Existe una vasta comunidad de estadounidenses que, a pesar de la distancia, sigue estrechamente vinculada con su país de origen. Así es Democrats Abroad —Demócratas en el Extranjero— (DA), "el brazo oficial del Partido Demócrata que se asegura de que todos los estadounidenses residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto". Está reconocido por el Comité Nacional Demócrata (DNC) y está regulado directamente por el Partido Demócrata. "Trabajamos para brindar representación demócrata a los estadounidenses que viven en el extranjero, promoviendo la elección de candidatos demócratas a través de la movilización del voto fuera del país", asegura la organización.

En el mundo, hay más de 6,5 millones de estadounidenses que viven, estudian, trabajan o prestan servicios fuera del país y tienen derecho a votar en su país de origen. "Sin embargo, muchos estadounidenses en el extranjero no saben que tienen derecho a votar ni cómo hacerlo mientras están en el extranjero", se informa desde la asociación.

En la campaña presidencial de 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon, los demócratas en París y Londres empezaron a explorar maneras de apoyar al Partido Demócrata. Cuatro años después, en 1964, los demócratas en el extranjero se unieron por primera vez de manera simultánea en París y Londres, durante la victoria de Lyndon Johnson sobre Barry Goldwater.

Tras esta victoria, los votantes demócratas en el exterior iniciaron una campaña para obtener el pleno derecho al voto, ya que los ciudadanos estadounidenses en el exterior no podían votar por correspondencia. No fue hasta 1986, en el que se aprobó la Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero (UOCAVA), que proporcionó el marco legal necesario para aumentar considerablemente el acceso al voto de los estadounidenses que residen en otros países.

Siendo una organización dirigida 100% por voluntarios —son 18.000 en total— y sin financiación externa, cuenta con 52 comités nacionales repartidos por Europa, América, Asia, Oriente Medio y África. "Estos comités nacionales mantienen a los estadounidenses en el extranjero informados sobre sus derechos y les facilitan la participación en el proceso político de Estados Unidos", explica la entidad.

En elecciones recientes, hemos visto que los márgenes de victoria en Estados clave pueden reducirse a unos pocos cientos o miles de votos. Los estadounidenses que votan desde el extranjero tienen el potencial de influir significativamente en los resultados. Sin ir más lejos, en las elecciones de 2020, los votos emitidos desde el extranjero marcaron la diferencia a la Casa Blanca y al Senado en Georgia y Arizona —Georgia contabilizó 18.475 votos en el extranjero y Arizona 18.435—. En esas elecciones, el expresidente Joe Biden ganó en Georgia por 11.779 votos y en Arizona por 10.457.

"La buena noticia es que los estadounidenses en el extranjero votan por el partido demócrata en cantidades abrumadoras", asegura la entidad. De hecho, desde 2020 hasta abril de 2024, el 77,65% de los votantes que utilizaron la herramienta de votación VoteFromAbroad.org (VFA) se identificaron de izquierdas, mientras que el 17,2% se registraron sin preferencia partidaria y únicamente el 2,5% se describieron como republicanos.

Y es que esta herramienta no partidista de apoyo a los votantes experimentó un crecimiento excepcional en las últimas elecciones presidenciales de 2020. "Más de 766.680 visitantes únicos realizaron más de 1 millón de visitas, un impresionante aumento de tres veces en comparación con 2016", afirma la organización.

Otros datos a reseñar de VoteFromAbroad son que sus usuarios iniciaron sesión desde 221 países diferentes representando a 130 partidos diferentes en el que el 75% se declaró demócrata y el 2,9% republicano. En cuanto a Estados Unidos, Democrats Abroad consiguió que, en las elecciones de 2020, el voto civil en el exterior se incrementase en un 73,5% en comparación con 2016. Sin embargo, en 2020, la participación de los votantes en el extranjero fue del 14%.

En cuanto al número de votantes estadounidenses elegibles que residen en el extranjero, en 2020 recibieron papeletas 1,8 millones de personas; mientras que en 2016 las recibieron 930.156. "Curiosamente, el 50% de estas papeletas fueron enviadas a los estados considerados en disputa", analiza la organización.

La finalidad de este impacto se resume en "el compromiso de fortalecer la democracia y garantizar que se escuchen las voces de los estadounidenses en el extranjero", sostiene Democrats Abroad.

Más allá de promover el voto, los temas sociales también juegan un papel importante. La migración y el asilo se han convertido en un tema candente en estas elecciones. Junto con los derechos reproductivos y el acceso al aborto, la frontera y las políticas migratorias están definiendo la agenda electoral en Estados Unidos. Por esto mismo, Democrats Abroad toma conciencia de ello: "Disponemos de una plataforma llamada Caucus Globales en la que pretendemos generar conciencia y abogar por el cambio", manifiesta la asociación. Los temas que más preocupan van desde el cambio climático hasta la inmigración pasando por el activismo LGTBI y la importancia de las mujeres en la sociedad. "Nuestra función en transformar las actividades con base en Estados Unidos en movimientos globales es esencial para nuestro trabajo, ya que contribuye a la reflexión de los temas por los que seguimos luchando", explican desde el organismo.

El pasado 5 de septiembre, tuvo lugar el evento Americans Abroad for Harris-Walz en el que asistieron 33.000 espectadores únicos y se registraron 6.800 votantes estadounidenses que actualmente residen en el extranjero. "Marcó el cierre de nuestra campaña para crear conciencia sobre los derechos de voto de los estadounidenses en el extranjero, el proceso de votación desde el extranjero y la función crucial que estos votantes desempeñan en la determinación de los resultados electorales", describe la organización. Días después, el 21 de septiembre, los estadounidenses en el extranjero comenzaron a votar en las elecciones generales de 2024.

Pese a los 6.200 kilómetros que separan Madrid de la Casa Blanca, esta distancia no detiene a Democrats Abroad en su labor de organizar una campaña electoral sólida en favor de los demócratas también en la capital de España. "Nuestro objetivo es orientar y apoyar a los estadounidenses que residen en la capital para que puedan ejercer su derecho al voto adecuadamente. El proceso varía según el estado, y en algunos casos, resulta realmente complejo cumplir correctamente con los requisitos", explican desde DA Madrid.

En lo que se refiere a esta campaña electoral, la organización en Madrid —creada en 2004— "está incorporando de 3 a 5 nuevos miembros a diario, lo que refleja la relevancia que tienen estas elecciones presidenciales para los estadounidenses que viven en Madrid", explica la organización. Y es que Democrats Abroad España —el comité oficial de los demócratas estadounidenses que viven en España— es el sexto comité nacional con más de 6.100 miembros. Además de estar en Madrid, tienen presencia en Alicante, Barcelona, Málaga, Granada, Donostia, Sevilla y València.

Como una de las últimas actividades de estas elecciones, este martes 5 de noviembre se llevará a cabo una fiesta para seguir la noche electoral y celebrar los resultados, en caso de una victoria demócrata.

En 2013, un grupo de destacados líderes del Comité Nacional Republicano (RNC) se percató de que los millones de estadounidenses que viven y trabajan en el extranjero carecían de representación dentro del RNC. Con el propósito de resolver esta falta de representación y ofrecer un espacio global para aquellos estadounidenses que comparten los valores fundamentales del Partido Republicano, estos líderes comprometidos fundaron Republicans Overseas (RO).

Esta organización mantiene a los republicanos en el extranjero políticamente informados y, a la vez, facilita un canal para comunicar las preocupaciones políticas de los estadounidenses fuera del país a los líderes políticos y candidatos presidenciales. El objetivo es claro: motivar a los millones de estadounidenses que residen en el extranjero a involucrarse más activamente en el proceso político democrático de Estados Unidos ofreciendo información, análisis de políticas y actividades de promoción.

Fomentan la movilización del voto con el objetivo de, según indican en su página oficial, ayudar al Partido Republicano a recuperar la Presidencia y el Senado, y mantener el control de la Cámara de Representantes.

A diferencia del Partido Demócrata, que organiza la primaria presidencial de Democrats Abroad, el Partido Republicano no lleva a cabo una primaria presidencial específica para los republicanos que residen en el extranjero. Como resultado, Republicans Overseas no envía delegados a la Convención Nacional Republicana.

El pasado 19 de abril, las elecciones democráticas más largas del mundo dieron su pistoletazo de salida. La India, con 1.449 millones de habitantes a sus espaldas y unos 968 millones de personas con derecho a voto, afronta unos nuevos comicios marcados por ser los segundos más largos en la historia india —solo precedidos por los celebrados en el país tras su independencia del imperio británico en 1947— en los que el nacionalista Narendra Modi defenderá su tercer mandato consecutivo como primer ministro, que comenzó el 26 de mayo de 2014, con el partido conservador Bharatiya Janata Party (BJP). 

Además de la gigantesca densidad de población, las dificultades logísticas y las enormes distancias para recoger el voto en los más de un millón de centros electorales establecidos —como ocurre en algunas regiones como la estación de Tashigang, en el estado de Himachal Pradesh, con una altura de 4.650 metros, o la de Mukchari, que atiende a las islas dispersas del lago Dumboor— han llevado a la nación asiática a emplear 5,5 millones de máquinas de votación electrónica o EVMs, instaladas en los 28 estados y los nueve territorios de la India.

Este uso en la India de la urna electrónica comenzó en 1982 de manera experimental en algunas regiones. La experiencia se extendió hasta que en 2004 se convirtió en la forma de votación dominante, lo cual permitió que desapareciera el voto por papel. Las EVMs han sido el único medio de votación en las últimas cuatro elecciones generales, incluidos los últimos comicios de 2019, que contaron con el voto del 67% de la población, la mayor participación electoral en toda la historia del país.

Las máquinas se componen a partir del trabajo interconectado de dos unidades: la de control y la de votación. La primera es donde se almacenan las papeletas y se mantiene con el presidente de la mesa electoral, que habilita la segunda unidad cuando una persona entra dentro de la cabina para emitir su voto. En el caso de la segunda, con forma de tablet gigante, se muestran los diferentes nombres y símbolos de los candidatos, con dos botones, uno azul, con el que el votante escoge, y uno rojo, que funciona de aviso, acompañado de un pitido, para confirmar el envío del voto.

Desde 2009, las EVMs cuentan con el Recibo de Votación Verificable por el Votante (RVVV), una impresora adyacente que otorga, una vez emitido el voto, una boleta de papel con el número de serie, además del nombre y símbolo del candidato elegido. Este comprobante es visible durante 7 segundos en pantalla para que el votante verifique si todo está en orden, previo a su impresión. Antes de todo el procedimiento, los votantes deben marcar su dedo índice izquierdo con tinta morada indeleble para poder evitar la duplicación.

“Estas máquinas son independientes, van con baterías y no se conectan con Internet, estando también selladas contra teléfonos móviles y dispositivos bluetooth”, explica Ernesto Pascual, politólogo y profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. “Los comprobantes se utilizan como un “as en la manga” para evitar conflictos por parte de la Comisión Electoral”, asegura. 

Además de allanar tanto el registro como la contabilización de las papeletas, la introducción del voto electrónico en la nación india ha ayudado también a reducir los actos violentos en los días de votación. “La violencia mantenía a la gente alejada de las votaciones, sobre todo a las mujeres, y gracias a las máquinas eso se ha reducido”, comenta Pascual, que pone como ejemplo el fin del recurrente vandalismo del robo de urnas.

Por otra parte, gracias a la inversión tecnológica, la seguridad del voto se ha blindado de diferentes protocolos de protección, para poder asegurar así una votación justa. “Se ha completado el dispositivo con un sistema biométrico de reconocimiento facial para evitar que la gente vaya a votar disfrazada y falsifique la votación duplicando el uso de la papeleta”, afirma Pascual.

Esta preocupación por vigilar la lealtad democrática de los comicios indios responde al contexto de caos en el que se encontraba el país entre los años 70 y 80. “Durante los años posteriores al 5º Lok Sabha (la Cámara Baja del Parlamento Indio), la manipulación había comenzado a hacerse muy extensa, especialmente en las zonas rurales del país”, señala Ángel Marrades, analista de Descifrando la Guerra (DLG) y colaborador de la Fundación Alternativas.

“Tras la aparente mejora organizativa con la puesta a prueba de las máquinas, el Tribunal Supremo, en el decisivo caso Jayalalithaa de 2002 y otros contra la Comisión Electoral de la India, dejó constancia de que el uso de los EVMs en las elecciones era constitucionalmente válido para los posteriores años”, explica Marrades, aunque puntualizando que “se tuvieron que realizar algunas reformas judiciales para que fuera legal su implementación”.

Sin embargo, la aceptación del uso de las EVMs no va de la mano de la unanimidad, sino más bien de la polémica. Existen diversos frentes críticos abiertos que presentan un denominador común: la imposibilidad democrática de llevar a cabo unos comicios fidedignos empleando el voto electrónico.

"Para asegurar el proceso democrático, se tienen que confirmar tres cosas: la transparencia, la verificabilidad y el secreto de voto. El problema es que esos tres ejes no están asegurados con el voto electrónico", apunta Marrades, que afirma que a pesar de la incorporación del RVVV, la posibilidad de fallo no desaparece y "uno no está plenamente seguro ni puede comprobar que lo que haya depositado sea lo mismo que expresado la máquina", en una demanda que centra la atención también en el escaso tiempo de verificación del comprobante, sobre todo para aquellas personas con alguna discapacidad o dificultad.

Sobre la verosimilitud de estas máquinas se ha discutido largo y tendido en la Corte Suprema India. El organismo judicial ha atendido a diferentes peticiones durante los días previos a estas elecciones. Una de ellas, emitida el 19 de abril, solicitaba una verificación cruzada del 100% de los votos emitidos en las EVM con comprobantes de papel generados a través del sistema RVVV para, así, realizar una comparativa final entre ambas a modo de supervisión y localizar las posibles divergencias.

La demanda fue desestimada, al igual que las dos alegaciones emitidas en marzo de este año: una de espectro general, en la que se hacía hincapié en instituir un equilibrio de métodos, es decir, el uso paralelo del voto manual y el voto automático; y otra de carácter concreto, en la que se aludía a la "desaparición" de 1.900.000 EVMs de la custodia de la Comisión Electoral durante el periodo entre 2016 y 2019 que podrían ahora utilizarse para manipular los resultados de estas elecciones.

Los magistrados indios se han mostrado firmes en su defensa del voto electrónico de cara a enfrentar las diferentes demandas, con una actitud mucho más afianzada entre los jueces del Tribunal Supremo Indio desde que se comenzaron a perfeccionar las máquinas. “Las debilidades humanas, incluidos los prejuicios, pueden generar un problema. Las máquinas sin intervención humana darían resultados absolutamente precisos”, observó el juez Sanjiv Khanna en una audiencia convocada en vísperas de la primera ronda de votación de las elecciones actuales. El abogado Prashant Bhushan defendió, en esta misma vista, que si bien el gobierno había gastado casi 5.000 millones de rupias para comprar casi 2 millones de RVVV, solo se pudieron verificar los recibos de aproximadamente 20.000 RVVV , y sugirió tres opciones: volver a las boletas de papel, entregar papeletas de RVVV a los votantes para que las coloquen en las urnas en un sistema mixto de doble verificación y, finalmente, hacer que las pantallas de RVVV sean de vidrio transparente en lugar de opacas, como lo eran ahora.

La realidad, no obstante, es que estas acusaciones siempre suelen derivar de los partidos políticos que se encuentran en la oposición, lo que deja entrever los probables intereses políticos detrás de muchas de las propuestas de cambio electoral. "Siempre se habla, por ejemplo, de la posibilidad de hackeo de las máquinas por parte, sobre todo, de los partidos perdedores", comenta Pascual. "En ese sentido influyen mucho las posiciones políticas. El BJP al comienzo fue muy crítico con estas máquinas electrónicas y, ahora que está en el poder, ya no lo es" apunta Marrades.

A pesar de todo, Marrades destaca que, a pesar de haber al principio una mayor satisfacción con el voto electrónico, la opinión pública ha ido variando. Esta desconfianza social deriva de dos factores fundamentales. En primer lugar, las dos sentencias de tribunales constitucionales en materia de voto electrónico: por una parte, la del 3 de marzo de 2009 del Tribunal Federal Constitucional alemán y por otro, el fallo del 13 de diciembre de 2011 de la Corte Constitucional austriaca. Ambos pronunciamientos establecen la inconstitucionalidad e ilegalidad del voto electrónico. "Los críticos indios aseveran, en base a dicha decisión, que no se cumplen los requisitos mínimos en el proceso de voto. La sensación que hay ahora mismo es que puede ser un sistema que al final cree un fraude más amplio", dice Marrades. "La clave de la sentencia alemana sobre el voto electrónico se basaba en el hecho de que un sistema electoral no puede ser sospechoso de fraude, porque eso en sí mismo ya constituye un problema democrático", concluye el colaborador de Alternativas. El otro de los factores es la cuestión del software de las EVMs, y es que, como cuenta Marrades, "el software de la máquina depende del propio proveedor, y eso depende del propio contrato público y no esta auditado exactamente".

La "oscuridad" respecto a este proceso de contratación, la alusión antidemocrática europea en relación al voto electrónico y las quejas presentadas a las entidades judiciales, han abonado un debate público encima de la mesa por parte de ciertos sectores de la India. Sin embargo, como alude Ernesto Pascual, "todo depende de una cuestión de confianza" y la postura de las instituciones respecto a las EVMs es por ahora inamovible.

Dentro de la problemática de la fiabilidad del voto en la India, las inferencias y perspectivas que se pueden sacar son cuanto menos contrapuestas. "El problema es más de fondo que de forma", señala Ángel Marrades. "Se utilice un método u otro, va a haber fraude tanto en cuanto no se consiga implementar una cultura no diferenciada, y eso viene en buena medida porque en la India aún existen muchas diferencias económicas, con un empobrecimiento de un amplio sector de la población, y por lo tanto eso crea unas desigualdades que precisamente facilitan ese fin".

Para Ernesto Pascual, sin embargo, "la sociedad india ha aprovechado bien la baza tecnológica" y "va camino de hacer historia". "La paranoia occidental es el hackeo de las máquinas y la protección de estas para evitar el falseo de contaje. Ese problema de mentalidad, basada en un miedo a la amenaza, ya sea por la injerencia de países como Rusia o China, asusta a la hora de emplear este sistema", apunta Pascual.  

La realidad es que el sistema de voto electrónico genera ambivalencias políticas y sociales, lo que crea un ambiente de inestabilidad democrática en la India que no favorece la participación electoral y, por tanto, la pluralidad del voto. El recuento de votos está fijado para el 4 de junio, cuando se conocerá la distribución de los 543 escaños del Lok Sabha que definirá qué alianza o partido gobernará el país y con ello el nombre del próximo primer ministro del gigante asiático. Unas elecciones que, según el Centro de Estudios de Medios de Comunicación,presentarán inmensos gastos millonarios, con un desembolso de 14.400 millones de dólares.

El voto por correo ha sido uno de los grandes protagonistas de la campaña ante el reto de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Correos asegura que ya ha entregado 1,5 millones de documentaciones para el voto por correo de las 2,3 millones solicitadas, y ha formalizado 20.240 contratos de refuerzo para atender la alta demanda y poder cumplir con los plazos.

Las papeletas llegan al domicilio (o a la oficina de Correos más cercana si la persona no se encuentra en casa tras dos intentos del cartero o cartera) desde el 3 de julio hasta el 18 del mismo mes y se puede votar hasta el 20. Pero ¿Qué pasa con el voto por correo una vez enviado? Este es su trayecto.

Tras depositar el sobre con el voto y el certificado de inscripción que garantiza la identidad del votante y del proceso en la oficina de Correos, se pone en marcha el trayecto que comienza con la custodia del voto por parte de la empresa postal y finaliza con la entrega del sobre en la mesa electoral el día de las elecciones.  

Varios trabajadores de Correos, como la también miembro del sindicato CGT Virginia Hidalgo, relatan a Newtral.es el viaje del voto por correo, un proceso que, según indican, incorpora varios pasos y mecanismos concretos para avalar que se cumplen todas las garantías democráticas.

En la misma oficina de Correos donde se haya entregado el sobre con el voto, se guardan en una caja fuerte hasta su retirada a última hora de la tarde. En concreto, se almacenan en un depósito cuya clave la tiene únicamente la directora o director de la sucursal. Una vez se recogen, los sobres con los votos se trasladan a un gran centro de admisión masiva a donde llegan dentro de una caja precintada y un ‘mapón’, es decir, un documento en el que deben ir anotados los detalles del paquete: el número de sobres, el remitente de cada uno y la conducción de entrega en cada oficina. 

Todas estas cajas se descargan en una habitación concreta del centro, donde una persona de seguridad ajena a Correos controla todo el proceso. Allí, empleados de la empresa postal que se hayan presentado voluntarios para ese trabajo mapean el contenido para comprobar que la información que la sucursal marcó es efectivamente correcta y, después, organizan cada sobre según el colegio electoral al que van destinados. Como indican las fuentes de Newtral.es, para garantizar la seguridad, a esa sala no puede entrar nadie ajeno a ese trabajo. 

Tras esta selección, llegan las furgonetas que distribuyen los sobres a cada unidad de reparto adscrita a cada colegio electoral. De nuevo, el voto por correo se guarda bajo llave, en las cajas fuertes de cada oficina, custodiado por los directores de cada una. Hasta el día de las elecciones el 23 de julio.

Para la jornada electoral del 23 de julio, se reanuda el trayecto de los votos por correo. Correos tiene encomendada la misión de entregarlos en las mesas electorales. Cuando se abran los centros electorales, un primer equipo de empleados de la empresa postal entrega los votos –hasta ese momento custodiados bajo llave– en las mesas electorales distribuidas en los locales electorales de todo el territorio nacional. Este proceso también es muy garantista: los trabajadores de la empresa postal entregan los votos en cajas precintadas a los vocales de la mesa, que las deben abrir ante la mirada de todos los presentes. 

Otro grupo de empleados hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pueden recibirse durante el transcurso de la jornada. Como explican los trabajadores de Correos a Newtral.es, aunque el límite para votar por correo es el 20 de julio, los centros colectores pueden aún recibir algún sobre el mismo día de las elecciones por diferentes circunstancias.

Y así termina el trayecto de los votos por correo, cuando los vocales de la mesa los introducen en la urna al final del día, cuando se cierra el voto presencial. Además, en el listado del censo electoral que tiene cada secretario se indica si la persona pidió el voto por correo para evitar que vote dos veces. 

Correos tiene, además, una última tarea al final de la jornada electoral: recoger el conocido como tercer sobre que contiene una copia del escrutinio. La empresa postal se encarga de la custodia de dichos sobres y de su posterior entrega en las Juntas Electorales correspondientes.

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

Los españoles que residan de forma permanente en otro país pueden descargar las papeletas y sobres de su circunscripción, imprimirlas y votar con ellas. Esta opción está limitada al voto CERA (censo de los electores residentes ausentes): los electores que envíen su voto por correo desde España o acudan a las urnas la fecha señalada no podrán utilizar estas papeletas descargables, sino aquellas homologadas para los comicios. 

Con la reforma de la ley electoral (LOREG), a través de la cual se eliminó el voto rogado, los residentes en el extranjero ya no necesitan presentar ninguna solicitud para ejercer su derecho al voto y además pueden descargarse las papeletas en la dirección oficial que se determine. Los electores reciben por envío postal la documentación electoral y pueden ejercer el voto tanto con las papeletas recibidas por correo como con los modelos de papeleta descargable homologados por la Junta Electoral Central para el voto CERA.

En estos casos, las papeletas para las elecciones al Senado son de color blanco y no anaranjadas como las que están disponibles en los colegios electorales o en el voto por correo. Esto es posible ya que el voto exterior no se suma al recuento de la noche electoral. El recuento del voto exterior se realiza cinco días después, durante el recuento definitivo.

Las papeletas descargables para los votantes CERA en las  elecciones generales del 23-J están disponibles en la página web del Ministerio de Interior habilitada para estas elecciones. Este portal advierte al usuario de que las papeletas “solamente son válidas para las personas residentes en el extranjero de manera permanente”.

El manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales el del 23-J no incluye de forma explícita que los votos emitidos con papeletas y sobres descargables sean nulos. Ahora bien, no están homologados para la votación presencial ni por Correo: solo para el voto CERA. Si a la hora de hacer el recuento algún miembro de la mesa se percata de que la papeleta o el sobre no coincide con las oficiales y homologadas, se podría anular ese voto.

Los considerados votos nulos para estas elecciones del 23-J son:

Además, en el caso de las elecciones al Congreso de los Diputados, serán considerados nulos aquellos sobres que contengan más de una papeleta de distintas candidaturas. Y, en el caso de las votaciones al Senado, aquellas en las que se haya marcado más de tres candidatos (más de dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla y más de uno den Menorca, Ibiza-Formentera, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma).

Por ejemplo, sería considerado voto nulo una papeleta del Senado impresa con el formato que ofrece el documento descargable de la web del ministerio si se emite presencialmente. Ya que, como hemos comentado, es de un color diferente a las oficiales que pueden encontrarse en las cabinas de los colegios electorales. Las personas que vayan a las urnas deben hacer uso de las papeletas que allí se encuentran.

Para las elecciones de febrero de 2021, la Conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña solicitó a la Junta Electoral Central (JEC) que los votantes residentes en España pudieran descargar e imprimir las papeletas de voto CERA para votar en las elecciones al Parlament celebradas. Fue una medida adoptada durante la pandemia de la COVID-19 para reducir el tiempo de exposición en los colegios y, por tanto, el riesgo de contagio.

En su acuerdo, la JEC indicó que, como establece la ley electoral, para las elecciones autonómicas es competencia de las comunidades autónomas regular el modelo de papeletas y sobres. Por lo tanto, la Generalitat de Cataluña podía establecer un modelo de papeleta y sobre electoral que permitiera su descarga en internet y su impresión por el elector; siempre que se realizara “con pleno respeto a la garantía del secreto de voto”. En ese caso, explicó la JEC, que los miembros de mesa debían interpretar con flexibilidad aquellos casos en los que pudiera considerarse voto nulo cuando las diferencias se debieran exclusivamente:

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La Mesa del Parlament ha avalado la propuesta de ERC de habilitar un sistema de "voto telemático transitorio" y que así pueda votar el diputado de Junts Lluís Puig, que reside en Bélgica, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya vuelto a anular su delegación de voto.

Así lo ha acordado la Mesa tras una reunión extraordinaria este martes por la tarde, y después de que los republicanos hayan propuesto este nuevo mecanismo temporal para poder garantizar el derecho de voto de Puig.

En paralelo, ERC y la CUP propusieron una reforma del Reglamento del Parlament para ampliar los supuestos de delegación de voto, entre los que ahora no figura residir fuera de Cataluña, e introducir el voto telemático, y mientras esta iniciativa se debate Puig podría acogerse al "voto telemático transitorio" para poder emitir sus votaciones en el hemiciclo.

Según han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press, la propuesta que ha acordado la Mesa por mayoría —con el voto en contra de los miembros del PSC— permite habilitar el voto telemático en situaciones de excepcionalidad para que se pueda votar en las comisiones parlamentarias y en el pleno.

El diputado que quiera ejercer el voto telemáticamente deberá solicitarlo y exponer sus motivos a través de un correo electrónico en el que transmitirá su sentido de voto cada vez que quiera participar en una votación.

El órgano de la Cámara catalana se reunirá para determinar si autorizar o no el voto telemático, que deberá estar justificado, y se verificará a través de una llamada telefónica la identidad del diputado solicitante.

Las mismas fuentes argumentan que durante la pandemia se había habilitado el voto telemático con una aplicación que se volverá a preparar y se tendrá que determinar si es mejor el uso de la aplicación o continuar con la solicitud de voto a través de un correo electrónico.

En el caso concreto de Lluís Puig, si solicita el voto telemático para el pleno del Parlament que comenzará este miércoles por la mañana, la Mesa se reunirá antes del pleno para autorizarlo.

La supresión del voto rogado traerá algunos cambios de cara a las elecciones autonómicas del 28-M, el principal de ellos que todos los españoles residentes en el extranjero e inscritos en el censo electoral recibirán en sus casas toda la información y las papeletas para poder ejercer su derecho, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, recoge Europa Press.

El primero y principal para poder votar en las elecciones autonómicas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunitad Valenciana, Aragón, Castila-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares, Madrid, así como a las Asambleas de Ceuta y Melilla, será estar inscrito en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) antes del 1 de febrero de este año. Asimismo, es necesario estar inscrito en el Registro de Matrícula Consular como residente en ese país.

Quienes cumplan con estos dos requisitos recibirán en la dirección que conste como su residencia entre el 21 y el 28 de abril documentación con la información sobre cómo ejercer el derecho de voto así como la web en la que se podrán consultar las candidaturas definitivas para los distintos comicios que tendrán lugar el 28 de mayo así como las papeletas descargables para las mismas.

No obstante, a partir del 3 de mayo y como muy tarde el 13 del mismo mes, todos los españoles con derecho a voto residentes en el extranjero e inscritos como tales recibirán en sus casas las papeletas definitivas de las elecciones en las que pueden participar.

Como ocurre con los votantes residentes en España, los electores en el exterior podrán ejercer su derecho a voto tanto de forma presencial como por correo. En cuanto al voto presencial, este podrá ejercerse entre el 20 y el 25 de mayo en el centro de votación que se haya habilitado en su país de residencia.

Según la instrucción dada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se votará en las Oficinas Consulares de carrera (Consulados Generales, Consulados y Secciones Consulares de las Misiones Diplomáticas), si bien en algunos países se han elegido otras dependencias de titularidad estatal, como las sedes del Instituto Cervantes, debido a las necesidades específicas de los emplazamientos para garantizar el buen desarrollo de la cita con las urnas.

En estos 'colegios electorales' en el exterior, deberá cumplirse con toda una serie de requisitos para garantizar la confidencialidad del voto. Así, además de la instalación de cabinas de voto deberán estar disponibles papeletas oficiales de voto así como sobres de votación suficientes y también medios informáticos necesarios para que se pueda descargar llegado el caso la documentación necesaria.

En realidad, lo que harán los electores en el exterior será depositar en las urnas habilitadas para tal fin un sobre dirigido a la junta electoral competente a los comicios en los que desean participar en el que estará incluido a su vez el sobre con la papeleta de su elección. Dicho sobre deberá ser sellado por un funcionario consular y firmado, previa exhibición y entrega de uno de los certificados de inscripción en el CERA que recibirán los votantes en sus casas.

Por lo que se refiere a quienes opten por la modalidad del voto por correo deberán solicitarlo, al igual que los residentes en España, antes del 18 de mayo. A continuación, deberán hacer llegar su sobre, a ser posible por correo certificado, a la Oficina Consular en la que estén inscritos hasta el 23 de mayo.

No obstante, los españoles que se encuentren temporalmente en el extranjero en el momento de las elecciones también podrán votar siempre que estén inscritos en el censo electoral. En este caso, también deberán cumplir con una serie de trámites y requisitos con el fin de poder ejercer su derecho de voto.

Para ello, es necesario que acudan a la oficina consular en cuya demarcación se encuentren e inscribirse como no residente en el Registro de Matrícula Consular. Una vez hecho esto, tendrán que rellenar el impreso de solicitud de voto entregarlo personalmente en dicha oficina, la cual trasladará dicha petición a la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral que le corresponda por su lugar de empadronamiento en España.

Tras ello, será esa oficina del Censo Electoral la que le haga llegar a su domicilio temporal en el extranjero la documentación electoral pertinente así como la información con todas las instrucciones. A continuación, deberán enviar su sobre por correo certificado desde una oficina postal del país en que residan a la mesa electoral de España que les corresponda.

El diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, se ha vuelto a equivocar durante una votación en el Congreso de los Diputados. Con su error al votar, el conservador ha apoyado la petición de ERC, Bildu y Más País pactada con el PSOE para que se investigue la responsabilidad de los gobiernos de Mariano Rajoy en la conocida como cloaca policial por la Operación Catalunya. Ha sido el único diputado del PP que ha votado en este sentido.

Hay que recordar que este mismo diputado del PP, con un idético error en otra votación telemática como la de este jueves, permitió al Gobierno salvar la aprobación en el Congreso del proyecto de la reforma laboral. El voto se envió de forma telemática desde la casa de Alberto Casero en Madrid y el conservador aseguró que él no cometió ningún error.

Ante esta situación el PP culpó al Congreso de no contar bien, lo achacó a un error en el sistema telemático del Parlamento y alegó que la Presidencia fue informada con antelación y no permitió la corrección. Aun así, esa equivocación hizo que la reforma fuese aprobada in extremis, por 175 diputados a favor frente a 174 en contra.

Gracias a la nueva equivocación por parte de diputado del PP, el Pleno del Congreso ha acordado este jueves con apoyo del PSOE, Unidas Podemos y sus habituales socios crear una nueva comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior que dirigió, en su momento, Jorge Fernández Díaz en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata del tercer órgano para investigar supuestas tramas parapoliciales que funcionará en la Cámara Baja y, además de centrarse en la conocida como Operación Catalunya, se ampliará también tramas anteriores como la Operación Kitchen.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid, Patricia Jiménez-Alfaro, ha acordado archivar las diligencias de investigaciones que se incoaron el pasado 4 de febrero al considerar que no hubo delito informático en la votación del Congreso por la que se aprobó la reforma laboral —con un voto de diferencia— después de que el diputado del PP Alberto Casero votara a favor.

En un auto de 15 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez ha dado cierre a la causa al estimar que "no resulta debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna". Fuentes jurídicas han confirmado que el abogado que presentó la denuncia —Esteban Gómez Rovira— ya ha interpuesto recurso contra el archivo.

La decisión de la magistrada tiene lugar días después que los letrados de la Cámara Baja descartaran que hubo un fallo del sistema informático y confirmaran que el voto de Casero fue válido y, por ende, no cabía su revocación aunque él se equivocara.

La titular del Juzgado ha dado por finalizado el recorrido de la denuncia que presentó Gómez Rovira, quien solicitó a la Guardia Civil que accediera al domicilio del diputado del PP y al Congreso "para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios".

Gómez Rovira interpuso dicha denuncia después de que Casero y el PP alegaran que se había producido un error informático en el voto telemático que emitió desde casa. El Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, de guardia el pasado 4 de febrero, abrió diligencias para determinar si había habido un delito informático o no.

Se da la circunstancia de que por error en un primer auto el juzgado señaló que el denunciante era el propio Casero, algo que fuentes jurídicas se encargaron de desmentir ese mismo día, apuntando a un posible error a la hora de redactar la resolución.

El juez de guardia dio traslado al Ministerio Público para que se pronunciara al respecto de las diligencias solicitadas. Ante tal petición, la Fiscalía presentó un informe en el que se opuso al no considerarlas urgentes. Posteriormente, el magistrado instructor acordó que no era el momento para entrar al domicilio de Casero o al Congreso basándose en "meras sospechas".

Así las cosas, el juez envió la investigación a reparto en los Juzgados de Plaza de Castilla y recayó en la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid, quien ha archivado ahora las diligencias.

Ante la resolución de la magistrada, el abogado ha presentado recurso de reforma y ha pedido a la titular del Juzgado que acuerde la declaración testifical de Alberto Casero.

"Nada tan sencillo como el hecho de que el diputado, que no se ha pronunciado todavía sobre si existió un error humano, declare si verificó, con la firma electrónica y ratificando por segunda vez, que votó no, aunque el recibo digital señalara sí y que por eso entró en el sistema hasta 5 veces hasta las 17:55h, entendiendo que lo hizo porque debía comprobar tal supuesto error", ha señalado el letrado en un escrito al que también ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, Gómez Rovira ha precisado que de ser "rotundo" el testimonio de Casero, se deberá realizar "un examen informático independiente".

La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) por la que se introdujo la figura del voto rogado acaba de cumplir ocho años. Se aprobó en el Congreso de los Diputados en el año 2011 con los votos del PSOE y el PP —y el respaldo de CiU y el PNV—. Desde entonces, ha estado rodeada de polémica. Lo que se hizo fue, exactamente, modificar el artículo 75 de la LOREG. Quedó redactado de la siguiente manera: "Los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero deberán formular mediante impreso oficial la solicitud de voto dirigida a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral". Los emigrantes españoles, de este modo, comenzaron a tener que mostrar su voluntad de votar antes de cada cita con las urnas. Empezaron a "rogar" su voto.

La medida fue duramente criticada por todos aquellos españoles que, por una cuestión u otra, ya no residían en España pero querían seguir teniendo voz, y sobre todo voto, en los comicios de su país. Reclamaron que se diera marcha atrás a la reforma. Pero de poco sirvió. Ahora, ocho años después, la situación es la misma. Siguen exigiendo que se ponga fin a una fórmula que, según dicen, ha puesto barreras innecesarias al voto, provocando un descenso considerable en la participación electoral desde el exterior. Los datos les avalan: en 2008, el último año en el que se celebraron elecciones generales sin que existiera el voto rogado, la participación de los españoles emigrados fue del 31,7%, según los datos del Ministerio del Interior. En los siguientes comicios, los de noviembre de 2011, la abstención llegó al 95% (participó un 4,9% del Censo Electoral de los Residentes Ausentes, CERA). Desde entonces, la tónica ha sido esa. 

La reforma que intentaron acometer el Gobierno y Unidos Podemos finalmente tendrá que esperar, como mínimo, hasta el inicio de la siguiente legislatura. Será entonces cuando, espera María Almena, de la plataforma de emigrantes Marea Granate, no solo se derogue el ruego del voto, sino que se acometan reformas importantes destinadas a mejorar el funcionamiento del voto exterior. Para ello, además de las propuestas que presentó la propia organización ante la Comisión Constitucional que estudiaba la reforma de la ley electoral, hay otros países en los que fijarse. El modelo del voto exterior es muy diverso. En ningún país es idéntico a otro. 

Método de votación de los electores residentes en el extranjero. | Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)

De hecho, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), una fundación sueca, realizó un exhaustivo estudio en el año 2007 [que se puede consultar en este enlace] destinado a explicar, país por país, cómo funciona la legislación del voto exterior. Además del documento, elaboraron una página web con los datos actualizados al máximo posible, tal y como explican fuentes de la organización a infoLibre. Así, se puede observar que el método de votación desde el exterior más frecuente es el presencial, seguido del envío postal de las papeletas —y de los países que, directamente, no permiten el voto de los emigrantes—. No obstante, hay países en los que rige un sistema mixto de votación. 

Método de votación de los electores residentes en el extranjero. | Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)

España no es el único país del mundo en el que sus emigrantes tienen que solicitar el voto antes de las elecciones, mostrando su deseo de participar en los comicios. En Estados Unidos ocurre lo mismo, informa Raquel Romero, de Podemos Exterior, un grupo que, dice, ha estudiado las fórmulas empleadas en otros lugares del mundo a la hora de acometer una legislación regulatoria del voto exterior. Almena lo confirma: "Allí hay un requisito de preinscripción, por eso la participación es tan baja. Es un método disuasorio", asegura. Pero hay matices. Tienen que hacerlo para absolutamente todas las elecciones y vivan donde vivan: dentro o fuera del país. "El registro se hace una vez al año y vale para todas las elecciones", explica Romero. Portugal, según informa Jesús García, perteneciente a la Marea Granate y residente en el país, lo ha eliminado recientemente. 

infoLibre ha consultado al resto de partidos políticos si han observado modos de legislar el voto exterior en otros países que pudieran trasladarse a España. Además de Podemos, el PP respondió que, más que tomar el ejemplo de otros lugares, prefiere adaptar sus demandas de reforma del voto rogado a las necesidades que consideran específicas de los españoles residentes en el extranjero. A la hora de editar esta información, el PSOE no pudo responder y no se obtuvieron comentarios desde Ciudadanos. 

Circunscripción exterior

Hay muchas vías que otros países han adoptado para facilitar el voto de los residentes en el extranjero. Una es la circunscripción exterior. Es, de hecho, una de las demandas más repetidas por Marea Granate y una de las reclamaciones incluidas en el informe que presentaron ante la Cámara Baja. "Creemos que es fundamental que los intereses de la ciudadanía española que vive en el extranjero se vean representados en ambas cámaras a través de la creación de una circunscripción exterior, cumpliendo de esta forma con una reivindicación histórica de la emigración española. La problemática específica de quienes vivimos fuera de nuestro país queda con muchísima frecuencia alejada de leyes y parlamentos y es difícil de abordar sin una representación directa", consideran. 

No es algo anómalo. Existe, por ejemplo, en Francia, donde reside Almena. "Es una demanda histórica de la emigración. De hecho, el programa socialista de José Luis Rodríguez Zapatero la incluyó", dice. "Es un mecanismo que no solo tiene Francia, sino que también existe en Italia y Portugal", añade. ¿En qué consiste? En reservar una serie de diputados y senadores para ser escogidos mediante el voto de los residentes en el extranjero. Por ejemplo, en Portugal, según García, los emigrantes pueden escoger "a cuatro diputados de los 230 que puede llegar a tener la Asamblea". "La circunscripción exterior apunta al logro de ciertos objetivos como los de reforzar los términos de vinculación con la comunidad política nacional, promover una agenda propia legislativa e intervenir directamente en los debates y procesos de toma de decisión política sobre los temas de interés nacional", afirma Marea Granate. 

Pero Almena lamenta que sea una demanda difícil de conseguir: "Nos daría mucho peso político, convirtiéndonos en la tercera provincia española por la cantidad de población que está fuera", indica. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 1 de enero de 2019 hay 2.084.479 residentes en el extranjero incluidos en el CERA. Pero no es complicado solo por eso. "Incluirlo requiere una reforma de la Constitución", afirma. Así lo dijo un informe elaborado por el Consejo de Estado en el año 2009. No obstante, todos los grupos del Senado aprobaron en 2017 una moción presentada por Unidos Podemos que incluía estudiar este aspecto concreto. 

Voto por delegación

Pero no solo existe ese elemento. Hay otro que también Francia ha puesto en práctica. Se trata del voto por delegación o voto proxyproxy, tal y como lo denomina la fundación IDEA. "Aquí en Francia funciona incluso para los residentes dentro del país", explica Almena. "Es sencillo y funciona muy bien. La persona que vota va a cualquier comisaría y pide que otra persona vote por ella en la mesa electoral que corresponda", explica. Es otra de las propuestas que se llevaron al Congreso.

"La delegación de poder permitiría el ejercicio del derecho a voto en países con dificultades en los sistemas de envíos postales o en situaciones de movilidad extrema de los emigrantes", explicó la organización en su informe presentado ante la Cámara Baja. Esto, dicen, paliaría los problemas de inscripción de los emigrantes en los consulados. Un proceso que, según explica Almena, no es tan sencillo como parece por la ausencia de instituciones en todas las ciudades o, incluso, por los horarios tan restringidos que tienen. 

Además de en Francia, según los datos de IDEA, este método está presente en otros países como Reino Unido, Países Bajos o Bélgica. En España, en cambio, no ha sido una propuesta que haya estado tan encima de la mesa como sí lo estuvo la creación de una circunscripción exterior. 

Papeleta en blanco

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez y Unidos Podemos presentaron el pasado 8 de febrero en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma de la Ley Electoral que la Mesa aceptó tramitar por el procedimiento de urgencia y de lectura única. La iniciativa partía de la eliminación del voto rogado y, para agilizar los trámites, proponía que los electores residentes fuera de España recibieran una papeleta en blanco, lo que facilitaría que disponer de esa documentación en plazo. 

Concretamente, lo que planteaban PSOE y Unidos Podemos en esta reforma es que los electores ya no tendrán que esperar a conocer todas las candidaturas, sino que recibirán una papeleta en blanco donde escribir el sentido de su voto y una documentación con las instrucciones sobre cómo podrán conocer las candidaturas proclamadas, de las que se informará en la página web del Ministerio de Exteriores, vía telefónica o a través de la oficina consular.

Fue una medida controvertida. Generó dudas, de hecho, en PP y Ciudadanos, que no terminaron de apoyarla. Pero la medida no era nueva. "Se da la circunstancia de que este modelo de papeleta es bien conocido por los electores en el extranjero, ya que se utilizó en las elecciones municipales hasta 2011 y desde entonces se ha seguido utilizando para el voto en las elecciones municipales de los españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero", recuerda la propuesta presentada en la Cámara. Pero es algo que, además, está en marcha en Finlandia —donde a cada candidato se le asigna un número, que es el que se escribe— y Suecia, según Romero. 

El adelanto de los comicios ha frustrado la reforma de la ley electoral y, con ella, la derogación del voto rogado, que seguirá vigente en las próximas elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo. Será después, con la composición de las próximas Cortes, cuando el nuevo equilibrio de fuerzas resultante de las urnas tenga que comenzar, de nuevo de cero, como lamenta Almena, a debatir cómo acometer lo que desde fuera de España se lleva años exigiendo. 

El PP ha condicionado la supresión del voto rogado que se exige a los españoles residentes en el extranjero a que la nueva alternativa que se apruebe ofrezca garantías equivalentes, informa Europa Press, a las que se aplican en España para el voto por correo o la delegación de trámites.

Desde 2011, el voto rogado obliga a los españoles residentes en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales, autonómicas y europeas, si bien este sistema viene haciendo caer en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes. Es por ello que todos los grupos parlamentarios coinciden en que es necesario dar una solución a este sistema con idea de que uno nuevo pueda estar listo antes de las elecciones autonómicas y europeas previstas para la próxima primavera.

El Gobierno ya trasladó a finales de octubre al Congreso el informe comprometido por el ministro del ramo, Josep Borrell, con algunas sugerencias para acabar con el voto rogado. En concreto lo hizo a la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar una posible reforma de la Ley Electoral. Aunque dicho informe tuvo una buena acogida entre los grupos, según comentó el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, desde el PP cuestionan algunas de las medidas incluidas en ese documento por considerar que no ofrece suficientes garantías.

Las propuestas del Gobierno

El informe redactado por los Ministerios de Exteriores, Interior y Migraciones, en colaboración con la Oficina del Censo Electoral y el propio Cámara, apuesta por eliminar directamente la exigencia del ruego del voto y, además, establece que los electores emigrados reciban toda la documentación electoral "con tiempo suficiente" para poder votar −se ganarían "17 días"−, y que se les adelante una papeleta en blanco donde podrán escribir su opción política.

Según esta propuesta, los electores tendrán que esperar a conocer todas las candidaturas, que se les facilitará a través de la página web del Ministerio de Exteriores, vía telefónica o a través de la oficina consular correspondiente, antes de poder emitir su voto. Y para votar, seguirán teniendo dos opciones: bien acudir presencialmente al Consulado o legación, para lo cual tendrán cuatro días en lugar de dos como actualmente, o hacerlo por correo ordinario, sin la exigencia de que sea certificado, garantizando así la gratuidad absoluta del voto.

Rechazo de la papeleta en blanco

Pero el PP no ve suficientes garantías de que, sin el voto rogado, la documentación electoral sea recibida efectivamente por el emigrante y no por otra persona, ni de que el votante del exterior sea realmente quien deposita la papeleta en una sede no oficial de España.

Los conservadores rechazan también la propuesta de escribir la opción política en una papeleta en blanco por falta de seguridad, pero sí apoyan la idea de ampliar los días para recibir la documentación electoral. Es más, plantean que las papeletas con las candidaturas se envíen incluso antes de que se acaben de resolver los últimos recursos que puedan recibir y que se amplíe la red de colegios para votar en el extranjero, aprovechando oficinas del Instituto Cervantes u otros centros oficiales.

Otra de las propuestas del PP, según explicaron a Europa Press fuentes de partido, pasa por que los envíos al exterior no se realicen desde la Oficina del Censo Electoral, como actualmente se hace, sino que se envíe por valija diplomática para asegurar así que esa documentación llegue a su destino en 48 horas. Los conservadores abogan, además, por que los españoles en el extranjero se inscriban en una delegación diplomática y comuniquen su intención de votar en los próximos cuatro o cinco años, lo que permitiría que la red exterior les tenga fichados y tenga un domicilio claro donde enviarles la documentación.

El partido de Pablo Casado defenderá estas propuestas durante la reunión que la subcomisión electoral ha convocado para este lunes en el Congreso con idea de seguir buscando consensos en torno a una alternativa al voto rogado. La idea inicial de la subcomisión es que cualquier modificación en este sentido pueda estar lista para las elecciones europeas y autonómicas de la próxima primavera −como así sugirió el presidente Pedro Sánchez−, para lo que la reforma electoral debería estar concluida, como muy tarde, en enero.

El presidente de la Comisión Constitucional, el popular Jesús Posada, tiene previsto convocar la subcomisión que estudiará posibles cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para el próximo 20 de junioLey Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) ante la falta de propuestas por parte de los grupos parlamentarios, que deberían haber presentado a finales de mayo sus planes generales para que ésta comience ya con sus trabajos de estudio.

El mismo día de la constitución de la citada subcomisión, el pasado 10 de mayo, Posada dio un plazo de dos semanas a los grupos para que presentaran los asuntos prioritarios sobre los que comenzar a trabajar, e incluso les animó a plantear los comparecientes que pretenden que desfilen por el citado órgano para ilustrar a sus señorías. Aunque los trabajos deliberativos serán a puerta cerrada, las comparecencias serán públicas.

Sin embargo, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en esta semanas sólo ha cumplido el plazo la representante del Grupo Mixto, la diputada de EH Bildu Marian Beitilarrangoitia. De ahí que el presidente de la Comisión Constitucional les haya citado el próximo día 20 para ver si se deciden a avanzar.

Comparecencias tras el verano

Visto lo visto, aunque se consiga acotar algunos puntos en ese encuentro, Posada no tiene intención de pedir que se habilite el mes de julio para empezar a trabajar y da por hecho que las comparecencias no empezarán como pronto hasta septiembre.

La citada subcomisión tendrá por objeto analizar propuestas para mejorar la proporcionalidad del sistema, el desbloqueo de las listas electorales, el fin del sistema del voto rogadopara los españoles residentes en el extranjero y las listas cremallerael fin del sistema del voto rogadolas listas cremallera para consagrar la igualdad.

Asimismo, estudiará medidas para fomentar el voto electrónico, quitar obstáculos al voto de personas con discapacidad, regular los debates electorales o abrir la puerta a la posibilidad de que se pueda votar a partir de los 16 años.

No obstante, los grupos acordaron en su día no fijar un marco cerrado con los temas que se tratarán en esa subcomisión que, tras un análisis técnico y un debate político, deberá alumbrar propuestas en un plazo de seis meses, si bien podrían acordarse prórrogas por periodos de seis meses.

De momento, uno de los asuntos que ya está encima de la mesa, y que se tocó en la primera reunión de esta subcomisión, es el voto rogado después de que el Senado haya hecho llegar a la misma el acuerdo de todos los grupos de esa Cámara para derogar este sistema.rogado

Temor a que "no cambie nada"

Ciudadanos teme que PP y PSOE vuelvan a ponerse de acuerdo una vez más para que "no cambie nada", según comentó a Europa Press su secretario general, José Manuel Villegas, cuyo partido acude a la subcomisión con idea de implantar listas abiertas y desbloqueadas, mejorar la proporcionalidad de los votos y acabar con el voto rogado.

Éstas también son algunas de las demandas por las que aboga el PSOE, que, por su parte, también plantea la necesidad de incluir en una hipotética reforma electoral las listas cremalleracremallera (hombre-mujer) para consagrar la igualdad, por hacer posible el voto de las personas con discapacidad o por regular los debates electorales.

Unidos Podemos también apuesta por acabar con el voto rogado y, además, defiende aumentar el número de diputados a elegir -de 350 a 400-, y cambiar el sistema de reparto, jubilando la fórmula de D'Hont, con el fin de aumentar la proporcionalidad, tal y como ha defendido en declaraciones a los medios el portavoz del partido morado en la Comisión, Íñigo Errejón, quien, no obstante, ha lamentado que el "melón" de la reforma electoral se abre "tarde".

El PP hará hincapié en su empeño por asegurar la Alcaldía al candidato de la formación más votada, mientras que ERC quiere extender el derecho al voto a los 16 años, bajar de dos a uno el mínimo de diputados por provincia y suprimir la jornada de reflexión.

En 2016, retoque para casos de repetición de elecciones

Precisamente, la última gran modificación del sistema electoral data de 2011, cuando se introdujo, entre otros aspectos, el cuestionado voto rogadorogado para emigrantes del que ahora reniegan hasta los partidos que lo promovieron.

La última reforma puntual de la LOREG es de octubre de 2016, cuando el Congreso aprobó una proposición de ley para reducir el periodo electoral en estos casos de repetición de comicios (artículo 99 de la Constitución).

Aquella iniciativa llegó al Congreso de la mano del PP después de que la fecha elegida por el presidente Mariano Rajoy, entonces candidato del PP a la reelección, para su primer debate de investidura obligaba a tener que votar en Navidad al cumplirse dos meses sin presidente.

En esta reforma exprés de la LOREG también salieron adelante las enmiendas que el PP, el PSOE y Ciudadanos presentaron conjuntamente para reducir un 30% las subvenciones electorales y un 50% el tope de gasto disponible para cada partido en los casos en los que haya que repetir las elecciones por falta de acuerdo para una investidura.

El Ministerio del Interior no se plantea poner en marcha el voto electrónico en España debido al alto riesgo que existe de sufrir un ciberataque y que el resultado electoral sea manipulado, según ha revelado este jueves el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

En una jornada sobre ciberseguridad, Nieto ha expuesto cómo ha cambiado la sociedad debido al uso de Internet y ha puesto como ejemplo el ámbito electoral. Según ha reconocido, las campañas electorales "no se entenderían" actualmente sin el mundo virtual, pero ello conlleva también peligros que hacen que Interior no se plantee implantar sistemas electrónicos de votación.

"Hoy estamos más lejos del voto electrónico que hace diez años porque es muy manipulable", ha confesado haciendo hincapié en que "muy pocos se atreven a garantizar la seguridad y veracidad" del resultado y se trata de "un riesgo" que, a su juicio, España "no debe asumir".

Según ha podido saber Europa Press, la Junta Electoral Central recomendó hace ya siete años al Gobierno el estudio de sistemas que permitiesen el uso de sistemas electrónicos para los procesos electorales, pero Nieto ha insistido en que el incremento de los ataques cibernéticos durante los últimos años hace que se trate de una avance que no esté en la agenda a corto plazo. "La tradicional papeleta sigue siendo más segura", ha defendido.

Crecimiento del 22,3% en 2017

Los denominados ciberdelitos presentan un incremento exponencial año tras año. Las denuncias por este tipo de ataques en España durante el primer trimestre de 2017 crecieron un 22,3% respecto al año anterior, según ha expuesto el secretario de Estado, que ha revelado que en 2016 se detectaron un total de 66.586 ciberdelitos, un 10,7% más que en 2015.

Estos datos son ligeramente superiores a los del conjunto de la Unión Europea porque los españoles aún deben concienciarse de la necesidad de la protección en Internet, ha explicado el secretario de Estado , que sin embargo ha destacado como aspecto favorable el aumento de las denuncias.

Nieto ha comparado esta situación con la de la violencia de género, donde sólo se denuncia el 20 por ciento de las agresiones existentes y el objetivo es aumentar estas denuncias. "La evolución del primer trimestre de los ciberdelitos denunciados muestra una tendencia al alza, pero también un aumento de las denuncias", ha celebrado.

Los delitos cibernéticos fueron centro de atención tras el ataque sufrido por más de 180 países el pasado 12 de mayo, al que el número dos de Interior ha asegurado que España reaccionó de forma "rápida y ágil" haciendo posible que sus efectos fueran "bastante limitados".

Según ha expuesto, la ciberdelincuencia permite la deslocalización del delito, la multiplicación exponencial de sus efectos, la ocultación del delincuente y la dificultad de la labor policial y judicial. Además, al tener casi siempre un carácter internacional, exige una cooperación policial y judicial entre países que hace "más lentas" las operaciones.

Estado Islámico multiplica su esfuerzo en Internet

Uno de los focos de atención en el mundo de los delitos cibernéticos es el del terrorismo, sobretodo después de que Estado Islámico haya demostrado una gran agilidad en su manejo para la captación y adoctrinamiento a través de las redes sociales y "la expansión de su mensaje de odio".

"El mal se desarrolla bien en las redes sociales", ha reconocido Nieto, que ha explicado que Internet ha propiciado durante los últimos años una multiplicación de su mensaje que "no tiene precedentes". Y ha expuesto que, al mismo ritmo que los terroristas pierden territorio físico en Siria o Irak están "duplicando" su esfuerzo en el mundo virtual.

En este ámbito también ha asegurado que España ha desarrollado un trabajo "de éxito", que demuestra el hecho de que todas las operaciones contra el terrorismo yihadista tuvieron su origen en seguimientos hechos en Internet. En esta legislatura, las operaciones antiterroristas se han saldado con un total de 81 detenidos.

El rendimiento insatisfactorio de la democracia respecto a la crisis económica, y a la corrupción, ha provocado la aparición de viejas ideas no democráticas que, como infecciones latentes en un cuerpo debilitado, han reaparecido con fuerzas renovadas. La desmemoria propia de los seres humanos, y la juventud de las personas que ahora las encarnan, dan un inmerecido aire de novedad a esas viejas ideas. Sin embargo, la tecnocracia y el populismo, por mucho que hayan cambiado de piel, no son nuevas, y su aparición en un momento de debilidad de la democracia, tampoco lo es.

Una de las cosas que más está debilitando a nuestra democracia es, precisamente, el desconocimiento de los principios que la sustentan. Hace  meses, una persona, profesionalmente muy preparada, que se iniciaba en las lides parlamentarias me decía en la cafetería del Congreso de los Diputados que es difícil entender que el voto de un analfabeto valga igual que el voto de un catedrático de universidad. Treinta y cinco años antes, con palabras más sexistas y más clasistas, le escuché hacerse la misma pregunta a un catedrático de mi facultad. “¿Por qué vale igual mi voto que el de la mujer que limpia mi despacho?”, dijo aquel hombre tan preparado en su profesión. La persona que me hablaba en el Congreso daría su vida por defender la democracia, pero sería más útil que, en lugar de morir por ella, conociera uno de sus principios esenciales: la igualdad en el voto.

Lo cierto es que, lo verbalicen o no, a muchas personas se les hace cuesta arriba aceptar que para dar clase a niños de seis años en el colegio del pueblo sea necesario tener una titulación universitaria y, sin embargo, para ser el alcalde de ese mismo pueblo no sea necesario ningún título académico. Son muchas las personas que se preguntan por qué alguien sin estudios universitarios, o sin saber inglés, es diputado, o ministra, cuando jóvenes con doble titulación universitaria y varios idiomas están en paro, o deben marcharse del país a buscarse la vida.

Es posible que quienes se hacen esas preguntas no sospechen, ni por asomo, que el sentido común que las inspira no es un sentido común democrático. La pregunta por el nivel académico de los votantes y de los elegidos no sólo pone en cuestión el principio igualitario en el que se sostiene nuestra democracia, que es el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana a elegir y ser elegido, sino que demuestra desconocer qué razones justifican ese principio igualitario. Las razones por las que vale igual el voto de todos y por las que todos pueden presentar su candidatura.

Quienes se hacen estas preguntas, por muy demócratas que se declaren, no tienen fácil defender la democracia del ataque de los tecnócratas y meritócratas. De hecho son estos últimos los que han conquistado la hegemonía del discurso político. Si, hoy día, alguien pusiera un tuit defendiendo que sólo puedan votar o presentarse a las elecciones los ciudadanos y ciudadanas que paguen más de veinte mil euros anuales de IRPF, sufriría un linchamiento digital inmediato, pero si alguien nos dice que sólo puedan presentarse a liderar un partido las personas que hablen dos idiomas extranjeros, no ocurrirá nada, y probablemente mucha gente lo apruebe. Sin embargo, limitar el acceso a los cargos públicos a las personas con cierto nivel educativo no es una forma de mejorar la democracia, sino de limitarla y empequeñecerla, como ocurría con el voto censitario en el siglo XIX.

Una ideología triunfa cuando la sociedad deja de percibirla como ideología y empieza a considerarla como sentido común. Si una persona va a un hotel de gran lujo, le preguntarán por el tamaño de su cartera, pero nadie le pedirá sus credenciales académicas. ¿Se imagina el amable lector, o lectora, que, antes de operarse, alguien le preguntara a su cirujano cuánto dinero tiene en el banco? No, esa pregunta no es de sentido común, nos dirían. Y es que el sentido común en nuestra sociedad es más capitalista, y más meritocrático, que democrático. Si tienes mucho dinero, no te preguntan por tus títulos académicos, porque en el mercado basta con el dinero. Si te presentas a una oposición a un puesto de profesor, no te preguntan por tu dinero, porque en el mundo académico suele bastar con el conocimiento. Sin embargo, si tienes muchos votos te preguntarán por el título académico, y por los conocimientos, y por si has cotizado alguna vez en la vida a la Seguridad Social, porque para mucha gente los votos, por sí solos, no legitiman ninguna jerarquía, ni ningún poder, social. Los años que pasamos en el sistema educativo, los procesos de selección laboral, nos han socializado en los valores meritocráticos antes que en los democráticos. Nuestra sociedad se ha hecho coherentemente meritocrática, pero no se ha hecho coherentemente democrática. De manera casi inconsciente desafiamos cotidianamente la jerarquía, temporal, que nace del voto, en tanto que somos muy respetuosos con otros poderes, u otras jerarquías, como la del dinero o la del conocimiento.

A estas alturas espero haber convencido al paciente lector o lectora de este texto de que los meritócratas están cuestionando la democracia, y con bastante éxito. La pregunta es si, además de éxito, tienen razón. Lo cierto es que el compromiso de la democracia no es que gobiernen los mejores, ni los que tienen más títulos académicos, sino los elegidos por todos. Y, por cierto, la democracia no se basa en la primacía intelectual del pueblo. Lo que atribuye la democracia al pueblo, como su propio nombre indica, no es la razón, sino el poder. Una distinción que no conviene olvidar. Entre las facultades del pueblo en una democracia está el hacerte más poderoso, pero no más listo. Saber que te han dado el poder, pero no la razón, o un conocimiento superior, debería ser un incentivo para que los líderes democráticos usaran el poder de forma más prudente y aceptaran, de buen grado, límites y contrapesos.

Como dice mi admirado amigo el profesor Manuel Zafra, la democracia es el sistema político en el que los no expertos gobiernan a los expertos. Y esto es lo que les resulta imposible digerir a muchas personas que forman parte de una sociedad tan racional y avanzada como la nuestra, o como la griega de hace dos mil quinientos años. Sócrates se preguntaba por qué nadie era escuchado con respeto en la Asamblea de Atenas cuando se atrevía a hablar sobre cómo se debían construir los barcos o los edificios, si esa persona no tenía formación en dichos temas y se conocían sus maestros, y sin embargo, en lo referente al gobierno de la ciudad “aconseja, tomando la palabra, lo mismo un carpintero que un herrero, un curtidor, un mercader, un navegante, un rico o un pobre, el noble o el de oscuro origen, y a éstos nadie les echa en cara, como a los de antes, que sin aprender en parte alguna y sin haber tenido ningún maestro, intenten luego dar su consejo”.

Esta es la pregunta que nos lanza Sócrates a los demócratas, y a esa pregunta responde Protágoras contando un mito: “Zeus, entonces, temió que sucumbiera toda nuestra raza, y envió a Hermes que trajera a los hombres el sentido moral y la justicia, para que hubiera orden en las ciudades y ligaduras acordes de amistad. Le preguntó, entonces, Hermes a Zeus de qué modo daría el sentido moral y la justicia a los hombres: «¿Las reparto como están repartidos los conocimientos? Están repartidos así: uno solo que domine la medicina vale para muchos particulares, y lo mismo los otros profesionales. ¿También ahora la justicia y el sentido moral los infundiré así a los humanos, o los reparto a todos?» «A todos, dijo Zeus, y que todos sean partícipes. Pues no habría ciudades, si sólo algunos de ellos participaran, como de los otros conocimientos. Además, impón una ley de mi parte: que al incapaz de participar del honor y la justicia lo eliminen como a una enfermedad de la ciudad.»”.

Afortunado ejemplo el de la medicina. Nos será útil para entender qué tipo de decisiones son las decisiones políticas. Si le preguntamos a un médico qué especialidad clínica es mejor tener para ser director médico de un hospital, probablemente se quedará sorprendido. ¿Son mejores directores médicos de hospital los neumólogos o los cardiólogos? ¿Los urólogos o los ginecólogos? ¿Los pediatras o los traumatólogos? No hay una respuesta, pero lo más frecuente es que nos digan que la pregunta está mal planteada. Y está mal planteada porque el director médico no se ocupa de curar a los niños, o de examinar la próstata a los varones cincuentones, sino de hacer que la vida del hospital fluya de manera positiva para quienes trabajan en el mismo y para la sociedad. El director médico del hospital, en tanto que tal, no tiene nada que decir sobre una técnica quirúrgica concreta, su tarea es política no técnica. La más joven y brillante neurocirujana recién llegada del mejor hospital de Estados Unidos no será necesariamente mejor directora médica que una veterana cardióloga que ha vivido los conflictos y las esperanzas del hospital durante varios lustros.

Lo mismo ocurre con los rectores de las universidades. Hay que ser catedrático para presentarse a rector, pero ¿sabemos qué especialidad produce los mejores rectores? ¿El Derecho Constitucional o la Macroeconomía? ¿La Psicología o la Estadística? En realidad el rector no forma parte de los tribunales de tesis o de oposición (salvo en los de su especialidad, en los que, obviamente, no está a título de rector), aunque firma los títulos de doctor, junto con el rey, o los nombramientos de catedrático. Las decisiones del rector no son técnicas. El rector tiene que abordar problemas que no tienen una única solución, sino varias y de resultado incierto. El rector tiene que decidir, por ejemplo, si se externaliza o no el servicio de limpieza de la Universidad. Y como para esa decisión no hay una respuesta científica, sino política, es bueno que el personal de administración y servicios tenga derecho a votar y a participar en los órganos de gobierno de la universidad. ¿Deben tener derecho los hijos del personal de limpieza externalizado a asistir a la colonia de verano que la universidad organiza para los hijos de los profesores? Esta es una típica decisión política, y para responder a ella da igual si eres catedrático de latín o de filología inglesa, por eso el rector es un político, y por eso no hay oposiciones a rector con un temario, sino elecciones con un programa. La política se ocupa de decidir sobre aquellos problemas que no tienen una solución científica.

La igualdad política de la democracia tiene una explicación racional que tiene que ver con cierta superioridad del sistema democrático en lo referente al conocimiento, pero no se trata de la superioridad que reivindican los que defienden que el pueblo, o ese sucedáneo del pueblo que es la mayoría, está siempre en posesión de la verdad. La inteligencia de la democracia consiste en conocer que en ocasiones tenemos que tomar decisiones sabiendo que no tienen una solución científica, que ninguna es verdadera, o que ninguna es más verdadera que las demás. Si nos montamos en un avión para ir de vacaciones y un grupo de pasajeros propone que votemos democráticamente a qué velocidad debemos emprender el vuelo o qué inclinación debe tener el avión al aterrizar, tendríamos motivos para ponernos muy nerviosos, esas cosas no se votan, como no se vota el teorema de Pitágoras. Por el contrario, si el piloto nos dijera que la decisión del lugar de vacaciones la iba a tomar él, también deberíamos ponernos nerviosos, porque estaría usurpando una decisión que no le corresponde, por muchos lugares de vacaciones que conozca.

Muchos abogados, economistas, médicos, ingenieros, politólogos y profesionales de todo tipo están convencidos de que, si bien ellos personalmente no serían capaces, hay otros expertos que sí tendrían la capacidad de arreglar los problemas de naturaleza estrictamente política, eso sí, siempre que les diéramos todo el poder. Ese es el ideal de los tecnócratas y de los meritócratas, pero ese ideal no se basa en un conocimiento científico, sino en una fe, en la fe en la ciencia. Una creencia que, paradójicamente, comparten con personas sin ningún tipo de formación científica. La ciencia no tiene respuestas para muchas decisiones que tienen que ver con la libertad humana de organizar la convivencia de esta o aquella manera. Sin embargo, impulsadas por esa fe en la ciencia, que las convierte a ellas en el pueblo elegido, muchas personas, muy preparadas, han decidido invadir el terreno de la política y, sin ser elegidas por el pueblo, sustraer a los ciudadanos decisiones para las que sus conocimientos como expertos no sirven para nada. ___________________

infoLibre publicará mañana y el sábado los otros dos capítulos de este escrito de José Andrés Torres Mora, diputado del PSOE por Málaga, sobre "la traición de las élites a la democracia".

Marea Granate ha criticado que la Junta Electoral Central (JEC) vea en el colectivo de residentes españoles en el exterior "un laboratorio de experimentación" para inaugurar el sistema de voto por Internet, "dada la prácticamente nula repercusión del voto exterior en los resultados electorales".

En su última reunión, el organismo arbitral redactó un informe planteando posibles soluciones a los diversos problemas surgidos en torno al voto por correo con los electores que se encuentran en el extranjero, bien por residir en otros países o bien por hallarse temporalmente fuera de España.

Y entre sus 'recetas' aceptó por primera vez la opción de introducir en España el voto electrónico, pero, eso sí, reformando la ley y como medida "excepcional" y "alternativa" a las vías convencionales del voto por correo o presencial en consulados, que, según apunta, deberían mantenerse a disposición del elector aunque "mejoradas".

Ante este planteamiento, Marea Granate ha realizado un prolijo documento analizando, entre otras cuestiones, la posibilidad de introducir este sistema en España, que no sólo lo considera de "alta vulnerabilidad", sino que además es "insuficiente", "costoso" e "inconstitucional".

Resultados manipulables

Y es que, según argumenta, este procedimiento de voto podría afectar no sólo al colectivo de migrantes, sino a la democracia en España ante "la potencial cuantía de manipulación de los resultados electorales".

"El nuevo potencial de votos que podría ser interceptados de forma maliciosa es de aproximadamente dos millones, con su correspondiente incidencia con los resultados electorales –explica–. Esto sin contar con los efectos que podría provocar la desconfianza en el sistema democrático en general".

Según detalla Marea Granate en su informe, que recoge Europa Press, existen dos modalidades de voto electrónico: el voto en urna electrónica en consulado/colegio electoral y el voto desde un ordenador personal, sea privado o público. "En ninguna de las dos opciones puede garantizarse la seguridad", advierte, pero el riesgo se multiplica "infinitamente" en el caso de darse acceso al voto electrónico desde el ordenador personal, al estar completamente "fuera del control del Estado".

"Ésta parece ser la modalidad elegida para el voto exterior, ya que la instalación de máquinas electorales en los recintos consulares no ayudaría a paliar una de las grandes barreras del ejercicio del derecho al voto, es decir, la accesibilidad consular", apunta. Actualmente se pueden realizar trámites paralectorales, como el registro consular o la descarga de papeletas, de forma electrónica, pero Marea Granate puntualiza que ese sistema es "técnicamente muy diferente" del voto electrónico.

Según sus investigaciones, la garantía, transparencia y, fundamentalmente, la auditabilidad está "muy lejos" de una viabilidad con las garantías mínimas requeridas por un sistema democrático. "En el caso español, la vulneración constitucional es evidente", apostilla. Marea Granate critica, además, que la Junta Electoral pareciera ofrecer el voto electrónico como "la única y desesperada alternativa" para facilitar el voto de los españoles en el exterior. Sin embargo, recalca que existen "otras medidas que paliarían los actuales principales obstáculos a la abstención involuntaria de la diáspora".

En concreto, cita la derogación del voto rogado la tramitación de registro consular por vía telemática, la descarga de documentación electoral por Internet, así como incluir diversas alternativas en un sistema de votación mixta, donde el elector puede elegir entre varios métodos, como, por ejemplo, la inclusión de la modalidad de voto por delegación que se aplica en Francia.

La Junta Electoral Central (JEC) –el órgano superior de la Administración Electoral, compuesto por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología– acordó en su última reunión proponer a las Cortes Generales y al Gobierno la implantación de un procedimiento de voto telemático para los electores españoles que viven en el extranjero con el objetivo de acabar con las "notables disfunciones" del llamado voto rogado. 

El citado órgano tomó esta decisión tras analizar las convocatorias electorales que se han celebrado desde 2012. La Junta Electoral plasmó las conclusiones de esos análisis en un informe –al que ha tenido acceso infoLibre– en el que constata que la obligación de rogar el voto, pactada por PP y PSOE en 2011 con el acuerdo de CiU y PNV, ha hecho "en gran medida inoperante" el sistema como medio para que los españoles que residen en el extranjero ejerzan un derecho fundamental como es el del sufragio. 

Lo cierto es que las últimas generales volvieron a constatar la escasa participación del colectivo de emigrantes en las elecciones. De los 1.920.256 electores inscritos en el Censo de Extranjeros Residentes Ausentes (CERA), sólo ejercieron su derecho al voto 120.777, es decir, un 6,3%. En las generales de 2008, en los últimos comicios antes de la reforma que estableció la obligación de reclamar el voto, ejercieron este derecho 382.568 de los 1.205.329 inscritos, el 31,7%. La caída de la participación fue, por tanto, del 80%. 

No obstante, hay otro dato que resulta llamativo. De los 1.920.256 inscritos en el CERA para el 26J un total de 155.165 personas rogaron el voto, es decir, completaron la primera parte del trámite imprescindible que hay que realizar para poder ejercer el derecho al sufragio desde el exterior. Sin embargo, los que votaron finalmente fueron 120.777 (un 77,8%). Eso quiere decir que algo más de dos de cada diez personas que reclamaron su derecho de participar en estos comicios, finalmente no lo hicieron.

Más allá de la disposición del elector a tomar la iniciativa de comunicar su propósito de votar, en su informe, la Junta Electoral cita como causas de esta baja participación el retraso en el envío y la recepción de la documentación, los defectos y limitaciones de funcionamiento de las oficinas consulares o los errores en el funcionamiento de Correos. En definitiva, concluye que con este sistema "es difícil (...) que todos los votos lleguen a tiempo de ser escrutados". Ante esta realidad, plantea como "remedio excepcional" la implantación de un "canal seguro" que permita a estos electores votar a través de una aplicación informática. 

Respecto a cómo debería articularse este nuevo sistema detalla que el voto encriptado viajaría a la urna para ser contado en el momento adecuado y subraya que sería "indispensable" que se separase el voto de la identidad del votante para asegurar su carácter secreto. Asimismo, la Junta Electoral propone que todo el procedimiento telemático permita su verificación de forma independiente para prevenir y, en su caso, detectar cualquier manipulación. Aunque admite la "complejidad" del procedimiento defiende su utilidad y pide que, en todo caso, se realice con "consenso político". 

Las críticas de la Marea Granate

Las trabas administrativas y la obligación de rogar el voto han sido claro objeto de denuncia por parte de los españoles expatriados que, al menos en su vertiente más visible, el colectivo Marea Granate, se quejan de que las dificultades que se encuentran para ejercer su derecho están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa a buena parte de los 1,9 millones de electores que viven en el extranjero.

No obstante, este colectivo entiende que el voto telemático que propone la Junta Electoral Central no es la mejor solución. "Donde se ha puesto en marcha ha demostrado nula fiabilidad y auditabilidad", señala María Almena, bioquímica residente en París y miembro de la Marea Granate. Asegura que les preocupa el hecho de que el proceso no pueda ser auditado públicamente, pues sólo personas expertas pueden ocuparse de su verificación; así como la llamada brecha digital, dado que parte de la emigración española es de edad avanzada. 

Almena también señala que no hay evidencia científica de que el voto a través de Internet, a día de hoy, cumpla con todas las garantías. De hecho, recuerda los casos de Noruega, donde tras un largo período de trabajo de grupos de expertos, se descartó por las escasas garantías y la gran cantidad de potenciales ataques a los que podría ser sometido el sistema electoral; o el de Alemania, donde fue incluso declarado inconstitucional en 2009.  

La Marea Granate también pone en cuestión el hecho de que este procedimiento vaya a depender para su implantación de proveedores privados lo que, a su juicio, supone una "cesión de soberanía" y una privatización  del proceso. Lo cierto es que la propia JEC, en su informe, admite que serían especialistas "funcionarios o pertenecientes al sector privado" los que tendrían que encargarse de resolver las controversias técnicas que se pudieran generar, por lo que "desaparecería la transparencia que asegura la fiabilidad de los procesos electorales". Y es que los órganos de control, las juntas electorales y los tribunales, se ocuparían de resolver las controversias jurídicas, pero no las técnicas.  

"Mayores garantías"

Sí está de acuerdo con esta propuesta de voto telemático Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, aunque defiende que es imprescindible que se articule a través de un sistema que garantice el secreto del voto y que no se pueda manipular, es decir, que se haga con "las mayores garantías". En todo caso, este experto celebra que la Junta Electoral, al fin, haya constatado el fracaso del actual sistema de voto por correo ejercido desde el extranjero. 

Presno alude al ejemplo de Estonia, que realizó la primera experiencia real del voto electrónico a distancia en unas elecciones legislativas en 2007. El Constitucional estonio ha avalado su compatibilidad con la norma fundamental y su carácter no discriminatorio. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 el 31% de los estonios votaron a través de Internet. "En Estonia ese sistema funciona sin problemas. Me parece una propuesta acertada pero que debe articularse con las mayores garantías y, desde luego, cuanto antes", señala Presno.

Para poder votar de forma telemática en ese país se exige tener un documento de identidad electrónico y el sufragio se ejerce a través de dos PIN: uno para elegir el voto y otro para encriptarlo. El voto por Internet se invalida si después se ejerce presencialmente. La Comisión Nacional Electoral es el órgano responsable de la gestión, aunque el sistema ha sido desarrollado por una compañía privada y las auditoras KPMG y PwC son las encargadas de auditar el proceso. 

La Junta Electoral Central (JEC) decidió ampliar hasta el próximo 6 de junio el plazo para que los españoles residentes en el extranjero puedan solicitar el voto en las próximas elecciones generales del 26 de junio, según un acuerdo aprobado en su última reunión y recogido por Europa Press.

El llamado voto rogado es un trámite que los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) deben cumplir con carácter previo a poder ejercer el derecho al sufragio. Ideado por PP, PSOE y los nacionalistas para acabar con el fraude en el voto emigrante, este mecanismo se implantó por primera vez en 2011 y desde entonces ha provocado el desplome de la participación y numerosas quejas desde el exterior.

De acuerdo con el calendario electoral inicial, el plazo para rogar el voto iba a terminar el 28 de mayo rogary Exteriores tenía previsto abrir los consulados tanto este fin de semana como el último de mayo para facilitar los trámites a los emigrados.

Sin embargo, fue la Oficina del Censo Electoral (OCE) la que presentó un informe a la Junta Electoral Central proponiendo una prórroga del voto rogado, una idea que el máxime organismo arbitral acaba de hacer suya.

"Para favorecer el trámite de solicitud de voto de los electores CERA, de forma compatible con el envío de la documentación electoral para el voto en los plazos establecidos, se acuerda, con carácter excepcional, la ampliación del plazo de solicitud hasta el lunes 6 de junio de 2016", rezó la resolución aprobada este jueves.

Los emigrantes españoles piden a la Junta Electoral Central (JEC) que prorrogue hasta el viernes o el sábado el plazo para enviar las papeletas y facilitar así que más personas puedan ejercer su derecho al sufragio el 20-D. La petición la hicieron este miércoles en una rueda de prensa en Madrid en la que integrantes de la plataforma dosmillonesdevotos –su nombre alude al número de españoles registrados como residentes fuera de España– y el colectivo Marea Granate exigieron no ser tratados como "ciudadanos de segunda". 

Precisamente este miércoles la JEC accedió a prorrogar hasta el viernes el plazo del envío del voto por correo –que vencía este miércoles– aunque sólo para los electores que votan en España. En el caso de los españoles que viven de forma permanente en el exterior, es decir, los que están dados de alta en el Censo de Extranjeros Residentes Ausentes (CERA) el plazo para votar por correo postal acabó este martes 15 de diciembre. Para los que están de forma temporal, que sólo tienen la opción de votar por correo, el plazo acaba este miércoles 16 de diciembre. No obstante, el voto de la emigración puede contabilizarse hasta el 23 de diciembre, tres días después de la celebración de los comicios. 

Los problemas para recibir las papeletas constituyen una de las principales quejas de los emigrantes que, tras cumplir con los trámites de ruego del voto a los que les obliga la reforma de 2011, tienen que enfrentarse a la incertidumbre de saber si sus papeletas llegarán o no a tiempo. María Almena, portavoz de la Marea Granate, explicó que la demora se acrecenta cuando hay impugnaciones de candidaturas –algo que sucede de forma habitual– y que en estos comicios ha ocurrido en Barcelona, Valencia, Alicante, Baleares, Badajoz y Guadalajara. "Cuando hay impugnaciones, las papeletas tardan más en salir, lo que prácticamente se come los plazos para que llegue a donde estamos los emigrantes", se queja. 

Ambas organizaciones consideran que las trabas que se están encontrando los expatriados para votar están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa electoral a la ciudadanía en el exterior y que está provocando una "masacre" de la participación electoral de la emigración española. Los datos no dejan lugar a dudas. En las generales 2008 –las últimas antes de la implantación del voto rogado– votaron el 31,7% de los expatriados. En 2011, ya con la reforma, sólo lo hicieron el 4,9%. Para estos comicios, un total de 149.849 de los 1.875.272 electores españoles con derecho a voto desde el exterior han manifestado su voluntad de votar, si bien eso no quiere decir que consigan hacerlo. 

Trabas administrativas

Los emigrantes atribuyen gran parte de esa caída de la participación a los problemas a la reforma electoral que, desde 2011, les obliga a rogar expresamente el voto. Pero no es el único obstáculo detectado. Denuncian que las trabas empiezan con la propia inscripción en el censo porque el procedimiento no es uniforme y son excepción los consulados en los que se permite la inscripción a distancia.

También se quejan de los fallos que ha dado la aplicación informática puesta en marcha para rogar el voto –que sólo pueden usar los inscritos como permanentes–, de la falta de información institucional y reclaman que al igual que dentro del territorio nacional se hacen campañas informando de la cita electoral, se pueden utilizar herramientas telemáticas (redes sociales, correo electrónico...) para informar a los españoles que residen en el extranjero, así como de las dificultades para recuperar el coste del envío de las papeletas desde sus lugares de residencia así como el hecho que los importes recuperados no suelan ser del 100%. 

La Marea Granate, el colectivo de españoles en el exterior que más está visibilizando la situación de los nuevos emigrantes económicos, lleva meses denunciando las trabas administrativas que vienen dificultando la participación electoral de los emigrantes especialmente desde 2011, cuando la implantación del llamado voto rogado multiplicó los trámites necesarios para poder ejercer un derecho fundamental como es el del sufragio.

Ante la previsión de que volverían a ser miles los emigrantes españoles que se quedarían sin votar este 20-D, el colectivo decidió formalizar con la campaña #RescataMiVoto una iniciativa que, a nivel particular, ya habían llevado a cabo con éxito en otras elecciones abstencionistas voluntarios que cedían el voto a residentes en el extranjero. Así, el colectivo puso en marcha una página web en la que expatriados que no podrán ejercer su voto por problemas burocráticos se ponen en contacto otros ciudadanos que no tenían pensado participar estas elecciones.

Hasta la tarde de este lunes eran 2.355 los emigrantes que habían encontrado otra persona de su misma comunidad autónoma que votara por ellos y hay otras 8.854 esperando que algún abstencionista voluntario les cediera su voto. Aunque en España la circunscripción electoral es la provincia el colectivo cree que es "más efectivo" emparejar a los interesados por comunidades autónomas "porque deja a menos donantes y emigrantes huérfanos". 

Isabel, granadina de 24 años, es una de las 2.355 personas que podrá votar este 20-D gracias a un donante. Graduada en Educación Social y con un máster en animación sociocultural, decidió marcharse a finales del pasado octubre a Watford, una ciudad al norte de Londres, donde consiguió un trabajo como camarera en un hotel. Durante el verano estuvo en Portugal, donde también trabajó en el sector de la hostelería. 

"Desde que llegué a Watford tardé una semana en buscar casa, adaptarme a la nueva ciudad... así que cuando me puse a mirar qué trámites tenía que hacer para votar me di cuenta de que ya se habían agotado los plazos", señala en conversación telefónica con infoLibre. Indagando por internet y por los grupos que los expatriados hacen en las redes sociales para comunicarse dio con la iniciativa de la Marea Granate y se registró. 

Al otro lado apareció Adolfo, de Sevilla, que no tenía pensado participar en estos comicios porque, asegura, no hay ninguna candidatura que no le decepcione en alguno de sus planteamientos y porque le cuesta confiar en un sistema que le parece que está "trucado" y que es una "farsa". Así que se decidió a participar en la iniciativa para poder ayudar a una persona que sí quisiera votar y que no pudiera hacerlo por las trabas administrativas. 

Ambos se han comunicado a través de correo electrónico y Adolfo se ha comprometido a enviar a Isabel una foto de la papeleta antes de incluirla en la urna. "Sé que si quisiera engañarme podría hacerlo, pero confío plenamente en que no. Nadie se mete en un lío de estos si no está comprometido", dice Isabel. Adolfo, por su parte, insiste en que cualquier español en el extranjero o extranjero en España debería poder votar desde cualquier lugar, especialmente teniendo en cuenta que la tecnología hoy en día lo permite.

La Marea Granate considera que las trabas que se están encontrando los expatriados para votar en los próximos comicios están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa electoral a la ciudadanía en el exterior. De hecho, en las últimas elecciones autonómicas de mayo, la participación electoral de los emigrantes bajó un 87% con respecto a 2007. Ese año, cuando tuvieron lugar los últimos antes de que se pusiera en marcha la reforma de la ley electoral que les obliga a rogar expresamente el voto, participaron el 23,6% de los censados en el extranjero. El pasado 24-M sólo lo hicieron el 3%.

Para las generales del pasado domingo los datos de participación tampoco son muy alentadores. Sólo un 7,97% de los españoles inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) pidió ya la documentación para poder votar, lo que supone un descenso, en términos porcentuales, de 1,34 puntos respecto a las cifras de hace cuatro años (9,31%). Y estas son las personas que han hecho todos los trámites para votar, aunque eso no quiere decir que finalmente lo hagan. De hecho, en las generales de 2011, rogaron el voto el 9,3% de los censados y finalmente sólo ejercieron su derecho el 4,9% del total. 

El escrutinio de las autonómicas del pasado mayo evidenció además que los llamados residentes ausentes respaldan, en general, a la izquierda y, en particular, a un partido emergente como es Podemos. De hecho, la formación de Pablo Iglesias fue la más votada entre la emigración en ocho de las 13 autonomías en las que hubo elecciones autonómicas. En cinco de ellas, prácticamente uno de cada tres electores que ejercieron su derecho al voto apostaron por Podemos. Las únicas dos autonomías en las que el PP ganó las elecciones entre los emigrantes fueron Castilla y León y La Rioja.

Voto rogado... y más

Desde la Marea Granate atribuyen el descenso en la participación a la modificación de la ley electoral realizada en 2011 que introdujo el voto rogado y, con él, una nueva obligación para los españoles que residente en el extranjero: además de inscribirse en el censo tienen que notificar su intención de votar antes de cada elección. Solo así pueden recibir, antes del día del sufragio, la documentación que les permite hacerlo ya sea por correo o en urna en los consulados.

Pero no es el único obstáculo detectado. Aseguran que los problemas para ejercer su derecho al voto empiezan en la inscripción en el censo. Denuncian que el procedimiento de inscripción no es uniforme y que son excepción los consulados en los que se permite hacerlo a distancia. "La mayoría de las inscripciones deben hacerse en persona, pero el problema es que cuando puedes hacerlo a distancia, como es el caso de San Francisco, te piden que envíes por correo la documentación con el pasaporte o el DNI originales, lo que supone quedarte indocumentado", explica María Almena, bioquímica residente en París y miembro de la Marea Granate. "Es un problema enorme porque la primera barrera es poderse inscribir. No todo el mundo tiene el consulado al lado o tiene la capacidad de hacer un viaje", se queja.

El colectivo demanda que se facilite la inscripción telemática y denuncian que no hacerlo es una cuestión de "voluntad política". Aseguran que se podrían desarrollar herramientas telemáticas ya existentes como la sede electrónica del Ministerio de Exteriores que a día de hoy sirve para hacer algunos trámites consulares. Señalan que hacerlo "mejoraría la accesibilidad a los recursos del Estado, así como su eficacia y costes". Entre tanto, reclaman también que se amplíe la duración de los plazos para recibir y enviar las papeletas. 

Las trabas administrativas y la obligación de rogar el voto –pactada por PP y PSOE en 2011 con el acuerdo de CiU y PNV– han sido claro objeto de denuncia por parte de los españoles expatriados que, al menos en su vertiente más visible, el colectivo Marea Granate, se quejan que las dificultades que se encuentran para ejercer su derecho están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa electoral a buena parte de la ciudadanía en el exterior, integrada por 1,7 millones de personas. 

Atribuyen gran parte de esos problemas a la reforma electoral que, desde 2011, les obliga a rogar expresamente el voto. Pero no es el único obstáculo detectado. Por eso reclaman la marcha atrás en esta reforma, pero también que haya mejoras en el ámbito meramente administrativo. Entre ellas, que se agilicen los trámites a través de fórmulas telemáticas, que se amplíe la duración de los plazos para recibir y enviar las papeletas o que el Ministerio de Exteriores utilice todas las herramientas de comunicación disponibles para hacer una correcta difusión de los plazos del proceso de votación para los residentes en el extranjero. 

Aseguran que, no hacerlo, es una cuestión de "voluntad política". De hecho, existen otros países que tienen desarrolladas estrategias que facilitan el derecho al sufragio de sus nacionales aunque residan en el extranjero. Ese es, por ejemplo, el caso de Francia, donde existe la posibilidad de votar directamente en el consulado o de delegar el voto. Para esta segunda opción, el elector expatriado tiene que establecer un poder en la embajada o mediante un cónsul honorario de nacionalidad francesa dirigido a una persona inscrita en la misma lista electoral que él. Los poderes pueden ser establecidos para una sola elección o por una duración máxima de tres años.

María Almena, bioquímica residente en París y miembro de la Marea Granate, señala además que en Francia no existe la falta de información de la que se quejan los expatriados españoles. "Aquí el cierre del censo es una cuestión de cultura general, se avisa a bombo y platillo por todas partes, con paneles en la calle, buzoneo, en la televisión...", asegura. En España, si no se inscribieron antes del 1 de agosto –cuando se cerró el censo sin que el Ministerio de Exteriores lo comunicara oficialmente por sus canales de información– los españoles que llevan más de un año viviendo en el extranjero sólo tienen esta semana, del 2 al 9 de noviembre, para darse de alta en el Censo de Extranjeros Residentes Ausentes (CERA) y poder así votar el 20-N.

Noruega también destaca por las facilidades que da sus expatriados para ejercer su derecho al sufragio. En este país, los electores en el exterior pueden votar presencialmente o por correo en cualquier momento en los dos meses y medio previos a las elecciones y hasta 10 días antes de su celebración. Las papeletas se recogen en los consulados o se descargan de internet pudiéndose utilizar para ello incluso sobres normales, aunque sí se requiere que los votos vayan acompañados de la firma y documentación de un testigo.

Otra posibilidad que facilitaría las cosas, según los expatriados españoles, sería la implantación del voto electrónico. El país que más desarrollado tiene este sistema es Estonia, que comenzó a implantar este modelo en 2005. De hecho, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 más de 103.000 estonios –el 31% de los votantes– utilizó voto por Internet. También en Bélgica –donde el voto es obligatorio– en las últimas elecciones europeas y regionales se usó un sistema de voto electrónico totalmente automatizado y verificable. Sin embargo un fallo informático obligó a anular 2.200 votos, lo que representaba el 0,06% del total. En 2012, los franceses en el extranjero también pudieron votar durante seis días a través de Internet para las elecciones a la Asamblea Nacional. El número de electores que utilizaron el voto electrónico fue de 127.000.

Circunscripción electoral

En Francia existe además una circunscripción electoral propia para el colectivo de emigrantes. Esta es otra de las reivindicaciones de la Marea Granate, cuyos integrantes creen que les serviría para "representar de manera proporcional y democrática" sus intereses y derechos. "Según el censo de principios de 2014, más de dos millones de españoles residimos en el exterior, 1,7 millones de ellos con derecho a voto. Esto equivale a la población de Barcelona y supondría la cuarta provincia en población del Estado. Es evidente que si los exiliados económicos españoles contáramos con circunscripción propia medidas como la retirada de la cobertura sanitaria no hubieran sido tan gratuitas", denuncian.

También los italianos expatriados tienen la llamada circunscripción extranjera –que está dividida en cuatro áreas geográficas: Europa, América del sur, América central y del norte y África, Asia, Oceanía y Antártica– por la que eligen a doce diputados y seis senadores. Cada área elige a un representante de cámara y los restantes se distribuyen entre las cuatro en proporción al número de residentes. El voto se hace en este país por correo. La ley marca que todos los electores inscritos deben recibir en los 18 días anteriores a las elecciones la documentación y remitirla a la cancillería consular. 

Son varios los partidos políticos que se han mostrado favorables a la creación de una circunscripción electoral propia para el colectivo de emigrantes. Sin embargo, en un informe de 2009 el Consejo de Estado señaló que no parecía posible considerar esta medida como "una alternativa practicable" sin reformar la Constitución. El artículo 68.2 de la Carta Magna consagra la provincia como circunscripción electoral en las elecciones a Cortes Generales, lo que, según esta institución, "hace difícil sostener la posibilidad de computar los sufragios emitidos en estos comicios por determinados electores con base en una circunstancia personal como es la residencia en el extranjero". También el actual reparto de senadores tiene su origen en la Constitución. 

El Gobierno y el PSOE se cruzaron este miércoles reproches en el Pleno del Congreso sobre quién debe acabar con el voto rogado que desde 2011 obliga a los emigrantes a solicitar previamente el voto para poder ejercerlo, un requisito que los dos partidos mayoritarios introdujeron en la reforma electoral de 2010 y que ha provocado el desplome de la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).

El requisito del voto rogado, ideado para acabar con las constantes denuncias de fraude en el voto de los emigrantes, fue introducido en la reforma electoral de diciembre de 2010 que promovieron el PSOE, el PP y los nacionalistas de CiU y PNV. Aquella reforma electoral, que también prohibió votar en elecciones municipales a los electores censados en el extranjero, fue protestada por IU, UPyD y los nacionalistas de BNG y CC.

El principal efecto del voto rogado es la caída de la participación electoral, que hasta entonces superaba el 30% y que, desde su implantación, ya no va más allá del 5%. En ese contexto, los propios promotores de la reforma electoral de 2011 se fueron desmarcando, especialmente el PSOE, CiU y algunas organizaciones territoriales del PP.

Pero todos los intentos de rectificar se han visto frustrados. En octubre de 2013, el Grupo Popular rechazó en el Congreso una iniciativa del PSOE para revocar el voto rogado alegando que es la fórmula menos dañina para evitar el fraude, pero meses después, en primavera de 2014, accedió a admitir a trámite una reforma electoral que llegó desde Galicia, con el voto del PP de Alberto Núñez Feijóo, para suprimirlo. Eso sí, desde entonces la iniciativa sigue bloqueada en la Cámara, sin que se permita presentar enmiendas.

Queja de IU a la Junta Electoral 

Con vistas a las elecciones de mayo, IU elevó un a queja a la Junta Electoral Central, pero el organismo arbitral se 'lavó las manos', mientras y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha acabado por reconocer recientemente que las medidas que viene adoptando para agilizar el voto desde el exterior no han logrado reflotar la participación de los emigrantes.

En ese contexto, la diputada socialista Carmela Silva preguntó este miércoles al Gobierno cuándo piensa corregir el voto rogado. "Hemos admitido el error de aquella modificación electoral, la casi totalidad de la Cámara está dispuesta a su eliminación, pero depende del Gobierno –dijo–. No valen evasivas, ni subterfugios. No hay disculpas para no hacerlo, es la hora de la verdad".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recordó que las reformas electorales se hacen por consenso y no por iniciativa del Gobierno, sino de los grupos parlamentarios, por lo que ha emplazado a los partidos a presentar la reforma en el Congreso, si realmente hay tanta unanimidad.

Según Carmela Silva, "queda claro que al Gobierno ni le ocupa ni le preocupa" el voto rogado y que "miente" a los emigrantes cuando les asegura que no tiene inconveniente en eliminar ese requisito. "Ustedes no quieren suprimirlo, quieren mantenerlo", zanjó.