Diálogo Social

Brecha territorial también en el SMI: el salario medio de los extremeños equivale al 67% del que cobran los vascos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió el pasado jueves un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que “se acople a cada uno de los territorios”, como ya ocurre con la negociación colectiva. “Me da igual si para eso hace falta cambiar la ley, podríamos evaluarlo en la propia mesa [del Diálogo Social]”, aseguró ante los micrófonos de Capital Radio. Tras apelar a la “España diversa”, apuntó al diferente coste de la vida en Madrid o Barcelona respecto al resto del país. El Gobierno no tardó en rechazar la idea. “Esto es por completo ajeno a la tradición jurídica y política del país y tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado”, replicó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Y lo corroboró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde el lado socialista del Ejecutivo: “No sería conveniente hacer distingos añadidos en relación al territorio, porque hay que garantizar que los trabajadores tengan unas condiciones laborales mínimas, dignas, desarrollen su actividad donde la desarrollen”. Además, de la “complejidad” de un SMI autonómico, abundó, “es la regulación estatal la que debe primar en todo el país, más allá de la capacidad de la negociación colectiva de mejorar los salarios”.

Fuentes de la CEOE precisan ahora a infoLibre que no se trata de una “propuesta” de la patronal. Los empresarios únicamente quieren que “se tengan en cuenta” las diferencias del coste de la vida en las comunidades autónomas a la hora de fijar las subidas del salario mínimo. “Es algo que hay que mirar, ver cómo afecta la subida del SMI en los territorios y tener prudencia, porque no va a repercutir igual en unos que en otros”, explican.

En otros países de la UE como Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos existen salarios mínimos diferentes para jóvenes, aprendices, becarios, o trabajadores no cualificados de menos de 18 años, por ejemplo. Pero no hay diferencias regionales. En Estados Unidos existe un salario mínimo federal, 7,25 euros la hora, pero cada estado puede disponer su propio suelo retributivo. Este año lo han subido 24 de los 50 estados. El más alto es el de California, 14 euros la hora –tras aumentarlo un euro–, casi el doble que el federal.

En España, el salario medio –que es el que ha aplicado el comité de expertos autor del estudio en el que se apoya el Gobierno para proponer la subida de este año y los dos próximosasciende a 24.395,98 euros brutos anuales, según la última Encuesta de Estructura Salarial, publicada por el INE, con datos de 2019. Pero las diferencias entre comunidades autónomas son enormes. El más bajo es el de Extremadura, 19.940,68 euros. Y el más alto, el del País Vasco, 29.476,21 euros. El primero es el 67% del segundo. Esa brecha se reproduce al calcular el SMI como el 60% del salario medio, el objetivo que se ha marcado el Gobierno para el final de la legislatura y la medida que considera adecuada la Carta Social de la UE. Así, Extremadura debería tener en 2023 un salario mínimo de 11.964,4 euros brutos anuales o 854,6 euros al mes –en 14 pagas–, mientras que el País Vasco llegaría a los 17.685,7 euros anuales, o 1.263,26 euros al mes.

Es decir, con los 950 euros mensuales en 14 pagas en que está situado ya el SMI nacional, Extremadura ya habría cumplido la medida europea, puesto que supera el 60% de su salario medio, los 854,6 euros antes citados. Pero con la horquilla de 1.011 a 1.049 euros planteada por la comisión de expertos –contando con una subida del salario medio este año del 0,9%–, al País Vasco aún le faltarían entre 214 y 252 para alcanzar la cuantía establecida en la Carta Social europea.

Los salarios medios más elevados los disfrutan Madrid –27.817,76–, Navarra –27.493,93–, Cataluña –25.968,20– y Asturias –24.865,89–. Entre los más escasos, Canarias –20.861,14 euros–, Castilla-La Mancha –21.908,92 euros– y la Comunidad Valenciana –22.045,66 euros–.

También la inflación tiene un comportamiento diferente según las comunidades autónomas, el coste de la vida al que hacía alusión Antonio Garamendi. Con las cifras de julio –las de agosto aún no las ha publicado el INE, sólo el índice general adelantado, el 3,3%–, resulta que los territorios más inflacionistas este verano son las dos Castillas –3,6% Castilla-La Mancha y 3,5% Castilla y León–, junto con Galicia –3,5%–, con una variación interanual del IPC muy por encima de la media nacional, que fue del 2,9%. Donde menos subió el coste de la vida fue en Canarias, con sólo un 1,8%; Madrid, con un 2,6%; Murcia y Asturias, ambas con un 2,7, y Cataluña, con el 2,8%. En otras palabras, el poder adquisitivo de los sueldos se ha visto más dañado en las comunidades autónomas con salarios medios más pobres, y menos en otras ricas como Madrid y Cataluña.

Mínimo nacional y subida en la negociación colectiva provincial

Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense y subdirector de Fedea, está convencido de que las subidas del SMI impactan más en unas comunidades autónomas que en otras, y que habrá más trabajadores afectados –perderán su empleo porque la empresa no pueda pagarles el aumento o no serán contratados– en aquellas provincias donde el coste de la vida es menor. “Los 1.050 euros que se han puesto como objetivo para 2023 puede ser un salario bajo para Madrid, pero alto para otras regiones”, indica. Así que considera “pertinente” la propuesta de la CEOE e “interesante” el debate que, a su juicio, debe abrirse. Pero basado en un análisis previo de los datos. Conde-Ruiz reconoce que “en el agregado” la subida del SMI ha sido positiva –“han sido más los trabajadores beneficiados que los perjudicados”, apunta–, pero plantea que se analice “qué colectivos han resultado dañados y en qué regiones es mayor el porcentaje de trabajadores afectados negativamente, porque las habrá”.

Su sugerencia: fijar un mínimo nacional “que haga el menor daño posible” y dejar a la negociación colectiva la facultad de subirlo en cada provincia o comunidad autónoma. También cree que deberían aprobarse “medidas de ayuda” para compensar los efectos negativos de la subida del SMI, como apoyo para la formación o un incluso un complemento salarial.

Salario mínimo de convenio

Por el contrario, Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de CCOO y uno de los expertos que formó parte del comité que elaboró el informe para el Gobierno, cree innecesaria una subida diferenciada del SMI por comunidades autónomas. “El reflejo territorial de los diferentes niveles de vida ya lo hace el salario mínimo de convenio que los sindicatos y la patronal aprobamos en el acuerdo de negociación colectiva de 2018”, explica. Se refiere al salario de 1.000 euros mensuales o 14.000 anuales que se incluyó en el acuerdo marco ahora pendiente de renovación.

Ese salario mínimo de convenio ha encontrado bastante resistencia patronal, asegura Carlos Martín, sobre todo en los sectores más precarizados. Dos años después de la firma del acuerdo, sólo el 39% de los convenios que en ese tiempo han firmado variaciones salariales tienen todas sus categorías laborales con sueldos por encima de los 1.000 euros. En casi el 15% de ellos, por el contrario, o la mayoría o ninguna de las categorías laborales respeta ese mínimo, de acuerdo con las cifras recopiladas por CCOO.

Martín Urriza destaca que el poder de compra de cada territorio es un elemento que se tiene en cuenta y determina los salarios en los convenios colectivos, la mayoría de ellos de ámbito sectorial provincial. “Pero el SMI está pensado para los trabajadores sin cualificación ni experiencia no cubiertos por la negociación colectiva”, corrige. Son cerca de 1,6 millones de personas, el 10% de los asalariados, según el Banco de España. Son más entre quienes tienen contratos temporales, pertenecen a categorías profesionales que precisan menor cualificación y entre los jóvenes. Como también se ocupó de destacar la CEOE tras la reunión con el Gobierno el pasado lunes, las empleadas domésticas y los peones agrícolas también viven atados al salario mínimo.

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