El exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye ha quedado en libertad en la noche de este jueves después de haber sido detenido, junto a otras seis personas, por la Policía Nacional por enfrentarse a los agentes para tratar de impedir la detención de un sospechoso, según la versión policial.

A su salida Mbaye ha denunciado "persecución y violencia policial", según se puede escuchar en un vídeo difundido por redes sociales.

"Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, ningún ser humano es ilegal", ha exclamado Mbaye, según serecoge en el vídeo.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que había exigido la inmediata puesta en libertad de Mbaye, ha reaccionado a su puesta en libertad en la red social X, donde ha escrito: "Si Serigne no se rinde, nosotras tampoco. ¡Basta ya de violencia policial!".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha manifestado en su perfil de la red social X: "Trabajamos siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo".

Podemos había denunciado la detención de Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid).

Según la versión policial, el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes de color que trataban de robar un vehículo.

Cuando fueron a identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local donde varias personas se enfrentaron a los agentes para tratar de impedir su detención, aseguran a EFE fuentes policiales.

En el enfrentamiento, en el que según esas fuentes cinco policías resultaron heridos leves, los efectivos detuvieron a siete personas, entre ellos el exdiputado autonómico y exportavoz del Sindicato de Manteros.

Según ha publicado El Salto uno de sus periodistas, vecino de la zona, también ha sido detenido en un dispositivo formado por agentes de paisano y Policía Nacional y que ha sido grabado por varios vecinos.

Pocas horas después de la detención del ex de Podemos, más de un centenar de personas, vecinos y vecinas de Villaverde, activistas y políticos acudieron a las puertas de la Comisaría de Usera (Madrid) para pedir la liberación de Mbaye y de los otros seis detenidos.

Los allí presentes gritaron consignas como “Fuera fascistas de nuestros barrios”, “No es un caso aislado, es racismo del Estado” o “Me cuidan mis amigas, no la policía”, a la concentración improvisada también acudió la secretaria general de Podemos, Ione Belarra que pidió la liberación inmediata de quien fuera diputado en la Asamblea de Madrid y denunció la “violencia inaceptable” en su detención “en la puerta de su casa”.

Belarra habló de “redada racista basada en perfil étnico que es lo que Serigne lleva denunciando tanto tiempo”. “Estás imágenes recuerdan más al ICE que al gobierno progresista de Pedro Sánchez”.

El sindicato policial Jupol ha rechazado "sin matices" que la intervención pueda calificarse como una "redada racista", algo que aseguran están intentando creer para deshumanizar y criminalizar a la Policía.

"Se trató de una intervención legítima, necesaria y plenamente amparada en la labor de prevención de la delincuencia", añade Jupol, que lamenta que la intervención de los agentes se viera "gravemente entorpecida por la actitud violenta y desafiante de los detenidos", que arremetieron contra los agentes con el claro objetivo de impedir su labor.

En opinión del sindicato, resulta "incomprensible" tanto que "bajo presiones mediáticas y políticas" hayan quedado en libertad los siete detenidos como que la Delegación del Gobierno en Madrid tolerara una concentración no comunicada a las puertas de una comisaría.

El exministro laborista Peter Mandelson, que este lunes fue detenido por la policía en su domicilio, ha pasado de ser ministro, comisario europeo y luego embajador para terminar en el abismo, arrastrado por sus vínculos con el millonario pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Scotland Yard precisó en un comunicado que arrestó a un hombre de 72 años en su vivienda del barrio londinense de Camden -sin proporcionar su nombre-, pero la BBC mostró en directo el momento en que Mandelson, también antiguo embajador de su país ante Estados Unidos, subía a un coche policial sin distintivos.

La Policía Metropolitana de Londres señaló que la detención de Mandelson, trasladado a una comisaría, se produjo tras los registros realizados en los últimos días en dos propiedades: una en la capital británica y otra en el condado inglés de Wiltshire.

Mandelson, a quien se considera un ideólogo y arquitecto del llamado Nuevo Laborismo, tuvo una larga carrera en los gobiernos laboristas, que comenzó con el de Tony Blair en 1997, continuó con Gordon Brown y terminó de la peor manera con Keir Starmer, en el poder desde 2024.

Mamó el laborismo desde su infancia, como nieto de un ministro de Interior y de Exteriores, Herbert Morrison. Con solo 12 años fue invitado a Downing Street y se sentó en la silla del entonces primer ministro Harold Wilson, donde quedó "deslumbrado". El brillo de la política ya no lo abandonaría.

En el partido era conocido como "el príncipe de las tinieblas", por su carácter despiadado, pero siempre entre bastidores, para mantener la disciplina interna. Durante la década de Tony Blair (1997-2007), se le consideraba el motor y cerebro de los ejecutivos laboristas.

Su carrera tuvo incluso continuidad en la Comisión Europea en los tiempos pre-Brexit, cuando ocupó la cartera de Comisario de Comercio entre 2004 y 2008.

En reconocimiento a su papel dentro del laborismo, Keir Starmer le nombró en diciembre de 2024 embajador de Reino Unido en Washington, pero tras conocerse sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein (a quien Mandelson llamaba su "mejor amigo"), fue destituido de manera fulminante nueve meses después.

Sostuvo entonces que desconocía las tropelías que sucedían en las mansiones de Epstein donde era invitado habitual, y llegó a decir que el tráfico constante de muchachas menores de edad en aquellas fiestas organizadas por Epstein le pasó inadvertido "tal vez -dijo- porque soy homosexual".

Todavía le quedaba el honorable escaño de lord en la Cámara de los Lores, pero la avalancha de nuevos documentos de Epstein desvelados en las últimas semanas le obligaron a presentar su renuncia.

Poco antes, Starmer anunció que impulsará una legislación para quitarle formalmente el título de lord por mala conducta en cargo público.

El domingo 1 de febrero, Mandelson ya reveló que se desvinculaba del Partido Laborista porque no deseaba "causar más vergüenza" a la formación en la que había sido todo. Dijo entonces que consideraba "falsas" las acusaciones de que recibió pagos de Epstein hace 20 años, pero admitió que "no tenía constancia ni recuerdo" y que se necesitaría "una investigación".

La cascada de revelaciones que lo comprometían continuó imparable: primero, se supo que había prometido a Epstein que presionaría al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Luego se filtró una fotografía en la que aparece sin pantalones, leyendo un documento en una tableta junto una mujer vestida solo con un albornoz, dentro de uno de los apartamentos de Epstein en París.

Y por último, apareció entre esos documentos un mensaje a Epstein en el que le reenviaba información confidencial del Gobierno de Gordon Brown, en el que servía, con datos sensibles sobre la venta de activos del Gobierno.

Según los expertos legales consultados por los medios británicos, la divulgación de estos secretos de Estado, si se confirma, podría costarle muchos años de cárcel.

La detención de Mandelson se produce después de que el pasado jueves la Policía regional del Valle del Támesis también detuviera al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, para interrogarle por presunta conducta indebida en cargo público. El exduque de York fue posteriormente puesto en libertad mientras continúa la investigación. En su caso, las autoridades buscan determinar si el antiguo duque, despojado de todos sus títulos en octubre, cometió delitos al remitir información gubernamental a Epstein cuando ejercía como enviado comercial del Gobierno del Reino Unido.

El annus horribilis que pronunció la reina Isabel II tras la muerte de Diana se va a quedar en un chiste con el terremoto que va a suponer el arresto del hermano del rey Carlos de Inglaterra. Muchos ayer se acordaban de la reina, de la madre, y era inevitable el comentario: “si ella estuviese viva, ¿qué habría pasado?”. Andrés, decían, era su “ojito derecho”, su hijo mimado.

Nada más conocerse la noticia de su arresto, los comentaristas británicos que conocen bien la casa Windsor aseguraban que esto iba a suponer una pesadilla para el rey y para el resto de la familia. Por mucho que hubiesen intentado crear un cordón sanitario entorno a la corona, el arresto de Andrés es un varapalo a la forma de vida que durante años han llevado los miembros de la casa real. De cómo se creían impunes para hacer lo que quisiesen, de relacionarse con tipos un tanto oscuros, de mezclarse en fiestas muy turbias, y de practicar sexo con quien quisieran y como quisieran. Pero lo peor, al parecer, no estaría en esas fiestas con menores que organizaba Epstein y a las que parecía ser un asiduo el ex príncipe Andrés. El problema estaría en los documentos que le filtró Andrés, documentos oficiales, con información sensible. ¿Por qué lo hizo y por qué a él? Si era un chantaje, si era un inconsciente que ni siquiera era capaz de calibrar la gravedad de lo que estaba haciendo, lo dirá la investigación. La policía británica lleva semanas investigando todo esto, atando las pruebas para no dar un paso en falso. Detener a un miembro de la familia real británica, por muy apartado que estuviera (en octubre le retiraron el título de príncipe y hace 3 semanas había dejado la residencial oficial para mudarse a otra más “modesta”), es una bomba, todo el mundo lo sabe y es un daño a la institución terrible.

Supongo que la casa real noruega tomaría buena nota este jueves de cómo han reaccionado en Londres y de todo lo que está pasando, de cómo ha ido avanzando la investigación policial. Mette-Marit ha abierto el mismo boquete en la familia real y, a duras penas, están pudiendo taponar esa vía de agua que se ha abierto con el escándalo de Epstein y la relación, estrechísima, que mantenían ambos.

Y todo esto mientras, al otro lado del Atlántico, un presidente de un país observa todos estos bombazos desde la tranquilidad que da saber que a él nadie le tocará un pelo, nadie podrá imputarle, de momento. Por muchas pruebas que existan o testimonios.

La muerte de Epstein deja en el aire muchas preguntas. Y eso, como suele pasar, genera mil teorías sobre el personaje, sobre quién era realmente, sobre lo que sabía y ocultaba. Su ex pareja es la única que podría poner luz a todo esto pero ya ha dejado claro que hablará o callará según el trato que reciba.

Este jueves —casualidades de la vida, o no— era el cumpleaños del ex príncipe Andrés. Tendría que haber soplado 66 velas. Supongo que en el calabozo ni le cantaron el cumpleaños feliz ni le dieron una tarta. Había realmente poco que celebrar. Su futuro judicial, ahora mismo, pinta tan negro que mucho me temo que no habrá más tartas ni más velas. No al menos entre el lujo al que estaba acostumbrado a vivir.

Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres, según recoge EFE.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein. Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una comisaría.

Después de que el expríncipe fuera desalojado de la mansión de Royal Lodge, en Windsor, por casi no pagar renta, se trasladó a Wood Farm a fin de intentar disipar el escándalo por su vínculo con Epstein. Los tabloides británicos han colgado este jueves en su páginas web varias instantáneas que muestran un convoy de vehículos en las carreteras de campo cercanas a Wood Farm.

Según el tabloide Daily Mail, un grupo de ocho personas vestidas de paisano, que parecían ser agentes policiales, llegaron sobre las 08.00 GMT hasta esta residencia de campo para detener a Andrés.

El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se ha profundizado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal. Así, en un comunicado divulgado este jueves, las fuerzas del orden indicaron que esta mañana la detención fue "bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios" de Berkshire, donde está Windsor, y Norfolk. La nota agrega que se trata de un caso "activo", por lo que "se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial".

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación", subraya. "Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente", puntualizó la nota.

Según la legislación del Reino Unido, un arresto requiere que la policía tenga motivos razonables para sospechar que se ha cometido un delito y para creer que es necesario arrestar a la persona. Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para traficar con menores de edad.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado.

El rey británico Carlos III expresó este jueves su "profunda preocupación" por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor pero recalcó que "la ley debe seguir su curso". En un comunicado divulgado hoy, el jefe del Estado británico, de 77 años, subraya que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes".

"En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", puntualizó el rey.

Mientras este proceso continúa, el monarca admitió que no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre este asunto. "Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", señaló el rey, que firmó la nota como Carlos R.

El guionista iraní Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película Un simple accidente, ha sido detenido en Teherán por firmar una declaración condenando las acciones del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, según señala Hollywood Reporter con fuentes de la distribuidora de la película en Estados Unidos. Neon, distribuidora estadounidense del film, ha informado de que el iraní ha sido detenido junto con otras dos personas, Vida Rabbani y Abdullah Momeni, que también firmaron la carta.

Entre los firmantes de la misiva también se encuentran el cineasta Jafar Panahi, director de la película, que se encuentra en Estados Unidos de promoción; el cineasta Mohammad Rasoulof, exiliado en Alemania, y la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y Nasrin Sotoudeh, ganadora del Premio Sájarov.

Las autoridades iraníes aún no han confirmado el arresto ni proporcionado detalles sobre los cargos contra los detenidos, señala Hollywood Reporter.

En el documento los firmantes critican a Jamenei por "autorizar el asesinato masivo y sistemático de ciudadanos" durante la represión de las protestas gubernamentales que se han sucedido a lo largo de las últimas semanas. "El asesinato masivo y sistemático de ciudadanos que valientemente salieron a las calles para poner fin a un régimen ilegítimo constituye un crimen organizado de Estado contra la humanidad", dice el comunicado que señala el uso de munición contra civiles, asesinatos, arrestos, persecuciones, asesinato de manifestantes heridos y la obstrucción de atención médica, entre otros.

La responsabilidad de estas "atrocidades" recae en Alí Jamenei, asegura la misiva, que alude al "aparato autoritario" del régimen para cometer "asesinatos masivos" solamente "para asegurar su supervivencia". El gobierno iraní ha reconocido más de 3.000 muertos, pero las organizaciones de derechos humanos apuntan a que ascienden a decenas de miles.

Un simple accidente narra la historia de un expreso político que considera vengarse violentamente de su torturador en prisión. Fue coescrita por Panahi, Mahmoudian, Nader Saeiver y Shadhmer Rastin. Es la primera película de Panahi desde que salió de prisión en Irán, ha conseguido la Palma de Oro en Cannes y está nominada a dos Óscar en las categorías de guion original y película internacional.

Panahi y Mahmoudian se conocieron en prisión, según ha declarado el primero en un comunicado tras conocer el arresto. "Desde el primer día, destacó, no solo por su semblante tranquilo y su amable conducta, sino también por su excepcional sentido de la responsabilidad hacia los demás. Cada vez que llegaba un nuevo preso, Mehdi intentaba cubrir sus necesidades básicas y, sobre todo, brindarle tranquilidad —señaló—. Se convirtió en un pilar de la tranquilidad dentro de la prisión: alguien en quien los reclusos de todas las creencias y orígenes confiaban". "Meses después de su liberación (...) le pedí que me ayudara a pulir el diálogo. Sus nueve años de prisión le habían proporcionado un conocimiento directo del sistema judicial y la vida en prisión —añade—. Además, su extenso trabajo de campo en derechos humanos lo había convertido en una fuente de consulta fiable y autorizada".

El propio Panahi fue condenado a un año de prisión en su país el pasado diciembre por razones similares a Mehdi Mahmoudian y ha asegurado que, una vez acabe la promoción del filme volverá a su país.

Alemania exigió este lunes la puesta en libertad del guionista. "La detención de Mehdi Mahmoudian no es un caso aislado, sino parte de un sistema que pretende silenciar deliberadamente las voces críticas. Quien encarcela a autoras y autores no combate el arte, sino la libertad. Mahmoudian debe ser liberado, porque el arte no es un delito", indicó en un comunicado el ministro alemán de Cultura y Medios de Comunicación, Wolfram Weimer. Señaló que al arresto del guionista iraní en Teherán "es una prueba más de la represión sistemática de la libertad artística y de expresión" en la República Islámica.

El Gobierno alemán reacciona así a "informaciones coincidentes" sobre la detención de Mahmoudian, que se habría producido el pasado fin de semana. "Los regímenes autoritarios temen la esfera pública cultural porque hace visible la realidad. Precisamente por eso reaccionan a la atención internacional con represión. No debemos aceptar esta lógica", recalcó Weimer.

Las autoridades iraníes anunciaron este viernes que al menos 3.000 personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas, informa EFE.

"Los funcionarios de seguridad han anunciado que 3.000 miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora", informaron fuentes de seguridad a la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por las ONG establecidas fuera de Irán, ya que, por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA se ha producido el arresto de más de 19.000 personas, según han podido confirmar.

Las autoridades no han dado más detalles sobre las detenciones, la identidad o la situación de los detenidos, mientras que desde HRANA advierten: "Sin embargo, a pesar del corte de Internet y el acceso reducido a los datos de campo, HRANA hasta ahora ha podido confirmar el arresto de más de 19.000 personas".

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de "Muerte a la República Islámica" y "Muerte a Jameneí".

Las protestas llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán, que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los muertos en las protestas que comenzaron el día 28 y se agudizaron a partir del día 8, se cuentan por centenares.

La organización con base en Oslo Irán Human Rights (IHRNGO) contabiliza 3.428 muertos en su último balance del jueves, mientras que la organización HRANA con base en Estados Unidos eleva la cifra de fallecidos a más de 2.600.

Sin embargo, en los últimos días ha vuelto la calma al país, aún con una fuerte presencia policial en las calles y el internet sigue cortado. 

Buscando a toda costa responsables de la implacable sequía que asola todo el país desde hace varios meses, algunos religiosos, de los más retrógrados de la República Islámica, habían señalado a las bi-hiyab y las bad-hiyab, es decir, las iraníes sin pañuelo o que lo llevan mal colocado. Ahora son el hazmerreír de las redes sociales.

Y es que la lluvia y luego la nieve en el macizo de Alborz, que finalmente permitió abastecer a la ciudad de Teherán, enfrentada a una dramática escasez de agua, comenzaron a caer abundantemente poco después de una maratón en el sur de Irán. A pesar de la prohibición del Ministerio de Orientación Islámica, unas 2.000 mujeres acudieron a participar en la carrera, la mayoría de ellas sin pañuelo. De hecho, fue una bi-hiyab la que ganó la principal prueba femenina.

Esta sexta maratón de Kish, una isla del golfo Pérsico que es a la vez un importante destino turístico para los iraníes ricos y una zona de libre comercio, pronto dejó de ser una simple anécdota para convertirse en un asunto de política interior. Dado que la cuestión del pañuelo sigue siendo fundamental en los conflictos internos de Irán, la prueba permitió a las facciones más duras del régimen cruzar espadas con las que apoyan al presidente Massoud Pezeshkian, partidario de una línea más flexible en materia de moral pública.

La federación iraní de atletismo exigió que participaran solo hombres en el maratón de Kish, que se celebró el 5 de diciembre. No obstante, con el fin de promover la isla, símbolo de la apertura de Irán al mundo, los responsables de la poderosa Zona Franca de Kish (KFTZ), organizadores del maratón, permitieron que las mujeres pudieran competir en pruebas separadas. De ahí la participación de deportistas procedentes de todo Irán.

La polémica podría haber quedado ahí si no fuera por la publicación en redes sociales de vídeos y fotos en los que se veía a las maratonianas con la cabeza descubierta o solo con una bandana. La reacción inmediata de la justicia iraní no se hizo esperar: el fiscal de Kish, Ali Salemizadeh, ordenó la detención de dos responsables de la KFTZ, que fueron puestos en libertad bajo fianza, pero siguen bajo control judicial. Se les imputan los cargos penales de “atentado contra la decencia pública” y “conducta contraria a la legislación”.

Los Pasdaran, el cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, también aprovecharon la ocasión para pasar a la ofensiva a través de la agencia Fars, un medio de comunicación bajo su control, que comparó la participación de las mujeres en este maratón con “una plataforma para promover la desnudez y las desviaciones sociales”.

El Parlamento, ampliamente controlado por las facciones conservadoras, se hizo eco del asunto. Algunos diputados pidieron al Gobierno que aplicara la nueva ley sobre “apoyo a la familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hiyab”, que refuerza la represión contra las mujeres que no llevan pañuelo.

Esa ley, aprobada en julio de 2024 y posteriormente promulgada, vio suspendida su aplicación en diciembre del mismo año por el todopoderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional, cuyo presidente no es otro que Massoud Pezeshkian. Porque éste no oculta su oposición a esta ley, al igual que el secretario general de esa institución, Ali Larijani, un conservador considerado “pragmático”.

“Massoud Pezeshkian y Ali Larijani temen que se produzca una explosión social debido al increíble coste de la vida en Irán”, subraya Azadeh Kian, profesora de sociología y directora del Centro de Enseñanza, Documentación e Investigación para los Estudios Feministas (Cedref) de la Universidad Paris-Cité.

“La inflación es de al menos un 200 % anual y el precio de la gasolina acaba de subir otra vez”, añade esta investigadora. “Por Chab-e Yalda [una de las fiestas iraníes más populares que celebra el solsticio de invierno, ndr], las familias tienen que comprar granadas y pistachos, pero, aunque se producen en Irán, su precio se ha duplicado o triplicado, lo que los hace inaccesibles. Lo mismo ocurre con los huevos, a los que ha recurrido la población, que ya no puede permitirse comer carne, pero cuyo precio también se ha disparado. Entonces, Pezeshkian y Larijani han pensado que si, además, se persigue a las mujeres, esto puede conducir tarde o temprano a altercados.”

Aunque desató la indignación de los círculos ultraconservadores y de los Pasdaran, el maratón de las mujeres, por el simple hecho de haber podido celebrarse, demostró efectivamente que una gran parte del régimen está de acuerdo en relajar la cuestión de las libertades individuales.

El sociólogo Ruhollah Jome'i, citado por la web Amwaj, destaca que la participación en la maratón, con más de cinco mil hombres y mujeres, fue superior a la de las recientes manifestaciones organizadas en Teherán por el régimen a favor del uso obligatorio del pañuelo. Lo que, añade, “demuestra que Irán no volverá” a la situación anterior al movimiento Mujer, Vida, Libertad, provocado por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, en 2022, por llevar mal puesto el pañuelo.

Hay otros indicios que apuntan en la misma dirección. “Ahora, la mayoría de las jóvenes andan sin velo por las calles de Teherán sin que nadie las señale”, indica Kacem, un joven empleado de banca que ha viajado a Francia para las fiestas de fin de año. “Muchas de las que siguen llevándolo lo hacen porque no tienen otra opción: trabajan en la administración y serían despedidas si se lo quitaran. Pero ahora ya no se ven unidades de policía moral en las calles de Teherán”.

Otra señal de la relajación del régimen es que ya no se detiene a las iraníes que conducen una moto, por lo que cada vez son más las que circulan por Teherán. Para el politólogo y especialista en Irán Reza Moini, la señal más llamativa de los cambios sociales que se están produciendo sigue siendo la proliferación de cafés en la capital iraní.

“Teherán no es una ciudad de cafés”, explica el investigador. “Hay teterías, pero no son populares entre los jóvenes. Ahora, los cafés se han convertido en sus lugares de reunión, especialmente para las chicas. Pero los jóvenes no se reúnen allí para hablar del derrocamiento del régimen, sino simplemente para estar juntos y sentirse libres.”

Las autoridades cierran cada poco algunos establecimientos por “atentar contra la decencia pública”, pero eso no impide que se abran otros. El líder de las facciones radicales y excandidato a las elecciones presidenciales, Saïd Jalili, ha mostrado recientemente su preocupación al respecto, indicando que ha contado al menos doscientos cafés entre su domicilio y su oficina.

El líder supremo, Alí Jamenei, que arbitra los conflictos entre facciones, pero que en general muestra posiciones más cercanas a los radicales que a los reformistas, parece incluso haber evolucionado en la cuestión de moral pública, distinguiendo ahora entre las mujeres que no llevan pañuelo y las que lo llevan mal puesto, pero se puede tolerar. También fue él quien propuso a Massoud Pezeshkian y Ali Larijani para los dos puestos clave del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que en el pasado solían ocupar personalidades conservadoras o belicistas.

Esos nombramientos han exasperado a los ultraconservadores, sobre todo porque Pezeshkian no deja de quejarse del mal funcionamiento de la República Islámica, lo que desmoraliza a la base del régimen, mientras que Larijani no deja de pedirle que aprenda de sus errores en lugar de practicar una “resistencia ciega”.

Como consecuencia del movimiento de protesta Mujer, Vida, Libertad, el régimen parece distinguir ahora claramente entre lo que considera desobediencia no política, sobre la que prefiere hacer la vista gorda, y los actos de desobediencia estrictamente políticos, que siguen siendo objeto de una feroz represión.

“El poder centra ahora su represión en quienes tienen la capacidad de organizar manifestaciones y en las personalidades populares”, resume Reza Moini. De ahí el regreso a la cárcel de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi.

La famosa opositora, que cumplía una condena de trece años y nueve meses de reclusión por “conspiración” contra la seguridad del Estado y “propaganda” contra el régimen iraní, había sido liberada de la prisión de Evin en diciembre de 2024 por motivos médicos.

Fue detenida de nuevo el 12 de diciembre en la gran ciudad santa de Mechhed (este de Irán) con motivo de la tradicional ceremonia del haftom, que conmemora el séptimo día de la muerte del abogado Khosrow Alikordi, gran figura de la defensa de los presos de conciencia y los periodistas, cuyo cuerpo fue hallado sin vida seis días antes, en su despacho. Las autoridades afirman que su muerte se debió a un accidente cerebrovascular y se niegan a realizar una investigación oficial.

Mientras pronunciaba un discurso frente a una mezquita para denunciar la muerte de este abogado, que considera “sospechosa”, Narges Mohammadi fue brutalmente detenida por policías vestidos de civil, que la arrastraron por el pelo y le propinaron violentos golpes con porras en la cabeza, el cuello y la pierna recientemente operada, lo que la obligó a ser hospitalizada en dos ocasiones, una de ellas en urgencias.

Ahora, según informaciones procedentes de la prisión de Mechhed, la opositora estaría acusada de “colaboración” con Israel. Se trata de uno de los peores cargos que existen: si se confirmara, podría ser condenada a una larga pena de prisión, o incluso a la pena capital. La abogada Nasrin Sotoudeh, otra figura destacada de la protesta que no pudo acudir a Mechhed, escapando así a una probable detención, ha informado de que le ha sido imposible obtener el escrito de acusación.

Por su parte, la fiscalía de Mechhed indicó que habían sido detenidas treinta y nueve personas más —unas cincuenta según la oposición— por “reunión ilegal”, “propaganda” y “conspiración con los enemigos de la República Islámica”.

Mientras el régimen da señales cada vez más claras de agotamiento, los acontecimientos de Mechhed también han puesto de manifiesto las divisiones de la oposición. Y es que, mezclados con los activistas de la sociedad civil, varios monárquicos asistieron a la ceremonia del haftom, alegando que el abogado fallecido no era hostil a sus ideas. A partir de ese momento, se corearon consignas como javid shah (viva el sha) y “muerte al dictador”, junto con las de la sociedad civil, en particular la ya famosa “mujer, vida, libertad”. Todo acabó en enfrentamientos y se lanzaron piedras contra Narges Mohammadi.

La situación se volvió aún más confusa cuando intervinieron las fuerzas de seguridad. Según Azadeh Kian, los partidarios de Reza Pahlaví, el hijo exiliado del último sha de Irán, se unieron a las decenas de policías para golpear a los demás activistas y ayudar a su detención. “Una vez más, y esto lleva sucediendo desde hace una década, se ha podido observar una colaboración entre los monárquicos y el régimen para impedir que surja una oposición en Irán”, añade la investigadora.

“Desde el inicio de la República Islámica”, dice Reza Moini, “se han podido observar manipulaciones del régimen en casi todas las manifestaciones populares. Por ejemplo, personas que se cuelan en las concentraciones para lanzar consignas que borran las verdaderas reivindicaciones de los manifestantes o radicalizan sus demandas. Dicho esto, en Irán hay monárquicos. De hecho, aparecieron por primera vez en Mechhed durante las grandes manifestaciones de 2009”.

Al mismo tiempo, el régimen sigue aplicando una política de ejecuciones sin precedentes desde hace muchos años. Según un balance de Amnistía Internacional, publicado en septiembre, desde principios de 2025 han sido ejecutadas más de mil personas y se calcula que hoy en día son mil seiscientas.

Traducción de Miguel López

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil están practicando registros este jueves en el marco de la misma operación en la que ayer fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, considerado socio de Santos Cerdán, por presuntas irregularidades en contratos públicos. En esta operación, que dirige bajo secreto el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, se han hecho un total de 19 registros en varias provincias, entre ellas Madrid, Sevilla y Zaragoza, en este caso en la sede de la empresa Forestalia.

Lo hace en paralelo a la detención de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. Este miércoles, fueron también arrestados la propia Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha, según informa EFE. 

[Noticia en ampliación]

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, confirmó su exministra de la Presidencia María Nela Prada.

Arce pertenece al partido político Movimiento al Socialismo (MAS), el cual gobernó el país durante 20 años, hasta 2025. El expresidente estuvo en el poder de 2020 a 2025, sucediendo a Evo Morales.

"Él (Arce) estaba solo, lo han metido a un minibús con vidrios negros, es lo que tenemos conocimiento", dijo Prada a los medios en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en La Paz, a donde la exministra llegó para obtener más información sobre la aprehensión del exmandatario. Prada señaló que Arce no fue notificado, ni convocado formalmente a declarar, "simplemente lo han agarrado, lo han subido a un minibús" y trasladado a la Felcc.

Según medios locales, es posible que la detención se deba a una investigación abierta por presunta corrupción en los manejos del Fondo de Desarrollo Indígena cuando Arce era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el Gobierno de Morales (2006-2019). El mandatario también tiene una causa abierta por una alta exfuncionaria que le acusa de haberla embarazado y abandonado, aunque por el momento no se ha confirmado por qué caso fue detenido.

Prada dijo a los medios que si es por el caso del Fondo Indígena, Arce presentó "todos los descargos" correspondientes en su momento, cuando era ministro y recordó que como expresidente, le correspondería un juicio de responsabilidades.

La exministra consideró que "se ha cometido un abuso por completo" con la detención de Arce e insistió en que no fue notificado para declarar.

Según una ley vigente desde diciembre de 2020, las altas exautoridades bolivianas deben permanecer en territorio boliviano por al menos tres meses una vez concluido su mandato, con el fin de que "rindan todos los informes necesarios" y para "evitar la impunidad ante un posible hecho o acto de corrupción".

La gestión de Arce, terminó el pasado 8 de noviembre, cuando fue investido presidente el centrista Rodrigo Paz Pereira. Antes de concluir su mandato, Arce aseguró varias veces que no se iría del país y que iba a retornar a dar cátedra en la universidad. Por el momento, ninguna autoridad del Gobierno, Policía ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre la detención de Arce. 

Noticia en ampliación.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista y la propietaria de la clínica privada de Alzira (Valencia) en la que una niña de 6 años y otra de 4 recibieron un tratamiento dental tras el cual falleció la primera y la segunda estuvo ingresada varios días en el hospital, según informa EFE.

La dueña, de 50 años, está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública, según la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, mientras que al anestesista, de 43, se le imputan los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública. A la primera se la ha detenido en Alzira horas después de que se produjera en València el arresto del anestesista que sedó tanto a la menor fallecida, de 6 años, como a otra niña de 4 que sufrió lesiones y que ha estado ingresada hasta este martes en el Hospital Clínico de València.

Este suceso se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, que ha abierto diligencias previas para investigar tanto el fallecimiento como las lesiones sufridas por la otra menor.

La Conselleria de Sanidad ha informado recientemente de que esta clínica dental privada no tiene autorización sanitaria para técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor.

Según Sanidad, la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología-estomatología", de modo que únicamente está autorizada para "administrar sin más autorización anestésicos locales".

El pasado 20 de noviembre una niña de 6 años ingresó, minutos antes de las 17 horas, en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en una clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Previamente, a las 15:11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladada al hospital Clínico de València, donde fue atendida en la UCI pediátrica, y fue dada de alta este martes.

Dos días después de estos hechos, el personal del servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad se entrevistó con el anestesista que atendió a ambas menores con el propósito de elaborar un informe que será trasladado a la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Castellón a tres personas, una de ellas ha ingresado en prisión, que supuestamente integraban la primera célula en España de la organización terrorista The Base, nacida en 2018 con el objetivo de alcanzar la supremacía blanca a través de ataques terroristas cometidos por redes de autocapacitación paramilitar, según informa EFE.

La Dirección General de la Policía Nacional informa este lunes de estas detenciones practicadas el pasado martes por agentes de la Comisaría General de Información especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo tras detectar a principios de año a un individuo muy radicalizado y alineado con los postulados terroristas supremacistas de The Base.

Se trata de una organización que opera como una red descentralizada y clandestina de pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos son el supremacismo, el aceleracionismo militante y la preparación para una 'guerra racial'.

Durante la investigación se descubrió la existencia de una célula cohesionada, integrada por otras dos personas más, cuyos integrantes se encontraban altamente radicalizados, basando su estilo de vida en los postulados de la organización terrorista, y en disposición de realizar atentados. 

Habían ya realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar.

Los agentes también pudieron comprobar cómo los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter aceleracionista.

En los últimos meses, los detenidos habían endurecido su discurso radical, alentando a llevar a cabo acciones violentas, llegando incluso a manifestar abiertamente, que estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa.

Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de The Base, el cual hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

Esto, sumado al acopio de armas observado, propició que en la madrugada del pasado martes los agentes pusieran en marcha un operativo policial para la detención del líder y sus dos máximos colaboradores.

Los agentes incautaron en los cinco registros practicados en la provincia de Castellón dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar que utilizaban en las actividades de capacitación, material y documentación de carácter aceleracionista y supremacista, propaganda neonazi, así documentación ensalzando otras organizaciones terroristas.

La operación Cascadia ha estado dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en tanto que agentes de Europol han participado en la fase de análisis de información llevada a cabo durante la investigación que contína abierta a las órdenes del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia nacional, quien decretó el ingreso en prisión del líder de la célula.

La Policía Nacional ha liberado en Almería a una mujer que había sido captada en Chipre mediante el método 'lover boy' y estaba siendo sometida en España a agresiones sexuales y a un control extremo por parte de dos hombres, que han sido detenidos, según informa EFE.

La investigación ha permitido acreditar que los arrestados generaban mediante este método una falsa relación afectiva para atraer a la víctima con promesas de estabilidad y empleo, sufragando su traslado para crear una deuda económica con la que ejercer control sobre ella, según ha informado este lunes la Policía.

Una vez en España, la mujer fue trasladada de Málaga a Almería, donde los autores le revelaron sus verdaderas intenciones: debía prostituirse para saldar la supuesta deuda.

La víctima ha relatado que era obligada a enviar videollamadas desde puntos concretos de la vivienda, sufría vejaciones continuas, amenazas y castigos físicos, y que los tratantes la fotografiaban para publicitarla en portales de contacto. Ante su negativa a ejercer la prostitución, uno de los acusados incluso llegó a buscar terceros en Inglaterra para trasladarla allí y continuar la explotación.

La intervención policial se inició cuando la mujer pidió ayuda a familiares, que acudieron de inmediato a dependencias policiales. Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana lograron localizarla, acompañada de uno de los presuntos tratantes, que amenazó de muerte a los policías antes de ser arrestado.

El segundo implicado ha sido detenido tras un dispositivo de vigilancia.

El operativo se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, en funciones de guardia, que ha ordenado prisión para el principal acusado.

Agentes de la Sección Greco Galicia de la Udyco Central detuvieron en las últimas horas a las dos personas a cuyo nombre figuran las dos narcolanchas que recogieron los 3.650 kilos de cocaína intervenidos en septiembre pasado en A Pobra do Caramiñal, en la cara Norte de la ría de Arousa, procedentes de un narcosubmarino.

Los arrestos vienen dados por los análisis realizados tras la primera oleada de detenciones, tras las que los especialistas del Cuerpo Nacional de Policía consiguieron determinar la identidad de las personas a cuyo nombre se encontrarían las dos embarcaciones de 7,99 metros de eslora que salieron a las inmediaciones de la isla de Sálvora para recepcionar el alijo (como se sabe, si alcanzan los ocho metros pueden considerarse narcolanchas y estarían prohibidas).

Uno y otro ya han sido interrogados por los agentes con base en la Comisaría Provincial de Pontevedra, responsables de toda la investigación. Sin embargo, como ocurre en casi todos los casos de este tipo, no obtuvieron respuesta por su parte.

Sí se sabe que uno de ellos es una persona sin recursos, por lo que todo apunta a que fue utilizado por los criminales como 'hombre de paja' para figurar como dueño de una de las lanchas de color blanco que, según todos los indicios, partió de la ría de Muros y Noia y llegó a tierra por la de Arousa tras recibir los fardos en el entorno de As Illas Atlánticas. En cuanto al segundo, podría tener cierto conocimiento acerca del uso que se le iba a dar a la embarcación, si bien resultará complicado de acreditar. Tanto uno como otro, en todo caso, estarían muy lejos de la cúspide de la organización criminal desmantelada.

Los últimos arrestos, en todo caso, hacen que asciendan a 16 los investigados por estos hechos: los tres sudamericanos detenidos en un primer momento –los tripulantes del semisumergible–, los once gallegos que cayeron pocos días después en relación con la descarga y los dos citados de las últimas horas que, además, serán puestos a disposición del juzgado de Muros a lo largo de la jornada de este jueves.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles la incorporación de un nuevo investigado en la operación desarrollada ayer por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Almería en el marco del caso Mascarillas, informa EFE.

Según han concretado a EFE fuentes de la UCO, con esta incorporación, cinco personas han sido detenidas y tres figuran como investigadas. En este caso, no se ha precisado la identidad del nuevo investigado.

La nueva cifra se conoce después de que este martes se produjesen las detenciones del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, así como registros en diez inmuebles, incluidos el Palacio Provincial y dependencias de Infraestructura Urbana.

Los registros se prolongaron a lo largo de más de diez horas y contaron con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.

También fueron detenidos un técnico de Obras Públicas, el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios.

Según el auto que autorizó los registros, la investigación mantiene sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, y analiza si los implicados facilitaron adjudicaciones irregulares desde la Diputación y el Ayuntamiento de Fines a empresas a cambio de comisiones.

Los detenidos serán puestos previsiblemente a disposición judicial este jueves, mientras la Diputación mantiene la colaboración con las diligencias y el PP andaluz ha aplicado la suspensión cautelar de militancia a los cargos afectados.

El Grupo Socialista en la Diputación de Almería ha solicitado este miércoles la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para que el gobierno del PP informe sobre la situación creada tras la detención del presidente de la institución, Javier Aureliano García, y del vicepresidente Fernando Giménez, en la nueva fase del caso Mascarillas.

La diputada Noemí Cruz ha señalado a los medios que la iniciativa se ha registrado “esta misma mañana” y ha lamentado que, más de 24 horas después de la operación policial, no se ha facilitado ninguna información oficial.

“Han pasado ya 24 horas, más de 24 horas, y aún en este momento no tenemos ninguna información. Lo que queda de los miembros del Gobierno del Partido Popular y la Diputación Provincial no han hecho ninguna comunicación, no han trasladado ninguna información, no solo al resto de la corporación provincial, sino tampoco a la ciudadanía de Almería”, ha declarado.

Ha explicado que el pleno debe aclarar “cuáles son los expedientes que están en cuestión, cuál es la información, la documentación que se le ha requerido a esta institución, cuál es el alcance de la causa que se está investigando y cuáles son las cuestiones que están implicadas”.

También ha señalado que existen dudas esenciales “que nadie conoce a día de hoy, en este momento”, como si el presidente y el vicepresidente “siguen siendo diputados, siguen siendo miembros de la corporación provincial” y que “no sabemos si han dimitido ya, tampoco si lo van a hacer. Por tanto, queremos que esto en el día de hoy sea aclarado con la máxima urgencia”.

Cruz ha afirmado que “Moreno Bonilla solo tiene dos opciones: una es que dimitan los miembros que están detenidos y, si no lo hacen, desde luego Moreno Bonilla estará siendo un encubridor de esta causa, un encubridor más de esta causa”.

Ha recordado que el caso “viene de largo” y que desde 2021 han denunciado la situación que se ha producido en la Diputación Provincial.

El ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, aseguró que Wilmer Chavarría, 'Pipo', el máximo líder de la banda criminal Los Lobos, detenido el domingo en Málaga (España), será extraditado al país.

Y "probablemente" terminará en la nueva cárcel de máxima seguridad con la que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quiere replicarla el "modelo Bukele" instaurado en El Salvador por su mandatario.

Loffredo, en declaraciones a periodistas, se refirió así al máximo líder de Los Lobos, la organización criminal más poderosa actualmente en Ecuador, arrestado en España después de que en 2021 fingiese su muerte y saliese del país.

El ministro señaló que la captura de 'Pipo' fue posible gracias a la "efectiva cooperación internacional" con España y recordó que el líder de Los Lobos "es responsable de al menos 400 muertes" en Ecuador.

La captura de 'Pipo' coincidió con el inicio de la jornada electoral del referéndum impulsado por el presidente, que obtuvo una contundente derrota al ser rechazadas las cuatro propuestas de esta consulta popular, incluida la de establecer una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución.

Al mando de 'Pipo', Los Lobos se alzaron en los últimos años como la organización criminal más fuerte de Ecuador tras desatar una guerra de bandas para emanciparse de Los Choneros, la otra gran organización delictiva del país, que hasta finales de 2020 tenía el monopolio de la actividad criminal.

Para ello, Los Lobos se aliaron con el mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación, al que proveían de la cocaína producida principalmente en Colombia, a diferencia de Los Choneros, con vínculos con el cártel de Sinaloa, de acuerdo a las autoridades ecuatorianas.

Además, ampliaron sus operaciones al incursionar en la minería ilegal y, de acuerdo con las autoridades, establecieron alianzas con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para explotar enclaves mineros en la Amazonía.

No es casualidad que 'Pipo' viviese entre España y Dubái, lugar junto a India donde se destina la mayor parte del oro ilegal que se produce en la cuenca amazónica.

La Policía de la India ha detenido este jueves a más de 600 personas en cientos de redadas en la Cachemira administrada por la India, en el marco de una nueva ofensiva contra grupos separatistas tras la explosión de un vehículo en Nueva Delhi este lunes, calificada por el Gobierno indio como un “atentado terrorista” y que dejó al menos ocho muertos, según informa EFE. 

“La Policía de Jammu y Cachemira sigue comprometida con actuar de forma imparcial contra todos los enemigos de la paz y la estabilidad”, declaró a EFE un alto funcionario policial bajo condición de anonimato, confirmando la detención de más de 600 personas en los últimos tres días. 

Según la Policía, esta ha sido una de las mayores operaciones de seguridad de los últimos años en la Cachemira administrada por la India, deteniendo a más de 600 personas en una amplia redada contra la organización islámica Jamaat-e-Islami (JeI).

Jamaat-e-Islami, antaño la mayor organización sociopolítica de Jammu y Cachemira, fue prohibida en 2019 por presunto apoyo al separatismo, poco después de que India revocara el estatus semiautónomo de la región y la reorganizara en dos territorios administrados por el Gobierno central. 

Equipos conjuntos de la Policía de Jammu y Cachemira, el Grupo de Operaciones Especiales (SOG), la Fuerza de Reserva Central (CRPF) y otras agencias de seguridad realizaron registros en casi todos los distritos del valle, con cientos de redadas simultáneas, tras recibir información de inteligencia que apuntaba a intentos de antiguos miembros y simpatizantes del JeI de reactivar la organización bajo nuevos frentes sociales o religiosos.

Las autoridades policiales informaron a EFE del decomiso de una gran cantidad de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, discos duros, documentos organizativos, libros de contabilidad y literatura presuntamente vinculada a las actividades del Jamaat. Los investigadores creen que parte del material podría revelar redes de financiación extranjera.

La macrorredada se produce tras la explosión del 10 de noviembre en el Fuerte Rojo de Nueva Delhi, que dejó ocho fallecidos. Los investigadores analizan el posible papel de tres médicos del sur de Cachemira sospechosos de mantener vínculos con grupos armados. 

La región de Cachemira, situada en el Himalaya, ha estado disputada y dividida entre India y Pakistán desde 1947, cuando ambos países obtuvieron su independencia.

Desde 1989, en la parte india de Cachemira se libra una insurgencia armada que ha causado miles de muertes, en su mayoría civiles.

Los militantes, a los que India acusa de recibir armas y financiación de Pakistán, buscan la independencia de la región o su unión con el país vecino.

El Tren de Aragua, la organización criminal más violenta de Sudamérica, ha desembarcado en España. Así lo constata la operación que acaba de desarrollar el Cuerpo Nacional de Policía, que, en conexión con la policía de Colombia en el marco del proyecto Ameripol, consiguió desmantelar una célula que se había extendido por todo el país para traficar con su droga favorita: la cocaína rosa, también llamada tusi. La acción policial partió de la caída en marzo de 2024 de Cheison Guerrero, hermano del máximo exponente de la organización, alias Niño Guerrero.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a trece personas que, presuntamente, conformaban la célula del Tren de Aragua en España. Ocho de los arrestos han sido realizados en Barcelona, dos en Madrid y los restantes en Girona, A Coruña y Valencia. Además, se han llevado a cabo cinco registros en Barcelona, dos en Madrid y uno en A Coruña y Girona, donde se han intervenido diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor. También se han desmantelado dos laboratorios de la sustancia conocida como tusi, muy habitual en el desarrollo criminal de esta organización.

La desarticulación responde a la segunda fase de la operación Interciti, realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano de Niño Guerrero –líder de la organización a nivel mundial y por el que Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares– en virtud de una Orden Internacional de Detención en vigor interpuesta por las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Tras su localización y detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, que se había instalado en España, intentaba implantar y expandir su estructura en nuestro país, con el fin de operar a semejanza de cómo lo hace en los países del continente americano de donde es originaria. Fruto de la investigación, los agentes detectaron un entramado de personas ubicadas en diferentes partes del territorio nacional que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína.

La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional. Los arrestados se dedicaban al 'cocinado' de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas encaminadas a detectar otros miembros del entramado, analizando todos los efectos intervenidos en los registros y, muy especialmente, las ramificaciones internacionales de esta organización, que se caracteriza por su componente de actividad transnacional. Ello se enmarca dentro del grupo de trabajo creado en la Policía Nacional para combatir este fenómeno delincuencial, en cuyo seno se llevan a cabo este tipo de investigaciones.

La investigación se encuentra bajo la dirección de titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, quien ha decretado el ingreso en prisión para cuatro de los arrestados.

El Tren de Aragua es un grupo criminal originario de Venezuela considerada la banda criminal más poderosa del país. Hasta hace unos meses tenía su centro de operaciones en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), sito en la región centro de ese país iberoamericano.

Esta organización lleva a cabo asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas, entre otros delitos. Se considera que tuvo su génesis en el sindicato de obreros que trabajaban en la construcción del tramo del Ferrocarril de Venezuela que recorría los estados Aragua y Carabobo, de ahí su autodenominación como Tren de Aragua. Tras el inicio del proyecto en 2005, el sindicato cobraba por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba a los contratistas. El grupo fue ampliando sus actividades criminales y cuando la construcción se paralizó en 2011, el sindicato ya actuaba como una banda criminal.

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos introduciéndose con el tráfico de migrantes en las áreas fronterizas de varios países. Asimismo, presuntos miembros del grupo se han asentado en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países. Sin embargo, el Tren de Aragua, como se le conoce hoy en día, no se consolidó hasta 2013, cuando Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño guerrero, fue encarcelado en la Prisión de Tocorón y estableció alianzas con miembros del sindicato. Allí escaló rápidamente en la jerarquía penitenciaria hasta convertirse en 'Pran', como se les conoce a los líderes carcelarios en Venezuela.

Diversos factores ayudaron a que el grupo criminal se fortaleciera. Por una parte las reformas penitenciarias que dictó en 2013 la entonces ministra de prisiones pero que nunca fueron aplicadas en Tocorón. Así, Guerrero empezó a cobrar la «causa» o impuesto mensual que los presos debían pagar al 'pranato' y cuyos ingresos permitieron la construcción de gimnasios, piscinas, parques infantiles, restaurantes, discotecas y otras obras dentro de la prisión.

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas que presuntamente integraban la primera célula asentada en España del Tren de Aragua, una estructura criminal originaria de Venezuela, expandida a otros países, dedicada a ejecutar asesinatos, extorsiones, secuestros y a traficar con drogas y personas, según informa EFE.

La Dirección General de la Policía ha informado este viernes de esta operación, denominada Interciti, que tuvo una primera fase en marzo de 2024 cuando fue arrestado en Barcelona el hermano del líder internacional de la organización que pretendía expandir su estructura. 

En esta segunda fase, los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han arrestado a 13 miembros del Tren de Aragua: ocho en Barcelona, dos en Madrid y tres en Girona, A Coruña y Valencia. Cuatro de ellos ya han ingresado en prisión por orden del juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional.

Los agentes han desmantelado también dos laboratorios dedicados a elaborar cocaína rosa, conocida como tusi, una actividad habitual de esta organización y su principal fuente de ingresos junto con el tráfico de cocaína. 

También se han intervenido en cinco registros en Barcelona, Madrid, A Coruña y Girona diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor. 

La Policía destaca que estas detenciones son el resultado de las investigaciones realizadas por un grupo de trabajo creado ad hoc en el Cuerpo para luchar contra la implantación de esta organización criminal en España y que en este caso han contado con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto Ameripol-El Pacto 2.0 de la Unión Europea.

En marzo de 2024 los agentes detuvieron en Barcelona al hermano del Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua a nivel internacional. Fue arrestado en virtud de una Orden Internacional de Detención interpuesta por las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. 

Tras su localización y detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, que se había instalado en España, intentaba implantar y expandir su estructura en este país, con el fin de operar a semejanza de como lo hace en los países del continente americano de donde es originaria. 

Fruto de esas pesquisas, los agentes detectaron un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, con una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras.

Estas dos ramificaciones se dedicaban al "cocinado" de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas de cara a detectar a otros miembros del entramado, por lo que continúan analizando los efectos intervenidos en los registros y, muy especialmente, las ramificaciones internacionales de esta organización que se caracteriza por su componente de actividad transnacional.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional originaria de Venezuela; está considerada la banda más poderosa del país y ejecuta asesinatos, extorsiones, secuestros, y tráfico y trata de personas, entre otros delitos. 

Se considera que tuvo su génesis en el sindicato de obreros que trabajaban en la construcción del tramo del Ferrocarril de Venezuela que recorría los estados de Aragua y Carabobo, de ahí su autodenominación como Tren de Aragua. 

Tras el inicio del proyecto en 2005, el sindicato cobraba por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba a los contratistas. El grupo fue ampliando sus actividades criminales y cuando la construcción se paralizó en 2011, el sindicato ya actuaba como una banda criminal. 

Sin embargo, el Tren de Aragua, como se le conoce hoy en día, no se consolidó hasta 2013, cuando Héctor Rustherford Guerrero Flores, el Niño Guerrero, fue encarcelado en la prisión de Tocorón y estableció alianzas con miembros del sindicato. 

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos. De hecho, la banda está asentada ya en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países. 

Allí escaló rápidamente en la jerarquía penitenciaria hasta convertirse en Pran, como se les conoce a los líderes carcelarios en Venezuela.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al empresario Álvaro Romillo la comisión de una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través de su entramado societario Madeira Invest Club (MIC). El conocido en redes sociales como 'CryptoSpain' ha sido detenido este jueves en el marco de esta investigación.

Al empresario que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise, se le acusa de ser presuntamente el responsable máximo de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales a través de su sociedad.

Se trata del Madeira Invest Club, que empezó a operar a principios de 2023 y que se presentaba como un "club privado de inversión" que ofrecía supuestas oportunidades inmuebles, vehículos de lujo, yates, whisky, oro y criptomonedas, entre otras, garantizando rentabilidades fijas y recompra asegurada.

Las aportaciones de los inversores se formalizaban mediante contratos de compraventa de obras de arte digitales, que el club se comprometía a recomprar en un plazo determinado con beneficios preestablecidos.

Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil ha corroborado que no existía ninguna actividad económica real, tratándose de un esquema piramidal en el que las ganancias de los primeros participantes se pagaban con el dinero de los nuevos inversores.

La organización contaba con un entramado societario y bancario distribuido en varias jurisdicciones, incluyendo, entre otros, España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, EEUU, Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.

A lo largo de la investigación se ha contado con la colaboración de Europol y de cuerpos policiales de otros países, como el Homeland SecuritySI de EEUU, la Singapore Police Force de Singapur, la Royal Malaysia Police de Malasia y la Royal Thai Police de Tailandia.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha ordenado la detención, investiga esta presunta estafa piramidal sobre la que se ha levantado este el secreto de sumario tras recibir los informes de la UCO y de la Agencia Tributaria.

Según el auto en el que el juez ordena el arresto, al que ha tenido acceso EFE, la Policía de Singapur informó que entre el 15 de julio y el 29 de agosto de 2024, una cuenta de Alipay Merchant Services Pte Ltd, que tiene como titular la sociedad Lemus Trading (HK) Limited, registrada en Hong Kong, "recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas", Maidentok LDA y Sabrosso LDA.

"La Policía de Singapur ha comprobado que las empresas que han realizado las transferencias pertenecen a dos ciudadanos españoles", Álvaro y Domingo Romillo.

El magistrado añade que los informes recibidos "ponen en evidencia la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad" de que Álvaro Romillo, "aprovechando su popularidad en redes sociales", desarrolló un "negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal".

Lo hizo, presuntamente, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, "a través de la plataforma digital Madeira Club Invest, que se promocionaba en internet como 'un club privado de inversión', cuyo objetivo es 'obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual', movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito".

Romillo se anunciaba como experto en elusión fiscal y llegó a convencer a cerca de 30.000 personas para que ingresasen en el club. Para acceder a la plataforma era requisito un pago inicial de 2.000 euros, que posteriormente se recompensaría con transferencias bancarias en criptomonedas.

'CryptoSpain' ganó relevancia en redes mostrándose como un empresario contrario al Estado y a los impuestos. Con 18 años comenzó su actividad empresarial con una entidad dedicada a distintas actividades, como la venta de bisutería o como agencia de publicidad.

El pasado agosto, Romillo denunció haber sufrido un asalto en su chalé de Ciudalcampo. Según el acta de declaración, al empresario le amenazaron a punta de pistola y le sustrajeron objetos de valor como diamantes, joyas y relojes de lujo. Según su testimonio, fue maniatado durante cuatro horas.

Romillo consiguió atención mediática tras presentar una denuncia contra Alvise, en la que aseguraba haberle entregado 100.000 euros en efectivo el 27 de mayo de 2024 para su campaña electoral para los comicios europeos. Esto supuso la apertura de una investigación por parte del Supremo por supuesta financiación ilegal al líder de Se Acabó La Fiesta.

Ya en 2023 la CNMV alertó de su plataforma ahora investigada, el Madeira Invest Club. Según la comisión, el club no estaba autorizado para captar inversión.

Ahora, el juez explica que "la gravedad de los hechos y penas" que comportan, unido a "la disposición de grandes cantidades dinerarias en el extranjero" por Álvaro Romillo y "la contundencia de las evidencias de que este lideró su comisión" invitan a pensar que pueda no comparecer a su citación mañana, viernes, y "trate de evadirse al extranjero".

Por ello, ha ordenado este jueves su "inmediata detención" para "asegurar su comparecencia" y "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia".

El juez instructor aprecia en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría rebasar los 300, y un número de afectados que ronda los 30.000. 

Tres personas han sido detenidas en Dos Hermanas (Sevilla) acusadas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual dentro de la Operación Cano, que ha permitido liberar a víctimas sometidas a un "control férreo y condiciones inhumanas", como ser rociadas con agua fría para que se mantuvieran despiertas, según informa EFE.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la organización criminal captaba a las víctimas entre mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que los proxenetas "seducían" en su país de origen con el conocido método del 'Loverboy', consistente en fingir una relación sentimental para ganarse su confianza.

Las mujeres, con falsas promesas de empleo en España, eran trasladadas y posteriormente obligadas a ejercer la prostitución.

Los agentes constataron que los presuntos autores habrían obtenido unos 100.000 euros en solo siete meses gracias a la explotación sexual de varias mujeres.

La investigación, desarrollada con la colaboración de una organización no gubernamental especializada en la lucha contra la trata de seres humanos, permitió localizar a una víctima e identificar al grupo criminal responsable.

Estos controlaban a las mujeres mediante cámaras y teléfonos, y las obligaban a enviar su ubicación y a ejercer la prostitución sin descanso, incluso enfermas.

Sin horario y continuamente disponibles, eran incluso rociadas con jarros de agua fría en el rostro para mantenerlas "despiertas y activas", ha detallado la Policía.

Las víctimas entregaban todo el dinero obtenido y acumulaban deudas falsas de unos 4.000 euros, supuestamente derivadas de los gastos de viaje o manutención.

Una de ellas fue engañada con una oferta para cuidar a personas mayores pero, al llegar a España, fue obligada a ejercer la prostitución las 24 horas del día, anunciada en páginas de contactos controladas por los proxenetas.

La operación, fruto de una larga investigación coordinada entre los agentes de Extranjería y Fronteras de Córdoba y Dos Hermanas, ha culminado con la detención de los tres principales implicados, que han pasado a disposición judicial.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos.