La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en auto notificado este jueves, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el ex presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras, según informa Europa Press.

Tras la conclusión de la investigación, el fiscal presentó escrito de acusación por la "adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada, por un lado, y anticipación de compra del 39% de acciones de DESA en junio de 2010 desligando a la parte privada de la ruina del proyecto y manteniendo el proyecto por otro lado derivando la carga financiera a la CARM".

En su escrito de acusación, el Fiscal solicitaba penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Penas que la acusación popular eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa que multiplica por seis el dinero presuntamente defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.

Por último, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito.

Tanto el Ministerio Fiscal como la CARM, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora. Es decir, "la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros".

Y aclara que, dicha cantidad es la total a exigir a todos los acusados en esta causa y en las Diligencias Previas 956/16 del Juzgado de instrucción número 5 de Murcia, conocidas como caso La Sal I, en la que están imputados un total de 17 personas físicas y como responsables civiles subsidiarias 7 mercantiles.

Esta primera investigación se centra en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina "parte pública"; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o "parte privada".

Y las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios.

Tras la solicitud del Ministerio Fiscal y la acusación particular, la magistrada ha acordado la apertura del juicio oral y, al mismo tiempo, ha resuelto sobre las medidas cautelares procedentes, que, en este caso, se refieren exclusivamente a los bienes de las personas eventualmente responsables civiles.

En este sentido, en la parte dispositiva, se requiere al acusado para que preste fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. Estableciendo, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento, que en caso de que no se prestase, se decrete el embargo de sus bienes en cantidad suficiente.

Si bien, respecto a la pieza de responsabilidad civil, aclara el fundamento jurídico tercero que, "dado que esta causa está ligada necesariamente con el devenir de las DP 956/2016" del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, "el acusado tendrá derecho a exigir subsidiariamente al resto de posibles condenados, la parte proporcional de la responsabilidad que hubiese abonado".

El auto, de acuerdo a la pena pedida por las acusaciones, declara la Audiencia Provincial de Murcia como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento.

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al expresidente del Gobierno murciano Pedro Antonio Sánchez a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público como autor de dos delitos de prevaricación —el primero de ellos continuado en concurso con uno de falsedad—, en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad, ha informado Europa Press.

Igualmente, ha condenado como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación a la que fuera secretaria accidental del ayuntamiento, y un arquitecto, a la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 15 años y 6 meses, la primera, y 16 años y 6 meses, el segundo, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Respecto al primer hecho delictivo, el tribunal considera probado que Sánchez, cuando era alcalde, sabedor de la existencia de subvenciones a corporaciones locales para el desarrollo de determinadas edificaciones culturales, encargó al arquitecto acusado, "verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación" un proyecto para solicitar tal ayuda. Y, posteriormente, conseguida la ayuda, convocar el concurso de proyectos, "totalmente condicionado a que el ganador fuera el arquitecto".

Y, en relación con el segundo delito de prevaricación, la Sala constata que una vez concedida la subvención, cuando el arquitecto detecta "que existía inviabilidad técnica y económica en la ejecución del proyecto" lo comunica al alcalde y juntos, con la funcionaria municipal, "convinieron la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada".

Por último, la sentencia absuelve al exregidor del delito de fraude a la Administración Pública del que también venía acusado. "Los hechos relatados anteriormente no encajan en esta tipicidad, ya que la aprobación del proyecto modificado no tenía por objeto defraudar al Ayuntamiento", señala la sentencia.

"La única voluntad que se tenía cuando se aprobó el modificado era salvar los errores creados desde la redacción del proyecto y ello en aras a justificar la inversión de la subvención y evitar la exigencia del reintegro", explica la resolución.

Según recoge la sentencia a lo largo de sus más de 150 folios, el encargo verbal se completó con la redacción por el arquitecto acusado del Anteproyecto de Teatro Auditorio en junio de 2006 y el posterior Proyecto Básico de Teatro Auditorio de noviembre del mismo año, a construir en una parcela de la Ribera Sureste de la Rambla de Nogalte, con un presupuesto de ejecución de 6 millones.

Proceso en el que ningún otro pudo participar y proyectos que, según los hechos probados, no tuvieron "entrada de registro en el Ayuntamiento y tampoco estaban visados por el Colegio de arquitectos".

En este punto, el tribunal concluye que "es obvio que los entes públicos pueden recibir proyectos, ideas o dosieres de los particulares o empresas" —aludiendo a la explicación alegada por la defensa—. Pero aclara que "dicha presentación debe hacerse por los cauces administrativos pertinentes y el órgano competente y con manifiesta intervención y control de los técnicos".

Destaca también la resolución que desde 2005 y 2006 los anuarios municipales primero, y la propaganda del PP y la prensa local, después, ya recogían el encargo de un proyecto de Teatro al arquitecto acusado e incluso su presentación al entonces presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel. Lo que lleva a argumentar que "parece difícil comprender que se trate de una idea unilateral del arquitecto".

En diciembre de 2006, tras ser informado Sánchez de la concesión de la subvención autonómica, remitió una comunicación a la Comunidad Autónoma aceptándola. "Sin embargo, no consta ningún convenio aprobado, ni inscripción en el Registro de convenios urbanísticos sobre la citada parcela, ni expediente alguno tramitado al efecto", subraya la sentencia.

No asume la Sala la explicación dada por Sánchez de que la carta "se redactó en la concejalía de Obras, que es la que llevaba el asunto, y que él únicamente estampó la firma". Califican de "impensable" que el alcalde no se implicara en el "más grande y costoso" proyecto municipal.

Días después, el día 22, el consejero de Educación realiza una propuesta para que el Consejo de Gobierno apruebe por Decreto la subvención y, "a continuación y con el fin de dar cobertura formal a las previas actuaciones y decisiones ya adoptadas por el alcalde", se acordó en la Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de 2006 prestar conformidad del Ayuntamiento a la subvención y aprobar el proyecto básico.

Avanzando cronológicamente, se recoge que la Consejería de Cultura entregó al Ayuntamiento los primeros 3 millones de euros de la subvención el día 29 de diciembre de 2006. Con la obligación de que se acreditara el gasto antes del 31 de octubre de 2007, momento en que se librarían los otros 3 millones, de la segunda anualidad, que igualmente debían justificarse.

Como "en dicha fecha ni se poseía parcela, ni tampoco existía concurso de proyectos, ni había proyecto de ejecución", subraya uno de los párrafos de la sentencia, en julio de 2007 el alcalde dirigió al director general de Cultura un escrito en el que mediante "manifestación expresa" de éste se solicitaba la ampliación del plazo de ejecución y justificación de la cuantía.

Ante las quejas transmitidas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia de que existía un proyecto sin que hubiera habido concurso, "el alcalde procedió a tramitar un concurso de proyectos para dar ropaje de aparente legalidad a los actos anteriormente ejecutados", subraya la resolución.

La sentencia recoge que, tras la adjudicación del contrato, entre enero y febrero de 2008 el arquitecto presentó un Proyecto de Ejecución que respetaba el importe económico de 6 millones, pero que contenía más edificios, destacando que "tenía tal cantidad de defectos que era inviable finalizarlo con el presupuesto del que se disponía".

Con todos los defectos referidos, el arquitecto "sabía que existía inviabilidad técnica y económica". Y tras comunicarlo al alcalde, ambos, junto a la tercera acusada, "convinieron la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención e impedir el reintegro".

Entienden los magistrados que "ninguna de las dos causas en las que se intentaba apoyar la redacción del proyecto modificado han quedado acreditadas".

En lo que respecta al delito de falsedad ideológica, la sentencia recoge que el Ayuntamiento nunca tuvo convenio alguno con los posibles cedentes de los terrenos de la Rambla de Nogalte y, por tanto, se falta a la verdad en cuanto al requisito de disponibilidad de terreno para obtener la subvención. Y lo mismo se dice para el escrito de 2007 solicitando el pago de la primera anualidad en el que se aludía "al ritmo de ejecución de las obras previstas", cuando estas no se habían iniciado.

Finalmente, la resolución impone a los tres condenados el pago de una parte de las costas causadas, sin incluir las de la acusación popular, teniendo en cuenta el número de delitos objeto de enjuiciamiento. En concreto, 3/13 partes al declarado autor de tres delitos y 2/13 partes a los coautores dos delitos de prevaricación.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo y no ante el Tribunal Superior de Justicia, por ser el procedimiento anterior a la Ley 41/2015, aclara la resolución.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, reunió este lunes en Madrid al Comité Ejecutivo Nacional del su partido para echar a andar la maquinaria para las elecciones generales del 10 de noviembre.  El jefe de los conservadores tomó la palabra después de que Teodoro García Egea, número dos de la formación, presentara el informe habitual de estas citas. No es frecuente, pero Casado hizo una intervención en abierto a los medios de comunicación. Los días previos a este encuentro han estado precedidos por las exigencias de los barones, sobre todo en privado, de que las estructuras territoriales sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar las listas a los nuevos comicios. Es decir, que haya ajustes. En este encuentro sólo tomaron la palabra el presidente y el secretario general.

Arropado por el lema "Unir para ganar", Casado hiló un discurso centrado en la necesidad de que el centroderecha concurra unido a las generales. Es la ya famosa coalición España Suma que quieren integrar los conservadores con Ciudadanos y a la que el partido naranja se resiste.

"Las consecuencias de la división del son letales para España", dijo Casado al tiempo que advertía de que "no hay posibilidad alguna de sustituir al PP como cerebro, corazón y pulmón del centroderecha español. No la hay ni la habrá".

El plazo para el registro de coaliciones electorales se agota el 29 de septiembre. Pese a la negativa de Albert Rivera, el PP va a seguir insistiendo en este mensaje. La dirección de campaña para estas generales en el PP recaerá sobre García Egea y la idea es que el Comité de Campaña estén representados todos los territorios.

Casado no obvió en su mensaje que Ciudadanos no ve con buenos ojos la coalición España Suma. "En los últimos meses hemos vuelto a advertir de las consecuencias de esta división. En primer lugar,hemos ofrecido fórmulas que permitían alcanzar acuerdos de Estado amplios, que favorecían la gobernabilidad de España para la inmensa mayoría. Sin embargo, quienes tenían la responsabilidad de materializar lo han mostrado más interés en sostener la división, que daña de manera grave el funcionamiento de las instituciones. También hemos ofrecido fórmulas abiertas de convergencia electoral que han sido rechazadas nuevamente y sin matices por las fuerzas políticas situadas a nuestro alrededor.

"Creo, sinceramente, que en este momento sus prioridades se han alejado ya mucho de las de sus votantes", dijo sin citar a sus rivales políticos.

Un partido "ampliado"

"Quiero un Partido Popular ampliado, más popular y menos partido, integrador, reconocible por moderado, responsable tanto de la defensa de sus propias posiciones como,sobre todo y antes, de la defensa del sistema que todos compartimos. Nuestro programa es para la convivencia y el progreso, y esa será siempre nuestra piedra de toque, lo que nos guiará en todo momento, lo que justificará o no cada paso y cada decisión", dijo Casado a los suyos.

En esta ocasión, a la cita no faltaron los barones que han sido más críticos con la actual dirección del partido. Así, Alfonso Alonso (País Vasco), Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Juanma Moreno (Andalucía) no se perdieron la cita con la que Casado quiso dar el pistoletazo de salida a la precampaña.

Al término de la reunión todos ellos coincidieron en poner en valor el discurso de su jefe de filas.

Tras el Comité, Casado convocó a los presidentes regionales de la formación a un almuerzo.

España Suma y la "generosidad" de Álvarez de Toledo

El PP está dispuesto a hacer de la oferta a Ciudadanos para que se una a la coalición España Suma uno de los ejes de la precampaña. En este contexto, la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, puso este lunes la pelota en el tejado del partido naranja al asegurar, en una entrevista concedida a El Mundo, que está dispuesta a que Inés Arrimadas, sea la número uno de la coalición por Barcelona.

En la dirección nacional del partido destacaron este lunes la "generosidad" del gesto de Cayetana Álvarez de Toledo.

Cambios en la estructura

En este Comité Ejecutivo Nacional se anunciaron dos cambios en la estructura del partido: la presidenta del PP de Asturias, distanciada del equipo de Casado, deja su cargo y Ana Camins sustituye a Juan Carlos Vera como secretaria general del PP de Madrid.

Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran que Mercedes Fernández tendrá un papel importante en el futuro de la formación.

El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, señaló este jueves que ya está estudiando si actúa de oficio tras unas declaraciones de de Pedro Antonio Sánchez en La Verdad en las que aseguraba haber podido "hincharse" de dinero con el cobro de comisiones que le habrían ofrecido pero que no lo había denunciado. Lo hizo en una entrevista en Onda Regional, en la que insistió en que haber sido tentado con comisiones son hechos que pueden constituir delito.

El expresidente de la comunidad, que este viernes dejará de ser también presidente del PP, revelaba en la misma entrevista haber tenido pinchado ilegalmente el teléfono, e incluso apuntaba que ésta acción se habría llevado a cabo por un hacker contratado por sus adversarios políticos.

Incluso afirmaba que habría sido objeto de seguimiento por parte de una "furgoneta blanca". Estos revelaciones, según la Fiscalía, también deberían ser investigadas.

Imputado en dos casos de corrupción por los que se arriesga a penas de cárcel –la pieza murciana de la Operación Púnica y el llamado caso Auditorio–, Sánchez materializó este miércoles su abandono de la política y su automática pérdida de aforamiento ante el Tribunal Superior de Murcia (TSJM).

El huracán de Cataluña ha grabado otra muesca en el panel de asuntos de relevancia eclipsados: un día después de que su antecesor en la Presidencia de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, le instara de manera tácita pero inequívoca a marcharse del PP, Pedro Antonio Sánchez entregó este martes su acta de diputado regional y anunció que deja la política.

Imputado en dos casos de corrupción por los que se arriesga a penas de cárcel –la pieza murciana de la Operación Púnica y el llamado caso Auditorio–, Sánchez materializó su abandono de la política y su automática pérdida de aforamiento ante el Tribunal Superior de Murcia (TSJM) tras haberle concedido una entrevista al diario La Verdad.

En esa entrevista, el político hace una afirmación sorprendente que algunas fuentes jurídicas consultadas por infoLibre consideran el potencial germen de una nueva imputación. "¿Sabe qué?", espeta Sánchez en un momento como respuesta a una pregunta sobre el controvertido Auditorio de Puerto Lumbreras. Y prosigue así: "Pude haberme hinchado a dinero cobrando comisiones... Algunas me ofrecieron". De inmediato, el periodista replica: "...Pero no las denunció". El expresidente murciano responde entonces con un monosílabo: "No". El Código Penal prevé hasta dos años de inhabilitación para la autoridad o funcionario "que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia".

Al carecer ya de aforamiento, lo previsible –y así lo remarcaron a este diario distintas fuentes jurídicas– es que la pieza murciana de Púnica vuelva a la Audiencia Nacional y el caso Auditorio, al juzgado 1 de Lorca. Con ese trámite, Sánchez gana tiempo de manera objetiva.

Varios juristas que intervienen en esas causas y con los que ayer consultó infoLibre difieren sobre las consecuencias del regreso de ambos casos a sus tribunales de origen. "Creo que al principio Sánchez pensó que el TSJ sería más benévolo y que ahora lo veía en cambio todo demasiado negro para su futuro", opina una fuente que conoce los dos casos desde su origen. "Que regrese la pieza de Púnica a la Audiencia Nacional –opina en cambio una segunda fuente– me ofrece más garantías y elimina el riesgo de que el enjuiciamiento de los mismos hechos por dos tribunales diferentes se traduzca en sentencias de distinto sentido".

La fuente dice eso último en alusión a un punto sustancial: que los hechos atribuidos a Pedro Antonio Sánchez en Púnica y hasta ahora investigados por el TSJ también afectan a quienes por no haber gozado nunca de aforamiento han mantenido su condición de investigados en la causa que tramita la Audiencia Nacional.

El abogado que representa a Adade , Francisco Montiel, coincide en que "es bueno y más sencillo enjuiciar de manera conjunta a corruptores y corrompidos y que eso lo haga un tribunal profesional y no un jurado en Murcia, que es su tierra". La Fiscalía Anticorrupción consideraba en cambio que la vista de esa pieza murciana, en la que todavía no se ha dictado auto de apertura de juicio, debía quedar en manos de un jurado popular, decisión que estaba pendiente de recurso.

El nuevo titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha mantenido intactas las posiciones del primer instructor del caso, Eloy Velasco, y así lo constata uno de sus últimos autos. En esa resolución, el magistrado tumba los recursos de varios investigados de Murcia y se reafirma en que los políticos involucrados utilizaron los servicios de reputación online que ofrecía el presunto conseguidor Alejandro de Pedro para lavar su imagen en Internet con vistas a las elecciones autonómicas de 2015. Y que esos servicios iban a cargo del erario público. Sánchez sostiene que jamás contrató nada. Basándose en distintos indicios, entre ellos las conversaciones intervenidas, los investigadores entienden que no llegó a contratar nada por una sola razón: que el estallido de la Operación Púnica, en octubre de 2014, dinamitó sus planes.

El magistrado instructor del TSJ de Murcia, Julián Pérez-Templado, en un auto notificado este viernes, confirma la continuación del procedimiento por los trámites del abreviado contra Pedro Antonio Sánchez, por el caso AuditorioPedro Antonio SánchezAuditorio en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, por los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas, y prevaricación o fraude de fondos públicos.

El instructor estima en parte el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de fecha 7 de julio de 2017, que ordenaba la continuación del conocido como caso Auditorio.

En concreto se reforma la resolución incluyendo la posible responsabilidad penal del arquitecto M.L. en un tercer delito por su cooperación necesaria en el delito de prevaricación continuada al considerar que "tratándose de un profesional de la arquitectura, salvo que tuviera un pacto o entendimiento con el alcalde debería conocer y no obviar los trámites obligados en la contratación administrativa".

Además, se ordena la continuación del procedimiento abreviado contra C. G. V., por dos presuntos delitos: prevaricación continuada y prevaricación o fraude de fondos públicos, por la tramitación de la subvención, en su condición de funcionaria, secretaria accidental del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Y, por último, en esta nueva resolución, el magistrado elimina la referencia al delito de información confidencial y corrige la anterior en el sentido de "dejar patente que al parecer de los peritos, el dinero está en la obra", es decir "que no está probado que no esté en la obra".

El magistrado instructor desestima íntegramente el resto de recursos y confirma la continuación del procedimiento por los trámites del abreviado contra Pedro Antonio Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, por los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas, y prevaricación o fraude de fondos públicos.

E, igualmente, mantiene la continuación del procedimiento contra M.L., responsable del proyecto y ejecución de la obra y V.G.M., legal representante de la constructora, como cooperadores necesarios en el último de los delitos señalados anteriormente (prevaricación o fraude contra fondos públicos).

La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de Civil y Penal del TSJ.

El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez-Templado, ha acordado continuar el proceso judicial contra el expresidente murciano y actual diputado, Pedro Antonio Sánchez, al apreciar indicios en la presunta comisión de varios delitos. Paralelamente, Pedro Antonio Sánchez también será procesado por la trama Púnica.

Tras finalizar las diligencias previas del caso Auditorio, en el que se investiga el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Centro Cultural del municipio de Puerto Lumbreras en la etapa en la que Sánchez era alcalde de la localidad, el instructor, a la vista de las actuaciones remitidas por el juzgado de Instrucción 1 de Lorca, y practicadas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y el grado de participación de los investigados, ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado contra Sánchez.

En un auto notificado este viernes, el juez entiende que podría darse la comisión de los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas, y prevaricación o fraude de fondos públicos.

Igualmente, ordena que el procedimiento continúe contra el arquitecto Martín Lejarra, responsable del proyecto y ejecución de la obra y Vicente Gimeno Merino, legal representante de la constructora, como cooperadores necesarios en el último de los delitos señalados anteriormente (prevaricación o fraude contra fondos públicos).

El instructor concreta en tres apartados, que luego desglosa en los fundamentos jurídicos, los hechos por los que debe continuar el procedimiento: la contratación irregular del arquitecto, la obtención de una subvención de manera falsaria y sin cumplir la finalidad y los cambios del contrato originario acordados por el ex alcalde, el arquitecto y el constructor para salvar sus responsabilidades

El auto decreta el sobreseimiento provisional para el resto de los investigados en este procedimiento.

Tras esta resolución, siempre que alcance firmeza, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen 10 días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causaapertura de juicio oral, "sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación", concluye la parte dispositiva del auto.

En las últimas semanas, el vía crucis de Pedro Antonio Sánchez ha sido uno de los pasos más concurridos. El paisanaje ha seguido, asomado al balcón de los medios y movimiento a movimiento, su recorrido hacia la dimisión.

El que firmara un pacto con Ciudadanos para gobernar, acuerdo que incluía la inmediata dimisión de aquel que cayera en el pozo de la imputación, se vio en la tesitura de hacer aquello tan poco propio de la política que acostumbramos a ver, adecuar los hechos a la palabra dada:

"Si al final la Justicia dictaminara una imputación por el 'caso Auditorio', yo dimitiría. Porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra, y no esperaría que nadie me lo pidiera", dijo Pedro Antonio. yo dimitiría cumplo mi palabra

En aquel tiempo, sonó su afirmación mucho más solemne, pero igualmente cargada de buenos propósitos, que aquella declaración de intenciones de Los Sirex: “Si yo tuviera una escoba, cuantas cosas barrería”. Pero, llegada la hora de la verdad, ni con la susodicha escoba del revés, junto a la puerta de la calle –costumbre que practicaban las abuelas para librarse de las visitas con resistencia a marchar–, había quien desalojara a Pedro Antonio del trono murciano.

A todo esto, en la mitad del camino de Pedro Antonio hacia el calvario, sonaron estruendosas las palabras de José Antonio Martínez-Abarca, asesor de Cultura –ojo al dato– del Gobierno murciano.

Poseído quizás, José Antonio, por el demonio de la tertulia encendida y, viendo que se estaba poniendo en duda el decoro de una escena acaecida en territorio murciano: un dirigente del partido regional de cañas con Pérez Templado, el juez instructor de uno de los casos que afectan a su presidente, se dirigió al contertulio de Podemos, taza en mano, en una versión murciana del fenómeno Grey, 50 sombras sado-oscuras de Martínez- Abarca para exclamar:

“Usted quiere que le estampe esto en la cabeza. Quiere usted eso”.

Y, tras explicar a la audiencia que media Murcia es del PP, hizo Martínez-Abarca a pulso una levantá, de voz, para defender enérgicamente la normalidad del aperitivo cuestionado:

“¡Se puede tomar copas con quien le salga de los huevos, de los huevos. Pero esto qué es!”. quien le salga de los huevos,

Para este momentazo cultureta del asesor cultural vendría muy bien, de nuevo, la banda sonora de Los Sirex con su canción Brindis:

“Por la vieja amistad

a brindar, a brindar

los amigos de ayer

a beber, a beber”

De vuelta al viacrucis y alcanzada la fecha ultimátum de Ciudadanos, llegó la hora. Pedro Antonio, con esas dos causas, Auditorio y Púnica, que le atraviesan como clavos las palmas de las manos, fue empujado al sacrificio injusto, a la dimisión voluntaria– sin pedírselo Génova para amarrar el gobierno de la comunidad, ni nada de eso, malpensado el que lo piense– y lo hizo casi en el último minuto antes de la mocioncica de censura, cual Sergio Ramos.

Después de sufrir tanto martirio mediático, político y judicial, el líder renunció al poderío para sacrificarse por los murcianos –ellos lo hacen todo siempre por los ciudadanos– y tomó, motu proprio, la decisión que con tanto fervor había aplazado.

Pedro Antonio no se fue porque lo hubiera prometido, no por coherencia con su propia declaración, no por responsabilidad política, no, él abandonó el puente de mando para librar a su pueblo del tripartito herético.

Pero, conservando, eso sí, el escaño y la presidencia del partido en la región y dejando su cargo, además, en manos de un apóstol de confianza, López Miras. Pedro Antonio dimitió con la esperanza de la resurrección política.

El de Murcia ha sido el vía crucis más sonado de las últimas semanas, pero no es el primero ni será el último. Esta película la hemos visto mil veces y no es de romanos. La historia trata de la flexibilidad extrema para alterar el contenido de lo declarado, de la laxitud para decir una cosa y hacer otra, de la frescura para prometer algo y no cumplirlo con ese donaire para exigir de los demás una reacción inaplicable en la experiencia propia, seguro que han visto este clásico que se repite una y otra vez, es parte de nuestra tradición, como las torrijas.

Y, tantas veces hemos asistido ya a la pasión de un político en el calvario de tener que dar explicaciones, que nos sabemos el recorrido de memoria, cada arrancada, cada parada, el ritmo con el que los suyos harán bailar a la imagen y el balcón desde el que le cantará una saeta el creyente más fervoroso, al que la voz emocionada le saldrá de… las tripas, que no de aquel otro lugar mencionado por Martínez-Abarca. Dejemos los huevos para la Pascua.

Con lo fácil que sería para estos representantes dejar de improvisar y seguir al pie de la letra su propio guión para dar imagen de coherencia y van y se lo saltan por amor al pueblo… No se puede ser más bueno. Al cielo con ellos. Muy fan

El magistrado que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, en el que está imputado el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, ha rechazado apartarse de la investigación y asegura que su único interés en la causa es "resolver, ni antes ni un minuto después, el proceso penal del que soy responsable con toda imparcialidad y razón", según indica el escrito remitido al juez encargado de instruir el incidente de recusación, Rubén Antonio Jiménez Fernández.

"Me niego a darme por recusado", concluye Pérez-Templado, que considera la fotografía publicada por el diario La Verdad de Murcia en la que aparecía un día después de la declaración como imputado de Pedro Antonio Sánchez en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia tomando unas cañas con un directivo del PP regional en una terraza de la capital murciana como una agresión a su intimidad.

"Tal noticia, sin mayor gravedad ni trascendencia, porque tampoco hay que exagerar, fue tomada seguramente en el lugar más público y concurrido de Murcia, a mediodía y con una persona con la que me une una amistad lejanísima en el tiempo y del que conozco, por ser público y notorio, su vinculación con un determinada partido político. No se entiende que una inmisión sin duda impertinente en mi vida de relación social pueda justificar una recusación, con la indudable carga de desprestigio que conlleva para un juez", completa el instructor.

Pide una sanción para el letrado

Pero Pérez-Templado aprovecha su escrito para reclamar, "dada la contumacia del recurrente", que se le imponga "la sanción prevista en la Ley" al abogado Marcos Sánchez Adsuar, en representación del exconcejal de Puerto Lumbreras (Murcia) Antonio López, que es la segunda vez que recusa a Pérez-Templado, que recuerda que trató de apartarle de la instrucción "en un asunto que fue archivado a petición del Ministerio Fiscal y confirmado por la Sala", especifica el juez en referencia al denominado caso dúplex, en el que también estuvo implicado el expresidente murciano.

"Vuelve ahora a la carga", advierte el instructor, que sostiene que al letrado Marcos Sánchez Adsuar "ya se nota la enemistad que siente hacia mí y los provocadores improperios que me lanza" desde el primer escrito que envió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia. "Desde luego, enemistad no correspondida, porque, repito, esa persona me resulta del todo indiferente, ni la conozco fuera del ámbito procesal ni tengo el menor deseo", completa el instructor, que acusa al letrado de "lanzar amenazas" desde el primer momento.

Pedro Antonio Sánchez (d) junto al candidato a sucederle Fernando López Miras (i).

El juez rechaza tener "enemistad" con el letrado que ha planteado la recusación: "En absoluto. No lo conozco de nada salvo en las actuaciones procesales. Me es una persona por completo indiferente".

Asimismo, Pérez-Templado rechaza también mantener ninguna relación de amistad con el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez: "Nada más lejos de la realidad, pues no conozco al señor Sánchez fuera de algún saludo protocolario en acto oficial. Tampoco las cuestiones ideológicas o partidistas han perturbado jamás mi ánimo", destaca el juez.

El nuevo fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) para "solicitar los medios de prueba aportados por las partes" sobre la recusación del magistrado que instruye en la Sala de lo Civil y Penal el caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, y por el que está imputado el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PP), según ha informado la Fiscalía a infoLibre.

Según las mismas fuentes oficiales, Manzanera, que aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, pretende conocer antes de tomar una decisión al respecto la decisión del propio magistrado sobre su participación en la instrucción. En concreto, Pérez-Templado debe elaborar un informe sobre su decisión de continuar como juez del caso.

La recusación la presentó el pasado 24 de marzo el abogado Marcos Sánchez Adsuar en representación del exconcejal socialista de Puerto Lumbreras Antonio López, al considerar que el magistrado ha demostrado una "falta de imparcialidad objetiva y subjetiva para seguir llevando la instrucción del presente procedimiento".

Y como ejemplo de esa presunta "falta de imparcialidad", el letrado alude a la fotografía publicada por el diario La Verdad, La Verdady que fue tomada el 7 de marzo, un día después de la declaración como investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia de Pedro Antonio Sánchez López, en el que el magistrado estaba tomando una caña de cerveza en una terraza "con un vocal de la dirección regional del PP de la Región de Murcia, nombrado a instancias del imputado".

"A favor del imputado"

En su escrito el letrado Marcos Sánchez Adsuar considera, por ello, que la actuación del magistrado "denota una predisposición de ánimo a favor del imputado [Pedro Antonio Sánchez] y en contra de la acusación", algo que para el abogado "justifica sobradamente la recusación".

Asimismo, el letrado recuerda que López-Templado ha denegado numerosas diligencias de instrucción y por eso cree necesario que el caso lo lleve otro juez "más allá de su mera voluntad caprichosa y arbitraria, huérfanas de toda fundamentación jurídica y ponderación sobre su utilidad y pertinencia".

Pedro Antonio Sánchez y Fernando Martínez-Maillo.

Para este abogado la falta de la apariencia de imparcialidad puede resultar "determinante para excluir a quien no ofrece suficientes garantías para evitar toda sombra de perjuicio o prevención: como ocurre en el presente caso", en el que según el letrado ha habido por parte de Pérez-Templado un "nulo o escaso interés en depurar los hechos delictivos, sino todo lo contrario".

Concepción Espejel y Enrique López

El escrito de recusación alude al una decisión del Pleno de la Audiencia Nacional en el que los magistrados acordaron la recusación en el caso Gürtel de los jueces Enrique López y Concepción Espejel "por la apariencia de parcialidad que pueda proyectarse a la sociedad. Y la fotografía e información aparecida en el diario La Verdad y en otros medios de comunicación proyecta una clara y evidente apariencia de parcialidad con la consiguiente zozobra procesal".

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia acordó el pasado miércoles designar al presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Rubén Antonio Jiménez Fernández, instructor del expediente de recusación de Pérez-Templado en el caso Auditorio.

Según el TSJ murciano, el magistrado ha sido designado de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que es "el único miembro de la carrera judicial en servicio activo en Murcia en quien concurren las condiciones legalmente previstas: ser de igual categoría y mayor antigüedad que el recusado".

El candidato del PP a la presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, fue destituido en marzo de 2015 del cargo de secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda murciana después de que el presidente Alberto Garre denunciara que la dimisión del exconsejero Antonio Cerdá, que al no estar ya aforado provocaba un cambio de juez instructor del caso Novo Carthagocaso Novo Carthago, se había fraguado en el departamento en el que trabajaba entonces el ahora aspirante a suceder a Pedro Antonio Sánchez.

López Miras cesó en su cargo de secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Murcia el 5 de marzo de 2015 en medio de una crisis interna de la formación política conservadora a raíz del caso Novo Carthago, y que acabó con una confrontación directa entre diferentes familias de la formación conservadora.

El aspirante a presidir el Gobierno murciano fue apartado de su puesto tan solo dos días después de que el propio Garre, que hace dos semanas anunció su salida del Partido Popular, destituyera al consejero Economía y Hacienda, Francisco Martínez AsensioFrancisco Martínez Asensio, que fue relevado por Luis Martínez de Salas y Garrigues.

Una dimisión fraguada en la Consejería

Las destituciones, primero la del consejero y después la de López Miras, se produjeron después de que Alberto Garre asegurara a la opinión pública que la dimisión del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, se había fraguado en la propia Consejería de Economía y Hacienda en la que el candidato a suceder a Pedro Antonio Sánchez era, como secretario general, el número dos del departamento murciano.

El expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez (d), en presencia del candidato a sucederle Fernando López Miras.

La dimisión de Cerdá, cuñado del exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte, que en esos momentos ejercía el cargo de comisionado del Gobierno murciano para asuntos económicos, tuvo una importante consecuencia en la instrucción del caso Novo Carthago, en el que el entonces magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJM) Manuel Abadía mantenía imputado al propio Cerdá. Al dejar de ser aforado Cerdá el caso abandonó el TSJ murciano y pasó a ser instruido por un Juzgado ordinario de la ciudad de Murcia, en concreto el número 2 de la capital regional.

Unos días antes de la dimisión de Cerdá, el juez Abadía llegó a considerar al expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel "el integrante de la trama que acordó el plan delictivo" trama junto a la senadora Pilar Barreiro y al empresario Rafael Galea para garantizar el éxito del proyecto urbanístico de Novo Carthago.

Un día antes de la dimisión de Cerdá

En un demoledor auto, de 26 de febrero de 2015, un día antes de la dimisión del consejero Antonio Cerdá, el magistrado reclamó a la Fiscalía que emitiera un "dictamen sobre si debe llamarse como imputado" al presidente del PP de la Región y vicepresidente del Parlamento Europeo.

El instructor establecía en el auto de seis páginas, según La Opinión de Murcia, cinco fundamentos jurídicos que justificarían la imputación de Valcárcel en el caso Novo Carthago, en el que también están encausados el exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, los exconsejeros Antonio Cerdá y Francisco Marqués, y la exalcaldesa de Cartagena y senadora del PP, Pilar Barreiro, entre otros.

En un segundo auto, que se notificó a las partes el 3 de marzo de 2015, el juez Abadía concedió un mes de plazo al expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel para que prestara declaración de forma voluntaria como imputado por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

Presentación de Novo Carthago en 2003

Al final, el magistrado, que abandonó la judicatura y abrió un despacho de abogados, acordó citar a declarar como imputados a la hija de Valcárcel Rosario Valcárcel Cruz; al esposo de esta, Fulgencio Perán Jiménez, y a su cuñado, Juan Francisco Cruz.

La Fiscalía de Murcia, entonces encabezada por Manuel López Bernal, acordó en diciembre de 2006 abrir de oficio diligencias por la construcción de la urbanización Novo Carthago, que incluía 10.000 viviendas y un campo de golf, en una zona protegida. El proyecto fue presentado por el Gobierno presidido por Valcárcel, antes de la recalificación de los terrenos.

El presidente más joven

Si el PP murciano logra el apoyo de Ciudadanos, López Miras podría convertirse en el presidente autonómico más joven tras ser propuesto por Pedro Antonio Sánchez como su sucesor, informa Europa Press. Con tan solo 33 años y natural de Lorca (Murcia), López Miras ha desempeñado diversos cargos en la Asamblea Regional murciana, el PP e incluso el Ejecutivo murciano. Licenciado en Derecho y MBA en Dirección y Administración de Empresas, ha trabajado en Banesto y Banco de Valencia.

Diputado del Grupo Parlamentario Popular desde junio de 2011 hasta 2014, fecha en la que renunció a su escaño antes de ser nombrado secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, también ha desempeñado el cargo de presidente de Nuevas Generaciones de Lorca y ha ejercido como secretaria general de esta formación en la Región.

Presidente de Nuevas Generaciones de Lorca desde 2008 y secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la Región de Murcia, es coordinador territorial del Partido Popular y miembro de la Junta Directiva Nacional de la formación conservadora.

"Eran lentejas". Hasta el pasado 27 de febrero nadie en el Partido Popular había definido de forma tan gráfica su pacto con Ciudadanos. Fernando Martínez-Maillo ofrecía una rueda de prensa en la sede de la formación y se atrevía a advertir en público al partido de Albert Rivera de que todos aquellos puntos que firmaron en el pacto para la investidura no iban a cumplirse porque PP y Ciudadanos no suman mayoría. Es más, algunas de las reformas, destacó, requerían de una reforma Constitucional. Se refería a la limitación de mandatos y a la reducción de aforados.

¿Por qué se aceptaron entonces esas condiciones?, se le preguntó. "Eran lentejas", mantuvo el número tres del partido recurriendo al dicho popular Son lentejas, si quieres las tomas y si no, las dejas. Es decir, que no había alternativa porque sin aceptar esas condiciones Mariano Rajoy no iba a ser investido presidente. Las declaraciones  del número tres del PP no sentaron nada bien en Ciudadanos, que basa gran parte de su discurso en que su apoyo a Rajoy no ha sido un cheque en blanco y en que sus 32 escaños están sirviendo para controlar y contener al PP. Lo cierto es que desde que Martínez-Maillo habló de "lentejas" han sido ya cuatro las ocasiones en las que los conservadores han tenido que torcer sus planes o se han visto derrotados, bien por acción u omisión de la formación naranja. La dimisión este martes del presidente del Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es el último de estos episodios.

En las últimas semanas, el partido de Rivera ha contribuido, además, a la derrota del PP en el real decreto de la estiba, le ha obligado a aceptar una comisión de investigación sobre su financiación y le ha exigido partidas de gasto social en los Presupuestos Generales del Estado.

El PP confiaba en que, dirigiendo toda la presión hacia Ciudadanos, iba a conseguir que el partido naranja se desmarcase de la moción presentada por el Partido Socialista. El lunes, destacados dirigentes de la formación insistieron en público en la gravedad de que C´s se acabase aliando con el PSOE y Podemos para echar a Pedro Antonio Sánchez sin esperar a una decisión de los tribunales.

Además, ponían en duda que el PSOE fuese a cumplir su promesa al partido de Rivera de convocar elecciones en seis meses. 

Perder el Gobierno

A última hora del lunes el coordinador del PP y el propio Pedro Antonio Sánchez fueron conscientes de que no había marcha atrás y de que Ciudadanos había decidido llevar el órdago hasta el final. Si había otro candidato, C´s lo apoyaba, pero si el presidente del PP de Murcia no se echaba a un lado, los conservadores iban a perder el Gobierno regional. 

A la hora de justificar la renuncia del presidente murciano, tanto la dirección nacional del PP como el propio afectado apuntaron a una especie de sacrificio para librar a la comunidad autónoma y a sus habitantes de un "tripartito" PSOE-Ciudadanos-Podemos.

En su comparecencia ante el Comité Ejecutivo del PP regional, Martínez-Maillo insistió en varias ocasiones en la conexión entre Ciudadanos, socio de investidura de Rajoy y socio del PP en el Gobierno murciano, y Podemos.

La exposición razonada del juez Velasco, clave

En las negociaciones de las últimas semanas, el PP demandaba a Ciudadanos que aplazase cualquier decisión sobre Sánchez al momento en que se pronunciase la Justicia. Imputado en el caso Auditorio, su situación acabó de complicarse en la mañana del lunes después de que el juez Eloy Velasco pidiese al TSJ que investigue al presidente murciano por fraude, soborno y revelación de información reservada. Si el partido de Rivera tuvo algún tipo de dudas sobre dar más tiempo al PP, estas se disiparon al conocer los avances judiciales del juez de Púnica.

En todo este proceso, el PP murciano ha recurrido a una discusión terminológica para defender que Pedro Antonio Sánchez no estaba faltando a su palabra cuando señaló que iba a dejar el Gobierno si era imputado. Subrayaban que el pacto fue firmado antes de que la palabra "imputado" fuese sustituida en la ley por la de "investigado" y que ellos entendían que el momento de dimitir tendría que llegar en el supuesto de la apertura de juicio oral.

Ahora, tras su dimisión, ambas formaciones intentarán reconducir la situación. Los conservadores no ocultan, sin embargo, que esta batalla ha dejado "muchas heridas abiertas". 

"Creo que es lógico que lleguemos a un acuerdo [Con Ciudadanos] y creo que no va a ser difícil. He escuchado a Ciudadanos decir que quiere reeditar el acuerdo y nosotros estamos dispuestos también", sostuvo Martínez-Maillo en los pasillos del Congreso de los Diputados tras llegar de Murcia, informa Europa Press.

4.100 millones en los PGE

Aunque la dirección nacional del PP desvincula la crisis de Murcia con la negociación de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), las fuentes consultadas admiten que confían en que se instaure un "nuevo clima" en las relaciones PP-C's que "facilite" las relaciones.

Precisamente, otra de las cesiones de Rajoy ante Ciudadanos tiene como contexto la negociación para sacar adelante las cuentas públicas para 2017. El presidente, que no disimula su incomodidad con el hecho de que Rivera le marque la agenda, ha sido testigo de cómo el líder de la formación naranja ha sacado pecho de haber condicionado los PGE.

El pasado jueves, en rueda de prensa en el Congreso, Rivera anunció un acuerdo con el Gobierno para que los presupuestos incluyan "4.100 millones de euros para ayudar a la clase media trabajadora y para modernizar España" sin que haya nuevos impuestos, sin tocar el IRPF y sin subir el IVA. "Con estos presupuestos, con este acuerdo, damos una buena noticia a la clase media trabajadora ya que no hay más recortes sociales porque este país no lo podía soportar más", subrayó.

"Cuando los gobiernos cumplen los acuerdos de investidura, las cosas salen bien y los españoles se benefician", presumió. 

Investigación de las finanzas del PP

Ese mismo día, el PP se veía obligado a votar en el Congreso a favor de una comisión de investigación sobre sus propias cuentas. Los conservadores habían intentado extender la iniciativa parlamentaria a todos los partidos, pero al ver que se iban a quedar solos optaron por sumarse.

Precisamente, esa comisión de investigación va incluida en el pacto de investidura firmado entre PP y C´s el pasado agosto. Así, el punto 98 [de 150] reflejaba lo siguiente: "Impulsar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que permita esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro".

Pese a que la idea del PP era modificar la esencia de la comisión de investigación, después justificarían su voto en el respeto al pacto suscrito con Rivera. "Queremos que se investiguen las finanzas de todos los partidos, cómo no vamos a apoyar esta iniciativa, el PP es el partido más transparente. Nuestras cuentas son públicas. Están en los juzgados y las conoce todo el mundo", señala un diputado en conversación con infoLibre.

El PP ha trasladado su demanda para que se aborde una comisión en este sentido que afecte a todos los partidos al Senado, donde sí disponen de mayoría absoluta.

El decreto de la estiba: una derrota inédita

Ocurrió el pasado 16 de marzo. Ni el Gobierno ni el PP disimularon su enfado después ver cómo el real decreto para la liberalización del sector de la estiba era derogado en el Parlamento y que Ciudadanos se desmarcaba con una abstención. 

El 'no' del Congreso a este real decreto no era la primera derrota de Mariano Rajoy esta XII Legislatura, pero sí es un 'no' histórico si se tiene en cuenta que para buscar una situación similar en la hemeroteca hay que viajar hasta 1979. Un 'no' histórico en el que participó su llamado "socio preferente" o "prioritario".

Tras el varapalo, en el PP culpaban a Ciudadanos de haber incumplido la palabra dada, de haber virado del sí a la abstención en cuestión de minutos.

"Es complicado intentar solucionar en un cuarto de hora un problema que lleva dos años y medio esperando", justificaría Rivera la abstención.

Días después, el propio Rajoy aseguraba que su objetivo es"llegar al final de la legislatura". Pero reclamó al resto de formaciones políticas "responsabilidad" para que episodios como el de los estibadores "nunca se vuelvan a repetir por lo menos por parte de los partidos que debemos ser responsables".

Cuando el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, fue ascendido a coordinador general del partido en el XVIII Congreso Nacional sus compañeros destacaban de él que en desde su llegada a la dirección nacional había actuado de "bombero", de "apaga fuegos". Eso es lo que le volvió a tocar este martes. A primer hora de la mañana se desplazaba a Murcia para presidir el Comité de Dirección del PP regional. El guion estaba escrito desde la noche del lunes: Pedro Antonio Sánchez iba a anunciar su dimisión en un Consejo de Gobierno previo a la reunión del partido, una cita en la que Martínez-Maillo iba a respaldar el gesto del presidente saliente, su sacrificio, para librar a Murcia y a los murcianos de un tripartito PSOE-Podemos-Ciudadanos en manos del socialista González Tovar, al que "no quieren ni en su partido".

Tras una breve introducción de Pedro Antonio Sánchez en la que aseguró que el lunes por la noche ya tuvo "claro" que el tripartito estaba consumado, Martínez-Maillo trató de justificar por qué su partido, que mantiene que un cargo público no debe apartarse hasta la apertura de juicio oral, ve bien ahora que el presidente murciano se eche a un lado. "Pedro ha tomado la peor de las decisiones para él, pero la mejor de las decisiones para Murcia y para el PP", sostuvo. Hasta este martes, el PP de Murcia parecía dispuesto a sostener a su presidente incluso a riesgo de perder el Gobierno. Pero es algo a lo que Mariano Rajoy no ha estado dispuesto.

El número tres del PP hiló un discurso en el que hizo una defensa cerrada del presidente saliente plagado de alusiones a que lo que le está ocurriendo "no es justo". "Se está cometiendo una grave injusticia. No es justo lo que está pasando", sentenció. Pero o era eso. O se daba paso a un escenario en el que Murcia iba a pasar a estar gobernada por alguien "que no ha ganado las elecciones". "Eso no lo podíamos permitir", añadió.

Martínez-Maillo circunscribió el paso dado por Pedro Antonio Sánchez a una decisión "puramente personal" que la dirección del partido respeta. En los últimos días, a medida que las cosas se ponían cada vez más negras para el dirigente murciano, el PP empezó a preparar este escenario asegurando que no les iba a hacer falta exigirle la dimisión porque él, "hombre de partido", no iba a hacer nada que perjudicase al partido.

La "presunción de culpabilidad"

También incluyó en su discurso alusiones a la presunción de inocencia a la que tanto ha apelado el PP a la hora de defender a Pedro Antonio Sánchez. "En este país, la presunción de inocencia es un artículo de la ley que provoca melancolía", sostuvo. A su juicio, lo que hay hoy es "presunción de culpabilidad".

A su juicio, no se puede dejar en manos de los partidos políticos la interpretación de cuándo un político tiene que dejar su cargo. Y tampoco puede haber una acusación popular en manos de los partidos.

Además, intentó insuflar ánimo en el partido pidiéndoles que transformen "la mezcla de dolor y rabia" en "energía". En este punto, pidió apoyo tanto para el presidente saliente como para su sustituto, Fernando López Miras. 

"Vivitos y coleando"

"Quiero que deis una lección a los justicieros, a los que no son capaces de esperar a las resoluciones judiciales, y los pongáis en su sitio", mantuvo, en alusión a una victoria electoral por mayoría absoluta en las autonómicas de 2019.

"Algunos hoy puede que sonrían y digan que lo han conseguido, pero queda la segunda parte del partido por jugar. El partido no ha acabado. Estamos vivitos y coleando. Y el PP lo va a ganar porque sois grandes y hay mucha gente en Murcia que es capaz de superar estas dificultades sobreponiéndose y ganando las próximas elecciones de 2019. Os pido que lo hagáis por dignidad, es una cuestión de dignidad del propio partido y de las personas a la que representamos", añadió.