La Comunidad de Madrid ha acordado con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas incrementar hasta los 14.800 millones de euros en seis años, de 2026 a 2031, la financiación para estas instituciones, que han celebrado este "hito" asegurando que abre "una nueva etapa", informa EFE.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este martes el acuerdo con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III en la sede del Gobierno regional, junto a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

El acuerdo se firma tras una reunión mantenida el lunes entre los rectores y las consejerías de Educación y de Hacienda, tras el cese en febrero del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con protestas y huelgas masivas.

Tras la firma, Díaz Ayuso ha detallado que las universidades recibirán un total de 14.800 millones de euros en seis años, de los cuales el 83% provendrá de los presupuestos generales de la Comunidad, es decir, 12.300 millones, y el resto de los precios públicos, obtenidos por tasas o servicios prestados.

En total, se estima que las universidades públicas recibirán anualmente una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad, cifra superior a los 1.239 millones presupuestados para 2026, que los rectores consideraban "insuficiente".

Es la primera vez que las universidades públicas contarán con una propuesta de financiación plurianual "para que puedan planificar con tiempo y eficacia su propio futuro estratégico", ha destacado Díaz Ayuso.

Habrá una financiación básica para la actividad ordinaria de las universidades y una financiación por objetivos "para mejorar la calidad docente e investigadora", ha subrayado la presidenta madrileña.

El modelo se articula, además, mediante un fondo de convergencia para corregir desequilibrios; un fondo adicional para competitividad y proyectos singulares, así como una financiación específica dirigida a inversiones para acometer la modernización de infraestructuras.

En el último ejercicio (2031), las universidades contarán con 549 millones adicionales de la Comunidad y los fondos específicos recogidos en el acuerdo habrán crecido un 41% (480 millones de euros más), según las cifras facilitadas por el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, se estima que las universidades puedan tener otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones en los años del modelo.

Cada universidad deberá aprobar un plan estratégico a cinco años, con la participación del Consejo Social, y presentará cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos.

Se reforzarán los mecanismos de auditoría interna y externa y, si hay desequilibrio, la universidad afectada deberá aprobar un plan económico financiero.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) y rectora de la Autónoma (UAM), Amaya Mendikoetxea, ha mostrado su "enorme satisfacción" y ha calificado de "hito" el acuerdo, que abre "una nueva etapa" y el camino hacia un sistema universitario madrileño "más fuerte, más estratégico y con mayor estabilidad".

En su discurso, Mendikoetxea ha recordado cómo desde abril de 2024 los rectores habían alertado del "creciente desequilibrio entre ingresos y gastos que ponía en riesgo" la situación de los campus madrileños, atrapados en una financiación que solo "garantizaba unos mínimos sin un marco estable plurianual".

Por ello, ha agradecido a la presidenta madrileña "su sensibilidad" e "interés personal" en la consecución de una financiación "suficiente y estable", a la vez que ha reconocido la labor del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, por liderar el proceso "con cintura", y del exconsejero Emilio Viciana por haber iniciado del camino.

Igualmente ha agradecido a los demás rectores y ha añadido que el acuerdo no solo cierra una etapa sino que "abre otra, de reconocimiento explícito de una necesidad estructural que debe ser atendida en el tiempo".

La educación pública española sigue escalando puestos en la calidad educativa europea. En lo más alto, Barcelona, con la universidad pública de Barcelona, la Autónoma de la Ciudad Condal y la Pompeu Fabra; y Madrid con la Autónoma y la Complutense. Todas ellas se sitúan entre las cien mejores del mundo, según la clasificación elaborada por QS Quacquarelli Symonds del año 2026, según recoge EFE.

España está representada en este listado que incluye 958 universidades de 42 países por 62 universidades y ocupa la quinta posición en Europa. Sin embargo, Reino Unido es el país que lidera la clasificación general, con 129 instituciones de educación superior e incluye siete entre las diez primeras. Le siguen Turquía (107 universidades o centros de educación superior) y Alemania (102). Francia y Suiza son los otros países representados entre los diez primeros puestos.

La Universidad de Barcelona es la universidad española mejor clasificada, en el puesto 60, seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el 68. La Universidad Autónoma de Madrid ocupa el puesto 71, mientras que la Universidad Complutense de Madrid se sitúa en el 78. En esta edición, España ha añadido 18 universidades a la clasificación y de las recién clasificadas, seis se sitúan entre las 500 primeras, siendo la mejor en el ranking la Universidad de Málaga, en el puesto 365.

Y mientras en el top 100 hay 5 universidades, en el top 200 se sitúan 17 instituciones españolas, entre las que destacan también la Universidad de Granada (que asciende más de 30 puestos, hasta el 133) y la Politécnica de Valencia, que sube en la tabla hasta el puesto 166 frente al 175 del año pasado.

Entre las 200 mejores del mundo también se sitúan la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla, la Ramón Llull, la Universidad IE, la de Salamanca y la Universidad del País Vasco. Las universidades del CEU son las que más han mejorado en España en esta edición y las cuartas que más han mejorado en el mundo, subiendo 65 posiciones hasta el puesto 420. Le siguen la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que ha pasado del 409 al 371.

Este listado se elabora teniendo en cuenta doce indicadores como la reputación académica, la proporción de profesorado y alumnado, los artículos y la investigación del centro, el profesorado internacional y los estudiantes de intercambio o los resultados en materia de empleo y de sostenibilidad. Entre todos estos parámetros destaca la Universidad de Barcelona por la reputación y la investigación, y la Complutense de Madrid por la empleabilidad.

Aunque los mejores resultados se encuentran en los indicadores de internacionalización, que lidera IE University, España cuenta con 10 universidades entre las 50 mejores de Europa en intercambio de estudiantes tanto entrantes como salientes, más que cualquier otro país.

En el indicador de reputación entre los empleadores, España destaca con seis universidades entre las 50 primeras en este indicador y en cuanto a la reputación académica, cuatro universidades españolas se encuentran entre las 50 primeras, empatadas con los Países Bajos, Francia e Italia. La Universidad Ramon Llull, ocupa el puesto 83 y es la única que se encuentra entre las 100 primeras en cuanto a investigación.

Aún así, no todo son buenas noticias. De las 44 universidades españolas que figuraban anteriormente en esta clasificación, 13 suben puestos y 31 bajan, lo que supone una tasa descenso del 41%, la quinta más alta de Europa entre los países con 10 o más instituciones clasificadas, por detrás de Eslovaquia, Ucrania, Francia e Italia.

La Universidad de Navarra, que el año pasado entró en el top 100 se sitúa este año en el puesto 101 mientras que otras grandes universidades como la Politécnica de Madrid, de Barcelona o la Carlos III de Madrid también han empeorado posiciones en este ranking.

La adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid se encuentra con obstáculos. La idea, que aprobó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado noviembre, ha sido recurrida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio, el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto a través de la Abogacía del Estado y presentado el pasado 12 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fuentes del ministerio, dirigido por Diana Morant, aseguran que es algo inédito que un colegio profesional pueda repartir títulos. Además, afirman que “la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”.

La aprobación de la adscripción a la UCM del centro de la ICAM tendría que ver, según recoge elDiario.es, con la falta de financiación de la Universidad Complutense, algo que se podría aliviar mediante esta operación ya que las universidades reciben dinero por alojar centros adscritos. También, apunta el medio digital, sigue la línea del gobierno de Ayuso, que querría tener más influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con su constante privatización de la educación.

Precisamente, fuentes del ministerio han asegurado a elDiario.es que “el resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. La decisión adoptada por el Gobierno de la señora Ayuso sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados”.

Con este centro, la propia Complutense se estaría haciendo competencia a si misma, ya que en el grado de Derecho no llena todas las plazas, con una tasa de cobertura del 90%. De esta forma, dicen fuentes del ministerio, "se abre otra vía para desmantelar la universidad pública". También han alertado de que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".

El recurso del Gobierno se une al que ya presentó el PSOE hace pocos días y, además, podrían no ser los únicos. El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció que también lo haría ya que considera que es un paso "forzado" y "un error". El rector asegura que es una “puerta falsa para formalizar como universidades ámbitos que no lo son”, una declaración que también comparte la Universidad Complutense.

"Tampoco vamos a consentir que se instrumentalicen los colegios y los centros educativos para hacer ingeniería social". Con esta frase, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el curso universitario madrileño en Alcalá de Henares el pasado septiembre, en un momento en el que varias universidades públicas ya habían denunciado la infrafinanciación y presentado pérdidas en su último ejercicio económico. Un síntoma claro de los problemas de viabilidad y de la falta de medios que sufre la universidad, mientras el Ejecutivo autonómico centra su discurso en combatir un supuesto adoctrinamiento.

En busca de acabar con esa supuesta instrumentalización, el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) introduce un régimen sancionador que ha encendido las alarmas en la comunidad educativa. Prevé multas contra las universidades por "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus" o por dificultar el acceso a instalaciones, así como sanciones de entre 300 y 15.000 euros a estudiantes por "colocar pancartas o símbolos sin autorización" o retirar los que sí la tengan.

A estas medidas, criticadas por su impacto sobre la libertad de expresión, se suma la preocupación por la falta de financiación. Las líneas maestras de los presupuestos regionales confirman que el aumento previsto (6,5%) está muy por debajo de las necesidades planteadas por los rectores. Esta situación llevó a los 26 decanos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a denunciar el pasado martes "un modelo que reduce el compromiso público con la educación superior, mercantiliza el conocimiento y amenaza la equidad en el acceso".

La LESUC también plantea una reestructuración de los órganos de gobierno que reduce el poder de los rectores y otorga mayor protagonismo a representantes externos. Sin embargo, esta línea de intervención en la gobernanza no es nueva. En los últimos años, Ayuso ha situado a figuras afines a su partido o directamente a exaltos cargos del PP al frente de los consejos sociales de las universidades públicas. Organismos que participan en decisiones esenciales como la aprobación de presupuestos, cuentas anuales y planes estratégicos.

El Gobierno de Ayuso ha colocado al frente de los órganos que supervisan las cuentas y decisiones estratégicas a perfiles cuya trayectoria se articula entre el PP y el sector privado. El caso más visible es el de Francisco Marhuenda, presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III desde marzo de 2023. Su carrera política y mediática —exparlamentario del PP, exasesor de Mariano Rajoy y director de La Razón— se suma a su cargo actual de decano en la universidad privada UNIE, del Grupo Planeta.

En la Universidad de Alcalá, Ayuso designó en septiembre de 2024 a Carlos Mayor Oreja, que participó en varios gobiernos autonómicos del PP, fue diputado en la Asamblea de Madrid durante ocho años y desempeñó cargos de responsabilidad en la universidad privada UNIR. Actualmente, dirige la Fundación privada San Pablo-CEU, propietaria de varias universidades privadas en España. En la Universidad Autónoma de Madrid, el Consejo Social está presidido por Eduardo Sicilia desde diciembre de 2022, exconsejero de Universidades en el Gobierno de Ayuso. Tras diseñar una política marcada por la apertura a nuevos campus privados entre 2019 y 2021, ahora ha pasado a supervisar los presupuestos de una universidad pública.

El peso del sector privado se evidencia también en los perfiles empresariales que aparecen en el resto de universidades. Clemente González Soler, al frente del Consejo Social de la Rey Juan Carlos desde agosto, procede de organizaciones como el Instituto de Empresa Familiar, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la CEOE o IFEMA. Su proximidad al PP quedó de manifiesto en junio de 2024, cuando participó en un acto organizado por la formación en Cuenca ante medio centenar de empresarios y representantes del partido.

A su lado, Juan Pedro Moreno, antiguo máximo responsable de Accenture en España, Portugal e Israel, también se incorporó en agosto a la gobernanza de la Politécnica de Madrid. En la Complutense, Jesús Nuño de la Rosa asumió la presidencia de su Consejo Social en 2020 tras haber sido consejero delegado de El Corte Inglés y de Air Europa.

Montserrat Rius, investigadora académica en la Complutense y portavoz de UCM por la Pública, advierte de que los nombramientos recientes suponen "un salto cualitativo en la injerencia política y privada" dentro de los consejos sociales, un proceso que, asegura, "viene gestándose desde hace años".

El consejo social es el espacio donde se decide el rumbo económico de la universidad pública. Alejandro Tiana, exrector de la UNED y exsecretario de Estado de Educación, recuerda que su importancia es mucho mayor de lo que percibe la ciudadanía y, a menudo, la propia comunidad universitaria. En universidades grandes, explica, buena parte de las decisiones estratégicas "pasan inevitablemente por este órgano, porque es el que determina cuánto se invierte y con qué prioridades". Tiana insiste en que la clave está en preservar la pluralidad y la distancia respecto al poder político, algo que, señala, ha sido históricamente la norma en la mayoría de universidades.

"En mis años como rector tuve presidentes que venían del mundo empresarial, de la economía o incluso del sindicalismo. Había sensibilidades distintas y eso es sano. Lo que no tuve nunca fue a alguien colocado directamente desde un gobierno ni a responsables con vínculos activos en instituciones que pudieran tener intereses paralelos a los de la universidad pública. Ese perfil es el que desnaturaliza el sentido del consejo social", relata Tiana. Añade que "si la presidencia tiene un sesgo político fuerte, las decisiones dejan de responder al interés general y la autonomía universitaria se resiente".

Además, el borrador de la LESUC aumenta de forma significativa el poder de los consejos sociales. La norma tiene prevista la creación de una Oficina de Control Económico y Presupuestario Interno que fiscalizará todos los movimientos económicos de las universidades antes de que se ejecuten. Aunque la ley la define como un órgano con "plena autonomía funcional", quedará integrada bajo el mando del Consejo Social y, por tanto, bajo la presidencia nombrada por el Gobierno autonómico.

Esto desplaza al rector y al gerente y limita su margen de actuación. Montserrat Rius ve en esta reestructuración "la culminación de una tendencia". "Cuando al frente de los consejos sociales se coloca a excargos del PP o a directivos procedentes de la privada, el rectorado entiende que discrepar de la Comunidad de Madrid podría tener un coste", subraya. Para ambos expertos, estas decisiones del Ejecutivo de Ayuso erosionan la autonomía académica y la capacidad de autogobierno de las universidades madrileñas.

La Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas ha anunciado la convocatoria de una huelga general para los próximos 26 y 27 de noviembre, según recoge EFE.

El paro laboral, que afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

Los convocantes denuncian en un comunicado que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que la ley orgánica establece en el 1%; esta situación obliga a la Comunidad de Madrid a doblar la dotación económica actual para investigación, docencia y gestión universitarias.

Edificios abandonados, profesionales saturados y una falta de financiación cada vez más difícil de sostener. Esta realidad se repite en las universidades públicas madrileñas como consecuencia de una infrafinanciación crónica impuesta desde 2008, cuando la Comunidad de Madrid aplicó recortes y que, a día de hoy, sigue sin solucionar el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pese a que el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que "no va a dejar caer" ninguna universidad, también ha advertido de que estas instituciones deben "hacer su parte y ajustar los gastos y los ingresos a la actividad normal de cada centro".

No obstante, la Comunidad de Madrid parece decidida a mantener el conflicto con las universidades públicas al presentar unos presupuestos para 2026 que, pese a anunciar un aumento del 6,5%, no suponen una mejora real de la financiación. Las plataformas que agrupan a las seis instituciones denuncian que el Ejecutivo de Ayuso perpetúa la infrafinanciación, con un gasto que apenas pasa del 0,44% al 0,46% del PIB regional, muy lejos del 1% que reclaman. Ante lo que consideran un "presupuesto estancado" y una "asfixia continuada", profesores y estudiantes han convocado dos días de huelga a finales de noviembre y advierten de que podrían extender las movilizaciones si no hay un cambio sustancial en la política universitaria del Gobierno regional.

Una infrafinanciación que ha llevado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a solicitar al gobierno autonómico un préstamo de 34,4 millones de euros para garantizar el pago de las nóminas y la paga extra de Navidad a sus 11.400 trabajadores. Una problemática a la que se suma la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), cuya complicada situación económica ha sido reconocida por el consejero de Educación, Emilio Viciana, que ha confirmado que estudian medidas similares a las de la Complutense para solventarla.

La UCM acumula en los dos últimos ejercicios un déficit de 142,3 millones de euros —64,5 millones en 2023 y 77,8 en 2024—. Los datos del informe anual de cuentas de la URJC reflejan también un saldo negativo de 47 millones, frente a los 43,6 del año anterior. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) también presenta en su último balance un déficit de alrededor de 351.000 euros.

Una cifra que no se aleja de la registrada por la Universidad Carlos III (UC3M), que declaró pérdidas de 637.960 euros, aunque logró compensarlas con su remanente de tesorería evitando así el déficit. Por el contrario, la Universidad Politécnica (UPM) mantiene el equilibrio financiero, con un saldo positivo de 432.523 euros este último año. Aunque los obstáculos económicos parecen concentrarse en las dos primeras instituciones, los recortes y las denuncias del personal de otros centros demuestran que la crisis es generalizada. Desde CCOO advierten de que todas las universidades públicas madrileñas "sufren políticas de austeridad que afectan al personal, los recursos materiales y el mantenimiento de los edificios".

Pese al anuncio de un incremento del 6,5% en los presupuestos autonómicos de 2026, las universidades madrileñas dudan de que ese aumento se traduzca en una mejora real. Según Jesús Escribano, secretario de Universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, "se habla de un aumento de 75,3 millones de euros, pero al final hay que repartirlo entre seis universidades y nadie sabe todavía cómo se va a distribuir ese dinero".

El representante de CCOO denuncia además el desequilibrio entre el crecimiento del gasto público autonómico y la inversión en educación superior. "Desde que gobierna Ayuso, los presupuestos de la Comunidad de Madrid han crecido alrededor de un 40%, mientras que los de las universidades solo un 15%. Si se tiene en cuenta la inflación acumulada, cercana al 20%, el incremento real no es un aumento, es una reducción", advierte. En su análisis preliminar de las líneas maestras de las partidas presupuestarias, estima que "a las universidades madrileñas les faltan entre 700 y 750 millones de euros" y que lo que se les da ahora es "diez veces menos de lo que realmente se necesitaría para garantizar su funcionamiento con normalidad".

A esta insuficiencia se suma la incertidumbre sobre los plazos y la ejecución de los fondos. "El año pasado se anunció una subida de más de 40 millones y a estas alturas solo han llegado 11. Ahora dicen que son 75, pero parte de ese dinero irá condicionado a objetivos de 2026, así que no llegará posiblemente hasta 2027”, señala Escribano.

Además de los problemas de liquidez que señala la Complutense, profesores de otros centros denuncian que la falta de personal y la sobrecarga laboral son cada vez más graves. Antonio Benítez, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Carlos III, explica a infoLibre que la fuga de docentes hacia otras instituciones es continua. "Cada inicio de curso contamos con un profesorado que, a las pocas semanas, empieza a marcharse. Es habitual que en la tercera semana se hayan ido diez personas en algunos departamentos porque encuentran contratos algo más estables en otras universidades. Cuando los docentes con más experiencia se van, no hay un relevo preparado ni mecanismos ágiles para cubrir esas vacantes, lo que agrava la carga del resto y deteriora la calidad de la enseñanza por falta de dinero", señala.

Una circunstancia similar describe César Pastor, técnico de laboratorio en la Universidad Autónoma de Madrid, quien advierte de que la falta de recursos "impide cubrir todas las plazas que se liberan por jubilación", de modo que muchas vacantes quedan sin ocupar o se sustituyen por figuras más baratas y precarias. Explica que, cuando se jubila un catedrático en la UAM, no puede ser reemplazado por otro de la misma categoría, sino por un ayudante doctor con un salario muy inferior, lo que limita las oportunidades de promoción tanto del personal docente e investigador como del técnico y administrativo, debido a la falta de financiación.

Lola Herrería, técnica administrativa de la Universidad Politécnica de Madrid, recuerda que este contexto le recuerda al plan de estabilidad de 2013, que provocó el despido de 301 empleados y una rebaja salarial del 10% para el resto. Herrería advierte que, aunque la Comunidad de Madrid aprobó una Oferta Pública de Empleo (OPE) este año, su ejecución depende de disponer de fondos suficientes. "Ya nos han trasladado que es bastante probable que no se convoquen todas las plazas aprobadas. Esto significa que muchos puestos vacantes podrían quedarse sin cubrir, agravando la falta de personal y la sobrecarga existente", afirma.

A la saturación y la falta de personal se suman los desperfectos y el deterioro de las instalaciones. En la Complutense se han registrado techos destrozados, paredes agrietadas y enchufes dañados, pero las goteras también se repiten en otras universidades. Pastor recuerda que en la UAM se han producido varios episodios de derrumbe parcial de techos por falta de mantenimiento. "Se nota que el mantenimiento ha sido una de las áreas donde más se ha recortado, porque solo se actúa en caso de urgencia. Es decir, no hay mantenimiento preventivo, por lo que no se pueden anticipar a que se caiga un techo", lamenta.

Los recortes también han afectado al material disponible para los estudiantes. Pastor explica que, donde antes había veinte microscopios —uno por alumno—, ahora solo hay uno para cada tres. A esta carencia se suma la falta de renovación de equipos. Herrería denuncia que en algunos laboratorios de la UPM "se siguen utilizando equipos totalmente obsoletos". "Al no haber dinero para comprar otros más modernos, se continúa con lo que hay y, si se estropea alguno, se intenta reparar como se puede", añade.

La infrafinanciación ha llegado incluso a limitar aspectos básicos, como la compra de material o la renovación de libros en las bibliotecas. Jesús Escribano subraya que "se está restringiendo la reposición de los ejemplares que se pierden o se rompen con el uso".

Con los primeros datos del presupuesto autonómico de 2026 ya sobre la mesa, la falta de unidad entre los rectorados madrileños se perfila como uno de los mayores lastres para avanzar hacia una financiación justa y estable. Lejos de presentar una estrategia común ante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, los docentes denuncian que cada una "busca asegurar su posición en el nuevo reparto". "Cada institución intenta mantener o modificar los criterios de distribución según le convenga: unas prefieren que se mida por número de alumnos, otras por crecimiento o por producción científica", explica Daniel Herrero, técnico administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Esa pugna interna ha derivado en un bloqueo que, según varios trabajadores universitarios, debilita la capacidad de negociación del sistema público madrileño. Desde la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Pastor lamenta que "cada rectorado negocia de forma bilateral con la Comunidad de Madrid, intentando imponer su propio beneficio en lugar de presentar una posición conjunta". A su juicio, esa falta de coordinación "ha provocado una parálisis total ante los presupuestos del año que viene y una imagen de desunión que solo favorece al Gobierno regional".

El resultado es que el debate sobre el reparto del dinero ha ocultado la necesidad de un modelo de financiación estable. "Estas negociaciones desvían el foco de lo importante, un plan de financiación realista y actualizado", sostiene Caballero, que recuerda que "la URJC sigue recibiendo el mismo porcentaje que cuando tenía 10.000 estudiantes, pese a que ahora supera los 40.000, mientras otras universidades pierden alumnado".

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid continúa siendo una de las regiones con las tasas de matrícula más altas de España. Para el curso 2024-25, el precio medio por crédito en primera matrícula en las universidades públicas madrileñas se sitúa en 18,55 euros, solo por detrás de Navarra (19,29 euros). Sin embargo, la inversión por estudiante se encuentra entre las más bajas del país, lo que agrava el contraste entre el elevado coste para el alumnado y los escasos recursos con los que cuentan las instituciones para garantizar una educación de calidad.

Cuatro universidades públicas, de Barcelona y Madrid, se sitúan entre las 200 mejores de todo el mundo y son: la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid y la Autónoma de Madrid, según informa EFE. La clasificación anual que hace QS World University Rankings, que evalúa a más de 1.500 instituciones de 106 países y territorios, señala que en esta edición la Universidad de Barcelona se sitúa en el primer puesto, en el número 156, superando a la Universidad Complutense de Madrid, la mejor clasificada el año pasado.

Además, tres universidades españolas entran por primera vez en este ránking, aunque con puestos de cola: la Universidad Europea de Madrid (puesto 901), la Universitat Jaume I (1.001) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (1.201).

España es el único país europeo con más de una universidad que entra en la clasificación de este año, frente al Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica, Portugal y Letonia, que incorporan solo a un centro.

En total de las 38 universidades españolas que participan en esta clasificación, trece universidades españolas suben en la tabla, siete se mantienen y quince bajan, mientras que las tres nuevas no tienen este año comparativa.

El ránking refleja que hay diez instituciones que se sitúan entre los puestos 160 y 400, y después de las cuatro primeras universidades públicas, de Barcelona y Madrid, que lideran la tabla, le siguen de cerca la Universidad de Navarra (en el puesto 262, aunque baja 13) y la Universidad Pompeu Fabra (puesto 265, se mantiene).

La Universidad Carlos III de Madrid se sitúa en el puesto 301, baja 16 puntos, la Politécnica de Madrid (puesto 334, baja 13) y la Politécnica de Cataluña (puesto 392, baja 21).

En los puestos cercanos a los 400 se encuentran la Universidad de Granada, la Politécnica de Valencia, la Universitat de Valencia, la Ramon Llull de Barcelona, o el IE Universidad y la Universidad de Sevilla.

La Universidad de Salamanca y la Pontificia de Salamanca se acercan a los puestos número 500 y la Universidad del País Vasco, de Santiago de Compostela o de Zaragoza, rondan los puestos números 600.

Según el QS World University Rankings 2026 la competencia mundial se está intensificando, especialmente en Europa, Norteamérica y Asia. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) conserva su primera posición por decimocuarto año, seguido del Imperial College de Londres y la Universidad de Stanford.

Estados Unidos sigue siendo el sistema más representado, con 192 universidades, y suben más instituciones de las que bajan, al igual que en Alemania, donde hay más universidades que mejoran, lo que supone un cambio de tendencia respecto a los últimos años.

Italia entra por primera vez en el top 100 mundial, con el Politécnico de Milán en el puesto 98 y China continúa su ascenso; la Universidad de Pekín mantiene su puesto 14, mientras que la Universidad de Tsinghua asciende al 17 y la Universidad de Fudan sube nueve puestos hasta el 30. La RAE de Hong Kong es también el segundo sistema de enseñanza superior del mundo que más ha mejorado en esta edición, entre los que tienen cinco o más universidades clasificadas.

La Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acoge este lunes un encierro nocturno, precedido de una asamblea, con la participación de unos 400 miembros de la comunidad universitaria, entre estudiantes y docentes, para protestar por los recortes de la futura ley de universidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La "asfixia económica" que ya sufren las seis universidades públicas madrileñas se "perpetuaría" con la nueva ley de Enseñanzas Superiores, cuyo borrador prevé topar a un máximo del 70% la financiación de la Comunidad de Madrid, obligando a las universidades a buscar otras fuentes de financiación, "incluidos los fondos de inversión", para cubrir el restante 30% de su presupuesto, han explicado en la asamblea.

"Esta es una protesta general masiva" de los estudiantes, del sector de personal, tanto del PDI (personal docente e investigador) como del PGTGAS (técnicos, de gestión, administración y servicios), contra la "asfixia" de las universidades madrileñas y "de la Complutense en particular", según el profesor de Filosofía Juan Fernández, uno de los ponentes en la asamblea.

Se trata de "una reducción del presupuesto muy notable, de básicamente un 35% general", que no se aplica a algunas partidas estrictamente necesarias para el funcionamiento cotidiano, pero sí a otras como "presupuestos de renovación de docentes, de plantillas, de bibliotecas", ha dicho.

Además de la eliminación de becas y supresión de desdobles en varias áreas, "están peligrando" algunas titulaciones con número de estudiantes reducido, asignaturas optativas o la contabilización de sexenios del personal docente, entre otros, ha desgranado. Aunque hablen de "prórroga presupuestaria, no es tal", sino que esta "figura jurídica viene a constatar que la universidad está en una situación básicamente de asfixia" que llaman de "recorte, prórroga".

Las universidades están "sin fondos porque la Comunidad de Madrid no está dispuesta a dotarlas suficientemente", algo que la futura ley pretende convertir "en estructural. Nuestras necesidades básicas no se satisfacen".

De ahí las plataformas "en defensa de la pública y este encierro, para unir fuerzas y tomar conciencia desde todos los sectores y todas las universidades. Va a ser un movimiento largo", con una huelga prevista el día 28 y una concentración frente al Rectorado de la UCM al finalizar este martes este encierro.

El decano de la Facultad de Matemáticas, Antonio Bru, ha dicho a EFE que los recortes de la nueva ley son "completamente inadmisibles" y que los presagios respecto al borrador "no son nada positivos en ningún aspecto". "Todos tenemos que poner todo lo que podamos para que se vea la protesta y recapacite la sociedad, y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vea que estas medidas nos llevan simplemente hacia el pasado más oscuro", ha declarado mientras iban llegando jóvenes con sus mochilas y sacos de dormir.

Tras la asamblea, los participantes que llenaban el salón de actos, con aforo de 400 personas, se han dividido en grupos que han debatido a lo largo de la noche los puntos del manifiesto que leerán este martes en una concentración frente al Rectorado.

La protesta ha sido convocada por los docentes de UCM por la Pública con el apoyo de profesores y alumnos de la Politécnica, Autónoma, Carlos III y Rey Juan Carlos, además de asociaciones estudiantiles, que han venido a "centralizar la protesta" en la Complutense, como ocurrió el año pasado en la Acampada por Palestina.

Para UCM por la Pública, esta es "una toma de contacto de todas las universidades, sindicatos y asociaciones con la intención de empezar a trabajar todos juntos para parar la llamada ley Viciana", cuyo borrador, "como ya sabemos, es un golpe mortal para las universidades públicas", según la catedrática de Ciencias de la Información, Eva Aladro.

Dentro se debatían los Presupuestos; fuera, se clamaba contra ellos. Lo hacían por segunda vez sindicatos, profesores y estudiantes de las universidades públicas, unidas contra la "asfixia" a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les está sometiendo. Fue este jueves, durante la primera sesión del debate de las cuentas para 2025 que, previsiblemente, quedarán aprobadas este viernes. Con la consolidación, eso sí, de la infrafinanciación de un sector que todavía no se ha recuperado de los recortes de hace una década. Y no sólo eso: que recibe un 5,1% menos de lo que lo hacía en 2009.

Han pasado 15 años desde entonces. Dijeron basta en 2012 pero en 2015 bajaron la voz que ahora vuelven a sacar a la calle. La gota que ha colmado el vaso ha sido la partida que el Gobierno del PP va a aprobar para ellas. Contempla un incremento del 4,2% con respecto al año pasado. En números redondos, 47,3 millones, una cifra muy lejana a los 200 que pedían los rectores para, simplemente, sobrevivir. Para poder mantener su actividad. Su situación es "crítica", dijeron, pero podría ser peor: podría tornarse en "catastrófica". Una posibilidad que los profesores ya no sitúan en el horizonte.

Han recibido, junto a los estudiantes, una última estocada. Y por parte, esta vez, de los propios centros. La liquidez que no sólo no llega sino que se agota les ha llevado a aprobar unos presupuestos de cara a 2025 que son, en el mejor de los casos, una mera prórroga de los que ya están en vigor. Y en el peor, un drástico tijeretazo. Es el caso de la Complutense, que en su Consejo de Gobierno ya acordó prorrogar las cuentas de 2024 con un recorte del 35% en sus gastos. "Ya nos advirtieron antes del verano de que esto iba a pasar", recuerda Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en Ciencias Políticas. No le sorprende. E incluso lo recibe con la resignación de "otro más". Según los cálculos de la propia institución, su déficit es ya de 64,5 millones de euros. Y se nota en el día a día.

"Llevamos años asistiendo a un deterioro de las infraestructuras y suministros básicos de bienes y servicios. Muchos departamentos tienen limitadas las fotocopias, hay bibliotecas que no pueden actualizar sus suscripciones a bases de datos, a revistas. No se pueden organizar eventos, hay obras que se quedan a medias, despachos sin ventanas y espacios sin calefacción", enumera. La tarea investigadora de la universidad pública, por tanto, es ya casi una utopía. "Es una noticia terrible. Es un recorte sobre otro", lamenta la docente.

Tampoco será el único. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), por su parte, ya ha anunciado que en 2025 contará con 331,5 millones de euros en su caja, lo que supone un 4,8% menos del montante disponible para gastar en todo 2024. Los motivos, explicaron en una nota de prensa, son "la disminución de los ingresos específicos", es decir, "lo que la universidad prevé obtener para la financiación de determinadas actividades y proyectos". Pero los profesores lo tienen claro. Y no titubean a la hora de señalar a la verdadera responsable: Isabel Díaz Ayuso. "Este es, en realidad, un recorte de la Comunidad de Madrid", acusa directamente Juan Manuel Valenzuela, contratado predoctoral en el centro. Ahora bien, matiza, la Autónoma actúa como su brazo ejecutor. "Está aprovechando para hacer cosas que hace años eran impensables", señala también, como miembro del sindicato CGT. Se refiere por ejemplo a reprimir protestar o incluso a plantear el cierre de ciertos grados por motivos que van más allá de los meramente educativos.

Su compañera en la organización, la profesora Nagore García, le suscribe. "La universidad tiene una capacidad de negociación que no está utilizando. A los rectores lo que les toca ahora es plantarse", dice. Al final, las situaciones que sufren son prácticamente idénticas a las que describen los profesores de la Complutense. "Hemos tenido techos derrumbados porque no hay personal de mantenimiento. No tenemos técnicos ni administrativos y los profesores tenemos que ocuparnos también de la burocracia. ¿Cómo vamos a hacer así nuestro trabajo?", se pregunta.

Concretamente, la ratio de la que disponen es de 0,4 profesionales de este ámbito por cada profesor, un número que debería ser, en realidad, de un técnico o administrativo por cada docente. Y que en la Unión Europea llega a tener incluso una relación de dos por cada uno. "Este año podremos sobrevivir, pero lo haremos en el sentido literal de la palabra. El año que viene no sabemos qué pasará", añade el profesor Luis Lloredo.

infoLibre se ha puesto en contacto con el resto de universidades públicas madrileñas para conocer cuáles son sus planes de cara a 2025, pero sólo ha obtenido respuesta por parte de la Rey Juan Carlos y de la Universidad de Alcalá, que confirman que no tendrán recortes como los que sí han anunciado la UCM y la UAM. No obstante, eso no implica que sus gastos vayan a ser mayores. Al contrario.

La primera asegura que prorrogará sus cuentas tal y como ya se aprobaron en 2024, pero sin tener en cuenta que la inflación de entonces era un 2,4% menor a la actual, según los últimos datos disponibles en el INE, correspondientes a los meses de noviembre. La segunda, por su parte, ya ha suscrito unos nuevos presupuestos "muy ajustados", sometidos a la escasa financiación que, señalan sus fuentes, perciben por parte del Ejecutivo regional.

La situación ha conseguido que la universidad diga "basta". La de este jueves fue la segunda protesta ante la Asamblea de Madrid, pero no será la última. Al menos, no es lo que los profesores y estudiantes tienen en mente. El movimiento La uni en la calle que entre 2012 y 2015 —los años más duros de recortes— sacó a la calle a más de 900 profesores y profesoras ha vuelto a funcionar y el personal docente de todos los centros excepto el de la Politécnica ya se ha unido en plataformas con el objetivo de convocar nuevas manifestaciones. "Durante el año 2025 se prevén más manifestaciones de protesta", confirmó este miércoles la Junta de Políticas de la UCM.

Los rectores, por su parte, lanzaron su último comunicado el pasado 3 de diciembre, precisamente al término de la reunión que mantuvieron con la presidenta conservadora. Fue ella misma la que ese día dio un giro de 180 grados y confirmó que aceptaría los 169 millones del Gobierno central para crear hasta 1.100 nuevas plazas de profesorado en el marco del Programa María Goyri que rubricaron el pasado día 11 entre críticas al Ejecutivo. "Hemos tenido que elegir entre lo malo y lo peor", señaló el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

"Siendo estas aportaciones presupuestarias imprescindibles y bienvenidas, aún resultan insuficientes", sentenciaron los rectores. Al menos, añadieron, si lo que se pretende es "garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas", "asegurar la calidad de sus instituciones" y "subsanar su crónica infrafinanciación".

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha escrito este lunes al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, urgiendo al gobierno regional a que firme, hasta el 13 diciembre, el texto del convenio del Programa María Goyri ya pactado con todas las comunidades en junio pasado.

En el escrito, el Ministerio recuerda que "todos los elementos del convenio" que permitirá contratar a 1.100 profesores, así como el texto "en todos sus términos literales" fueron acordados con el resto de las universidades y "finalmente aprobados, con el voto positivo de la Comunidad de Madrid, en la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 19 de junio".

Desde entonces, "16 comunidades autónomas y 44 universidades públicas lo han ratificado sin ninguna modificación", continúa la carta remitida por el secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, al consejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades. "Con fecha límite el día 13 de diciembre" debe estar concluido el proceso de firma conjunta entre el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y las seis universidades públicas, para que pueda "ser fiscalizado en esta anualidad del 2024", continúa el escrito.

"Esperamos, por tanto, que la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus compromisos adquiridos públicamente" en junio pasado, apruebe el convenio "en los mismos términos" que el resto de comunidades y universidades, según el secretario de Estado quien queda "a la espera de la propuesta de fecha para firmar el convenio".

Con ese programa, Madrid obtendrá 169 millones para estabilizar las plazas de cerca de 1.100 profesores de sus seis universidades públicas, evitando así que en tres años se vayan a la calle. Pero el Gobierno regional vio problemas en la imposición de "contratar a una única figura docente, la de Profesor Ayudante Doctor", y consideró que la redacción "incluye numerosas referencias de tipo ideológico y nulo valor jurídico", por lo que envió el pasado miércoles al ministerio una "propuesta de convenio".

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará el próximo miércoles, día 11, el convenio para la firma del Programa María Goyri, ha confirmado este lunes el consejero Emilio Viciana.

El Ministerio "se ha negado a negociar una vez más y nos impone esta cacicada”, ha denunciado Viciana, que ha explicado que pese a esta actitud la Comunidad de Madrid va a firmar el convenio por "responsabilidad y compromiso con las universidades públicas de la región".

Este convenio, que se rubricará con el Ministerio y con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, establece la creación de 1.091 plazas de Profesor ayudante doctor para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores.

De estos, 656 serán financiados por el Ministerio y 435 por la Comunidad de Madrid. Además, "el Ministerio solo financia la contratación de esos 656 profesores durante los seis primeros años; pasado ese sexenio, el Gobierno regional asumirá las nóminas del total de los 1.091 profesores", indica en un comunicado.

Para arrancar esta iniciativa de inmediato, la Comunidad aportará anualmente 17,5 millones ya desde 2025, según Viciana quien pidió al Ministerio que las universidades pudieran "decidir cuál de las distintas figuras docentes querían contratar y no limitarla únicamente a la de profesor ayudante doctor, al menos en la parte financiada desde el primer momento por el Gobierno regional". 

La Comunidad de Madrid incrementará un 4,2 % su aportación económica para financiar a las seis universidades públicas de la región durante el próximo año 2025. Esta es una de las principales conclusiones de la reunión que ha mantenido este martes la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, según informa EFE.

La cifra será de 47,3 millones de euros, un 4,2 % más que lo destinado en 2024, en línea con el incremento presupuestario que ha tenido la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, y "vinculando ya una parte de la financiación a la consecución de objetivos", indica la Comunidad en un comunicado. Esto se reflejará en el proyecto de las cuentas regionales para 2025, que ya se está tramitando en la Asamblea de Madrid para su aprobación antes de que termine el año.

La medidas aprobadas en la reunión han sido las siguientes: Iniciar el desarrollo de un modelo de financiación estable de las universidades públicas madrileñas, que vinculará una parte de la financiación a la consecución de determinados objetivos y un incremento en la partida para inversiones y mantenimiento de infraestructura hasta llegar a los 20 millones de euros. Por último, a partir de la segunda quincena de enero de 2025 se reanudará el estudio sobre el modelo de financiación vinculado a la nueva Ley de Universidades.

Así, la Consejería ya está trabajando junto a los responsables universitarios en un plan de infraestructuras para definir el estado y necesidades que presenta cada institución.

Dimisiones, acusaciones de corrupción, supuestas redes clientelares y candidatos que aseguran que el movimiento ecologista "es el enemigo filosófico de la raza humana" o que el aborto "debilita los derechos de la mujer". Es el cóctel que podemos ver en cualquier campaña electoral, con la particularidad de que en este caso no hay políticos que aspiren a lograr un escaño, sino seis catedráticos que se disputan el puesto de rector de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Unos comicios que, tradicionalmente, no interesan demasiado al alumnado —que únicamente representa un 20% del total del voto—, pero que este 2023 han generado gran expectación por la guerra campal desatada.

La historia tiene un nombre propio, el del sociólogo Jesús Sánchez Barricarte, uno de los seis aspirantes al puesto. Su programa electoral es un documento de 54 páginas en el que acusa al actual rector, Juan Romo —que no se presenta a la reelección—, de un presunto cobro irregular de 139.439 euros procedentes de la Fundación UC3M y de consentir supuestas prácticas de autoplagio y endogamia, entre otras irregularidades. La palabra 'Romo' aparece en 95 ocasiones, al que nombra más veces que a la propia universidad (82) o al alumnado (10). Estos últimos los han bautizado como los Barricarte Papers o el Barrigate. 

Lejos de quedarse ahí, Barricarte también acusa a uno de sus competidores, Ignacio Aedo, y a su esposa, Paloma Díaz Pérez, de haberse beneficiado indebidamente del complemento retributivo por publicaciones. "Creo que Juan Romo, Ignacio Aedo y Paloma Díaz deberían devolver a la UC3M las cantidades de dinero que han estado embolsándose en concepto de complementos por publicaciones desde que ocupan sus cargos", señala el sociólogo. A su juicio, es dinero "que éticamente habría correspondido a otros compañeros", afirma. En ese sentido, el profesor de la Carlos III asegura en respuesta a infoLibre que, "hasta el momento, nadie ha sido capaz de mostrar la inconsistencia de una sola de dichas denuncias".

Tanto Romo como Aedo han negado las acusaciones. El actual rector defendió en un comunicado que todas las retribuciones que recibe "están aprobadas por el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social de la Universidad y por el Patronato de la Fundación, respectivamente, y auditadas por la correspondiente empresa de auditoría, en cada caso". Respecto al cobro, Romo asegura que corresponden "a asesoría externa realizada entre los años 2010 y 2021 para una empresa de ámbito internacional que financia dicha actividad y realizada en el ámbito de la trasferencia de conocimiento".

Aedo, por su parte, dimitió del cargo que ocupaba como vicerrector tras la denuncia de Barricarte para dedicarse de lleno a la campaña. En declaraciones a infoLibre, asegura que esas acusaciones son "infundadas". "Se nos acusa de cobrar un complemento específico por desempeño de cargo académico, algo que contempla la legislación española y que es público e igual en cualquier universidad pública", afirma. En ese sentido, asegura que "una amplia mayoría del profesorado no entiende el comportamiento de este individuo, porque solo se mira a sí mismo, y no respeta a sus compañeros ni respeta a la institución".

Además, también se defiende frente a las críticas de su supuesta "mala praxis": "Nada más lejos de la realidad", responde. "Las praxis van por áreas y el respeto se debe hacía todas las culturas de la universidad. Dado que cuanto dice el profesor Barricarte en su programa sobre mí persona y sobre otras profesoras y profesores es totalmente infundado, solo puedo pensar que sea con el propósito o efecto de atentar contra mi dignidad y de crear un entorno hostil y degradante a nivel laboral", lamenta.

Las elecciones se celebrarán el próximo 1 de marzo. Además de Barricarte y Aedo, también se presentan María Isabel Gutiérrez Calderón, vicerrectora de Estudios; Ángel Arias Hernández ingeniero industrial y doctor por la UC3M; Álvaro Escribano Sáez, director de la Escuela Internacional. y José Elías Pérez, director del máster en Comunicación Corporativa e Institucional.

Lo cierto es que Barricarte también es conocido en la universidad por sus polémicas ideas sobre el aborto o el ecologismo. El profesorado progresista de la Carlos III cree que detrás de su figura se esconde "una campaña orquestada desde la ultraderecha contra una universidad pública", según trasladan las fuentes consultadas por infoLibre. El aludido, por su parte, asegura que "jamás" ha militado en ningún partido político. "Dudo mucho que los partidarios de la ultraderecha estén de acuerdo con mis posicionamientos en temas migratorios, que he hecho públicos tanto en medios de comunicación como en publicaciones académicas", sostiene.

El profesor de la Carlos III afirma que ha llevado a su propia vida los principios "sobre la generosa acogida que creo que hemos de hacer a los inmigrantes". En ese sentido, asegura que acogió en su casa a un joven originario de Mali, M'Pamara, "de raza negra, musulmán practicante y que entró en España usando una patera por el estrecho de Gibraltar: "Por suerte, este chico regularizó su situación, terminó sus estudios de formación profesional de electricidad y ahora es económicamente independiente", asegura. Asimismo, sostiene que propone eliminar en nombre de Juan March a uno de los Institutos de la Universidad Carlos III de Madrid "por estar en contra de la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática".

En uno de sus libros, titulado 'El crecimiento de la población mundial: Implicaciones socioeconómicas, ecológicas y éticas (Tirant lo blanch, 2008)' sostiene que "el movimiento ecologista es el enemigo filosófico de la raza humana" y que "los recursos naturales pueden ser infinitos": "Si el calentamiento global del planeta ocurriera de verdad, tendría soluciones perfectamente operativas. Incluso es posible que ese calentamiento fuera beneficioso para la humanidad puesto que retrasaría la próxima era glacial", afirma.

El sociólogo por la Universidad de Berkeley (California) también ha escrito en medios como el ABC cargando duramente contra el aborto. "¿Sabían ustedes que son muchísimas más las mujeres que fallecen como consecuencia de las complicaciones médicas que generan los 27 millones de abortos legales que se practican en el mundo todos los años, que las embarazadas que mueren porque en sus países no se les permite abortar?", plantea. "Antes era común el infanticidio femenino en sociedades orientales, ahora no es necesario esperar a que nazca una niña para matarla, se la elimina antes de nacer", añade.

"Los artículos que publiqué en ABC sobre este tema los escribí cuando se aprobó la ley del aborto impulsada por la entonces ministra Bibiana Aído. Esta ley despenalizaba el aborto en las primeras 14 semanas de gestación del feto", se defiende Barricarte, que asegura que su intención era advertir "del peligro que esto pudiera suponer para las niñas en gestación por el siguiente motivo": "El aborto selectivo de niñas es un problema muy grave en países asiáticos (China, Paquistán, Bangladés…) y de Europa del Este", lamenta.

Manuel (nombre ficticio) es un antiguo estudiante del grado de sociología de la Carlos III al que Barricarte le impartió la asignatura de Teoría y desafíos demográficos contemporáneos en segundo de carrera. Explica que en sus clases se dedicaba a hacer "propagandismo" contra el cambio climático y el aborto en favor de la familia tradicional y la iglesia. "Nos decía que Margaret Thatcher inventó el ecologismo, que Marx era el mayor error intelectual de la historia y que el aborto fue una conspiración del Ku Klux Klan (KKK) acabar con la población racializada de Estados Unidos", rememora.

Por su parte, Barricarte asegura que en sus clases presenta "un amplio abanico de puntos de vista teóricos sobre diferentes temas relacionados con la relación entre el crecimiento demográfico y el desarrollo económico, el medio ambiente o la disponibilidad de recursos": "Algunas personas no soportan que la Universidad sea un espacio de libertad donde poder exponer posicionamientos teóricos encontrados. No quieren que se desarrollen ideas de autores que desafían sus posicionamientos".

El sociólogo tampoco esconde sus vínculos con algunas asociaciones ultras como el think-tank The Family Watch, fundado en 1999 para presionar contra una supuesta epidemia de "promoción de la homosexualidad" y oponerse al aborto, al control de la natalidad, al sexo antes/fuera del matrimonio y al uso del condón. Barricarte ha participado en charlas organizadas por la organización junto a su exdirector general, Ignacio Socías.

Una de las asociaciones que se sitúa en el punto de mira de Family Watch Internacional (FWI) es la Organización para las Naciones Unidas (ONU) a la que acusan de alentar la homosexualidad y el aborto en todo el mundo. FWI es promotora de la campaña Stop CSE, contra la educación sexual y en defensa de la "guerra contra la niñez". El discurso emparenta la homosexualidad con la pedofilia.

La Policía Nacional ha detenido a un enfermero de unos 50 años de edad por grabar con cámara oculta las partes íntimas de más de 200 mujeres, todas ellas pacientes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) donde trabajaba, ha confirmado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

La Policía tuvo conocimiento de lo ocurrido a finales de julio, tras la denuncia de la que era entonces su pareja, que descubrió en su ordenador decenas de vídeos comprometedores de partes íntimas de mujeres grabadas sin su permiso.

Agentes de la Policía Judicial de la comisaría de Alcorcón comenzaron a investigar al sospechoso, que trabajaba tanto en el campus de Leganés como en el de Getafe de esta universidad realizando pruebas médicas al profesorado y personal.

Los agentes incautaron en total tres memorias externas, un móvil y un ordenador del enfermero. Los investigadores estiman que podía haber comenzado a grabar desde 2014. Por todo ello, este sanitario, que no tiene antecedentes, ha sido detenido por un delito contra la intimidad.

La investigación está en la segunda fase de análisis para localizar a las víctimas, unas 200 personas, de las que 40 han sido ya interrogadas por agentes mujeres. De momento, se desconoce si las imágenes solo las grababa para consumo propio o las distribuía en redes o comercializaba con ellas.

La UC3M se ha personado esta misma mañana en las diligencias previas abiertas en un juzgado en calidad de "acusación particular en defensa de los intereses de la comunidad universitaria y en apoyo de las trabajadoras afectadas", ha detallado 'eldiario.es'. Además, ha puesto su servicio jurídico y una eventual asistencia jurídica especializada, de forma gratuita, al servicio de aquellas trabajadoras que lo requieran.

La Universidad Carlos III prohibirá fumar a partir del próximo 1 de septiembre en los espacios al aire libre de sus campus, además del interior de los edificios, según ha aprobado el Consejo de Gobierno en su última reunión, informa Europa Press.

En el acta del acuerdo para "el establecimiento de campus libres de humo", se señala que "la aparición del virus SARS-CoV-2 ha evidenciado la necesidad de elevar el nivel de protección de la población frente a la exposición al humo ambiental del tabaco en los espacios cerrados, pero también abiertos de uso público o colectivo".

Así, se ha acordado que se prohíbe fumar en todos los recintos, tanto en el interior de los edificios como en los espacios al aire libre de los campus de la universidad, incluidos los accesos inmediatos a los edificios y las aceras circundantes a los mismos dentro de los campus.

Además, el incumplimiento de esta prohibición podrá ser objeto de sanción, previa la tramitación del procedimiento oportuno, de acuerdo con las normas disciplinarias correspondientes, ya que "fumar en el recinto universitario será considerado como falta leve y, en caso de reiteración de la misma, como falta grave".

Para favorecer su eficacia, está previsto colocar carteles informativos de esta prohibición a la entrada de los edificios, así como en las aceras circundantes a los mismos y en los espacios abiertos al aire libre.

También se ofrecerán acciones formativas y de apoyo a las personas de la comunidad universitaria que deseen dejar de fumar, al menos durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta medida.

El Juzgado de lo Social número 21 de Madrid ha estimado una demanda de despido contra la Universidad Carlos III de Madrid al reconocer la relación laboral de una becaria que trabajaba en el archivo general de la universidad ubicado en la Biblioteca María Moliner de Getafe. Según relata la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y adelantada por la Cadena Ser, la demandante fue adjudicataria de una práctica extracurricular en el servicio de archivo del 9 de enero al 31 de diciembre de 2017, con una duración de 872 horas. Las prácticas consistían en 20 horas a la semana de 9.00 a 13.00 horas de lunes a viernes, con una remuneración mensual era de 326 euros brutos.

Nuevamente, fue adjudicataria de una segunda práctica extracurricular en el mismo puesto, con duración desde el 8 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el mismo salario y con el mismo horario y condiciones. Finalmente, fue adjudicataria de una tercera práctica extracurricular en las mismas condiciones que las anteriores, desde el 8 de enero de 2019 hasta el 12 de febrero de 2019, fecha de fin de prácticas al cumplir 1.800 horas. No obstante, la convocatoria de dichas prácticas contemplaba como duración desde el 8 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.

El trabajo desarrollado por la actora consistía en el tratamiento de la documentación (la documentación se recibe, se ordena y se clasifica en carpetas); el montaje de cajas de cartón para guardar la documentación previamente ordenada; redacción de información sobre el contenido de cada caja; almacenamiento del conjunto de cajas resultantes en el depósito; búsqueda de documentos en el depósito del archivo, y colocación de los documentos prestados.

Tal y como se expone en la sentencia, "no había proyecto académico", al cual debería supeditarse la evaluación de las prácticas según el Reglamento de prácticas académicas extracurriculares desempeñadas en la Universidad Carlos III de Madrid. Tampoco existía relación entre la demandante y las tutoras de las prácticas.

La becaria presentó una demanda por despido nulo el 7 de marzo de 2019. Previamente, el 30 de julio de 2018, la demandante solicitó a la universidad el reconocimiento de la laboralidad de su relación así como las diferencias salariales conforme a convenio. En esa línea, el 24 de septiembre de 2018 presentó una demanda en reclamación del reconocimiento de la existencia de relación laboral de carácter indefinido.

Según la juez, "todas las pruebas apuntan a determinar que la relación existente entre la demandante y la UC3M no es propia de una beca de formación". "Aunque la UC3M ha desplegado una encomiable actividad probatoria para sustentar su argumento de que la beca concedida en este caso no era para formar a la demandante ni para contribuir a completar sus estudios de Ciencias Políticas y Sociología, sino para formarla en habilidades generales laborales como el trabajo en equipo, la organización y la utilización de sistemas de software, lo cierto es que no se puede ocultar bajo una pretendida práctica extracurricular una relación laboral encubierta con la que la UC3M se ahorra el salario de un personal laboral o funcionario", explica la sentencia.

Asimismo, apunta que "la testigo de la demandada ha reconocido que la demandante hacía el trabajo que hacían los funcionarios del archivo, bajo su supervisión y en estrecha colaboración con estos". En este sentido, concluye que el trabajo que desarrollaba la becaria "era el propio de los funcionarios o contratados laborales del archivo, un trabajo individual, mecánico, de organización de los documentos, sin Proyecto Formativo, sin actividad formativa, sin supervisión ni del tutor académico ni del tutor de las prácticas".

"En definitiva: el trabajo desarrollado por la demandante era el propio de un trabajador destinado en el archivo y, por tanto, era una relación laboral ordinaria, no una beca de formación", aclara la sentencia. Una vez ha quedado acreditada la laboralidad para la jueza, esta ha determinado que el despido es nulo al entender que se ha producido una vulneración del derecho de "garantía de indemnidad", ya que, a su juicio, "no hay explicación posible a la actuación de la UC3M en el caso de la demandante, al concederle una beca en enero y finalizarla en febrero", y que "la única explicación que se puede dar a tal actuación es la relación necesaria que debe existir entre la demanda judicial presentada y el fin de la beca".

Así, la juez condena a la UC3M a la readmisión de la trabajadora en las condiciones anteriores al despido y con el salario que le corresponda en su nivel retributivo según convenio (877,38 euros mensuales brutos incluidos todos los conceptos), así como al abono de los salarios de la tramitación desde el despido hasta la fecha efectiva de readmisión por importe de 43,87 euros diarios. Contra esta sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

La consulta sobre el modelo de Estado organizada por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) este martes recabó un total de 4.389 votos. Según los datos facilitados por los organizadores, 3.373 personas se decantaron por la república mientras que 838 lo hicieron en favor de la monarquía.

Ante la primera pregunta: "¿Quiere usted poder decidir sobre su modelo de Estado?"

Es decir que 96,26% de las votantes se han pronunciado para poder decidir sobre su modelo de Estado.

Ante la segunda pregunta: "En caso afirmativo, ¿qué modelo de Estado prefiere?"

Un 76,85 % de las participantes prefiere que su modelo de Estado sea una república.

A la iniciativa de preguntar en referéndums simbólicos sobre el modelo de Estado se han sumado más de 20 universidades de toda España, que desde octubre han estado celebrando estas consultas en sus campus. Este martes, además de la UC3M, concurrieron las universidades de Vigo, Barcelona y Pompeu Fabra.

  Desde la Universidad Carlos III consideran que "la jornada de ayer fue un ejemplo de pluralidad, respeto y democracia. Esto tan solo es el principio de un movimiento estudiantil que busca continuar la lucha, transformar el mundo, cambiar la vida"; y anuncian movilizaciones en los próximos meses.

  Aquí tienes el comunicado oficial de los convocantes de la consulta:Aquí tienes el comunicado oficial de los convocantes de la consulta

Varias decenas de alumnos, profesores, investigadores y personal administrativo se reunieron este miércoles en una asamblea abierta organizada por la Universidad Carlos III de Madrid para cerrar las preguntas del referéndum sobre el modelo de Estado que la entidad celebrará el próximo 4 de diciembre.

Según fuentes de la Universidad, se concluyó que la consulta incluya dos preguntas:

     - ¿Quiere usted poder decidir el modelo de Estado? SÍ/NO

     - En caso afirmativo, ¿qué modelo de Estado prefiere? MONARQUÍA/REPÚBLICA

La Carlos III no es la única universidad que se ha adherido a la iniciativa de programar un referéndum sobre el modelo de Estado. En torno a otras 20 entidades han decidido desplegar las urnas para consultar a sus alumnos y personal sobre esta cuestión. En cuanto a la pregunta o preguntas sobre las que los electores se deben pronunciar, cada Universidad elaborará las suyas.

En la asamblea también se fijaron el censo electoral y la manera en la que se puede hacer uso del derecho a la participación en dicha consulta. Votando a mano alzada y escogiendo la opción elegida por la mayoría, el cónclave fijó, por ejemplo dar la opción de elegir entre monarquía o república, o rechazar la inclusión de una tercera pregunta relacionada con el blindaje estatal de los derechos sociales básicos que menciona la Constitución —vivienda, salario digno, etc—, ya que se entendió que la finalidad del referéndum era únicamente el modelo de la Jefatura del Estado.

Los estudiantes, profesorado y demás personal de la Carlos III registrado en el censo, podrán emitir su voto el próximo martes 4 de diciembre en el Campus de Getafe mediante cuatro mesas dispuestas a la entrada de las bibliotecas y cafeterías. Las urnas se abrirán a las diez de la mañana y se cerrarán a las ocho de la tarde para iniciar el recuento. La organización ha especificado que es necesario presentar el número de identificación del alumno para poder ejercer el derecho a sufragio, y asegura que se contará con un documento coordinado simultáneamente con todas las mesas para evitar fraudes y "lograr un resultado lo más fiel posible a la realidad social existente en la Universidad Carlos III de Madrid".

El Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha vuelto a suspender dos misas que los estudiantes de la asociación católica Totus Tuus UC3M, recién constituida, habían convocado para este miércoles y este viernes. El pasado domingo lanzaron la convocatoria a través de las redes sociales e indicaron que la liturgia tendría lugar en un despacho del centro. Según explicó un portavoz de la asociación, el despacho es un aula de la universidad que esta cede a los alumnos para realizar las funciones propias de las asociaciones. infoLibre se puso en contacto con la UC3M para confirmar esta información, pero todavía no ha obtenido respuesta.

No es la primera vez que les pasa. Hace una semana, el 16 de octubre, los alumnos habían convocado a todos los estudiantes católicos a asistir al acto de inauguración de las actividades de la asociación. Sin embargo, un día antes de la cita, la decana Rosa Rodríguez López decidió suspender la cesión del aula donde lo iban a llevar a cabo y en la cual se esperaba que el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, oficiara la liturgia. Los motivos, los "indicios de que su celebración podría impedir la normal realización de las actividades propias de la Universidad, de acuerdo con el artículo 2.3 de la normativa sobre autorización de uso de espacios en la universidad". 

Aun así, los estudiantes se concentraron a las puertas del aula con la pretensión de llevar a cabo el acto organizado, aunque después se trasladaron a las puertas del edificio de la facultad. Una vez allí, en un escenario y micrófono en mano, dijeron "que no les van a frenar" y, como colofón, rezaron oraciones como el Padre nuestro y el Ave MaríaPadre nuestroAve María.

"No dudéis de que estamos trabajando por la asociación y por un ambiente de tolerancia en nuestra universidad. Os pedimos que no dejéis de rezar por la UC3M y los encargados de dirigirla, así como por los frutos de Totus Tuus. 'El ejército de Dios lucha de rodillas, ¡la oración es su arma más poderosa!", han escrito en su cuenta de Facebook a primera hora de este miércoles. 

La asociación católica de estudiantes Totus Tuus UC3M finalmente ha celebrado la inauguración de sus actividades en el campus entre oraciones. Aunque no en un aula universitaria y con la presencia del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, tal y como pretendían. Decenas de estudiantes se han concentrado en la entrada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, para dar inicio a las actividades que pretenden llevar a cabo a partir de este martes. La acción se ha llevado a cabo a pesar de que la decana, Rosa Rodríguez López, suspendiera este lunes la cesión del espacio en el que tenían previsto celebrar el acto: un aula del centro público. 

Según informó este lunes a infoLibre Carlos Entenza, portavoz del Frente de Estudiantes de Madrid, los estudiantes de la asociación –que no respondieron a la suspensión ordenada desde el decanato– compartieron a través de mensajes de Whatsapp que el acto se celebraría frente al aula que les habían negado, en el propio pasillo. "Hoy nos han vuelto a vulnerar nuestros derechos", dijeron en el mensaje. "Mañana día 16 de octubre a las 13:45 horas vamos a demostrar que los católicos tenemos cabida en cualquier lugar, más concretamente en el ambiente universitario. Nos reuniremos los jóvenes en el pasillo del aula 10.2.12. [...]. No nos dejarán celebrar la misa, pero tienen que ver que no somos una minoría aislada", sentenciaron. 

Y así lo hicieron. Según ha explicado a este periódico una alumna que ha estado presente, los integrantes de la asociación inicialmente se concentraron en el pasillo de la universidad junto al aula en la que iba a celebrarse la misa pero, "puede que porque eran demasiados", decidieron bajar a la entrada del edificio. Una vez allí, en un escenario y micrófono en mano, dijeron "que no les van a frenar" y, como colofón, rezaron oraciones como el Padre nuestro y el Ave María. 

Además, el portavoz de Totus Tuus, Emilio Esteban, ha mostrado su malestar con la Universidad, a la que acusa de haber cedido ante presiones de otras asociaciones "a las que no les gustó mucho". "Cumplimos todos los requisitos formales, no había ningún impedimento, invitamos al obispo y la Universidad, como no había ningún motivo, no nos pudo cancelar el espacio", ha dicho. Sin embargo, ha afirmado, desde que empezaron a promocionar el acto "algunas asociaciones amenazaron con boicotearlo" y "el personal de la UC3M empezó a retirar carteles". Ante ello, pidieron seguridad al centro. "Ante esto, lo lógico creo que hubiese sido que la Universidad hubiese protegido a aquellos que teníamos un acto lícito, un acto aprobado, autorizado", ha lamentado.

"Es evidente que los jóvenes católicos universitarios en la universidad pública nos encontramos con trabas cuando queremos ejercer nuestro derecho a la libertad religiosa", ha añadido. Por eso, ha sentenciado que el centro "es un espacio público" que pertenece "a todos". 

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, Rosa Rodríguez López, ha suspendido la misa que el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, pretendía oficiar este martes en una de las aulas del centro público. Iba a ser, según comprobó infoLibre, el acto de constitución de la asociación católica de estudiantes Totus Tuus UC3M. "La decana ha adoptado una resolución por la que se suspende la cesión del espacio para el acto inaugural de la asociación, por indicios de que su celebración podría impedir la normal realización de las actividades propias de la Universidad, de acuerdo con el artículo 2.3 de la normativa sobre autorización de uso de espacios en la universidad", han confirmado fuentes de la universidad a este diario. 

Según la normativa, el uso de los espacios de la universidad podrá limitarse "cuando la actividad" para la que se reservaron "se realice en horarios y jornadas extraordinarias", cuando no tenga relación con los fines de la universidad o cuando existan "razones fundadas de que la celebración del acto pueda suponer un riesgo para la integridad de personas y/o bienes". 

Este diario ha tratado de ponerse en contacto con la asociación, que ha declinado contestar. No obstante, a última hora de la tarde de este lunes y a pesar de la suspensión por parte de la Carlos III, sus redes sociales mantenían la convocatoria. Por su parte, fuentes del Obispado de Getafe han indicado a Europa Press que han conocido la noticia de la anulación esta mañana y han mostrado su "sorpresa" y "pesar".

La asociación, que se iba a constituir oficialmente este martes, pretendía celebrar una misa en un aula con capacidad para 150 personas oficiada por el obispo de Getafe, según confirmaron a este periódico fuentes del Obispado. El acto, en un principio y según confirmó un portavoz de Totus Tuus UC3M, iba a tener lugar con el visto bueno del centro. "Sorprendentemente, la universidad nos ha dado permiso. Nos pareció muy extraño pero lo camuflamos un poco en el sentido de acto inaugural", afirmó en conversación telefónica con infoLibre. Pero ahora, a escasas 24 horas, la universidad parece haber cambiado de opinión. 

El acto había despertado las quejas de otras asociaciones laicas de la universidad. "No nos gusta que intenten convertir la universidad, que debería ser un sitio de conocimiento científico, objetivo y demostrable, en un lugar para dar misas y cultos a dioses", criticó Carlos Entenza, responsable de Instituciones y Legalidad de la Dirección Regional del Frente de Estudiantes de Madrid. De hecho, a modo de protesta, esta organización pensaba lanzar este martes una acción de protesta a través de las redes sociales. 

"Nacemos con un objetivo: ser un centro de apostolado en la universidad, es decir, un grupo de jóvenes activos que demuestren que también queremos tener a dios presente en las aulas de la universidad", dijo un portavoz de Totus Tuus. Los rituales litúrgicos tendrían lugar, en principio, dos veces por semana. Y lo harían, según dijeron, igual que el primero: en un aula, aunque esta vez será la que el centro conceda a la asociación para que la emplee como su local de reuniones.

No obstante, no es la primera asociación católica de la universidad. Existe otra: Grupos Bíblicos Universitarios. Su objetivo, en el fondo, es el mismo que el de Totus Tuus. "Nos juntamos en el Campus de Getafe una vez por semana para charlar y debatir sobre el contenido de la Biblia y los temas que propone", explican en el directorio de organizaciones estudiantiles de la UC3M. "Somos estudiantes que creemos que la Biblia, a pesar de su antigüedad, es un libro actual. Por eso, creemos que merece la pena leerla y descubrir lo que dice sobre nosotros y sobre Jesús", aseguran.

Quienes sí se manifestaron a través de Twitter fueron las Nuevas Generaciones de Getafe, organización político-juvenil del PP, que sostienen que "se coarta presuntamente la libertad de culto de los alumnos".