El sistema de reciclaje basado en devolver los envases vacíos al supermercado gana adeptos en el continente a toda velocidad y ya está implantado en 16 países de la Unión Europea. Mientras tanto, en España el proceso de implantación sigue estancado, pese a que debería ponerse en marcha antes del mes de diciembre y el sector no espera que vea la luz hasta 2029, saltándose así el reglamento español y europeo de residuos.

Portugal se sumará el 10 de abril a esta extensa lista poniendo en marcha el conocido como Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo de reciclaje basado en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más –10 céntimos en el caso portugués– que se recuperan al devolver el envase vacío y en buen estado a unas máquinas específicas o en mano en miles de establecimientos del país.

En los últimos dos años también han introducido el SDDR Austria, Hungría, Irlanda, Rumanía y Polonia, hasta el punto de que ya son mayoría el número de países de la UE que lo tienen. La razón, explican los expertos, es que el sistema funciona y da muy buenos resultados en tiempo récord porque el consumidor se beneficia económicamente de reciclar, o sufre las consecuencias de no hacerlo. También es más transparente que el sistema actual, en el que todos los envases tienen un pequeño sobrecoste que es invisible para los ciudadanos, de alrededor de 1 céntimo por lata o botella, que además no se recupera.

"Es evidente que si queremos un modelo de economía circular hay que pasarse al SDDR en España", opina César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende la implantación de este sistema de reciclaje. "En todos los países que se ha puesto en marcha es eficiente para la sociedad y la industria, con unos índices de recuperación de envases del 90%".

Austria, que cumplió un año con el sistema de recuperación de envases el pasado 1 de enero, demuestra que el modelo logra un cambio de mentalidad y de comportamiento inmediato en la población. En doce meses han conseguido que el 81,5% de los envases que compran los hogares se devuelva a las máquinas, reintroduciendo en el circuito de reciclaje 1.400 millones de latas y botellas.

El caso austriaco es solo una prueba más de la eficacia del SDDR. En los países que lo han adoptado en Europa se recuperan de media el 88% de los envases adheridos a este sistema, con algunos ejemplos donde se roza la circularidad plena. Finlandia (99%), Alemania (98%), Dinamarca (93%) y Noruega (92%) son los países con los sistemas más eficientes de recuperación, mientras que el único que rompe la estadística es Países Bajos (68%).

Lo interesante del sistema SDDR es que garantiza que las latas y botellas se recogen en máquinas que facilitan enormemente su reciclaje porque se clasifican automáticamente y se conservan relativamente limpias. La alternativa actual son los contenedores amarillos, donde se mezclan todo tipo de residuos: bidones de aceite, latas de conservas, briks de zumo, papel de aluminio, basura que termina ahí por error... encareciendo el tratamiento de los envases e incentivando que se acaben incinerándose o llevándose a vertederos.

El funcionamiento del sistema depende de cada país. En Portugal, según publica Expresso, para que el reembolso sea válido los recipientes deben estar intactos, con sus tapones y etiquetas. El incentivo para devolver el envase va a ser importante porque a 10 céntimos por envase, detalla el diario portugués, supone que un paquete de seis botellas de agua que costaba hasta ahora un euro, pasará a costar 1,60 euros, un 60% más.

Por supuesto, implantar este sistema cuesta mucho dinero porque supone instalar miles de máquinas de recuperación de envases en lugares públicos, pero en todos los países donde funciona se ha demostrado económicamente viable, según César Sánchez. Al incrementar el porcentaje de reciclaje de plástico y aluminio, las empresas pueden vender estos materiales y recuperar la inversión, y también se generan ingresos de los céntimos no reclamados por los usuarios que no devuelven los envases. En última instancia, si todo eso no es suficiente para costear el mecanismo, son las empresas que ponen esos envases en circulación las responsables de pagar la diferencia.

En Portugal, por ejemplo, el Gobierno calcula que el SDDR costará de entrada 150 millones de euros, además de 90 millones de euros anuales para costear la operativa, y contará con 2.500 máquinas de recogida.

En teoría, el Gobierno debe implementar en España el sistema de devolución de botellas al supermercado este año, pero nadie en el sector cree que se llegará a tiempo. En noviembre de 2024 el Gobierno confirmó que España había incumplido los objetivos de recogida separada de botellas de plástico y eso obligaba, según la Ley de Residuos, a instaurar el SDDR en un plazo de dos años, que vence antes del 22 de noviembre de 2026.

Sin embargo, diferentes fuentes del sector coinciden en que esto no ocurrirá hasta al menos 2029 porque ni siquiera se ha dado autorización a las empresas productoras y comercializadoras de plástico, agrupadas en organizaciones llamadas SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor) para que empiecen a organizar el sistema. En España se han postulado a esa tarea tres SCRAP (SDDR España, Ecoembes, Procircular), que necesitan la homologación de la Comunidad de Madrid para poder empezar a trabajar.

El problema es que el Gobierno regional inició en mayo del año pasado el proceso de concesión de autorizaciones para gestionar el sistema, un papeleo que en principio debía resolverse en seis meses, pero se prorrogó otros seis, hasta mayo de 2026, y todo apunta a que se volverá a extender el proceso una vez más.

Arancha Bengoechea, experta de Derecho Público del despacho Andersen, descarta que este primer paso se cierre antes de mayo porque la Ley de Residuos choca en algunos puntos con el reglamento de la Unión Europea sobre este asunto, que entra en vigor el próximo mes de agosto. Por ejemplo, la ley española no contempla que el canal de distribución forme parte del SDDR y el reglamento europeo sí.

"Si ahora ponemos en marcha el sistema con la normativa en vigor, en agosto va a ser incompatible con el reglamento europeo", opina la experta. Como ese proceso de autorizaciones finaliza en mayo y no se puede volver a posponer, Bengoechea cree que se cerrará en esa fecha y se volverá a iniciar después en el punto en que quedó, por lo que no hay una fecha clara para que el sistema eche a andar.

Una vez que la Comunidad de Madrid aclare qué SCRAP tienen permiso para operar, deberán sentarse con la supervisión del Ministerio de Transición Ecológica a organizar el sistema de devolución de botellas: aclarar cómo funcionará, dónde estarán los puntos de recogida, comprar la maquinaria, contratar al personal y adaptar los centros de tratamiento de residuos al SDDR, de ahí que se vaya a retrasar probablemente a 2029.

Eso supondrá, por un lado, que España incumplirá la Ley de Residuos porque no llegará a la fecha tope de noviembre de 2026 o la adaptará a la nueva realidad. Por otro lado, España incumplirá probablemente también el Reglamento europeo de Residuos, que obliga a la recogida separada del 90% de las botellas y latas en cada país antes del 1 de enero de 2029. España apenas recogió por separado en 2023 el 41,3% de las botellas de plástico.

En la guerra alrededor de las nuevas –o actualizadas– tasas de basuras hay una pieza que hasta ahora ha sido ignorada: el papel de Ecoembes. Esta asociación empresarial debe pagar cada año a los ayuntamientos para que recojan los más de 50 millones de envases que pone en circulación en España cada día, pero lleva más de dos décadas evitando hacerse cargo de una parte destacada de esos costes, trasladando ese peso a las cuentas municipales. Ese agujero, que Greenpeace estimó en 1.700 millones de euros al año en toda España en 2021, infla el gasto de los consistorios en su sistema de recogida de basuras y ese coste extra se traslada a las nuevas tasas de residuos implantadas en todo el país.

La ley de residuos aprobada en 2022 obligó a que, a partir de 2025, el coste de los servicios municipales de basuras se cubriese íntegramente mediante una tasa específica, y miles de municipios han tenido que crear una nueva –porque hasta entonces financiaban ese gasto a través de otros impuestos como el impuesto de bienes inmuebles (IBI)– o subir drásticamente las que tenían ya implantadas. Este cambio se ha empezado a materializar en los últimos meses, cuando han llegado a los hogares facturas desde los 56,87 euros de Toledo a los 249,38 de Valencia, lo que ha derivado en una tormenta política y jurídica.

La tasa ha logrado precisamente lo que pretendía cuando se traspuso desde la normativa europea: aflorar el coste real de la recogida y el tratamiento de basuras y demostrar qué ayuntamientos tienen bien gestionadas sus áreas de residuos, frente a los que abusan del vertedero o la incineración. Sin embargo, la subida drástica de las tasas también ha vuelto a evidenciar el agujero milmillonario del sistema de recogida de basura por cubos de colores, impulsado por Ecoembes hace más de 25 años.

Esta organización, que aglutina a gigantes como Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Alcampo o Mercadona, debe pagar cada año a los ayuntamientos a cambio de que estos recojan los envases (de plástico, papel, metal y vidrio) que ponen en circulación sus miembros. Pero la organización lleva años reinterpretando la ley para devolver a los alcaldes solo una parte del coste de la recogida, pese a que la ley ambiental europea se rige bajo la premisa de que "quien contamina paga".

Entre 1997 y 2022, Ecoembes interpretó que ellos solo tenían que abonar a los municipios el coste de recoger los envases del contenedor amarillo, verde (vidrio) y azul (papel), pese a que una parte muy importante de la basura de la que Ecoembes es responsable termina en papeleras de la calle o en los contenedores de restos.

Un estudio de Greenpece calculó en 2021 que la diferencia entre lo que se gastan los ayuntamientos en recoger los envases de Ecoembes y lo que luego esta reembolsaba es de alrededor de 1.700 millones de euros al año. El problema, señalan los expertos, es que no hay ninguna administración que tenga un cálculo oficial de esta cifra, sino que se ha preferido ignorar el problema.

Francisco Peula, director de la ONG Rethinking y autor de aquel estudio, explica que a día de hoy la cifra de 1.700 millones apenas ha cambiado. "Entre el 30% y el 40% de los costes de recogida de basuras de un municipio se destinan a tratar residuos que están dentro de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor [aquellos cuyo coste debe asumir la empresa que los fabrica o los pone en circulación], pero yo calculo que los productores solo pagan el 15% de ese coste", opina el experto.

Para poner en perspectiva esos 1.700 millones de euros, equivalen al 49% de la cantidad que han ingresado los ayuntamientos de toda España con las nuevas tasas de basuras hasta el mes de octubre (3.488 millones de euros). Es decir, que solo con lo que dejan de pagar las compañías por la recogida de sus envases se podría financiar un gran porcentaje de las nuevas y polémicas tasas. Es cierto que, según la Fundación ENT, las tasas de basuras abonadas hasta octubre no cubren íntegramente el gasto municipal de España para basuras de 2025 (5.325 millones), por lo que el agujero que deja Ecoembes representaría alrededor del 32% del presupuesto total de los ayuntamientos.

Fuentes de la organización empresarial opinan lo contrario, que el dinero que abonan a los consistorios es el que corresponde según la ley de residuos. "En el convenio que firmamos con la administración pública, Ecoembes propone una fórmula de pago ajustada a derecho, previamente revisada por todas las partes y analizada por sus respectivos servicios jurídicos", señalan desde el consorcio.

El experto en tasas de residuos Ignasi Puig, de la Fundación ENT, confirma que en este momento hay un desequilibrio entre lo que los fabricantes de envases y otros productos pagan a los ayuntamientos, y lo que deberían pagar. "Hasta ahora Ecoembes (en envases) y otros SCRAP han soportado en el mejor de los casos el coste de la recogida separada [en cubos amarillos, verdes y azules], pero no el littering [las papeleras] ni la gestión de residuos de fracción restos [el cubo gris o naranja].

Cuando Puig habla de SCRAP se refiere a los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, las organizaciones donde las empresas que fabrican diferentes tipos productos se agrupan para compensar a los municipios por recogerlos. Ecoembes es el más conocido, y se dedica a costear la recogida de envases domésticos de plástico, metal, vidrio y papel (como latas de refresco, botellas de vino o envases de champú), pero también hay otros SCRAP muy relevantes como los de recogida de pilas, fármacos o envases industriales. 

Desde el 1 de enero de 2025 también es obligatorio que los fabricantes de textiles formen su propio SCRAP, así como los productores de aceite, pero en el sector de los residuos es común que la ley se incumpla porque se une que la Administración lo permite con que las empresas hacen todo lo posible para ahorrarse millones. "Todo lo que no asumen los SCRAP va a la factura del municipio y en el momento en el que afloran los costes, como ha pasado con las nuevas tasas de basuras, se producen subidas que no serían tan fuertes si la ley se cumpliese de manera exhaustiva", valora Puig.

Por otra parte, el cálculo de Greenpeace de 1.700 millones se queda corto porque solo incluye envases, vidrio y papel, pero falta sumar el coste no abonado a los ayuntamientos de la recogida de textil –cada año llegan 990.000 toneladas de ropa a vertederos en España– y el de otros productos que ni siquiera están obligados a formar un SCRAP, como muebles o colchones, de los que los productores se desentienden por completo.

Para acabar con ese agujero mil millonario en las cuentas locales, el Ministerio de Transición Ecológica introdujo en 2022 en la ley de envases que "los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en materia de envases domésticos financiarán todos los costes que las entidades locales, o en su caso, las comunidades autónomas, tengan efectivamente que soportar por la gestión de los residuos de envases.

Esa frase pretendía acabar con las interpretaciones legales de Ecoembes y obligar a las grandes empresas a pagar no solo por los envases recuperados en el contenedor amarillo, sino también los que se recogen en el gris y el naranja, o en las papeleras. El detalle no es menor porque el 70% de los envases acaba en el contenedor "resto". 

Esto supone pagar también por su traslado, su separación del resto de la basura, su clasificación y su eventual incineración o depósito en vertedero. Multiplicado por los 20.000 millones de envases que se consumen cada año en España, se entiende que un pequeño cambio legal pone en juego tantísimo dinero. 

No obstante, aunque la ley entró en vigor hace tres años, este cambio en la metodología de cálculo todavía no se ha introducido en la gran mayoría del país. Los pagos de Ecoembes a los ayuntamientos a cambio de la recogida de sus envases están estipulados en acuerdos que tiene firmados con cada comunidad autónoma y que datan mayoritariamente de 2014. Ahora tienen que ser actualizados con las nuevas exigencias del ministerio, pero solo Cataluña, Navarra y Canarias han modernizado sus contratos. 

El resto de comunidades lleva casi un año negociando con Ecoembes para pactar una mejor retribución que haga a las empresas asumir el 100% del coste de sus envases, pero Francisco Peula, que colabora como asesor en esas negociaciones, afirma que la oferta inicial de Ecoembes "eran un plato de lentejas" y ahora están en discusiones a tres –comunidades, Ministerio y Ecoembes–. Si no se alcanza un acuerdo antes de marzo, la negociación acabará en arbitraje, según recoge la ley de envases.

Hace un año que el Ministerio de Transición Ecológica activó el calendario para imponer en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo de reciclaje basado en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase vacío al supermercado. La ley obliga a implantarlo en todo el país antes del 22 de noviembre de 2026, pero nadie en el sector espera que esté listo antes de 2029, lo que forzaría a saltarse la ley de Residuos o a modificarla antes de que llegue la fecha.

La culpa es principalmente de la Comunidad de Madrid, que debe autorizar a las asociaciones del sector que se postulan a coordinar ese nuevo sistema, que será organizado y controlado por las empresas privadas que produzcan y vendan los envases, bajo supervisión del Ministerio de Transición Ecológica. Aunque el sistema de reciclaje será nacional, las organizaciones deben estar avaladas por la comunidad autónoma donde se encuentra su sede social, y las más importantes –Asociación SDDR España y Procircular– están en Madrid.

Fuentes del sector culpan también al Ministerio de Transición Ecológica, el autor del marco normativo nacional que regirá la implantación del SDDR. Según afirman, la Comunidad de Madrid "está pidiendo aclaraciones jurídicas" al ministerio de Sara Aagesen y las dos administraciones no terminan de ponerse de acuerdo. La realidad es que el sector sabe poco sobre lo que pasa en esas conversaciones. "Lo que pedimos es un impulso político general porque tanto las asociaciones sociales como la industria coincidimos en que todos saldríamos beneficiados de implantar el SDDR", opina César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende la implantación de este sistema de reciclaje.

El sistema SDDR garantiza que los hogares, los bares y las oficinas se molesten en separar las botellas, las latas –y posiblemente también los briks– del resto de la basura, porque si los llevan a una máquina de depósito reciben un incentivo económico. Esto permite recuperar los envases mucho más limpios para facilitar su reciclaje y evita que una parte importante acabe en la naturaleza o en los vertederos, como ocurre ahora.

Tal y como está montado el sistema actual de reciclaje, monopolizado por Ecoembes, los municipios tienen que hacerse cargo ahora de los envases que se reciclen incorrectamente –del resto se ocupa Ecoembes–, y eso supone un sobrecoste de cientos de millones al año para los alcaldes. Sánchez subraya que cuanto antes se implemente el SDDR en España, mayor será el ahorro de los ayuntamientos: "Si seguimos con el sistema actual durante más tiempo, solo recogemos por separado el 40% de las botellas, un sobrecoste que pagan los municipios y los contribuyentes".

Todo el sector del reciclaje se ha reunido este martes en Madrid para meter presión a las administraciones, aunque tanto las empresas como los activistas son muy pesimistas. "Tenemos un calendario muy exigente y cada vez somos más los que sabemos que no se va a poder cumplir. Lo que no entendemos es por qué, ya que el calendario lo conocíamos desde hace tiempo y es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica que se cumpla", afirmó durante una mesa redonda Ignasi Puig, de la consultora ambiental ENT.

Según el calendario que dicta la ley, las comunidades autónomas tenían seis meses desde mayo de 2025 para autorizar a las diferentes asociaciones el permiso para coordinar el sistema SDDR. Ese plazo termina el 22 de noviembre, pero la Comunidad de Madrid ya ha avisado al sector de que el proceso se pospone otros seis meses, porque las consejerías tienen la posibilidad de extender el plazo hasta un año. "Acaban de darnos una prórroga de seis meses argumentando que hay dificultades en el procedimiento, y la dificultad es que no hay una regulación jurídica segura [desde el ministerio]", opinó también Arancha Bengoechea, consultora jurídica de reciclaje. "No podemos mover un dedo hasta mayo de 2026, y en teoría debería estar funcionando el 22 de noviembre. Ni por asomo", añadió.

Además del sobre coste para los ayuntamientos, implementar el sistema SDDR en 2029 significa que será prácticamente imposible para España cumplir la Directiva europea de Resiudos, que marca que en 2029 todos los países de la Unión Europea deberán recoger por separado el 90% de sus botellas de plástico y sus envases metálicos de menos de tres litros, fundamentalmente latas. Esto expondría a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recogerlas sea de las empresas que los ponen en circulación.

El establecimiento de un sistema de devolución de botellas se fijó hace un año, cuando el Ministerio de Transición Ecológica publicó los primeros datos independientes sobre la recogida de botellas de plástico en España. En 2023 solo se recogieron por separado el 43,1%, una cifra muy inferior al objetivo de Bruselas para ese año (al menos un 70%). Pero eso no es todo. Ese número es muy inferior a los datos que había dado en años anteriores Ecoembes, que estimaba una recogida separada del 74,4%, una cifra artificialmente inflada, como denunciaban expertos del sector. Ese maquillaje de los números, que se produjo durante años, permitió a las compañías evitar la implantación de un SDDR durante años, más caro para la industria que el sistema actual.

El Gobierno quiere que los fabricantes de toallitas húmedas de un solo uso y de globos asuman los costes de limpieza de los vertidos de estos residuos, incluidos los que las toallitas producen en infraestructuras de saneamiento y depuración, ya que pueden provocar obstrucciones en el alcantarillado, según informa EFE.

Esta obligación se recoge en el borrador del Real Decreto por el que se regula la gestión de los residuos de las toallitas húmedas y de los globos, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y que se encuentra abierto a consulta pública hasta el 27 de junio.

El documento, que se aplica a las toallitas húmedas de un solo uso y a los globos que contengan plástico y sean de un solo uso introducidos en el mercado, busca "prevenir y minimizar" los impactos ocasionados por este tipo de residuos, "en particular aquellos que resultan de su pérdida, abandono o eliminación inadecuada".

El Miteco alerta de que, al no desintegrarse completamente, las toallitas obstruyen el sistema de alcantarillado, lo que aumenta el riesgo de desbordamientos, especialmente durante episodios de lluvias intensas, mientras que los globos contaminan las playas y ocasionan graves perjuicios a la fauna marina.

La principal novedad es que serán los fabricantes de toallitas y globos quienes tendrán que asumir la financiación de la gestión de los residuos, de acuerdo al principio de "quien contamina, paga".

Esto incluye los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por las toallitas húmedas o globos, incluida la de infraestructuras de saneamiento y depuración, y de su posterior transporte y tratamiento; de medidas de concienciación sobre estos productos, y de los análisis económicos o técnicos sobre prevención, valorización e impactos en el medio ambiente.

El decreto establece que, "para minimizar los costes administrativos" se podrán fijar cantidades fijas plurianuales "adecuadas".

Además, los costes se establecerán en función de cada tipología de toallitas y globos, para promover decisiones de diseño con menor impacto ambiental.

De hecho, los productores con una cuota de mercado anual superior al 2,5 % deberán elaborar y aplicar planes empresariales de prevención y ecodiseño, para reducir el contenido en plástico en dichos productos y su abandono como basura dispersa.

El documento prohíbe expresamente el desecho de toallitas húmedas a través del inodoro y la liberación "intencionada" de globos al medio ambiente.

Quedan fuera de esta legislación las toallitas húmedas de uso industrial o profesional -como las médicas o sanitarias- y los globos para usos y aplicaciones industriales o profesionales que no se distribuyen a los consumidores, como globos de aire caliente o meteorológicos.

La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) calcula que la presencia de toallitas en las infraestructuras de saneamiento y depuración incrementa los costes entre un 10 % y un 15 %, con un sobrecoste anual estimado de aproximadamente 230 millones de euros.

Esto se traduce en un aumento del coste de entre 4 y 6 euros por persona al año, lo que implica que la carga económica "recae de manera significativa sobre los consumidores, e incluso aquellos que no son consumidores directos de dichos productos, en lugar de ser asumida por los propios productores", según recoge la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto.

El pasado martes, la Guardia Civil desarticuló en Tarragona y Cuenca una red dedicada a introducir residuos urbanos desde Italia para enterrarlos en vertederos de la península. Uno de los puntos donde terminaba esta basura era el macrovertedero de Almonacid del Marquesado (Cuenca), donde Ecologistas en Acción lleva desde 2019 investigando la entrada ilícita de residuos. Según esta organización, es el Gobierno regional el que propició esta situación al retirar en 2021 la creación de una tasa específica de vertedero, como sí tienen otras comunidades autónomas, lo que hace extremadamente rentable para empresas de otras zonas de España y del extranjero llevar allí sus restos urbanos.

Según explica Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción de Cuenca, verter basura en los vertederos italianos cuesta alrededor de 400 euros por tonelada, y hacerlo en Francia, son unos 250. En España, sin embargo, las cifras están muy por debajo. En enero de 2023 se introdujo un impuesto nacional cuya recaudación está cedida a las comunidades autónomas que grava cada tonelada llevada a vertedero con entre 15 y 40 euros, en función del tipo de residuo. Las comunidades autónomas tienen la opción de incrementar todavía el impuesto para aumentar la recaudación e invertir el sobrante en mejorar sus sistemas de basuras, pero Castilla-La Mancha ha optado por no hacerlo. 

"Evidentemente no poner una tasa mayor es una decisión política. En Cataluña cobran hasta 65 euros por tonelada, en Aragón tienen una tasa extra de 31 euros por tonelada… y aquí cero euros. Para mí la explicación es clara, tienen montada una economía basada en hacerse cargo de la basura de los demás, y poner un impuesto sería tirar piedras contra su propio tejado", opina Arribas. "Eso explica que en una zona donde no hay prácticamente industria tengamos el mayor vertedero de España", añade.

En realidad, el Gobierno manchego preparaba en 2021 la creación de un tributo por depósito en vertedero en su Ley de Economía Circular, pero una enmienda en una ley presupuestaria aprobada a finales de ese año eliminó el párrafo que hacía mención a ese gravamen, lo que Arribas entiende que fue "eliminado por la puerta de atrás".

La diferencia entre las tasas de vertedero españolas e italianas es tan grande que la trama italiana que operaba en Cuenca y Tarragona ingresado más de 19 millones de euros en los últimos cuatro años, según la Guardia Civil. Ese dinero provendría de la diferencia entre lo que cobrarían a las autoridades italianas por hacerse cargo de la basura, y el coste real de deshacerse de ella en vertederos españoles.

El problema es que esos residuos, entre los que hay productos tóxicos y contaminantes, entraban en España con una documentación falsa que garantizaba que esa basura sería separada en una planta de tratamiento para dar una segunda vida a los materiales de alto valor. Sin embargo, eran directamente enterrados en el vertedero de Almonacid del Marquesado y en otros puntos de España. 

La organización ecologista fue la que dio la voz de alarma tras denunciar el pasado mes de septiembre que la planta, gestionada por Grupo Griñó, una empresa catalana, recibía camiones de basura que directamente volcaban la carga en el vertedero sin pasar por la planta de valorización de residuos. En inspecciones de 2020 y 2021, los activistas directamente se encontraron con que en el interior de la planta no había maquinaria para separar la basura.

Según la Guardia Civil, los residuos viajaban en barco desde Italia hasta el puerto de Tarragona, y de ahí se distribuían a los vertederos de Lleida, Constantí y Riba Roja D´Ebre y Almonacid del Marquesado. En total, habrían llegado más de 40.000 toneladas de residuos italianos a estas plantas. En un comunicado, el grupo catalán explica a infoLibre que se ha puesto a disposición de las autoridades para colaborar y "confía en que el asunto quedará aclarado lo antes posible". "La compañía siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad", añaden.

El Grupo Griñó, que estaría detrás de las cinco empresas que fueron registradas este martes por la Guardia Civil, lleva años en el punto de mira del tráfico de basuras. En un documental publicado en junio de 2023 por TV3 sobre la importación de residuos se apuntaba a que esta compañía estaba importando basura gestionada por la mafia italiana, aunque Joan Griñó, presidente ejecutivo de la compañía, afirmó en esa cinta que esas acusaciones formaban parte de la "rumorología" del sector y que ellos no tenían constancia. En ese mismo documental, Carlos Astrain, comandante de la Guardia Civil - Seprona, confirmó que detrás de las empresas que se dedican a exportar basura de Italia está la mafia italiana: "Según los estudios que nos trasladan los compañeros italianos, todo apunta a que sí". 

Al margen de esta operación, Ecologistas en Acción también cree que otros vertederos españoles estarían acogiendo residuos importados con documentación ilegal. La planta Pantoja, en Toledo, también pertenece al Grupo Griñó y Carlos Arribas cree que estaría funcionando con el mismo sistema que la de Almonacid del Marquesado. En Aragón, otro equipo de la misma ONG lleva años denunciando que la comunidad está tratando muchísimos más residuos de los que puede generar, y tienen ejemplos recientes, como la Operación Blanzar, de que el tráfico de residuos está presente en la región. En ese caso, la Guardia Civil destapó una red que envió 190 camiones con unas 6.000 toneladas de residuos desde Burdeos (Francia) hasta la planta de Rinza (Zaragoza).

Jesús Maestro, miembro de Ecologistas en Aragón, explica que en 2022, los últimos datos disponibles, su región gestionó 7,5 millones de toneladas de residuos, de las que 4,5 toneladas eran de fuera, ya sea otras comunidades autónomas o del extranjero. "Si comparamos lo que cuesta aquí verter una tonelada con los 250 euros que cuesta en Francia, evidentemente les merece la mena traer los camiones hasta Zaragoza. Ya le hemos pedido al Gobierno regional que incremente las tasas para equipararlas al menos a otras comunidades como Cataluña, pero se niegan porque no quieren que ese coste repercuta en las empresas de la zona", dice Maestro.

Los incidentes en las plantas de reciclaje ha crecido de manera sospechosa en la última década. El número de incendios en instalaciones de gestión de basuras ha aumentado sin parar y en 2024 se ha alcanzado un récord, con al menos 142 fuegos en los últimos doce meses. A falta de cifras oficiales, este número lo recopila el consultor ambiental Fernando Follos, que reconoce que el origen de muchos de estos focos es realmente extraño, porque se producen en mitad de la noche en días festivos. Comunitat Valenciana ha sido este año de lejos la región con más incendios de residuos (25), seguida de Andalucía y Cataluña (12 y 13 conatos).

Este experto en medioambiente e industria explica que empezó contabilizando estos fuegos en 2016 porque en esos años ya percibía un incremento importante de los siniestros en las plantas de basuras. Y aun así, desde entonces, el número no ha parado de subir. "Salvo en los dos años siguientes a la pandemia, el crecimiento ha sido brutal y continuo", afirma Follos.

En 2016, el experto recopiló 29 incendios, una cifra que fue ascendiendo hasta los 82 de 2019 y los 110 de 2023. En 2024 ha contado casi cinco veces más que cuando empezó el estudio y los conatos se han incrementado un 29% frente a 2023. Como no hay fuentes oficiales que proporcionen esta información, él toma los datos de la prensa, por lo que aclara que estas cifras "es lo mínimo de lo que puede haber". En su recopilación incluye incidentes en vertederos públicos y privados, plantas de tratamiento de residuos, escombreras, puntos limpios o desguaces. Y los desechos afectados son de todo tipo, desde orgánicos, a chatarra o plásticos.

Las razones que explican este incremento en los fuegos son diversas, y no están del todo claras. El principal argumento es que en muchas instalaciones la vigilancia del material es muy precaria y no se toman las medidas adecuadas para prevenir incendios, pese a que en un mismo solar se pueden acumular cientos de toneladas de enseres inflamables. Una brasa mal apagada que acaba en un vertedero puede ser el origen de estos fuegos, aunque cada vez juegan un mayor papel las baterías de teléfonos y otros aparatos, que por error acaban entre la basura y que al ser trituradas emiten chispas o explotan.

No obstante, los datos recopilados por Follos recogen incendios que podrían ser premeditados. "Hay cosas raras. Muchos incendios en días festivos, y de madrugada. O en los que solo arde el material que está fuera de la nave, sin dejar daños en la planta. Hay patrones que te llevan a pensar que hay una intencionalidad", aclara. 

El consultor explica que las empresas de residuos operan con márgenes muy pequeños y compiten contra rivales que gestionan residuos de forma ilegal, y como no logran ser rentables, es posible que opten por deshacerse de la mercancía. "La competencia desleal hace mucho daño a los que hacen las cosas bien, y cuando la economía aprieta, hay tendencia a que los residuos se incendien. Uno de los problemas es que los gestores de basuras cobran por adelantado, de manera que cuanto menos te gastes en la gestión, más ganas, y una manera de abaratar el trabajo es quemándola", afirma.

Otro experto en residuos, Francisco Peula, director de la organización Rethinking, opina que el dueño de un vertedero no tiene incentivos para quemarlo, pero sí podría haber una motivación económica en las plantas de separación de residuos. "No conozco casos, pero podría ser que su intención sea beneficiarse con el cobro del seguro. Esas plantas ganan dinero vendiendo los materiales que previamente han separado, pero si tienen un stock muy grande que no consiguen poner en el mercado a un precio rentable, igual le sacan más dinero reclamando una cobertura por incendio", opina.

La subida más sospechosa en la siniestralidad es la de Comunitat Valenciana, donde se han más que duplicado los incidentes respecto al año pasado. Los basureros improvisados para los residuos de la dana ha protagonizado dos de estos incendios —el último, el 22 de diciembre, en un solar con vehículos de Catarroja—, pero la gran mayoría se produjeron en los meses anteriores a la riada. Fernando Follos subraya, por ejemplo, los fuegos en las plantas de tratamiento de Onda (Castellón), donde ha habido un incendio cada año desde 2017. O la planta de reciclaje de Almussafes (València), que el pasado mes de julio ardió en dos ocasiones en solo dos semanas. También apunta al extraño caso de la planta de tratamiento de Abajas (Burgos), que se ha quemado en cuatro ocasiones en los últimos dos años.

Los trabajos de limpieza en la zona afectada por la dana se han acelerado en las últimas dos semanas, incrementando drásticamente la cantidad de residuos que llegan a los cinco vertederos temporales que ha habilitado la Generalitat. El último dato disponible, publicado el domingo pasado, cifra en 300.000 toneladas los enseres que se han llevado ya los camiones, una cifra ingente de basura que se tardará años en tratar. Esa cantidad equivale nada menos que 25 veces los voluminosos que se recogen en un año en la ciudad de València (12.000 toneladas), y a casi el doble de los enseres que genera en un año toda la Comunitat Valenciana (180.000 toneladas).

Cuando se habla de enseres o voluminosos, la cifra se refiere a la recogida de electrodomésticos, muebles, puertas y chatarra en general. Durante los primeros días, una masa de voluntarios se dedicó a retirar todos estos restos de las viviendas afectadas por las inundaciones, y poco a poco la Generalitat los ha retirado de la vía pública. En las últimas dos semanas esta labor se ha acelerado a medida que la organización de la logística se ha mejorado y se ha contratado más personal.

Si en los primeros 23 días desde la catástrofe se almacenaron 150.000 toneladas de enseres en los vertederos temporales, en la siguiente semana esa cifra se duplicó hasta las 300.000. Esta cantidad equivale a la carga que transportan 30.000 camiones de basura. La cifra será hoy todavía mayor, debido al paso de los días, y el ritmo de recogida es de unas 15.000 toneladas diarias, aunque fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente explican que la retirada de voluminosos de las calles es cada vez menor porque la mayoría de calles ya están despejadas.

Esta cifra ingente de basura se está repartiendo por ahora en cinco puntos diferentes que hacen de vertederos temporales: la planta de tratamiento de Hornillos, el antiguo campo de fútbol de Alfafar, el antiguo campo de fútbol de Catarroja, la vía de servicio de la pista de Silla, y la antigua cantera de la ladrillera Almudíver (Picassent). Como estos lugares se han improvisado contrarreloj, no están acondicionados para guardar residuos de manera indefinida, por lo que de allí se transfieren poco a poco a los vertederos oficiales de la región, que han sido ampliados para guardar este excedente.

Uno de esos centros temporales, o "puntos de transferencia", en la jerga del sector, es el de la planta de tratamiento de los Hornillos, que en una situación normal funciona como un centro donde se procesan los residuos que se recogen en el contenedor gris (resto) y el orgánico de 45 municipios del área metropolitana de València. Sin embargo, temporalmente la parcela se ha ampliado en 95.000 metros cuadrados (25 campos de fútbol) para operar como un almacén temporal de los enseres que llegan de los pueblos arrasados.

Emilio José Belencoso, presidente de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), que gestiona la planta de Los Hornillos, explicó a infoLibre a mediados de noviembre que nunca antes se habían visto en una situación igual, y que estaban tratando de hacer una mínima separación de los voluminosos para reciclar todo el metal posible de electrodomésticos o somieres.

A fecha de este miércoles, ya han logrado hacerse con una máquina trituradora que además permite hacer una separación entre trozos de metal y madera, por lo que han conseguido mejorar sus tasas de separación, según añaden ahora desde la entidad.

La planta de Los Hornillos ha recibido hasta ahora 90.175 toneladas de residuos de la dana, cuando en un año normal suelen tratar unas 25.000. Para poder abarcar estas cantidades, afirman, han habilitado la explanada de 95.000 metros cuadrados y cuatro metros de altura, que "ya está prácticamente llena", señalan desde el Emtre. También han contratado a 21 trabajadores, con un coste de 3.644.000 euros, que ahora reclaman a la Generalitat y al Gobierno central.

Para hacerse cargo de los residuos peligrosos, la Conselleria de Medio Ambiente también puso en marcha la semana pasada un dispositivo para recoger, transportar y gestionar pinturas, aceites, soluciones ácidas, alcalinas o plaguicidas que hayan quedado abandonados en las calles a raíz de la inundación. El plan se ejecutará junto al Seprona de la Guardia Civil y durará seis meses, con un presupuesto de un millón de euros.

El Ministerio de Transición Ecológica y Ecoembes se han visto este lunes las caras tras conocerse que España suspende ampliamente en la separación de botellas de plástico. Este incumplimiento de la directiva europea supone que el país debe implantar antes de noviembre de 2026 un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo que trastoca el negocio del gigante del plástico y reconfigura el sistema de reciclaje del país. Tanto el Gobierno como Ecoembes han evitado adelantar cómo se organizará el sistema, pero el Ministerio de Transición Ecológica ha aprovechado para disipar cualquier duda sobre el cumplimiento del calendario por parte de Ecombes, pero también de posibles competidores que surjan en el sector.

La encargada de trasladar el mensaje ha sido Margarita Ruiz, subdirectora general de Residuos del ministerio, que dejó claro este lunes al sector que tiene dos años para reinventarse. "El reglamento dice que para garantizar una recogida separada de botellas del 90% en 2029 hay que establecer un SDDR. Para alcanzar ese objetivo hay que establecerlo antes de esa fecha, porque si no no lo vamos a alcanzar". Y lo reiteró a continuación: "No es que el plazo [para implantarlo] sea hasta 2029, sino que ese año ya tenemos que cumplir con el objetivo".

El mensaje aplaca las dudas que surgían estos días entre expertos del sector, que insisten en que Ecoembes siempre ha sido contrario a establecer un sistema de retorno de envases al supermercado, y que trataría de posponer su entrada en vigor más allá de 2026. "La experiencia nos dice que las empresas tratan de alargar el proceso lo máximo posible. Te dicen que el calendario es demasiado apretado, que son objetivos inviables… lo que pedimos al Ministerio de Transición Ecológica es que la fecha de puesta en marcha se cumpla", opinaba la semana pasada César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que apoya la implantación de sistemas SDDR. 

Otro analista del sector, Ignasi Puig, Doctor en Ciencias Ambientales y fundador de la Fundación ENT, especializada en residuos, añade que dos años "es un plazo ajustado, pero asumible". "Nuestros estudios de implantación de un SDDR en España contemplan plazos superiores, pero se puede cumplir el calendario si no se enredan pensando en cómo hacerlo. Hay que ponerse ya en marcha porque hay que construir plantas de clasificación de envases, plantas de conteo… son inversiones potentes que requieren permisos y ejecución de obras", añade el experto.

El encuentro de este lunes entre Transición Ecológica y Ecoembes en el Congreso Nacional de Medioambiente (Conama) era muy esperado por el sector porque se produjo solo diez días después de que el Gobierno publicase por primera vez cifras oficiales de la recogida separada de botellas de plástico en España, unos datos que las organizaciones civiles y los analistas de reciclaje llevan años esperando.

Las cifras son muy importantes porque en la práctica son el primer examen que hace la Administración Pública del trabajo de Ecoembes, que lleva operando por libre y sin auditoría pública desde 1996, pese a que gestiona cada día decenas de millones de envases en todo el país. En concreto, según las estadísticas publicadas ahora por el ministerio, en España solo se recogieron por separado el 43,1% de las botellas de plástico en 2023, una cifra muy inferior a la obligatoria por la Directiva Europea de Residuos (al menos un 70%). La cifra oficial es mucho menos ambiciosa que la de Ecoembes, que estima una recogida separada del 74,4%, una cifra artificialmente inflada, como denuncian expertos del sector.

Incumplir la normativa europea supone que España debe implantar de facto un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Este mecanismo se basa en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase al supermercado cuando ya está vacío. Esto garantiza que los hogares se molesten en separar las botellas y las latas del resto de la basura, porque si los llevan a una máquina de depósito reciben un incentivo económico.

Durante la mesa redonda en la que participó el Gobierno y Ecoembes, junto con otros miembros clave del sector, se esperaba algún adelanto de cómo funcionará este mecanismo SDDR, que transformará la manera en que los ciudadanos reciclan y gestionan sus envases. Pero ninguno de los dos actores protagonistas ha querido adelantar cómo funcionará, ni si el Gobierno intervendrá en él para garantizar la transparencia.

"Nosotros estamos abiertos a trabajar conjuntamente, pero no puedo decir cómo se organizará el sistema porque es una decisión que deben tomar los productores [de productos envasados], no del ministerio", apuntó Margarita Ruiz. Aunque sí apuntó a que el sistema de devolución de envases al supermercado tendrá que "basarse en modelos europeos, pero con nuestras particularidades; será un modelo a la española", afirmó la alto cargo del ministerio. "El año que viene vamos a comenzar un camino que no se ha dado en España, puesto que nunca se ha aplicado [un SDDR]. Va a ser una situación novedosa porque vamos a tener muchos SCRAP [Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor] y sistemas individuales en competencia, y tendremos que vigilar que se cumplan loas obligaciones de todos los agentes", añadió.

Por el lado de Ecoembes, quien representa la voz de las empresas del plástico en España, con más de 14.000 asociados, se aclaró cuáles serán sus próximos pasos, preguntado por infoLibre. "No puedo dar una respuesta porque son los productores los que tienen que decidir a través de quién y como cumplen con esa responsabilidad. Nosotros estaremos ahí para aportar nuestra ayuda", apuntó Begoña de Benito, directora de Relaciones Externas de Ecoembes.

El Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado lo que diferentes organizaciones civiles llevan años denunciando: que Ecoembes ha publicado datos ampliamente maquillados sobre reciclaje desde hace dos décadas para evitar asumir el coste real de los 50 millones de envases de bebidas que se venden cada día en España.

En la trampa ha participado el Gobierno y las comunidades autónomas, que han mirado hasta ahora para otro lado en lugar de elaborar sus propias estadísticas. La Administración ha confiado en ellas hasta tal punto que las cifras de los fabricantes se han entregado cada año a la Comisión Europea para que elabore los censos de residuos de la UE, pese a tratarse de una información adulterada por gigantes como Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Alcampo o Mercadona. Estos son algunos de los accionistas de Ecoembes, la organización que tiene el "monopolio" de la recogida de envases.

Las consecuencias de publicar cifras irreales es que los ayuntamientos de todo el país han asumido durante un cuarto de siglo el costoso trabajo de hacerse cargo de las latas, las botellas o los envases de comida que no llegan al contenedor amarillo. Greenpeace calculó en 2021 que las administraciones locales asumen un sobrecoste de 1.700 millones de euros al año en recogida de basuras que debería asumir Ecoembes.

El Gobierno publicó el pasado viernes 22 de noviembre que la recogida separada de botellas de plástico en España fue del 41,3% en 2023, una cifra que corrige el dato de Ecoembes, que eleva la estimación hasta el 73,4%. Los resultados del ministerio están en la línea de dos informes previos de Greenpeace y de Alianza Resiudos Cero, que llevan años denunciando que el sector privado adultera las cifras. Desde Ecoembes, explican que sus cifras son diferentes porque emplean otra metodología, y señalan que se sentarán con el Gobierno en los próximos meses para adecuar sus cálculos a los oficiales.

La diferencia los números oficiales y los de Ecoembes es muy importante. Primero, porque es la primera vez que Transición Ecológica elabora sus propias cifras de recogida de envases, y demuestra que los datos de Ecoembes son radicalmente falsos. Segundo, porque supone que España inclumple la Directiva europea de Residuos, y ahora el país está obligado a implantar un sistema de devolución de envases al supermercado (SDDR), un mecanismo que la industria lleva esquivando desde 1997. Y tercero, porque significa que 6 de cada 10 botellas de plástico —uno de los residuos más comunes— no entran en el contenedor amarillo, lo que equivale a unos 5.000 millones de envases al año solo en España.

Que las botellas terminen en otros contenedores o en el suelo de las calles es determinante para Ecoembes. Hasta hace apenas dos años, la normativa establecía que las empresas del plástico solo tienen que hacerse cargo de los envases que estén dentro del cubo amarillo, y los ayuntamientos de los que entran en el contenedor gris —el genérico—y las papeleras. Aunque esto cambió con la nueva Ley de Residuos de 2022, todavía está pendiente de implementarse, y en la práctica se sigue cubriendo con los presupuestos municipales.

De esta manera, Ecoembes se ahorra esta recogida, por mucho que la ley establezca que todos los envases son responsabilidad de quien los pone en el mercado. Es cierto que esta organización paga una especie de incentivo económico a las administraciones por los envases que se recuperan en las plantas públicas de tratamiento, pero es muy inferior a lo que cuesta en realidad recogerlos, moverlos y separarlos del resto de la basura.

Este detalle es especialmente importante si se tiene en cuenta que alrededor del 70% de todos los envases acaban fuera del contenedor amarillo, de manera que los ayuntamientos se hacen cargo de la mayor parte del trabajo de Ecoembes, según calcula Francisco Peula, experto en residuos de la ONG Rethinking y colaborador del informe de Greenpeace de 2021. "Eso supone que alrededor del 40% del volumen de residuos que recogen los ayuntamientos en el contenedor gris son envases, que debería gestionar Ecoembes", añade Peula.

Por si fuera poco, todos los consumidores pagan entre 1 y 2 céntimos extra cada vez que compran una botella, una lata, un tetrabrik —y cualquier envase-—para financiar su reciclaje, la llamada tasa de punto verde. Este dinero lo ingresan las empresas que venden el envase y lo transfieren a Ecoembes. De esta manera, cada vez que un ayuntamiento se encarga de un envase, el consumidor paga dos veces: una con la tasa de punto verde, y otra con los impuestos municipales. Pero esto está a punto de cambiar.

La Ley de Residuos de 2022 incluyó un objetivo de alcanzar un 70% de recogida de botellas de plástico por separado en 2023, pero los datos publicados el viernes por el Gobierno confirman que España está muy lejos de cumplir —nada menos que 30 puntos porcentuales por debajo—.

La norma establece que si no se alcanza la cifra, hay que implantar en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en un plazo de dos años, antes del 22 de noviembre de 2026. Este mecanismo se basa en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase al supermercado cuando ya está vacío. Esto garantiza que los hogares se molesten en separar las botellas y las latas del resto de la basura, porque si los llevan a una máquina de depósito reciben un incentivo económico.

Sin embargo, los expertos ponen en duda que se vaya a cumplir el calendario de dos años. Según la ley, es la industria la que debe implantar el mecanismo de retorno de envases, y es de sobra conocido que Ecoembes no está por la labor. En los últimos años ha tratado de introducir lo que las organizaciones civiles llaman "una falsa solución", el sistema Reciclos, un supuesto mecanismo SDDR que mantiene intacto su negocio y que no funciona. A día de hoy no hay cifras transparentes de su funcionamiento.

De hecho, el origen de Ecoembes está directamente ligado a evitar implantar un sistema de retorno de envases en España. La primera Ley de Envases del país, de 1997, contemplaba la creación de un sistema SDDR, pero daba la opción a la gran industria de "eximirse" de ese mecanismo si creaba su propio sistema de tratamiento. Precisamente, un año antes, Ecoembes se constituyó "para proporcionar una respuesta a las obligaciones derivadas de la Ley 11/97 de envases", como reconoce hoy en su propia web.

"La industria vio lo que se le venía encima y creó una estructura societaria para cumplir la ley a su manera", afirma Alberto Vizcaíno, consultor ambiental y autor del libro Contenedor Amarillo S.A., donde desgrana el sistema de residuos en España. El experto añade que el sistema Ecoembes, organizado por grandes empresas de alimentación y plásticos, se saltó la ley a los pocos años, porque establecía que en 2001 se valorizaría el 50% de los envases generados, y todavía no se ha logrado más de 20 años después.

De nuevo, en 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero volvió a actualizar la Ley de Residuos para introducir que los productores y vendedores de envases "podrán ser obligados a establecer sistemas de depósito y retorno del producto para su reutilización o tratamiento", pero no duró ni un año. Uno de los primeros reales decretos de Mariano Rajoy modificó la Ley de Residuos para darle al SDDR un "carácter voluntario", de manera que Ecoembes continuó con su negocio intacto.

Sin embargo, en este momento no hay margen normativo para esquivar el cambio de modelo. El propio ministerio de Transición Ecológica publicó hace diez días los datos de recogida de botellas (43,1%) y añadió que "no se alcanzan los objetivos de la Ley de Residuos". Por lo tanto, "se deberá implantar, en todo el territorio nacional y en el plazo de dos años, un sistema de depósito, devolución y retorno".

Fuentes de Ecoembes niegan que sus accionistas estén en contra del sistema de retorno de envases, y afirman que ellos no quieren entrar "en ninguna guerra de sistemas" de separación de residuos. De hecho, admiten que van a trabajar, ahora que lo impone la ley, en implantar un SDDR en España. "Ecoembes ayudará a la administración pública y a las empresas a que cumplan en plazo y con la mayor agilidad posible sus obligaciones derivadas tanto del actual Real Decreto como del inminente Reglamento europeo de envases", señalan.

Sin embargo, la posibilidad ha estado sobre la mesa desde 1997, y hasta ahora no se ha abordado. ONG y grupos de consumidores llevan más de dos décadas reclamando su implantación, y en 2009 se agruparon en la ONG Retorna para aumentar su altavoz. Otras organizaciones han realizado estudios sobre su implantación en España, como la catalana ENT, o incluso Tragsa, que publicó un extenso informe en 2021 con el Ministerio de Transición Ecológica. En Europa, el sistema SDDR ya está presente en 14 países, con una tasa de recogida separada de envases del 90% (frente al 41,3% de España solo en botellas)

Los defensores de los sistemas de devolución y retorno explican que sus beneficios son arrolladores porque permite disparar la tasa de reciclaje de envases. Buena parte de las botellas y latas que se depositan en los contenedores grises y en las papeleras —las que recogen los ayuntamientos— acaban en vertederos, de forma que su vida útil es ínfima. Pero si se recogen por separado en supermercados, "se recuperan juntas y limpias, con un proceso de reciclaje puedes hacer nuevas botellas", explica César Sánchez, portavoz de Retorna.

Entonces, ¿por qué Ecoembes ha evitado hasta ahora implantarlo? Simplemente porque el sistema actual le beneficia, es más barato. Y porque si los consumidores devuelven los envases a máquinas con lectores de etiquetas, habría cifras exactas de cuántas botellas y latas ponen las multinacionales en circulación en España, un dato muy en entredicho hasta ahora porque era imposible de verificar, según explica una fuente del sector, que prefiere omitir su nombre.

"Por un lado, el SDDR daría más ingresos a Ecoembes porque puedes vender materiales reciclados de alta calidad, pero también es más caro porque tendría que mantener los cubos amarillos en las calles —para botellas de aceite, envases de comida, latas de conservas…— y pagar además las máquinas para recoger las botellas y latas, y construir plantas de clasificación y conteo. Por otra parte, cada empresa que forma parte de Ecoembes paga cada año en función de los envases que pone en el mercado, y las cantidades que se dan no se sustentan con los estudios de composición de la basura. El SDDR aporta una transparencia que no interesa a Ecoembes", señala esta persona.

El problema, en todo caso, es que el nuevo sistema de devolución y retorno tiene que ser ideado y organizado por el sector privado, según recoge el Real Decreto de Envases de 2022. Los expertos consultados creen que Ecoembes tratará de crear una nueva marca para este mecanismo —ya tiene Ecoembes y Ecovidrio—, aunque también podrían surgir otras agrupaciones empresariales similares (llamados SCRAP) que le hagan la competencia. Por ejemplo, desde los supermercados, ya que en su interior se ubicarán las máquinas para devolver las botellas.

Ignasi Puig, Doctor en Ciencias Ambientales y fundador de la fundación ENT, reclama al Ministerio de Transición Ecológica que forme parte de ese proceso de desarrollo del sistema de devolución y retorno para que esta vez las multinacionales cumplan con su obligación. "No sé si dejará libertad total al sector privado, pero no tiene por qué hacerse así. La presencia de las administraciones públicas garantiza la transparencia, y esa es una de las decisiones que se tienen que tomar a corto plazo", resume.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases de bebida que tiene que implantar España antes de noviembre de 2026 transformará la manera en que los hogares tratan los residuos, pero ese cambio radical lleva décadas funcionando en el continente. Suecia fue el primero en instaurarlo en 1984 y desde entonces se han sumado otros 14 países de la Unión Europea, mientras que otros tantos van camino de adoptarlo. El sistema SDDR ha logrado que se recojan por separado en Alemania el 98% de los envases, o el 96% en Finlandia, con una media de éxito 90% en la Unión Europea.

Esas cifras tan elevadas permiten que prácticamente todas las latas y las botellas de plástico de un solo uso (agua, refrescos…) que se utilizan cada día puedan reciclarse para ahorrar recursos y generar ingresos con la venta de esas materias primas. La clave está en que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno).

Los países que ya tienen un sistema SDDR, además de tener una gestión más eficiente de sus residuos, se evitan mandarlos a un vertedero, donde cada tonelada de basura que entra tiene fuertes impuestos, y donde además se genera una importante contaminación atmosférica y de aguas subterráneas. Una eficiencia cercana al 100% en la separación de los plásticos también permite a estos países cumplir con la Directiva Marco de Residuos de la UE, mientras que España, entre otros, incumple la normativa y se expone a futuras multas.

Según el dato publicado el viernes por el Ministerio de Transición Ecológica, solo se recogió el año por separado el 41,3% de las botellas de plástico, mientras que la normativa comunitaria establece un objetivo del 70%. Incumplir la directiva implica de facto la imposición de un mecanismo SDDR en un plazo de dos años (noviembre de 2026) para garantizar que la cifra se corrige. "Los resultados de otros países con un sistema de depósito y devolución son muy buenos, y no creo que podamos cumplir con la directiva si no lo implantamos", opina Ignasi Puig, Doctor en Ciencias Ambientales y fundador de la Fundación ENT, especializada en residuos.

Países Bajos, Dinamarca o Finlandia llevan más una década con este mecanismo, y este año se han sumado Irlanda y Hungría. En total hay 14 países europeos con el sistema SDDR, además de otros externos a la UE como Islandia o Noruega. Reino Unido, Portugal o Grecia ya tienen aprobada su creación y empezará a funcionar entre 2026 y 2027.

César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG especializada en promover los sistemas de retorno de envases, explica que la clave del éxito en España estará en la tarifa que se cobre. Lo normal es que cada envase que forme parte del mecanismo cueste entre 15 y 20 céntimos de más, que luego recupera el cliente cuando devuelve al supermercado las latas y las botellas. "Lo que definirá el éxito del SDDR es que el depósito sea el más alto posible, para incentivar a la gente a devolver el envase", afirma. La cuantía final la decidirán las empresas, que son las que tienen que poner en marcha el sistema, pero el Real Decreto de Envases de 2022 ya fijó un coste mínimo de 10 céntimos por cada botella o lata para el futuro sistema de SDDR. "También es clave el dónde se devuelven las botellas, y el real decreto también dice que será en supermercados. Eso es bueno porque facilitará a la gente depositarlo donde lo ha comprado", añade Sánchez.

La diferencia entre el sistema que se plantea en España y el de otros países, es que por ahora no se contempla ampliarlo para incorporar las botellas de cristal, principalmente los cascos de cerveza y las botellas de vino. El Real Decreto de Envases recoge que el futuro mecanismo de depósito y devolución se aplicará sobre botellas de plástico de un solo uso de hasta tres litros de agua, zumos, bebidas refrescantes, energéticas, isotónicas y bebidas alcohólicas. También para latas y envases de cartón (tetrabriks) de estos productos, pero no dice nada sobre vidrio.

En todo caso, será la industria del plástico (empresas como Coca-Cola, Alcampo o Danone) la que tendrá la oportunidad en los próximos meses de incluir las botellas de cristal, puesto que el real decreto es la base sobre la que trabajar, pero las compañías pueden decidir ser todavía más ambiciosas. 

César Sánchez explica también que el sistema SDDR permite recoger todas las botellas "juntas y limpias", en vez de mezcladas con otras basuras, de manera que es mucho más fácil su reciclaje. "Ahora mismo, cuando se habla de reciclar plásticos en España, no es crear nuevas botellas con las antiguas, sino triturarlas para hacer fibras para ropa o recubrimientos de goma para parques infantiles. Lo que permitiría el sistema de retorno es recuperar un plástico de calidad y lograr una circularidad real: fabricar botellas con botellas", apunta. En todo caso, añade que lo idóneo sería popularizar los envases de vidrio, que se pueden devolver a la tienda, limpiar, y reutilizar fácilmente, con un impacto mucho menor.

El Ministerio de Transición Ecológica confirmó el viernes lo que era un secreto a voces en el sector del reciclaje: que España lleva años publicando datos falsos sobre la recogida separada de botellas de plástico. Frente al 73,4% que cifraba Ecoembes (las empresas del plástico), en realidad es el 41,3%, una cifra muy inferior a la obligatoria en la Unión Europea (al menos un 70%), de manera que España tendrá que implantar antes de 2027 un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), en el que cada botella o lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase. Esto provocará una disminución de los envases que acaban en contenedor amarillo de alrededor de un 14,7%, según cálculos de Francisco Peula, director de Rethinking, una ONG especializada en economía circular.

El experto, que asesora a diferentes comunidades autónomas en materia de residuos, afirma que el sistema de devolución y residuos permitirá alcanzar el objetivo de la UE que recoge la Directiva Marco de Residuos. En los 50 países que tienen un mecanismo SDDR, se recogen por separado entre el 90% y el 95% de las botellas de plástico y las latas, de manera que luego se pueden reciclar fácilmente, ahorrando dinero y materias primas. De lo contrario, como ocurre ahora, esos envases acaban enterrados en vertederos y su ciclo de vida apenas dura un día, lo que tarda una persona en beberse una botella de agua o una lata de refresco.

Teniendo en cuenta ese 90% de efectividad, Peula calcula que el contenedor amarillo recogería un 14,7% menos de toneladas de envases, porque ese porcentaje es el que la población devolvería al supermercado para recuperar el dinero que adelantó cuando compró el producto. Esa cantidad es normalmente entre 10 y 25 céntimos por botella o lata, en función de la cifra que acuerde la entidad que organice el sistema, y cuanto más alta sea, mayor será la implicación de los ciudadanos con el reciclaje.

Si la tasa de separación es del 90%, ¿por qué se reduce la recogida total solo un 14,7% en el contenedor amarillo? Porque el sistema SDDR se aplica solo sobre algunos tipos de envases: los más comunes y los más manejables, que serían fácilmente almacenables en casa para luego llevarlos al súper. El resto, se seguirán vertiendo en el contenedor amarillo. Peula ha utilizado en sus estimaciones las botellas de plástico PET de agua y refrescos, que suponen ahora alrededor del 11% de todo lo que acaba en este contenedor, las botellas de PEAD de lácteos (el 1%), las latas refrescos y de conservas de acero (el 1%) y las latas de refresco de aluminio (el 2%). 

En otros países donde ya hay implantados sistemas SDDR han incluido también otro tipo de envases del día a día para aumentar su efectividad. La mayoría de países de Europa con este mecanismo (Alemania, Suecia, Países Bajos, y cinco estados más) también incluyen las botellas de vidrio de hasta tres litros, desde cascos de cerveza a botellas de vino. La experiencia europea también revela que la población tiene una buena acogida del sistema: Finlandia y Suecia lo tienen desde los años 90, y el resto desde la década de los 2000. En Alemania, la tasa de retorno de envases alcanza el 98%, es decir, prácticamente ni una sola botella acaba en el vertedero.

Lo más determinante es establecer quién organizará el nuevo sistema de recogida de envases, el organismo que decidirá cuáles se introducen en el SDDR, cuánto se paga por botella o lata en forma de comisión, y dónde se realiza la devolución (supermercados, tiendas, edificios públicos…). La Ley recoge que tendrá que ser gestionado y costeado por las empresas que ponen ese plástico en circulación, aunque está la opción de que el Gobierno acompañe o forme parte de la entidad para garantizar que funciona correctamente, porque es el Estado el que se expone a inclumplir la directiva de Bruselas.

A la vista de la experiencia reciente de Ecoembes, que lleva casi 30 años en activo y solo ha servido para incumplir reiteradamente la normativa y maquillar las cifras de reciclaje, los expertos del sector temen que las compañías de bebidas y plásticos vuelvan a intentar evadir sus obligaciones, que conisten en hacerse responsable de los envases que ponen en el mercado.

"La experiencia nos dice que las empresas tratan de alargar el proceso lo máximo posible. Te dicen que el calendario es demasiado apretado, que son objetivos inviables… lo que pedimos al Ministeruo de Transición Ecológica es que la fecha de puesta en marcha [antes de noviembre de 2026] se cumpla", opina César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG especializada en implantar sistemas de retorno de envases.

Desde Ecoembes, contestan que las cifras que aportaban hasta ahora de separación de botellas de plástico (73,4% para 2023) son radicalemnte diferente a la de Transición Ecológica (41,3%) "porque no hay una metodología unificada". "Llevamos años pidiendo al ministerio concreción sobre cómo contabilizar las botellas. Es la primera vez que se hace algo así en España y sin una metodología clara hay un riesgo de que haya diferentes interpretaciones", señala Álvaro Otero, portavoz de la organización. Ecoembes se organiza como una sociedad anónima y entre sus accionistas están gigantes como Coca Cola, Nestlé o Danone.

En las tres semanas que han pasado desde la dana, la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre) ya ha recibido más de 60.000 toneladas de muebles y enseres, mientras que antes de la tragedia apenas trataban 2.000 toneladas mensuales. Es decir, han ingresado en menos de un mes casi la misma cantidad que en tres años. Y eso solo es una parte de los residuos recogidos, porque la Generalitat calcula que ya se han retirado en toda la Comunitat más de 100.000 toneladas —València ciudad produce cada año 12.000—. Las autoridades reconocen que aun así todavía quedan muchos desechos por sacar, mientras que las organizaciones ecologistas empiezan a exigir más atención para evitar que la situación derive en una catástrofe ambiental.

Organizar una cantidad ingente de basura fue un caos durante los primeros días tras la riada, pero los responsables explican que ya han conseguido recobrar el orden para intentar dar un tratamiento lo mejor posible a los enseres. Por ejemplo, los colchones, los electrodomésticos y los hierros pesados se están separando para que no vayan a vertedero directamente y así dar una salida a los metales, que se pueden reciclar. Los coches siniestrados —unos 120.000— se envían a desguace porque tienen elementos muy contaminantes.

Emilio José Belencoso, presidente de la Emtre, afirma que la ley de residuos de 2022 les permite rebajar todas las exigencias ambientales en caso de emergencia, pero que aun así están intentando hacerlo lo mejor posible. "Por ahora estamos haciendo una separación mínima para intentar reutilizar grandes productos metálicos, que enviamos a gestores autorizados, pero es verdad que ahora mismo estamos tratando de todo, menos coches y lodos. Si fuésemos al detalle con lo que nos entra, la basura nos comería", dice el responsable.

La labor habitual de la Emtre es hacerse cargo de los residuos del contenedor gris (basura general) y el marrón (orgánico) de 45 municipios del área metropolitana de València. Todos ellos ahora arrasados por la dana, de forma que ahora llega de todo: muebles, electrodomésticos, ladrillos, restos vegetales… y todos embarrados.

Para gestionar tal cantidad de enseres, la principal planta de tratamientos de la Emtre, Quart de Poblet (Valencia), ha sido ampliada con 95.000 metros cuadrados que han adecuado en tiempo récord para que sirva de almacén temporal. Es una parcela que equivale a 25 campos de fútbol, y tiene tres metros de profundidad. Allí se depositan los restos que traen cada día unos 400 camiones, con entre 2.000 y 4.000 toneladas de residuos. De hecho, llegan tantos contenedores que ni siquiera pueden pesar los residuos, pero trabajan con la estimación de que cada camión porta algo más de 10 toneladas.

Los portavoces de la empresa pública reconocen que casi la mitad de la nueva parcela ya está llena, pero no creen que se vaya a quedar pequeña porque tres máquinas trituran cada día 1.500 toneladas de escombros y madera, que luego se envían a otros vertederos de la provincia. El encargado de gestionar estas salidas de camiones es la Generalitat, junto con Tragsa, que coordina el trabajo de todos los vertederos de la comunidad autónoma.

La Emtre solo se encarga del tratamiento de enseres en las plantas de Los Hornillos y Manises, pero en la región hay casi una decena de vertederos, y es ahí donde acaban todos los restos triturados. Fuentes de la Generalitat explican que una parte de los residuos también se entierran en siete minas de la Comunitat, algunas abandonadas, aunque añaden que no hay riesgo para el medioambiente porque "cuentan con suelos aislantes". Como el Gobierno regional controla no solo las dos plantas del Emtre, sino toda la gestión de los enseres de la región, sus cifras son más precisas. "El operativo supera ya las 10.000 toneladas diarias y se ha evacuado en total 100.000 toneladas de enseres. Poco a poco esa cifra de retirada irá bajando", añaden esas fuentes.

Las organizaciones ecologistas de València temen, sin embargo, que esta enrome cantidad de residuos sea una condena a largo plazo para la naturaleza de la zona, y esta semana enviaron una carta a la Generalitat en la que reclaman la creación de una comisión que informe sobre los impactos ambientales de la dana. "Hay una falta de información total, la opacidad es absoluta. No se informa de qué ni quién está actuando, dónde o cómo se toman las decisiones o en base a qué información, incluso en cuestiones tan importantes como son agua potable o residuos peligrosos. Ni siquiera en los espacios naturales protegidos de gran valor como el Parque Natural de la Albufera y su parte marina protegida o el Parque Nacional del Turia", se lee en un escrito firmado por cinco asociaciones, entre ellas Ecologistes en Acció y SEO BirdLife.

Durante la primera semana tras la riada, los escombros de decenas de miles de viviendas se amontonaron en las calzadas de la provincia, impidiendo el paso de los vehículos de emergencias. La prioridad era vaciar las casas afectadas para evitar que los muebles y la ropa se pudrieran, y la única salida era echarlos a la calle. El dispositivo de residuos de la Generalitat ha consistido desde entonces en recoger estos enseres y llevarlos fuera de la ciudad, y para eso se ideó un sistema de tres fases, que todavía funciona.

Primero, se concentran los residuos en diferentes lugares de los municipios para evitar que los montones de escombros corten el tráfico. Una vez que los vecinos y los voluntarios llevan aquí los restos de sus viviendas, el Gobierno regional se encarga de trasladarlos a cinco puntos "de transferencia": la planta de tratamiento de Hornillos, el antiguo campo de fútbol de Alfafar, el antiguo campo de fútbol de Catarroja, la vía de servicio de la pista de Silla, y la antigua cantera de la ladrillera Almudíver. Según el Cecopi, cada día están entrando 15.000 toneladas de restos a estos puntos, una cifra muy superior a la de los centros de tratamiento de la Emtre (hasta 5.000 toneladas diarias) porque a estas escombreras improvisadas también llegan vehículos y lodos.

Una vez que los residuos se concentran en estos cinco lugares, son transportados hasta los vertederos y canteras que se han habilitado para ello, "donde permanecerán hasta que sea posible llevar a cabo los tratamientos correspondientes para su correcta gestión", según alegan desde la Conselleria de Medioambiente de la Generalitat.

Por su parte, los miles de toneladas de lodo que se están extrayendo de los 75 municipios afectados se están vertiendo directamente al cauce del Turia y las ramblas fluviales de la zona. El lodo, el protagonista de la tragedia, ha acabado principalmente en el sistema de alcantarillado y de ahí ha acabado directamente en la naturaleza.

De hecho, la semana pasada la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica autorizaron depositar en la desembocadura del río Turia los barros retirados por los 145 camiones cuba que trabajan en la zona. Esto solo se llevará a cabo "en la medida que los análisis confirmen su inocuidad, dado que los primeros resultados corroboran que se trata mayoritariamente de tierras y arenas arrastradas por la corriente", según publicó el Gobierno regional. El fango que arrastre elementos contaminantes, como aceites de motor o combustibles, debería acabar en las minas para minimizar su impacto ecológico, según el plan de la Generalitat.

El Ministerio de Transición Ecológica apura las últimas horas del plazo para publicar el porcentaje de botellas de plástico que se reciclaron en España de 2023: debe hacerlo antes del 1 de noviembre. Lo que debería ser un informe rutinario sobre residuos se ha convertido en un documento decisivo que podría cambiar el sistema de tratamiento de envases en el país. Si la cifra de recogida separada de plásticos es inferior al 70%, el Gobierno tendrá que implantar en 2025 un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), en el que cada botella vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase. Aunque Ecoembes —el sector plástico— afirma que España tiene una tasa de recuperación del 71%, organizaciones civiles y expertos rebajan la cifra al 38% y dan por hecho que habrá que implementar el nuevo sistema.

El SDDR es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). El importe del depósito suele variar entre 10 y 25 céntimos, dependiendo de cada país. El Ministerio de Transición Ecológica publicó en 2021 un estudio preliminar sobre cómo funcionaría un hipotético SDDR en España, y valoró cobrar un extra de 10 céntimos por envase.

La principal aportación de este sistema es que consigue disparar las tasas de recogida de botellas de plástico, mientras que ahora alrededor del 60% de ellas acaban en un contendor gris junto a residuos de todo tipo y no se reciclan. En su estudio de 2021, el Gobierno calculó que el 86% de los consumidores estarían dispuestos a devolver los envases para recuperar esos céntimos, de manera que será muy fácil clasificarlos y reciclarlos. Además, según estas estimaciones, se evitaría lanzar al medioambiente 6.752 toneladas de plásticos y vidrio.

La Ley de Residuos de 2022 incluyó un objetivo de alcanzar un 70% de recogida de botellas de plástico por separado en 2023, y cada dos años aumenta, hasta alcanzar el 90% en 2029. El problema, según los expertos, es que las cifras de reciclaje de envases en España las ha proporcionado siempre Ecoembes, la empresa que tiene el monopolio de la gestión del plástico y que aglutina a gigantes como Coca Cola, Nestlé o Danone. Incluso los datos oficiales de reciclaje que el Gobierno traslada a la Comisión Europea provienen de este lobby, que defiende que el 71,1% de las botellas PET utilizadas en España en 2021 se recuperaron.

Sin embargo, diferentes ONG han recabado por su cuenta datos muy diferentes. Dos investigaciones publicadas por Greenpeace y Zero Waste Europe calculan que, en realidad, ese año solo se recuperaron entre el 36% y el 37% de las botellas de plástico, una cifra en las antípodas del objetivo del 70% para 2023. El Gobierno tiene la obligación de publicar antes del 1 de noviembre "el estado de cumplimiento de los objetivos fijados para 2023", y en lugar de replicar los datos que traslada Ecoembes, el Ejecutivo lleva meses reuniéndose con todos los actores para que la cifra sea la real, por lo que se espera un número cercano al 40%.

Francisco Peula, consultor de residuos y director de la ONG Rethinking, insiste en que ya es hora de dejar de lado las cifras erróneas con las que España ha estado "engañándose" durante años. "Ecoembes ha vendido un bulo que las administraciones se han querido creer, pero que ya es insostenible. El Estado prefería usar esas cifras para evitar una multa de Bruselas, y las Comunidades Autónomas para vender unos resultados fantásticos. El problema lo han tenido los ayuntamientos, que han asumido el coste real de los plásticos que no ha gestionado Ecoembes durante años", afirma.

Si se incumple la meta del 70% para 2023, la ley obliga al Gobierno a implementar un sistema SDDR en un periodo de dos años. Desde el Ministerio de Transición Ecológica confirman que eso equivale a que entre en vigor el 1 de enero de 2025, cosa que no ocurrirá porque no se ha organizado nada. Los expertos dudan incluso que un sistema así a escala nacional pueda implementarse a lo largo del año que viene.

Por otra parte, si el SDDR es tan efectivo como estima el Gobierno —con una tasa de devolución de botellas del 86%— la meta que contempla la Ley de Residuos sdel 70% sería relativamente fácil de cumplir. La estimación está dentro de los parámetros habituales de este sistema, puesto que la tasa de retorno media de los envases es del 91% (en Alemania del 98%), según el Global Deposit Book 2022, un estudio global sobre el sistema SDDR. Este informe afirma que hay al menos 50 países que lo utilizan, como Países Bajos, Suecia, Canadá o Australia.

Hay diferentes métodos para intercambiar las botellas por dinero en un sistema SDDR. El más común es mediante máquinas distribuidas por la ciudad que funcionan de manera automática: se introduce una botella y esta devuelve los céntimos que en su día adelantó el consumidor.

También se puede aplicar sobre toda clase de botellas, aunque siempre menores de tres litros de capacidad. El estudio de viabilidad que elaboró hace dos años Transición Ecológica se realizó teniendo en cuenta envases tanto de plástico como de cristal y que contienen agua, cerveza, bebidas refrescantes y zumos en envases de un solo uso, pero excluyó lácteos, vinos y bebidas espirituosas. 

En España, la acogida sería bastante buena, según una encuesta publicada este año por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en el que el 57% de los españoles declararon "muy probable" devolver sus envases al súper a cambio de recuperar el dinero. El 21% se mostró "bastante probable", el 15% "poco" y el 7% "nada".

Ecoembes afirma a infoLibre que está "a la expectativa" de que Transición Ecológica publique las cifras oficiales de recuperación de botellas de plástico, y afirma que en los últimos meses se ha reunido con el Gobierno para trasladar que sus cálculos de reciclaje "están auditados y cumplen con los estándares de la Comisión Europea", por mucho que difieran de las cifras que dan las ONG.

Las empresas de plásticos tienen mucho que perder si el Gobierno termina por imponer un sistema de depósito, devolución y retorno, ya que en este momento los envases que no se depositan en el contenedor amarillo ya no son responsabilidad suya, sino de los ayuntamientos, que se gastan millones de euros en recogerlos del suelo, de las papeleras o de los cubos grises. "Mis cálculos son que si Ecoembes asumiese el coste real de su cometido, sus gastos subirían un 250%", afirma Peula.

Ignasi Puig, coordinador de Residuos en la organización ENT, ha elaborado diversos informes sobre la introducción del SDDR en España, y afirma que sería un sistema mucho más caro para Ecoembes que el actual. La empresa tendría que hacerse cargo de tres veces más de plásticos que ahora, pero recuerda que su obligación es hacerse cargo de cada una de las toneladas de envases que pone en el mercado.

"El sistema SDDR se financiaría de tres formas: vendiendo los materiales que se logren reciclar, los céntimos que no sean reclamados por los ciudadanos, y las aportaciones que hagan las empresas de Ecoembes por haber productores de plásticos. La tercera pata servirá para compensar las otras dos, y en función del coste de las materias primas y del porcentaje de retorno, pagarán más o menos por tratar los residuos", aclara el experto.

Desde el sector de las ONG temen que Ecoembes proponga al Gobierno sustituir el sistema convencional de SDDR por uno que ya tiene implantado y que no tiene resultados demostrables, el sistema Reciclos, una aplicación digital que otorga premios por reciclar. infoLibre publicó en 2023 una investigación en la que demuestra que es un agujero que permite el fraude en el reciclaje y no incentiva su uso por parte de la sociedad. Sobre esta cuestión, un portavoz de Ecoembes garantiza que ellos aceptarán un sistema SDDR si lo impone el Gobierno porque no quieren que haya "un debate sobre sistemas". "No tenemos líneas rojas, solo queremos que España cumpla con los objetivos".

Generamos residuos por encima de nuestras posibilidades porque individualmente nos cuesta lo mismo ser cuidadosos que ser descuidados, aunque nos sale carísimo. A nuestros ayuntamientos, responsables de la gestión de la basura que producimos cada día, les sale carísimo y además no lo hacen bien, salvo contadísimas excepciones como las destacadas en esta herramienta interactiva de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). 

No lo hacen bien porque son más de 22 millones de toneladas de residuos procedentes de los hogares y de establecimientos comerciales, oficinas e instituciones públicas los que anualmente (datos MITECO de 2021) recogen y gestionan de las más diversas formas los más de 8.000 ayuntamientos españoles, y a los que dedican casi 4.000 millones de euros al año. Casi media tonelada de residuos por habitante, de los que en conjunto apenas se recicla el 20%, se composta el 22%, mientras que aún se incinera el 10% y termina en los vertederos un escalofriante 46%. Seguimos, con estos resultados, lejos de cumplir con nuestros compromisos con Europa y, si nada cambia sustancialmente, lo seguiremos estando cuando esta distancia se materialice en multas y sanciones que tendremos que hacer frente entre todos los ciudadanos.  

Les sale carísimo porque quienes generamos residuos pagamos hoy una tasa por el servicio prestado que, además de potestativa (los ayuntamientos no están obligados a cobrarla pudiendo optar por financiarlo con ingresos fiscales a costa de dejar de financiar otros servicios municipales), no está vinculada a ningún factor que permita individualizarla en función de la cantidad de residuos que cada uno de nosotros generamos, ni de si separamos por fracción o desechamos a lo loco todas juntas. La tasa de basuras es hoy una suerte de barra libre cuyo derecho de acceso y uso se calcula generalmente en función del valor catastral de nuestra vivienda o local, que a su vez depende de su tamaño, ubicación y otras características del inmueble, asumiendo implícitamente que la cantidad de basura que producimos cada quien es independiente de nuestros hábitos y dependientemente del valor de nuestra vivienda. 

Esta afirmación debería de cambiar radicalmente a partir de abril de 2025, en poco más de medio año, cuando estén operativas las nuevas tasas de basura que adopten los ayuntamientos españoles que, en cumplimiento de la Directiva europea sobre residuos de 2008 y su muy tardía trasposición en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, han de cumplir con una serie de premisas básicas. Dos, concretamente. 

La primera de las premisas es que la nueva tasa de basuras ha de garantizar una capacidad recaudatoria suficiente para cubrir los costes de la gestión de los residuos municipales, hoy un servicio muy deficitario: según la AIRef, las actuales tasas, donde existen, solo cubren en media el 60% del coste de la provisión del servicio. El resto del coste por supuesto que se paga: con menos servicios sociales, menos equipamientos deportivos, menos adaptaciones de edificios públicos al cambio climático, menos actividades culturales; menos de todo lo demás. 

La segunda es que no debe asumir que todos los hogares y establecimientos comerciales nos comportamos igual y que tenemos adoptados los mismos hábitos frente a este asunto tan poco atractivo y tan cotidiano. Es más, son precisamente las características de ese hábito tan personal y familiar, y su evolución, las que debe sustentar el diseño de la nueva tasa y de este modo cumplir con el tan manido a la vez que hasta hoy desaparecido principio de “quien contamina paga”. Esta segunda premisa implica tener la capacidad de identificar quién genera cuántos residuos y de qué fracción, para que el pago sea diferenciado en función de los hábitos y las conductas reales. Y por extensión, implica disponer de la capacidad de premiar el buen comportamiento y la adopción de hábitos que reduzcan la generación de residuos, que es en última instancia el objetivo principal que persigue la regulación. 

Recomiendo como lectura de verano este resumen (y el documento completo para los más cafeteros) que radiografía el estado de situación en España de la gestión de los residuos de competencia municipal, para que vayamos entendiendo mejor, asumiendo y aplaudiendo el cambio radical que, si se diseñan con sensatez, van a suponer las nuevas tasas de basura. También para que cuestionemos su diseño final si no cumple con las dos premisas súper básicas a las que han de responder. Y entre tanto, para que nos interesemos como ciudadanos responsables que somos por el tremendo reto de diseño que cada uno de nuestros ayuntamientos de cabecera está enfrentando estos días, muchos de ellos en la más absoluta soledad, con recursos humanos insuficientes, capturados por grupos interesados y sin la complicidad e implicación activa de otros eslabones de la cadena que tienen aún, lamentablemente, la capacidad de ponerse de perfil.

Ha llegado el verano, las vacaciones, el periodo del año más deseado y necesario de desconexión con la rutina. Estos días en los que buscamos descansar, fluir, descalzarnos y desprendernos de al menos algunas obligaciones físicas y emocionales agotadoras. Cambiar de aires, de ritmos, de hábitos y de perspectivas, no necesitar mirar el reloj, son condiciones necesarias para la buena salud del cuerpo y de la mente. Ojalá todo el mundo pudiera disfrutar de este oasis espacio-temporal que son las vacaciones, aunque bien sabemos por la última Encuesta de Condiciones de Vida que el 33,1% de la población española no puede permitirse salir de vacaciones fuera de casa ni siquiera una semana al año. 

Conocer lugares distintos. Observar y tratar de entender, e incluso cuestionar, dinámicas establecidas en hábitats ajenos a los que nos son cotidianos; o cotidianos pero que el resto del año nos son invisibles porque no estamos en las horas en los que se producen; preguntarnos por qué las cosas funcionan de una manera aquí y de otra manera allá; contrastar, aprender, buscar y encontrar los parecidos y las diferencias. Como cantaba Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas: “These are a few of my favourite things.”/ “Estas son algunas de mis cosas favoritas.”)

Con el verano y las vacaciones también llego yo con esta tribuna, cual Grinch, para dejar unos datos de cosas mundanas que quizá desconocíais y que bien pueden convertirse en tema de conversación con vuestra gente en alguna sobremesa, aperitivo o paseo a la orilla de la playa. Dejo datos e, implícitamente, algún reto. 

Quizá ya lo sabéis. Yo no lo sabía con precisión hasta documentarme para redactar estas líneas; por eso lo comparto. Habréis notado que últimamente es habitual que en muchos establecimientos comerciales nos pregunten si queremos bolsa cuando realizamos una compra. Nos lo preguntan, además de porque se ha convertido en una fuente adicional de ingresos para el establecimiento –luego hacemos juntas unas estimaciones-, porque esa bolsa, que sería absolutamente prescindible si lleváramos la nuestra propia, es una externalidad negativa de nuestros imprescindibles actos de compra. 

Si queremos bolsa, hoy tenemos que pagar por ella, y no tanto para cubrir el coste que le pueda suponer al establecimiento proporcionárnosla, que también, sino para compensar al menos parcialmente los efectos nocivos de nuestra falta de previsión, de nuestra despreocupación, de a estas alturas del partido, nuestra desidia. Y es resultado del Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico que, gracias a que somos parte de la Unión Europea, tenemos la obligación de adoptar. 

Este Real Decreto crea el Registro de Productores (concretamente, de fabricantes de bolsas con o sin asa, hechas de plástico, proporcionadas a los consumidores en los puntos de venta de bienes o productos, lo que incluye la venta online y la entrega a domicilio). También establece varias obligaciones sobre la información que los productores deben proporcionar, en particular, el número y las características de las bolsas de plástico que han introducido en el mercado español cada año (espesor, si son o no compostables, composición, si pueden o no ofrecerse de forma gratuita).

Gracias a este Registro en el que informan actualmente unos 115 fabricantes, que además de ser interactivo y muy asequible en su uso está disponible a un clic, sabemos que en 2022 en España fueron más de 7.930 millones de bolsas de plástico las que se pusieron en circulación. Miles de millones de bolsas de plástico que de forma casi instantánea se convierten en residuos. Es una cantidad tan descomunal que precisa ser traducida a una unidad de medida que nos permita visualizarla (en “campos de fútbol”): bolsas suficientes para que cada habitante de este planeta pudiera recibir una al año, o para que quienes habitamos en España recibamos 170 bolsas al año, una cada dos días. Ocho millardos de bolsas de plástico al año que juntas pesan 97.000 toneladas, equivalentes a 350 Airbus A380, de esos con capacidad para transportar a más de 500 pasajeros.

Somos adictos a las bolsas de plástico. Es un hecho acreditado con datos. Cierto es que cinco años atrás y de acuerdo con los datos del MITECO donde se aloja el registro mencionado eran más de 11.000 millones las bolsas de plástico que necesitábamos en nuestras vidas, un 30% más de las que utilizamos hoy. Esto está muy bien, es el camino, pero hoy las bolsas son más gruesas y pesan más: han pasado de pesar 7,7 gramos la unidad en media en 2017, a 12,2 gramos en 2022.

Y aquí la estimación de trazo grueso prometida: el 57% de los casi 8.000 millones de bolsas puestas en circulación no se pueden entregar al consumidor si no media un pago, que es además regulado: entre 5 y 30 céntimos por bolsa, según sus características. El 43% restante, bolsas finas utilizadas principalmente como envase primario para alimentos a granel, son aún gratuitas, a pesar de su aún más corta vida útil. En el escenario conservador, responder con un sí a la pregunta ¿quiere bolsa? representa 228 millones de euros al año, cifra astronómica pero que solo compensa parcialmente el daño que causa.  

Yo no quiero bolsa, gracias. ¿Y tú, quieres bolsa?

Ecoembes, la empresa sin ánimo de lucro controlada por grandes multinacionales del consumo y responsable de gestionar los envases usados de los hogares españoles, reconoce que sus cifras de reciclaje real son inferiores a las que publica anualmente. La empresa anunció este martes en la víspera del Día Mundial del Reciclaje que en 2022 dio una nueva vida a 1,62 millones de toneladas de envases de diferentes materiales, un máximo desde que comenzó a funcionar hace más de dos décadas y un 3,6% más que el año pasado. No obstante, la compañía ha reconocido a infoLibre que en realidad recicló el año pasado 1,43 millones de toneladas, un 11,7% menos de la cifra original. 

La diferencia entre esas cifras radica en que hasta 2021 solo se contaban como recicladas las toneladas de envases que llegaban a las plantas de procesamiento, pero en 2022 se ha empezado también a pesar el total de material reciclado que sale de esas instalaciones. La diferencia entre los puntos se debe a que a lo largo del proceso los envases se limpian, pierden la humedad, se descartan aquellos que no se pueden reciclar o se retiran las materias primas que no tengan salida en el mercado, por lo que la cifra real de reciclaje que se publicará a partir de ahora es sustancialmente menor a la que se daba en el pasado.

Alberto Vizcaíno, autor del libro Contenedor Amarillo S.A., explica que en esta criba no solo se limpian los envases, sino que al pasar por una especie de lavadora industrial para eliminar líquidos y restos viscosos también se cuelan por los agujeros objetos pequeños como vasos de yogurt, botes pequeños o cápsulas de café. "Tiene agujeros de 6 a 10 centímetros por el que caen todo tipo de envases, y eso que hemos pagado por su tratamiento", afirma el experto en reciclaje. 

Según explican desde Ecoembes, es la primera vez que realizan este conteo de reciclaje al final de la cadena, por lo que los datos publicados desde 1999 tendrían una desviación sobre lo tratado en realidad, como ha ocurrido este año, aunque no es posible saber cuál es el agujero total en las cuentas a lo largo de este tiempo.

La diferencia entre usar una cantidad u otra no es menor, ya que Ecoembes es el único organismo que conoce el volumen total de envases reciclados procedentes de los hogares y sus estadísticas son utilizadas por el Gobierno y la Comisión para determinar el grado de reciclaje en España y la Unión Europea. 

La empresa argumenta que hasta ahora medía los envases en el punto de llegada porque era el procedimiento que marcaba la ley española, pero con la entrada en vigor del nuevo real decreto de tratamiento de residuos que traspone la directiva europea de envases, desde 2022 se pasa a contabilizar los envases reciclados una vez han sido procesados, como tendrán que hacer el resto de países de la UE. Además, desde Ecoembes argumentan que como ya era conocido el desfase de cifras entre lo publicado y lo reciclado realmente, ellos empezaron a publicar sus cifras motu proprio con la coletilla "toneladas enviadas a instalaciones recicladoras". 

Francisco Peula, consultor del negocio del reciclaje y presidente de Rethinking, Observatorio de Residuos, cree que en todo caso la nueva cifra publicada por Ecoembes no es realista. Según su experiencia como técnico de residuos en la Diputación de Granada, el paso de una tonelada de envases por una planta de reciclaje no supone una reducción de su peso del 11,7%. "Me parece muy poco. Nosotros estudiamos la pérdida de humedad y suciedad durante el proceso de reciclaje y yo pondría la cifra de Ecoembes en cuarentena", asegura.  

Según su análisis, las impurezas suponen el 17% del peso de un brik recogido de un contenedor amarillo. Los plásticos van desde un 7% en el caso del PEAD al 25% en el plástico film, mientras que el aluminio que llega a las plantas tendría de media un 7% de suciedad y humedad. Todos los porcentajes aumentan si los envases se recogen fuera de los cubos de reciclaje. 

Las empresas que embalan sus productos con envases de plástico, papel, cartón, metal o madera –Coca-Cola, Nestlé, Danone o Mercadona, entre muchas otras– tienen que hacerse cargo de reciclar las botellas, cajas, bolsas, latas y otros envases que comercialicen. Para ello, pagan a Ecoembes cada año por cada envase que saquen al mercado. Ese dinero, se reparte a su vez entre los ayuntamientos a cambio de la recogida selectiva de basuras en los contenedores y su transporte en camiones. Según afirma Ecoembes, el año pasado las 15.000 empresas adscritas al sistema movieron 1,92 millones de envases en España, de los que se terminaron reciclando 1,43 millones, el 74% del total. 

Sin embargo, ecologistas y otros miembros de la sociedad civil denuncian desde hace años que la cifra total de envases en circulación es muy superior a la publicada por la empresa y los índices de tratamiento de residuos son mucho peores de lo que se cree. Como explicó este periódico, en una reciente investigación sobre Ecoembes, habría una tercera consecuencia: como Ecoembes no pagaría nada por la gestión de los envases no declarados, serían los Ayuntamientos quienes tendrían que asumir ese coste. En otras palabras: las empresas estarían trasladando a los contribuyentes –vía Ayuntamientos– parte de los costes que tendrían que asumir ellas.

En la ciudad polaca de Wschowa, no lejos de la frontera alemana, el negocio de extracción de arena de un empresario llamó la atención de las autoridades después de que los vecinos se quejaran del fuerte olor proveniente de aquellos terrenos. Los documentos judiciales demuestran que Zbigniew T. no hizo su fortuna vendiendo arena, sino enterrando miles de toneladas de residuos ilegales procedentes de Alemania y Polonia occidental. Los pozos de arena y grava que explotaba su empresa tenían varios cientos de metros de profundidad y, según la Fiscalía, se llenaron con casi medio millón de metros cúbicos de residuos, suficientes para llenar unos 5.000 camiones grandes.

"Hay plásticos (fragmentos de película de diversos tamaños), fragmentos de envases de queso, tapones, envases vacíos de cosméticos", declaró un inspector medioambiental que tomó una muestra del vertedero subterráneo. Entre los residuos había facturas de transporte de una empresa de Alemania que demostraban que enviaba a Polonia plástico mezclado con escombros con el código 170504, correspondiente a “suelo y tierra”.

El caso en el que están implicados Zbigniew T. y otras 22 personas, entre ellas un inspector de medio ambiente que presuntamente cooperó con la banda, sigue su curso. Pero es uno de los pocos que llegan a los tribunales.

Con el aumento de la producción de residuos plásticos –los europeos produjeron una media de casi 35 kilos cada uno en 2020, un 23% más que en 2010­– y el cierre de las rutas internacionales de eliminación de basura, la delincuencia relacionada con los residuos en Europa es un problema creciente. Los Estados de la Unión Europea (UE) carecen de recursos para perseguir a los delincuentes, mientras que los sistemas y la recogida de datos a escala comunitaria son a menudo ineficaces.

El precio que pagan por tonelada de residuos ilegales quienes quieren deshacerse de ellos en Europa occidental oscila entre 30 y 50 euros en Polonia. Esta cantidad es mucho más pequeña que los 300 euros por tonelada que llega a valer la utilización de rutas legítimas de reciclaje en Alemania. Depositar los residuos en un vertedero en el Reino Unido puede costar 113 euros por tonelada, más del doble que en Polonia, Rumanía, Bulgaria o Croacia, donde abundan los vertederos ilegales. Italia y el Reino Unido se han visto obligados recientemente a retirar la basura encontrada en vertederos ilegales en Polonia, mientras que la empresa alemana implicada en el caso de Zbigniew T. no ha tenido que hacer frente a tales exigencias.

Entre 2017 y 2018, Europa del Este se convirtió en un punto caliente de vertido ilegal de residuos, en muchos casos literalmente. Solo en 2018 ardieron más de 130 vertederos en Polonia. Hasta la fecha, en toda Polonia, menos de 10 personas han sido condenadas por incendios provocados.

"Todo empezó en 2018, cuando China cerró su mercado. Otros países, como Malasia, Filipinas, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Túnez, Turquía, Marruecos y Egipto se vieron de repente presionados para aceptar más residuos", explica Piotr Barczak, experto en economía circular de la Asociación Residuos Cero de Polonia.

Públicamente, las autoridades polacas presumen de que cada año se realizan cientos de inspecciones de traslados de residuos. Pero sólo una mínima parte llega a los tribunales. Los inspectores de medio ambiente de Varsovia o los de Lisboa o Atenas tienen clara la razón: a los fiscales no les gustan los asuntos de residuos. Los casos son arduos, los recursos limitados y las condenas bajas. Las penas máximas de prisión en Europa rara vez superan los cinco años. La máxima en España es de dos años. Una excepción es Eslovenia, que tiene una de las legislaciones más duras: el contrabando y el vertido ilegal de residuos se castigan con hasta 12 años de cárcel.

La incapacidad de Europa para atajar el comercio ilegal de residuos se debe en parte a la incoherencia de la legislación acordada en Bruselas. Helmut Maurer, antiguo experto de la Dirección de Economía Circular de la Comisión Europea que trabajó durante décadas en temas de residuos, sostiene que "la legislación europea sobre delitos medioambientales es muy indulgente con los infractores, a los que considera 'agentes económicos'. Los delitos contra el medio ambiente se consideran menores. En la mayoría de los casos, los procedimientos contra ellos no prosperan en los tribunales porque la ley dificulta la prueba de los delitos".

Piotr Barczak está de acuerdo: "Lo peor es que hay penas pequeñas para estos delitos de residuos. Ahora el Ministerio polaco promete 10 años de cárcel por transporte ilegal de residuos”. En todo caso, considera que “las penas no disuadirán a los delincuentes de actuar".

El escaso impacto de la legislación se describe en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea, que ofrece una evaluación negativa de la eficacia del actual Reglamento sobre traslados de residuos:

Muchos países carecen de personal suficiente para realizar inspecciones y, cuando éstas se llevan a cabo, suelen centrarse en las drogas o el alcohol, según un experto en traslados de residuos de IMPEL, red de inspectores nacionales de medio ambiente de Europa dirigida por voluntarios.

Sólo 22 personas trabajan en el departamento de traslados transfronterizos de residuos de Polonia. El Ministerio de Transición Ecológica y Retos Demográficos (MITECO) de España tiene seis empleados dedicados a estas cuestiones. En Noruega, la Dirección de Medio Ambiente tiene cuatro empleados que trabajan en los certificados de exportación de residuos y 30 como inspectores, encargados de supervisar nueve leyes con un total de 22 reglamentos. Dieciocho empleados se encargan de supervisar los traslados de residuos de Francia.

La Inspección General de Portugal abarca los delitos medioambientales, pero también el control de la agricultura, la gestión marítima y la ordenación del territorio, consecuencia de una revisión de la Comisión Europea (junto con el FMI y el BCE) del rescate financiero del país tras la crisis de deuda de 2011 que llevó a fusionar varios organismos de inspección. Ahora solo 30 inspectores trabajan en temas medioambientales. Los salarios también son bajos en comparación con otros funcionarios. En Portugal, los altos funcionarios ganan menos de 3 800 euros al mes. El mismo problema existe en Polonia, donde los inspectores se marchan a buscar trabajos mejor pagados en el sector privado.

"La escasez de personal es un problema general y extendido. No tenemos personal suficiente para realizar más inspecciones cuantitativas y cualitativas", lamenta el funcionario de IMPEL.

Las inspecciones cualitativas son más difíciles porque la mayor parte del comercio de residuos se basa en documentos en papel. No existe una única base de datos electrónica de residuos para Europa y algunos Estados siguen sin publicar sus registros de permisos de gestión de residuos.

A menudo varias instituciones se encargan de controlar los traslados de residuos al mismo tiempo: inspectores de medio ambiente, policía, funcionarios de Hacienda y autoridades aduaneras y de transporte. Un informe de Interpol de 2020 advertía de que "debido a las limitaciones en las competencias de investigación, las investigaciones sobre delitos relacionados con los residuos pueden estar dispersas entre distintas autoridades".

La comunicación entre los Estados de la UE en materia de residuos no es fácil, pues no existe un sistema común que permita cruzar los datos de varios países. El Reino Unido utiliza un sistema llamado IWS Online para controlar los traslados de residuos, mientras que el MITECO español –al igual que Portugal o Polonia– tiene un sistema vinculado a las aduanas. "La falta de trazabilidad internacional dificulta los esfuerzos por identificar el origen, el destinatario y otras pistas de investigación", añade el informe de Interpol.

Para mejorar esta situación, la UE ha creado IMSOC, un sistema de gestión de la información procedente de las inspecciones oficiales. Ya contiene bases de datos sobre alimentos y piensos inseguros y sobre enfermedades animales. Sin embargo, la introducción del sistema IMSOC para el control de residuos va despacio. Su uso no es obligatorio, pero lo será tras la introducción del nuevo Reglamento de la UE sobre traslados de residuos.

La Comisión Europea afirma que "los sistemas de control/inspección divergentes y la falta de criterios de inspección armonizados, en particular la frecuencia y la calidad de las inspecciones, socavan la aplicación uniforme del Reglamento" comunitario, indicando que "una de las principales razones de la persistencia de los traslados ilegales de residuos es la falta de aplicación uniforme de la ley en toda la UE".

Desde 2016, la Unión Europea ha financiado al menos tres proyectos para combatir el traslado ilegal de residuos. En gran medida, son una colección de kits de herramientas de capacitación, información normativa y tendencias actuales sobre residuos ilegales. Sin embargo, SWEAP –Proyecto de Acciones de Cumplimiento de Traslado de Residuos por sus siglas en inglés– podría proporcionar a los inspectores un valioso apoyo digital, ya que planea lanzar una herramienta de seguimiento de residuos basada en GPS.

"Hasta ahora hemos elaborado un manual para las autoridades sobre cómo utilizar los rastreadores, y para algunos países hemos encargado y entregado rastreadores", afirma un portavoz. "Todavía no se han empleado, así que de momento no tenemos resultados".

El nuevo Reglamento sobre traslado de residuos está sobre la mesa legislativa desde diciembre de 2022. Podría entrar en vigor a principios de 2025, con sanciones más fuertes y medidas para abordar las diferencias de interpretación y aplicación en toda Europa.

Para los inspectores de medio ambiente sobre el terreno en Polonia, sin embargo, localizar operaciones ilegales de residuos sigue siendo un reto. "A veces nos llama la policía medioambiental", comenta un inspector. "Pero somos un órgano administrativo, llevamos a cabo procedimientos administrativos, no investigaciones penales. Lo primero que nos suelen decir los abogados de las empresas inspeccionadas es que no tenemos base legal para acudir a la inspección. Si se demuestra que abusamos de nuestros poderes, todos nuestros hallazgos carecen de validez. La normativa es débil".

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Editor: Chris Matthews

"El plástico no es necesariamente un monstruo", afirma Helmut Maurer, antiguo funcionario de la Dirección de Economía Circular de la Comisión Europea. Barato, versátil y práctico, es difícil imaginar la vida sin él. "Pero lo que es un monstruo", añade, "es la forma en que hacemos uso del plástico de vida corta. Y esto es lo que causa también la mala imagen y lo que provoca la contaminación".

Los envases representan una parte importante de la producción de plástico (44% en todo el mundo, 40% en la UE) y, además, la industria produce mucho plástico de usar y tirar.

"La contaminación por plástico no es un problema de residuos. Es un problema de producción. Es un problema de sobreproducción", afirma Delphine Lévi Alvarès, de la ONG Break Free from Plastic. Desde los años 50 se han fabricado en todo el mundo casi 10.000 millones de toneladas de plástico, dos tercios de ellas en las dos décadas posteriores al año 2000.

La OCDE prevé que este crecimiento exponencial continúe a menos que algo cambie. Y esto tiene un alto coste medioambiental: en 2050, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción, uso y eliminación de plásticos podrían representar el 15% de las emisiones permitidas.

Según Plastics Europe, patronal europea del sector, un tercio de todos los plásticos se produjeron en China en 2022. La cuota europea está disminuyendo, con un 15% producido en el continente el año pasado.

Europa está por encima de la media mundial en la proporción de plástico reciclado, pero incluso aquí sigue siendo sólo de alrededor del 10%. A nivel mundial, la tasa es mucho peor, del 6%.

Mientras que la cantidad de plástico reciclado aumenta, la de plástico virgen lo hace aún más. También estamos muy lejos de los objetivos de reciclaje de la UE, y aún más lejos de los sueños de economía circular del Pacto Verde Europeo. "La cuestión es que los plásticos nunca serán circulares", añade Maurer. "Los plásticos son productos petroquímicos, y por naturaleza se degradan fácilmente por oxidación. Cuando quieres reutilizar residuos plásticos, tienes que añadir aditivos, tienes que añadir material virgen y tienes que potenciar el material degradado".

Therese Karlsson, investigadora de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, está de acuerdo: "Tenemos que reducir la cantidad de plásticos que utilizamos, porque con las cantidades que usamos hoy no hay forma de gestionarlo de manera sostenible". Pero en lugar de eso, estamos dejando un montón de residuos cada vez mayor. La producción de residuos plásticos en la UE se ha duplicado, pasando de 9,5 millones de toneladas en 2004 a 19 millones en 2020.

Por término medio, un ciudadano de la UE produce anualmente 42,6 kg de residuos de plástico, un belga más del doble y los italianos no se quedan atrás. Sin embargo, esta cantidad sólo representa la cantidad de residuos plásticos recogidos por separado, e incluso podríamos alabar a belgas e italianos por su disciplina en la recuperación, a pesar de que producen muchos residuos plásticos.

Los residuos domésticos se producen a una escala mucho mayor: eran 180 millones de toneladas en 2004 y 203 millones en 2020. Una parte importante también es de plástico, principalmente envases. Las pruebas de laboratorio realizadas por una incineradora de Budapest revelaron que alrededor del 15% de los residuos domésticos mezclados son de plástico. Las cifras pueden variar mucho de un país a otro, pero es casi seguro que esos plásticos no se reciclan.

No es de extrañar, pues, que en Europa sólo se recicle, en el mejor de los casos, el 32,5% de los plásticos. Múltiples ONG y estudios han demostrado que gran parte del plástico que se envía para reciclar acaba en vertederos o se quema, ya que los datos sólo recogen los plásticos "enviados o preparados para reciclar".

Las tasas de reciclaje de residuos de envases de plástico son un poco mejores, pero en la mayoría de los países están muy por debajo de los objetivos de la UE para 2025 y 2030. De hecho, los residuos de envases de plástico generados en la UE aumentaron en tres millones de toneladas entre 2012 y 2021.

Aunque la cantidad de residuos de envases de plástico reciclados por ciudadano aumentó en 3,2 kilos entre 2010 y 2020, la cantidad generada fue de 20 kilos más por persona, lo que supone un nuevo descenso de la tasa de reciclaje.

En 2020, el ciudadano medio de la UE generó casi 35 kilos de residuos de envases de plástico. Esto equivale a 1.070 botellas, tomando como base el peso medio de una botella de plástico PET de medio litro. Los húngaros son los que más envases de plástico utilizan per cápita, mientras que los croatas son los que menos.

"Tenemos que acabar con la ilusión de que estas cosas se reciclan. Si compras cosas de plástico y crees que van a ser recicladas cuando las tires, es una sensación muy diferente a cuando sabes que van a acabar en un vertedero o incineradas", argumenta Nusa Urbancic, directora de campañas de Changing Markets.

La estimación más optimista es que alrededor del 39% de los envases de plástico desechados se reciclan. Otro 39% se incinera y el resto se envía a vertederos.

Cada año se generan en la UE unos 30 millones de toneladas de residuos plásticos, de los cuales alrededor del 3% se exporta al exterior. Esta cifra era más del doble en la década de 2010, cuando hasta el 10% de los residuos plásticos europeos se enviaban al extranjero.

En 2012, la UE envió más de 1,5 millones de toneladas a China, pero esta cifra se redujo drásticamente tras la entrada en vigor de una prohibición de las importaciones en 2018. Solo 705 toneladas llegaron a puertos chinos en 2021.

Los residuos plásticos se han desviado a nuevas rutas: algunos países del sudeste asiático están tratando de llenar el vacío dejado por China, y Turquía representa ahora casi el 40% de las exportaciones de residuos plásticos de la UE. Pero el vacío dejado por la prohibición de China permanece. Esto provocó consecuencias no deseadas: desde 2018, la cantidad de residuos plásticos incinerados en Europa aumentó un 39%.

Al mismo tiempo, los flujos intracomunitarios de residuos aumentaron, pero es imposible saber en qué medida. Las reexportaciones no se tratan por separado en las estadísticas, es decir, los residuos se incluyen en ellas tantas veces como se reexportan. Según varios expertos, la cantidad de residuos plásticos que se mueven dentro de la UE cada año podría ser entre un 10% y un 20% inferior, es decir, entre 2 y 2,5 millones de toneladas.

Y, como muestran las estadísticas de exportaciones e importaciones intracomunitarias, los residuos plásticos se dirigen sobre todo a Alemania, Países Bajos y Bélgica, países con grandes puertos. Estos países también figuran entre los exportadores extracomunitarios, por lo que cabe suponer que no están (sólo) en la lista por sus propias exportaciones de residuos plásticos.

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Gráficos: Marta Portocarrero

Edición: Chris Matthews

La inflación terminó 2021 en España en el 6,5%, un registro desconocido desde mayo de 1992, y ya ha alcanzado el 7,4% sólo en los dos primeros meses de este año. Ese nivel supone un desafío para los salarios de los trabajadores, que van a sufrir una dolorosa pérdida de poder de compra si no aumentan en la misma proporción. Estos días sindicatos y patronal están embarcados en una dura negociación para dibujar el marco en que deberían moverse las subidas salariales de los próximos tres años. Las empresas esgrimen la débil recuperación de muchos negocios tras el covid y las incertidumbres de la guerra en Ucrania para no conceder más que un aumento moderado de los sueldos. Los sindicatos, por su parte, conscientes de que alzas del 7% son impensables, ofrecen cláusulas de revisión salarial al final de los tres años para modular las subidas iniciales que quieren pedir. Aunque UGT ya ha mencionado el 5% como primera puja, lo cierto es que el dígito final quedará lejos de esa cifra.

Sin embargo, mejoras salariales en esas alturas no son imposibles. De hecho, hasta febrero de este año, la estadística del Ministerio de Trabajo muestra 92 convenios colectivos que este año concederán subidas salariales por encima del 4%. Es más, la media que proporcionarán a los trabajadores a los que se aplican llega al 6,6%. Hay 27 que otorgan el 7%, siete el 8%... En total, 54 de ellos, el 58,7%, igualan o superan la inflación de 2021.

Pero sólo seis han sido firmados este año o su entrada en vigor es este año. El resto son convenios de ejercicios anteriores que en 2022 deben aplicar la subida del IPC para subir los salarios. De los primeros, en cualquier caso, tres registrados por empresas guipuzcoanas reconocen alzas por encima del 6% y uno de una firma de Valladolid llega hasta el 8%. El convenio de los VTC de Madrid acordó un 9% de mejora salarial, pero ha sido anulado por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad porque la mesa negociadora excluyó a CCOO Y UGT y fue firmado en solitario por el Sindicato Libre de Transporte. Según la Comunidad de Madrid, este sindicato “carece de legitimación negociadora o decisoria”.

La estadística sólo recoge los convenios registrados, pero los hay recién firmados que no aparecen en esos datos e incluyen subidas considerables de salarios. Es el caso de Supercor, los supermercados de El Corte Inglés, cuyo convenio establece un alza del 4,7% para este año y del 5,9% para el próximo. Talgo ha firmado un 5% con efectos retroactivos para 2021 y un 4% para 2022. El sector de los mataderos de aves y conejos, tras un largo conflicto laboral, ha concedido un 8,1% de aumento para 2021 y un 4,25% para este año. Si los sindicatos consiguen que se aplique la cláusula de revisión que piden, la subida llegará al 8,6%.

Con los convenios que deben este año subir los sueldos al mismo nivel que lo ha hecho la inflación sí que se está produciendo cierta resistencia en algunos sectores, explica Raúl Olmos, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de CCOO. En el sector de la dependencia la patronal no quiere superar el 3,1%. El mismo atasco está sufriendo el convenio de los centros de atención a personas con discapacidad. Pero, al menos de momento, no han aumentado los descuelgues, el mecanismo que el Estatuto de los Trabajadores proporciona a las empresas para que dejen de aplicar algunas de las condiciones de los convenios por causas económicas, organizativas o de producción. En enero y febrero sólo se han producido 129, el mismo número que en 2021.

De los 92 convenios con subidas por encima del 4%, la mayoría, 62, son convenios de empresa. Pero entre los sectoriales están los de la siderurgia de Guipúzcoa –6,5%– y de Sevilla –7%–, las ambulancias de Asturias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, la atención domiciliaria de Cataluña –8%–, la limpieza viaria de Murcia y Guipúzcoa y los odontólogos de Asturias y Murcia –un 7%–. Entre las empresas, Fomento de Construcciones y Contratas Medioambiente (FCC) subirá los sueldos de sus plantillas un 7% en Aragón, un 5,52% en Ponteareas (Pontevedra) y un 4% en Navarra y Baleares. Los trabajadores de Ferrovial Servicios en Álava y Cespa, perteneciente al mismo grupo y dedicado a la recogida de residuos, en Baleares y Almería también cobrarán un 6,3%, un 4% y un 7% más, respectivamente.

Urbaser en Santa Pola, Barcelona y Zaragoza tienen subidas de entre el 5,9% y el 7%. Y Valoriza, perteneciente a la constructora Sacyr, concederá un alza de casi el 5% en Barcelona.

Todas ellas son empresas dedicadas a la limpieza viaria o la gestión de residuos y viven de conseguir contratos con las administraciones públicas. “Es más habitual que por ese motivo tengan los salarios indexados al IPC pasado, porque les permite una cierta estabilidad y prescindir de las cláusulas de revisión”, explica Raúl Olmos. Desde hace años, CEOE y Cepyme piden que se permita a las empresas repercutir el aumento de los salarios en el precio de los contratos que les adjudican las administraciones públicas. Por eso reclaman que se derogue o se modifique la Ley de Desindexación de la Economía que desde 2015 lo prohíbe. Hace sólo unos días firmaron un manifiesto junto con CCOO y UGT, donde destacan los obstáculos a la negociación colectiva y los costes que imponen a las empresas de servicios las “obligaciones laborales” derivadas de estas subidas o del alza del salario mínimo.

También es reseñable la abundante presencia de convenios vascos y navarros entre ese casi centenar que otorga subidas salariales por encima del 4%. Son 19 y 18, respectivamente, el 40% de los convenios ricos. Un número significativo si se compara con los seis de Cataluña y siete de Madrid. En Andalucía hay 14, pero la región posee 8,5 millones de habitantes y el País Vasco, sólo 2,17 millones. Los salarios vascos y navarros ya son de por sí los más elevados de España, pero también son sus convenios, destaca Raúl Olmos, los que más cláusulas de revisión tienen y donde más se acude a la actualización según el IPC del año anterior. También hay que tener en cuenta que en el País Vasco se han registrado 205 convenios de los 1.694 que tienen efectos este año, según la estadística de Trabajo. Sólo le supera Andalucía, con 278, pero como se ha dicho, con cuatro veces más población. En comparación, los convenios vivos en Madrid este año son únicamente 82.

Además, son los vascos los que mayores subidas salariales establecen para 2022: un 5,16% de media, seguidos por el 4,93% de Cantabria. En Madrid, la media es del 2,7%. La comunidad autónoma más tímida con los sueldos es Castilla y León, cuyos convenios sólo reconocen un 1,96% de mejora para este ejercicio.

Las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, sumadas a los paros de los transportistas, pueden terminar con las subidas salariales de los dos primeros meses del año y atascar la aplicación de las que están vinculadas directamente al IPC. En enero y febrero se han firmado y registrado 22 convenios. Los seis con alzas superiores al 4% equivalen a casi un tercio. Pero la realidad de los 1.694 convenios en vigor este año es mucho menos espléndida. De los 4,38 millones de trabajadores amparados por esos convenios, 1,6 millones tienen subidas de entre el 1,5% y el 2%, y 1,48 millones más entre el 1% y el 1,5%. Sólo 473 convenios incluyen subidas por encima del 3% y de ellos el 85,6% son convenios de empresa. Además, aún queda mucho trecho para llegar al acuerdo de negociación colectiva que debe servir de marco general para empresas y trabajadores. “Los enormes beneficios de las empresas en 2021 deberían ser la realidad negociadora de este año”, protesta el secretario de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha resuelto revocar una de las autorizaciones de traslado de residuos procedentes de Montenegro con destino al vertedero de Nerva (Huelva).

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa recogida por Europa Press, la decisión se ha adoptado en el marco de lo previsto en el Reglamento comunitario número 1013/2006, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, al haberse detectado "incumplimientos" de la autorización de traslado adoptada en el expediente identificado como MNE1206 respecto a la cantidad de materiales enviados y al barco encargado del flete.

La autorización permitía el traslado de residuos identificados como "tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas". Así, según el Miteco, las irregularidades se han constatado a raíz de la inspección documental efectuada por el Seprona de la Guardia Civil el pasado día 3 en el puerto de Sevilla, donde se encontraba depositada la carga.

En este sentido, han indicado que los agentes, junto a técnicos de la Junta de Andalucía, comprobaron que la cantidad trasladada era de 7.500 toneladas cuando el máximo autorizado por envío era de 7.000. Igualmente, certificaron que el transporte se había efectuado en un buque "que no se correspondía con ninguno de los que Valgo había notificado a efectos de obtener la preceptiva autorización".

En consecuencia, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Miteco ha procedido a revocar la autorización de traslado y ha notificado de forma oficial al órgano administrativo homólogo de Montenegro que el envío es ilegal en los términos previstos por el Convenio de Basilea, que regula el transporte transfronterizo internacional de residuos peligrosos y su eliminación.

Asimismo, el Ministerio ha incoado un expediente sancionador por infracción grave en el marco de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que, en caso de confirmarse las infracciones, podría acarrear una multa de entre 9.000 y 300.000 euros, al tratarse de residuos caracterizados como peligrosos.

Asimismo, el Miteco ha puesto estas resoluciones en conocimiento de la Junta de Andalucía e, igualmente, ha requerido por un lado a los responsables de la instalación de Nerva que "no admitan aquellos residuos amparados bajo la autorización de traslado inicial que no hayan llegado todavía", y, por otro, ha solicitado al Departamento de Aduanas (Agencia Estatal de Administración Tributaria) que "retenga en frontera nuevos envíos que puedan arribar como parte del mismo expediente".

En la actualidad, los residuos peligrosos procedentes de Montenegro y otros países extracomunitarios pueden ser trasladados a la UE para su eliminación, de conformidad con el Convenio de Basilea y el reglamento europeo de traslado de residuos.

En el marco de las competencias establecidas en el artículo 12.3 de la vigente Ley 22/2011, del 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la autoridad competente para la autorización de los traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la UE.

Dicha autorización se concede tras contar con el consentimiento previo de las comunidades autónomas afectadas por el traslado, en tanto que son la administración competente para la autorización, inspección y sanción de las instalaciones de tratamiento de residuos de acuerdo al artículo 12.4 de la citada ley.

El nuevo proyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que se encuentra en la última fase de tramitación parlamentaria, ha incorporado una previsión para que el Miteco pueda prohibir, de forma motivada, importaciones y exportaciones de residuos desde o hacia países terceros si hay indicios de que no se gestionarán correctamente.