La terraza del Medusa Beach Club, que se derrumbó la pasada semana en Playa de Palma causando cuatro muertos y 16 heridos, no disponía de licencia de actividad ni de ocupación. Lo ha confirmado este martes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de varios informes emitidos por los departamentos municipales de Obras, Actividades, Disciplina Urbanística, Protección de la Edificación y Bomberos, según recoge Europa Press.

Martínez ha adelantado que el Consistorio dará traslado del contenido de estos informes a la Policía Nacional y a la Fiscalía y que, en caso de abrirse una causa penal, se personará.

El jefe de Bomberos de Palma, Eder García, por su parte, ha apuntado como principal hipótesis del derrumbe a la suma de los sobrepesos provocados por unas obras anteriores y por una sobrecarga de comensales. Sobre este último extremo, García ha apuntado a la posibilidad de que una recolocación puntual de las mesas para acoger a un grupo de 12 personas acabara por provocar el colapso que desembocó en el derrumbe. En la terraza, ha añadido, habría en aquel momento una veintena de personas.

Respecto al contenido de los informes, el del área de Actividades confirma que la planta sótano dispone de licencia de bar musical, la planta baja tiene licencia de restaurante, mientras que la terraza, como ha adelantado el alcalde, no tiene ni licencia de actividad ni de ocupación.

El informe de Obras, por su parte, constata que no había ninguna solicitud de licencia de obras y el de Disciplina Urbanística, que se abrieron expedientes en 2013, aunque ninguno referido a la zona concreta del derrumbe. Sin embargo, en aquel año sí que se hicieron unas obras en el local que, entre otras medidas, supusieron la aplicación de una capa de mortero de unos cuatro o cinco centímetros y el recubrimiento de baldosas en la terraza, lo que provocó el sobrepeso al que se ha referido el jefe de Bomberos. Aquellas obras se hicieron a pesar de la solicitud de la actuación había caducado.

A raíz de aquella obra se abrió un expediente sancionador. Esta obra afectó a toda la cubierta superior a excepción de los dos extremos. Es decir, se reformó la parte de arriba del forjado, a excepción de la parte que colapsó.

Los Bomberos investigan igualmente cuántos kilos podía soportar realmente esta terraza y para ello están analizando partes del forjado y la vigueta con los que realizar algunas pruebas de laboratorio. Así se podrá definir completamente dónde se produjo la rotura y las causas exactas.

En 2023, además, el inmueble recibió una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable, aunque no se comprobó si la propiedad había ejecutado las actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias.

En este punto, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha apelado a la responsabilidad de los propietarios. "La solución sería poner un funcionario en la puerta de cada uno de los 5.000 locales que hay en Palma. Parece una obviedad, pero no se pueden hacer obras ilegales ni se pueden llevar a cabo actividades prohibidas en locales de pública concurrencia que no tengan licencia de actividad", ha reiterado. Según han añadido, una decena de funcionarios se encargan de estas cuestiones.

El primer edil ha anunciado además el inicio de una campaña, ya prevista, de controles en la zona. Será una campaña transversal, que afectará a diversas áreas municipales. En este punto, Martínez ha aprovechado para reiterar la necesidad de que se acometan inversiones para la transformación de zonas turísticas maduras, como Playa de Palma.

Cabe recordar que el derrumbe de la terraza del Medusa Beach Club, en la calle Cartago de Playa de Palma, provocó la muerte de dos turistas alemanas y dos trabajadores, senegalés y española, además de 16 heridos de diversa consideración, uno de los cuales sigue ingresado en planta. Además, el Ayuntamiento de Palma correrá con los gastos de la repatriación de dos de las víctimas a Senegal.

El 22 de junio de 2021 a las 14:33 la vida del candidato a la presidencia egipcia Ayman Nour ya no tiene secretos para los servicios secretos de su país. Su teléfono acaba de ser infectado con Predator, un programa espía, similar a su competidor israelí Pegasus, que es capaz de succionar todos los datos del móvil y convertir el aparato en un chivato, activando el micrófono y la cámara. Ayman Nour cometió el error de hacer clic en un enlace malicioso recibido por WhatsApp, que remitía a un artículo de prensa falso redactado especialmente para él: “Turquía pide a los canales de televisión de la oposición egipcia que dejen de criticar a Egipto”.

Desde que huyó de su país justo después del golpe de Estado de 2013 que llevó al poder al dictador Abdulfatah al-Sisi, este excandidato presidencial, conocido por sus posiciones laicas y su defensa de los derechos humanos, se exilió en Turquía, donde dirige El Sharq TV, un canal de televisión crítico con el régimen egipcio.

Primero notó extraños fallos en su teléfono. Pero, cuando un canal de televisión egipcio reveló algunas de sus conversaciones privadas, empezó a temer por su vida. El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que se ha dedica a investigar las relaciones entre nuevas tecnologías y derechos humanos, probó su dispositivo y confirmó sus temores: Ayman Nour era, en efecto, víctima de Predator.

Predator Files, una investigación basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y coordinada por la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, con la asistencia técnica de Amnistía Internacional, revela que el grupo francés Nexa vendió el programa espía Predator, desarrollado por la empresa israelí Intellexa, al menos a tres autocracias: Egipto, Vietnam y Madagascar.

Los documentos a los que ha tenido acceso EIC prueban que Egipto compró por 9,4 millones de euros, en el verano de 2021, el software Predator de Intellexa, una compañía basada principalmente en Europa, pero pilotada por exprofesionales de los servicios secretos israelíes. En 2019, Intellexa selló una alianza con el grupo francés Nexa, que lleva años en el punto de mira de dos investigaciones judiciales por “complicidad en torturas” relacionadas con la venta de sistemas de vigilancia masiva por Internet a Libia y Egipto.

Jueces instructores y gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH) de Francia han descubierto que fueron directivos de Nexa quienes cerraron la venta de Predator a los servicios secretos del mariscal Al-Sisi. “¿Quieres ir a juicio y que salga en la prensa [la existencia del contrato de Predator]? ¡Estáis locos! [...] Si volvemos a las andadas, estamos acabados, estamos muertos”, advirtió el director de Nexa, Stéphane Salies, el 3 de junio de 2021 en una conversación telefónica.

Salies también admite entonces que es perfectamente consciente de que sus clientes pueden hacer “casi cualquier cosa” con los programas de pirateo telefónico vendidos por Intellexa, visto “lo que pasó en Arabia Saudí” con el asesinato del periodista [Jamal] Khashoggi”. “Puede hacer mucho daño. [...] Basta con uno o dos errores y nos llevaríamos un fuerte bumerán en la cabeza”, avisa, claramente más preocupado por los riesgos para su negocio que por las víctimas como Ayman Nour.

Pero los Predator Files van mucho más allá del caso egipcio. Revela los métodos sin escrúpulos utilizados por las empresas que integran la alianza Intellexa/Nexa para vender potentes herramientas de vigilancia a países autoritarios como Vietnam, Madagascar, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Incluso burlando la ley, como hizo Nexa al firmar en 2020 un contrato con el mariscal Haftar en Libia, violando el embargo de armas a un régimen no reconocido por la comunidad internacional.

Hace dos años, el escándalo Pegasus, revelado por Forbidden Stories, mostró cómo se utiliza la piratería telefónica para espiar a opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Y cómo Israel utilizó Pegasus para sanear su relación con las dictaduras.

Con los Predator Files le toca ahora el turno a Europa. Intellexa se jacta en su página web de que el grupo está “regulado por la Unión Europea”, como garantía de limpieza. En realidad, por cinismo y para no dejar el campo libre a estadounidenses e israelíes, los gobiernos europeos hacen la vista gorda ante los excesos de sus empresas de cibervigilancia.

En Francia, donde Nexa gozaba de excelentes relaciones con los servicios secretos y los ministerios, la empresa incluso tenía acceso al presidente Emmanuel Macron, y utilizó a su antiguo asesor Alexandre Benalla como intermediario para intentar vender sus productos a Arabia Saudí, a pesar del asesinato de Jamal Khashoggi.

Europa se ha convertido en un refugio seguro para los vendedores de programas espía, así como en una “plataforma para su exportación a dictaduras y regímenes opresores”, según denunció el pasado mes de mayo el informe de investigación de la comisión PEGA del Parlamento Europeo, creada a raíz del caso Pegasus. El 18 de julio, el Gobierno estadounidense incluyó a Intellexa en su lista negra. Pero el informe de la comisión PEGA no suscitó ninguna reacción en Europa.

La investigación de EIC demuestra que si Nexa y su aliado Intellexa han podido prosperar es gracias a la pasividad, incluso la complicidad, de varios países europeos, a pesar de los numerosos escándalos. En 2022, Intellexa fue condenada en Chipre por recopilación ilegal de datos. Unos meses más tarde, estallaba en Grecia el escándalo Predatorgate, tras revelar la prensa que los servicios secretos habían infectado los teléfonos de decenas de personalidades, entre ellas políticos de la oposición y periodistas.

En Francia, gracias a los esfuerzos de dos ONG se abrieron dos investigaciones judiciales desde 2013, que desembocaron en la inculpación por “complicidad en torturas”, en junio de 2021, de Nexa y sus principales directivos. Muchos de los documentos en los que se basa Predator Files proceden de esas investigaciones. Los responsables de la empresa niegan los hechos de los que se les acusa. “En mi alma y en mi conciencia intento hacer el bien”, declaró el dueño de Nexa cuando le interrogaron los gendarmes.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por los medios de EIC y sus socios en esta investigación por ponerse en contacto con los directivos de Intellexa, éstos no han respondido. Los responsables de Nexa enviaron una respuesta general denunciando “acoso mediático y judicial”. Dicen que siempre han respetado “escrupulosamente la normativa”. Aunque admiten haber vendido a países que “distaban mucho de ser perfectos desde el punto de vista del Estado de Derecho”, precisan que a menudo se trataba de una consecuencia de las “opciones políticas” de Francia: “En varios de los países conflictivos que menciona, no sólo obtuvimos el permiso de exportación, sino que nos limitamos a seguir la vía de la estrecha cooperación iniciada por Francia con esos mismos países”.

Las empresas y personas implicadas en la investigación impugnan los hechos que se les imputan y se benefician de la presunción de inocencia.

Todo empezó con Amesys, la antecesora de Nexa. En 2007, la empresa desarrolló para el dictador libio Muamar El Gadafi el software Eagle, el “primero del mundo” capaz de vigilar Internet “masivamente a escala de todo un país”, según presume un folleto de la propia compañía.

Oficialmente, se trata de luchar contra el terrorismo. En realidad, la Justicia francesa sospecha de que el objetivo era localizar, detener y torturar a los opositores. Los gendarmes encargados de la investigación judicial señalan que las propuestas hechas a los países clientes son “siempre muy explícitas en el aspecto de la interceptación masiva”. Por ejemplo, un folleto comercial detalla las preguntas a las que puede responder la vigilancia de Eagle: “¿Cuál es la vida digital de su población? Contactos, amigos, proveedores, socios... ¿Quién está en contacto con quién en su país?”.

Según un documento interno, Francia adquirió el sistema en 2007. Sin embargo, no se sabe con qué fin ni qué servicio lo ha utilizado. En cuanto a los primeros clientes a los que se exportó, se trata, como reveló el sitio Reflets.info, principalmente de dictaduras amigas de Francia, como Guinea, Marruecos y Gabón.

Eagle también se vendió a varios regímenes apreciados por el presidente Nicolás Sarkozy, en un contexto de casos de corrupción: Qatar, poco antes de la atribución de la Copa del Mundo de fútbol, el Kazajstán de Nursultan Nazarbayev, en la época del Kazakhgate, y Libia. La venta de Eagle es considerada por la Justicia francesa como una de las contrapartidas concedidas por Nicolas Sarkozy al coronel Gadafi en la supuesta financiación libia de su campaña electoral de 2007 por la que está siendo juzgado.

En 2011, tras la guerra en Libia y la muerte de Gadafi, la prensa reveló la existencia del sistema Eagle. La Liga de Derechos Humanos (LDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaron una denuncia. Batallaron durante dos años contra la fiscalía, visiblemente deseosa de enterrar el caso, antes de conseguir la apertura de la investigación judicial por complicidad en tortura. El escándalo puso de rodillas a Amesys: los directivos recibieron correos electrónicos insultantes, los bancos cerraron sus cuentas, la empresa no podía contratar personal.

Así que dos de sus directivos, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, se libraron entonces con una hábil maniobra: en 2012 crearon una nueva empresa llamada Nexa, que compró el software Eagle, y lo rebautizaron como Cerebro.

Tras este sencillo ajuste, todo vuelve a ser como antes. Un documento interno muestra que, ya en 2014, Nexa consiguió contratos con varios ministerios franceses y con la DGSE –los servicios franceses de inteligencia exterior–, lo que también ayudó a la empresa a vender sus productos en el extranjero.

Nexa desarrolla sondas que interceptan voz, tráfico de internet, teléfonos por satélite, así como IMSI catchers, unos dispositivos capaces de captar teléfonos móviles en un radio de unos cientos de metros. Todos estos sistemas pueden conectarse a Cerebro, que analiza todas las interceptaciones para lograr una “vigilancia global” digna del Gran Hermano, detalla Nexa en un aterrador folleto promocional.

Es una historia de éxito. Según documentos internos analizados por Mediapart, Nexa obtuvo, entre 2012 y 2021, al menos 30 contratos en más de 20 países. Hay democracias europeas –Suiza, Austria, Alemania, también España–, pero la mayoría de los clientes son regímenes autoritarios o problemáticos: Omán, Qatar, Congo Brazzaville, Kenia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Pakistán, Jordania, Vietnam...

Preguntados al respecto por EIC, Stéphane Salies y Olivier Bohbot responden que “nunca hubo contrato y/o entrega” con algunos de estos países, sin precisar cuáles.

Durante su detención policial, los dirigentes de Nexa aseguraron que actuaban en la más estricta legalidad. “No juzgo la naturaleza democrática del cliente, confío en el gobierno que me autoriza a vender”, declaró el número tres del grupo, Renaud Roques. “Nuestras soluciones están sujetas a autorización, que examinan las autoridades francesas”, añadió el copropietario y número dos de Nexa, Olivier Bohbot.

La policía intentó comprobarlo. En julio de 2021, pidieron al SBDU, el organismo dependiente del Ministerio de Economía francés que expide las licencias de exportación, todos los permisos concedidos a Nexa en los últimos 10 años. El SBDU sólo informó de tres, para Egipto, Qatar y Singapur.

¿Cómo es posible? Predator Files demuestra que el grupo eludió a las autoridades francesas obteniendo licencias en otros países, en particular de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Cuando refundó el grupo en 2012, Stéphane Salies creó en realidad dos empresas: Nexa, en París, y Advanced Middle East Systems, en Dubái, uno de los Emiratos. Oficialmente, las dos empresas no tienen ninguna relación. En realidad, son empresas hermanas, y Advanced Systems era simplemente una “oficina de ventas” de Nexa, según aparece en sus documentos internos.

Los directivos de Nexa afirman haber creado una oficina en Dubái por razones de “proximidad con los clientes”. Un documento interno menciona más bien las ventajas “fiscales” y “estratégicas”: “Sin impuesto de sociedades, sin cargas sociales, [...] sin más problemas con la prensa, más flexibilidad en los procedimientos de exportación”.

El jefe de Nexa, Stéphane Salies, es aún más explícito en una carta de 2014 enviada al ISI, el servicio de inteligencia de Pakistán: “Las autoridades de la Unión Europea han reforzado las futuras restricciones a la exportación de tecnologías cibernéticas y de interceptación. [...] Afortunadamente, para Advanced Systems, estos problemas [...] están completamente eliminados. Toda nuestra propiedad intelectual pertenece al 100% a nuestra entidad en los Emiratos Árabes Unidos, por lo que no hay [...] riesgo de que se deniegue una licencia de exportación”.

Un portavoz del Gobierno emiratí asegura a EIC que es “categóricamente falso” que haya concedido “licencias de exportación para vender programas espía”. “Los Emiratos Árabes Unidos niegan rotundamente cualquier acusación de que haya facilitado la venta de cualquier sistema de vigilancia a cualquier país”, subraya. “Los Emiratos", añade, “disponen de un marco legal de control de las exportaciones y supervisan continuamente la exportación de productos de doble uso”.

El grupo francés elige vender desde Nexa o Advanced Systems “dependiendo del país receptor”, señalan los gendarmes. En 2015, un gerente de la firma gala creía que una solicitud de licencia “iba a quedar bloqueada”. “No, aquí no, lo vendo desde Advanced Systems”, respondió su comercial con oficina en Dubái. Según una auditoría interna de los procedimientos de exportación, el acuerdo de licencia entre Nexa y Advanced Systems se envió a la SBDU, que “nunca puso objeciones a su contenido”. En otras palabras, el Ministerio de Economía parece haber autorizado de facto a Nexa a exportar desde Dubái, sin ningún control por parte de Francia.

Un ejemplo parece confirmar que el Gobierno francés hizo la vista gorda ante esta trama: el megacontrato celebrado en 2014 con Egipto. El año anterior, un golpe militar había derrocado al presidente electo Mohamed Morsi, de los islamistas Hermanos Musulmanes. El Gobierno de los Emiratos, opuesto a la Hermandad, decidió ofrecer al nuevo dictador, el mariscal Sisi, tecnologías made in France para consolidar su poder: un sistema de vigilancia masiva de las comunicaciones de voz, suministrado por Ercom –hoy filial de la también francesa Thales–, así como el software Cerebro de Nexa para la vigilancia de internet, facturado por 15,6 millones de euros.

Fue Nexa la empresa que ejecutó el contrato de principio a fin. Pero en su solicitud de licencia al SBDU, la firma francesa indica que no vendió nada y que se limitó a prestar “servicios” a Advanced Systems para instalar el sistema en Egipto. El SBDU lo validó, a pesar de que el ministerio conocía los vínculos entre ambas empresas.

En un correo electrónico enviado a los gendarmes, el director del SBDU, visiblemente avergonzado, se justificó indicando que, a diferencia de la venta de material de vigilancia, la prestación de “servicios” no está regulada; por tanto, no está sujeta a licencia y no puede prohibirse “por razones vinculadas, por ejemplo, a los derechos humanos”.

“La creación de nuestras empresas nunca tuvo por objeto eludir la legislación”. francesa, responden Stéphane Salies y Olivier Bohbot a Mediapart. “La reglamentación emiratí en materia de exportación es la misma que en la Unión Europea (los acuerdos de Wassenaar) y ya hemos recibido denegaciones de [licencias de] exportación de esta administración”, añaden.

El diagnóstico que hace la policía es serio. En un sucinto informe, considera que las solicitudes de licencia de Nexa no son lo suficientemente específicas “sobre los materiales o servicios suministrados”, en particular en lo que se refiere a las capacidades de vigilancia masiva de Cerebro. “También es importante señalar que el SBDU no solicita ninguna información adicional a estas solicitudes y acepta la mayoría de las solicitudes de Nexa “, concluyen. Contactado por Mediapart, el SBDU se negó a responder a sus preguntas.

En cualquier caso, los documentos internos a los que EIC ha tenido acceso sugieren que Nexa no parecía preocupada ni por los derechos humanos ni por el estricto cumplimiento de la normativa. Durante el tiempo en que permaneció bajo custodia, Stéphane Salies aseguró que se negaba a vender a las peores dictaduras: “Por ejemplo, si la petición fuera para Birmania [antiguo nombre de Myanmar], la respuesta sería: no, no vendería”. Los gendarmes, sin embargo, encontraron un proyecto llamado Migale con Myanmar.

En Advanced Systems, los vendedores disponían incluso de una “prima excepcional” equivalente al “4% del margen generado” si conseguían vender a tres “países de riesgo”: Irak, Afganistán y Libia, aun cuando este último país está sometido a un embargo internacional de armas. Lo que no impidió a Nexa vender material de vigilancia al mariscal Haftar, que gobierna en el este de Libia y cuyo poder no es reconocido por la comunidad internacional. Este contrato se firmó en 2020, a pesar de que la empresa francesa no había solicitado licencia.

En Nexa, las licencias de exportación las gestiona Aline B., la secretaria de Stéphane Salies. En 2015 su superior le dijo, durante su entrevista de evaluación, lo que se esperaba de ella: “Actúa como salvaguarda de las exportaciones siendo lo más inteligente posible. Contamos contigo para guiarnos, pero tu papel también es encontrar soluciones”.

El mensaje se recibe alto y claro. En octubre de 2017, el número tres de Nexa, Renaud Roques, quiso enviar un IMSI catcher a Arabia Saudí para una demostración. Para ello necesita una licencia de exportación temporal, de la que no dispone. Aline B. le responde que tiene autorización para Kenia. “Vas a Kenia con él y luego vas a Arabia Saudí. [...] Si quieres una solución, aquí la tienes”.

En 2016, Renaud Roques contó cómo se disponía a volar a Argel con una sonda de vigilancia de Internet como “equipaje facturado”, mintiendo sobre su naturaleza: “Simplemente declaramos un servidor”. Dos años más tarde, Stéphane Salies quería que uno de sus comerciales hiciera una demostración en Vietnam sin licencia. Aline B. le respondió que eso era imposible. “A menos que te arriesgues con el equipaje de mano, cosa que ya hemos hecho muchas veces”, replica su jefe.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot no contestaron a las preguntas de EIC sobre estos casos concretos, aunque indicaron que sus empresas “respetaban escrupulosamente la normativa de exportación”.

Pero surge una nueva amenaza. En 2017, la revista francesa Télérama reveló la existencia del contrato firmado tres años antes con Egipto. La Liga de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron una nueva denuncia, que desencadenó la apertura de una segunda investigación judicial por complicidad en torturas.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot contestan al respecto que, al haber obtenido “una autorización del SBDU”, consideraban que Cerebro “podía exportarse con total normalidad”: “Tanto más en el caso de un país como Egipto, con el que las autoridades francesas ensalzaban una intensa cooperación. [...] No se puede, por una parte, autorizar y animar a una empresa a concluir un contrato con un Estado y, algunos años más tarde, perseguirla penalmente por haber concluido precisamente este contrato”.

Para Stéphane Salies, las denuncias judiciales ya son demasiado: dimite de su cargo de director general de Nexa, dejando las riendas a su socio, Olivier Bohbot. Salies sólo conserva su cargo como jefe de Advanced Systems. En 2018, se trasladó a Dubái “por problemas con los medios de comunicación”, declaró luego a la policía.

Bajo el sol de Emiratos, Stéphane Salies vive a lo grande. Gana 25.000 euros al mes y conduce un Porsche Macan y un Mercedes GT, adquiridos por 170.000 euros. También invirtió más de seis millones de euros en tres propiedades, entre ellas una casa de cuatro millones en las afueras de París y una villa de 1,5 millones en Dubái.

Además, la nueva investigación judicial no perjudica las buenas relaciones de Nexa con el poder. El número tres del grupo, Renaud Roques, participó en la campaña presidencial de Emmanuel Macron en 2017. Casualmente, dos meses después de las elecciones, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) autorizó a Nexa a “celebrar contratos [...] a nivel confidencial de defensa” con el GIC, el organismo dependiente del gabinete del primer ministro francés que supervisa las escuchas telefónicas realizadas por los servicios secretos, al margen de procedimientos judiciales.

Un año más tarde, Nexa consiguió una reunión con Emmanuel Macron y su polémico –y condenado– consejero Alexandre Benalla, y luego pidió a este último que le ayudara a vender sus productos a Arabia Saudí. Ni el Elíseo ni la SGDSN ni Alexandre Benalla han respondido a EIC sobre estos asuntos. Renaud Roques tampoco ha contestado. Stéphane Salies y Olivier Bohbot indican que no pagaron a Alexandre Benalla ni firmaron ningún contrato gracias a él.

En 2019, Nexa adquirió a uno de sus competidores, Trovicor. Son pájaros con el mismo plumaje: esta empresa, antes alemana, trasladó su sede a Dubái tras quedar al descubierto por vender sistemas de vigilancia a dictaduras como Irán y Siria. El grupo francés aprovechó la ocasión para rebautizarse como Trovicor Intelligence, con la esperanza de olvidar el nombre de Nexa, manchado por la investigación judicial sobre el contrato egipcio.

Convertida en un peso pesado europeo, Nexa está en su cénit. Al menos, en apariencia. Porque, en realidad, el año 2018 fue catastrófico para el grupo: su facturación se dividió por tres en un año, pasando de 23 a ocho millones de euros. El problema es estructural: debido al desarrollo de la encriptación en internet, Cerebro, su producto estrella, se está quedando ciego. No puede leer los mensajes cifrados. Así que Nexa debe entrar en un nuevo mercado, popularizado por la empresa israelí NSO y su software Pegasus: el hackeo de teléfonos móviles.

La salvación de Nexa vendrá de la mano de un israelí: Tal Dilian. Este antiguo oficial tiene 25 años de carrera en el Tsahal, las fuerzas armadas de Israel, primero en los comandos y luego como jefe de la mítica Unidad 81, donde trabajan los hackers de élite de la inteligencia militar israelí. Obligado a abandonar el ejército en 2003 tras ser acusado de malversación de fondos, Tal Dilian se lanza al negocio de la vigilancia. Y se establece en Europa para no estar sometido a los controles del Gobierno israelí.

El exoficial se instala primero en Chipre, donde en 2008 cofunda la empresa Circles, experta en geolocalizar teléfonos móviles. Circles acabó fusionándose con NSO, la creadora de Pegasus, tras su reventa en 2014 por 130 millones de dólares. Con varios inversores, entre ellos su amigo Oz Liv –también exjefe de la Unidad 81– y el empresario israelí Meir Shamir, funda el grupo Aliada, registrado en las Islas Vírgenes Británicas. Entre las empresas que lo forman está Wispear, con sede en Chipre y especializada en infiltrarse en teléfonos vía wifi.

En 2018, Tal Dilian adquiere la nacionalidad maltesa, lo que le permite vivir en la Unión Europea. Ese mismo año, su grupo se hace con el control de Cytrox, una start-up especializada en hacking y fundada por israelíes y un húngaro en Macedonia del Norte, un pequeño país balcánico situado al norte de Grecia.

Cytrox se encontraba entonces al borde de la quiebra. Pero gracias a los fondos aportados por inversores alemanes, Tal Dilian y sus hombres consiguen comprar fallos de seguridad; es decir, vulnerabilidades presentes en el código informático del software que hace funcionar los teléfonos móviles y que permiten hacerse con su control. Así es como Cytrox consigue crear el formidable Predator.

Sin embargo, es menos potente que su competidor Pegasus, que infecta en zero-click, sin que sea necesaria ninguna acción del usuario. Predator inicialmente sólo funcionaba en one- click, si el objetivo hacía clic en un enlace malicioso.

Un documento de los Predator Files muestra que Nexa comenzó a cooperar ya en 2018 con Tal Dilian para resolver este problema. Los dos grupos desarrollaron una “furgoneta de pirateo”. Gracias a la tecnología wifi de Wispear y a un potente IMSI catcher proporcionado por Nexa, la furgoneta puede inyectar Predator en teléfonos en modo zero-click, en un radio de aproximadamente 500 metros. En el sector, es el santo grial. “Zero-click, creo que eso es lo que impulsa las ventas hoy en día”, dice el número tres de Nexa, Renaud Roques, por teléfono.

En febrero de 2019, un comunicado de prensa anuncia el lanzamiento de Intellexa, una “alianza” entre Nexa y el grupo de Tal Dilian. Su ambición es crear un líder europeo, capaz de ofrecer a los gobiernos todas las herramientas de vigilancia posibles. Seis meses más tarde, Tal Dilian declaraba, en una entrevista a la revista Forbes, que la empresa tenía como objetivo unas ventas anuales de 500 millones de dólares. En cuanto a las ventas a dictadores, afirmaba, como los traficantes de armas, que la culpa es de los clientes: “Trabajamos con los buenos. Y a veces los buenos no se comportan”.

Entonces Tal Dilian organiza, para los periodistas de Forbes, una demostración filmada de su furgoneta en una calle de Larnaca, en Chipre. “Los rastrearemos, los interceptaremos, los infectaremos”, dice refiriéndose a dos colegas apostados en el exterior. Unos segundos después, el contenido de uno de los teléfonos aparece en una pantalla dentro de la furgoneta.

El vídeo provocó un escándalo. Las autoridades chipriotas confiscaron la furgoneta y abrieron una investigación. A la empresa de Tal Dilian se le impuso una simple multa por haber robado los datos de 600 personas. El israelí abandona inmediatamente el país y establece su nueva sede en Grecia.

Los documentos de una demanda interpuesta por uno de sus antiguos socios en Israel, muestran, además, que posteriormente hizo sus actividades aún más opacas.

En el verano de 2020, su grupo cambió de nombre a Intellexa, y las sociedades operativas se transfirieron a una empresa irlandesa llamada Thalestris. Los accionistas se ocultan tras un apoderado suizo, Andrea Gambazzi, un proveedor de servicios financieros con sede en Lugano. La directora de la empresa matriz del grupo es ahora Sara Hamou, una abogada polaca que no es otra que la socia de Tal Dilian. Oficialmente, el antiguo oficial israelí ya no es el director, sino un simple “consejero” de Intellexa.

EIC ha encontrado su rastro en Suiza, en Champéry, un encantador pueblo de montaña del cantón francófono de Valais, a seis kilómetros en línea recta de la frontera francesa. Varias pistas atestiguan su presencia: invirtió en una empresa local de taxis en 2019 y el periódico municipal anunció en noviembre de 2021 el nacimiento de su hijo. En su chalé, un letrero de madera grabada reza Chez Dilian (Casa Dillian). Pero cuando los reporteros de EIC llamaron a su puerta, no estaba.

Nadie sabe con exactitud dónde vive el ex oficial israelí. En los grupos de WhatsApp creados en 2020 con los franceses de Nexa, utilizaba cuatro números de teléfono diferentes: dos israelíes, uno chipriota y otro suizo...

Para los franceses, la alianza con Tal Dilian es un regalo del cielo. Abren su libreta de direcciones para vender Predator en países donde Intellexa no “dispone de los recursos y contactos necesarios”, explicó un ejecutivo de Nexa a la policía. En 2020, los franceses han previsto “una semana completa en Macedonia”, donde tiene su sede la empresa Cytrox, la desarrolladora de Predator, “para formarse en las herramientas cibernéticas ofensivas de Intellexa y poder hacer demostraciones”.

Su primer cliente no es otro que Egipto, al que Nexa había vendido Cerebro en 2014. Mientras tanto, la feroz represión iniciada por el mariscal Al-Sisi –40.000 detenciones, 1.400 manifestantes muertos– ha sido denunciada en numerosas ocasiones por ONG de defensa de los derechos humanos, e incluso por el Parlamento Europeo. Dos informáticos de Nexa llegaron a dimitir en 2018 por “razones éticas”, porque temían que Cerebro se utilizara para perseguir a homosexuales.

Algo que no disuade en absoluto a Nexa. El 19 de septiembre de 2020, se creó un grupo de WhatsApp franco-israelí para preparar una demostración de Predator en El Cairo. Stéphane Salies, presiona: “Se trata de un cliente muy exigente con conocimientos especializados. [...] El primer pago está condicionado al éxito de la demo”.

Parece que la prueba fue un éxito. “Acabo de recibir un mensaje de nuestro agente diciendo que está firmado”, dice exultante Stéphane Salies el 31 de diciembre de 2020, en un mensaje con cuatro emojis de botellas de champán. “¡¡¡Genial!!! Feliz año nuevo”, responde Tal Dilian.

Según un documento interno, el contrato fue suscrito por Advanced Systems, empresa hermana de Nexa en Dubái, por 9,4 millones de euros. No parece haberse solicitado ninguna licencia de exportación a Francia. El cliente es el TRD, siglas del Departamento de Investigación Técnica, la división cibernética de los servicios secretos egipcios.

El TRD no hizo un buen uso de Predator. En diciembre de 2021, el laboratorio canadiense Citizen Lab reveló que los teléfonos de dos egipcios habían sido hackeados con el programa espía de Intellexa: el candidato opositor Ayman Nour y el “presentador de un popular programa de noticias” que deseaba permanecer en el anonimato.

Para entonces, los dirigentes de Nexa parecían perfectamente conscientes de los abusos que los regímenes autoritarios pueden perpetrar con Predator. El 3 de junio de 2021, Stéphane Salies indicó a su colega Renaud Roques que, para limitar los riesgos, la venta del software de infección debía ser realizada exclusivamente por la entidad Advanced Systems de Dubái: “Vamos a utilizar Advanced sólo para eso ahora”.

Salies usa el ejemplo de “lo que pasó en Arabia Saudí, hicieron un poco de lío, entre Bezos y Khashoggi”. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, había asegurado que su teléfono había sido hackeado por los saudíes. En especial, se encontraron rastros de infección en los teléfonos de los familiares de Jamal Khashoggi, el periodista brutalmente asesinado y descuartizado en 2018 en Estambul por los servicios secretos saudíes.

Stéphane Salies teme que sus propios clientes hagan lo mismo: “Puede hacer mucho, mucho daño. [...] Aunque el 90% de las veces se haga por [...] una buena causa. Basta una o dos meteduras de pata para que el bumerán te dé de lleno en la cabeza”. Pero eso no le impidió vender Predator al menos a otros dos regímenes autoritarios, Vietnam y Madagascar, en condiciones muy problemáticas.

Stéphane Salies y Olivier Bohbhot contestan ahora a EIC que su empresa Advanced Systems sólo actuó “como distribuidor/intermediario” en estos contratos y no tuvo que pedir licencia en los Emiratos: “Correspondía al fabricante del sistema solicitar las autorizaciones de exportación”.

Documentos fechados en 2020 y enero de 2021 muestran que Nexa también estaba tratando de vender software espía Intellexa en ese momento a, al menos, otros siete países, entre ellos Arabia Saudí, Qatar, Libia, Camerún, Malasia y Mauricio. No está claro si estos contratos se celebraron finalmente.

En Sierra Leona, la oferta se refería a la famosa furgoneta de pirateo, capaz de infectar teléfonos con Predator en modo zero-click. Precio propuesto: 24 millones de euros con todas las opciones. Nexa también realizó una campaña de 10,5 millones para la “extracción ofensiva de datos” en Irak, un país muy problemático dada la influencia que ejerce allí Irán.

Las escuchas telefónicas de los gendarmes también revelan que, a pesar de sus éxitos comerciales, había problemas en el paraíso de Nexa e Intellexa. En el centro del conflicto están los precios que cobran los israelíes por Predator. “En este país, son todos iguales [...] es un infierno”, se queja Stéphane Salies por teléfono. “Ya sé qué libro te voy a regalar para tu próximo cumpleaños, [...] uno que empieza por “mein” [el libro Mein Kampf, de Adolf Hitler]”, responde su colaborador Renaud Roques.

“A lo largo de mi carrera, cada vez que he tratado con israelíes, al final las cosas siempre han ido mal. [...] Tengo muchos amigos judíos con los que las cosas van bien, pero malditos sean los israelíes en los negocios...”, se justifica el dueño de Nexa. Cuando su colega sugiere atacar a Intellexa por el contrato egipcio, Stéphane Salies estalla: “¿Quieres ir a juicio y que salga en la prensa? Estás loco. [...] Oh no, si volvemos a las andadas, estamos acabados, estamos muertos”.

El 15 de junio de 2021, dos semanas después de esta conversación, los gendarmes registran la sede del grupo y los domicilios de sus principales ejecutivos. Al mismo tiempo, son interrogados bajo custodia policial. Algunos de ellos, incluido Stéphane Salies, son acusados de complicidad en torturas por la venta de Cerebro a Libia en 2007 y a Egipto en 2014.

En el caso egipcio, el tribunal de apelación anuló las acusaciones un año después, en particular porque la investigación no pudo demostrar que los opositores al régimen del mariscal Al-Sisi fueran torturados a raíz de la información recogida con Cerebro. La investigación sobre la venta de Predator a Egipto en 2020 sigue abierta.

Mientras estaba bajo custodia policial, Salies negó haber cometido delito alguno: “Es extremadamente chocante para mí encontrarme aquí y tener que responder a esta acusación. [...] Sigo firmemente convencido de que [la vigilancia] funciona por el bien general, para salvar vidas”.

El director de operaciones de Nexa, Rudy Richard, abogó por el patriotismo económico: la tecnología de Nexa “puede utilizarse para el bien o para el mal, pero no creo que la solución sea prohibirla. Porque si la prohibimos, serán los estadounidenses o los israelíes quienes lo hagan”.

Entrevistado como testigo, Nicolas Deckmyn, un ingeniero que dejó Nexa en 2019, ofreció una versión muy diferente: “Viví con ese peso durante todos esos años, el caso de conciencia era enorme [...] Después de muchos años, comprendí que nada cambiaría en términos de legislación para las herramientas de inteligencia vendidas a ciertos países no democráticos”.

Tras ser acusados por la Justicia francesa, Stéphane Salies y Olivier Bohbot anunciaron que tiraban la toalla. Boss Industries, el principal holding del grupo Nexa, vendió, a partir de diciembre de 2021, su filial francesa Serpikom –especializada en escuchas forenses–, el negocio de Nexa y parte de su tecnología al grupo francés Chapsvision.

“El impacto reputacional ha sido devastador con nuestros clientes, uno tras otro han puesto a Nexa Technologies en la lista negra, así como los bancos pidiendo el cierre de nuestras cuentas”, indica la empresa francesa en su último informe financiero. En marzo de 2023, Nexa pasó a llamarse RB 42 y anunció que abandonaba el negocio de la vigilancia para especializarse en ciberseguridad.

Pero su empresa hermana en Dubái, Advanced Systems, fue vendida por Boss Industries a sus propios gestores, el principal de los cuales es... Stéphane Salies. Además, Boss Industries también conserva el control de Trovicor, establecida igualmente en Dubái.

Ambas empresas siguen activas en la actualidad: la feria de hardware de vigilancia ISS World, celebrada en septiembre de 2023 en Singapur, fue patrocinada por Advanced Systems, y Trovicor organizó dos conferencias. EIC ha podido comprobar que las dos empresas han renovado recientemente su licencia comercial ante las autoridades de Dubái y que ocupan la misma oficina en un rascacielos de la ciudad.

Preguntados al respecto, Stéphane Salies y Olivier Bohbot indican que Trovicor sigue activa, pero que Advanced Systems está “en proceso de cese de actividad”. Ambos añaden que, tras los registros e imputaciones de junio de 2021, “denunciaron” los contratos vigentes vinculados a Predator, que transfirieron a Intellexa: “Nos dimos cuenta de que las autorizaciones concedidas no nos protegían suficientemente y no constituían ninguna garantía contra las violaciones de los derechos humanos”. También explican que desde entonces han puesto fin a su cooperación con Intellexa y han cesado completamente su actividad en el ámbito del software de hackeo telefónico.

Por su parte, Tal Dilian, el hombre fuerte de Intellexa, también se ha visto salpicado por un gran escándalo: el PredatorGate en Grecia, país en el que había instalado sus oficinas tras su salida de Chipre.

Desde abril de 2022, los medios de comunicación Inside Story y Reporters United revelaron que un servicio de inteligencia griego, el EYP, había infectado con Predator a 96 personas, entre ellas el periodista de investigación Thanasis Koukakis y el líder del Pasok, Nikos Androulakis.

El director del EYP y el secretario general del Gobierno dimitieron, pero no el primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, a pesar de que el servicio de inteligencia depende directamente de su autoridad.

Finalmente se abrió una investigación judicial. Las oficinas griegas de Intellexa fueron registradas en diciembre de 2022. Pero hasta el momento no se han presentado acusaciones. La policía está bajo presión, ya que es probable que la investigación conduzca al primer ministro, reelegido el pasado mes de mayo.

A menos que la salvación venga de Bruselas: según el medio Euractiv, la fiscalía europea ha abierto una investigación sobre el caso, que este órgano no ha querido confirmar ni desmentir.

Así pues, Intellexa prosigue sus actividades discretamente. Una investigación técnica realizada por Citizen Lab concluyó a finales de 2021 que lo más probable es que Predator fuera utilizado por Armenia, Indonesia, Madagascar, Omán, Arabia Saudí y Serbia. Un nuevo informe que publicará próximamente Amnistía Internacional, y al que ha tenido acceso EIC, indica que el spyware también es utilizado por Kazajistán, Mongolia, Vietnam y Angola.

Y los abusos continúan. El 14 de septiembre, el político egipcio Ahmed Tantawi, candidato a las elecciones presidenciales previstas para finales de este año o principios de 2024, reveló que su teléfono había sido infectado con Predator. Justo cuando Tantawi se afanaba por obtener los 20.000 avales de ciudadanos egipcios necesarios para validar su candidatura, el político opositor denuncia que las autoridades se niegan a registrarlos. Durante ese proceso, y probablemente para castigar a Tantawi por haber denunciado el hackeo, el régimen egipcio ha detenido a 73 miembros de su equipo electoral, entre ellos cuatro abogados, según informó el 26 de septiembre la ONG Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales.

Esto es lo que está haciendo Egipto con Predator. Un software de espionaje diseñado en Europa y vendido por una compañía francesa a los servicios secretos del dictador Abdulfatah al-Sisi.

La Plataforma Integral del Taxi, que reúne a unos 1.500 taxistas españoles, interpondrá una demanda civil contra las plataformas que dan servicio con vehículos de alquiler con conductor (VTC), como son Uber y Cabify, entre otras, por presunta competencia desleal, informa Europa Press.

Así lo ha anunciado el coordinador de Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, que ha explicado que la demanda civil se llevará a la justicia esta semana para que estas empresas les retornen el dinero que están ganando "haciendo el trabajo que corresponde a los taxistas".

Además, la Plataforma Integral del Taxi, que integra a profesionales de ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga, prevé presentar una demanda por presuntos daños patrimoniales contra la Administración central.

En esta demanda reclamarán un importe mínimo de 50.000 euros por licencia de taxista, un gremio que suma 70.000 profesionales en toda España.

También prevén presentar una querella criminal este mes o en febrero para "destapar la trama" que sostiene que se ha creado alrededor de las VTC, por posibles delitos de manipulación de precio mediante engaño, blanqueo de capitales, fraude de ley y estafa masiva.

Según Álvarez, "la Administración no ha hecho su trabajo" al no regular plataformas como Uber y Cabify y no cumplir con la directiva europea que fija que la actividad de los taxis, junto a la de ambulancias y transporte urbano, no se debe liberalizar, ha dicho acompañado por el abogado Elpidio José Silva y el presidente del Sindicato del Taxi de Catalunya, Luis Berbel.

Silva ha cifrado que la indemnización que tendría que asumir el Estado podría ascender hasta los 25.000 millones de euros, cifra que resulta de multiplicar el número total de licencias de taxista en España por una indemnización de más de 400.000 euros. "El taxi va a exigir que se reintegren los daños causados", aseveró.

Precontratar servicios

La Generalitat de Cataluña ha convocado este viernes al Consell del Taxi para informar sobre el Decreto Ley que está elaborando junto al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para regular los servicios de estas plataformas y en el que estudia la viabilidad jurídica de introducir en la norma que las plataformas de VTC tengan que precontratar sus servicios con una antelación mínima, que Élite Taxi quiere que sea de 24 horas, y volver a la base después de cada trayecto.

Éstas eran exigencias de asociaciones de taxistas como Élite Taxi, que han puesto sobre la mesa convocar una huelga para el Mobile World Congress (MWC), que tendrá lugar del 25 al 28 de febrero en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), si el Govern no las contempla.

Tanto Berbel como Álvarez han remarcado que esa voluntad se mantiene si la Generalitat no cumple, pese a que han deseado que no haga falta. "Todos somos conscientes de que el sector del taxi ha dicho basta y se defiende", ha expuesto Álvarez.

"Confiamos plenamente en la Generalitat", y ha rehusado que ésta tenga que asumir las indemnizaciones de 1.100 millones de euros que Unauto, la patronal de VTC, calcula que tendrá que pagar la administración catalana si obliga a precontratar sus servicios con esta norma.

Para Unauto, la precontratación es innegociable, ya que su oferta dejaría de ser competitiva y rentable, lo que la patronal ha señalado de que en la práctica conllevaría la eliminación de decenas de empresas y el despido de sus trabajadores, que sitúan en los 3.000 en Cataluña.

Acco y CNMC

Álvarez también ha rechazado la posición asumida por la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), que considera "altamente discriminatorio" que los vehículos VTC deban precontratar y volver a la base, y que prevé impugnar las regulaciones que puedan derivar del Decreto Ley planteado por la Generalitat, si acaba incluyendo estas dos medidas.

El portavoz de Élite Taxi ha definido a la Acco como "el brazo armado" de los grupos de presión, y ha dicho que también se plantean medidas legales contra ésta, además de contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Ha agregado que están estudiando una querella contra el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por haber suspendido el reglamento aprobado por el AMB al "no tener el menor fundamento" para hacerlo.

Unos de 5.000 taxistas, según datos de las asociaciones convocantes Élite Taxi y Plataforma Caracol, se han manifestado en la mañana de este lunes por el centro de Madrid para exigir a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital la "inmediata y efectiva" regulación del sector del vehículo de alquiler con conductor (VTC) tal como les permite el Real Decreto Ley aprobado recientemente por el Gobierno. Informa Europa Press.

La marcha ha arrancado en la Puerta del Sol, donde está situada la sede del Gobierno regional, y ha culminado en la plaza Cibeles, ante el Ayuntamiento. La manifestación, precedida de una veintena de taxis, estaba encabezada por una pancarta en la que se podría leer "El taxi exige regulación de la VTC", y su transcurso ha supuesto el corte al tráfico de esta zona del centro de la capital.

Efectivos de Policía Nacional y Municipal han supervisado el recorrido de esta marcha que, no obstante, se desarrolló con normalidad y sin que se registraran incidentes. Durante la marcha, el habitual sonido de claxon de los taxis y de petardos se ha acompañado con el de una batucada. Además, los manifestantes han coreado consignas como "¡Regulación!", "¡Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra!", "¡Reivindicación de lo público!", "¡Vergüenza Comunidad!", "¡Carmena escucha, el taxi está en lucha!" y "¡Carmena, una de cal y otra de arena!".

Con esta movilización, los taxistas buscan reclamar a la Comunidad y al Ayuntamiento que tomen las competencias que les otorga el Decreto aprobado por el Gobierno y articulen medidas para regular a los VTC, las empresas que dan servicio a las plataformas como Uber y Cafiby, al igual que está regulado el taxi, con medidas sobre horarios, recorridos o tipos de vehículos. En la actualidad, Madrid es la ciudad donde circulan un mayor número de VTC, dado que al cierre del pasado mes octubre sumaban 6.256 coches, lo que supone un ratio un vehículo de este tipo por cada dos o tres taxis madrileños. Esta proporción contrasta con la de un VTC por cada treinta taxis que establece la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT).

La asociación Gremial de Autotaxi de Madrid, pese a respaldar en un principio esta movilización, se desmarcó de ella el pasado viernes tras la reunión que la concejal del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, mantuvo con las asociaciones del sector. Tras el encuentro, las otras dos asociaciones decidieron mantener la convocatoria, al considerar que, un mes después de aprobarse el decreto, el sector "necesita hechos".

"Toque de atención" a las administraciones

Así, el portavoz de la Plataforma Caracol, Ignacio Castillo, conocido en el sector como 'Peseto loco', ha asegurado que está manifestación, la primera tras la aprobación del Real Decreto del Gobierno, supone un "toque de atención" a las administraciones para que asuman sus competencias y apliquen una regulación específica sobre plataformas como Uber y Cabify.

No obstante, ha señalado que en dicha reunión con el Ayuntamiento, Sabanés trasladó su compromiso de regular la actividad VTC y abordar este asunto con ayuntamientos de otras ciudades como Valencia y Zaragoza. Según detalló, entre los planes del Consistorio figura homologar las condiciones entre taxi y VTC, para que los conductores de este sector tenga una jornada máxima de 16 horas y la obligación de librar durante dos días.

De su lado, el portavoz de Élite Taxi, Guillermo Marquina, consideró un "éxito" la manifestación. Asimismo, advirtió de nuevas convocatorias de manifestaciones y paros en el caso de que no se registren avances por parte de las administraciones a la hora de aplicar medidas de regulación de la VTC. Al final de la movilización, una representación de los taxistas han registrado un manifiesto reivindicativo sobre sus exigencias en el Ayuntamiento de Madrid.

La empresa Cabify ha asegurado este miércoles que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la naturaleza de la compañía Uber no tiene relación alguna con la compañía ni su actividad, y ha garantizado que su modelo de negocio "es y ha sido siempre 100% legal", "a diferencia" de su competidor.

En un comunicado recogido por Europa Press, la firma indica que está constituida como agencia de viajes, "tal y como estipuló la Dirección General de Turismo y la Dirección General de Transportes Terrestres de la Comunidad de Madrid en mayo de 2012".

Según destalla, cuando se constituyó en España en 2011 y en su condición de agencia de viajes, Cabify lanzó una plataforma para facilitar la intermediación entre sus usuarios y un sector profesional preexistente, el de los transportistas titulares de licencias VTC.

"Dichos transportistas vienen desarrollando desde hace muchos años la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor en España, dando estricto cumplimiento de la normativa que regula el transporte de viajeros, los seguros de responsabilidad civil asociados al mismo, así como la fiscalidad y las relaciones laborales de los conductores", explica Cabify.

"El planteamiento de ese modelo de negocio en España respondió a la voluntad de Cabify de aplicar escrupulosamente sus valores de justicia y ética profesional en todos los mercados en los que está presente, cumpliendo en cada uno de ellos con todos los requisitos fiscales, laborales, mercantiles y administrativos pertinentes", añade la compañía.

Contribuir a la movilidad

Cabify defiende que su objetivo es contribuir a una movilidad más eficiente en las ciudades, "abogando por un modelo de negocio justo y 100% legal". "Por tanto, a diferencia del competidor, desde sus comienzos hasta la actualidad, la actividad de Cabify está estrictamente sujeta al marco legal existente", asegura la empresa.

"La compañía siempre ha trabajado de la mano del regulador y las autoridades competentes para garantizar un marco de competencia justo para todos los actores", concluyó.

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado por mayoría, pero con el voto en contra de la consejera Cristina Narbona, informar favorablemente una propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dirigida a modificar el plazo con el que las centrales nucleares han de solicitar su renovación al regulador. Con ello se acortaría el plazo de los tres años actuales hasta, como mucho, un año antes de que concluya la licencia de explotación de la planta.

Se trata de una modificación de las órdenes ministeriales por las que se conceden las autorizaciones de explotación vigentes a las centrales nucleares españolas.

En la actualidad, el plazo para pedir la renovación de la licencia de explotación tiene una fecha límite de tres años antes de que expire el permiso en vigor, pero con esta modificación –según han señalado fuentes conocedoras del texto informado favorablemente a Europa Press–, los titulares de las centrales podrán solicitar la renovación dos meses después de que el Gobierno apruebe el Plan de Energía y Clima o bien, como mucho, cuando cada planta tenga que presentar su Revisión Periódica de Seguridad, más o menos algo más de un año antes de que expiren sus autorizaciones vigentes.

Según ha informado el CSN, el texto propuesto por el Ministerio recoge "todas las modificaciones" aprobadas por el pleno del CSN en su reunión del 1 de febrero de 2017 e incorpora también una modificación administrativa por la cual el plazo para presentar una nueva solicitud de renovación de la autorización de explotación, queda supeditada a la aprobación de un Plan Integral de Energía y Clima, aunque deberá ser presentada, como muy tarde, en la fecha establecida para presentar la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS). Esto es, más o menos, un año antes de concluir la licencia en vigor.

Si bien, la modificación informada favorablemente mantiene la obligación del titular de presentar tres años antes de la expiración de la autorización vigente los documentos asociados a una eventual operación a largo plazo.

Estos documentos son el Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE); el Suplemento del Estudio de Seguridad (ES); la Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF); el estudio del impacto radiológico; la revisión del plan de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado Revisión de la Guía de Seguridad GS-1.10.

Las centrales nucleares más inminentemente afectadas por este cambio normativo son Almaraz (Cáceres), que con la legislación vigente debía presentar su solicitud de renovación antes del 8 de junio, y Vandellós II (Tarragona), cuya fecha límite era el 26 de julio.

De este modo, estas centrales contarán con dos años más de plazo para conocer la planificación energética nacional y optar así o no a pedir una nueva renovación de su licencia, algo que con esta modificación, podrán esperar hasta mediados de año de 2019.

Según ha informado el CSN, el texto propuesto recoge todas las modificaciones aprobadas por el pleno en su reunión de 1 de febrero de 2017. En aquella reunión, el organismo regulador propuso al Ministerio restas modificaciones con el objetivo de incorporar la nueva sistemática para realizar las Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) que se recoge en la revisión 2 de la Guía de Seguridad del CSN, GS-1.10.

La revisión aprobada este martes con la abstención de la consejera Cristina Narbona establece los objetivos, el alcance, el contenido, los plazos de presentación y la forma de documentar RPS de las centrales nucleares en operación, en cumplimiento de la Instrucción del CSN IS-26, de 16 de junio de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a las instalaciones nucleares.

Además, se incluyen aspectos específicos como el envejecimiento y obsolescencia de los equipos, la posible operación a largo plazo de las instalaciones más allá de la vida inicialmente prevista, y las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima en marzo de 2011.

Del mismo modo, el CSN ha señalado que con esta revisión de la GS-1.10 busca cumplir la recomendación incluida en el Plan Nacional de España (NAcP) que se aprobó para cumplir el Plan de Acción aprobado por el Grupo Europeo de Reguladores Nucleares (ENSREG por sus siglas en inglés) una vez completadas las pruebas de resistencia como consecuencia del accidente de Fukushima.

La revisión de la GS 1.10 incorpora la experiencia internacional en materia de RPS en países de nuestro entorno así como los documentos generados en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tomando como referencia la Guía de Seguridad SSG-25 Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants, publicada en marzo de 2013.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, aseguró que apoya a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el tema del turismo, y afirmó que les preocupa lo que pasa en la ciudad, por lo que en la capital francesa miran "con atención" lo que ocurre en la Ciudad Condal en este ámbito para lograr que no se convierta en un motivo de enfrentamiento.

En una entrevista a La Vanguardia recogida por Europa Press, ha dicho que el turismo debe ser integrado como una oportunidad, ya que comporta riqueza: "Barcelona es el ejemplo de cómo hay que trabajar para atraer a un turista que no te ponga la ciudad del revés", aseveró.

Hidalgo también ha mostrado su preocupación por el incremento de los apartamentos turísticos ilegales y las plataformas que los publicitan, y criticó que "actúan como hoteles sin pagar ninguna tasa a la ciudad ni tampoco impuestos", por lo que alertó de que el conflicto nace cuando este negocio se opone a la industria hotelera la industria hoteleray provoca que aumente el precio de los alquileres.

Asimismo, explicó que París está trabajando para sacar el coche de la ciudad: "Sabemos que la contaminación mata y dentro de unos años tendremos escándalos públicos y jurídicos en los que se nos pedirá responsabilidades a los políticos por no haber actuado antes".

París es la ciudad invitada a la nueva edición de la fiesta mayor de Barcelona, La Mercè, que arranca este jueves, e Hidalgo ha afirmado que visitará la capital catalana este viernes y sábado, en un viaje en el que se encontrará con Ada Colau, con la que dijo que "comparte mucho", igual que con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Prisa ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la adjudicación por parte del Consejo de Ministros de tres licencias de televisión a Mediaset, Atresmedia y Real Madrid TV, según una nota publicada este lunes,

El grupo que preside Juan Luis Cebrián pide a la CNMC que presente un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión del Gobierno. Del mismo modo le insta a solicitar la suspensión cautelar "para salvaguardar la libre competencia y el pluralismo en el mercado de la televisión, evitando perjuicios irreparables".

Perjuicios, dice Prisa, porque la adjudicación de dos canales a Mediaset y Atresmedia supone "importantes obstáculos para el mantenimiento de una competencia efectiva" ya que se está así reforzando el "duopolio" de ambos grupos, que suman un 86% de la contratación publicitaria en televisión.

La editora de El País anuncia que también impugnará otra adjudicación, en este caso la de otras tres licencias a Grupo Secuoya, Radio Blanca y 13 TV, en este caso de calidad estándar. Contra esta presentará una denuncia ante la Comisión Europea por la "incompatbilidad" de este acuerdo con los artículos 106 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

En rueda de prensa, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la teniente de alcalde, Janet Sanz; y el concejal Agustí Colom detallaron que la suspensión será "cautelar, preventiva y temporal".

La paralización es el primer paso del proceso de regulación de los alojamientos turísticos, que irá acompañado por una evaluación de la oferta existente en la ciudad y de la elaboración de un nuevo plan regulador para el primer trimestre de 2016.