tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia en la parte penal, que en el caso de Blasco fue de ocho años de cárcel.

Hubo un tiempo en que se podía viajar de punta a punta del País Valenciano sin abandonar el azul del Partido Popular sobre el mapa. Fueron 20 años, de 1995 a 2015, de intenso lifting económico. El territorio se vació por dentro y se abultó por la costa. El dios era el ladrillo y su altar el andamio. En su nombre se celebraron carísimas carreras de coches y barcos y se edificaron aeropuertos sin uso con la creencia de que un día llegarían los aviones. Tierra, mar y aire, valenciano se convirtió en sinónimo de sofisticado, ufano y codiciable. Pero tras el humo de la traca solo quedaron los luminosos de la verdad, que como dice Joan Manuel Serrat, “nunca es triste”, “lo que tiene ese remedio”. Eran los neones de Gürtel, Brugal, Nóos o Valmor, destellos del valencian way of life o la más perfeccionada máquina de la corrupción. Quedó al descubierto que la locomotora valenciana corría más porque el combustible estaba trucado y que el milagro económico consistía en pintarle unos ceros a los documentos oficiales.

Y así dos gobiernos casi al completo pasaron por el banquillo de los acusados, incluido su presidente, Francisco Camps. Y tres altos cargos, de momento, ya están en prisión: Rafael Blasco, Carlos Fabra y Pedro Hernández Mateo. La altura artificial alcanzada generó una increíble velocidad de caída. Es como esos sueños en los que uno se siente devorado hacia el precipicio y despierta de golpe, empapado por un miedo indefinible. Ese vértigo, en Valencia, supuso un cambio de régimen. En una sola noche, la del pasado 25 de mayo, el PP perdió 20 años de poder. De aquella cartografía netamente azul solo quedan las diputaciones de Alicante y Castellón. Y Orihuela y Benidorm como únicos ayuntamientos con más de 50.000 habitantes.

Mientras tanto, los principales referentes ya han iniciado la retirada. Alberto Fabra y Rita Barberá recibieron esta semana su acta para el Senado, institución donde los políticos digieren su Waterloo en la urnas. Fabra, además, anunció este sábado, por sorpresa, que durante la próxima semana dimitirá como presidente regional, cargo desde donde pretendía tutelar la transición regional hasta el congreso de 2016. Un reclutamiento de estricta observancia interna para recomponer filas con la misión inminente de las elecciones generales de fin de año. Pero, ¿quién queda? ¿quiénes son los líderes del PP valenciano? Sin sastre que borde los trajes a medida, el mapa de la derecha valenciana aparece zurcido de costurones.

Valencia. A las órdenes de la “dama de hierro”

En el Partido Popular todos dan por hecho que Isabel Bonig, secretaria general de la formación regional, sustituirá en los próximos días a Alberto Fabra. Su nombre ya sonó para encabezar las lista a la Generalitat en sustitución de un Fabra a quien jamás se le consideró un paladín con demasiados bríos. En cambio, Bonig es impetuosa, lenguaraz y “muy de derechas”, tal y como a ella misma le gusta definirse. Se la conoce como la Tatcher o “la dama de hierro” valenciana. Aunque su familia es de fuertes convicciones socialistas, Bonig militó desde joven en Nuevas Generaciones. Y en 2007 consiguió la mayoría absoluta en su localidad, la Vall d'Uixó (32.000 habitantes). Un mayoría que repitió en 2011 e, inmediatamente, fue nombrada consejera de Infraestructuras.

A Bonig le han encargado levantar la moral de un tropa en descomposición, aunque como manda la inmediata historia del PP aborigen, tampoco se libra de la sombra de las presuntas corruptelas. Se trata de Vaersa, empresa pública vinculada al medio ambiente y que también sufrió las mordidas de la Gürtel en forma de contrataciones a Orange Market. Pero el lastre más pesado los representan los ex directores Enrique Simó y Fernando Espinosa, imputados por un supuesto delito de malversación tras la compra millonaria de todoterreno y asesorías externas fuera concurso. Sin embargo, ambos cuentan con “el apoyo y la confianza” de Bonig.

Otra candidata al PP valenciano, aunque con menos apoyos, es María José Catalá, ex consejera de Educación y ex portavoz del Consell. Es la principal apuesta de un Fabra con poco margen de maniobra en Génova, donde opositores como Rita Barberá o José Ciscar cuentan con mayor influencia. Otros rostros visibles son los de Vicente Betoret en substitución de Alfonso Rus al frente del PP provincial después que éste fuera suspendido de militancia por el escándalo del caso Diputación. O Juan Carlos Moragues, ex consejero de Hacienda, quien suplió a Serafín Castellano como Delegado del Gobierno cuando éste quedó también sin carnet por, presuntamente, beneficiar a una empresa amiga cuando era titular de Gobernación. Finalmente, en la ciudad de Valencia, no existe cabeza visible, ya que Rita Barberá ha dirigido el PP municipal con tal personalismo durante 24 años que no ha dejado ni un solo hueco para herederos.

Alicante. Ciudadanos marca el camino

En la provincia de Alicante el referente de circunstancias es César Sánchez, alcalde de Calp (23.000 habitantes), presidente de la diputación y delfín de José Ciscar, ex vicepresidente del Consell. Precisamente era Ciscar quien optaba a ser presidente del ente provincial, pero fue vetado por Ciudadanos tras exigir una “renovación política”. Entre las bambalinas está la enemistad personal entre Ciscar y Edmigio Tormo, diputado provincial de Ciudadanos. Tormo fue en su día concejal del PP en Elche y persona de confianza de José Joaquín Ripoll, ex líder zaplanista e imputado en Brugal, con quien Ciscar mantuvo un dura batalla por el poder territorial. La exigencia de Ciudadanos obligó a renunciar a Císcar, para quien “el partido está por encima de las personas”. Sánchez, propuesta de consenso, ha sido diputado autonómico durante dos legislaturas y forma parte del sector cristiano en su día capitaneado por Juan Cotino.

Castellón. Desmontando a Carlos Fabra

Es el territorio donde el dominio del PP es más claro. La diputación sigue gobernada por Javier Moliner, heredero en su día de Carlos Fabra y reconvertido en enemigo público tras la caída del viejo jerarca. De hecho Fabra presumía públicamente de no conocerle y de haberle retirado el saludo. Moliner, de perfil suave y moderado, se ha dedicado a desgajar la red clientelar de su predecesor, que llegaba hasta la cúpula de la diputación. Solo recientemente Moliner consiguió deshacerse de Francisco Martínez, mano derecha de Fabra e imputado por un asunto turbio en un recalificación de terrenos para la construcción de un depuradora en Borriol. Y también ha sido rocambolesco el episodio de la caída de Esther Pallardó, novia de Carlos Fabra y ex vicepresidenta de la diputación, quien intentó limar el poder de Moliner creando perfiles falsos en facebook para desacreditar su labor política y fomentar una corriente contestataria. Por todo ello acabó expulsada. Ahora se dedica a diseñar camisetas con ilustraciones del Juan Ripollés, autor de la escultura de Fabra por 300.000€ en el polémico aeropuerto de Castellón. Pura chanza y surrealismo. Quizá por eso todas la prendas de Pallardó llevan impresos mensajes “sobre la felicidad y el buen rollo”.

El exconseller de Solidaridad y exdiputado del PP en las Corts Valencianes Rafael Blasco ha ingresado este lunes, sobre las 9.00 horas, en la prisión de Picassent (Valencia), para cumplir la pena impuesta por malversar ayudas públicas al tercer mundo, han confirmado a Europa Press fuentes del centro.

Blasco entra en esta cárcel tras ser condenado por el Tribunal Supremo a la pena de seis años y seis meses por su actuación irregular en la pieza 1 del caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.

El Supremo declara en la sentencia conocida la pasada semana que queda probado que del dinero que la Generalitat Valenciana invirtió en estos dos proyectos ( 1'6 millones de euros) apenas llegó a su destino, únicamente un 3%, exactamente 47.953 euros. El 97% restante los condenados lo aprovecharon para adquirir y reformar inmuebles en Valencia.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó el pasado viernes el ingreso en prisión del exconseller después de que este se presentara por sorpresa ante el órgano judicial tres días antes de su cita. De hecho, Blasco estaba citado este lunes, a las nueve de la mañana, para indicar la prisión en la que deseaba ingresar tras ser condenado por el Tribunal Supremo

Sin embargo, el exconseller acudió por sorpresa el viernes, a última hora de la mañana, en el tribunal valenciano y se acordó su ingreso voluntario en prisión, que se ha hecho efectivo este lunes en la prisión valenciana de Picassent.

Tras su comparecencia ante el tribunal, la Sala ha acordado así mismo cursar una petición al establecimiento penitenciario elegido por Blasco para que se informe de la fecha de ingreso y, por tanto, de inicio de cumplimiento de la condena con el objetivo de practicar la correspondiente liquidación de la pena.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó este viernes el ingreso en prisión del exconseller de Solidaridad y exdiputado conservador en Les Corts, Rafael Blasco, tras presentarse por sorpresa ante la Sala tres días antes de su cita.

Blasco estaba citado este lunes, a las 9 horas, para indicar la prisión en la que quiere ingresar tras ser condenado por el Tribunal Supremo a la pena de seis años y seis meses por su actuación irregular en la pieza 1 del caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.

Sin embargo, el exconseller se presentó por sorpresa este viernes, a última hora de la mañana, en el tribunal valenciano y se ha acordado su ingreso voluntario en prisión, que deberá registrarse el lunes, día 15 en el establecimiento que eligió y que no fue concretado.

Varado en los lodos de su propia biografía. Así quedo este miércoles Rafael Blasco (70 años), el eterno conseller, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a seis años y medio de prisión por desviar 1,6 millones de las partidas de Cooperación para los hambrientos de Nicaragua a pisos en Valencia y cuentas bancarias de amigos. A su destino solo llegaron 43.000 euros. Se trata de la primera condena por corrupción y la tercera, tras la de Carlos Fabra (ex presidente de la diputación de Castellón) y Pedro Ángel Hernández Mateo (ex alcalde Torrevieja), que enviará a la cárcel a un dirigente del Partido Popular valenciano. Su ingreso –al ser la pena superior a cuatro años– tendrá lugar a partir del próximo lunes, en la cárcel que él mismo decida.

Es el último capítulo de quien llegó a dominar todo un archipiélago corrupto. Siete islotes que son las siete consejerías que dirigió para PSOE y PP entre 1983 y 2011. Un poder que se fraguó en su ciudad natal, Alzira (45.000 habitantes), “La Isla” en árabe. Desde allí surcó y bordeo todas las orillas del poder con una destreza de patrón apasionado de sí mismo. Quienes le conocen lo describen como un personaje tan abstemio e insomne como voraz en el apetito de poder. Antes que político con presupuesto fue militante en el PCE (Marxista-Leninista) y después en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico). De allí golpeó el timón hacia los horizontes de un posibilismo que le llevó al PSPV-PSOE para ocupar Presidencia y Obras Públicas, donde saltó el primer escándalo por la venta de una parcela pública en Paterna que le supuso la expulsión del partido a fines de 1989. En 1991 fue juzgado y absuelto.

Tras cuatro años a la deriva, Blasco recaló en 1995 en la flota torpedera del PP local. Eduardo Zaplana le contrató como subsecretario e ideólogo y le situó las manos sobre el timón. El isleño subió la escalinata y levó anclas. A bordo, una tripulación de largas fidelidades y complicidades empezando por las de su esposa, Consuelo Ciscar, que reprodujo en la dirección del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) un mismo rumbo en los usos y abusos de poder. Y como timonel de cámara, un empresario de su Alzira isleña, Augusto César Tauroni, en prisión desde 2012.

El comerciante con apellido de escualo (tauró en valenciano significa tiburón) ha acompañado a su patrón en todas las singladuras y en el reparto de los botines. Primero en Bienestar Social, en el 2002, cuando Tauroni recibió a dedo el teléfono de la mujer maltratada por 6,7 millones. Más tarde, con Blasco en Territorio, también obtuvo la adjudicación de otros contratos menores. Un preludio de la gran dentellada de 2006, con el político en Sanidad y con 6 millones frescos para que Dinamiz-e, una de las firmas del timonel, gestionara por 6 millones cinco millones de expedientes médicos volcados en el programa informático Abucassis. Una licitación que se troceó para burlar la ley de contratos y por la que Blasco y Tauroni están también imputados desde noviembre de 2014 tras una denuncia de Izquierda Unida que se extiende a Sergio Blasco, sobrino del navegante incombustible y ex director del Hospital General de Valencia, investigado por una presunta malversación de fondos públicos con negocios privados en Perú.

Pero Blasco también cuenta con hazañas en solitario. Las indagaciones en la rama aborigen de la Gürtel le sitúan como un pionero, ya que en 2006, siendo consejero de Territorio, fue el primero en contratar a Orange Market, franquicia valenciana de la red Correa, por 63.000€ un vídeo divulgativo sobre contenedores de reciclaje que jamás se editó. Y tampoco podía no figurar en esa especie de taberna del Almirante Benbow en “La Isla del Tesoro”, de Robert Louis Stevenson, que son las grabaciones del caso Diputación. En una cinta registrada en febrero de 2006, Marcos Benavent le comenta a Alfons Rus la necesidad “de tener algún detalle con Rafa” porque “nos ha atendido de puta madre”.

Cabe decir que la estancia de Blasco en prisión promete ser larga por acumulación de penas. Además de las pesquisas por su etapa en Sanidad, la jueza Nieves Molina (la misma que ha archivado repetidamente la causa del accidente del metro de 2006) instruye dos piezas más relativas al pillaje durante la época en la cartera de Solidaridad. La primera, la número tres en el proceso, se refiere a la fallida construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010. Un plan valorado en 4 millones y que se asignó unilateralmente a la Fundación Hemisferio, de Tauroni, quien se embolsó 175.000 euros por unas obras que no llegaron a realizarse. Y la última pieza desgaja la lluvia de 3,5 millones que impregnó entre 2009 y 2011 una serie de fundaciones y entidades bajo el paraguas de Hemisferio.

Se trata de unas instrucciones que, tras un parón superior a un año, se han reactivado a finales de mayo de 2015. Una fatalidad más para una vida hecha astillas contra las rocas de su propia ambición.

El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado de ocho a seis años y seis meses de prisión al exconseller de la Generalitat de Valencia Rafael Blasco por desviar fondos destinados a proyectos de cooperación en Nicaragua en el marco del caso Cooperación.

La sentencia confirma los principales delitos que impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, quien le condenó en mayo de 2014 a ocho años de cárcel, junto a otras ocho personas más, por el fraude en subvenciones, y reduce ligeramente la pena al rechazar el carácter de delito continuado de algunas de las conductas sancionadas.

Tras esta resolución, tanto las acusaciones como las defensas formularon un recurso ante el TS –por quebrantamiento de forma, infracción de ley y precepto constitucional–, y se celebró una vista en esta instancia para que las partes pudieran fundamentar y exponer sus escritos.

El alto tribunal condena a Blasco por los delitos de malversación de caudales públicos, en concurso con prevaricación administrativa y por un delito continuado de falsedad documental. Del mismo modo, al intermediario de las operaciones, Augusto César Tauroni, se le condena a 6 años de cárcel, la misma pena para la exsecretaria general de la conselleria, Agustina Sanjuan.  Asimismo, el exsubsecretario de la Consejería Alejandro Cátala, también resulta condenado a cuatro años y seis meses. 

En esta pieza del caso se investigaron las irregularidades en la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional que la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidat Valenciana concedió en el año 2008 a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales ( CYES) para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales a través del acceso de agua potable y de fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos.

El Supremo declara así aprobado que del dinero que la Generalitat Valenciana invirtió en estos dos proyectos ( 1'6 millones de euros) apenas llegó a su destino, únicamente un 3%, exactamente 47.953 euros. El 97 % restante los condenados lo aprovecharon para adquirir y reformar inmuebles en Valencia.

Sin tregua. Entre el 2008 y el 2011, la Consejería de Solidaridad de la Comunidad Valenciana fue una calibrada máquina de pillaje. No hubo rincón, cajón o partida donde no se metiera la mano. Todo bajo la supervisión de Rafael Blasco, entonces consejero, y el empresario Augusto Tauroni, en prisión desde 2012. De hecho, Tauroni y Blasco son las dos caras de una misma moneda con un único lado ganador. Las pesquisas del fiscal Vicente Torres sitúan el foco sobre esta sociedad entre vecinos (los dos son de Alzira), incrustada en los tuétanos del poder y que ha dejado un rastro de presuntas corrupciones (entre 2003 y 2011) por las dependencias de Bienestar Social, Sanidad, Territorio y Solidaridad, carteras bajo el desempeño de Blasco.

En esta última es donde los datos y las evidencias abundan. Se calcula un saqueo estimado de unos 5,5 millones. La investigación, por su complejidad, se ha dividido en tres piezas. La primera fue juzgada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) en 2014 y condenó a Rafael Blasco a 8 años de prisión como responsable último de que 1,6 millones para construir pozos en Nicaragua se gastaran en pisos en Valencia y en engordar las cuentas de Tauroni. Tanto defensas como acusaciones recurrieron y sus escritos se expondrán públicamente este 25 de febrero en el Tribunal Supremo como preludio a la sentencia firme.

El segundo gran fragmento procesal (la tercera pieza en instrucción) se refiere a la fallida edificación de un hospital en Haití tras el terremoto de enero de 2010. El proyecto se presupuestó en 4 millones y se adjudicó a dedo a la Fundación Hemisferio, de Tauroni, quien cobró 175.000 euros por asesorar sobre unas obras que jamás se realizaron. En marzo estaban citados varios testigos, pero se han suspendido los interrogatorios tras la pérdida del juez de refuerzo que se había asignado al Juzgado de Instrucción 21 de Valencia.

Caldo de saqueo

Pero es en la segunda pieza judicial donde se mece el caldo gordo y espeso del saqueo. Entre 2009 y 2011 una serie de fundaciones y entidades, todas bajo el paraguas de Hemisferio, procuraron alrededor de 3,5 millones a los bolsillos de la trama. Para beneficiar a unos, se castigó a otros. Es lo que denunció Atelier (Asociación de Técnicos Especialistas en Investigación y Estudios sobre la Realidad Latinoamericana), que solicitó en diciembre de 2010 (para la convocatoria de 2011) una ayuda de 199.413 euros, que le fue denegada, para el proyecto “Apoyo al liderazgo de la Organización Femenina Popular (OFP) para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la búsqueda de la paz en Colombia”.

La propuesta preveía un impacto sobre mil beneficiarias directas vinculadas a la OFP, entidad que trabaja desde los setenta en el Magdalena Medio, una de las zonas más castigadas por la guerra en Colombia (solo entre 1985 y 2014, 9.000 mujeres fueron asesinadas y cerca de 94.000 desplazadas forzosamente), y organizaciones del Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz. Además, 400 mujeres iban a ser formadas en temas de derechos humanos y 400 más participarían en la realización de audiencias públicas de denuncia y reparación. El radio de acción del proyecto abarcaba una población de 55.000 personas de raíz popular.

“Agotamiento de fondos”, fue la razón de la Generalitat para rechazar la subvención. “Todo fue arbitrario en aquella resolución y se dio una clara desviación de poder”, manifiesta Consuelo Vidal, cofundadora de Atelier, entidad que demandó a Solidaridad en julio de 2011 por supuestas irregularidades administrativas. Un litigio aún sin resolver (la sala de lo Contencioso del TSJCV se reunirá el próximo martes para tratarlo), pero que alumbra la intrincada estructura institucional que posibilitó la gran depredación.

Informe de la AECID

Atelier solicitó la práctica de una prueba pericial y el TSJCV aceptó y determinó que fuera la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, quien elaborara una valoración técnica de varios de los proyectos, propuestos por Atelier, de la convocatoria de 2011. El informe analiza y compara ocho propuestas de subvención, entre ellas la de la ONGD demandante, que percibió de la Generalitat una puntuación de 85,9, la más baja de las ocho. Sin embargo, el examen de la AECID determina que la valoración técnica de la propuesta de Atelier es superior (con 88,11 puntos) a seis de los proyectos que, sin embargo, sí fueron aprobados por la Generalitat. Unas propuestas que incluso llega a tachar de “asistencialistas”, “ineficientes” o “sin valor añadido”.

En cambio, la AECID destaca que el de Atelier es “un proyecto de apoyo y acompañamiento a movimientos y organizaciones de la sociedad civil, en circunstancias en las que este apoyo, manifestado desde el ámbito internacional, significa una salvaguarda esencial, incluso de las propias vidas de sus integrantes”. Y añade: “La mayor parte de las actuaciones giran en torno a capacitación, formación, comunicación y puesta en marcha de Audiencias Públicas o Cortes de Mujeres, esenciales para el logro de la Reparación Integral, largamente demandada por las víctimas del conflicto y reconocida por el propio gobierno colombiano cuando aprobó la Ley 1448 de 10 de junio de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras”.

Filtros de control

Por otro lado, el escrito de conclusiones de Atelier denuncia una férrea estructura en el control y otorgamiento de la subvenciones. La evaluadora externa de los proyectos, encargada de puntuarlos, era Expande, que fue creada el 9 de junio de 2010, seis meses antes de que fuera seleccionada por la consejería pese a que el pliego de condiciones exigía una experiencia de tres años. Expande es la antigua Caaz, propiedad de Luis Fernando Castel Aznar, imputado en la segunda pieza por un supuesto cobro de comisiones a cambio de manipular el sentido de las evaluaciones.

Además, dentro de la propia administración existían filtros de control. El Jefe de Área de Cooperación, Marc Llinares, condenado a 4 años de prisión en la pieza primera, redactó un dosier con el ilustrativo epígrafe de “instrucciones para el arreglo de convocatorias”, en el que aludía, entre otras ONGD, a Atelier. Esa orden aparece en el informe 38.085 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que Atelier incluyó en su escrito de conclusiones como prueba de las irregularidades y manipulaciones perpetradas desde Solidaridad.

Pero hay más. El propio Rafael Blasco se reservaba 20 puntos adicionales “en atención a la adecuación de las actuaciones de la entidad a los objetivos y prioridades de la política de la Generalitat en materia de cooperación internacional para el desarrollo”. Un otorgamiento que, según Vidal, el exconsejero “utilizaba a su antojo”. Y que la AECID critica: “No se conoce cuáles son los parámetros y ponderaciones que utiliza la Generalitat Valenciana para atribuir la puntuación”. De las ocho entidades analizadas, a todas se le atribuyeron 20 puntos (aunque la mayoría no tiene ni sede en la Comunidad Valenciana, un requisito primordial) a excepción de Atelier, que se quedó con 12. Y ello a pesar de sus 25 años de trayectoria con cerca de 40 proyectos subvencionados por la Generalitat y con un perfil de género y con más de 20 años de experiencia en Colombia, condiciones prioritarias según el Plan Director de la Cooperación Valenciana.

Los 20 puntos también fueron censurados en un informe de 4 de julio 2012 de la Comisión de Estudio y Revisión del otorgamiento de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo efectuado por la Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad de la Consejería de Bienestar Social. El texto reconoce la parcialidad a la hora de valorar proyectos de distintas ONG: “No obran informes firmados y/o sellados de la empresa evaluadora Expande S.L. sobre los proyectos que concurren a la convocatoria, ni en los mismos se justifica suficientemente la puntuación otorgada”. Y culmina con que las puntuaciones “deberían estar más fundamentadas, especialmente en relación a los 20 puntos”.

Abuso de poder

Para Consuelo Vidal “el abuso de poder para favorecer a determinadas entidades es evidente”. Y añade que el resultado de esta demanda podría ayudar en la instrucción de la segunda pieza. De hecho, en la convocatoria del 2011 también se subvencionó a las principales ONG que protagonizaron la estafa. Con sus adicionales y controvertidos 20 puntos aparecen, por ejemplo, Fudersa que, pese a la falta de experiencia en el sector, acumuló en 2009 1,3 millones para cuatro proyectos sobre desarrollo agrícola y empleo en la República Dominicana. O Esperanzas Sin Fronteras, testaferro de Tauroni en la subvención del hospital en Haití y que, también en 2010, esquilmó 570.000 euros al desarrollo rural en Perú. Y Hemisferio, matriz que, según apuntan las investigaciones, canalizó estas y otras sumas a las cuentas de la trama en Miami.

De este comunicado en el que no se aclara ni el origen ni el montante de la mentada herencia, se colige la más acendrada hipocresía de quien, en 34 años y ejerciendo como máximo mandatario de la Generalitat, ocultó deliberadamente a la Hacienda Pública una importante fortuna – “medios económicos”, como figura taimadamente en el comunicado- con la sola finalidad de evadir las obligaciones fiscales en beneficio de los intereses privados de su familia.

Más allá de las excusas tardías y los vagos pretextos esgrimidos para justificar esa conducta delictiva, el escándalo proyecta otra vez la sombra de la corrupción y el camaleonismo de cargos públicos que, por un costado baladronean sin reparos de su fervoroso apego a la democracia y las instituciones del Estado de Derecho, mientras que por el otro comparecen travestidos en malhechores de guante blanco con un escaño en cámaras y parlamentos regionales. Es indudable que vivimos rodeados de pretensiones de probidad y de virtuosismo democrático. ¡El honorable Pujol! Sin duda venerable varón que, como el mismo señala en su comunicado, pese a los reparos de conciencia sobrevenidos al recibir la herencia legada por su padre – “mi conciencia y el cargo me empujaban a rechazar esta herencia”– supo, sin embargo, administrar su fortuna en silencio durante tres décadas, eludiendo los correspondientes tributos a la Hacienda Pública.

¡A eso se le llama un demócrata de pies a cabeza y con un sentido conspicuo de la responsabilidad de Estado! Tal vez, esos mismos escrúpulos plasmados en la misiva, lo hayan torturado durante años; más aún a sabiendas de que la recompensa a su labor presidencial consistía en una pensión vitalicia nada desdeñable de 86.418 euros anuales, esto es, medraba gracias al dinero de todos los contribuyentes, en tanto su pequeña fortuna quedaba a salvo de los tentáculos de Hacienda. ¿No tendría suficiente con la herencia de su padre para subvenir a las necesidades de su familia, que él mismo se encargó de aprobar la pensión vitalicia con una ley elaborada ocho meses antes de finalizar su mandato? No nos detengamos en ésas cábalas y volvamos a la fortuna del señor Pujol. Al fin y a la postre, todo en esta vida natural tiene su debida explicación. En treinta años –aclara Pujol– “nunca se encontró el momento adecuado para regularizar esta herencia”.

¡Múltiples e infatigables debieron de ser las ocupaciones del honorable Pujol para no hallar ni un solo resquicio de sosiego que le permitiese regularizar una fortuna de orígenes tan dudosos como el monto al cual asciende la misma! ¿No habrá un poco de grave impostura en ese recurso meditado a la escasez de tiempo? ¡Seamos indulgentes con el honorable Pujol y otorguémosle el beneficio de la duda! Él mismo se encarga de anticipar la expiación de sus pecadillos, mostrando un profundo dolor por los daños ocasionados a consecuencia de su comportamiento fraudulento y ruega que sepamos “separar los errores de una persona”. ¿Errores? ¿No habrá confundido los términos el honorable Pujol y en lugar de “errores” sería conveniente leer “delito fraguado durante 34 años”? Seguramente haya sido un simple desliz de la pluma porque calificar de “error” una evasión fiscal de 34 años, constituye una palpable aberración lingüística.

En términos más adecuados, ese fraude continuado a la Hacienda Pública cabe tacharlo de patente “delito”, sin atenuantes jurídicos ni justificaciones morales de ninguna guisa. El único perdón posible para el honorable Pujol pasa irremisiblemente por su comparecencia ante un Tribunal, encargado de poner a las claras las zonas de penumbras que se yerguen amenazantes sobre la herencia de su familia. ¿Cómo conceder el perdón a un individuo que no ha tenido el valor de asumir su responsabilidad en 34 años y lo hace tres décadas después movido por las causas judiciales abiertas contra ciertos integrantes de su familia? Si hubiera entonado el mea culpa para hacer pública su fortuna por decisión propia y no, como es el caso, hostigado por las pesquisas judiciales, quizá cabría brindarle el beneficio de la honorabilidad, ese pomposo calificativo que acompaña su nombre y el cual desmerece porque no lo acredita con su conducta cobarde. Y para más inri, ante la presión mediática y política de los últimos días principia a expurgar sus “errores” y, en un orquestado coup de théâtre, renuncia a sus privilegios de expresidente. ¿Acaso hubiera tenido la caradura de seguir gozando de sus privilegios, cuando descubrimos que ha mantenido una fortuna oculta durante tres décadas?

Con todo, la última asonada protagonizada por el honorable Pujol, responde al mismo desfile vergonzoso de personalidades políticas – ahí están Bárcenas o Rafael Blasco- que bajo la piel y el cuño democrático se lucran con la connivencia del Sistema.

En política todo semeja una gran confabulación. Una especie de fariseísmo ha ido paulatinamente invadiendo los dominios de la vida pública y en estas condiciones no es de extrañar que el criterio de la moralina sea uno de los raseros más empleados a la hora de juzgar tentativas y conductas supuestamente antagónicas a esos mismos valores democráticos que encarnan figuras como Pujol, Bárcenas y Blasco, auténticos guiñoles pululando en un grotesco retablo de malhechores y farsantes.

Héctor Delgado Fernández es socio de infoLibre

Si como casi siempre, el aplauso caluroso de su partido acudió solícito para desacreditar las atrevidas afirmaciones de la portavoz de Compromís y, de ese modo, preservar al consejero de tan graves acusaciones que, a la sazón, podrían pesar como un baldón imborrable sobre la imagen del respetado varón, esta vez, ha sido la Justicia quien se ha encargado de sofocar los aplausos del grupo popular, condenando al señor Blasco a ocho de prisión y veinte de inhabilitación.

Con todo, la condena no deja de ser algo anecdótico, si lo comparamos con la gravedad de los delitos imputados y, sobre todo, con la indecencia exhibida por Rafael Blasco a la hora de apropiarse de las ayudas para la cooperación y el desarrollo en Nicaragua, con la única finalidad de lucrarse en sus negocios privados.

A lo menos, cabría tachar al señor Blasco de individuo deleznable, deudor del más hondo desprecio e insolidaridad hacia los más necesitados. Y es que, urdir una trama para enriquecerse merced al sufrimiento y la miseria ajena, merecería algo más que la cárcel: la descalificación y el oprobio público. Una cosa es amasar una fortuna especulando con el precio de terrenos y viviendas, y otra muy distinta apropiarse furtivamente de las ayudas destinadas a los más desamparados para invertirlas en pisos y plazas de garaje.

¿Cuántas vidas habrá costado la codicia desmedida del señor Blasco? Jurídicamente resulta difícil probar esta suposición, pero políticamente el señor Blasco es responsable de las víctimas potencialmente vinculadas a su afán de lucro. Más allá de su imagen envilecida, en lo más profundo de su conciencia y turbado por el oscuro remordimiento, el diputado debería saberse culpable del dolor ocasionado a aquellas vidas ajenas, desbaratadas por su codicia y la de sus compinches.

A lo sumo, si no es el propio diputado quien así lo entiende, la sentencia del tribunal podría al menos mover a una condena explícita de semejantes prácticas por parte de la cúpula del PP o movilizar a su electorado en la denuncia sin ambages de tan abominable conducta. Si bien es cierto que la Justicia ha dictaminado su sentencia, ello no obsta para que, una vez más, la conducta de los políticos contribuya a ahondar en el desapego de la ciudadanía hacia los representantes públicos. La redundancia de políticos envueltos en casos de corrupción agrava la crisis de confianza en las instituciones democráticas. Y cuando a la desconfianza y el recelo, se les une la repulsa y el hastío, el resultado es un peligroso cóctel de sentimientos enfrentados, cuyo corolario bien podría ilustrarse con los gritos de uno de tantos ciudadanos que, harto e indignado de tanto mangoneo, arremetía contra el diputado el pasado enero a la salida del tribunal, lanzando la propuesta de penderlo en la plaza del Ayuntamiento “t'hem de vore penjat en la plaça de l'Ajuntament!” ¿Sinvergüenza? Visto lo visto, la portavoz de Compromís se quedó corta en su intervención y, tal vez, por el respeto debido a las instituciones, se guardó en la pechera el calificativo más acorde para designar al señor Blasco: ¡Caradura redoblado!

Digámoslo sin tapujos: ¡ladrón enfundado en traje y corbata! Y que al pronunciarlo alto y claro nos sobrevenga una especie de efervescencia, una suerte de regocijo imaginando que este tipo deleznable se pudrirá unos cuantos años entre rejas y cuando salga – si sale- el tiempo se encargará de borrar cualquier huella de su existencia en este mundo. ¡He ahí la sola justicia que logrará resarcir a los damnificados de la tierra!

Héctor Delgado Fernández es socio de infoLibre

Para librarse de la cárcel, al menos de momento, el exconsejero de la Generalitat ha tenido que abonar 200.000 euros para cubrir la fianza que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Asimismo, ha entregado su pasaporte, con lo que no podrá salir de España, y está obligado a comparecer periódicamente ante el tribunal para evitar cualquier riesgo de fuga. No obstante, llama la atención la diferencia de criterio entre la Fiscalía y el juez, ya que frente a la cantidad impuesta por el tribunal, el Ministerio Público solicitaba una fianza de dos millones de euros: diez veces superior a la que finalmente se ha aprobado.

Sobre esta disparidad entre las cifras los expertos consultados por infoLibre tienen opiniones diferentes. Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, se muestra crítico con la petición del fiscal y señala que no es "habitual" que haya tanta diferencia entre lo que se solicita como fianza y lo que posteriormente se impone. En este sentido, Sexmero señala que lo normal es que los condenados en primera instancia, como es el caso de Blasco, no sean privados de la libertad hasta que su pena sea firme si durante el periodo de instrucción no han sido encarcelados provisionalmente.

Victoria Rosell, portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, abunda en la misma idea y apunta en este sentido un dato más: al no ser aún firme la condena contra Blasco, sigue primando la presunción de inocencia. No obstante, sí que asevera que resulta "llamativa" la diferencia entre la petición de la Fiscalía y la decisión del tribunal, toda vez que tanto juez como fiscal manejan los mismos datos sobre el patrimonio del condenado, información en base a la cual se decide la cuantía de la fianza.

"La fianza tiene como función que una persona no se escape, básicamente", explica por su parte Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, que no obstante es reacio a señalar un patrón con respecto a la manera de decidir las cantidades que se imponen como fianza. Pero entonces, ¿por qué tanta diferencia entre los criterios del fiscal y el juez? García aventura, y en ello coincide con Sexmero, que la posible explicación es que "el fiscal quiera que [Blasco] entre en prisión ya por no poder pagar la fianza".

"Pero no hay que olvidar una cosa: lo progresista es que una persona entre en prisión cuando tenga una condena firme", señala el portavoz de la Francisco de Vitoria en relación a esto. "La prisión provisional solo está para casos gravísimos, como los delitos de terrorismo o el homicidio, o para casos en los que sea posible que la persona juzgada pueda eludir la justicia, saliendo del país o evitando que las pruebas lleguen a juicio", abunda Sexmero, que se muestra tajante: salvo en los casos mencionados, "cualquier doctrina de cualquier país civilizado tiene prohibido anticipar la pena".

De la misma opinión es García, que explica que a la hora de encarcelar a alguien si la sentencia no es firme, el juez "se lo piensa mucho", porque supone violar el derecho a la libertad de alguien que aún mantiene la presunción de inocencia. "A veces el tribunal que condena a ocho años lo hace sabiendo que sus tesis jurídicas pueden ser discutidas en la instancia superior, y por eso se guardará mucho de meter a alguien en prisión" si no estima que existe un riesgo real de que se fugue o destruya pruebas que impidan llevar adelante el proceso.

"La justicia es lenta, pero no perdona"

En lo que sí son unánimes los diferentes expertos es en que la sensación que tiene buena parte de la ciudadanía sobre que los casos de corrupción no se castigan es real, si bien cada uno apunta diferentes razones a la hora de explicarla. No obstante, todos ellos dejan claro que la justicia sí actúa contra este tipo de delitos, aunque con deficiencias. Y en este sentido, los portavoces destacan dos motivos claros: la falta de medios y, especialmente, la lentitud de la justicia a la hora de resolver los casos.

"La justicia es lenta, pero no perdona", afirma tajantemente Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales, que insiste en que "aunque tardemos, siempre vamos a dar una respuesta satisfactoria", lo que no significa que la sentencia "sea siempre condenatoria". No obstante, Frías sí admite que la sensación de impunidad puede verse provocada por la dilación de los tribunales, y pone sus propios casos como ejemplo al asegurar que ahora mismo está trabajando en juicios por delitos presuntamente cometidos en los años 2006 y 2007.

Por su parte, Victoria Rosell apunta que, a su juicio, el mayor elemento que contribuye a esta sensación de impunidad por parte de la ciudadanía es "la falta de responsabilidad política". "Si en cuanto hay indicios serios [de este tipo de delitos] la administración y los partidos reaccionaran, las personas no tendrían esa impresión", señala la portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, que cita como ejemplo de esta falta de asunción de responsabilidades que el propio Blasco no haya "dejado el escaño mucho antes".

"Los jueces tenemos que actuar con garantías, y nuestro sistema es además muy garantista", explica Rosell, que denuncia la "falta de medios" que sufren los jueces para llevar a cabo sus funciones, especialmente a la hora de juzgar casos de corrupción, "que son procedimientos muy complejos". "No tenemos los medios que pueda tener, por ejemplo, Hacienda, para investigar el patrimonio, ni peritos propios, ni una unidad de policía judicial propia con este tipo de conocimientos y que responda única y exclusivamente ante los jueces", explica la magistrada.

Pero entonces, ¿cómo solucionar esta conciencia ciudadana de que los delitos contra la corrupción no se persiguen lo suficiente? Rosell es clara: Jueces para la Democracia no es partidaria de un endurecimiento general de las penas en un Código Penal que es "durísimo en comparación con el ámbito europeo". Pero eso no significa que no haya que hacer cambios, ya que según la portavoz "la propia clase política es muy condescenciente a la hora de legislar contra los delitos contra la administración pública o los de tipo societario, por ejemplo".

Ángel Dolado, presidente de Foro Judicial Independiente, también hace hincapié en que los cambios son más necesarios a nivel legislativo que judicial, y hace referencia a la prerrogativa del indulto, que su asociación judicial propone eliminar. En este sentido, Dolado denuncia que ya se rechazó el pasado marzo en el Congreso de los Diputados limitar la posibilidad del indulto a los condenados por delitos relacionados con la corrupción –una iniciativa que tumbó en solitario el PP–. No obstante, sí señala que en los últimos años se han conseguido algunos avances desde el punto de vista político, como que algunos partidos se comprometan a no incluir imputados en sus listas electorales.

La nota positiva la pone Álvaro García, que afirma que, a pesar de que aún queda camino por recorrer, la justicia está mejorando a la hora de tratar los casos de corrupción. En este sentido, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales señala que los corruptos finalmente terminan entrando en prisión, y pone como ejemplo el caso de María Antonia Munar, exdirigente de Unió Mallorquina cuya condena a cinco años y medio de prisión ratificó el pasado octubre el Tribunal Supremo. "Yo prefiero verlo en optimista, no venimos de hacerlo muy bien, pero se están dando condenas duras, como ésta [la de Blasco] de ocho años, y se están recuperando activos importantes", remacha García.

El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y durante años hombre de confianza de Francisco Camps (PP), Rafael Blasco, ha pagado la fianza de 200.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con lo que evitará entrar en prisión hasta que, en su caso, se declare firme la sentencia que le condena a ocho años de cárcel por malversación y prevaricación en la primera pieza del caso Cooperación.

El exconsejero, quien tiene embargadas cuentas y bienes por parte del Tribunal de Cuentas, tenía un plazo de 48 horas desde este martes, una vez notificada la resolución, para depositar la fianza, y este miércoles ya la ha hecho efectiva. Asimismo, ha entregado su pasaporte, con lo que no podrá salir de España. También tiene la obligación de comparecer periódicamente ante el tribunal, para evitar cualquier riesgo de fuga.

Todas estas medidas cautelares fueron adoptadas este mismo martes por parte del tribunal que juzgó tanto a Blasco como a otros ocho condenados por esta primera pieza del caso Cooperación, después de que en una vista celebrada el miércoles las acusaciones –Fiscalía Anticorrupción, Abogacía de la Generalitat y Antonio Penadés– solicitaran para el exconsejero la prisión incondicional y, subsidiariamente, el pago de una fianza de dos millones

El tribunal atendió en parte estas solicitudes y ordenó prisión para Blasco, pero eludible con 200.000 euros de fianza al entender que al ser el "principal promotor" de los hechos, podría tener "contactos y relaciones" para una "eventual elusión" de la justicia hasta que se declare firme la sentencia. No le decretó prisión incondicional ni le impuso la fianza de dos millones de euros al entender la cantidad desorbitada.

El tribunal también ordenó prisión provisional eludible con fianza de 6.000 euros para la exsecretaria general de la extinta Consejería de Solidaridad, Tina Sanjuán, así como la entrega de su pasaporte y comparecencias semanales en base a la "gravedad" de la pena y ante un "cierto arraigo" fuera de la nación. Precisamente para Tina Sanjuán, condenada a siete años y medio de prisión, la Fiscalía Anticorrupción también solicitaba prisión incondicional.

En la misma línea, el tribunal ha retirado el pasaporte al exsubsecretario de la Consejería, Alexandre Català, y le obliga a comparecer semanalmente en el juzgado; así como al exjefe de servicio de Cooperación, Marc Llinares; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y a una trabajadores de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera. Estos dos últimos ya habían entregado su pasaporte.

Respecto al exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, el tribunal también le ha prohibido la salida del territorio nacional y le ha ordenado la entrega de su pasaporte. También le impone comparecencias ante el juez pero, a diferencia del resto de los condenados, de forma quincenal. En esta causa ha habido otros dos condenados, el empresario y cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, quien se encuentra en prisión desde el inicio de las diligencias; y el ex director general de la extinta Consejería Josep María Felip, quien tan solo fue condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, pero no se le impuso prisión.

El Tribunal Superio de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado este martes decretar prisión provisional para el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y actual diputado no adscrito en las Cortes, Rafael Blasco eludible con 200.000€ de fianza.

El exconseller fue condenado el pasado miércoles a ocho años de prisión por dirigir el desvío de ayudas en proyectos de cooperación. Según el tribunal que lo juzgó, con su intervención y sus órdenes a subordinados favoreció al cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, e impidió que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.