Iberia, Air Europa y Plus Ultra, que vuelan entre España y Venezuela, han extendido este lunes la cancelación de sus vuelos hacia el país latinoamericano, tras el aviso de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía, que da servicio a Caracas, hasta el 31 de diciembre.

La AESA sigue la recomendación de la autoridad aérea estadounidense, la Administración Federal de Aviación (FAA), quien emitió una alerta el pasado viernes 21 instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región". Este aviso coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona. Además, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) alertó el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Tras la recomendación de la AESA de este lunes, Iberia ha suspendido su operativa hasta el día 31, mientras que Air Europa no volará hacia Venezuela hasta al menos el día 12 del mismo mes. Por su parte, Plus Ultra ha ampliado la cancelación de los vuelos hasta al menos el próximo jueves, 4 de diciembre.

Iberia tiene cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra cuenta con cuatro (una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana), otras cuatro la venezolana Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra, por lo que tampoco volará a Venezuela) y tres más de Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento).

La también venezolana Estelar, que el día 24 anunció la suspensión de la operativa con Caracas desde Madrid, todavía no ha ampliado la cancelación de estos vuelos, pese a la recomendación de la AESA.

Mientras, las tres compañías han destacado que su intención es retomar los vuelos a Venezuela "en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad", como ha detallado Iberia. Air Europa ha comentado que, en función de la evolución de esta situación, "se valorará prorrogar la cancelación, priorizando en todo momento la seguridad de pasajeros y tripulación".

Plus Ultra es la compañía a la que más le impactan estas suspensiones, puesto que concentra prácticamente toda su operación en América Latina, especialmente en Venezuela, mientras Iberia y Air Europa tienen cientos de vuelos semanales a la región.

Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su cuenta en su red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad". No obstante, el espacio aéreo no esta cerrado, cuestión que compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, según ha explicado a los medios de comunicación la portavoz del sindicato español de controladores USCA, Susana Romero.

En este contexto, el Aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, ha recibido este lunes vuelos procedentes de la panameña Copa Airlines (desde Bogotá y Ciudad de Panamá) y de la venezolana Conviasa (desde San Petersburgo), mientras mantiene programada la llegada de otros aviones desde Bogotá, Ciudad de Panamá y Curazao.

Así, Conviasa mantiene abierta la única posibilidad de salida directa a Europa desde Venezuela, ya que Iberia, Air Europa, TAP, Turkish, Laser y Plus Ultra han cancelado sus vuelos en Caracas ante el aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., de "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), por su parte, ha defendido este lunes que las aerolíneas deben mantener la libertad de evaluar de forma individual los riesgos, incluidas las medidas de clausura de espacios aéreos, poniendo por delante la seguridad de los pasajeros y de la tripulación en la toma de sus decisiones operativas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a advertir al juez Juan Carlos Peinado de que no puede investigar la supuesta implicación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en el rescate de Air Europa por no aportar "el más mínimo indicio" más allá de "noticias periodísticas" de hechos ajenos a la causa.

La Audiencia de Madrid ya había ordenado en tres ocasiones a Peinado dejar a Air Europa fuera del procedimiento en el que investiga a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación, pero ahora lo hace de nuevo al resolver un recurso del mes de mayo.

Entonces, el juez decidió reactivar la investigación y pedir un informe a la UCO de la Guardia Civil sobre el rescate, pero él mismo se corrigió poco después y anuló esa solicitud. Lo hizo tras un nuevo varapalo de la Audiencia a sus movimientos sobre la empresa filial de Globalia.

Es más, en junio asumió que no podía investigar y planteó ceder a otro juzgado una querella presentada por Vox relacionada con ese rescate.

Ahora, meses después, la Audiencia Provincial resuelve los recursos de Begoña Gómez y del fiscal contra la decisión anterior del juez -es decir, la de pedir informe a la UCO-, y les da la razón parcialmente en un auto en el que cuestiona que el magistrado actuase guiado por una noticia periodística.

"La resolución dictada carece de fundamentación (...), se refiere a noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento y, como ya hemos dicho, parece tratarse de noticias que se han obtenido de otros procedimientos, en los que se investigan otros hechos supuestamente cometidos por personas aforadas y que algunas de ellas pudieran tener relación con los investigados en este procedimiento", argumentan los magistrados.

E inciden en que "la resolución recurrida carece de la motivación necesaria que se exigía en nuestras anteriores resoluciones, para justificar una ampliación del objeto de la investigación".

Precisan los magistrados que estiman el recurso parcialmente porque no pueden acordar la nulidad de las "demás actuaciones realizadas en tal sentido" a las que se refería el juez, "ya que no se mencionan, ni se refieren si se han practicado diligencias en tal sentido".

La aerolínea Air Europa ha finalizado su acuerdo con Turkish Airlines, lo que permitirá a la compañía turca entrar en el capital de la española mediante una inversión de 300 millones de euros, ha informado esta madrugada la empresa.

La operación se ha instrumentarizado a través de un préstamo canjeable, el cual se intercambiará por una participación en Air Europa cercana al 26 %, una vez cumplidos todos los requisitos regulatorios, ha detallado la aerolínea en un comunicado.

Esta operación valora a Air Europa, de capital mayoritariamente español y familiar, en cerca de 1.175 millones de euros, ha señalado la empresa.

La familia Hidalgo, a través de Globalia, continuará siendo el accionista mayoritario de la compañía mientras que IAG conservará su participación actual mediante la compra de acciones a Globalia.

Air Europa ha anunciado que con esta inyección de capital y sus propios recursos cancelará los préstamos ordinario y participativo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como los intereses devengados, por un total de casi 500 millones de euros, adelantándose un año al plazo establecido.

"Tras liquidar, el pasado mes de mayo, los 141 millones de euros con sus respectivos intereses del préstamo bancario, recibido en mayo de 2020, con participación y aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Air Europa cierra ahora una importante etapa en el proceso de desapalancamiento financiero abordado en los últimos años, confirmando el acierto en la estrategia de gestión", ha destacado la empresa.

La empresa ha resaltado que los 475 millones de euros prestados por la SEPI fueron esenciales no sólo para garantizar la recuperación completa de la actividad tras la pandemia, sino también para generar un retorno muy positivo en la actividad económica nacional.

Así, ha indicado que no sólo se logró la conservación de los cerca de 4.000 empleos, sino también la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo, hasta llegar a los cerca de 4.600 empleados que hoy forman parte de la aerolínea.

A lo largo de este periodo, Air Europa ha abonado al Estado en concepto de intereses cerca de 70.000 euros diarios, lo que supone un total de más de 97,2 millones de euros, que representan para la SEPI un 20 % adicional sobre el capital prestado, ha detallado la compañía.

Con esta nueva devolución se eleva a 1.425 millones la cantidad recuperada por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) hasta la fecha, un 53 % de los 2.681 millones financiados a través de este mecanismo.

La SEPI ha indicado que este mecanismo ha demostrado su utilidad permitiendo la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo de empresas afectadas por la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus.

Las compañías que han cancelado la totalidad de apoyo público temporal, junto con Air Europa, son Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica, Soho, Hesperia y Hotusa.

Las negociaciones de la operación comenzaron antes del verano y tras la aceptación de una oferta vinculante por parte de Turkish durante el periodo estival, se ha completado la estructuración de la operación, que según Air Europa "supondrá un fondeo inmediato mientras se obtienen aprobaciones regulatorias y de competencia".

Air Europa ha destacado que la transacción supone "un importante hito" para el sector de la aviación comercial al reunir en una misma compañía a tres de los grandes actores del sector: IAG, que seguirá ostentando el 20 % del capital, Turkish Airlines y Air Europa.

La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado de nuevo la denuncia formulada por el PP contra Pedro Sánchez por no abstenerse en las decisiones que adoptó el Consejo de Ministros sobre Air Europa al considerar que su esposa, Begoña Gómez, no tuvo ninguna relación "que implicara funciones de dirección, asesoramiento o administración" con esa empresa, según informa EFE. 

Según la resolución a la que ha tenido acceso EFE eso implica que Sánchez no tenía la obligación legal de abstenerse en las decisiones que adoptó el Consejo de Ministros noviembre de 2020 y marzo de 2021 sobre el rescate de Air Europa.

Esta resolución responde a la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a partir de una denuncia del PP, de investigar si Sánchez debió abstenerse en las decisiones del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Air Europa y si éste pudo beneficiar a su mujer, Begoña Gómez.

La oficina, con autonomía funcional pero que forma parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, ha mantenido el criterio que ya fijó al rechazar el recurso del PP, cuando argumentó que Sánchez no debía abstenerse porque su mujer no ha tenido ni tiene una relación laboral o profesional con esta empresa que implique funciones de asesoramiento o dirección.

Ahora, llega a la misma conclusión tras realizar la investigación ordenada por el TSJ y recabar una serie de documentación, como la información relativa a los cargos que haya ocupado Begoña Gómez desde el 1 de junio de 2018 -cuando su marido llegó a la Presidencia del Gobierno- hasta ahora y que conste en el Registro Mercantil o su vida laboral en ese período.

La esposa de Sánchez estuvo dada de alta en Inmark Europa, SA, desde el día 1 de diciembre de 2014 hasta que Sánchez tomó posesión como presidente; desde el 1 de junio de 2018 hasta el 27 de mayo de 2023, en la Fundación Instituto Empresa, al prestar servicios para dicha entidad en calidad de directora del IE Africa Center, y en dos períodos desde febrero de 2024 hasta ahora, pero en esos casos como autónoma.

También ha solicitado a Globalia información acerca de si Gómez "desempeña o ha desempeñado alguna actividad profesional o mercantil, u ocupa o ha ocupado algún cargo" en ella o en cualquier otra entidad perteneciente al mismo grupo societario, con respuesta negativa.

Asimismo, se consultó a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que confirmó que Gómez no ha desempeñado cargo alguno en ninguna Fundación inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal en ese tiempo y que figura como administradora única, desde el día 21 de noviembre de 2023, en una entidad denominada Transforma TSC, SL.

Analizada toda esa documentación, la Oficina concluye que Gómez no ha realizado ni desempeña en las entidades afectadas por la decisión del Consejo de Ministros "ningún cargo y, por tanto, ninguno que implique funciones de dirección, asesoramiento o administración" y por tanto hubiera exigido la abstención de su marido.

Tras la noticia, el PP ha anunciado presentará en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un incidente de ejecución de sentencia contra la decisión tomada. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha explicado en una conversación informal con la prensa que la sentencia de la oficina, conocida este miércoles, acredita que es necesario que se siga investigando y que quedan pasos por ejecutar.

Por lo tanto, en los próximos días presentarán el incidente de ejecución de sentencia para pedir que continúe la investigación, ha explicado Gamarra, quien ha confirmado que se están estudiando acciones contra la propia Oficina de Conflictos de Intereses, con autonomía funcional pero que forma parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Según Gamarra, de esta decisión se desprende que la oficina es otra institución más que en vez de "controlar" al Gobierno está "a disposición" del Gobierno y que, por tanto, la han "colonizado" y funciona para proteger al presidente.

Para Gamarra, si en la sentencia queda acreditado que en el momento del rescate Gómez trabajaba en el IE África Center no se puede decir que no haya nada más que investigar.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha renunciado a investigar Air Europa, siguiendo el mandato de la Audiencia Provincial de Madrid, y ha optado por volver a pedir informes sobre los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa, según informa EFE.

En un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid levanta además la imputación al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y del exconsejero madrileño Juan José Güemes, siguiendo la instrucción dada por la Audiencia Provincial, que consideró que las imputaciones carecían de fundamento.

Peinado renuncia al informe pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre Air Europa, después de que la Audiencia Provincial revocase en un auto fechado el pasado 13 de mayo su decisión de recabar información de esta sociedad sobre las ayudas otorgadas a Air Europa Holding "al quedar fuera del objeto de investigación ya delimitado al inicio de la instrucción".

Sin embargo, el auto indica también que se mantiene la petición de un informe a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "respecto de Globalia", grupo al que pertenece Air Europa, pero fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid indican que se debe a un error, pues el magistrado se remite a la petición de un informe que no es sobre Globalia, sino sobre Innova Next.

En concreto, el auto señala lo siguiente: "Se mantiene la solicitud de elaboración de informe pericial por la IGAE respecto de Globalia en los términos acordados en la resolución de 20 de junio de 2024, dejándose sin efecto la solicitud de información a la SEPI".

Esa providencia a la que alude Peinado no mencionaba a Globalia, sino que pedía información a la IGAE sobre varios contratos obtenidos por Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa, con empresas e instituciones públicas como el Consejo Superior de Deportes (CSD) o el Ayuntamiento de Madrid.

Y son esos los informes que el juez pide recabar de nuevo, los referentes a los contratos públicos obtenidos por Barrabés sin fondos europeos, según indican las mismas fuentes del TSJ.

Por otra parte, en una providencia dictada el 22 de mayo, Peinado ha pedido a la Universidad Complutense de Madrid el currículum de Blanca de Juan de Castro, la coordinadora del máster que dirigió Begoña Gómez, lo que se une a otras peticiones de información sobre su contratación.

El rescate de la compañía aérea Air Europa lleva tiempo en el centro de la arena política. Primero, por el caso judicial abierto a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y después, por la publicación de unos mensajes que Pedro Sánchez y varios miembros del Gobierno se intercambiaron sobre el rescate de la compañía en 2020, en pleno estallido de la pandemia. En ellos, según publica El Mundo, el presidente del Gobierno instó al entonces ministro José Luis Ábalos a “meditar” y ver “cómo enfocar” el rescate de Air Europa, posicionándose en contra de que acabara en manos del grupo IAG, propietario inglés de Iberia.

Air Europa —al igual que Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra— recibió ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado en julio de 2020, con una dotación de 10.000 millones. Su objetivo era ayudar a empresas estratégicas a encajar el impacto económico de la pandemia.

En el caso de la aerolínea, las dudas sembradas pasan por si pudo haber alguna irregularidad o favoritismo en la concesión de los préstamos. Por el momento, en el terreno judicial, la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado por tercera vez dejar el rescate financiero fuera del denominado caso Begoña Gómez. Esto llega después de que el instructor de la causa, el juez Juan Carlos Peinado, solicitase recabar información de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre las ayudas otorgadas a Air Europa. A Gómez se la señalaba como presunta “facilitadora” en la gestión, pero la resolución de la Audiencia apunta que el caso de Air Europa queda “fuera del objeto de investigación ya delimitado al inicio de la instrucción”.

“El Tribunal Supremo planteó que no había ningún indicio de que se hubiera producido ninguna irregularidad respecto a Air Europa. Todos los informes técnicos abundan en la buena gestión que se hizo”, insistía la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta misma semana en el Congreso.

En lo económico, el rescate de la aerolínea fue aprobado en noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros y se fijó en 475 millones que todavía no se han devuelto en su totalidad. Lo que sí pretenden liquidar esta misma semana es la deuda de 140 millones que avala el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Desde el Ministerio de Hacienda señalan que “hasta la fecha” la compañía “atiende a sus obligaciones de pago” y explican que en el calendario aprobado se estableció que la devolución tendría como fecha límite noviembre de 2026. La ayuda fue autorizada en una reunión del Consejo de Ministros del martes 3 de noviembre de 2020 y se llevó a cabo a cuenta del FASEE.

A las ayudas que ofrecía este instrumento accedieron empresas de múltiples sectores que buscaban un respiro financiero tras el frenazo económico de la covid. Los préstamos totales otorgados ascienden a 2.681 millones desde 2020 y hasta la fecha se han devuelto 745 millones (un 27,7%), de acuerdo con los datos proporcionados por Hacienda. En la actualidad son 24 las empresas que cuentan con este tipo de financiación pública, según los últimos datos ofrecidos por la SEPI en abril.

Air Europa Líneas Aéreas, con sede en Llucmajor (Baleares), fue fundada en 1986 y es la principal sociedad de la división aérea del grupo empresarial Globalia. En la página web del grupo señalan que la ayuda se estructuró en un préstamo participativo (un tipo de financiación en la que, además de los intereses, quien financia participa también de los beneficios) de 240 millones de euros y otro ordinario por valor de 235 millones. Además de estas dos partidas, la aerolínea recibió otro préstamo de 140 millones avalado por el ICO. 

La pasada semana, el consejero delegado de la compañía, Jesús Nuño de la Rosa, anunció en un encuentro con medios que liquidaría el préstamo ICO dos años antes de lo previsto (tenía como tope 2028) debido al alto coste de los intereses —en este caso el tipo era euríbor más 5%—. El aval del ICO estaba financiado, además, por Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Liberbank, Unicaja y Banco Sabadell de forma conjunta. 

En su último depósito de cuentas —relativo a 2023— Air Europa había mejorado sus números con respecto al frenazo de la pandemia. En 2020 tuvo unas pérdidas de 427 millones, en 2021 de 304 millones y no fue hasta 2022 cuando logró salir de pérdidas, con una tímida ganancia de 14 millones. En cambio, en 2023, la compañía tuvo un beneficio neto de 165 millones de euros y contaba con 3.500 empleados. Unos números que llevaban al presidente de la compañía a aventurar que intentarían pagar el total de la deuda antes de la fecha límite de 2026, “si no se puede, lo haremos cuando venza el plazo”, concluía. Según el Ministerio de Hacienda, la aerolínea “ha abonado en concepto de intereses 64,7 millones de euros al Fondo de respaldo público” y le restan por pagar los dos préstamos que suman 475 millones de euros. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado indicios de que el exministro José Luis Ábalos pudo disfrutar de unas vacaciones en una villa de Marbella (Málaga) como "presunta contraprestación económica" por su "actuación" en el rescate de Air Europa, en 2020.

El instituto armado ha remitido al Tribunal Supremo un nuevo informe en el que vuelve a destacar el "papel relevante y de responsabilidad" que el exministro de Transportes y exdirigente socialista habría tenido en la "presunta organización criminal" que se investiga en torno al conocido como caso Koldo.

Entre esos indicios, subraya los que "apuntalan" la "actuación" de Ábalos "para que se aprobara el rescate" de Air Europa, en 2020, entre los que incluye la publicación por el Ministerio de Transportes de una nota de prensa sobre la "conveniencia" del rescate y una carta firmada por la SEPI sobre los pormenores de la petición de financiación de la compañía aérea.

El documento, al que ha tenido acceso EFE, vincula esa "presunta contraprestación económica" por sus gestiones para publicar esa nota de prensa sobre el futuro rescate a la compañía aérea.

Sucedió en agosto de 2020. Ábalos le comunicó a su ex asesor Koldo García que el 12 de agosto iba a viajar a Málaga y que buscara alojamiento, para lo cual éste y su mujer se desplazaron hasta allí para gestionarlo, llegando a verse con un agente inmobiliario y haciendo una videollamada al exministro para que viera una casa.

La UCO apunta que después Koldo pidió al empresario Víctor de Aldama que hiciera una gestión para que le llamara por teléfono una "tercera persona" que los agentes han identificado como Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia y Air Europa.

"Unas horas más tarde, sin ningún otro mensaje posterior al que hacía referencia a la noticia relativa al rescate de la compañía aérea, Koldo informó a Ábalos: "te comento esto sale gratis por las molestias generadas", añadiendo "las imágenes de la casa de Villa Parra" que previamente había intercambiado Koldo con su mujer.

En esa misma conversación, le dijo también "estarías del miércoles 12 al 23 domingo", le envió otra opción y añadió que "si no te gusta ninguna, me dicen que digas un sitio que veas y se arregla". "Optamos por la primera", le respondió el exministro, que se hospedó entre esas fechas en esa vivienda de alquiler vacacional.

Dice la UCO que "resulta revelador" que Koldo informase a De Aldama de las dos opciones de alojamiento. "Joder, es la polla", respondió el empresario al ver las fotos de Villa Parra.

El contrato lo firmó la mujer de Koldo y la casa costó 9.800 euros, de los cuales 8.000 serían en efectivo. Pero los investigadores señalan que analizadas las cuentas bancarias de Koldo y su entorno "al objeto de localizar retiradas de dinero en efectivo que permitiesen afrontar el pago de esa cantidad en efectivo, no han observado movimientos para tal fin". Tampoco con las cuentas de Ábalos. "No se ha observado disposición de cantidad de dinero en efectivo en esas fechas".

Ahora bien, finalizada la estancia en Villa Parra, Koldo recibió un ingreso de 8.800 euros que llamó la atención de los agentes, porque fue remitido por su madre, "quien no habría realizado retiradas de fondos en efectivo para, posteriormente, realizar ese ingreso en la cuenta de su hijo".

Los agentes concluyen que a la vista de estos indicios es posible apuntar a De Aldama como "nexo de unión" entre la estancia vacacional de Ábalos en Villa Parra y la nota de prensa de Air Europa. 

Por otro lado, la UCO sospecha que el exministro para que dos empresas públicas vinculadas a su departamento contratasen a su expareja Jessica Rodríguez y a la modelo Claudia Montes, que fue miss Asturias 2017. El objetivo concreto era conseguir que la primera trabajase en Ineco, dependiente de ADIF, y la segunda en Logirail, de RENFE.

En el caso de la primera, da también protagonismo a la expresidenta de ADIF y ex secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera, que fue quien hizo efectiva esa contratación tras una serie de conversaciones con Koldo García, quien, para ello, "se prevalió de su relación con Ábalos". Este último, dice el informe, es quien habría pedido que ficharan a su pareja.

En relación a la modelo, la UCO sostiene que fue contratada en 2019 en Logirail "cuando formaba parte del círculo personal de Ábalos" gracias a su influencia, e incorpora un mensaje del exministro a su exasesor: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o algunas de sus subcontratas?". "Lo arreglo", respondió Koldo García.

Respecto a la entrada de Jessica Rodríguez en Ineco, la UCO presta "especial atención" a un mensaje de Koldo García a Pardo de Vera, que considera "revelador": "Solo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Yoseba que si no Jose me corta los huevos" (sic).

Pasados unos días, tras preguntar Koldo García por novedades, la expresidenta de ADIF contestó: "Están con ello, mañana le llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento". Cuando la expareja del exministro comunicó a Koldo que la habían citado para una entrevista, éste le aconsejó que no fuera: "Me encargo yo".

"Oye y si se lo dices a Jose y que llame a quien tenga que llamar?" (sic). "Si es tan sencillo que él haga una llamada, seguro que si es por mi la hace encantado", le dijo entonces la expareja de Ábalos, y Koldo García contestó "se lo digo ahora".

La UCO incorpora un "discurrir de mensajes" entre Koldo García y Pardo de Vera, como uno en el que el primero le decía que "Jose" se iba a poner en contacto con ella y que estuviese "tranquila".

También implica a Pardo de Vera en gestiones con Koldo para renovar el contrato de la expareja del exministro, aunque días más tarde le comunicó que no parecía ser viable porque el entonces director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar, había hablado con la mujer y "le había dejado entrever que es difícil encajarla en algún sitio".

Tras dos años en Ineco, este directivo le comunicó en febrero de 2021 "la propuesta de continuar en la empresa pública Tragsatec durante seis meses", dice la UCO.

La expareja de Ábalos recibió 1.173 euros mensuales por su trabajo en Ineco, según el informe, que incorpora más mensajes, como uno en el que Koldo García le decía que no tendría que acudir al trabajo tras un primer encuentro con una trabajadora, o en los que la expareja de Ábalos desconocía dónde trabajaba: "Bueno. Pues dame una dirección y un teléfono porque no se dónde trabajo".

Los investigadores sostienen además que el hermano de Koldo García, Joseba, que también trabajaba en Ineco, se encargó de cumplimentar los partes de trabajo de la expareja de Ábalos y que ambos se coordinaban para que ella "registrara cada día una jornada laboral que no había sido realizada".

En otro apartado del informe, la UCO analiza la presunta mediación de Ábalos para que la modelo Claudia Montes fuese contratada en 2019 en Logirail, gracias a la intervención de Koldo García, que envió su currículum al expresidente de RENFE Isaías Táboas.

Cuando finalizó su relación laboral después de tres años, Claudia Montes se intercambió mensajes con Koldo García que apuntarían, según la UCO, a que dicho currículum estaría falsificado.

La Guardia Civil cree que Ábalos conocía los "pormenores" de la contratación y apunta también a mensajes en los que el exministro pedía a su exasesor "que ingresara dinero a Claudia".

En 2022, tras recibir Ábalos una queja de la mujer por el trato de Koldo García, el exministro dijo a su exasesor: "No que estuviera obligado a algo con quien no he tenido ningún trato" (sic).

El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha descartado actuar contra el exCEO de Globalia Javier Hidalgo por un presunto delito de falso testimonio como pedía la acusación Liberum, al no apreciar que "faltara a la verdad salvo que se demuestre lo contrario" al ser preguntado por Víctor del Aldama, informa EFE.

En otro auto, el juez de la Audiencia Nacional rechaza asimismo la denuncia interpuesta por la asociación de la Guardia Civil JUCIL contra el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos al no apreciar indicios "suficientes" de que alertara a Koldo García de que la UCO les estaba investigando, y "en consecuencia, que hubiera podido ser autor del delito de revelación de secretos".

En cuanto a Hidalgo, la acusación popular que ejerce Liberum consideró que éste incurrió en falso testimonio cuando aseguró no recordar ni saber si el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama participó en el rescate a Air Europa. "Cosa distinta es que se le hubiera preguntado de forma genérica sobre su relación con el Sr. Ábalos, con el Sr. García Izaguirre, con el Sr. Aldama, o sobre la intervención de estas personas en la adjudicación de la aprobación de las ayudas para el rescate de Air Europa, cuestión que no es objeto del presente procedimiento", precisa el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto en el que rechaza esta petición.

Recuerda el juez que la toma de declaración a este testigo se produjo por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al resolver un recurso de apelación contra la decisión del instructor de no citarle.

En esa resolución, prosigue el juez, la Sala delimitó que "el objeto de la declaración testifical del Sr. Hidalgo es su relación o la de su compañía en el transporte de las mascarillas que Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL (sobre la que pivota la trama) debía suministrar a los entes dependientes del Ministerio de Transportes".

De hecho, cuando declaró como testigo el pasado 12 de septiembre, Ismael Moreno impidió a las acusaciones preguntarle sobre la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, al no ser objeto de la causa.

Pese a ello, las acusaciones se remitieron a dos reuniones mantenidas en la sede de Globalia en junio y julio de 2020, meses antes del rescate de Air Europa, que Hidalgo aseguró no recordar ni saber si participó el comisionista Víctor de Aldama. Preguntado sobre si pudo estar presente alguna otra persona, en referencia implícita a Begoña Gómez, dijo que lo desconocía.

Según el magistrado, para determinar la existencia del delito de falso testimonio "hay que valorar si el testigo ofrece información de aspectos sustanciales sobre los hechos objeto del proceso, esto es, si su testimonio proporciona datos relevantes, útiles y pertinentes". Por ello, añade, "en el presente supuesto tiene nulo escaso interés las relaciones que el testigo pudiera tener con alguno de los investigados, toda vez que el procedimiento es el proceso de adjudicación del suministro de mascarillas".

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Koldo ha provocado un auténtico terremoto político que sacude al Gobierno. Al fin y al cabo, es la primera vez que el Instituto Armado apunta claramente hacia el exministro de Transportes José Luis Ábalos, figura de peso en el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los investigadores consideran que el hoy diputado, expulsado del partido socialista y al borde de la imputación, tuvo una posición "relevante y de responsabilidad" en la trama. Y abundan sobre su papel en el llamado caso Delcy o el rescate de Air Europa, dos asuntos que ya habían zanjado el Supremo y el Tribunal de Cuentas y que ahora reviven con Koldo.

El primero de ellos tiene que ver con el viaje a España en enero de 2020, antes del estallido de la pandemia, de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Los investigadores creen que aquella visita, que provocó un gran escándalo porque se produjo pese a que la política venezolana tenía prohibida la entrada en la Unión Europea, fue organizada por el considerado conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Así, la Guardia Civil localizó en su ordenador personal una carta que habría sido creada un mes antes por el empresario a nombre de Ábalos invitando a Rodríguez a visitar España, una misiva que Aldama rebotó luego a Koldo García, exasesor del exministro socialista.

No es el único elemento que pone sobre la mesa la UCO para apuntalar la hipótesis de que el supuesto conseguidor fue el organizador del viaje. El empresario, por ejemplo, fue quien envió a la vicepresidenta venezolana la agenda de la que iba a ser su visita. Y le trasladó, horas antes de su aterrizaje en el Aeropuerto de Barajas, cuál sería la motivación "oficial" que darían ambos países para el "encuentro bilateral". Rodríguez planteaba dos opciones: "1. Vine a Fitur. 2. El gobierno quiere explotar mecanismos para alentar una negociación". Aldama lo consultó con el entonces asesor del ministro. Y, minutos después, le confirmó a la dirigente venezolana: "Fitur y un viaje privado médico".

Tres días antes, y así consta en el informe de la Guardia Civil, Ábalos había avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del viaje. "La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", le escribe el primero. "Bien", es la escueta respuesta que da el segundo. El exministro compartió dicha captura de pantalla con Koldo García: "Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas".

El líder del Ejecutivo ha confirmado este viernes que Ábalos, quien acabó reuniéndose con Rodríguez en Barajas, le informó de la "visita privada". Sin embargo, la misma se "canceló" –ha completado– en cuanto el Gobierno se percató de que "había unas sanciones individuales a la vicepresidenta de Venezuela". El informe de la UCO ha dado munición de sobra a una oposición política que empezaba la semana asfixiada por su apoyo a la ley que convalida penas a presos de la banda terrorista ETA. En el PP han acusado a Sánchez de ser el "número uno de la banda". Y en Vox, directamente, lo han tildado de "corrupto y ladrón", sin que nada en el atestado del Instituto Armado vaya realmente en esa dirección.

La ultraderecha sí que tiene intención de utilizar dicho documento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para intentar reabrir en los tribunales el llamado caso Delcy. Un asunto que durante meses se estuvo investigando en el Juzgado de Instrucción nº31 y que el instructor archivó al considerar que no quedaba "debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la incoación de la causa". Un carpetazo que confirmó la Audiencia de Madrid apoyándose, precisamente, en la resolución del Supremo que rechazó unos meses antes la admisión a trámite de una querella del Partido Laócrata y Vox contra Ábalos por aquel viaje.

Aquel auto del Alto Tribunal consideró acreditado que la vicepresidenta de Venezuela había accedido a territorio español y que eso suponía una vulneración de la decisión PESC 2017/2074 del Consejo de la Unión Europea, la que prohibía la entrada de Rodríguez en el Viejo Continente. Ahora bien, rechazaba que eso pudiese derivar en responsabilidad penal.

La resolución, de la que fue ponente el magistrado Manuel Marchena, señalaba que el incumplimiento de una decisión PESC "no admite otra responsabilidad que la que se dirime" en el ámbito de la política. "No incumbe a esta Sala el control del cumplimiento de las obligaciones del Gobierno español respecto de las decisiones PESC", completaba.

Más allá de las supuestas contraprestaciones que Ábalos habría recibido de la trama –desde el disfrute de un chalet en La Línea de la Concepción hasta el pago de varias mensualidades del ático de lujo en el que residía su pareja–, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también dedica un capítulo entero al rescate de Air Europa, en referencia al crédito de 475 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 para salvar a la aerolínea del impacto derivado de la pandemia y la reducción del turismo. Ayudas que también ofrecieron otros Estados miembro a este sector estratégico durante la crisis sanitaria.

Los investigadores sostienen que las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos en la trama permiten "apreciar de manera indiciaria" cómo Aldama "se valió" de su relación con Koldo y Ábalos "para influir en la concesión final del rescate" a la aerolínea.

"A través de éstos, llegó a mantener entrevistas junto a Javier Hidalgo [exconsejero delegado de Globalia, propietaria de Air Europa] con la entonces ministra de Economía y Hacienda –Nadia Calviño y María Jesús Montero, respectivamente–; e igualmente con el vicepresidente de la SEPI. Llegando incluso a contactar con altos niveles de decisión en favor del rescate de Air Europa", completa la UCO, que considera que todo estos debería ser objeto de un "estudio más exhaustivo".

Los investigadores analizan el intercambio de mensajes entre Aldama, Hidalgo o Koldo en en torno a este asunto. Es en el marco de las mismas donde los investigadores vuelven a sacar a colación al presidente del Gobierno. "Me dice K que ya le ha llamado el 1 en cuanto sepa te digo ha servido la llamada", le dice el primero al segundo en julio de 2020. "K" sería, según los investigadores, Koldo. Y "el 1" Pedro Sánchez. En el informe, no se hace referencia alguna a una supuesta mediación de Begoña Gómez, mujer del presidente, en el supuesto rescate, algo en lo que la Audiencia de Madrid impide indagar al magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, por falta de indicios.

El caso Koldo revive, por tanto, un asunto que parecía zanjado después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalase el fondo creado para rescatar a empresas durante la pandemia y el Tribunal de Cuentas considerase que las ayudas se ajustaron a la normativa.

"De las comprobaciones realizadas sobre todos los expedientes (...) los órganos de gestión y de decisión aplicaron un procedimiento adecuado para los fines que su normativa exige, que dispusieron de la información necesaria para tomar una decisión fundada y que la aplicaron de forma no discriminatoria y con arreglo a las normas procedimentales previamente establecidas", apuntaba el órgano fiscalizador en un informe de fiscalización de finales de septiembre.

Más de 30 personas han sido trasladadas a un hospital en Natal, Brasil, tras el aterrizaje de un avión de la compañía Air Europa que cubría un trayecto entre Madrid y Montevideo y que sufrió turbulencias durante el vuelo. "La Secretaría de Salud Pública ha atendido a más de víctimas de un incidente aéreo", ha publicado el gobierno del estado brasileño de Río Grande del Norte en un comunicado en su cuenta oficial en la red X.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Natal "con múltiples víctimas atendidas por la red de urgencias y emergencias". Las autoridades brasileñas movilizaron 15 ambulancias para los afectados, que fueron trasladados al Hospital Monseñor Walfredo Gurgel de referencia para accidentes y traumatismos en esta región.

La aerolínea había informado previamente a Europa Press de siete heridos y de un número indeterminado de personas afectadas por contusiones leves. El avión afectado es un Boeing 787-9 Dreamliner con 325 pasajeros a bordo. La aeronave será revisada para determinar el alcance de los daños registrados por las turbulencias y Air Europa enviará un avión nuevo para recoger a los pasajeros afectados en Brasil.

La defensa de Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha opuesto a que el juez que la investiga pida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) información sobre el rescate a Air Europa porque "procesalmente las ayudas otorgadas por el Gobierno" a la compañía "no constituyen el objeto del presente procedimiento".

En su recurso, recogido por Europa Press, su representación asegura que "carece de fundamento la diligencia que ha sido acordada" por el magistrado Juan Carlos Peinado porque "si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe pedir una documentación que tiene que ver con la concesión de unas ayudas aprobadas en Consejo de Ministros". "Que, dada la condición de los integrantes de este, ni siquiera estaría dentro de la competencia del juzgado para investigar los mismos", añade.

En este contexto, la defensa de Gómez afirma que "no tiene conocimiento de que se haya dictado un auto ampliando el objeto de la investigación en los términos en que quedó delimitado por la Audiencia Provincial".

"Hemos de reiterar lo que ya hemos señalado en escritos previos con relación a la prohibición en nuestro sistema procesal penal de las investigaciones prospectivas contra el investigado. Es decir, aquellas en las que, con la excusa de investigar un determinado hecho delictivo, en realidad, lo que se busca es inspeccionar en la vida del investigado para ver si otros delitos pueden ser descubiertos", critica.

Por último, el letrado de Gómez ha incidido en que "el Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre las causas generales, afirmando que someter a una persona a una investigación prospectiva es 'del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de Derecho'".

Cabe destacar que ha sido esta misma semana cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha librado oficio a la empresa pública para que aporte documentación relativa a las ayudas otorgadas a la aerolínea por el fondo de solvencia a empresas estratégicas.

En concreto, ha reclamado "los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas, en cualquiera de sus fases, así como la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto".

En plena pandemia, allá por el año 2021, cuando las mascarillas eran un complemento imprescindible en nuestro día a día, los viajeros que cogían aviones durante esos meses comenzaron a ver que en algunos aeropuertos españoles comenzaban a aparecer una especie de tablets con cámara en algunas puertas del control de seguridad y de los embarques. Al calor de las medidas de seguridad sanitaria implementadas durante el covid de distanciamiento social y de reducción de las interacciones, Aena echó a volar en fase de prueba un sistema biométrico de reconocimiento facial para agilizar sus identificaciones, evitar colas de espera y permitir a los usuarios el paso por estos puntos sin necesidad de mostrar ningún documento: ni DNI, ni pasaporte, ni tarjeta de embarque, aunque esto no exime que los lleven encima por si surgiese algún contratiempo. 

Es decir, la idea era, y es, llegar desde la terminal del aeropuerto al avión sin sacar las manos de los bolsillos y pasar todos los controles por la cara. Aunque no son de uso obligatorio para los pasajeros, estos dispositivos de reconocimiento facial consisten en unas puertas especiales de acceso dotadas de un sistema para la lectura de documentos y de una cámara para identificar al pasajero que se haya registrado previamente en los puntos del propio aeropuertos o a través de la app de Aena o de las aerolíneas. Si la imagen coincide con la de la documentación en vigor, la puerta del filtro de seguridad o del embarque se abre. 

"Los sistemas de reconocimiento facial funcionan con bases de datos de las que se alimentan y se nutren los algoritmos. Lo que hacen es procurar una grandísima cantidad de datos e imágenes. En este caso de rostros de distintas personas con un abanico lo más amplio posible para que reconozca una variedad de rostros mayor: de distintas etnias, países, color de piel, rasgos faciales, color de ojo o vello facial", asegura Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta experta explica que es clave contar con un amplio abanico de ejemplos para que los algoritmos sean capaces de "identificar, incluso, los detalles más concretos de un rostro, que son muy importantes porque nos permite no confundir una persona con otra, porque hay personas que se parecen mucho". 

Con esta misión por delante y ahora al calor del boom por la inteligencia artificial tras tres años de prueba, Aena lo convirtió entre enero y febrero en una auténtica realidad implantando estos sistemas biométricos en siete aeropuertos: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Ibiza y Menorca. Air Europa, Binter, Iberia y Vueling son las cuatro aerolíneas que, por el momento, están adscritas a este programa que les supone una mejora para la puntualidad  y una optimización de las operaciones. 

Sin embargo, y a las puertas del verano, fuentes de la empresa pública y de las compañías aéreas confirman a infoLibre que este programa está "temporalmente desactivado" desde la primera semana de junio para llevar a cabo mejoras. Ante esta paralización, las aerolíneas han tenido que avisar a sus clientes con esta opción en su billete para evitarles contratiempos. Aunque, cabe señalar, que estos sistemas biométricos aún no están disponibles en todas sus rutas entre estos siete aeropuertos. 

Por ejemplo, Iberia, por el momento, solo lo tiene disponible para el Puente Aéreo entre Barajas y El Prat. No obstante, fuentes de la aerolínea aseguran a infoLibre que esperan ampliar destinos ya que consideran que esta tecnología es "el futuro". Hasta la paralización de Aena de este mes de junio, confirma que tenía ya 15.000 altas en el servicio con una media de unos diez nuevos usuarios por vuelo.  

En el caso de Binter, este sistema de reconocimiento facial ya está operativo para sus pasajeros que viajen desde Gran Canaria, Tenerife Norte, Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza y Madrid. Implantado el pasado diciembre, según datos de febrero, la aerolínea contaba ya con más de mil clientes registrados. 

Air Europa solo tiene activado este sistema biométrico en la ruta Madrid-Palma, aunque detallan que pronto estará disponible en más destinos. Por su parte, Vueling, que fue la primera en probar esta tecnología en la ruta Barcelona-Málaga en 2021, ya lo tiene disponible en sus embarques en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, los tres de las Islas Baleares, Tenerife y Gran Canaria. 

Esta clara apuesta que están llevando a cabo Aena y las aerolíneas responde a la necesidad de delegar parte del trabajo de verificación a unas máquinas que supuestamente tienen una capacidad "hiper precisa", agilizar los procesos y evitar así errores. "Un sistema de reconocimiento facial identificaría perfectamente a la persona porque muchos incluyen identificación de datos biométricos que son exclusivos de una persona", apunta Ortiz de Zárate que señala que sería imposible, por ejemplo, viajar con el pasaporte de tu gemelo. 

En principio, el procedimiento para darse de alta no es complicado. Consiste en dos partes. La primera es que el usuario dé su consentimiento al registrarse en el propio sistema registrando la cara del pasajero con un selfie, una imagen del documento identificativo y los datos personales e imagen del chip NFC del DNI o pasaporte, que contiene en su interior información biográfica de la persona como nombre, fecha de nacimiento o nacionalidad. 

¿Qué ocurre si tus documentos y esa autofoto al registrarte en el sistema no coinciden con tu apariencia actual, es decir, si del último viaje al momento actual el pasajero se ha teñido o cortado el pelo, se ha puesto gafas o se hecho una cirugía estética? Según recoge The Washington Post, la Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU, que tiene implementado este tipo de tecnología en 84 aeropuertos, funciona incluso si el peinado o la edad son diferentes a los de su fotografía de identificación. "En teoría, como tienen reconocimiento facial y también biométrico, cuentan con suficientes datos como para identificar características que son constantes o que se mantienen durante largo tiempo en la vida de las personas", explica Ortiz de Zárate que, no obstante, recuerda que hay "momentos en la vida en los que se cambia radicalmente" como de la niñez a la adolescencia o en la vejez. Por ejemplo, Binter no permite usar esta tecnología a menores de 14 años. 

Una vez superada esta etapa, la segunda fase corresponde al proceso de compra del billete. Al optar por esta opción de viaje, la compañía aérea remite a Aena los datos de su tarjeta de embarque para que la asocie con su perfil biométrico, únicamente para este vuelo. 

Según aclara la operadora, en los intercambios de información con las aerolíneas se descarta la información biométrica y solo se intercambian datos identificativos y de la tarjeta de embarque. Aena también matiza que no comparte datos a terceros, sólo en caso del "cumplimiento de una obligación legal", y que "no está previsto realizar transferencias internacionales de datos". 

Después, el día del vuelo, el pasajero solo deberá pasar por los puntos señalizados en los filtros y puertas de embarque. Según detalla Aena en su política de privacidad, las cámaras le tomarán una fotografía, que será remitida a los sistemas de la empresa pública para realizar la verificación de su identidad. El plazo de conservación de todos los datos personales serán, como máximo, hasta que transcurra un año desde la última vez que usó el servicio. Con respecto a la información de la tarjeta de embarque se conservará hasta un máximo de 24 horas después del cierre de su vuelo.

Aunque en España sea una novedad, lo cierto es que no es una anomalía. En Alemania, EEUU, Emiratos Árabes, Singapur o Japón, cada vez más aeropuertos ofrecen a los pasajeros estos viajes basados en el reconocimiento facial. En Francia, por ejemplo, se están probando en París-Orly y en Lyon. Ante esta expansión, el pasado mes de febrero, The New York Times aseguró que 2024 podría ser el "punto de inflexión" para la masificación de la tecnología biométrica en las terminales.

"Esto está de moda porque realmente si funcionan bien son muy eficaces y más eficientes", sostiene Ortiz de Zárate. Sin embargo, esta experta indica que muchos de estos sistemas de reconocimiento han demostrado "tener sesgos": "Identifican de forma errónea en un porcentaje mucho más elevado a las personas racializadas y concretamente a las mujeres racializadas. Esto significa que probablemente estos colectivos van a tenerlo mucho más difícil para desplazarse y que van a ser sometidos con mayor frecuencia a detenciones y a paros para comprobar su identidad". 

Ante estos riesgos que abre la inteligencia artificial, y a pesar de que podría mejorar la seguridad y agilizar el flujo de pasajeros, la balanza se inclina hacia la preocupación en torno a la privacidad y la ética. En este sentido se posicionó el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPC), que emitió un dictamen el pasado 23 de mayo, casualmente pocos días antes de que Aena paralizase su sistema en España. Su objetivo fue poner un poco de orden en el uso de estas tecnologías. "Instamos a las compañías aéreas y a los operadores aeroportuarios a optar por formas menos intrusivas de agilizar los flujos de pasajeros, cuando sea posible", explica su presidente Anu Talus.

En su dictamen, el EDPC señala que, como no existe un "requisito legal uniforme" en la UE para que operadores y aerolíneas verifiquen que "el nombre en la tarjeta de embarque del pasajero coincide con el nombre en su documento de identidad", recomienda que cuando no se requiera esta comprobación no debe realizarse el uso de datos biométricos. "Esto daría lugar a un tratamiento excesivo de datos", asegura esta institución. 

Además, según este organismo, el procesamiento de estos datos puede "crear riesgos significativos para las personas" y cita en particular "falsos negativos, sesgos y discriminación". "Estos sistemas funcionan mejor identificando rostros de hombres blancos que cualquier otro", reconoce Ortiz de Zárate. Partiendo de este racismo intrínseco, el problema es que cuando se implementan estos sistemas, "estas problemáticas se pueden agravar porque su ritmo de procesamiento de información es más rápido que un humano". "Y se pueden dar los sesgos con mayor velocidad", puntualiza esta experta.

Según destaca también el EDPC, este tipo de sistemas puede tener graves consecuencias como "el fraude o la suplantación de identidad". "Y estos problemas ya se dan ahora", recuerda Ortiz de Zárate ya que ahora se puede suplantar a alguien falsificando su pasaporte o con cambios físicos para parecerse a la otra persona: "Con el uso de la inteligencia artificial, tendrán que usar técnicas más profundas como cirugías estéticas o modificaciones del iris. Te vas a tener que casi convertir en otra persona". 

Sin olvidarse, tal y como apunta Ortiz de Zárate, de la privacidad: "Van a recoger datos biométricos y los rasgos faciales, los van a acumular y ¿qué sucede con esos datos? ¿Quién los guarda? ¿Para qué uso se dan? ¿Durante cuánto tiempo? Realmente entran en conflicto muy directo con la privacidad". 

En este sentido también expresó su preocupación el presidente del EDPC ya que insistió en que las personas "deben tener el máximo control" sobre sus propios datos biométricos porque son "particularmente sensibles". Por ello, en el dictamen se establece que la solución más segura de almacenamiento para el tratamiento de estos datos debe ser aquella que se guarde "en una base de datos central, pero con la clave de cifrado únicamente en sus manos" ya sea en el propio aeropuerto o en la nube. "Si se implementa con una lista de garantías mínimas recomendadas, son las únicas modalidades que contrarrestan adecuadamente la intrusión del procesamiento al ofrecer a las personas el mayor control", detallan. 

Pero el aviso del EDPC no es una anomalía. En EEUU, un grupo bipartidista de senadores está presionando para que la Administración de Seguridad del Transporte restrinja el uso de la tecnología de reconocimiento facial ya que "plantea amenazas significativas a nuestra privacidad y libertades civiles". En una carta enviada a principios del pasado mayo, catorce legisladores pidieron a los líderes del Senado que limiten el uso de esta tecnología que pueda hacer la Administración Federal de Aviación para que el Congreso pueda establecer una supervisión "rigurosa". 

Para Ortiz de Zárate el problema no es tanto hacerse un selfie y escanear la documentación ya que "es una medida de control y de seguridad suficiente". Eso sí, para esta experta, estos datos solo deberían conservarse durante el viaje: "Creo que la recopilación de datos biométricos y la acumulación de imágenes faciales a lo largo del tiempo es radicalmente contraria a nuestra idea de privacidad, al menos en Europa, y es una fuente de innumerables problemas. No deberían acumularse nuestros datos personales de ninguna forma a lo largo del tiempo".

La exdirectora de la empresa Wakalua Hub –filial de Globalia– Leticia Lauffer ha admitido varios encuentros con la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, aunque lleva varios años sin hablar con ella. A su vez, ha asegurado que la empresa sólo abonó 1.700 euros, menos del 5% de los 40.000 euros de patrocinio que habían firmado con el IE África Center, que dirigía la esposa de Pedro Sánchez.

Sin embargo, cuando le han preguntado si pondría "la mano en el fuego por Gómez, ella ha contestado que no la pondría "por prácticamente nadie". "Ni por mi exmarido, que mire la que me ha liado. No la pongo ni por el padre de mis hijas porque las tendría calcinadas", ha concluido.

En la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', Lauffer ha explicado que conoció a Begoña Gómez en septiembre de 2019 en San Petersburgo (Rusia), aunque no la reconoció como esposa del presidente del Gobierno y se enteró "al día siguiente" de quien era.

Según ha relatado, posteriormente coincidieron en unos premios en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), en la final de la segunda competición de start ups, encuentros en los que también se encontraba el exCEO de Globalia Javier Hidalgo.

Lauffer ha explicado que luego mantuvieron reuniones para proyectos de innovación, pero ha querido dejar claro que "nada que ver con el rescate" de Air Europa o con cualquier tema de mascarillas. "En las reuniones que he estado nunca se ha hablado de rescates o mascarillas, eso lo llevaría otro departamento que no tiene nada que ver con Wakalua", ha señalado, incidiendo en que si Gómez e Hidalgo han hablado de la ayuda a la aerolínea nunca fue en su presencia.

Asimismo, la compareciente ha destacado que tanto en lo personal como en lo profesional Gómez siempre tuvo un "trato muy cercano y nada altivo" con ella, que nunca ejerció como "mujer del presidente" y que siempre se comportó de manera "muy llana y muy normal", hasta el punto de que durante la pandemia se intercambiaron mensajes hablando de cómo estaban llevando el confinamiento sus respectivas familias. Según ha especificado, su último intercambio de mensajes a través de Whatsapp se produjo en febrero de 2021.

"Yo nunca he visto nada raro ni nada de querer conseguir o sacar algo", ha asegurado, desvelando, por ejemplo que en el viaje que hizo a Londres Gómez voló en turista. "Ni siquiera nos pidieron business", ha dicho.

En respuesta a la senadora de UPN, María del Mar Caballero, Lauffer ha detallado que el IE era partner y patrocinador de la primera competición de start ups. En cualquier caso, ha precisado que el patrocinio ni lo firmó ni lo negoció ella, y que de esos 40.000 euros solo se abonaron 1.700 euros en dos billetes: uno de Nueva York a España para la presidenta del IE África Center, Felicia Appenteng, y otro para el vuelo de Gómez a Londres, ambos en turista.

Al ser preguntada por el senador de Vox Ángel Pelayo por si cree que Globalia o el empresaio Barrabés podrían haberse enriquecido por la "influencia" de Begoña Gómez, la compareciente ha contestado: "Yo no lo creo". Posteriormente ha explicado que la vinculación entre Globalia y Barrabés surge a raíz de una recomendación suya para un primer contrato de conceptualización de la empresa Wakalua.

También ha asegurado que no se ha sentido utilizada para ejercer como "nexo" entre Begoña Gómez y Globalia para conseguir algún tipo de favor o adjudicación. "Para nada, para acercarse a Begoña con esos fines creo que habría personas con otros perfiles", ha comentado.

A preguntas del senador de ERC Joan Queralt, la compareciente ha explicado que coincidió con el empresario Víctor de Aldama en dos viajes, uno de ellos a San Petesburgo (Rusia) -donde conoció a Gómez y en el que también estuvo Javier Hidalgo, de Globalia- y que después le vio un par de veces más por las oficinas de grupo turístico.

"Yo no he estado en nada de mascarillas o vuelos, ni conozco ni he visto en mi vida a Koldo (García), ni a (José Luis) Ábalos, ni sabía que era de amigo de Aldama, ni le nombraron en ninguna alguna reunión", ha zanjado Lauffer.

Por otro lado, ha subrayado que ella no está siendo investigada, "ni lo va a estar" y que tiene la conciencia "muy tranquila". Y es que, a su juicio, su comparecencia en la comisión está propiciada por las informaciones difundidas por su exmarido en algunos medios de comunicación y no porque desde el PP "tengan algo contra ella".

"El señor lleva cuatro años, desde que nos separamos, sin pasar un solo euro de pensión a mis tres hijas y tengo que tener tres trabajos para pagar a mis tres hijas. Ese señor, que no paga ni el tratamiento psicológico del daño que hace a sus hijas, es el que se dedica a intentar hundir mi reputación y de ahí viene mi nombre", ha reprochado.

Por su parte, el senador del PP Alejo Joaquín Miranda ha defendido que Wakalua se montó para "crear una relación lo más directa posible" con Gómez con el fin de "favorecer unas líneas de crédito y el rescate" de Air Europa y que, una vez conseguido todo eso, Globalia se "quitó de encima" esta empresa y acabó saliendo también del grupo la compareciente, algo que, a su juicio, no puede ser fruto de la "casualidad".

Sin embargo, Lauffer ha negado la mayor, incidiendo en que Globalia vendió el grueso sus empresas a Ávoris, no sólo Wakalua, que era la "más pequeña" de todas y que no tiene sentido sostener que se montó para acercarse a Gómez. Según ha relatado, cuando la compareciente conoce la esposa de Pedro Sánchez Wakalua ya lleva dos años en funcionamiento y tenía más de 15.000 aplicaciones de proyectos en 165 países.

Miranda ha llegado a definir a la compareciente como "actriz principal" de la operación que, según su relato, habría montado Globalia para conseguir el favor de Gómez. "Eso no se lo voy a permitir", ha replicado Lauffer.

En otro momento, la compareciente ha llegado a acusar al senador del PP de hacer un "monólogo" quejándose de que no la dejaba contestar. "Usted está disparando y cada vez que quiero contestar a lo primero ya me ha ametrallado entera", ha protestado.

“Esta Oficina de Conflictos de Intereses entiende que no se da el supuesto previsto que permita considerar que el presidente del Gobierno haya podido incurrir en una causa de abstención que obligue a iniciar un procedimiento de investigación”. La denuncia del PP quedó archivada de esta manera este lunes y fracasó el intento de los populares de vincular a la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, con el rescate de Air Europa.

Los populares llevan semanas tratando de asociar a Gómez con un supuesto trato de favor y querían lograr comprometer políticamente a Pedro Sánchez con esta denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses. La estrategia de Génova 13 pasaba por atacar por este flanco en un momento en el que está en el centro de la polémica el supuesto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Incluso Alberto Núñez Feijóo sacó este tema en la pasada sesión de control en el Congreso contra el socialista.

Los populares presentaron la denuncia ante un posible caso de tráfico de influencias y un supuesto vínculo del rescate de Air Europa por el Gobierno con la motivación de que hubiera podido financiar proyectos del Instituto de Empresa, con quien trabajaba Begoña Gómez en ese momento. Para emitir su dictamen, la Oficina pidió a la Secretaría General de Presidencia que informara si ella tenía intereses en las entidades afectadas por las decisiones del Consejo de Ministros, con la respuesta de que “no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en dichas entidades”.

El PP registró su denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses el pasado jueves para determinar “la responsabilidad del presidente del Gobierno” respecto a las reuniones del Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y del 16 de marzo de 2021. Y aseguraba entonces que se tomaron decisiones favorables a una compañía “que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional” con Begoña Gómez. Apuntó el partido que iría a la Fiscalía si se demostraba que había una responsabilidad penal en este asunto.

A pesar del varapalo sufrido por el archivo de la denuncia este lunes, los populares quieren seguir explotando esta cuestión. Lo primero, tras conocerse la decisión, fue poner en entredicho al propio organismo público. Fuentes de Génova 13 subrayaron que depende del Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública: “Ha actuado en defensa del presidente del Gobierno”. “Lamentablemente no nos sorprende la decisión de la Oficina, que ha sido muy diligente con los intereses del presidente y los de su esposa. Sí es llamativo que ni siquiera se hayan molestado en disimular y haya sido el propio PSOE quien ha dado a conocer la resolución”, mantuvieron en el entorno de Núñez Feijóo.

Los populares ahora van a lanzar una ofensiva parlamentaria y registraron en el Congreso una batería de preguntas “sobre la relación empresarial con Air Europa y las reuniones mantenidas antes del rescate a la aerolínea aprobado por el Consejo de Ministros”. Según el PP, Air Europa ha admitido “reuniones secretas” con Gómez, durante su etapa en el Instituto de Empresa, en el tiempo en el que se aprobó el rescate. Génova 13 mantiene la puerta abierta a ir “por la vía judicial”, según señalan en la dirección, para investigar “las relaciones y negocios de la mujer del presidente del Gobierno”.

El propio Instituto de Empresa, en un comunicado durante el fin de semana, negó que Globalia, la matriz de la compañía de Air Europa, y Wakalua, su filial, hayan dado dinero al centro y al IE Africa Center, que dirigió Gómez. Este desmentido llegó después de que varios medios publicaran la información de un contrato de Wakalua con el IE Africa Center cuando lo dirigía la mujer del presidente. Desde el IE se detalló que hubo un acuerdo de colaboración con Wakalua en enero de 2020 para celebrar diversos actos relacionados con la innovación turística, celebrándose el primero en Londres. La aportación consistió sólo en cuatro billetes de avión para los ponentes, pero la colaboración se suspendió debido a la pandemia y nunca se ejecutó por la circunstancias del momento. 

El Instituto de Empresa creó en 2018 el IE Africa Center con la idea de impulsar la “innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano”, según anunció el centro. Depende de la Fundación IE, su objetivo es dar proyección a la innovación en ese continente y su presidencia en el momento de la fundación recayó en Felicia Appenteng, directora general del IE Fund en Nueva York y del International Advisory Board de IE.

En el comunicado de agosto de 2018 se anunciaba que la dirección del centro recaía en Begoña Gómez y se ponía en valor que tenía más de 20 años de experiencia en consultoría y docencia: “Es una profesional especializada en diseño e implementación de proyectos estratégicos con enfoque de fundraising y sostenibilidad para el tercer sector”. Estuvo ligada al centro hasta junio de 2022.

El PSOE indicó que esta decisión de la Oficina del Conflictos de Intereses evidencia que la denuncia del Partido Popular no tenía “ninguna base jurídica”, acusando a personas “que no aparecen en ningún sitio”. La portavoz del partido, Esther Peña, indicó que los populares sólo buscan con este tema "introducir más ruido" para tapar "el escándalo que sí se cierne" sobre la presidenta madrileña.

Además, en el PSOE ya eran conscientes de que los populares atacarían a la Oficina de Conflictos de Intereses: "Siempre es lo mismo, si las instituciones, desde la Justicia a Hacienda, le dan la razón al PP, pues todo es perfecto. Y si no les dan la razón, pues la demolición del desprestigio del PP a las instituciones de nuestro país. Es una práctica habitual". Además, se pidió desde Ferraz a Génova 13 “rebajar el tono, rebajar las tensiones”: “No tiene mucho sentido esta política de intentar inhabilitar a personas que no tienen nada que ver con tramas y con casos oscuros”, remachó Peña.

La aerolínea Air Europa ha sufrido un problema de ciberseguridad que habría afectado al entorno de pagos con el que se gestionan las compras a través de la web, según ha confirmado el equipo de sistemas de la compañía y recoge Europa Press.

Dicha alteración "fraudulenta" del flujo en el proceso de pago habría permitido la extracción de datos de las tarjetas de crédito de los clientes. Según la compañía, "no hay constancia de que la filtración haya terminado utilizándose para cometer ningún fraude".

La aerolínea asegura que "la detección y rápida intervención del equipo" para la aplicación del protocolo establecido en su plan de respuesta ha permitido bloquear la brecha de seguridad y prevenir la filtración de nuevos datos.

La compañía asegura que sigue analizando lo sucedido, la procedencia del ataque y el uso de la información sustraída, aunque hasta el momento no tiene constancia de que se haya cometido ningún fraude.

La aerolínea asegura que "la detección y rápida intervención del equipo" para la aplicación del protocolo establecido en su plan de respuesta ha permitido bloquear la brecha de seguridad y prevenir la filtración de nuevos datos.

La compañía asegura que sigue analizando lo sucedido, la procedencia del ataque y el uso de la información sustraída, aunque hasta el momento no tiene constancia de que se haya cometido ningún fraude.

Air Europa explica que los datos extraídos han sido "exclusivamente los asociados a las propias tarjetas en sí y no a los clientes". "En ningún caso los ciberdelincuentes han accedido a otras bases de datos de Air Europa ni han extraído otro tipo de información personal de los clientes", explican desde la aerolínea.

Los clientes afectados han recibido un email con las recomendaciones a seguir para minimizar cualquier posible incidencia. Según el correo que han recibido los usuarios, los datos sustraídos son el número de varias tarjetas, sus fechas de caducidad y el CVV.

"Ante el riesgo de suplantación de tarjetas y fraude que este incidente podría suponer, y en aras a proteger sus intereses, le recomendamos que siga los siguientes pasos", explica el correo electrónico.

En este email Air Europa recomienda a sus clientes que identifiquen la tarjeta usada para realizar el pago en la página web de la aerolínea y que se pongan en contacto inmediatamente con su entidad bancaria para cancelar la tarjeta que hayan utilizado para pagar con el objetivo de evitar "el posible uso fraudulento de su información".

La compañía insta a sus clientes a no facilitar información personal, su pin, nombre o cualquier otro dato personal a través de teléfono, mensaje o email, incluso cuando se identifiquen como su entidad bancaria.

Además recomienda no pinchar enlaces que le avisen de operaciones fraudulentas y ponerse en contacto directo con su entidad bancaria "por medios constatables". Por último recomiendan recopilar cualquier prueba de posible uso no autorizado de su tarjeta y denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La aerolínea ha pedido disculpas a todos los clientes afectados y se ha puesto a disposición de los usuarios que necesiten cualquier tipo de asesoramiento.

"Nuestro objetivo es evitar que situaciones similares se produzcan en el futuro, así como minimizar las posibles molestias que todo ello pueda causar", finaliza el correo electrónico remitido.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha denunciado este sábado que el inmovilismo de Air Europa ha frustrado la intermediación propuesta por el Ministerio de Trabajo para desbloquear el conflicto laboral tras las reuniones que las tres partes han mantenido esta semana y no descarta más jornadas de huelga, informa Europa Press.

A través de una nota de prensa, el sindicato ha señalado que la dirección de la compañía exigía, como condición para mantener la negociación, que los pilotos no pudiesen ejercer el "derecho legítimo" a la huelga hasta el 30 de septiembre y acelerasen la negociación del V convenio colectivo "a cambio de no reconocer ninguna de las reivindicaciones del colectivo".

Sepla ha expresado que resulta "desalentador" observar que la dirección empresarial "continúa negándose a encontrar una solución que finalice el conflicto laboral generado por los reiterados bloqueos de la empresa a las legítimas propuestas laborales y salariales planteadas por los trabajadores, después de sufrir durante los últimos once años una pérdida de poder adquisitivo".

Por su parte, los representantes de los trabajadores han reiterado su compromiso de conseguir un acuerdo y continuarán acudiendo a los espacios de negociación.

Air Europa ha cancelado nueve vuelos este sábado por la huelga de los pilotos que termina mañana y que, por el momento, ha causado la cancelación de un total de 145 en las dos últimas semanas.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha anunciado que demandará al Ministerio de Transportes por lo que consideran una aplicación "desproporcionada" de los porcentajes de los servicios mínimos fijados por el Gobierno en la huelga de pilotos Air Europa, fijada a partir del próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, recoge Europa Press.

A través de un comunicado Sepla ha indicado que la aplicación recurrente de los servicios mínimos por parte del Ejecutivo "es abusiva y nula". El Ministerio ha establecido que se deberán respetar el 100% de los vuelos destinados a labores de emergencia, mientras que las rutas domésticas hacia o desde territorios peninsulares deberán mantener hasta un 77% de los que partan desde Lanzarote o Tenerife Norte.

Para los trayectos de la península cuyo tiempo de desplazamiento en transporte público sea superior a cinco horas y los vuelos internacionales deberán respetarse unos servicios mínimos que van desde el 38% en vuelos de Bilbao, el 46% en Alicante, Barcelona y Sevilla y el 53% en Madrid.

El sindicato que acoge a casi 7.000 pilotos de todas las compañías aéreas de España señala que, con la definición de estos servicios mínimos, el Ministerio de Transportes "está vaciando por completo el derecho a la huelga y minimizando los efectos de esta", hasta el punto, dicen, de primar "la protección de los intereses de las aerolíneas frente a los pilotos, los trabajadores del sector aéreo y la ciudadanía".

En este escenario, Sepla y otros sindicatos de profesionales del transporte aéreo como la Unión Sindical Obrera (USO), el Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (Sitcpla) y la Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico (Asetma), se concentrará el 5 de mayo frente al Ministerio.

Los pilotos de la aerolínea comenzarán su huelga el próximo lunes 1 de mayo, festivo por ser el Día Internacional del Trabajador, unos paros que se extenderán durante los días 2, 4 y 5 de mayo en todas las bases y centros de trabajo en España.

Sepla publicó la convocatoria el pasado 19 de marzo tras haber avisado de su intención de parar durante los meses de mayo y junio ante el bloqueo de las negociaciones del el V Convenio Colectivo.

La huelga, según la organización, responde a la "tensión y conflicto laboral generados por los directivos de Air Europa" en la negociación del convenio, que fracasó también con la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima).

Facua-Consumidores en Acción ha advertido a todos los pasajeros que se vean afectados por la huelga que tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros y a la devolución del importe del billete y de los gastos que hayan tenido que asumir si su vuelo se cancela.

International Airlines Group (IAG) ha acordado con Globalia la adquisición del 80% restante del capital social de Air Europa por 400 millones de euros, conforme ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según informa Europa Press.

De este modo, el grupo aéreo propietario de Iberia se hace con el 100% de la aerolínea de la familia Hidalgo por un total de 500 millones de euros, después de que el pasado 16 de agosto hiciera efectiva la conversión de un préstamo no garantizado de 100 millones de euros a siete años a Globalia en una participación del 20% en el capital de AirEuropa.

IAG ha detallado que los primeros 200 millones de euros se pagarán cuando se reciba la aprobación por parte de las autoridades de Competencia, 100 millones de euros en acciones ordinarias de IAG y 100 millones de euros en efectivo.

El segundo y tercer año después de la fecha de aprobación de la operación se abonarán otros 100 millones de euros cada uno de ellos. El acuerdo está sujeto a aprobaciones regulatorias y de otro tipo, lo que podría llevar alrededor de 18 meses.

El consejo de administración de IAG cree que la adquisición continúa siendo "estratégicamente importante" para el futuro de IAG y posiciona al Grupo para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento en el mercado de Latinoamérica y Caribe, así como incrementar la conectividad con Asia.

Entre los beneficios de la adquisición figuran que transforma el hub de IAG en Madrid para que pueda competir con los mayores hubs de Europa, mejora la posición de IAG en el "altamente atractivo" mercado de Europa a Latinoamérica y Caribe y permite a la compañía abrir rutas a nuevos destinos en Asia.

Asimismo, considera que brinda beneficios "significativos" para los clientes, al brindar más oportunidades de red y proporcionar acceso al esquema de fidelización Avios de IAG, además de ofrecer sinergias significativas, en línea con las obtenidas en adquisiciones anteriores, que se alcanzarán entre los años 2026 y 2028, asumiendo que el cierre de la operación se produzca en alrededor de 18 meses.

A este respecto, IAG recuerda que tiene una sólida trayectoria de maximización de sinergias en adquisiciones anteriores.

Al completarse la transacción, la marca Air Europa se mantendrá bajo la gestión de Iberia. El grupo aéreo destaca la fórmula en que se abonará la transacción con un pago aplazado hasta la aprobación de la operación y uno o dos años después, y cree que tendrá un impacto limitado previsto en el ratio de apalancamiento financiero de IAG.

Luis Gallego, consejero delegado de IAG, considera que este acuerdo permitirá al hub de Madrid de IAG "competir en igualdad de condiciones con otros hubs europeos y consolidar su posición en el Atlántico Sur. Madrid es la principal puerta de entrada entre América Latina y Europa y existen oportunidades de ampliar su red, proporcionando importantes beneficios a nuestros clientes, empleados y accionistas".

La adquisición ofrecerá a IAG la oportunidad de generar valor en tres ámbitos clave, como son la integración de Air Europa en la actual estructura de hub de Iberia en Madrid, la creación de vínculos comerciales entre Air Europa y otras compañías operadoras de IAG, además de la inclusión en los negocios conjuntos de IAG y el hecho de que Air Europa se beneficiará de los servicios comunes de IAG Loyalty e IAG Cargo y de la tecnología y los servicios de compras de IAG.

El pago consistirá en 100 millones de euros en acciones ordinarias de IAG al cierre de la adquisición basado en el precio de referencia medio de las acciones de IAG en el mercado español en las cinco sesiones de bolsa de valores inmediatamente anteriores a la fecha del acuerdo y 100 millones de euros en efectivo en el momento del cierre.

La cuantía total de la transacción ascenderá a 500 millones de euros por el 100% del capital social emitido de Air Europa. El acuerdo está sujeto a que Globalia reciba la aprobación de los bancos sindicados que facilitaron el contrato de préstamo parcialmente garantizado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

IAG ha acordado pagar un break-fee de 50 millones de euros si rescinde el acuerdo en cualquier momento antes de la fecha de cierre o si no se cumplen las condiciones para el cierre antes del segundo aniversario de la fecha del acuerdo. Además, IAG conserva el derecho de salida junto con Globalia en caso de que venda Air Europa a un tercero tras la rescisión del acuerdo.

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

Iberia, aerolínea del grupo International Airlines Group (IAG), ha cerrado la compra de Air Europa al grupo Globalia por un importe de 500 millones de euros a pagar en seis años.

La compraventa supondrá una reducción del 50% en comparación con el precio inicialmente acordado en noviembre de 2019, cuando el valor de la operación ascendía a 1.000 millones de euros, informe Europa Press. 

Los nuevos términos del acuerdo derivan de la situación provocada de la pandemia de coronavirus y su impacto en la industria de la aviación, que ha sido notable sobre las cuentas de Air Europa. En concreto, la aerolínea de Globalia fue rescatada el pasado octubre por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) por 475 millones.

Así, la aerolínea presidida por Luis Gallego ha indicado que "en el corto plazo" tiene intención de iniciar conversaciones con la SEPI sobre las condiciones no financieras asociadas a este rescate. De este modo, los términos revisados del acuerdo están condicionados a una negociación satisfactoria entre ambas partes, según ha indicado IAG a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La adquisición, que se espera esté cerrada en la segunda mitad del año y deberá recibir además del visto bueno de la Comisión Europea, se espera que "genere sinergias significativas de costes e ingresos, similares a las originalmente previstas y que ahora se esperan alcanzar en 2026" y que tenga un impacto positivo en los resultados de IAG en el primer año completo después del cierre de la operación.

Igualmente, prevé que la compra "aporte un valor considerable al grupo a través de la generación de sinergias antes del pago de la cuantía acordada en el sexto aniversario tras el cierre de la operación y genere para entonces retornos sobre el capital invertido en línea con los alcanzados históricamente por IAG".

En concreto, ha señalado que esta compra continúa siendo considerada como "estratégicamente importante" para el futuro de IAG e Iberia. En este sentido, destaca como beneficios la mejora del posicionamiento del hub de IAG en Madridhub, transformándolo en un verdadero rival frente a Ámsterdam, Frankfurt y París Charles de Gaulle; la posibilidad de nuevas oportunidades de crecimiento de la red; e importantes beneficios para el cliente al ofrecer más opciones de destinos y flexibilidad de horarios, además de acceso a un programa de fidelización más amplio.

También ha recalcado que la adquisición de Air Europa posiciona al grupo "para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento" que se producirán con la recuperación de la industria frente al impacto sin precedentes de la crisis del covid-19.

En este sentido, el holding de aerolíneas ha subrayado que adquirirá Air Europa "en un momento en que la recuperación de los viajes aéreos podría ser significativa con el despliegue de las vacunas covid-19 en todo el mundo". "Se espera que las salidas netas de caja de esta transacción a IAG sean mínimas en 2021 y que los flujos netos de efectivo sean positivos hasta al menos el reembolso del préstamo de SEPI en 2026 cuando se espera que las sinergias de fusión alcancen su pleno rendimiento", ha alegado.

Tras el anuncio de la operación, el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, se ha mostrado satisfecho de haber alcanzado un acuerdo para aplazar el pago "hasta bien entrada la recuperación esperada en los viajes aéreos tras el final de la pandemia y cuando esperamos estar obteniendo sinergias significativas como resultado de la transacción".

"Tanto Iberia como IAG están demostrando su capacidad de recuperación para afrontar la crisis más profunda en la historia de la aviación. Formar parte de un gran grupo es la mejor garantía para superar los desafíos del mercado actual que también beneficiarán a Air Europa una vez que se complete la transacción", ha añadido.

Javier Sánchez-Prieto, consejero delegado de Iberia, ha destacado que se reforzará la competitividad del hub de Madridhub en un escenario global, beneficiará a los consumidores y mejorará la viabilidad de Air Europa, beneficiando a los empleados de ambas aerolíneas.

"Esta transacción supone un gran esfuerzo de todos y es la mejor forma de recuperar el turismo, el transporte en España y el hub de Madrid", ha recalcado por su parte el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo.

Air Europa, que tiene actualmente una flota operativa de 52 aviones —todos ellos, menos uno, en régimen de arrendamiento operativo, que, según los cálculos de IAG, supondrá 1.600 millones de euros—, contaba a cierre de 2019 con activos brutos por valor 967 millones de euros, con unos ingresos atribuibles de 2.100 millones de euros, un beneficio operativo de 71 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 42 millones de euros.

Con la operación, en España, Iberia tomará el control total del gran hub del aeropuerto de Madrid-Barajas, y en Latinoamérica, reforzará su liderazgo en las conexiones con Europa, gracias a la compañía aérea del grupo Globalia que había emprendido allí un ambicioso plan de expansión.

Air Europa mantendrá su marca y se convierte en la sexta aerolínea del grupo, integrado además por British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level.