La reunión del Consejo Fiscal de este martes marcará un antes y un después en la Fiscalía. Casi una veintena de plazas, incluidas del Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción, están en juego y el centro de atención estará en la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que es la que en última instancia decide sobre el futuro de la carrera de los aspirantes. Y la consecuencia directa de dos de esos nombramientos marcará el desarrollo de la instrucción de la macrocausa Tándem, la que indaga en las presuntas actividades delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, pues Delgado debe decidir si mantiene en su puesto a los dos fiscales encargados del caso, los que han impulsado la treintena de piezas en las que se divide esta gran investigación de la Audiencia Nacional.

Los miembros del Consejo Fiscal valorarán y emitirán sus conclusiones sobre la idoneidad de los candidatos, pero su pronunciamiento no es vinculante y es la fiscal general la que finalmente decide. Confirmar a Stampa y Serrano supondría un espaldarazo a la labor que han desarrollado en la instrucción que han desarrollado estos tres años y medio. Ambos tienen ya plaza fija en la Fiscalía de Madrid, pero han solicitado destino en la fiscalía especial contra la corrupción.

Stampa y Serrano fueron asignados al caso a principios de 2017 por el anterior fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix para que investigaran una denuncia de uno de los socios del expolicía. Meses después, a principios de noviembre y ya con Alejandro Luzón al frente de esta fiscalía, Villarejo fue detenido y desde entonces está en prisión provisional. A partir de ahí, y con el avance de la investigación desarrollada por los fiscales, la causa ya tiene abiertas casi una treintena de piezas separadas.

Y las pesquisas parecen estar muy lejos de terminar. Según se van desencriptando los archivos y documentación que le fueron intervenidos al comisario en su domicilio tras su detención se van abriendo vías de investigación cuyo nexo de unión son los encargos de espionaje que Villarejo hizo o recibió de empresarios, banqueros y hasta políticos, utilizando su posición y la información a la que tenía acceso en la Policía Nacional a cambio de elevadas sumas de dinero.

Pero la cosa no termina ahí: en la última pieza conocida de la macrocausa, la número 28 que todavía está bajo secreto de sumario, el comisario habría seguido tratando de sacar rédito a la información de la que hizo acopio durante más de 30 años de profesión desde la cárcel de Estremera, según los investigadores. Para ello se habría buscado a otros aliados, uno de ellos ya conocido por juez y fiscales: su mujer, Gemma Alcalá, quien fue detenida el viernes pasado junto a otras tres personas por presuntamente tratar de vender documentos relativos a investigaciones oficiales de la Policía y judiciales.

De momento, Alcalá se ha librado de la medida de prisión provisional que pedían los fiscales: el juez Manuel García Castellón ha optado por dejarla en libertad con cautelares, a pesar de que es una pieza clave en algunas de las líneas de investigación ya cerradas. No en vano, Anticorrupción solicita para ella 46 años de prisión por la pieza 'Iron', relacionada con el encargo que habría hecho el despacho de abogados Herrero & Asociados al comisario jubilado para espiar a un bufete de la competencia; y otros 36 años y cuatro meses por la pieza 'Land', que versa sobre el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca'.

Esta pieza 28 es la última de una investigación que contiene piezas separadas que constituyen macrocausas en sí mismas, en la opinión de fuentes del caso, y en las que Stampa y Serrano llevan trabajando más de tres años. Tal es el caso de Kitchen, la pieza que indaga en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, o la relativa a los trabajos que se le encargaron a Villarejo desde el BBVA durante una década y que le reportaron millones de beneficio para su empresa de detectives.

La destitución de los fiscales que llevan el caso Tándem podría suponer una transformación total de la investigación tal y como se ha venido desarrollando hasta ahora, pues el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tendría que designar,cuando Stampa y Serrano terminaran su comisión de servicio, a unos nuevos responsables que, así de primeras, tendrían que estudiarse la causa al completo, lo que podría llevar a una ralentización de las pesquisas.

Respaldo del fiscal jefe

Luzón es un firme defensor de la labor desarrollada estos años por Serrano y Stampa y así lo pudo manifestar públicamente durante la declaración que prestó como testigo José Manuel Calvente, el abogado despedido de Podemos que compareció en otra de las piezas más mediáticas del caso Villarejo, la denominada Dina sobre el robo del teléfono móvil de la exasesora del partido morado Dina Bousselham y la publicación posterior de parte de su contenido en medios de comunicación.

El fiscal jefe Anticorrupción se encargó de dicho interrogatorio por la “trascendencia política”, ya que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias está personado como perjudicado por la publicación del contenido del móvil, y por los intentos de vincular la estrategia de Anticorrupción con la de Podemos como acusación popular de la macrocausa. Luzón aprovechó la comparecencia de Calvente para defender la actuación de los fiscales Stampa y Serrano como “impecable”.

Estas palabras del fiscal jefe fueron un espaldarazo en medio de la polémica que se había desatado después de que se hicieran públicos los chats del grupo de abogados de Podemos en los que una de las letradas, Marta Flor, alardeaba de tener una relación muy estrecha con Stampa, aunque luego ella reconocía que había exagerado. Sea como sea, en los últimos meses se han abierto dos expedientes al respecto por parte de la Inspección Fiscal: el primero fue archivado dos veces, mientras que el segundo está pendiente de la Fiscalía Superior de Madrid, que aún tiene que revisar la denuncia penal que presentó Vox por presunta revelación de secretos.

El teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, llegó a pronunciarse sobre este asunto en dos entrevistas hace unas semanas. Aunque en un primer momento dijo que había sentido “asco” por la “relación” entre Stampa y la abogada de Podemos, días después firmó un escrito en que se retractaba de sus palabras, pedía disculpas y hasta consideraba las informaciones sobre la presunta relación como "absolutamente falsas".

Posible abstención de Delgado y Navajas

Delgado y Navajas son miembros natos del Consejo Fiscal por los puestos que ocupan. Dado que la primera salió a colación de algunas conversaciones grabadas por el comisario Villarejo que obran en el sumario de Tándem y a raíz de las declaraciones del primero, fuentes fiscales opinan que ambos deberían abstenerse en el Consejo Fiscal de este martes de cualquier decisión que pueda afectar a Stampa y Serrano, informa Europa Press.

Los fiscales de Tándem optan a dos plazas fijas de Anticorrupción, pero están en liza otras seis a las que se han presentado también seis fiscales de la misma casa que también ejercen actualmente en comisión de servicio, pero también otros siete que proceden de otras fiscalías. Además, Delgado deberá asignar la plaza que ha dejado vacante Concepción Sabadell, acusadora en el caso Gürtel y que recientemente fue nombrada representante de España ante la Fiscalía europea.

Por otro lado, Delgado tendrá que designar al fiscal que ocupe la que era su plaza en la Audiencia Nacional. La fiscal general ejerció durante años en este tribunal, especializándose en causas de terrorismo de ETA y después en yihadismo. Su plaza lleva sin asignarse desde que ella se marchó para ser ministra de Justicia, en junio de 2018. Optan al puesto tres fiscales que ya trabajan en la Audiencia Nacional de forma interina, así como otros cuatro provenientes de las fiscalías de Madrid y Sevilla, según el listado de candidatos al que ha tenido acceso infoLibre.

Tres fiscales del procés compiten por una plazaprocés

Aparte de las plazas de Anticorrupción, la atención al Consejo Fiscal también estará puesta en la terna que decidirá el nombramiento de uno de los cuatro fiscales de Sala Jefe de Sección Penal en el Supremo, para cubrir la baja que dejó vacante tras su jubilación Antolín Herrero. Optan a esta plaza tres de los fiscales que lideraron la acusación por rebelión en el juicio por el procés, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal. El cuarto que llevó este caso, Fidel Cadena, ya es fiscal jefe de Sala junto con Juan Ignacio Campos y Pilar Fernández Valcárcel.

Optan al puesto otros diez candidatos. Del total de 12, una decena prestan servicio ya en el Supremo, mientras que José Javier Huete está actualmente en la Unidad Especializada de Menores de la Fiscalía General del Estado y Belén Suárez es la teniente fiscal de Anticorrupción y responsable de la acusación pública en la causa en la que se investiga a la familia Pujol.

Todos son fiscales altamente experimentados, pero Zaragoza es uno de los que más opciones tiene por su larga carrera en el Ministerio Público. También opta al puesto Manuel Dolz, quien fue secretario de Estado de Justicia con Delgado como ministra.

El Consejo Fiscal de este martes también informará sobre la provisión de una fiscalía togada para la Sala Quinta del alto tribunal, a la que se han presentado igualmente Madrigal, Moreno y Dolz. El resto de plazas que Delgado propondrá renovar son para destinos en Siniestralidad Laboral y para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, esta última de nueva creación y a la que optan una vez más Dolz y la ex fiscal general María José Segarra.

No es un fiscal cualquiera. Es lo que pensarían los más de 2.500 fiscales que el lunes pasado desayunaron escuchando o leyendo unas declaraciones que avecinaban tormenta, tanto dentro del Ministerio Público como en los círculos políticos.

La grave polémica suscitada por las duras acusaciones que ha hecho Luis Navajas contra algunos de sus compañeros, denunciando presiones y “contaminación ideológica”, proviene de que es uno de los miembros de la carrera de más alta categoría, teniente fiscal del Tribunal Supremo y, por tanto, el número dos en el escalafón actual de la Fiscalía General del Estado.

Después de la comprensiva sorpresa y revuelo generalizados, las afirmaciones de Navajas, primero en Okdiario y después en Onda Cero, han llevado al desánimo a compañeros de carrera que, consultados por infoLibre, lamentan que la Fiscalía pueda ser puesta en duda y el trabajo diario de los fiscales de España se vea ensombrecido por sospechas de intereses políticos. Alimentado en gran medida por los debates políticos que han utilizado esta última polémica para acusarse unos a otros de interferir en la labor del Ministerio Público.

Y todo ello porque la Fiscalía, que es teóricamente autónoma en sus actuaciones, se ve lastrada por el hecho de que su superior jerárquico es nombrado directamente por el Gobierno de turno y esto hace que su labor se vea cuestionada para según qué asuntos. El propio Navajas tuvo que hacer frente a críticas cuando emitió el informe que debía presentar a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre las decenas de querellas que se habían presentado contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la pandemia de coronavirus. No ha ayudado que la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, fuera nombrada apenas unas semanas de que dejara el cargo de ministra de Justicia, de modo que las dudas en ciertos temas pueden estar ciertamente justificadas. Tampoco fueron acertadas las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando sugirió que el Ministerio Público “depende” del Ejecutivo.

Desde la Asociación de Fiscales, el colectivo mayoritario, no han podido ser más contundentes tras la polémica suscitada por las declaraciones de Navajas: en su opinión, con las palabras del teniente fiscal “se arrojan más dudas sobre la independencia de quien ostenta y ha ostentado el cargo de fiscal general del Estado que las que de ordinario se suelen suscitar, viniendo así a confirmar la sospecha ciudadana de mediatización política de la institución”. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece Delgado, ha pedido “poner fin a la crispación” ante la “complicada situación en que se ve inmersa la Fiscalía”.

Pero, ¿cómo funciona la Fiscalía?

Jueces y fiscales cursan los mismos estudios de Derecho y optan a la misma oposición. Es tras pasar ese examen cuando, en función del número de plazas convocadas y la calificación obtenida, deciden su futuro optando por una u otra carrera. La estructura y el funcionamiento del Ministerio Fiscal están regulados en su Estatuto Orgánico, pero en realidad, es la Constitución de 1978 la que establece que el o la fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo que hace este último es avalar que se cumplen los requisitos para la designación, como es que este cargo debe ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con al menos 15 años de experiencia efectiva. Delgado cumplía estos requisitos, pero su vinculación tan directa con el Gobierno, precisamente por haber sido ministra en una etapa inmediatamente anterior y también diputada del PSOE hace que se vea permanentemente cuestionada en las guerras políticas. Y esta situación, irremediablemente, arrastra a todos los fiscales.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre recuerdan que lo importante en democracia son los contrapesos a los poderes, es decir, establecer límites y control a la actuación de los poderes públicos. La Fiscalía General del Estado es un órgano jerárquico para garantizar la unidad de actuación de todos los fiscales en todo el territorio nacional, siempre con sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico, de modo que puede dictar instrucciones y líneas generales de acción, si bien el mismo Estatuto Orgánico prevé salvaguardas para los fiscales inferiores que discrepen de alguna indicación de su superior. Es el artículo 27, que cualquier fiscal puede invocar si considera que una decisión es “contraria a las leyes” o “por cualquier otro motivo que estime improcedente”.

Además, el Gobierno no puede dar ningún tipo de instrucción al Ministerio Público, aunque sí puede pedirle, a través del Ministerio de Justicia, que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. En estos supuestos, el fiscal general convoca a la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones solicitadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada.

Fiscales de máxima categoría

Junta de Fiscales de Sala es un nombre que se ha escuchado mucho en los últimos días, a raíz de las polémicas declaraciones de Luis Navajas. Compuesta por “los que más saben”, como la definen varias fuentes consultadas para explicar de forma gráfica quiénes son sus miembros, actualmente consta de 31 fiscales --aparte de Delgado--, todos con más de 20 años de ejercicio en la carrera. Los todopoderosos fiscales, casi todos especialistas en Derecho Penal aunque hay algunos expertos en determinadas áreas como violencia de género o medio ambiente, están en lo más alto del escalafón de la categoría fiscal, a nivel de magistrado del Tribunal Supremo, y asisten al fiscal general en materia doctrinal y técnica.

Es la Junta que, según algunos, debía haber convocado Luis Navajas para pedirles opinión de cara a informar sobre las querellas contra el Gobierno por la gestión del covid-19, porque el Estatuto Orgánico establece, en su artículo 25, que los fiscales de Sala deben ser oídos cuando la fiscal general imparta instrucciones que se refieran a asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del Gobierno. Fiscales consultados por infoLibre discrepan de la interpretación que se puede dar a este precepto: los hay que efectivamente opinan que la Junta tuvo que ser convocada antes de presentar el informe sobre las querellas ante el Supremo para así contar con más opiniones expertas, mientras que otros defienden que el teniente fiscal –designado para esta tarea al haberse apartado Delgado– no había recibido ninguna instrucción al respecto y, por tanto, entendió que no era pertinente consultar a sus compañeros.

En un caso muy sonado en su momento, fue la Junta de Fiscales de Sala la que acordó, por 13 votos contra 2, que no procedía citar a declarar como imputado al ministro de Asuntos Exteriores en 2001, Josep Piqué, por el caso Ertoil sobre la presunta venta fraudulenta de la petrolera Ertoil por parte de Ercros, de la que Piqué fue director de estrategia corporativa en el momento de la operación. La Junta fue convocada por el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, tras las discrepancias con el que era jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.

El Supremo no avaló la acusación de rebelión

Cuatro fiscales de Sala que conforman la Junta son los que defendieron la acusación de rebelión en el juicio por el proceso independentista catalán que se celebró en el Tribunal Supremo. El tipo penal fue mantenido por Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno desde la instrucción del procedimiento, con José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General aún en tiempos del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, hasta la presentación de los escritos de acusación y la celebración del juicio, ya con Ejecutivo socialista y con una nueva fiscal general nombrada por éste, María José Segarra. Con el cambio de gobierno tras la moción de censura, no faltaron las elucubraciones acerca de si la entonces jefa del Ministerio Público impondría un cambio de criterio a los fiscales, si bien la acusación se mantuvo siguiendo el criterio de los encargados del caso y del resto de miembros de la Junta, solicitando al tribunal duras penas de prisión que en algún caso superaba los 20 años. El veredicto del tribunal que presidió Manuel Marchena, como es sabido, no compartió los argumentos de los fiscales y optó por condenar por sedición.

Las palabras de Luis Navajas han revelado tensiones dentro de la Fiscalía General del Estado y, más concretamente, entre los más altos miembros de la carrera, al acusar a algunos de sus compañeros de filtradores, calificarles de “tropa”, señalar a dos de ellos por estar, en su opinión, “contaminados políticamente” y denunciar que trataron de influirle para admitir las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Estos dos compañeros son Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, igualmente fiscales de Sala con una amplia experiencia en su campo. La primera, además, fue fiscal general del Estado casi dos años cob Gobiernos del PP y casualmente los dos fueron parte del equipo que defendió el delito de rebelión en la causa del procés.

Los fiscales consultados por infoLibre coinciden en remarcar que Navajas no estuvo acertado en sus declaraciones por señalar a dos compañeros de esa manera, más allá de si tenía razón o no. Pero algunos también recuerdan, como hizo el propio teniente fiscal, el artículo que Madrigal escribió en el diario El Mundo el pasado mes de mayo en el que criticó abiertamente la declaración del estado de alarma por la pandemia por constituir, a su juicio, “un ejercicio antidemocrático de poder” y un “verdadero estado de excepción en el que se restringen severamente los derechos ". Ahora se ha sabido que la Inspección Fiscal tramita una denuncia a raíz de la publicación de este artículo, al tiempo que también investiga las manifestaciones realizadas por Navajas, una situación que no ayuda a calmar las aguas en Fiscalía General del Estado y entre los números uno de la carrera.

El futuro de la instrucción penal

Entretanto, más de 2.500 fiscales continúan haciendo su labor diaria por todo el territorio nacional, siempre defendiendo que sus máximas son seguir criterios de objetividad e imparcialidad, aplicando la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente. Y no olvidan sus reivindicaciones, que pasan por dotarse de una autonomía presupuestaria y de un mayor protagonismo que les otorgue la dirección de las instrucciones judiciales. Se trata de una vieja reclamación que ya planteó en el siglo XIX el jurista Alonso Martínez, padre de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que expertos juristas defienden para que el peso de la investigación recaiga en el Ministerio Público y el juez pase a convertirse en un mero garante de los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos sometidos a una investigación penal.

La instrucción fiscal es un sistema arraigado en países de nuestro entorno como Alemania, Italia, Portugal o Francia, por lo que fuentes fiscales consultadas por infoLibre consideran que un cambio de modelo acercaría a España a los estándares europeos. Pero es un cambio que se resiste, a pesar de que ministros de Justicia, sabiendo de la reivindicación histórica del Ministerio Público, prometan reformas en sus tomas de posesión que, al finalizar su mandato, no llegan a producirse.

No todo serían pros con un cambio de modelo. Según la catedrática de Derecho Procesal de la UNED Sofía Calaza, la descongestión en la Administración de Justicia sería considerable si se pasara la instrucción a los fiscales, ya que los juzgados se ven muchas veces colapsados por la cantidad de causas que tienen que atender cada día, pero las particularidades propias del Ministerio Público –dependencia jerárquica– limitarían la independencia de los instructores. Por eso, ha explicado a infoLibre que un cambio de modelo tendría que conllevar necesariamente una reforma del Estatuto Orgánico de la Fiscalía, de modo que los que ejercieran la instrucción, y no tanto los que se ocuparan de la acusación, fueran plenamente independientes de sus superiores.

Una reforma profunda del modelo de instrucción penal derivaría, según Calaza, en una “mayor justicia procesal”, pues los procedimientos se dirimirían con mayor celeridad y mejoraría la calidad de la investigación al tener al frente a un instructor más liberado de otras causas. En su opinión, todo ello repercutiría positivamente en una de las carencias más lamentadas por abogados, jueces y fiscales: la desconfianza de los ciudadanos en la Justicia. Hace un año, la mitad de los españoles calificó de malo o muy malo el funcionamiento de esta Administración del Estado y ponía en duda la independencia de los jueces, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La Inspección Fiscal ha abierto una información previa tras recibir una denuncia de una asociación de abogados de izquierdas contra la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, por el contenido de un artículo muy crítico con la gestión de la pandemia por el Gobierno que publicó en el diario El Mundo el pasado 3 de mayo.

La tramitación de este asunto, confirmada por Europa Press, es independiente de la investigación también interna que ha abierto la Inspección en relación con las manifestaciones realizadas por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, quien en recientes entrevistas apuntó que dos compañeros habían tratado de "influirle" sobre el sentido del informe que él estaba realizando en relación con las querellas presentadas contra el Gobierno por su forma de llevar la crisis sanitaria.

La denuncia, cuya presentación obliga al menos un somero estudio, según las fuentes consultadas, fue presentada recientemente por el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda pese a que el artículo fue publicado hace casi cinco meses. Consideran que el contenido del artículo debe ser merecedor de sanción disciplinaria.

Sobre la investigación de las presiones denunciadas por Navajas, el decreto de incoación de las diligencias no señala contra quien se dirigen las actuaciones, si bien uno de los fiscales apuntados en las entrevistas en las que señaló presiones es Madrigal. La indagación se ciñe por el momento al análisis de lo dicho por el teniente fiscal de Supremo, tras lo cual se estudiará si merece ser objeto de un expediente disciplinario contra algún miembro de la Carrera Fiscal en particular.

El fiscal Navajas explicó que no convocó la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las más de 60 querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia porque habría tenido que excluir de ese encuentro a algunos fiscales "contaminados políticamente".

Según su relato, cuando comenzaron a presentarse las querellas contra el Gobierno por el coronavirus algunos fiscales acudieron a su despacho para intentar influenciarle sobre el fondo de este asunto. En concreto, apuntó a Consuelo Madrigal y a "otro compañero" cuyo nombre no quiso revelar. "Son fiscales de altísima consideración pero que en este asunto concreto están contaminados ideológicamente", dijo.

Estas manifestaciones provocaron el malestar entre las asociaciones de fiscales al considerar que estaban "fuera de lugar". Así, para la Asociación de Fiscales, "tachar ideológicamente a los compañeros está fuera de lugar", pues recuerda que el Ministerio Público, como institución, prevé mecanismos para valorar la profesionalidad y actuación de los fiscales y que cada fiscal puede hacer uso de ellos para defender sus intereses.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también comparte que las afirmaciones de Navajas "no contribuyen, en modo alguno, a transmitir una imagen de unidad de actuación y de absoluta independencia o autonomía de Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones".

“Acudieron a mi despacho a influenciarme sobre el fondo de este asunto”. Es la acusación lanzada este lunes por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, contra dos de sus compañeros, en concreto dos de los responsables de la acusación en la causa del procés catalán. Estas palabras no han dejado indiferente a nadie en la Carrera Fiscal, causando desde sorpresa hasta estupefacción.

Navajas es el fiscal al que su jefa, la fiscal general Dolores Delgado, encargó el informe sobre la veintena de querellas presentadas en el alto tribunal contra el Gobierno por la gestión del covid-19. Tras meses de estudio, el Ministerio Público pidió a los magistrados que se inadmitiesen todas y cada una de ellas al no ver posible un reproche penal en la actuación de Pedro Sánchez y sus ministros.

Las críticas internas por estas conclusiones llegaron y Navajas no ha esperado ni una semana a dar su versión, explicarse y de paso sacar a relucir supuestas presiones a las que dice que se vio sometido desde que le encargaron el informe.

Unas presiones que, según dijo en una entrevista en Onda Cero, vinieron de la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal –esto es, la que fue su superior– y otro compañero de la Carrera del que no ha dado el nombre. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre apuntan que se trata de Fidel Cadena. Los dos, fiscales de Sala como Navajas, ejercieron la acusación de rebelión contra los líderes independentistas en el Supremo, condenados finalmente por sedición.

Según ha explicado, le dijeron que “el prestigio de la carrera” fiscal estaba en sus manos y le pidieron que no pusiera “un baldón” en sus últimos días como fiscal, ya que se jubila el próximo diciembre tras más de 40 años en el Ministerio Público.

Más que críticas, las palabras de Navajas han causado estupor, conmoción, entre los miembros de una Carrera cuya profesionalidad se ve cuestionada tantas veces por intereses políticos. Sin embargo, los hay que, consultados por infoLibre, se han mostrado muy contundentes calificando de “barbaridad” las palabras del teniente fiscal del Supremo por revelar discusiones privadas y poner en tela de juicio a compañeros, con nombres y apellidos, acusándoles de intentar presionarle.

Otros consideran desacertado airear “conversaciones de despacho” que los fiscales, aseguran, tienen todos los días con otros compañeros acerca de los asuntos que tienen sobre la mesa. Discusiones jurídicas entre compañeros hay cada día sobre los diferentes asuntos que tienen encima de la mesa, pero, según las fuentes consultadas, son charlas en las que cada uno pone de manifiesto su punto de vista y no se pueden entender como presiones.

Pero además, recuerdan que, aunque tanto Navajas como Madrigal y Cadena son fiscales de Sala, el primero está por encima de ambos en el escalafón jerárquico, por lo que dudan de que esa supuesta presión pudiera producirse.

En general, una de las palabras más utilizadas por los fiscales consultados al ser preguntados por este asunto es “sorpresa”, más aún cuando en sus más de 40 años de carrera se ha significado como un profesional poco dado aparecer en los medios de comunicación, con un perfil bajo y muy técnico, en general respetado por sus compañeros.

Con gobiernos de PP y PSOE

Nombrado teniente fiscal del Supremo en tiempos de Eduardo Torres Dulce al frente de la Fiscalía General del Estado, Navajas ha trabajado codo con codo con cuatro fiscales nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy -una de ellas Consuelo Madrigal, objeto de sus acusaciones- y con otras dos designadas por el Ejecutivo socialista.

En virtud de su cargo, ha ejercido como fiscal general en funciones entre ceses y nuevas designaciones por parte del gobierno de turno, también cuando se produjo el repentino fallecimiento de José Manuel Maza.

Dos de esos exjefes no dejan de manifestar su sorpresa, incluso su disgusto, por las declaraciones de una de las personas con las que trabajaron más estrechamente durante sus mandatos, pero han evitado hacer declaraciones al ser preguntados por infoLibre. La propia aludida Consuelo Madrigal tampoco ha querido pronunciarse al respecto y, aunque lamenta lo ocurrido, se ha limitado a manifestar que existe la libertad de expresión.

De perfil conservador, fuentes fiscales opinan que con sus declaraciones ha querido defender su independencia tras las críticas publicadas ante su informe sobre las querellas por la gestión del covid-19, pero que le han fallado las formas.

Daño a la institución

Las fuentes consultadas, personas que le conocen desde hace años, no entienden esta reacción de Navajas, sabiendo como saben los fiscales que sus decisiones e informes no siempre van a gustar a todos y pueden hasta ser cuestionados desde cualquier ámbito, algo que, entienden, él debería saber mejor que nadie tras más de 40 años ejerciendo la profesión.

En general, esta opinión es compartida por los fiscales consultados, aunque otros se quedan en manifestar su estupefacción por lo ocurrido. Algunos lo achacan a que ya está de salida, puesto que su mandato lo ejerce en funciones desde principios de este año y hasta que se jubile en diciembre, y aunque no hacen más valoraciones al respecto, no niegan el daño que este tipo de lo que parecen rencillas personales puede causar a una institución siempre puesta en tela de juicio por su supuesta falta de imparcialidad.

A esta imagen no ayudó que Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, fuese nombrada, cuando acaba de dejar ese cargo, fiscal general del Estado. Esta fue la razón por la que se apartó del informe sobre las querellas contra el Gobierno y lo puso en manos de Navajas, el segundo fiscal con mayor rango del Ministerio Público.

La fiscal Dolores Delgado ha dejado sin efecto una orden firmada por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, de septiembre de 2016, en la que se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina por crímenes franquistas entre 1976 y 1978, informa Europa Press a partir de fuentes fiscales.

La decisión de la Fiscalía de no oponerse a las diligencias que puedan realizarse puede tener trascendencia de cara la última citación realizada en este asunto por la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, María Servini, que ha fijado para el proximo 3 de septiembre el interrogatorio vía telemática del exministro Rodolfo Martín Villa, imputado en este proceso.

En todo caso, la última palabra sobre una comparecencia de estas características -que ha sido fijada y finalmente paralizada durante años postpuesta durante los últimos años-, será del juez al que le toque admitir o no la diligencia, según fuentes jurídicas.

Citación del exministro Martín Villa

Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.

La coordinadora Ceaqua, que representa a las víctimas, también le imputa responsabilidad en la muerte de Rafael Gómez Jáuregui en Rentería; de José Luis Cano Pérez en Pamplona; de Francisco Javier Núñez en Bilbao -todas ellas ocurridas en 1977-, así como de ; de José María Zabala Erasun en Hondarribia y de de María Norma Menchaca en Santurce, ambas un año antes. También piden aclarar los sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona en julio de 1978 durante la celebración de las Fiestas de San Fermín.

El último intento de la juez Servini de interrogar a Martín Villa fue del pasado mes de marzo, cuando solicitó viajar a nuestro país el día 20 de ese mes mediante un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. La crisis del covid-19 dio al traste con esta visita y con su posterior aplazamiento al mes de mayo.

El Foro de Abogados de Izquierda-Red de abogados Demócratas ha presentado ante la Fiscalía General una petición para abrir un expediente disciplinario contra la exfiscal general con el PP Consuelo Madrigal, por su furibunda crítica al Gobierno de Pedro Sánchez. En un artículo publicado esta semana en el diario El Mundo afirmaba que el Ejecutivo ha acudido a la "imposición encubierta" de "un verdadero estado de excepción", que lleva a cabo una "apropiación ilegítima de poder" que "debe frenarse" y que financia de manera "oportunista" a "medios de comunicación vasallos".

Según el escrito presentado ante la Fiscalía General, el Foro de Abogados de Izquierda-Red de abogados Demócratas considera que este artículo podría suponer una "incitación similar a lo que ella interpretaba como delito de rebelión o sedición hace poco desde los estrados del Tribunal Supremo. ¿Cómo entiende esta fiscal que debe frenarse a un gobierno democrático?". Asimismo, el documento asegura que Madrigal firma el artículo con su nombre e "invocando su condición de fiscal del Tribunal Supremo", en un medio "de máxima difusión" y "un día antes de una comparecencia en el Congreso de los Diputados en un momento de máxima tensión política sobre la prórroga del estado de alarma".

Por esta razón, solicitan la apertura de un expediente disciplinario de acuerdo con lo dispuesto en dos artículos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. "Es importante no olvidar, que esta fiscal ha sido fiscal General del Estado, por lo que es imposible que no conozca las prohibiciones que contiene el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", asegura el texto.

Según el artículo 59, los miembros de Ministerio Fiscal no pueden pertener a "partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o reuniones públicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus funciones". Y en el artículo 63.12, se considera falta grave "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de fiscal, o sirviéndose de esa condición".

"Los que invocan la libertad para vulnerar la ley incurren en una peligrosa demagogia". Pronunciada hace cinco años en referencia a los primeros pasos del ilegal proceso separatista catalán, la frase tiene como autora a Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado entonces, figura muy destacada luego en la acusación durante el juicio por el procés y ahora firmante de un artículo donde lanza contra el Gobierno acusaciones como las siguientes: que ha acudido a la "imposición encubierta" de "un verdadero estado de excepción", que lleva a cabo una "apropiación ilegítima de poder" que "debe frenarse" y que financia de manera "oportunista" a "medios de comunicación vasallos".

¿Constituye lo anterior una "censura" dirigida al Ejecutivo por "sus actos"? Sí, coinciden todos los juristas consultados por infoLibre. Pero "dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos" está expresa y taxativamente prohibido por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y constituye una falta grave incumplir el artículo que lo prohíbe –el 59– de la ley por la que se rigen los casi 3.000 fiscales del país.

En su cuenta oficial de Twitter, la Asociación de Fiscales ha calificado de "magistral" el extenso artículo publicado el lunes por Madrigal en el diario El Mundo. En el otoño pasado, días antes de la sentencia del procés, la misma asociación denunció al fiscal delegado de Medio Ambiente en Madrid, César Estirado, por escribir el 27 de septiembre en esa misma red social un tuit sobre el juicio del procés donde sostenía que la acusación por el delito de rebelión implicaba "construir relatos artificiales vulnerando derechos". Planteada por supuestas ofensas a miembros del ministerio público, la denuncia llegó el 14 de noviembre al Consejo Fiscal y de ahí pasó a la Inspección Fiscal. El 19 de diciembre se anunció que Estirado no sería sancionado porque no había "indicios racionales de responsabilidad disciplinaria".  La sentencia del Tribunal Supremo contra los independentistas del banquillo del procés desechó el delito de rebelión.

No hay muchos precedentes de expedientes disciplinarios a fiscales por expresar una opinión crítica. Pero, además del que tuvo como protagonista a César Estirado, otros dos saltaron a la palestra bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. En mayo de 2013, el entonces fiscal anticorrupción de Las Palmas y hoy fiscal jefe de Canarias, Luis del Río, se vio sometido a interrogatorio por la Inspección Fiscal tras intervenir a puerta cerrada en un congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Según publicó el diario ABC, las palabras que le costaron a Del Río verse investigado fueron estas: que en España "casi podemos hablar de corrupción generalizada", porque es un país en el que "existen sospechas fundadísimas contra la mayor parte del Gobierno de estar inmersos en actos de corrupción". La investigación no tuvo finalmente consecuencias pero puso a Del Río bajo el foco.

Dos meses antes del episodio de Luis del Río, el entonces fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, dimitió después de que el fiscal general del Estado de aquel momento, Eduardo Torres Dulce, le abriese expediente. La apertura del proceso disciplinario se produjo después de que en una entrevista concedida a Europa Press Rodríguez-Sol sostuviera que veía legítimo que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político. No obstante, él mismo avisaba de que "no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia". Y ello le llevaba a busca una alternativa con preguntas que respetasen la legalidad.

¿Resulta más grave exponer la propuesta que le costó el puesto a Rodríguez Sol o mantener que el Gobierno ha impuesto "sin el control interno y europeo" un "verdadero estado de excepción"? ¿O tenían ambos, el fiscal dimisionario y la exfiscal general, perfecto derecho a difundir sin cortapisa su opinión? La pregunta ilustra el trasfondo del debate que este miércoles copaba en distintas redes sociales los foros jurídicos. 

Por la tarde, infoLibre preguntó a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, si cree que la exfiscal general de Estado ha vulnerado la prohibición de atacar los actos de cualquier Gobierno. Su respuesta esquivó la pregunta. Y  fue esta: "Consuelo ha vertido reflexiones que parten de una convicción compartida también por parte de la sociedad y que las transmite a la opinión pública, amparándose en la libertad de expresión. El Gobierno debe soportar mejor, como poder público, la crítica de la ciudadanía y como tal critica hay que entender este artículo". ¿Y qué diferencia hay entre la libertad de expresión esgrimida en defensa de Madrigal y la denuncia que mantuvo en vilo al también fiscal César Estirado? Dexeus se limitó a responder que "no son supuestos similares".

¿Qué ha de primar entonces, la libertad de expresión o la ley específica que impide a los fiscales elogiar o vituperar a un Gobierno por sus actos? La mayoría de los juristas consultados por este periódico entienden que el valor de la libertad de expresión es siempre superior. De todos los sondeados, ninguno salvo Cristina Dexeus aceptó ser citado por su nombre. Y niinguno de ellos ofreció una explicación de por qué entonces el artículo 59 del Estatuto Orgánico, vigente desde el ya lejanísimo 1981, no ha sido derogado por ningún Gobierno. La Unión Progresisa de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenecía la exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, declinó pronunciarse. Y fuentes oficiales confirmaron a este periódico que la FGE no emprenderá ninguna actuación de oficio.

"Delgado no va a actuar porque alguien le recordaría que hace nada era ministra del Gobierno respecto del cual tiene que mantener ahora la independencia", opinó un fiscal ajeno tanto a la AF como a la UPF y que igualmente exigió el anonimato.

La Fiscalía General del Estado concluye que no entiende que "el enaltecimiento público del terrorismo pueda tener la misma pena que la publicación de un tuit reenviando un chiste grosero"tuit , en relación a las condenas de la Audiencia Nacional por "humillación a las víctimas del terrorismo", y resalta que estas condenas son "en ocasiones contradictorias".

Son las conclusiones que alcanza la Fiscalía General del Estado en la memoria que presenta este martes el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, repasando la actuación de su departamento en 2016, y haciendo alusión entre otros, al caso de la tuitera Cassandra Vera.

Estas afirmaciones destacan aún más si tenemos en cuenta que en el año 2016 la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias por apología del terrorismo en 30 casos, dato que contrasta con el año 2015: ningún caso.

El propio informe destaca que se han incrementado las investigaciones basadas en actuaciones en Internet, y sobre todo, en las redes sociales. Así, se recogen varias detenciones por comentarios en redes sociales, como una en agosto de 2016 y otro en octubre de ese mismo año.

Las investigaciones abiertas han concluido con la detención de varias personas por actividades relacionadas con el terrorismo islamista, pero también se han dado casos más controvertidos, como el de los dos titiriteros detenidos en febrero de 2016.

La Fiscalía recoge en la memoria el cambio en esta materia: en 2016 entra en vigor la reforma del Código Penal en materia de yihadismo, "lo que ha determinado la valoración de los nuevos tipos penales y su aplicación", expone, y remarca que la reforma incluye "una nueva definición de actividades que se consideran terroristas". Asimismo, destaca la figura del enaltecimiento, que considera "un paso necesario y previo a la radicalización"

Las diligencias de la Fiscalía por presuntos casos de apología del terrorismo en nuestro país han seguido un ritmo descendente desde 2011: 109 investigaciones en 2012, 53 en 2013 y 33 en 2014.

El departamento dirigido por Maza desde el 25 de noviembre de 2016 fue dirigido previamente por Consuelo MadrigalConsuelo Madrigal, primera mujer en ocupar el puesto, desde enero de 2015 hasta el 4 de noviembre del año siguiente, casi por completo el periodo que recoge la memoria.

Aunque en 2015 la Audiencia Nacional juzgó 25 casos de enaltecimiento del terrorismo, las diligencias no fueron abiertas por la Fiscalía de la Audiencia, que es la que muestra ese salto de 0 a 30.

En este caso, el fiscal general del Estado dijo en su día que la decisión de la Fiscalía, que entendió que no hubo perjuicio para las arcas públicas porque el contrato de la trama que se le atribuía a Sánchez no llegó a formalizarse, fue una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

El parlamentario socialista, por su parte, le reprochó que al ministro de Justicia, Rafael Catalá, "lo pilló toda España" hablando con Sánchez, en referencia a la conversación que ambos mantuvieron en el congreso del PP un día antes de que Fiscalía decidiera no investigarle por delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Para el presidente del Gobierno, la pregunta formulada por Hernando en el Pleno "no conduce a nada" porque no ha explicado "por qué el Ejecutivo no ha hecho bien los nombramientos ni por qué no son aceptables las palabras del fiscal general del Estado", que compareció el pasado 1 de marzo en la Comisión de Justicia tras la petición formulada por el grupo socialista.

Además, aseguró este miércoles que es "absolutamente falso" que la anterior fiscal general del Estado Consuelo Madrigal dejara su cargo debido a la imposición de los nombramientos en la cúpula fiscal.

A preguntas del portavoz socialista, Antonio Hernando, en el Pleno del Congreso de los Diputados, Rajoy se ha remitido a la comparecencia que ofreció el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la cámara baja la pasada semana en la que descartó que el Ministerio Fiscal recibiera órdenes del Ejecutivo en sus actuaciones.

"Estos cargos son discrecionales, se hacen por periodo de tiempo de cinco años. Se han convocado 35 plazas, de las 25 se han renovado a 19 y se han cambiado solamente a 5. Las ha propuesto el fiscal general del Estado después de oír al Consejo Fiscal y el Gobierno los ha ratificado", defendió Rajoy.

De estos nuevos nombramientos Rajoy se ha referido aunque sin citarle al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que, pese a que aspiraba a su tercer mandato tras once años en el cargo, ha sido relevado por Jesús Alonso, hasta ahora su número dos. Sobre este cambio ha dicho que "no hay ninguna razón por la que no pueda ser sustituido" y que, por tanto, no comparte el razonamiento del diputado socialista.

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) denunció la "insensibilidad" por parte de la Fiscalía General del Estado al mandar una carta, el pasado 30 de septiembre de 2016, a los jefes de las Audiencias Provinciales para que se opongan al auxilio judicial invocado por la juez argentina María Servini para interrogar a 19 investigados por su presunta implicación por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista.

En un comunicado, recogido por Europa Press, JpD reconoce que la fiscal General del Estado, Consuelo Madrid, puede impartir órdenes o instrucciones a sus subordinados, pero, en su opinión, con este escrito se ha impuesto "un criterio específico de informe" contra el principio de independencia. Por ello, afirma que la misiva remitida a los fiscales jefes provinciales es "difícil encuadrarla" dentro de los instrumentos jurídicos de organización que recoge la Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La asociación de jueces lamenta que esta manifestación de la fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, muestra que las instituciones españolas "siguen haciendo dejación" de sus funciones, lo que permite que aún queden "decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes".

JpD destaca que es "inadmisible" que un Estado democrático siga "negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado" y que no se pueda dar un "cumplido homenaje y protección" a aquellas personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil y la "posterior represión franquista".

Asistencia mutua

Además, recuerda al departamento que dirige Madrigal que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU insta al Estado español a adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía.

En este sentido, subraya en el comunicado que España es el segundo país, después de Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.

Asimismo, enfatiza que la Fiscalía General del Estado que está obligada constitucionalmente por el Derecho Internacional, en concreto, por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 a prestar asistencia mutua en materia penal. "El único límite para denegar la asistencia es que no haya un 'interés de la Justicia'. Y en este caso hay un demostrado interés por la Justicia", concluye la asociación.

Los exhortos fueron enviados en septiembre

El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Justicia envió a distintos juzgados españoles los exhortos que la juez argentina remitió para interrogar en España a 19 investigados por su presunta implicación por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista.

En concreto, Servini solicita la declaración de Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979); José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón; Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975); José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista) o Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976).

También quiere interrogar al abogado Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) por redactar la sentencia de Salvador Puig Antich; Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar); al jurista Fernando Suárez González; al exjuez Jesús Cejas Mohedano; y al médico Abelardo García Belaguer.

Además, investiga a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas.

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, advirtió de que el pacto de la Fiscalía Anticorrupción con el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, no se ha "tomado en absoluto" y que su departamento no ha dado aún "el visto bueno" a este acuerdo que, previsiblemente, libraría al exministro de entrar en prisión.

Así lo dijo antes de entrar al acto de entrega de despachos a la LV Promoción de la Carrera Fiscal, celebrado en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid, al que también asistió el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá. Madrigal explicó que la Fiscalía Anticorrupción tiene "un protocolo de conformidades" que aplicar, el cuál es "difícil y complicado".

Preguntada por el acuerdo que contemplaría el reconocimiento, por parte de Matas, de los hechos indagados en los casos Palma Arena, Son Espases y su relación con la reforma de la sede del PP nacional de la calle Génova de Madrid, enfatizó que "no hay nada de eso". Al mismo tiempo, recalcó que si finalmente hay acuerdo se tiene que ajustar a dicho protocolo y cumplir con los requisitos y exigencias que "ordinariamente se exigen".

Asimismo, aunque reconoció que el fiscal jefe Anticorrupción y Matas despacharon en la mañana de este martes, subrayó que la decisión "no está tomada en absoluto" ni "hay visto bueno" del departamento que dirige. Añadió además que no tiene constancia de si "se van a dar los pasos", ni se va a producir dicho pacto. "No resulta tan sencillo y menos en un asunto de tanto calado como éste", señaló la fiscal general del Estado.

Fuentes de la defensa del exmandatario autonómico señalaron a Europa Press que las negociaciones con el Ministerio Público se mantienen en pie, si bien por el momento no hay un acuerdo definitivo.

Se trata, sin embargo, de negociaciones que nada tienen que ver con el caso Nóos, que se encuentra pendiente de sentencia y en el que el fiscal Pedro Horrach rebajó su petición de once a cinco años de cárcel para Matas al pedir que le sean aplicadas las atenuantes de confesión y reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado propone que los fiscales, y no sólo los jueces, tengan competencia para autorizar la utilización de dispositivos electrónicos, como las grabaciones telefónicas, en los seguimientos policiales a investigados, con el fin de "agilizar" el desarrollo de las instrucciones.

En la memoria anual, relativa al año 2015, del Ministerio Público, que ha sido presentada este martes en el acto de Apertura del Año Judicial, se destaca que es necesario hacer "pequeños ajustes" en el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la utilización de dispositivos electrónicos en investigaciones policiales.

El objetivo de esta propuesta es "agilizar" el desarrollo de investigaciones penales, que en la actualidad, en su opinión, están siendo "entorpecidas", ya que la utilización de medios técnicos y electrónicos para el seguimiento y localización de investigados en tramas de delincuencia organizada como la corrupción o el tráfico de drogas tienen que ser autorizados por los jueces de instrucción.

Según Fiscalía, esta situación es "poco acorde" al sistema procesal, ya que la mayoría de las investigaciones la inician fiscales. Por tanto, el Ministerio Público pide que sean ellos los que también puedan autorizar el empleo de estos medios.

Para el Ministerio Fiscal, "una de las mayores ventajas" de conocer la investigación desde el principio y "controlar" las grabaciones a investigados es propiciar al magistrado una investigación "suficientemente fundamentada". Además, señala que esta medida "potenciaría igualmente el protagonismo" del Ministerio Público en la cooperación judicial internacional al no tener que remitir un expediente a los órganos judiciales o solicitar comisiones rogatorias pasivas.

La Fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dictado este viernes una circular dirigida a los diferentes departamentos del Ministerio Público en nuestro país en el que advierte, entre otras cuestiones, de que la responsabilidad penal de los partidos políticos y de los sindicatos introducida en la última reforma penal debe extenderse "a las fundaciones y entidades con personalidad jurídica a ellos vinculados".

Las instrucciones dadas a las Fiscalías, que se extienden a lo largo de un documento de 65 folios, recuerda que a diferencia de otras personas jurídicas, los partidos políticos están obligados a establecer programas de prevención ante la posibilidad de incurrir en ilícitos penales. Están exentas de responsabilidad penal las fundaciones públicas integradas en el llamado "sector público fundacional" y sometidas a Derecho Administrativo. Los Colegios profesionales o las Cámaras de Comercio tendrán consideración de personas jurídicas "penalmente responsables", según recuerda Madrigal a los fiscales.

El documento está dirigido a ayudar a los representantes del Ministerio Público a valorar la eficacia de los denominados planes de compliance en las empresas complianceque tras la reforma se configuran como un instrumento para lograr eximentes de la responsabilidad penal. Estos programas constituyen una suerte de auditoría dirigida a la prevención de las posibles actividades ilícitas que puedan cometer los empleados de las empresas, tanto públicas como privadas.

La Fiscalía matiza en su circular la capacidad de exoneración de estos programas respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida a través de la reciente reforma del Código Penal, une entró en vigor el pasado mes de julio. Así, la circular emitida este viernes sienta las pautas y unifica criterios respecto al alcance de esta exoneración que en ningún caso es completa.

La clarificación venía obligada tras la última reforma penal, que permite la investigación a quienes, sin ser propiamente administradores o representantes legales de la sociedad, forman parte de órganos con capacidad para tomar decisiones. También tiene en cuenta ahora el Código a los mandos intermedios, apoderados singulares y a otras personas en quienes se hayan delegado determinadas funciones, "incluidas las de control de riesgos que ostenta el oficial de cumplimiento", según detalla la circular.

Así, los fiscales deberán tener en cuenta que la acción investigada tienda a conseguir un beneficio sin exigencia de que éste se produzca, "resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad" de que se trate.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, declaró este sábado que estudiará el Informe de la Comisión Antiviolencia sobre la pitada del himno en la final de la Copa del Rey de fútbol pero recordó que "todo depende de la identificación de las participaciones en la organización del acontecimiento", por lo que están a la espera de ver qué información les remiten "de posibles responsables".

Así se expresó Madrigal en declaraciones a los medios antes de asistir a la clausura del Congreso de la Unión Progresista de Fiscales en Palma de Mallorca.

Madrigal explicó que este viernes aún no habían recibido dicho informe, pero que lo estudiarán y analizarán para ver "qué información nos remiten de posibles responsables".

La fiscal general no quiso anticipar una valoración pero apuntó que "los símbolos y emplemas nacionales, como el himno o la bandera, pueden ser ultrajados de una manera o de otra".

Publicar fotos de detenidos no es libertad de expresión

Madrigal señaló, además, que la enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impide publicar imágenes de detenciones no vulneraría la libertad de expresión ya que "una cosa es que se conozca la detención y otra es que los medios y mecanismos sean innecesariamente aflictivos".

Así, recordó que dicha ley "ya establece que la detención se debe practicar de la manera que menos perjudique a la fama, a la honra y al patrimonio del detenido".

La Fiscalía General del Estado ya dictó en el año 2009 una instrucción para aplicar estas pautas "para que las detenciones se produjeran sin afligir innecesariamente a los detenidos" ya que "puede darse una sobreexposición que debe ser evitada", según Madrigal.

La fiscal general aclaró que libertad de expresión es "un derecho muy amplio pero con límites previstos en la ley".

Apoyo a Pedro Horrach en el 'caso Nóos'

Madrigal aprovechó para mostrar su apoyo al fiscal anticorrupción Pedro Horrach en el caso Nóos y su postura respecto a la infanta Cristina en el mismo.

La fiscal señaló que "respeta y apoya" a la Fiscalía Anticorrupción y su delegación en Palma de Mallorca: "Creo que han trabajado y hay que dejarles trabajar", dijo.

Asimismo, subrayó que no se tiene que revisar el posicionamiento de Horrach porque "procesalmente no procede", por lo que sólo queda seguir los trámites correspondientes, "que no vuelven atrás".

El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía y Hacienda Rodrigo Rato comunicó este martes a Telefónica que presenta "temporalmente" su renuncia como miembro de dos consejos asesores de la multinacional para Latinoamérica y España, que ocupaba desde primeros de 2013, informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

La Comisión de Nombramientos de Telefónica nombró en enero de 2013 al también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia como consejero asesor de Telefónica Latinoamérica y Telefónica Europa, cargos por los que percibía unos ingresos conjuntos de 200.000 euros anuales.

La compañía señaló entonces que, por su experiencia y trayectoria, el nombramiento reforzaba la visión global de Telefónica, presente en 25 países. Con la reorganización que la multinacional llevó a cabo en febrero de 2014 para simplificar su estructura desapareció la división para Europa y se reubicó a Rato en el consejo asesor para España.

La decisión de Rato se produce días después de que se conociera que se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el actual Gobierno y del inicio de una investigación por supuestos delitos fiscales, de blanqueo y alzamiento de bienes.

En este sentido, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, firmó un decreto el lunes en el que otorgaba a Anticorrupción la investigación iniciada en los juzgados de Madrid contra Rato. Se prevé que hoy o mañana la Fiscalía Anticorrupción recurra el auto del Juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que se ha inhibido en el caso de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en favor de la Audiencia Nacional.

Otros consejos

Rato perdió su puesto también en el consejo asesor internacional de Banco Santander en noviembre de 2014, cuando la entidad, ya con Ana Botín al frente, decidió disolver este órgano. El 17 de septiembre de 2013, el entonces presidente de la entidad, Emilio Botín, reincorporó a Rodrigo Rato como miembro del órgano, en el que el exvicepresidente del Gobierno había estado presente desde 2008 hasta que fuera designado para dirigir Bankia.

Un mes antes de perder su puesto en el Santander, el exministro de Economía y expresidente de Bankia dimitió como consejero de Servihabitat "por motivos personales". Rato había firmado como consejero de Servihabitat en marzo de 2014. Posteriormente, Rato se incorporó a la división de crédito del fondo Texas Pacific Group, socio de la inmobiliaria Servihabitat, donde permaneció unos meses.

El cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, que era miembro del consejo de Telefónica Internacional, abandonó también su puesto por decisión propia para evitar cualquier "incidencia negativa" para el grupo el procedimiento judicial abierto por el caso Nóos.

Durante los ocho años de Gobierno de José María Aznar, de 1996 a 2004, Rato ocupó los cargos de ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno. Durante este periodo el nuevo Ejecutivo continuó la oleada de privatizaciones iniciada en la etapa socialista. Algunas de las empresas más importantes que pasaron a formar parte del mercado privado fueron Endesa, Tabacalera (ahora en Altadis), Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, aseguró que "con toda probabilidad" presentarán un recurso contra el auto del Juzgado número 31 de Madrid, que se inhibió en el caso de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en favor de la Audiencia Nacional.

En declaraciones a los medios en una visita este martes a la Fiscalía de Barcelona, Madrigal consideró que la competencia en principio debe corresponder al juzgado de Madrid sin descartar que más adelante pueda verse "alguna conexión" con el caso Bankia, por el que el expolítico también está siendo investigando en la Audiencia Nacional.

Madrigal explicó que en esta causa "se investigan fraudes fiscales esencialmente" de un contribuyente en concreto, Rodrigo Rato, y más adelante se podrá ver si hay conexiones con la investigación de Bankia, aunque no en relación a todos los presuntos delitos que se indagan en este caso.

No hay "malestar" en el Ministerio Público

"Con toda probabilidad vamos a recurrir este auto de inhibición", insistió Madrigal, que consideró que hay fundamentos suficientes para presentar este recurso.

La fiscal general también enmarcó dentro de la normalidad y de las atribuciones de competencias del Ministerio Público el hecho de que la investigación haya pasado a manos de la Fiscalía Anticorrupión. Madrigal reconoció que ella medió en el momento en que la Fiscalía Anticorrupción consideró que la investigación les debe corresponder a ellos, pero insistió en que esto no ha provocado "malestar" en el seno del Ministerio Público.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, afirmó este jueves que ha pedido al embajador de Estados Unidos, James Costos, que agilice la comisión rogatoria en Delaware de la que depende el avance de la investigación del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el juzgado de Estepona (Málaga). La comisión, tal y como informa este jueves infoLibre, lleva año y medio sin ser resuelta.

Madrigal asistía a la entrega de la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero. Allí declaró a los periodistas que el avance de la investigación sobre el patrimonio del presidente González no depende ni del Ministerio Público ni del juzgado, sino de la tramitación de esa comisión rogatoria.

La fiscal general señaló que precisamente este miércoles explicó al embajador estadounidense en una visita informal la necesidad de agilizar esta comisión e insistió en que la conclusión de la instrucción depende en este momento procesal de la cooperación internacional con EEUU.

Compra en 2012

La Fiscalía Anticorrupción ya reclamó en octubre de 2013 al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona que ampliara la comisión rogatoria solicitada un mes antes a Estados Unidos para conocer el saldo y los movimientos de las cuentas bancarias de la empresa Coast Investors.

Esta sociedad fue la que utilizó el presunto testaferro Rudy Valner para adquirir en 2008 el ático de lujo de Estepona. Este inmueble es ahora propiedad de Ignacio González y de su esposa, Lourdes Cavero, que lo compraron por 770.000 euros en diciembre de 2012.

El Consejo Fiscal celebrado este martes, el primero que preside la nueva fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha aprobado un dictamen sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que critica el sistema de plazos en la instrucción previsto en la nueva norma y piden la supresión, por ser contrario a la Constitución, del artículo que prevé que determinadas intervenciones telefónicas puedan ser concedidas por el ministro del Interior o, en su defecto, por el secretario de Estado de Seguridad fuera de los supuestos de terrorismo.

El texto, que se remitirá en los próximos días al Ministerio de Justicia muestra el malestar de la Fiscalía porque una vez más se acuda a la indeseada técnica legislativa de regulación parcial. El órgano consultivo considera que se desaprovecha la ocasión de abordar de forma definitiva la necesaria reforma del sistema procesal penal español.

Entre los preceptos del Anteproyecto que critican los fiscales está la l fijación por la proyectada reforma de un sistema de plazos en la instrucción de las causas y el proceso de aceptación del Decreto del Fiscal en fase de instrucción, que tildan de "innecesario" ante la satisfactoria regulación actual del sistema de conformidad.

En cuanto a la posibilidad de que las intervenciones telefónicas y las interceptaciones de las comunicaciones, en caso de urgencia, puedan ser concedidas por el ministro del Interior o, en su defecto, por el secretario de Estado de Seguridad fuera de los supuestos de terrorismo debe ser suprimida por resultar contraria a la Constitución.

Asimismo, el dictamen aprobado por el Consejo Fiscal propone la necesidad de regulación de la obligatoriedad de la trascripción por los secretarios judiciales de las grabaciones de las declaraciones en las actuaciones de instrucción. Igualmente, se insiste en un nuevo tratamiento del juicio de faltas.

Por otra parte, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha comunicado a los vocales el nombramiento de José Miguel de la Rosa como nuevo Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. El actual Fiscal Jefe, Jaime Moreno, queda adscrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

También se nombra a Alejandro Luzón Cánovas nuevo Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica. Alejandro Luzón (1964), destinado en la actualidad en la Fiscalía Anticorrupción, seguirá atendiendo los procedimientos de especial complejidad en los que interviene en esa Fiscalía especial, según ha precisado la Fiscalía, entre los que se encuentran el caso Bankia y los referidos al matrimonio Pujol-Ferrusola.

José Miguel de la Rosa (Ronda, 1965) es en la actualidad Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, donde ya estuvo desde 2003 a 2008, año en que fue designado fiscal adscrito a la entonces fiscal coordinadora de Menores, Consuelo Madrigal. De la Rosa es juez en excedencia y doctor en Derecho, y estuvo destinado en las fiscalías de Málaga, Sevilla y Madrid, según ha informado la Fiscalía General.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado este lunes por unanimidad a favor de la propuesta del Gobierno de nombrar a Consuelo Madrigal como nueva fiscal general del Estado en sustitución de Eduardo Torres-Dulce, que dimitió el pasado jueves por motivos personales.

El órgano de gobierno de los jueces ha considerado que Madrigal cumple con los méritos y requisitos legales exigidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ocupar el cargo, el cual debe recaer sobre juristas de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, según ha informado el Consejo. El Consejo del Poder Judicial ha avalado así la idoneidad de Madrigal, cumpliendo el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución y 560.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su informe, que es preceptivo aunque no vinculante, será remitido al Consejo de Ministros para ser dirigido después al Congreso de los Diputados.

La Comisión de Justicia de la Cámara Baja convocará a Madrigal a una comparecencia el próximo 8 de enero para que explique su proyecto y pueda obtener también la idoneidad de los diputados. En caso de recibir el apoyo del Congreso, el Gobierno efectuará el nombramiento para que la nueva fiscal general jure o prometa su cargo ante el Rey y tome después posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

Podría ser renovada

Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, una fiscal no adscrita a ninguna asociación, se convertirá así en la primera mujer que llega a ser fiscal general del Estado, un puesto que ocupará en un año marcado por las citas electorales y los casos abiertos por corrupción en los tribunales. El Estatuto Fiscal le otorga la opción de ser renovada si así lo decide el Gobierno que salga elegido para la próxima legislatura.

Madrigal cuenta con una experiencia dilatada como fiscal y sus compañeros de carrera destacan su "profesionalidad" e "intachable" trayectoria, durante la cual no se la conocen actuaciones polémicas. De talante conservador, no está afiliada a ninguna asociación de fiscales y en 2008 firmó el manifiesto 'Mujeres ante el aborto', que rechazaba hablar de "un derecho al aborto y menos aún de un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo". 

Nacida el 2 de noviembre de 1956, Madrigal desempeñaba en la actualidad la dirección de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores desde junio de 2013, cuando el dimisionario Eduardo Torres-Dulce le propuso continuar al frente de esta área durante un nuevo periodo de cinco años. Una decisión que fue refrendada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Con anterioridad, fue fiscal destinada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a donde llegó en 1993. Ingresó en la carrera fiscal hace más de treinta años y se hizo cargo de la Fiscalía de Menores cuando fue creada en 2007 dentro de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Aspiró a convertirse en la primera fiscal de Sala de la historia en 2003, cuando compitió con otra mujer que sonaba para ser ahora fiscal general Pilar Fernández Valcárcel. El Consejo Fiscal de Jesús Cardenal optó entonces por la segunda para alcanzar la primera categoría de la carrera y acceder así a la Junta de Fiscales de Sala. Madrigal, que figuraba como la número 24 en el escalafón de la carrera fiscal en 2011, ha sido también profesora de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) desde 1986. En docencia, ha dirigido y coordinado cursos para postgrados o en la formación inicial de fiscales en el Centro de Estudios Jurídicos.

El TSJC informó de su acuerdo, adoptado por mayoría, después de una reunión extraordinaria de más de cuatro horas del pleno de la Sala Civil y Penal. Así, el alto tribunal admite a trámite "todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre de 2014, así como a todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados". La resolución del TC fue la que declaró suspendida la consulta alternativa. Queda descartado, pues, investigar los hechos anteriores a esta fecha.

Las querellas y denuncias admitidas se dirigen contra el president de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau. El TSJC aclara en su nota que no se admiten en cambio los escritos dirigidos contra la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y los miembros de la Mesa de CiU, ERC e ICV-EUiA (Anna Simó, Lluís Corominas, Josep Rull y David Companyon); el conseller de Interior, Ramon Espadaler; el portavoz del Govern, Francesc Homs, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. 

El tribunal decidió que todos los procedimientos se acumulen en la querella más antigua (la número 16/2014) recibida por la Sala Civil y Penal, que es la presentada por Manos Limpias. Todas las resoluciones se notificarán a partir del próximo 8 de enero. Después, se podrá interponer un recurso de súplica ante la misma sala. 

Para evitar decisiones "contradictorias"

La reunión del pleno comenzó hacia las 10 de la mañana. Los cinco magistrados titulares de la Sala Civil y Penal –Maria Eugènia Alegret, Carlos Ramos, Enric Anglada, Joan Manel Abril y José Francisco Valls–, además de su presidente, Miguel Àngel Gimeno, tenían sobre la mesa las 7 querellas y 25 denuncias interpuestas contra Mas y otros miembros de la Generalitat y del Parlament por posibles responsabilidades cometidas en la celebración de la consulta alternativa. Gimeno avocó el pasado 12 de diciembre al pleno la decisión por tres razones: por la "elevada cifra de procedimientos, la relevancia social de los hechos" y para "evitar decisiones que podrían ser contradictorias". El pleno consta habitualmente de seis jueces más el presidente, pero uno de sus miembros, Núria Bassols, abandonó su plaza para ser la directora general del Programa de Políticas de Transparencia de la Generalitat, y su plaza, vacante, aún no ha salido a concurso. 

Los seis magistrados de la Sala estaban directamente implicados por este asunto, pues en su mesa tenían alguno de los escritos registrados por el 9-N. José Francisco Valls, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue designado como ponente de la querella de mayor peso, la presentada por la Fiscalía contra Mas, Ortega y Rigau, por cuatro delitos: desobediencia grave, malversación, prevaricación y usurpación de atribuciones judiciales. Abril, designado por el Parlament, era el ponente del escrito interpuesto por Manos Limpias y será quien dirija ahora la instrucción de la causa. 

Mas: "Me someto al criterio de los tribunales"

El TSJC decidió centrar la investigación, por ahora, en la presunta desobediencia contra la resolución del TC, pero deja abierta la puerta abierta a añadir a la causa otros delitos, como los otros tres que mantenía la Fiscalía Superior de Cataluña (a instancias del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce). Se irá viendo según vaya avanzando la instrucción, según precisaron a infoLibre fuentes del alto tribunal. 

Mas se pronunció ante los medios antes de conocerse la noticia, en la reapertura del Cau Ferrat y el Museu Maricel de Sitges, en un acto al que acudió la ministra de Fomento, Ana Pastor. En él, reiteró que no comparte la querella por la organización del 9-N, aunque acataría lo dictado por el TSJ: "Las decisiones de los tribunales son, como no puede ser de otro modo, libres, y yo me someto a su criterio", señaló, informa Europa Press. 

Su antecesor en el cargo, el expresident José Montilla, portavoz de la Entesa pel Progrés de Catalunya en el Senado, se ofreció a ser testigo en la defensa de Mas. Montilla, en una entrevista con EP, tachó de "error político y jurídico" la querella. "No hay razones ni políticas ni jurídicas para esto. Lo digo yo, que no participé en la consulta, que soy contrario a cómo estaba planteada y que no comparto los objetivos ni la hoja de ruta de los convocantes", sostuvo. El exjefe del Govern entiende que el procedimiento "da argumentos al independentismo" y facilita "la campaña de Mas" y que no se celebró un referéndum conforme a la Ley de Consultas –suspendida también por el TC–. "La prueba es que la interposición de la querella no fue nada pacífica, los fiscales se resistieron, poco sospechosos ellos de ser independentistas", añadió.