A finales de julio, en pleno letargo estival y ante la indiferencia casi generalizada de los medios de comunicación, Pasok-Kinal y Nueva Democracia (ND), las dos principales formaciones políticas de Grecia, hicieron finalmente públicos sus balances financieros anuales.  Los documentos se publicaron con total discreción, con dos meses de retraso respecto a la fecha legal. Tres páginas escaneadas a toda prisa y subidas sin ceremonias a Internet. Pero hay cifras que harían palidecer a cualquier experto contable.

Al término del ejercicio fiscal anterior, Nueva Democracia, el partido que gobierna Grecia desde 2019, debía, según la partida “préstamos bancarios” de su balance contable, 530,9 millones de euros a los bancos griegos, lo que supone un aumento de 55,5 millones de euros en un año. Pasok-Kinal, el principal partido de la oposición, también ha visto cómo su deuda se disparaba hasta los 502,2 millones.

En total, ambas formaciones deben más de mil millones de euros a las grandes entidades bancarias del país, una situación absolutamente única en Europa (Forza Italia les sigue con 99 millones de euros de deuda en 2023). Pero el hecho de que sean, con diferencia, los partidos más endeudados del continente y que parezcan incapaces de devolver esta vertiginosa suma no ha inmutado a casi nadie en Grecia. El asunto no tiene interés mediático ni político.

“Los grandes periódicos y cadenas de televisión griegos no pueden hablar de esos préstamos porque perderían a sus mejores anunciantes, los bancos. Y la comisión de control no hace nada. Así es Grecia”, opina Vangelis Triantis, periodista del medio de investigación Documento, que lleva mucho tiempo cubriendo este tema.

“Esto es Grecia”: esta respuesta se repitió muchas veces durante esta investigación. Según sus propios balances contables, los dos grandes partidos griegos, que no respondieron a los mensajes de Mediapart, se encuentran técnicamente en quiebra.

Tomemos como ejemplo Nueva Democracia: durante el periodo 2020-2024, mientras que los fondos propios de este partido neoliberal y conservador ascienden a una media de −435,4 millones de euros, ha gastado sin medida, especialmente durante las campañas electorales. Su montaña de deudas se agrava cada año y no dispone de activos (bienes inmuebles, participaciones financieras) que pueda vender. En el mundo empresarial, sin una reestructuración urgente de los créditos bancarios, la quiebra es inevitable. En la realidad griega, es como si no existieran.

“La deuda de los partidos políticos es el elefante en la habitación en Grecia. Es un ejemplo de captura de la democracia por intereses privados: las empresas —en este caso, los bancos— financian a los partidos a cambio de diversas formas de apoyo y favoritismo”, explica Margarita Gasparinatou, profesora adjunta de criminología y política criminal en la Universidad Demócrito de Tracia.

Este entramado de colusión entre empresas privadas y actores públicos tiene su particularidad en Grecia en el excesivo endeudamiento bancario de esos partidos políticos. En otras palabras, se trata de “financiación encubierta», como sospecha el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) en un informe de 2015.

Esto explica por qué los bancos griegos, en particular los sistémicos (Piraeus Bank, Alpha Bank, Ethniki y Eurobank), no emprenden ningún procedimiento de recuperación contra estos partidos políticos, a pesar de que se encuentran entre los peores deudores del país y de que suelen ser intransigentes.

Los griegos resumen este fenómeno con una palabra: diaploki (connivencia). Y lleva años ocurriendo.

En 2012, mientras Grecia se hundía en la crisis, el país descubrió con estupor que Nueva Democracia y el Pasok también estaban agobiados por las deudas pendientes. Reuters reveló entonces que los dos grandes partidos políticos griegos, los únicos que habían gobernado desde el retorno de la democracia en 1974, tenían una deuda conjunta de unos 230 millones de euros, la mayor parte de la cual ya no se pagaba.

Para financiar un estilo de vida lujoso, pero sobre todo para transportar gratuitamente a decenas de miles de votantes a sus colegios electorales en cada elección —una práctica más que discutible—, ambos partidos pidieron prestados, a lo largo de los años noventa y dos mil, cientos de millones de euros a los bancos locales. Esto contraviene las normas bancarias más elementales.

Como únicas garantías, los partidos políticos ofrecieron en aquellos años... sus futuras subvenciones públicas, las que esperaban recibir dentro de dos, tres, cuatro o, incluso, diez años. Esos activos “inexistentes” e “inciertos” se dieron en prenda en ocasiones a varios bancos al mismo tiempo y fueron aceptados “sin verificación” por los acreedores, a pesar de las alertas de sus propios departamentos de gestión de riesgos, según señala en 2016 el informe de una comisión parlamentaria de investigación sobre el tema.

Esos dudosos montajes financieros, prohibidos desde 2014, sumirán a los partidos en la crisis. Y es que las subvenciones se calculan en proporción al presupuesto del Estado griego, en el que la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) lleva haciendo recortes desde 2010. Las elecciones legislativas de 2012, en las que el Pasok-Kinal fue derrotado obteniendo solo el 4% de los votos, acabaron de reducir sus ingresos a la mínima expresión.

Desde entonces, la deuda acumulada de los dos partidos del Gobierno no ha dejado de aumentar. “La deuda aumenta año tras año porque la calificación crediticia de los partidos es desastrosa y se acumulan las penalizaciones por demora. Es irreal”, señala Gerasimos Sapontzoglou, profesor de economía bancaria en la Universidad de Economía y Comercio de Atenas, que en 2017 elaboró un informe pericial a petición de la justicia.

¿Cuál es, por cierto, el importe exacto de los préstamos concedidos por cada banco? ¿Cuáles son los plazos de vencimiento y las condiciones de reembolso? ¿Cuál es la proporción de créditos pendientes de pago? Aunque se supone que es pública, la lista de préstamos bancarios a los partidos políticos no se ha publicado desde 2017. La Comisión Auditora, encargada de controlar las finanzas de los partidos, incumple en general sus obligaciones fundamentales y nunca ha impuesto sanciones reales.

“Grecia cuenta con un marco jurídico sólido en materia de financiación política, mucho mejor que el de muchos otros países europeos. El problema es que no se aplica”, lamenta Stefanos Loukopoulos, director de la ONG para la transparencia Vouliwatch, que lleva años reclamando la publicación de esos documentos. Según él, el endeudamiento de los partidos políticos es fruto de un “triángulo de corrupción en el que están implicados el sector bancario, los grandes medios de comunicación propiedad de las grandes empresas y el sistema político”.

Esos hechos han sido objeto de investigaciones: entre 2017 y 2021, la fiscalía económica de Atenas inició procedimientos judiciales por delitos similares al abuso de confianza y al encubrimiento de abuso de confianza, castigados con diez años de prisión. Entre las 115 personas procesadas (nueve tesoreros de partidos políticos y 106 directivos bancarios) figuraba Dimitris Miliakos, exgobernador del Banco Agrícola de Grecia (ATE). Este banco semipúblico sirvió durante esos años como auténtica hucha, según admitió el propio Miliakos en un libro publicado en 2021.

Pero las investigaciones nunca terminaron en juicio. Apenas elegido en 2019, el primer ministro y líder de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, modificó el Código Penal: para que se puedan iniciar tales procedimientos, ahora es necesario que la propia entidad bancaria presente una denuncia contra sus propios directivos en un plazo de cuatro meses a partir de los hechos.

Esta disposición, considerada “contraria a la Constitución y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)” por una resolución de los tribunales penales de Atenas, y calificada por algunos como una verdadera “amnistía” para los banqueros, fue finalmente validada por decisión de la sala sexta del Tribunal Supremo griego en 2021. Desde entonces se han abandonado todos los procesos judiciales.

“La dependencia económica de los partidos crea una dependencia de la política respecto a los bancos”, alerta Theofilos Xanthopoulos, diputado del partido opositor Syriza. El antiguo partido de izquierda radical, que no tiene ningún préstamo bancario, intenta movilizar a la sociedad griega en torno a esta cuestión, sin mucho éxito.

Desde que Nueva Democracia ganó las elecciones legislativas de 2019 (y de 2023), el sector bancario griego goza de una cierta indulgencia. Calificado de “oligopolio” por el propio gobernador del Banco de Grecia, da rienda suelta a sus prácticas anticompetitivas y ha acumulado 4.500 millones de euros de beneficios el año pasado.

Los titulares de cuentas, por su parte, sufren comisiones punitivas por servicios básicos, según las asociaciones de consumidores. La reforma del Código de Quiebras, en 2020, también permite a los bancos embargar hasta la vivienda principal de los particulares endeudados para venderla en subasta. Para Harris Mamoulakis, diputado de Syriza responsable de temas económicos y financieros, “es corrupción pura y dura”. “Los bancos dejan de lado la deuda y, a cambio, se dan la gran fiesta desde que Nueva Democracia llegó al poder”.

Basile Dekonink es periodista independiente, afincado en Grecia. Este es su primer artículo para Mediapart.

Traducción de Miguel López

Las acciones de Grifols han comenzado a cotizar este martes tras permanecer más de una hora y media inhibidas, y se hunden un 42 %, después de que el fondo Gotham Research haya acusado a la compañía de manipular deuda reportada y Ebitda y argumente que sus títulos valen cero. A las 10.31 horas, los títulos marcan un precio de 8,22 euros, tras desplomarse el 42,28%, según recoge EFE.

Antes de la apertura del mercado, el fondo Gotham Research, que destapó el caso Gowex, ha publicado un informe en el que acusa a Grifols de manipular su Ebitda y la deuda "para reducir artificialmente el apalancamiento en seis veces, cuando este podría superar diez o trece veces".

El citado informe añade que si la estimación del fondo del verdadero apalancamiento de Grifols fuera correcta, la compañía afrontaría unos costes de financiación "notablemente mayores", y en consecuencia, sus "acciones no son invertibles, y probablemente valgan cero".

Tras conocerse este informe, Grifols ha negado "categóricamente" cualquier acusación de prácticas contables o de información "errónea" de sus estados financieros consolidados. "Como empresa comprometida con la transparencia, integridad y conducta ética, negamos y rechazamos categóricamente cualquier acusación de prácticas contables o de información erróneas de nuestros estados financieros consolidados", ha señalado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según recoge Europa Press.

Grifols ha asegurado que es conocedora de las recientes informaciones "falsas" y "especulaciones" publicadas por Gotham City Research en relación con su información contable y financiera. "Grifols, como empresa cotizada, informa y divulga plenamente toda la información pertinente relativa a todas sus transacciones significativas con el máximo nivel de integridad y transparencia para reflejar una visión exacta y justa de sus estados financieros consolidados", ha subrayado.

Según ha explicado la compañía, las transacciones con partes vinculadas y las divulgaciones informadas por Gotham City Research han sido "completamente divulgadas y auditadas" desde 2018 e informadas al regulador español. "Los estados financieros consolidados de Grifols y los controles internos sobre la información financiera son robustos y están sujetos a auditorías anuales periódicas y rigurosas. Estas auditorías anuales son realizadas por una de las cuatro grandes firmas de auditoría, que ha emitido sistemáticamente informes de auditoría sin salvedades", ha añadido.

"Como empresa líder mundial en el sector sanitario, tenemos el compromiso inquebrantable de mantener el máximo nivel de integridad empresarial y financiera. El gobierno corporativo es y sigue siendo nuestra máxima prioridad. Siempre hemos mantenido y mantendremos normas estrictas en nuestros informes contables y estamos plenamente comprometidos con una conducta transparente y ética en todas nuestras prácticas empresariales", ha asegurado.

Unidos Podemos recupera su propuesta de impagar la deuda que se considere "ilegítima". Este miércoles, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón; la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Auxiliadora Honorato; el concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato (IU); la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada (Podemos); y el portavoz de la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda, Yago Álvarez, presentaron en el Congreso un manifiesto firmado por más de 600 cargos públicos de ambas formaciones en el que se comprometen a "reclamar la anulación de las deudas identificadas como ilegítimas", una medida que había desaparecido del programa electoral con el que Unidos Podemos se presentó a las elecciones del 26J.

Garzón, Honorato, Sánchez Mato y Taboada presentaron el documento –titulado Manifiesto de Oviedo– para mostrar el rechazo de Unidos Podemos al "endeudamiento ilegítimo y la austeridad que impiden garantizar derechos, servicios de calidad y la mejora de las condiciones de vida". Entre sus firmantes se encuentran destacados dirigentes de IU y Podemos, como el propio Garzón, los diputados en el Congreso Miguel Ángel Bustamante, Ricardo Sixto y Rafael Mayoral, la portavoz del ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, el eurodiputado Miguel Urbán o los líderes autonómicos de Podemos en Andalucía y Aragón, Teresa Rodríguez y Pablo Echenique. También firman varios alcaldes, como el de Zaragoza, Pedro Santisteve, el de Cádiz, José María González Kichi, o el de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura.

El objetivo principal de la denuncia de Podemos e IU es la reforma local aprobada por el Gobierno en 2013, que está dificultando la desprivatización de algunos servicios públicos promovida por ayuntamientos como los de Madrid o Barcelona y que, a juicio de los firmantes, "socava la autonomía de ayuntamientos y gobiernos autonómicos y ataca los derechos de la ciudadanía". No obstante, el manifiesto también carga contra la modificación del artículo 135 de la Constitución aprobada en 2011 y la Ley de Estabilidad Presupuestaria derivada de ese artículo, "unas legislaciones profundamente injustas que se han impuesto sin legitimidad democrática", según aseguran.

Por ello, los firmantes exigen "un cambio radical de la política de asfixia financiera", y también la derogación de estas tres leyes. Y, en el manifiesto, Podemos e IU se comprometen a crear un "frente" institucional "que cuestione la deuda ilegítima y trabaje para su anulación". "Deben iniciarse procesos de auditorías con participación ciudadana de la deuda de nuestras Administraciones Públicas, y reclamar la anulación de las deudas identificadas como ilegítimas que hayan favorecido al interés particular de una minoría privilegiada y en contra de los intereses de los ciudadanos", señala el documento.

El 26J únicamente se hablaba de "reestructuración"

Este extremo supone, en el caso de Podemos, recuperar una propuesta que no estaba contemplada en su programa electoral del 20 de diciembre y tampoco en el de Unidos Podemos el 26 de junio, pero que sí defendía el partido morado en sus inicios. La propuesta de la coalición en las últimas elecciones era únicamente la "reestructuración de la deuda pública" vinculada "a las ayudas públicas al sector financiero, el memorando de entendimiento y el rescate de la UE".  "La reestructuración de esta deuda se centrará no tanto en una reducción de los plazos de amortización o de los tipos de interés acordados, sino en una redefinición de los pagadores últimos de la factura", planteaba el programa, que no hablaba en ningún momento de "anulación".

Esa misma redacción era la que tenía el programa con el que Podemos se presentó a los comicios el 20 de diciembre, aunque IU –que en esas elecciones concurrió por separado– sí que tenía entre sus propuestas para las elecciones llevar a cabo "una auditoría de la deuda pública que identifique qué parte puede considerarse 'odiosa' o ilegítima a la luz del derecho internacional" para "cuestionar su pago". "En función de los resultados de esa auditoría, se procedería a una quita negociada", sostenía IU en su programa, un planteamiento que no aparecía ni en el programa de Podemos del 20D ni en el de Unidos Podemos el 26J. De hecho, los 50 puntos en común entre ambas fuerzas que se redactaron para las elecciones de junio no incluían un apartado sobre la deuda.

De esta manera, Podemos recupera la que era una sus propuestas estrella en el momento de su fundación, que se reflejaba en el manifiesto Mover Ficha, que supuso el pistoletazo de salida del proyecto. "Hay que derogar el artículo 135 de la Constitución española y [promover] una moratoria para llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda qué determine qué partes de la misma no son legítimas; las deudas ilegítimas no se pagan", sostenía este documento.

El programa de Podemos para las europeas de 2014 también era claro al respecto: se planteaba una "auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas" para "tomar medidas contra los responsables y declarar su impago". No obstante, en el programa marco que elaboró en 2015 la formación para los comicios autonómicos, ya hablaba únicamente de una eventual "reestructuración" de la deuda pública y no de impago.

"Llevamos desde 2010 soportando unos salvajes recortes económicos y de derechos. En el último año, el Gobierno, pese a estar en funciones, ha seguido aplicando la austeridad impuesta desde la UE, con especial saña hacia ayuntamientos, que son las corporaciones más cercanas a la población, y comunidades, encargadas de cubrir necesidades básicas como la educación o la sanidad, aunque son las Administraciones Públicas menos endeudadas", critica el manifiesto presentado este miércoles, que asegura que "el Gobierno ha demostrado que cuando le interesa sí alivia la deuda". Y, por ello, los firmantes exigen "el cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas".

A Carlos la Seguridad Social le ha quitado la pensión de 745 euros que cobraba desde junio de 2014. Taxista en Torrevieja (Alicante), ha trabajado durante 49 años y cinco meses, y cotizado durante 35 años y 17 días. Pero una deuda que arrastra con la propia Seguridad Social desde los últimos tiempos de su carrera al volante le ha dejado sin ingresos a los 67 años, y a expensas de la ayuda de sus amigos y de la que le proporciona para comer la Cruz Roja. Es decir, su acreedor, la Seguridad Social, le ha privado del único recurso con que contaba, no sólo para vivir, sino también para satisfacer la deuda que ella misma le reclama.

“Los últimos tres años con el taxi fueron catastróficos, la recaudación se hundió un 60%”, se lamenta Carlos. No es su verdadero nombre, prefiere callar el auténtico en una ciudad no lo bastante grande para ocultar tanta necesidad. El caso es que empezó a pedir aplazamientos a la Seguridad Social para pagar la cuota de autónomo cuando la crisis le dejó sin clientes. Al llegarle el momento de la jubilación, el organismo público le reconoció la pensión, de la que a partir de agosto de 2014 empezó a descontarle 29,29 euros cada mes para saldar la deuda. Hasta septiembre del año siguiente, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le suspendió el cobro íntegro de la prestación por no haber atendido los aplazamientos concedidos.

A día de hoy, Carlos adeuda 15.617 euros a la Seguridad Social. Prácticamente la misma cantidad que al principio de su insolvencia, en 2009, pese a haber pagado ya al organismo de previsión un total de 30.527 euros, el doble de lo que debía. “Un auténtico disparate”, resume. La deuda inicial, unos 17.000 euros, se ha convertido, con el recargo que la Seguridad Social impone a sus morosos –de entre un 20% y un 35%– más los intereses de demora –otro 3,75%–, en 46.145 euros. Carlos no duda en tacharlo de “usura”. “El mismo organismo que se supone que debe proteger al ciudadano”, se enfurece, “le deja desprotegido y atenta contra su salud física y mental”.

“Atender con razonable dignidad su subsistencia”

El caso es que para terminar de pagar todo lo que debe tendrá que seguir sin cobrar la pensión hasta febrero de 2018. Casi una sentencia de muerte. La casa se la ha embargado el banco, que anunció su salida a subasta hace ya cuatro años. De momento, dice, el procedimiento está paralizado. Y, con su edad, encontrar un trabajo se convierte en un imposible. En cualquier caso, sólo podría ser un empleo a tiempo parcial o, si persistiera en ser autónomo, sus ingresos no podrían superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 655,2 euros al mes, si no quiere perder su derecho a la pensión. Ésa es la opción legal. Porque también podría trabajar en negro: “Pero si me pillan, es aún peor: no sólo me quitarían la pensión, sino que a lo mejor hasta me meten en la cárcel”.

Lo advertía Maquiavelo en El Príncipe: si el gobernante se excede en la recaudación de impuestos a sus súbditos, se extenderá la pobreza, por lo que éstos perderán la fuerza para hacer trabajos productivos… Y no podrán seguir pagando impuestos. La Ley de Enjuiciamiento Civil precisa que la Administración no puede embargar aquellos bienes “imprescindibles” para que el deudor y su familia puedan “atender con razonable dignidad su subsistencia”. Tampoco se le puede privar de los “instrumentos necesarios para ejercer su profesión, arte u oficio”.

Pues bien, en el caso de Carlos la ley ha fallado. El extaxista no pudo atender los cinco aplazamientos que le concedió el INSS para ingresar la deuda porque la disyuntiva era comer o pagar la cuota. Ahora le cuesta incluso lo primero. Hace unos días miembros de Stop Desahucios le llevaron comida a su casa: leche, galletas… Vive con su hijo, de 22 años, quien ha tenido que dejar el instituto donde estudiaba el bachillerato, a 10 kilómetros de distancia de su casa, porque Carlos no puede pagar la gasolina de la vieja furgoneta –acumula 900.000 kilómetros– con que lo acercaba cada día a clase. Es un instituto donde imparten el bachillerato para adultos. Como tantos otros, decidió reengancharse al pupitre tras abandonar los estudios con la ESO sin terminar. Pero ahora que saca sobresalientes, ha tenido que ponerse de nuevo a buscar empleo. “Desde agosto”, cuenta su padre, “ha trabajado sólo 31 días, y en cuatro empresas distintas”. Una de ellas, Inditex, como dependiente. El resto han sido empleos de camarero. “Lo único que hay en Torrevieja, la ciudad con más miseria y más paro de España”, protesta Carlos.

Torrevieja, récord de economía sumergida

La ciudad alicantina saltó a los titulares de muchos periódicos el pasado verano cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) la citó como el municipio con los ingresos por hogar más bajos de España: 7.986 euros. La mitad que antes de la crisis. El turismo barato y estacional condiciona la vida de Torrevieja, que bate récords nacionales en economía sumergida. “Es una sociedad artificial”, analiza el extaxista, “basada en la burbuja”. La construcción de segundas residencias pinchó, mientras la hostelería sobrevive como puede en una ciudad que triplica su población en verano. El resto del año, Torrevieja hiberna. De sus 88.000 habitantes, la mitad son foráneos. “Aquí se han quedado prisioneros muchos extranjeros, que compraron su casa y ahora no la pueden vender”, explica el taxista jubilado. La ciudad ha perdido 17.000 habitantes desde 2013.

En cuanto le quitaron la pensión, Carlos presentó un recurso ante el propio INSS, después escribió al Defensor del Pueblo. Ambos se remiten a la dura letra de la ley. Así que está preparando una denuncia judicial con un abogado de oficio. El Ministerio de Empleo explica a infoLibre, a través de un portavoz, que la ley dicta la retirada de la pensión si se incumplen los aplazamientos de pago de las cuotas. “La Seguridad Social siempre ofrece opciones para aplazar el pago y no te quita la pensión salvo que las hayas rechazado todas”, apunta.

Carlos lo niega. “Nada de opciones. Esto son lentejas… se trata de la orden automática de un ordenador”. Al menos eso es lo que le han respondido en la Seguridad Social cada vez que ha pedido explicaciones a los funcionarios. “Cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las cotizaciones a efectos del reconocimiento de una prestación, en virtud de un aplazamiento en el pago de las cuotas adeudadas, pero posteriormente incumpla los plazos o condiciones de dicho aplazamiento, perderá la consideración de hallarse al corriente en el pago y, en consecuencia, se procederá a la suspensión inmediata de la prestación reconocida que estuviere percibiendo, la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado la deuda con la Seguridad Social en su totalidad”, establece la norma. “Y esa ley es la misma para todos”, zanja el ministerio.

Un caso “bastante común”

Carlos lo sabe, pero no entiende cómo la Seguridad Social puede reclamarle una deuda y, al mismo tiempo, dejarle sin posibilidad de obtener ingresos para saldarla. También recuerda la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la cual es inembargable cualquier salario o pensión en la cuantía del SMI, 655,2 euros. Si excede esa cantidad pero no supera el doble del salario mínimo, se puede embargar hasta el 30% del sueldo, pensión o prestación. Ése sería su caso, y es lo que pide: que le sigan descontando una parte de la pensión hasta que cubra la deuda, pero que no le dejen sin ingresos y pendiente de la caridad de amigos y extraños, o con un pie en el trabajo en negro.

Los abogados consultados por infoLibre aseguran que el caso de Carlos es “bastante común”. Apuntan como única opción para salir del atolladero acudir a un préstamo. Algo imposible para el extaxista, con su casa embargada y sin más bienes. También puede ser declarado incobrable por la administración, por lo que la deuda se consideraría no exigible. Pero a continuación el periodo pendiente de pago se descontaría del tiempo total cotizado a efectos del cálculo de la pensión y Carlos tendría que seguir trabajando para reunir, de nuevo, el mínimo legal.

Carlos tampoco puede solicitar ningún tipo de subsidio –426 euros– por la deuda que tiene viva con la Seguridad Social. Ni obtener una licencia para trabajar con su vieja furgoneta por no estar al corriente con la Seguridad Social. Dice que se defiende en inglés, francés, alemán y noruego, y antes del taxi llegó a jefe de sala en un bingo. “También toco la armónica”, se ríe. Un currículo a buen seguro insuficiente para conseguir un trabajo a los 67 años en Torrevieja, donde el paro alcanza al 24,5% de su población, cuatro puntos y medio por encima de la media nacional. Llegó a ser del 27,5% en 2014. “Estoy atado”, resopla, “por un sistema perverso”.

Los españoles se despertaron el pasado martes con otro récord histórico: los 1,095 billones de euros1,095 billones de euros que deben las administraciones equivalen a la mayor deuda pública del último siglo. Por primera vez supera el 100% del PIB; es decir, el Estado debe más de lo que el país produce. Así que no puede ser más oportuna la visita de Éric Toussaint, portavoz de la red internacional del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), que este sábado viaja a Santiago de Compostela, invitado por Alternativa Galega de Esquerda, los grupos políticos que integran la coalición gallega En Marea.

Nacido en 1954 en Namur (Bélgica), Toussaint se crió en un pueblo minero y pronto empezó su activismo sindical mientras ejercía de profesor en centros públicos de Lieja. Es doctor en Ciencias Políticas y uno de los fundadores del CADTM y de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana). Su último libro, Bancocracia (Icaria Editorial), describe cómo la desregulación financiera condujo a la burbuja y cómo el dinero público ha salvado a los bancos privados con la complicidad de los bancos centrales y los gobiernos. En la capital gallega, el politólogo y activista explicará por qué no es lo mismo deuda pública legal y deuda pública legítima.

PREGUNTA. En 2007 España no tenía un problema de deuda pública –sólo equivalía al 35,5% del PIB–, pero desde entonces ésta no ha dejado de crecer y ya ha superado el 100% del PIB, el nivel más alto desde 1909. ¿Qué ha ocurrido para alcanzar ese registro histórico y qué consecuencias tiene un nivel tan elevado de endeudamiento para la economía de los ciudadanos?

RESPUESTA. La explosión de la deuda es el resultado de la crisis hipotecaria y de la manera que se ha escogido para salir de la crisis, socializando las pérdidas del sector privado. Las decisiones del Gobierno de [José Luis Rodríguez] Zapatero y después la política del PP hicieron explotar la deuda pública y las políticas de austeridad tanto de Zapatero en 2010 como de Rajoy después han provocado un crecimiento económico muy bajo y reducido los ingresos fiscales, por lo que, para equilibrar el presupuesto, se ha hecho necesario aumentar la financiación vía más deuda. En fin, es la resultante de las políticas neoliberales llevadas a cabo tanto por el PSOE como por el PP.

Y tiene consecuencias muy perjudiciales para la población española, aunque la ciudadanía no se dé cuenta necesariamente de que la degradación de sus condiciones de vida tiene que ver con el tipo de manejo de la deuda pública. Pero la relación es clara. La necesidad de limitar el déficit fiscal por imposición de Bruselas y de tener superávit primario hace que los gobiernos fomenten la austeridad, lo que a su vez se traduce en menos inversiones públicas en infraestructuras, en salud pública, y en educación, también en un aumento de los impuestos…

Se trata de una política, además, que tiene aspectos contradictorios. Los gobiernos aumentan la deuda pública y, a continuación, dicen a los ciudadanos que es tan elevada que necesitan implementar políticas de austeridad, como si ellos no fueran los responsables. Intentan aplicar una narración totalmente mentirosa: culpan al gasto público del aumento de la deuda. Pero no es el gasto social el problema, sino el gasto para pagar la deuda.

P. ¿Y que debería hacerse ahora para evitar que siga desbocándose la deuda pública?

R. Una propuesta integral y coherente que incluya cuatro puntos. Primero, hacer una auditoría de la deuda para determinar la parte que es ilegítima. Y, a partir de sus resultados, tomar fuertes medidas para hacer pagar a quienes se beneficiaron de la socialización de las pérdidas bancarias. Me refiero a los bancos españoles y extranjeros, que son los mayores acreedores de la deuda pública y, al mismo tiempo, los responsables de su aumento. Ellos tienen que pagar la factura.

Segundo, hay que reorganizar el sector bancario. Hace unos días firmé con políticos, economistas e intelectuales un documento a favor de la socialización del sector financiero [¿Qué podemos hacer con los bancos? Medidas inmediatas para ir hacia la socialización de la banca, junto con Marina Albiol (IU), Miguel Urbán, (Podemos), el economista francés Michel Husson, entre otros]. Preferimos hablar de “socializar” y no de “nacionalizar”: al servicio de la sociedad y bajo el control organizado de la ciudadanía, no del Estado, a través de mecanismos locales de transparencia obligatoria de las entidades bancarias.

Tercero, otra política de impuestos que haga pagar a quienes se beneficiaron de los regalos fiscales de los últimos 15 años y que se beneficiaron de la crisis. Ellos tienen que pagar más impuestos, mientras se reducen los impuestos al consumo y la actividad de la mayoría de la población, que tiene ingresos bajos o moderados.

Y el cuarto punto debe ser una política de creación masiva de empleos, que incluya una reducción de tiempo de trabajo.

P. ¿Cómo se hace una auditoría de deuda? ¿Qué porcentaje de la deuda pública española podría ser ilegítima?

R. La deuda del Estado español antes de 2006 era muy baja y ahora alcanza niveles históricos. Para mí, la diferencia entre la deuda de 2006 y la actual es deuda ilegítima, porque fue contratada para favorecer el interés particular de una minoría privilegiada de banqueros, extranjeros y españoles. Una deuda ilegítima es la contratada contra el interés general.

La auditoría tiene que analizar por qué aumentó la deuda, quién se benefició de ese crecimiento y después sacar conclusiones. La hipótesis que acabao de hacer sobre la deuda española debe ser comprobada después a través de un proceso de auditoría organizado por la ciudadanía. Y, si llega un Gobierno que quiera realmente romper con las políticas neoliberales, tendrá que lanzar una comisión de auditoría, también con participación ciudadana, como se hizo en Ecuador a partir de 2007. Por eso, en la campaña del 26-J sería importante que los candidatos explicaran a la gente qué es una auditoría y por qué es un asunto fundamental.

P. Hace sólo unos días estuvo en España un economista australiano, Bill Mitchell, para presentar su último libro, La distopía del euro, donde defiende que los países del sur de Europa vuelvan a sus antiguas monedas. Yanis Varufakis también acaba de presentar un libro, Y los débiles sufren lo que deben, donde sostiene la opinión contraria: Grecia, también Reino Unido, deben permanecer en la zona euro. ¿Cuál es su opinión: dentro o fuera?

R. Creo que países como Portugal, España o Grecia tendrían que salir de la eurozona. Lo que debería ser el resultado de una decisión consensuada por la mayoría de la población. A diferencia de Francia, Alemania y los países del Benelux, los de la periferia padecen por su presencia en la zona euro. Al principio, a españoles, portugueses y griegos les pareció muy bien la integración pero, en realidad, los que se benefician del euro son Francia, Alemania, el Benelux... Tienen ventajas para competir en los mercados de la periferia, mientras que portugueses, españoles y griegos no están en condiciones de competir en los mercados alemán, francés o del Benelux. Y, como siendo miembro de la zona euro no es posible ganar competitividad más que bajando salarios, la lógica para los países de la periferia se reduce al recorte de salarios, lo que genera precariedad laboral.

En cualquier caso, salir del euro no es la solución, es necesario el programa integral del que hablaba antes. Porque abandonar la zona euro no es una solución milagrosa, no es una solución per se si al mismo tiempo no hay una solución sobre la deuda, los bancos y la inversión para crear empleo.

P. ¿Y el Brexit?

R. Bueno, no creo que del referéndum salga una mayoría a favor de la salida de Gran Bretaña del euro.

P. Usted hizo la auditoría de la deuda griega y asesoró a Syriza. ¿Qué opina del viraje que ha dado Alexis Tsipras a su política económica?

R. Pues es muy claro que el Gobierno de Tsipras capituló frente a la Unión Europea. La estrategia del primer gobierno de Tsipras con Yanis Varufakis de ministro de Finanzas llevó a la capitulación. Hicieron demasiadas concesiones a la Comisión Europea y siguieron pagando la deuda: 7.000 millones de euros entre febrero y julio de 2015, sin recibir ninguna compensación financiera. Así vaciaron el tesoro público para pagar la deuda, cuando lo que deberían haber hecho es suspender el pago y obligar entonces a los acreedores a entrar en una verdadera negociación.

Para mí, en todo caso, la diferencia entre Varufakis y Tsipras es que, en un momento dado, el primero se negó a la capitulación, y eso es importante. Dimitió como ministro el 6 de julio frente a la decisión de Tsipras de llegar a un acuerdo con la UE, a pesar del 63% de rechazo a las propuestas de los acreedores europeos en el referéndum del 5 de julio. Cierto que hay una diferencia, porque Varufakis tiene la virtud de, al menos, haber roto con una lógica desastrosa, pero eso no le absuelve de responsabilidad por lo que hizo en los primeros seis meses de gobierno.

Personalmente, no apoyo el manifiesto DiEM 25. Hablé con él pero decidí no firmar porque el documento mantiene de manera deliberada la ilusión de que es posible la reforma de la Unión Europea. Para mí, en cambio, la experiencia griega demostró que no hay posibilidad de reformar la UE. Decir que la hay es crear falsas expectativas. Estoy totalmente a favor de una integración europea, pero debe ser entre pueblos, y eso pasa por un verdadero proceso constituyente en cada país para llegar a una refundación de la UE con nuevos tratados.

P. La deuda griega alcanza ya nada menos que el 180% del PIB. El FMI lleva tiempo diciendo que es “insostenible” y que los objetivos fiscales que se le exigen a Atenas son irrealizables. Sin embargo, la UE, y Alemania, parecen decididas a no perdonarles un euro. ¿Adónde conduce esa política? ¿Qué futuro es el que espera a Grecia los próximos años?

R. Estoy convencido de que va a seguir casi como un protectorado, una semicolonia de las grandes potencias europeas. Ya no tiene soberanía para elaborar su política fiscal, continúa pagando la deuda y cada nuevo desembolso a los acreedores está condicionado a nuevas medidas de austeridad. Por ejemplo, la última reforma de la jubilación deja la pensión mínima en 384 euros al mes, un ingreso por debajo la línea de pobreza absoluta.

P. Usted también asesoró al Gobierno venelozano cuando aún estaba Hugo Chávez en el poder. Las carencias de la población en el país son muy alarmantes. ¿Qué le parecen las últimas medidas adoptadas por Nicolás Maduro?

R. Estoy muy preocupado por Venezuela, que también se enfrenta a una crisis de deuda, aunque se trata primero de una crisis política. Por supuesto, la narrativa de periódicos como El País o El Mundo en España trastorna totalmente la realidad. Presentan a Leopoldo López como un caballo blanco de la defensa de las libertades democráticas, cuando es un personaje siniestro que apoyó provocaciones e incluso medidas contra el movimiento popular. Yo lo sitúo en el sector golpista duro de Venezuela.

Al mismo tiempo, soy muy crítico respecto a la política económica del chavismo, después de la muerte de Hugo Chávez hubo una deriva funesta. Pero sin equivocarse: creo que es una ilusión pensar que la oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional representa una alternativa democrática y favorable al pueblo. Para nada lo es.

P. Explíqueme esa “deriva funesta” que critica en el Gobierno de Maduro.

R. En Venezuela hay una fuga de capitales inmensa. La sociedad venezolana sigue siendo capitalista, no es un país donde el sector público sea hegemónico. Grandes empresas capitalistas, tanto en el sector agroalimentario como en el industrial y financiero, organizan una fuga masiva de capitales que deja sin divisas al Estado y genera ahora grandes dificultades de financiación con el barril de petróleo a 50 dólares, también problemas de abastecimiento en los supermercados y las farmacias que afectan al nivel de vida de la población. Creo que el Gobierno debería haber tomado medidas contundentes para combatir la fuga de capitales y para que se invierta la riqueza producida en Venezuela en favor de los venezolanos. También debería haber diversificado la economía para reducir su dependencia del petróleo. Además, es necesario transparentar las cuentas de la nación. Lo que significaría auditar la deuda pública de Venezuela en relación con este escándalo de la fuga de capitales.

Standard & Poor's ha elevado el rating del Ayuntamiento de Madrid de 'BBB' a 'BBB+' como reflejo de la subida de la nota de España que la misma agencia realizó el pasado 2 de octubre en plena polémica por la renovación de los contratos de las agencias de calificación por parte del consistorio.

La calificación del Consistorio sigue estando en un nivel de calidad aceptable, como estaba cuando fue declarada 'BBB', aunque da un paso para alejarse de la amenaza del bono basura.

Sin embargo, la perspectiva sigue siendo negativa desde que el pasado 18 de septiembre la agencia la rebajara por los efectos negativos que pudiera tener la auditoría de deuda.

"El ascenso de Madrid sigue el ascenso de España", ha explicado la agencia en un comunicado. Desde su punto vista, un gobierno local o autonómico no puede tener un rating por encima de la Administración estatal y si este último mejora también lo hacen los niveles inferiores, lo que explicaría la mejora de la calificación de Madrid.

La auditoría y sus "consecuencias negativas"

La perspectiva se mantiene negativa dado que S&P considera que la auditoría de la deuda anunciada por el gobierno de la alcaldesa, Manuela Carmena, puede acarrear "consecuencias negativas" en la disposición de la ciudad para afrontar el pago de la deuda en los próximos 18-24 meses.

Podrían degradar igualmente a Madrid si vieran que aumenta el riesgo de reestructurar uno o más instrumentos de la deuda "que la ciudad considere ilegítimos" y en ausencia de una disputa legal de buena fe.

La agencia podría revisar, asimismo, su perspectiva para hacerla estable si creyera firmemente que la auditoría no deriva en ninguna decisión que suponga parar el pago de la deuda que fue "legalmente contraída" por los anteriores gestores en el Ayuntamiento y si no hubieran visto que la política crediticia de la nueva Administración fuera "una fuente potencial de riesgo".

La renovación de los contratos

El Ayuntamiento de Madrid estudia no renovar los contratos con las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch, por los que han pagado desde 2002 más de un millón de euros.

Los contratos con estas dos agencias de calificación, que se renuevan anualmente, suponen el pago por parte del Ayuntamiento de Madrid de más de 100.000 euros en 2015. Fitch ha recibido por sus servicios de este año 50.469,12 euros, mientras que Standard & Poor's recibirá 56.481,55 euros.

La relación comercial del Ayuntamiento con ambas agencias privadas comenzó en 2002, por lo que se estima un gasto total en esta partida de más de un millón de euros de las arcas públicas municipales.

Esta rendición de cuentas "no debe pasar necesariamente por el pago a entidades privadas encargadas de emitir valoraciones objetivas y neutrales de los países, empresas y administraciones que analizan". "Son muchos los ayuntamientos que no mantienen ningún tipo de relación contractual con agencias de calificación", han detallado desde el área que dirige el delegado Carlos Sánchez Mato.

"El Gobierno municipal mantiene su firme voluntad de potenciar el ahorro en partidas que no benefician directamente a la ciudadanía y concentrar todos los esfuerzos en el gasto social y la inversión en equipamientos para los distritos", han explicado desde el Ayuntamiento.