Las ministras de Economía española (Nadia Calviño) y holandesa (la socialdemócrata y también viceprimera ministra Sigrid Kaag) reforzaron este lunes en Madrid su plan conjunto para influenciar el debate que debe arrancar en julio, a los mandos de Calviño y ya con presidencia semestral española, para la reforma del Pacto de Estabilidad, cuya aplicación se suspendió con la llegada de la pandemia en marzo de 2020.

Cuando fue presentada en abril de 2022, la propuesta hispano-holandesa se entendió como un ejercicio esencialmente teórico porque no había fechas para empezar a negociar la reforma. Ahora estamos a un mes de que Calviño, como presidenta de los consejos de Economía, deba llevar la batuta de la negociación. Y su primer éxito ha sido el de romper el eje de los austeros relanzando su plan conjunto con la holandesa Kaag.

Aquel documento, que ya tiene un año y que entonces fue recibido con buenos ojos por la Comisión Europea, pide que las consolidaciones presupuestarias se hagan “de forma gradual y realista, pero también ambiciosa”. Rechaza la camisa de fuerza de la austeridad, idéntica para todos, y como la Comisión Europea, aboga por vías específicas para cada país en función su situación. El movimiento de atraer a la holandesa Kaag deja sin su aliado de más peso al ministro de Finanzas alemán, el liberal Christian Lindner.

La propuesta conjunta dice que “en un contexto de altos niveles de deuda, los Estados miembro deberían comprometerse de forma creíble a construir colchones fiscales para estar preparados para la próxima crisis a través de estrategias de consolidación específicas para cada país que sean realistas y graduales, pero también ambiciosas, así como compatibles con el crecimiento económico y la creación de empleo”.

El texto es un punto de encuentro a medio camino entre las ideas que tradicionalmente defendían los gobiernos del norte de Europa (más rigidez y normas estrictas para todos) y las de los gobiernos del sur (más flexibilidad y cada uno según su situación). Buena parte de sus propuestas aparecen en la definitiva que hizo la Comisión Europea en abril y que será la base de la negociación, como usar el techo de gasto y que la norma sea “mas comprensible, fácil de aplicar y contracíclica”.

También propone otras medidas que Alemania rechaza, como que haya “cláusulas de escape” individualizadas por país o que se tenga en cuenta la necesidad masiva de inversiones en las prioridades marcadas por la propia Unión Europea: transición energética, digital y últimamente Defensa. La importancia que Calviño y Kaag dan a esas inversiones se ve al descubrir que en apenas página y media aparecen mencionadas 11 veces.

En Bruselas se ve la alianza hispano-holandesa en este asunto con sorpresa porque desde hace al menos tres lustros los dos gobiernos, aún con cambios de color político, estuvieron siempre alejados en materia de gobernanza económica. La noticia es el mensaje en sí.

Reunidas en Madrid este lunes en un acto del Instituto Elcano (Construyendo alianzas para una economía europea más resiliente), las dos ministras y a la vez vicepresidentas económicas de sus respectivos gobiernos, creen que hay margen para que en el semestre español se acuerdo la reforma del Pacto de Estabilidad.

Kaag dijo: “Todas nuestras esperanzas están puestas en la Presidencia española y todas nuestras esperanzas están puestas en Nadia, cuya habilidad y capacidad nos ayudarán a lograr un paquete a finales de este año”. Según Calviño, el objetivo es tener “normas adecuadas que nos permitan seguir por la senda de la responsabilidad fiscal y la disciplina fiscal, pero de una manera que sea compatible con el crecimiento y la creación de empleo”.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento quedó malherido en marzo de 2020. Pilló un virus. La llegada de la pandemia llevó a la Comisión Europea a activar su cláusula de suspensión, porque mantenerlo en activo mientras los gobiernos disparaban el gasto para hacer frente a los confinamientos hubiera sido políticamente suicida. Ningún Gobierno protestó, ni los tacañones defensores del mito de la austeridad expansiva. La suspensión fue prolongándose año a año, justificada también por la guerra en Ucrania, hasta que este miércoles el Ejecutivo europeo presentó su propuesta de reforma, a sabiendas de que o se reformaba o no se volvería a aplicar.

La reforma que pretende hacer el equipo de Úrsula Von der Leyen arrasa con prácticamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento original, dejando sus grandes objetivos pero cambiando tanto la letra pequeña que nadie lo reconocerá. Los gobiernos deberán ejecutar políticas presupuestarias que lleven la deuda pública por debajo del 60% del PIB y el déficit público por debajo del 3% del PIB. Pero el cómo se llega a esos parámetros cambiaría profundamente de aprobarse esta reforma que, con muchas prisas, podría aplicarse en 2024.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento original era una camisa de fuerza igual para todos. Se aplicaban las mismas reglas a países con el 70% de deuda y creciendo que a países con el 140% de deuda y en crisis. No funcionó nunca. Cuando hubo de imponer multas por incumplimientos no se impusieron porque políticamente eran tóxicas al ser demasiado elevadas para ser creíbles.

Los objetivos que buscaba eran demasiado ambiciosos, su funcionamiento demasiado complejo, su aplicación sujeta al final a decisiones políticas y por lo tanto a presiones políticas y toda la filosofía de la norma llevaba a que Bruselas imponía y las capitales nacionales tragaban.

El Pacto incumplió sus principales objetivos: no evitó que las deudas crecieran muy por encima del 60% en muchos países, no fomentó el crecimiento económico ni las inversiones para elevar el potencial de crecimiento de las economías y provocó un retraso inversor con respecto a China y Estados Unidos que todavía paga la economía europea.

Aquellas normas preveían que los gobiernos redujeran cada año una veinteava parte de la deuda que superara el 60% del PIB y ajustaran el déficit público a martillazos con recortes presupuestarios. Les dio por llamarlos “reformas estructurales”, manchando una expresión que ahora se intenta recuperar con los planes de recuperación ligados a los fondos Next Generation.

Si se aplicara ahora tal y como está y se forzara a reducir cada año una veinteava parte de la deuda que supera el 60% del PIB España o Francia tendrían que hacer un ajuste anual de 2,6 puntos de PIB. Portugal de más de un 3%, Italia de casi un 4% y Grecia de un 5,5%.

Un disparate económico que provocaría una profunda recesión, que además de arrastrar al conjunto de la Eurozona a la crisis tendría, como hace una década, efectos políticos que Europa ya conoce, como la subida de los partidos de extrema derecha. Nadie se cree en Bruselas que se pueda aplicar tal cual está y a la vez a prácticamente la mitad de los Estados miembro, entre ellos Francia, Italia y España.

Así que Bruselas, mientras intenta contentar al Gobierno alemán (su ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, ya salió a criticar la propuesta, pero esa crítica se daba por descontada), olvida aquella norma inaplicable y busca hacer que el Pacto de Estabilidad no genere inestabilidad y que su aplicación sea posible. El plan ahora es que los gobiernos cuyo déficit público supere el 3% del PIB (España debe cerrar el año en el 4,4%) o el 60% de deuda pública (España la tiene ahora mismo al 113,2%) deban negociar con la Comisión Europea una senda a medio plazo (cuatro años, prorrogables a siete si se le añaden reformas e inversiones ligadas a ese plan) para reducir esos parámetros.

A cambio de aflojar la camisa de fuerza que preveía el original Pacto de Estabilidad y de hacer una receta para cada enfermo y no repartir la misma dosis de paracetamol a todos, sin fiebre, con 38 o con 40 grados, Bruselas pone condiciones: el déficit público debe bajar un 0,5% cada año hasta que esté por debajo del 3%. España tendría que reducir, de aplicarse a partir de 2024, ese 0,5% en 2024, 2025 y 2026. El Gobierno ya anunció que pretende tener el déficit al 3% a finales de 2024.

La otra condición importante es que el gasto público neto (sin contar el servicio de la deuda y el gasto en pensiones de desempleo) no debería crecer más que la tasa de crecimiento a medio plazo de la economía. A cambio, Bruselas señala donde están las inversiones más necesarias: transición ecológica y digital, derechos sociales, seguridad y defensa, sanidad y dependencia.

Una reducción que parece factible mientras la economía crezca según las previsiones. La Comisión Europea olvida el ricino de la reducción de una veinteava parte de la deuda pública superior al 60% cada año y se conformaría ahora con que el ratio de deuda sobre PIB al final del período negociado (2027 si fuera de cuatro años) no sea superior al registrado al inicio de ese período.

Decía el comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni que el objetivo ahora será “asegurar una reducción más gradual, pero también más regular, de los niveles de deuda, pero a la vez acelerando el crecimiento”. 11 de 27 países tienen ahora mismo un déficit público superior al 3%. 13 de 27 tienen una deuda pública por encima del 60%. Sólo nueve países (Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia) cumplen los dos criterios. El país cuya situación se parece más a la española es Francia (111,6% contra 113,2% de deuda y 4,7% contra 4,8% de déficit).

La reforma no tiene mucho tiempo para hacerse pero las diferencias entre los gobiernos parecen sustanciales y el debate será duro. Si España parece aceptarla a grandes rasgos, Francia la considera demasiado uniforme y se muestra “opuesta a reglas automáticas”. Lindner pretende volver al original Pacto de Estabilidad, pero está casi solo y ni siquiera está claro que tenga el apoyo de todo su Gobierno. A los mandos de los debates estará Nadia Calviño como presidenta de turno de las reuniones del Ecofin, las de los ministros de Economía y Finanzas.

“Una camisa de fuerza”. Así describe Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las reglas fiscales que han gobernado las finanzas de la UE durante 23 años. Hasta que la pandemia forzó su suspensión. “No sirvieron para salir de la crisis anterior de forma adecuada y en esta no podemos permitirnos otra respuesta fallida”, advierte. Entonces, a la misma altura de la crisis en que Europa se encuentra ahora –dos años de caídas del PIB– “ya se estaban adoptando medidas de recorte y de austeridad”, recuerda Tamames, cuyo fin era volver cuanto antes al 3% de déficit público y el 60% de deuda que dictaban las normas aprobadas en 1997.

El resultado de ponerse esa camisa de fuerza es conocido: débil crecimiento económico, aumento de la desigualdad, ruptura de la cohesión social, polarización política… Una década después, el estallido del coronavirus ha impuesto un cambio radical en la forma de encarar la crisis subsiguiente: préstamos para que los gobiernos sufraguen sus planes de lucha contra el desempleo (SURE), los fondos de recuperación NextGeneration –140.000 millones para España–, las compras de emergencia de bonos que aún hace el BCE. Medidas excepcionales que están amortiguando el golpe asestado por el covid a la economía y la sociedad pero que, al mismo tiempo, han disparado de nuevo el déficit y la deuda de los Estados miembros. Por primera vez en la historia de la zona euro, la deuda pública de los países que lo integran ha superado el 100% de su PIB.

“Existe un consenso en Europa sobre que las reglas fiscales se pensaron en los años 90 teniendo en la cabeza un mundo económico que no es el de hoy y que, por tanto, hay que actualizarlas”, explica Jorge Tamames. La insatisfacción con esas normas es “general”, apunta Javier Ferri, investigador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). Así que abrir la reforma va a ser fácil, añade. Entrar en los detalles, no tanto. Hasta el punto de que la negociación necesaria para ponerlas al día puede convertirse en un auténtico campo de batalla europeo. Sin ir más lejos, modificar el protocolo que establece los umbrales de déficit y deuda requiere la unanimidad del Consejo Europeo. La negociación debería comenzar este año, mientras dure la suspensión de las reglas fiscales, en principio hasta 2023. De momento, la reforma del Pacto de Estabilidad se encuentra en fase de consulta pública, por lo que son numerosas las propuestas que se están presentando para abordar una cuestión tan capital.

Ya antes de la pandemia había sido objeto de debate el cambio de las normas fiscales, que fueron reformadas en 2005, 2011 y 2013, y en 2016 adquirieron unas cláusulas de flexibilidad. Pero ahora atraviesan un momento crucial, apunta el investigador de Elcano. Si se recuperan en 2023 tal y como están, y vuelve la austeridad, peligrará la recuperación económica y, si dejan de aplicarse, “se socavará la autoridad de las instituciones europeas”.

En España, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el mismo Real Instituto Elcano han elaborado propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Todas ellas presentan elementos comunes. “Hay una constatación tácita de que a los umbrales del 3% de déficit público y 60% de deuda pública no se va a volver en ningún momento cercano”, concede Jorge Tamames. Cuestión distinta son cuáles deben ser los nuevos valores. Un documento elaborado por los economistas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) planteaba el pasado octubre elevar al 100% el umbral de deuda. “No hay cifras mágicas”, objeta el investigador de Elcano, “ni el 60% ni el 100% garantizan la sostenibilidad”.

Javier Ferri cree que la discusión sobre esos parámetros es importante, pero más aún lo es el “cambio de paradigma”. Y que lo deseable sería pasar “de reglas más cuantitativas a reglas más cualitativas”. “Se trata de que los agentes económicos sepan que los gobiernos se toman en serio los procesos de consolidación a medio y largo plazo”, sostiene, de forma que esos planes “hagan creíbles los objetivos [de déficit y deuda]”.

Javier Santacruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), cree que los tan denostados umbrales de déficit y deuda darán paso a objetivos de empleo, inflación, crecimiento económico, desigualdad o convergencia de niveles de renta. “Los que antes eran indicadores auxiliares serán ahora los indicadores clave”, resume.

Tanto el Banco de España como la AIReF como el Real Instituto Elcano coinciden en sus críticas a las reglas fiscales europeas: demasiado complejas, poco transparentes e incluso poco creíbles: los países corrigen sus déficits pero no las causas estructurales que los originan, mientras que la regla de la deuda nunca se ha utilizado, “quizás con razón”, precisa el documento del Real Instituto Elcano, elaborado por Enrique Feás, Carlos Martínez Mongay, Miguel Otero-Iglesias, Federico Steinberg y Jorge Tamames. Según los cálculos del Banco de España, la zona euro necesitaría mantener un superávit fiscal del 1,1% del PIB durante 20 años para reducir la ratio de deuda al 60% fijado en el Pacto de Estabilidad.

También repiten las soluciones. La principal es un instrumento fiscal central y permanente, que consolide e institucionalice el NextGeneration creado para combatir la crisis del covid. Su fin debería ser financiar inversiones públicas, “que es lo primero que se recorta cuando hay una crisis”, destaca Jorge Tamames. En concreto, las destinadas a la transición ecológica y digital. Además, añade la AIReF, serviría para estabilizar la economía de la UE “en el caso de un shock, especialmente cuando la política monetaria está restringida”, como es el caso actual, con los tipos de interés en negativo y la capacidad de maniobra del BCE al límite. Como se financiará con eurobonos, dice la Autoridad Independiente Fiscal, ese nuevo instrumento reforzará la disciplina fiscal si el acceso a la deuda europea se condiciona al cumplimiento de los planes fiscales nacionales. La AIReF habla también de un seguro de desempleo común y de “acuerdos ad hoc y temporales, financiados con deuda común” como ya se ha hecho con el SURE o con las líneas de liquidez del MEDE.

Las tres instituciones defienden igualmente la aplicación de una regla de gasto “sencilla y transparente”, la que limita el crecimiento del gasto público –excluidos la inversión o las prestaciones de desempleo, por ejemplo– a un cierto umbral calculado a partir del crecimiento potencial o de medio plazo de la economía. La regla dispondría de una cláusula de salvaguarda para países muy endeudados y su cumplimiento sería vigilado por las instituciones europeas y nacionales.

Apoyados en los antecedentes, Jorge Tamames confía más en la eficacia de la zanahoria que en la del palo a la hora de hacer cumplir las reglas fiscales a los gobiernos. “Las sanciones pecuniarias han demostrado ser ineficaces en el pasado y deben abandonarse como mecanismo de aplicación”, aconseja la AIReF. En su lugar, prefiere dar apoyo financiero a los países en situación precaria, pero condicionado a la puesta en marcha de reformas consensuadas, dice el investigador de Elcano.

El fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo en la vigilancia de las políticas fiscal y tributaria, diseñar senderos específicos de reducción de deuda para cada país y conceder mayor protagonismo a las autoridades fiscales independientes de cada Estado miembro son también parte de los esquemas dibujados por el Banco de España, la AIReF y Elcano para hacer más flexibles y eficaces las reglas fiscales de la UE. El Banco de España, además, subraya la necesidad de que vayan acompañadas de reformas estructurales y reclama que se complete la unión bancaria y se avance en la de mercado de capitales.

Pero, ¿caminan en la misma dirección el resto de los países europeos? Alemania ya no parece estar en la disposición de blandir el látigo de la austeridad como hizo en la anterior crisis. Aunque la política económica del socialdemócrata Olaf Scholz no debería desviarse demasiado de la ortodoxia merkeliana, los nuevos vientos –“la austeridad expansiva está absolutamente desacreditada”, recalca Jorge Tamames– que soplan desde Europa invitan a la convergencia, asegura Javier Ferri. “Las propuestas [de las instituciones españolas]”, sostiene, “son fáciles de comprar también por los centroeuropeos, en principio; el debate político ya es otra cosa”.

Jorge Tamames también recela de la negociación “política”. A algunos países como Francia y Alemania, avisa, les gustaría dar “un perfil bajo” al debate en Bruselas sobre la reforma de las reglas fiscales. Emmanuel Macron afronta unas elecciones presidenciales en abril y Scholz prefiere evitar las críticas de la derecha, aunque se ha mostrado a favor de cambiar el Pacto de Estabilidad. Así que el investigador de Elcano teme que el club de los frugales –además de Alemania, lo conforman Austria, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia— opte por alargar otro año la suspensión de las normas fiscales antes que “sentarse a negociar una reforma ambiciosa”. Tampoco Países Bajos parece liderar con tanto brío como antes la cruzada frugal contra los derrochadores del sur.

Por el contrario, Javier Santacruz cree que una discusión de semejante calado va a convertirse en un debate que durará “años”. Se abrirá ahora, dice, pero de momento seguirán aplicándose las reglas fiscales, pero con flexibilidad, “no lo que se hizo en 2010”. A su juicio, 2022 será “un año perdido” para la política europea, “de transición, en el que no se va a poder reformar nada”. Para empezar porque “no se va a hacer nada hasta abril, hasta la segunda vuelta de las elecciones francesas”. Y luego, dependiendo del resultado –“la diferencia puede ser muy grande si continúa Macron o no”, apunta– habrá que “recomponer el eje franco-alemán”. Tampoco está claro qué va a suceder en Italia si finalmente Mario Draghi opta por presentarse a las elecciones presidenciales. Su pronóstico, por tanto, es que se mantendrá el objetivo de déficit en el 3% al menos hasta 2025. “Habrá un cambio total del modelo, no sólo de los parámetros”, recalca, “pero llevará tiempo negociarlo”.

Barbara Baarsma es la consejera delegada de Rabo Carbon Bank y Roel Beetsma es el vicedecano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Amsterdam. Ambos han elaborado una propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad por encargo del Gobierno holandés. Su análisis pone el foco en la “vulnerabilidad” que para la Unión Europea suponen los elevados niveles de deuda y priorizan su reducción, fundamental para conseguir márgenes presupuestarios, un colchón que permita el crecimiento y apoye la convergencia entre los Estados miembros, pero también las necesarias inversiones en la transición ecológica.

Por eso no dejan de recordar que los países que salieron más endeudados de la crisis financiera son aquellos con los mayores aumentos de deuda tras el covid: 20 puntos porcentuales de media frente a 11-13 puntos de los países con deudas media y baja. No los citan, pero se trata de España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica y Grecia.

Y aquí sí que se abre una primera brecha con las propuestas españolas. De hecho, Jorge Tamames recomienda “no obsesionarse con la deuda”. “En la medida en que haya crecimiento económico y el déficit estructural se estabilice en índices bajos, la deuda en relación con el PIB decrece de forma natural”, explica. Javier Ferri admite que los “austeros se pasaron un punto” en su día. “Pero, entre el derroche y comportarse de forma frugal, me quedo con esto último”, matiza. España, lamenta, habría podido gastar más para hacer frente a la pandemia, si sus cuentas hubieran estado más saneadas. “Que a partir de ahora vaya a haber un punto menos de exigencia y de austeridad, no quiere decir que las reglas [fiscales] ya no valen y que el gasto público es libre”, zanja.

No obstante, los economistas holandeses coinciden con los españoles en buena parte de sus propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Quieren una regla de gasto más sencilla y “observable”, a diferencia de la actual, aseguran, que se basa en la brecha de PIB y es difícil de medir. También plantean sustituir –las instituciones españolas prefieren eliminarla– la regla que exige a los países más endeudados reducir en una veinteava parte cada año la diferencia de su deuda pública con el umbral del 60%. Baarsma y Beetsma plantean no tocar esta última cifra porque, a su juicio, proporciona “un ancla visible y resultaría políticamente difícil de cambiar”. Sí que consideran la regla del 1/20 “poco realista”.

Además, están de acuerdo con los españoles en reclamar más protagonismo para las autoridades fiscales independientes en la supervisión del cumplimiento de las reglas. Y en sustituir las sanciones por incentivos positivos, en forma de acceso a líneas de crédito o subvenciones, para compensar a los países que respeten las normas fiscales. Pero, he aquí la segunda brecha, ni de lejos piensan en un instrumento fiscal permanente financiado con eurobonos. Los holandeses ya fueron los más agresivos en su rechazo a mutualizar la deuda cuando en Bruselas se discutía el diseño de los fondos de recuperación contra el covid.

Para Javier Ferri, el “cambio de paradigma” debería pivotar sobre tres ejes: una reducción “a un ritmo más acompasado a la economía”, tanto de la deuda en relación con el PIB como de la exigencia de tener superávits estructurales en las fases de expansión; poner el foco en la composición del gasto público, para que contribuya al crecimiento, y que aquel sea compatible con los objetivos de la transición digital y ecológica.

Los temores de Javier Santacruz se centran en la negociación del procedimiento de déficit excesivo, el que se aplica a los países que superan el 3% y que puede terminar siendo “una batalla de todos contra todos”, así como en la del régimen sancionador a los incumplidores. “Veinte años de euro han dejado muchos muertos en el armario”, advierte, que pueden salir en un momento tan complejo como el que se avecina. El miedo de Jorge Tamames, en cambio, es que la reforma se quede corta: “La UE siempre ha sido tímida y conservadora”.

En el debate que se abre paso en Europa a favor y en contra de la vuelta al Pacto de Estabilidad, Pablo Casado está del lado de los halcones. Los países que defienden la vuelta al austericidio, que la RAE define como “el suicidio por austeridad”: la política económica basada en la reducción del gasto público mediante recortes. 

Las reglas de estabilidad de la Unión Europea exigen a los países miembros, bajo amenaza de sanciones económicas, recortes de deuda y de déficit público hasta situarlos por debajo del 60 y el 3% respectivamente. Pero están suspendidas desde que estalló la pandemia.

El líder del PP confirmó este martes, durante su intervención en un foro organizado por la asociación que agrupa a las principales empresas con intereses en el sector turístico, su apuesta por la tesis que defiende el canciller alemán, Olaf Scholz. 

El jefe de gobierno germano reafirmó en Madrid su deseo de que Bruselas vuelva a las reglas de estabilidad —suspendidas durante la pandemia— porque “el pasado ha mostrado que cuando resolvemos conjuntamente los problemas económicos en la UE es cuando mejor nos va. Y el pacto de estabilidad nos ha dado el marco necesario para el fondo de recuperación”, defendió Scholz el martes en una rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez —su ministro de Finanzas, el liberal Christian Linder, es de los que quieren recuperar las reglas cuanto antes—.

No es algo que defienda el presidente del Gobierno, como quedó patente en esa rueda de prensa. España no quiere que la relajación de la reglas de estabilidad sea inmediata para no estar atada de pies y manos en plena recuperación y defiende “reformarlas” para que tengan en cuenta, de un lado, la necesidad de “dar respuesta al reto climático“ y completar la transformación digital, y del otro el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas a medio plazo. En la misma línea de reforma están también, en principio, dos de los Estados más grandes, Francia e Italia, también con cifras de deuda y de déficit elevadas.

Casado está de acuerdo con Scholz y, sobre todo, con su ministro de Finanzas. De hecho, la necesidad de recortar deuda y déficit a pesar de la flexibilización del pacto durante la pandemia forma parte de su discurso desde hace año y medio. El líder del PP culpa a menudo a Sánchez y a su Gobierno del incremento de la deuda y del déficit público. 

En mayo de 2021 ya dejó clara su posición, que ha defendido en varias ocasiones en las cumbres europeas del Partido Popular: “Ajustar el gasto público “reduciendo los ministerios a la mitad, los asesores a la mitad”, acabando “con el gasto superfluo” y enviando “un mensaje a la economía productiva de que los primeros que se abrochan el cinturón son los poderes públicos”.

Entonces Casado llegó a poner una cifra encima de la mesa: “Nos va a tocar ajustar 50.000 millones de euros a partir del momento en el que acaben los estímulos del BCE, algo que aparentemente empezará a suceder en marzo, al menos en parte, cuando la institución gobernada por Christine Lagarde ponga fin al programa de compra de bonos puesto en marcha durante la pandemia.

Esta vez no fue tan lejos y no hablo de cifras de recorte, pero sí tomó partido por los ajustes. “Scholz reclama lo que venimos pidiendo nosotros, que es volver a la responsabilidad en las cuentas públicas”. Se trata, enumeró, de reducir la deuda pública, “un baldón que es insoportable y que alcanza a un incremento de 5.800 euros más por español desde que está en el Gobierno este equipo”, y de reducir el déficit estructural. 

A lo que hay que sumar, añadió recordando su proyecto para España, la reforma de las pensiones, la profundización de la reforma laboral de Mariano Rajoy, la implantación de la llamada mochila austriaca, un modelo de flexibilidad laboral que el PP ha convertido en uno de los ejes de su propuesta porque, según este partido, “redunda positivamente en el sistema público de prestaciones de desempleo y de pensiones”.

Casado cree que nuestro país no debe esperar al momento en que Bruselas ponga fin a la excepcionalidad que supuso el levantamiento de los límites de deuda y déficit para afrontar el gasto público extraordinario causado por la pandemia y el escudo social. Algo que ya están empezando a pedir los halcones, Holanda, Austria, Dinamarca, Letonia, Eslovaquia, República Checa, Finlandia y Suecia, algunos de los cuales en su día trataron de impedir, sin éxito, la creación de los fondos europeos de recuperación.

¿Por qué ya? Según el líder del PP, porque es necesario “prepararnos para un escenario en el que si se reducen las compras de los bancos centrales o se suben los tipos de interés”. Y hacer “una economía más competitiva” en un momento las incertidumbres geoestratégicas en Asia y en Europa, problemas de suministro energético o ante el riesgo de que la inflación no sea un fenómeno coyuntural.

Si eso sucede, pronosticó ante los principales empresarios del sector turístico, “países como España, con un 120% de deuda pública, un 5,4 de déficit público estructural y el peor paro de toda Europa, van a sufrir mucho más, llegando a ver comprometida su estabilidad”. 

La paradoja es que para recortar deuda y déficit Casado sigue proponiendo una reducción de impuestos que su equipo calcula en unos 10.000 millones de euros. Con el fin de reducir los riesgos causados por la economía de emergencia provocada por la pandemia, el PP propone el mismo plan que defendía antes incluso de que el virus se extendiese por Europa. 

“Lo que estamos planteando es que aprovechemos ya los fondos europeos para reducir esos riesgos y recuperar la competitividad” no sólo bajando impuestos sino abaratando la contratación mediante una reducción de las cuotas sociales con las que se financia la seguridad social. Y con “más flexibilidad laboral”, lo que significa ampliar el margen de maniobra de los empresarios a la hora de fijar las condiciones de los contratos.

A eso hay que sumar lo que Casado llama una “reducción de la burocracia”. España necesita, según el líder del PP, “adelgazar el sector público. Simbólicamente”, precisó, “reduciendo los ministerios” cuyo número hace que el dinero se vaya “en asesores y gasto superfluo”. Pero “también con mecanismos de la digitalización de la administración pública”.

Casado no sólo reivindicó a Scholz frente a Sánchez por la vuelta a la austeridad. Entre las virtudes del nuevo canciller alemán el líder del PP citó su capacidad de llegar a acuerdos con la CDU de Angela Merkel —de cuyo gobierno formó parte durante la etapa de la gran coalición— o haber “sido capaz de decir a los alemanes a pesar de ser socialista: tenemos que bajar los impuestos 30.000 millones de euros”. Aunque esta última medida no es de Scholz: la ha anunciado en el tabloide Bild su ministro liberal de Finanzas (los otros socios del Gobierno germano, el SPD y Los Verdes, proponen incrementar los impuestos a los más ricos). 

A pesar de ello, Casado no tuvo reparo en afirmar: “Nosotros pensamos que [la de Scholz] es la receta”. 

El Gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento para el próximo año del 1,8 al 1,6% del PIB pero aún así confía en que, en combinación on las nuevas figuras impositivas que se propone poner en marcha, sea suficiente para elevar el techo de gasto presupuestario para 2020 al 3,8% , hasta los 127.609 millones. Aun así, esta cifra representa una suma menor que la que intentó sacar adelante en 2018 y que PP y Cs impidieron aprobar en el Senado, algo que justifica en la desaceleración económica.

La aprobación de este porcentaje, así como de la senda de estabilidad por la que se propone transitar hasta 2023, confirman que el Ejectivo sigue dando los pasos necesarios para aprobar el proyecto de Presupuestos Generales de 2020. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, máxima responsable de su elaboración, rehuyó una vez más este martes poner fecha a la presentación de las cuentas a la espera de que el Gobierno negocie y cierre los apoyos que necesita para que la ley presupuestaria salga adelante en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno no quiere correr ningún riesgo, consciente de los endeble de la mayoría con que cuenta en el Congreso y quiere asegurarse de que el proyecto sale adelante e iniciar su tramitación aunque posteriormente tenga que negociar modificaciones vía enmiendas parciales. Eso sí, mantiene la fecha anunciada por el presidente Pedro Sánchez y reafirma que su previsión es contar con las cuentas aprobadas y en vigor para el “próximo verano”.

La ministra expresó, no obstante, su confianza en que España pueda tener este año los Presupuestos “que merece” y que, desùés de dos prórrogas, ya son “urgentes”. “Podrán gustar más o menos pero hay que permitir que se tramiten”, insistió.

Ni Montero ni Calviño dieron este martes detalles en torno los nuevos impuestos, sobre los que aseguran que el Gobierno sigue trabajando y que afectarán, entre otras cosas, a las transacciones financieras y a las tecnológicas que comercian con datos de sus usuarios, pero sí subrayaron que ningún caso tendrán consecuencias sobre “las clases medias y trabajadoras”.

La senda de estabilidad fijada por el Gobierno hace recaer el grueso del ajuste de déficit sobre la administración central para descargar de esta responsabilidad tanto a las Comunidades Autónomas como a la seguridad social, aseguró Montero.

La nueva senda 2020-2023, con la que el Gobierno quiere poner fin a la fijada por el PP en 2017 y que todavía está en vigor, recoge unos objetivos más flexibles, al elevar la previsión de déficit público al 1,8% del PIB este año y estimar un 1,5% en 2021, un 1,2% en 2020 y un 0,9% en 2023, al tiempo que prevé que la deuda pública rondará el 90% del PIB al final de legislatura.

Montero consideró esta previsión “bastante razonable” para garantizar el compromiso de España con la estabilidad presupuestaria y e “imprimir” al miso tiempo a los Presupuestos las “señas de identidad” del actual Gobierno de coalición: reducción de desigualdades, transición ecológica, lucha contra la pobreza, reto digital y “revitalización” del Estado de Bienestar.

Sobre la nueva senda ha resaltado que proporciona un marco “mucho más realista y prudente que la vigente” heredada de Rajoy.

No hubo acuerdo. Hacienda no entregará los 2.500 millones del IVA de diciembre de 2017 que reclaman las comunidades autónomasreclaman y que quedó pendiente por una decisión tomada aquel año por el Gobierno del PP que el Ejecutivo de Sánchez no pudo corregir porque no pudo sacar adelante los Presupuestos de 2019.

La titular del ministerio, María Jesús Montero, ofreció a los consejeros autonómicos que acudieron al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tres medidas paliativas. La primera, no tener en cuenta a efectos de déficit ese dinero, que muchas de estas comunidades presupuestaron —y gastaron— en 2019 pese a no tener soporte en la columna de ingresos. La segunda, preparar fondos para ayudar a las que este problema ha provocado dificultades en los pagos a proveedores. Y la tercera, diseñar una senda de déficit para la administración autonómica que facilite su transición hacia el equilibrio presupuestario: un 0,2% del PIB para este año, un 0,1% para 2021 y un 0% para 2022.

Hay que tener en cuenta, recordó Montero, que la senda de déficit en vigor para las comunidades en 2019 —la que fijó Montoro en 2017— es del 0,1%. Y que la decisión de muchas comunidades de contar con ese IVA en sus cuentas de 2019 les supondría un incremento de déficit de en torno a dos décimas, de manera que si el Gobierno decidiera incluir lo sucedido en el cómputo de déficit la cifra aumentaría a un 0,3% del PIB. Eso es lo que el Ejecutivo ha ofrecido no hacer.

La senda de déficit, así como la de deuda —23,4 para 2020, 22,8 para 2021, 22,1 para 2022 y 21,4 para 2023— fue aprobada en el CPFF por 11 votos a favor y seis en contra —los de las comunidades del PP—.

Al final, la inmensa mayoría de comunidades autónomas —de distinto color político— que han acudido CPFF insistieron en reclamar el IVA que consideran pendiente de 2017, algunas de ellas a través de los tribunales.

Así se expresó, por ejemplo, la consejera socialista de las Illes Balears, Rosario Sánchez Grau (PSOE), quien dejó clara su opinión de que no se puede pretender compensar a las autonomías permitiéndoles más déficit a cambio de no abonarles los 2.500 millones del IVA del 2017. “El déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019”, zanjó la consejera en declaraciones recogidas por Europa Press.

En términos parecidos se manifestaron Javier Fernández-Lasquetty (Madrid) y Valeriano Martínez (Galicia), ambos del PP. Este último argumentó que déficit e IVA son “conceptos distintos”. “No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda”, criticó.

El origen del contencioso del IVA que enfrenta a las comunidades autónomas con el Gobierno se remonta a 2017, cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), sólo pagó a las comunidades autónomas 11 meses de IVA como consecuencia de un ajuste contable. Con “nocturnidad hizo una modificación unilateral del sistema de información del IVA que hizo que en la práctica sólo se recaudaran, a efecto de comunidades autónomas, once meses”, explica el actual equipo de Hacienda.

Hoy ese dinero ya no se puede entregar a las comunidades, afirma Montero, “porque el sistema de financiación tiene una liquidación dos años más tarde. Es decir: si el daño se produjo en el 2017, se tenía que haber reparado en el año 2019”.

“No existen 2.500 millones de euros que se quede el Gobierno de España, eso es falso”, asegura la ministra, quien añade que “el ajuste, en términos de contabilidad nacional, se hizo en el año 2017. Así que nadie se queda con ningún dinero porque no hay ningún dinero sobrante”.

La senda de estabilidad

Lo que la ministra Montero no reveló este viernes son los objetivos de déficit y deuda para la Administración central, la Seguridad Social y las entidades locales, a la espera de hacérselos saber a la Administración local y de aprobarlos definitivamente en Consejo de Ministros.

La senda de estabilidad marca los límites dentro de los cuales se tiene que mover el presupuesto público durante los próximos años en términos de déficit y deuda, dos conceptos sobre los que la Unión Europea ejerce un fuerte control a través del llamado Pacto de Estabilidad, un instrumento creado para garantizar la disciplina fiscal de los Estados miembros.

Ese Pacto de Estabilidad está siendo puesto en cuestión por algunos Estados, entre ellos España. Los países del norte, en general, quieren endurecerlo; los del sur, relajarlo. La nueva presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, abogó esta semana por aplicarlo “con toda la flexibilidad” posible. En cualquier caso, mientras esté en vigor, el Gobierno de Sánchez mantiene su compromiso de cumplimiento.

Lo habitual es que los objetivos de déficit y deuda —para la Administración central, las comunidades autónomas, la Seguridad Social y las entidades locales— se actualicen cada año —es obligatorio tramitarlos en el primer semestre—, pero en España todavía están en vigor los fijados hace casi tres años por el Gobierno de Mariano Rajoy. Eso es así porque el PP, que hasta abril de 2019 tenía mayoría absoluta en el Senado, bloqueó en la Cámara Alta la actualización que el Gobierno de Pedro Sánchez quería aplicar suavizando los objetivos con el visto bueno de Bruselas.

Si no se modificase la senda vigente, la del PP, obligaría al Gobierno de Sánchez a conseguir una reducción del porcentaje de déficit al 0,5% del PIB y a hacerlo íntegramente a través de la Seguridad Social —el mandato era de equilibrio en la Administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales—. Y a recortar también la deuda este año a un 92,5% del PIB, en su mayor parte (67,6 puntos) con cargo a la Administración central.

Tras la aprobación de la senda autonómica en el CPFF, el Gobierno tiene que fijar en el Consejo de Ministros el resto, así como el límite de gasto no financiero, conocido como “techo de gasto”, para posteriormente presentarlo junto a la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda de las Administraciones públicas al Congreso de los Diputados y el Senado. Estas previsiones constituyen la base sobre la que el Gobierno elaborará y aprobará su proyecto de Presupuestos Generales para 2020.

Presupuestos “cuanto antes”

El propio Pedro Sánchez remarcó este jueves que no piensa modificar su objetivo de contar con Presupuestos cuanto antes ni siquiera para sortear las dificultades que representa conseguir una mayoría suficiente en el Congreso como consecuencia del escenario preeletoral en el que ha entrado Cataluña.

“La intención del Gobierno de España es aprobar cuanto antes los Presupuestos”, declaró en Barcelona. “Y les digo una cosa: ese cuanto antes nada tiene que ver con el calendario electoral, tiene que ver con las urgencias y la importancia de los temas que afectan al día a día de los ciudadanos de nuestro país”.

Oficialmente, el Gobierno no reconoce haber negociado estas cifras con Bruselas más allá del “constante diálogo” que, según la ministra de Economía, Nadia Calviño, mantiene con las autoridades comunitarias para compartir sus previsiones macroeconómicas y las intenciones del Ejecutivo desde el punto de vista fiscal.

Calviño, sin embargo, recordó hace unos días que el margen de maniobra de España ha cambiado en comparación con el que se encontraron en 2018. Porque gracias a la reducción del déficit público nuestro país salió la pasada primavera del llamado brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y pasó a formar parte del brazo preventivo. En esta nueva situación, precisó, Bruselas no hace tanto énfasis en la ratio de déficit nominal, sino en cuáles son los ajustes estructurales a realizar en los próximos años para lograr los objetivos de sostenibilidad en materia de déficit y deuda pública.

Desde el punto de vista de los objetivos, hay varias diferencias entre el brazo correctivo y el preventivo. La primera de ellas es que al haber bajado de un déficit del 3% basta con mantenerse por debajo de esa cifra, no es imperativo seguir reduciéndola. Y que la atención pasa ahora al llamado déficit estructural: la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta cómo les afecta que el ciclo económico sea de crecimiento o de recesión.

Eso significa que no se pueden tener en cuenta los ingresos derivados de un mayor crecimiento o, por ejemplo, el ahorro motivado por tener que pagar menos prestaciones por desempleo. Sólo cuenta recaudar más por subidas de impuestos o gastar menos por recortar los gastos. Eso es en lo único en lo que se va a fijar Bruselas a partir de ahora.

En el caso español, la UE exige un ajuste estructural para el 2020 del 0,65% del PIB, lo que representa aproximadamente 7.800 millones de euros. Una cifra que puede salir de la reducción de gastos o del aumento de impuestos pero que con toda probabilidad España intentará escalonar a lo largo de varios ejercicios para no afecte a las políticas sociales que quiere poner en marcha.

De ahí que la arquitectura financiera que el Gobierno está preparando incluya la creación de nuevos impuestos, entre los que destacan los que afectan a las transacciones financieras o a las empresas digitales que comercian con datos de los usuarios, así como al incremento de los tipos para las más ricos y para las grandes empresas.

El preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos compromete al futuro Gobierno a impulsar “políticas sociales y nuevos derechos” pero “con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa”. También reconoce como “esenciales” “la evaluación y el control del gasto público” para sostener un “Estado del bienestar sólido y duradero”. Y a recalcar su voluntad de cumplir con las exigencias del Pacto de Estabilidad se han dedicado estos últimos días tanto Pedro Sánchez como Nadia Calviño en todos los foros a los que han acudido, ante los temores empresariales y europeos a que la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo pueda arrastrar los próximos Presupuestos por la senda del gasto.

En el Foro de Gobernanza Digital de Berlín, la ministra de Economía en funciones dejó claro que “la responsabilidad fiscal, la reducción lo más rápido posible del déficit y la deuda”, combinadas con la responsabilidad social, serán las guías maestras del futuro Gobierno. Además, precisó que destinará “todo el margen” que sea posible a bajar la deuda pública, “uno de los desequilibrios más importantes” de la economía nacional.

Más taxativo aún había sido sólo unos días antes Pedro Sánchez. “Quiero subrayar que la estabilidad presupuestaria, en definitiva, nuestro compromiso con la disciplina fiscal y, por tanto, los objetivos de estabilidad acordados con la Unión Europea, formará parte de los ejes vectores del nuevo Ejecutivo”, aseguró el presidente del Gobierno en funciones en el VI Congreso de las Empresas Familiares Europeas”. “¿Apostamos decididamente por el equilibrio presupuestario?”, se preguntó retóricamente después. “Sin duda alguna”, contestó detallando a continuación que el futuro Gobierno reducirá la deuda pública hasta el 97,6% del PIB y recortará el déficit público al 2% del PIB en lo que queda de año y al 1,7% en 2020.

Ese mismo 20 de noviembre, Bruselas advertía a España, no obstante, de que con las cuentas prorrogadas que acababa de enviar a la Comisión Europea corría el riesgo de incumplir las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: una desviación del gasto público del 1,2%, del déficit estructural en otro 0,8% y una deuda pública que no bajará del 96,6% de PIBdel déficit estructural en otro 0,8%. De ahí que exigiera al nuevo Gobierno ajustes por importe de 9.600 millones de euros.

Además, este miércoles el Eurogrupo apremió a España para que mande “cuanto antes” un proyecto de Presupuestos para 2020 actualizado, que sustituya a la prórroga de las cuentas enviada a mediados de octubre. Ese documento incluía la revalorización de las pensiones según el IPC y la subida de salarios de los funcionarios, pero no alzas de impuestos o nuevas partidas de gasto social.

Un 1,2% más de gasto público

Cómo conjugar las invocaciones a la responsabilidad fiscal con los compromisos sociales que un posible Gobierno de izquierdas quiere lucir como seña de identidad va a ser, por tanto, el primer desafío del nuevo Ejecutivo. “A mayor compromiso social, una gestión económica más pulcra y también más rigurosa para hacerlo posible”, prometió Pedro Sánchez ante las empresas familiares europeas.

Bruselas ha recomendado a España un aumento del gasto público que no supere el 0,9% del PIB pero, según los cálculos de la Comisión, la desviación excederá el 1,2%, dos décimas por encima de lo presupuestado por el Gobierno antes de las elecciones del 10 de noviembre y del acuerdo con Unidas Podemos. Además, la UE le reclama “medidas compensatorias” que sustituyan al factor de sostenibilidad –cuya aplicación ha quedado aplazada a 2023– y al 0,25% de revaloración de las pensiones –desde 2018 vinculadas de nuevo a la inflación–, dos medidas de la reforma de 2013 que según Bruselas contribuyeron a la sostenibilidad del sistema de prestaciones públicas. Sólo la partida para subir las pensiones asciende a 1.404 millones de euros. El acuerdo de gobierno incorpora el “blindaje” de las pensiones, combinando la “sostenibilidad” del sistema con la “revalorización de las prestaciones conforme al coste de la vida”. La subida de los salarios de los funcionarios supone al menos 3.264 millones de euros más.

'Tasa Google', impuestos a las rentas más altas

De forma que, además de la “gestión económica más pulcra y rigurosa” que promete Sánchez, el Gobierno debería aumentar la partida de los ingresos si quiere gastar más y ajustarse el corsé de Bruselas al mismo tiempo. El preacuerdo PSOE-Unidas Podemos promete, en el mismo punto donde ambas fuerzas se emplazan a cumplir con sus deberes fiscales, una “reforma fiscal justa y progresiva” que acerque España a Europa y “elimine privilegios fiscales”.

Así, el PSOE mantiene su intención de aplicar la tasa Google, el impuesto a las grandes tecnológicas con el que pretendía recaudar unos 1.200 millones de euros. En el tintero se ha quedado, por el contrario, el impuesto sobre las transacciones financieras, que debería aumentar los ingresos del fisco en 850 millones de euros. Y está por ver cómo se traduce la reforma fiscal “progresiva” en las subidas del impuesto sobre sociedades o del IRPF para las rentas más altas reclamadas por Unidas Podemos pero eliminadas en el programa del PSOE a las últimas elecciones.

Otro tanto puede decirse de los ingresos de la Seguridad Social. La recaudación de cotizaciones sociales ha crecido un 8%, 2,5 puntos más que en 2018, según presumió este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. De hecho, dijo, la subida triplica el alza del empleo. El aumento de los salarios y del salario mínimo explican estos mejores ingresos, que se ven amenazados no obstante por la desaceleración del empleo. En cualquier caso, a estas alturas del año el déficit de la Seguridad Social roza los 5.000 millones de euros, un 0,4% del PIB. Y este año el Gobierno deberá echar mano de nuevo a la hucha de las pensiones para abonar la extra de navidad: 2.900 millones de euros.

Pero Bruselas no sólo pide al futuro Gobierno un ajuste de 9.600 millones de euros, sino también que dedique todos sus recursos extra –provengan de nuevos ingresos o de menores gastos, incluido el ahorro en intereses por los bajos tipos– a recortar la deuda. Lo que reduce el margen para sufragar los compromisos sociales pactados. Pedro Sánchez se comprometió ante los empresarios familiares a dejar la deuda pública en un 97,6% del PIB, pero la Comisión Europea le exige un punto más, después de un quinquenio en que casi ni se ha movido.

Mientras los líderes de Unidas Podemos no han entrado a explicar cómo se cuadrará el círculo de sus reivindicaciones sociales con las exigencias europeas de disciplina fiscal, Pedro Sánchez insiste en que gestionará las “prioridades sociales muy marcadas” del Gobierno que promete siempre dentro de “los márgenes financieros que permite la realidad económica”.

La Comisión Europea ha decidido no correr riesgos en el partido que disputa con Madrid y Lisboa. Ha pospuesto hasta julio la decisión de imponer eventuales sanciones a España y Portugal. Ambos países llevan unos meses en la picota por superar, ampliamente, los límites presupuestarios permitidos. En teoría, estos incumplimientos deberían acarrear sanciones. El déficit público español alcanzó el año pasado el 5,1% del PIB, cuando el objetivo del déficit pactado era del 4,2%; España lleva en campaña prácticamente desde marzo de 2015 y el Gobierno está en funciones. Mientras, en Portugal, donde gobiernan los socialistas desde octubre con el apoyo de otras fuerzas de izquierdas, la desviación del déficit es todavía más importante: a finales de 2015 era del 4,4% del PIB, es decir, 1,7 puntos por encima de lo establecido.

“No son decisiones fáciles de tomar”, se justificaba esta semana el comisario Pierre Moscovici en el solemne acto de presentación, en Bruselas, de las “recomendaciones económicas”, dirigidas a coordinar mejor las políticas económicas en todo el continente. El socialista francés se justificaba con relación a España: “No es el mejor momento ni económica ni políticamente […] No tenemos delante a un Gobierno capaz de tomar las medidas necesarias. Pero quiero dejar claro, ante todo, que la Comisión tiene la intención plena de hacer respetar las normas”.

Si Moscovici guarda las formas es porque sabe que esta demostración –relativa– de flexibilidad, por parte de la institución, considerada garante de los tratados, no evitará que resurja el viejo debate, que tanto gusta a los alemanes, sobre las reglas de la Unión. De “inaceptable”, lo ha calificado el eurodiputado de la CSU (la formación bávara aliada a la CDU de Angela Merkel) Markus Ferber partidario de las sanciones. La prensa alemana ha manifestado su incomprensión al respecto. ¿Para qué sirven las reglas comunes si después se permite, de facto, no respetarlas? ¿Y si hiciera falta una institución independiente, menos politizada que la Comisión, para controlar las cuentas de los países miembros?, se preguntan en voz alta dos de los alemanes más influyentes, Jens Weidmann (al frente del Bundesbank) y Wolfgang Schäuble (ministro de Finanzas)?

“Es posible que estas reglas fueran mal concebidas, pero los reiterados fracasos a la hora de aplicarlas alimentan una fuerte convicción entre los alemanes: la indulgencia de la Eurozona para con los Estados endeudados y derrochadores natos, cuando al final, son ellos los que pasarán por caja”, se inquietaba recientemente The Financial Times en un editorial benevolente con la Comisión de Bruselas. Existe un precedente que irritó bastante al otro lado del Rin; en 2015, París fue amenazado con ser sancionado en un escenario similar al de España o Portugal. Francia logró escapar in extremis a las sanciones, tras años de intimidaciones. El argumento alemán sigue siendo frágil, pese a todo; no hay que olvidar que la primera economía de la Eurozona también fue el primer Estado miembro –junto con Francia– que incumplió, en 2004, las reglas del primer Pacto de Estabilidad (un déficit público por debajo del 3% del PIB; una deuda pública por debajo del 60% del PIB).

La decisión de Juncker de ganar tiempo se ve con buenos ojos. Se explica bien. De aquí a la celebración del referendo británico sobre la pertenencia a la UE, previsto para el 23 de junio, y hasta las elecciones generales españolas de tres días después, Juncker trata de presentar un perfil bajo. Frente a su habitual locuacidad, se muestra cauto, evita destacar. Atrás quedan aquellos tiempos en que se atrevía a decir, pocos después de arrancar la campaña electoral griega, que prefería la victoria de “rostros familiares”, para con ello criticar veladamente a Syriza. Como mucho, se conforma con decir, en una entrevista a Le Monde, que se siente “obligado de manifestar lo que no les gusta”, en alusión a la ultraderecha austriaca, que puede imponerse en las presidenciales del domingo. Pero tanto en el caso del Brexit como en lo que respecta a España, el luxemburgués recurre al comodín. Cuando Boris Johnson, exalcalde de Londres, hace una lamentable comparación de la UE y los nazis, él calla (al contrario que su colega Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo). Estos días, Juncker parece decidido a hablar lo menos posible para hacer el menor mal posible al proyecto europeo.

Si bien se puede entender la estrategia del presidente de la Comisión, es difícil seguirle el ritmo a Pierre Moscovi, cuando se viene arriba: “No es indulgencia. Se trata simplemente inteligencia. Esta Comisión demuestra que es capaz de tener en cuenta las realidades políticas y económicas complejas”. En su blog, conciliador, insiste: “El papel de la Comisión, el mío en particular, es hacer respetar las reglas pero se ha de tener cuidado para no influir en la recuperación, todavía frágil. Por esa razón, no era el momento de sancionar a países que pasan por situaciones económicas y sociales difíciles y que, sin embargo, están haciendo un esfuerzo”. El socialista francés tiene en el punto de mira a la anterior Comisión, la presidida por el portugués José Manuel Durao Barroso, cuando el finlancés Olli Rehn, al frente del “semestre europeo”, destacaba las virtudes de las políticas de austeridad en lo peor de la crisis financiera. Para acabar con su imagen de padre de la austeridad, en 2013, Barroso se mostró partidario de combinar, en la jerga europea, “la indispensable corrección presupuestaria con medidas que favorecen el crecimiento”. Así y a todo, las cosas no cambiaron radicalmente. En ese sentido, la Comisión Juncker se las arregla mejor.

Más allá del debate sobre las sanciones, la Comisión en esencia no ha cambiado. Moscovici y sus colegas sólo están haciendo arreglos en un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sigue vigente. Ése sigue siendo el caballo de batalla. Si finalmente España es sancionada, saldrá adelante. En teoría, las indemnizaciones pueden llegar a ser de hasta el 0,2% del PIB del país. En realidad, se teme que sean muy inferiores. El problema, no son tanto las sanciones –sin duda anecdóticas–, sino el modo en que el Ejecutivo europeo se ha convertido en dueño y señor a la hora de comunicar y establecer, cada tres meses, una agenda económica que se resume, ahora y siempre, en un puñado de indicadores rudimentarios fijados por el “Pacto”: el déficit público, la deuda pública, uno y otra con relación al PIB, que supuestamente que resume por sí solo la “riqueza” de un país… Con independencia de lo que diga el comisario francés, se han conocido mecanismos más inteligentes, en un momento en que el proyecto europeo recibe ataques por todos lados. El debate presupuestario bruselense ya ha entrado en campaña en España: Mariano Rajoy provoca a Bruselas en una entrevista concedida a The Financial Times, a Pedro Sánchez, por no haber respetar los compromisos con la comisión, a Podemos, formación que sistemáticamente ha de explicar cómo va a gestionar los límites presupuestarios, antes incluso de haber presentado su programa… En resumen, es falso pensar que la Comisión no interviene, a su manera, en los debates electorales españoles.

Hay una constatación que resulta pasmosa: ocho años después de la crisis de las deudas soberanas, el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento sigue siendo alfa y omega en la coordinación de las políticas económicas en Europa. Bruselas se limita demasiado a menudo a unas manidas directrices –“consolidación presupuestaria” (recortes) y “reformas estructurales” (reformas del mercado del trabajo y de las pensiones para reforzar la competitividad económica)– que impiden abordar con mayor complejidad, las diferentes situaciones por las que atraviesa el continente. Sólo cambia el equilibrio entre los dos (más o menos consolidación presupuestaria). Al término del segundo mandato de Barroso, Lazlo Andor, comisario de Asuntos Sociales, trató de modificar este dogma, mediante la integración de un barómetro de otros indicadores dirigidos a medir la salud de un país (desigualdades de renta, ingresos de los hogares disponibles) y calcular de otro modo las famosas desviaciones presupuestarias, país por país. Pero, con frecuencia, ha hablado a la pared. Ahora, la belga Marianne Thyssen ha tomado el relevo de la mano de Juncker. A juzgar por la transparencia en la conferencia de prensa del miércoles, en presencia de Pierre Moscovici y Valdis Dombrovskis (uno de los vicepresidentes de la institución), no hay razones para pensar que las cosas hayan cambiado en el fondo. Sin duda, es más indulgente que la precedente Comisión, está por ver si también es más inteligente.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Los organismos autónomos de la Administración o mejor, los responsables de los organismos autónomos de la Administración, también lloran. Lo hacen en forma de comunicados, pero no deja de ser llanto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un ejemplo. El organismo, creado en 2013, se ha quejado porque ha tenido que aplazar el informe preceptivo que está obligado a realizar antes del 15 de abril sobre los planes de control del Gobierno de la deuda y el gasto público (Programa de Estabilidad). La causa es que el Ejecutivo le ignora. Ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Hacienda han proporcionado al organismo la información necesaria para que dictamine sobre el Programa de Estabilidad actualizado antes de su envío a Bruselas el 30 de abril.

La ley por la que se creó el organismo (Ley Orgánica 6/2013) establece que antes del 15 de abril de cada año, AIRef debe informar del proyecto de Programa de Estabilidad y valorar los compromisos que garanticen el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. El de 2015, según fuentes del organismo, iba a ser el primero realizado sobre un Programa de Estabilidad. No ha podido ser. Sencillamente, según el comunicado, no dispone de información completa. 

Sólo borradores

"Tienen borradores [del Programa de Estabilidad]", sostienen fuentes del Ministerio de Economía, "pero no están cerrados". AIReF no los considera suficientes. Fuentes del organismo aseguran que esperan tener toda la información de los ministerios antes del 21 de abril para poder informar sobre el programa antes de que se envíe a la Comisión Europea a finales de mes.

Nadie lo da por seguro. El Gobierno tiene sus prioridades, sostienen fuentes ministeriales, y que AIReF cumpla su calendario no es una de ellas. Tanto la Autoridad Fiscal Independiente como los ministerios coinciden en que si los plazos son ajustados, habrá que cambiar la norma que los fija (artículo 16 de la Ley Orgánica). Según AIReF ya hay conversaciones al respecto, pero ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Hacienda las confirman.

La displicencia del Gobierno con la AIReF a la hora de someter a examen sus previsiones contrasta con los argumentos que empleó cuando anunció su creación en 2013. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que AIReF gozaría de "plena autonomía e independencia" "plena autonomía y que tendría como principal objetivo garantizar el principio de estabilidad presupuestaria que marca el artículo 135 de la Constitución.

Hijo del artículo 135

Porque ese fue su origen. Aunque fue aprobado hace dos años, AIReF es un organismo autónomo hijo de la reforma constitucional y del artículo 135 que dio prioridad al pago de la deuda pública sobre el resto de obligaciones del Estado en 2011. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, más vehemente en la palabra que Sáenz de Santamaría, calificó el organismo que preside José Luis Escrivá (exdirector del servicio de estudios del BBVA) como "uno de los más avanzados del mundo".

Los halagos públicos no han servido, sin embargo, ni para facilitar la labor fiscalizadora de AIReF ni para pasar por alto algunas de las decisiones del incómodo Escrivá. Una de esas decisiones, muy criticada, fue la reforma  de la nueva sede del organismo, 1.275 metros cuadrados en la madrileña calle de José Abascal. El coste de la reforma previsto es de un 8,5% de los 4,484 millones que maneja el organismo como presupuesto para 2015.

El "niño modelo" de Europa, según definió a España el Deutsche Bank, no lo es para Bruselas. La Comisión Europea no se cree las cuentas del Gobierno para 2015, coloca a España entre los países con más desequlibrios económicos en sus cuentas públicas –junto a Grecia y Chipre– y pide nuevos ajustes para cumplir con los objetivos de déficit (4,2% en 2015 y menos del 3% en 2016), además de una nueva vuelta de tuerca al mercado laboral. "El ajuste sigue incompleto", advierte Bruselas un mes antes de que entre en vigor una reforma que prevé una rebaja de impuestos de 9.000 millones de euros en dos años.

Pese a los recelos de la Comisión Europea, que estima un crecimiento para España el próximo año del 1,7% frente al 2% previsto en los presupuestos, el Gobierno está tranquilo. Cree que el cálculo de Bruselas sobre el déficit de 2015 en España (4,6%, cuatro décimas por encima de la previsión oficial) se debe sólo a que los técnicos de la Comisión son un poco más pesimistas sobre las previsiones de crecimiento. Como marca el guión, el ministro de Economía, Luis de Guindos, descartó que el Ejecutivo vaya a aprobar ajustes adicionales.ajustes adicionales

España, aunque ha mejorado con las reformas que alaba Bruselas (en 2013 incumplía seis indicadores de 11 y ahora "sólo" cinco), sigue mostrando desequlibrios respecto a los objetivos del Tratado de Estabilidad. Según el documento (página 40) elaborado por Bruselas, España incumple en paro (24,1% de media en tres años frente al 10% objetivo); deuda pública (92,1% del PIB frente al 60%); deuda privada; cuota de mercado exportador y posición neta en inversión internacional.

Cumplidores e incumplidores

Bruselas mantiene a España en el "pelotón de los torpes" por desequilibrios entre ingresos y gastos. En la división que hace el Gobierno comunitario entre países que cumplen (Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Eslovaquia), los que cumplen a medias (Estonia, Letonia, Eslovenia y Finlandia) y los que no van a cumplir, España ocupa lugar en este último bloque junto con Bélgica, Francia, Italia, Malta, Austria y Portugal. Estos siete países son, en opinión de los técnicos de la Comisión, el mayor peligro para la estabilidad de la eurozona. Es su conclusión tras analizar los borradores presupuestarios de 2015.

En ese contexto, la Comisión Europea desconfía de los presupuestos elaborados para 2015 por un Gobierno que presume de haber dejado atrás la crisis y haber convertido a España en el motor de crecimiento de la eurozona. “El proyecto (de presupuestos)", dice Bruselas, "no asegura el cumplimiento de los objetivos fiscales.objetivos fiscales La Comisión invita a las autoridades a tomar las medidas necesarias”. “España ha hecho ciertos progresos relativos a la parte referida a las reformas estructurales incluidas en las recomendaciones del Semestre Europeo”, pero “debe hacer más progresos”, concluye la Comisión. 

Los números no salen. Al menos, no salen para Bruselas, que expide su receta para solucionar el problema: una reducción de los tipos impositivos del impuesto sobre la renta; una nueva reducción –temporal— de las cotizaciones sociales para los nuevos contratos firmados en 2014 y medidas correctoras” para los Gobiernos autonómicos que no cumplan con los objetivos fiscales.

Otra vuelta de tuerca

El Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, concretó el llamamiento al Gobierno para que dé otra vuelta de tuerca a la reforma laboral. La Comisión, dijo Moscovici en una conferencia de prensa recogida por Europa Press, es "consciente de que el paro es el principal problema" el parode España en términos de desequilibrios macroeconómicos y por ello, según ha dicho Moscovici, recomienda al Gobierno "reformas estructurales, en particular en el sector del mercado de trabajo".

La confianza del Gobierno en que el crecimiento de la economía bastará para cubrir cualquier desequilibrio no sólo provoca desconfianza en Bruselas. También los responsables con más y mejor información oficial –los del Banco de España– han alertado sobre el posible incumplimiento del objetivo de déficit en 2015.

La lupa está sobre los presupuestos del año próximo. Han sido elaborados, según el Gobierno, para apuntalar la salida de la crisis. En realidad, las cuentas del Estado, aún sin recortes añadidos como reclama Bruselas, no supondrán ningún alivio para la población más golpeada por la crisis desde 2008.

Menos parados y menos prestaciones

Los presupuestos prevén un descenso del número de parados de 5,6 millones a 5,2 millones, pero al mismo tiempo recogen un ahorro cercano  a los 4.500 millones en el pago de prestaciones. Resultado: el número de parados sin ningún tipo de protección crecerá por encima de los 1.600.000 actuales.

Para los jóvenes menores de 25 años, la situación aún será peor. El último dato coloca la tasa de paro en este colectivo en el 53,8% (49,3% en Grecia) pero al año próximo la renta básica de emancipación sólo alcanzará los 14 millones (40 millones en 2014), sin que la puedan cobrar nuevos perceptores. nuevos perceptores

“Le escribo para preguntarle por las razones que llevan a que Francia tenga previsto desviarse de los objetivos presupuestarios fijados por el Consejo, en lo que respecta al déficit público general y al ajuste del equilibrio estructural en 2015. Asimismo, quisiera saber cómo prevé Francia cumplir las obligaciones de política presupuestaria en 2015, establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento”.

El autor de estas líneas es Jyrki Katainen, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. Se dirige a Michel Sapin, ministro de Finanzas francés, en una carta remitida a principios de semana a París. François Hollande confirmó el jueves por la tarde, tras la reunión del Consejo de Europa celebrado en Bruselas, la existencia de esta carta pero se negó a publicarla. “Se trata de una carta absolutamente banal, sin importancia alguna, más allá de pedir determinadas informaciones y precisiones”, señaló. De los cinco países que han recibido una carta del Ejecutivo de José Manuel Durão Barroso –Austria, Italia, Francia, Malta y Eslovenia–, solo Italia, a día de hoy, ha hecho público el documento.

En el escrito enviado a París, al que Mediapart ha tenido acceso y que publica en su integridad (véase más abajo), la Comisión expresa su inquietud por el proyecto presupuestario de Francia para 2015. Podría incluso emitir un “dictamen negativo” sobre el borrador francés, el próximo miércoles, si las negociaciones entre París y Bruselas no se desbloquean antes. Se trata del procedimiento habitual previsto por el semestre europeo, un conjunto de reglas, especialmente presupuestarias, que han de permitir a los Estados coordinar mejor sus políticas económicas, para evitar que se repita la crisis de las deudas soberanas.

“De la propuesta remitida por Francia, se desprende que el borrador del proyecto presupuestario (Draft Budgetary Plan) no prevé situar el déficit público por debajo del 3% del PIB, tal y como recoge el Tratado hasta 2015, el plazo máximo fijado por el Consejo en sus recomendaciones del 21 de junio de 2013, con el objetivo de poner fin al procedimiento de déficit público excesivo de Francia”, puede leerse en el documento.

“Según nuestro análisis preliminar [...], el ajuste del déficit estructural debería situarse a un nivel muy inferior al nivel recomendado. Por consiguiente, todo parece indicar que el borrador del proyecto presupuestario para 2015 prevé incumplir las obligaciones presupuestarias recogidas en las recomendaciones del Consejo, sobre el procedimiento de déficit público excesivo”, continúa. El déficit estructural francés, objeto de preocupación en Bruselas, se corresponde con el déficit público una vez detraídas las variables coyunturales, y es el indicador que suscita el debate.

El contenido de la carta enviada a París es más o menos idéntico al que incluye la misiva recibida por los italianos, pero el tono es, en ocasiones, más ofensivo. “Es la evidencia de que las negociaciones con los italianos van mejor, mientras que las mantenidas con los franceses esta misma semana son mucho más agitadas”, aclara una fuente en Bruselas. Francia es objeto de un procedimiento llamado de “déficit excesivo”, no así Italia. Esto obliga a la Comisión a mostrarse más firme con París.

Durante la rueda de prensa del jueves por la noche celebrada en Bruselas, François Hollande dijo que esperaba respetar “los compromisos europeos, pero con la máxima flexibilidad”. Ratificó que el recorte asciende a los 21.000 millones de euros que se preve en los presupuestos para 2015. “Podemos ver cómo movilizar algunos recursos, calcular mejor algunos gastos, pero no habrá cambio alguno en este punto”, insistió. París prevé un déficit del 4,3% a finales de 2015, muy lejos del 3%.

La estrategia del jefe del Estado en estas negociaciones presupuestarias es confusa, continuamente oscilante entre la confrontación con Bruselas y el perfil bajo. El Consejo Europeo del jueves celebrado Bruselas, debía acoger una cumbre del euro el viernes al mediodía y por la tarde, a petición de Roma y de París. Las dos capitales esperaban aclarar el modo en que se pueden interpretar las reglas del Pacto de Estabilidad y de Cremiento con más flexibilidad. Pero tienen que contar con las reticencias de Angela Merkel, la canciller alemana.

“La Comisión aspira a continuar con un diálogo constructivo con Francia con el fin de conseguir una evaluación definitiva [del proyecto presupuestario]. Espero conocer su posición tan pronto como pueda y si posible antes del 24 de octubre. Esto permitiría a la Comisión tener en cuenta la postura de Francia en las fases siguientes del procedimiento”, concluye Jyrki Katainen.

El viernes por la mañana, un grupo de diputados del PS, entre ellos Karine Berger, Yann Galut y Valérie Rabault, salieron a la palestra para solicitar al jefe del Estado que publique “inmediatamente” la carta. “Pedimos al presidente de la República francesa que publique inmediatamente la carta dirigida a Francia para que los franceses puedan conocer los puntos que discute su país y la Comisión Europa”, escriben. “Garante de esta soberanía presupuestaria”, el Parlamento francés debe ser parte interesada en la discusión iniciada entre nuestro país y la Comisión Europea”, juzgan.

Esta es la transcripción de la carta enviada a París:

«Dear Minister,First and foremost, I would like to thank you for the submission of France's Draft Budgetary Plan (DBP) for 2015, which we received on 15 October.Based on the submission by France, the DBP itself does not plan to bring the general government deficit below the 3 % of GDP Treaty reference value by 2015, the deadline set by the Council in its recommendation of 21 June 2013 with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit in France.According to our preliminary analysis - confirmed on the basis of the recalculation by the Commission services using the commonly agreed methodology - the adjustment in the structural deficit is expected to be well below the level recommended. In that respect, there is a strong indication that the DBP for 2015 plans a breach of the budgetary policy obligations which stem from the Council recommendation under the excessive deficit procedure. Against this background, further exchanges of information have already taken place between your services and the Commission.In line with the provisions of Article 7(2) of Regulation (EU) № 473/2013 of 21 May 2013, I am writing to consult you on the reasons why France plans to deviate from the budgetary targets set by the Council regarding both the general government deficit and the adjustment in the structural balance in 2015. I would also wish to know how France could ensure full compliance with its budgetary policy obligations under the SGP for 2015.The Commission seeks to continue a constructive dialogue with France with the view to come to a final assessment. I would therefore welcome your view at your earliest convenience and if possible by 24 October. This would allow the Commission to take into account France's views in the further procedure.Yours sincerely, »

Traducción: Mariola Moreno