CCOO y UGT piden a Sánchez medidas “contundentes” sobre los precios para “facilitar” el acuerdo salarial

Los dirigentes de UPTA, Facua, CEAV, UGT, CCOO y Uatae, en la presentación de las movilizaciones del día 23 de marzo.

CCOO y UGT, junto con las organizaciones de autónomos UPTA y UATAE, los consumidores FACUA y los asociaciones vecinales de CEAV saldrán a la calle el próximo día 23, en un intento por presionar al Gobierno para que adopte medidas que frenen la escalada de precios de la luz, el gas y los combustibles. Y con esa brida se sujete a su vez la inflación, que amenaza el poder adquisitivo de los salarios. Además, los sindicatos quieren que ese paquete de medidas sea “contundente”, para “facilitar” así el acuerdo salarial que estos días negocian con la patronal. “Si las medidas fueran ambiciosas y saliera bien la reunión del día 24 [del Consejo y de la Comisión Europea]”, invitó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “sería más fácil el pacto salarial”.

Es decir, si las acciones que prepara el Gobierno permitieran prever que los precios no se van a disparar en la segunda parte del año, “se eliminarían ciertas tensiones en un punto neurálgico de la negociación [con la CEOE]: las cláusulas de revisión salarial que seamos capaz de pactar”, argumentó Sordo. El dirigente de CCOO precisó que las medidas del Ejecutivo sobre los precios y la negociación salarial son “dos carretes relacionados y paralelos, pero autónomos”. Aunque también aclaró que las condiciones que los sindicatos considerarían aceptables para firmar el acuerdo con la patronal “tienen que ver con un contexto”, y ese contexto lo “marca” el paquete de medidas que aprobará el consejo de ministros el día 29.

Ni Unai Sordo ni Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quisieron desvelar este miércoles ningún detalle sobre las reuniones que mantienen los sindicatos con la CEOE para prorrogar los próximos tres años el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC). Sólo indicaron que no está encima de la mesa tomar como unidad de medida la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos y se encuentra en el 3%, en lugar del IPC general, ya encaramado en el 7,6%. Es una de las recomendaciones que hizo la víspera el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

También recalcaron que sin cláusulas de revisión salarial no habrá acuerdo con la CEOE. “Subidas por encima del 7% no son realistas ni materializables, así para que salir de ese atolladero planteamos desde el principio alzas de salarios y cláusulas de revisión, y de ahí no nos vamos a mover”, aclaró Unai Sordo. Pepe Álvarez añadió que los sindicatos no han puesto “dígitos” de subida salarial sobre la mesa, porque “es mucho más importante mantener el poder adquisitivo, y en cómo se mantenga versa en parte el éxito del acuerdo”. No obstante, antes de la guerra, UGT llegó a cifrar en un 5% las subidas salariales que iba a reclamar en la mesa de negociación.

Sordo y Álvarez revelaron que ya hay un calendario de reuniones con el Gobierno hasta el 29 de este mes sobre el pacto de rentas instado por Pedro Sánchez. Y que la próxima cita la presidirá la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. “Huyo del término pacto de rentas”, protestó no obstante Álvarez, que lo considera “condicionante”. El responsable de CCOO descartó que se vaya a producir la “espiral inflacionista” contra la que advierten algunos economistas e instituciones como el Banco de España y sí en cambio alertó ante una posible política de devaluación salarial, que sería un “desastre económico” porque “España necesita sostener la demanda interna para mantener las rentas”. También protestó contra quienes piden “reducción de impuestos, reducción de servicios públicos, de políticas de conciliación, y reducción de salarios, porque entonces volvemos a 2012”. “Va a haber quien quiera romper la dinámica de la salida de la crisis de la pandemia para volver a la salida de la crisis del austericidio”, avisó.

“Ése es el punto central que nos lleva a la calle”

Ambos dirigentes sindicales no se oponen a que se suban los impuestos a las eléctricas, como reclama la OCDE, a que se graven con tipos superreducidos la luz y el gas o se rebaje el Impuesto sobre Hidrocarburos como medidas “de emergencia”, pero dejaron claro que la cuestión de fondo que debe abordar el Gobierno es cambiar el sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad que funciona en Europa y en España. “Ése es el punto central que nos lleva a la calle”, resumió Unai Sordo. También Álvarez apuntó a los conocidos como “beneficios caídos del cielo” que el sistema concede a las compañías eléctricas, permitiéndoles cobrar por las fuentes de generación más baratas, como las renovables o la hidroeléctrica, el mismo precio de la más cara, el gas. “Hay que huir de la simplicidad de bajar impuestos, porque ese no es el debate, sino garantizar una solución para controlar los precios de la energía”, reclamó.

En el mismo sentido se expresó Ignacio Tudela, de la organización de consumidores Facua, quien defendió poner un tope al precio máximo del megavatio hora en las subastas de electricidad y que se regule el precio de los alquileres. María José Landaburu, secretaria general de la organización de autónomos Uatae, denunció el impacto de los precios de la energía en los agricultores y transportistas que trabajan por cuenta propia: “El precio del aceite de oliva ha subido un 1% en origen, pero un 10% para el consumidor”, aseguró. Mientras que Nicolás Rodríguez, de UPTA, cifró en 800.000 el número de los autónomos que usan un vehículo para su actividad y están sufriendo la escalada del petróleo. Julio Molina, en representación de las asociaciones vecinales de CEAV, reclamó una empresa eléctrica pública a imitación de las que existen en otros países de Europa.

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