No es maternidad subrogada, es “maternidad rogada”.

Las reacciones a la maternidad de Ana Obregón mediante el alquiler del útero y la vida de otra mujer se han centrado en detalles relevantes, pero secundarios respecto al significado de este tipo de hechos, como lo son todo lo relacionado con su edad, la soledad que vive, el dolor por la pérdida de un hijo, la similitud con otros casos protagonizados por mujeres en circunstancias cercanas, como el de la baronesa Thyssen, el nivel económico para poder pagar todo el proceso… Y son secundarios porque el debate que ha surgido en la sociedad no va sobre las circunstancias particulares de Ana Obregón, sino sobre la necesidad de regular la maternidad subrogada, con decisiones como la de Ciudadanos, que ha presentado en el Congreso una propuesta para regular la maternidad subrogada altruista, o la del PP, que se lo está pensando.

Detrás de todo este planteamiento hay una clara estrategia que busca reforzar la construcción androcéntrica que sitúa la esencia de la identidad de las mujeres en la maternidad, recordemos las palabras del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuando se debatía sobre la reforma de la “ley del aborto” y dijo que “la maternidad hace a la mujer auténticamente mujer”. Según esas ideas, las mujeres que no son madres no son mujeres auténticas y, además, tienen más tiempo y oportunidades para poder hacer lo que hace a los hombres auténticamente hombres, que es ocuparse del sustento y la protección de las mujeres y la familia.

De manera que para recuperar “los valores”, dado que el intento de conseguirlo con las ideas no funciona, lo que hay que hacer es devolver a las mujeres a sus roles tradicionales y apartarlas de donde el feminismo las ha llevado, a los espacios considerados como propios de los hombres. Y para ello nada mejor que la maternidad. El mensaje es claro: podéis ser madres; y el objetivo también: tenéis que ser madres.

Da igual que sea de forma natural, artificial o subrogada, el ruego es que las mujeres sean madres cualesquiera que sean sus circunstancias, da lo mismo si existe algún problema de fertilidad, para eso están las técnicas de reproducción asistida, o si hay algún límite de edad, puesto que con la subrogación también se puede solucionar. Ya no hay obstáculos, resulta indiferente que tengan 30 o 70 años, que tengan útero o no, ahora la maternidad está a su alcance y para ello no dudan en recurrir a lemas de la izquierda para decir “sí se puede” o llamar a la “sororidad de las mujeres” para que por precio o altruismo todas sean madres.

El beneficio para el sistema es doble, pues por cada hija o hijo habrá dos madres que tendrán que asumir sus funciones, una durante la gestación y otra tras el nacimiento del niño o niña.

El mensaje se completa cuando algunos medios de comunicación han recurrido al testimonio de madres por subrogación y de madres gestantes hablando de las maravillas de su experiencia, sin hacer referencia a toda la realidad que hay detrás de esa mercantilización de las vidas humanas y la cosificación de las mujeres. ¿Se imaginan que se entrevistara a una mujer que ejerza la prostitución para presentarla como algo maravilloso a lo Pretty Woman, y a uno de sus clientes que comentara lo gratificante que es mantener relaciones sexuales con una mujer experimentada e intercambiable? ¿O que se hable con una mujer maltratada que presente su vida llena de felicidad mientras que el marido no la golpea, y al marido agresor hablando de lo feliz que es con la mujer a sus pies y de lo importante que resulta para la familia que la mujer no se salga de su sitio? Porque testimonios de ese tipo se pueden encontrar fácilmente. ¿Tendría sentido hacerlo para justificar la prostitución y la violencia de género?

No lo tendría, pero al hacerlo con la maternidad subrogada lo que se pretende es darle sentido a la construcción machista que presenta a las mujeres que no son madres como “mutiladas” o “carentes de autenticidad”. De manera que detrás de todo ello hay una “maternidad rogada” para reforzar el modelo androcéntrico a través de dos referencias, por un lado, la “maternalización” de las mujeres, con todas las consecuencias prácticas que conlleva, y por otro, su cosificación, que ya no sólo se hace a través de la sexualización, sino que ahora se amplía con la gestación.

Lo que le importa al sistema es que las mujeres sean madres con todo lo que ello conlleva de desplazamiento de lo público a lo privado, y de liberación de los hombres para mantener su estatus e identidad sobre las referencias tradicionales. Si las mujeres son mujeres como deben serlo, o sea, con la maternidad, los hombres serán hombres como deben ser. Ya lo vimos cuando el presidente de la CEOE en 2016, Juan Rosell, dijo que la incorporación de las mujeres al mercado laboral era “un problema”; evidentemente, un problema para los hombres, no para ellas.

Las políticas conservadoras están buscando recuperar los valores tradicionales que las identifican para volver a un tiempo que ya no existe y a una sociedad que ha dejado de existir sobre esas referencias. Por eso no dudan en instrumentalizar las religiones o defender la maternidad, subrogada o no, para devolver por la vía de los hechos a las mujeres al sitio que la cultura ha decidido para ellas, y para conseguirlo, nada mejor que recurrir a las experiencias personales como si fueran realidades sociales, lo mismo da invitar a una predicadora evangelista que recurrir al testimonio de madres subrogadas y gestantes.

Pero el problema es más complejo, porque al final este tipo de estrategias se generalizan por su eficacia emocional, y llevan a que a veces la izquierda también caiga en el error. La realidad social y los espacios de convivencia no se pueden definir a partir de experiencias personales; estas experiencias son, sin duda, muy importantes, pero no para decidir la política, sino para que la política decida sobre ellas y con ellas a la hora de desarrollar las iniciativas públicas para toda la sociedad. De lo contrario se corre el riesgo de fragmentar la sociedad sobre lo particular, y con ello facilitar las desigualdades bajo elementos de lo más diverso, pero en definitiva validando un sistema androcéntrico que parte de la desigualdad para establecer un modelo jerarquizado de poder. Que las desigualdades se construyan sobre unas referencias o sobre otras no corrige el sistema basado en la desigualdad, sino que lo refuerza.

Las posiciones conservadoras están en lo que llaman “guerra cultural”, y la maternidad subrogada se ha presentado como munición y una batalla importante para avanzar en sus objetivos de reconquista. De ahí su ruego por la maternidad.

___________

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha acusado al PSOE de no haber querido tomar las decisiones que "de verdad" habrían "acabado con el problema" de la gestación subrogada.

En una entrevista en La Base, recogida por Europa Press, Rodríguez ha asegurado que, cuando reformaron la ley del aborto, propusieron al PSOE algo "sencillo", modificar el artículo 23 de la ley orgánica del poder judicial para que la gestación subrogada fuera uno de los delitos que pueden ser perseguidos en el extranjero, pero "el PSOE no quiso llevar a cabo esta medida".

"Tuvimos que conformarnos con decir en esta ley que era una forma de violencia contra las mujeres y empezar a perseguir la publicidad de estas agencias privadas aunque somos conscientes de que estas dos medidas son muy blanditas para un mercado que mueve demasiado dinero", ha advertido la secretaria de Estado.

Preguntada por el hecho de que los niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero puedan ser inscritos en España, a pesar de ser una práctica ilegal en este país, Rodríguez ha criticado que el Ministerio de Justicia "no ha estado dispuesto" a tomar "decisiones" para acabar con este problema.

"Esta parece otra de las situaciones en las que el Ministerio de Justicia no ha estado dispuesto a la hora de la verdad, a tomar las decisiones que verdaderamente hubieran acabado con el problema al que nos estamos enfrentando", ha subrayado.

La secretaria de Estado de Igualdad ha insistido en que la gestación subrogada, "la explotación reproductiva o venta de bebés por no utilizar eufemismos", es "una forma de violencia contra las mujeres".

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que "no se puede legislar en caliente" sobre la gestación postmortem después del caso de la actriz Ana Obregón y la nieta que ha tenido por gestación subrogada.

Así se ha pronunciado la ministra este miércoles en declaraciones junto al concejal de Medio Ambiente de Rubí (Barcelona), Andrés Medrano, y ha afirmado que "es un debate que se debe tener de manera sosegada".

"Las personas que tienen mucha visibilidad pública generan muchos debates, pero no se puede legislar en caliente. Me gustaría escuchar muchas opiniones antes de emitir la mía, primero hay que saber y pensar", ha subrayado.

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha reiterado el rechazo del Gobierno a la gestación subrogada, pero ha pedido también "respeto a decisiones personales", como la que ha adoptado Ana Obregón de recurrir a la gestación subrogada en Estados Unidos para tener una nieta.

"En España, muchas veces, nos convertimos en jueces y opinamos sobre lo que hacen los demás, sin tener datos concretos, sin saber las razones personales, que son muy respetables siempre que se cumpla la legislación vigente", ha explicado Robles en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

La ministra de Defensa se ha mostrado a favor del "debate político y jurídico" sobre la maternidad por sustitución y ha recordado que, en este sentido, "la posición del Gobierno es muy clara". Sin embargo, considera que "faltan elementos de juicio" para opinar sobre los motivos que han llevado a la actriz y presentadora a recurrir a la gestación subrogada tras la muerte de su hijo, Alessandro Lequio, hace tres años.

"Nadie es quien para juzgar las decisiones personales; yo siempre lo he pensado, quizás por deformación profesional, porque estoy acostumbrada a juzgar los hechos concretos", ha añadido Robles, quien ha insistido en la posición "jurídicamente establecida" sobre este asunto en España y que "hay que cumplir".

"Es verdad que hay personas que van a otros países, y habrá que estudiarlo, pero en este momento no soy experta en las inscripciones registrales cuando se realiza un acto en el extranjero", ha concluido la ministra.

Por su parte, el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este miércoles en Gijón por llevar a cabo una reflexión sobre la gestación subrogada para poder hacer luego una propuesta por personas expertas y miembros del Comité de Bioética. A su juicio, hay un vacío legal y debe ser estudiado con "profundidad y sosiego", algo que ha dicho que lamentablemente en la política española cree que "no existe".

"No se puede mercantilizar en ningún caso cualquier tipo de actividad relativa a la gestación subrogada", ha dejado claro, a preguntas de los medios de comunicación, antes de visitar la ciudad y mantener un encuentro con el Comité Autonómico del PP en Gijón, acompañado del candidato 'popular' a la Presidencia del Principado de Asturias, Diego Canga, y la candidata a la Alcaldía de Gijón, Ángela Pumariega.

El presidente conservador ha llamado la atención sobre que en España está prohibida la gestación subrogada, pero en otros países no, y al final vienen niños a España nacidos por esa vía, y se registran como españoles, bien en los consulados o por sentencia en los tribunales españoles, en régimen de adopción u otro.

"Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless". Con este titular la presentadora Ana Obregón ha vuelto a protagonizar la portada de la revista ¡Hola! de este miércoles. La publicación anunció hace exactamente una semana que la también actriz había tenido una niña mediante un vientre de alquiler en Miami, una bebé que, según ha desvelado la propia Obregón, se llama Ana Sandra Lequio Obregón, con el apellido de su padre, Aless Lequio, fallecido hace tres años.

"Cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él", ha explicado Obregón en la entrevista, en la que ha justificado su decisión argumentando que el nacimiento de la niña fue "la última voluntad" de su hijo. "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer", ha asegurado, sin descartar volver a recurrir a la gestación subrogada para volver a tener otro nieto. "Me hubiera gustado también niño pero, ¿quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día", ha dicho.

Obregón también ha contado que "el embarazo no se produjo al primer intento" y que "cada vez que no salía" se llevaba "un disgusto horrible". "Ha sido una batalla, un largo camino, pero es lo que me ha mantenido con vida. Si no fuera por esto yo ya no estaría aquí", ha añadido. Respecto al parto, ha explicado que no sabe cómo se produjo. "Yo solo sé que me llamaron y yo me fui para allá. Estaba en una nube", ha dicho, añadiendo que no llegó estar en el momento del nacimiento. "No entré. No me atreví, pero estaba en la puerta de al lado. En cuanto me la pusieron en mis brazos, empecé a llorar con unas lágrimas impresionantes", ha dicho.

Respecto a la polémica, también política, suscitada por el uso de un vientre de alquiler —que ella denomina "técnica de reproducción asistida"—, Obregón ha asegurado que es un "debate absurdo" producido porque en España se vive "en el siglo pasado". "Se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo. Muchas parejas que no pueden tener hijos o parejas homosexuales o por los motivos que sean utilizan esta técnica. ¿Pero qué escándalo es este, ahora?", se ha preguntado, alabando que en Estados Unidos "la gente es abierta". "Aquí es algo muy normalizado y a todo el mundo le parece muy bien. Todos me han dado la enhorabuena, sin más problema. Desde los médicos a las enfermeras y los pediatras. Aquí no hay ningún debate", ha dicho.

La práctica de los vientres de alquiler no es legal en España. Así lo establece la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, una norma que vio la luz durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en su décimo artículo: "Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero".

El Tribunal Supremo lleva años pronunciándose sobre esta práctica. Y en algunos casos, con cierta dureza. En una sentencia de marzo de 2022, la Sala de lo Civil señalaba que los "contratos de gestación por sustitución" vulneraban los derechos fundamentales tanto de la mujer gestante como del propio niño, que son tratados como "meros objetos" y no como "personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos". "Se obliga [a la madre biológica] a someterse tratamientos médicos que ponen en riesgo su salud", completaba.

Tras conocerse la noticia del nacimiento de Ana Sandra Lequio, la nueva dirección del PP se abrió a regular la gestación subrogada pero de manera altruista. Vox volvió a rechazar, en cambio, su legalización. Y los partidos del Gobierno de coalición progresista se reafirmaron en su negativa a los vientres de alquiler, subrayando que se trata de violencia contra la mujer.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este lunes que lo que se denomina "gestación subrogada" es un "eufemismo" para "esconder algo que significa violación de los derechos humanos, de los derechos sexuales de las mujeres y los derechos de los niños" y ha avanzado que se está trabajando en un anteproyecto de ley que recogerá nuevas formas de trata de seres humanos, según ha informado Europa Press.

Así lo ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios de comunicación en Segovia, donde ha inaugurado, junto a la alcaldesa, Clara Martín, el nuevo edificio de los juzgados.

"La trata de seres humanos es un fenómeno criminal que atenta contra todos y cada uno de los derechos fundamentales de una persona, contra su vida, su salud, su salud sexual y reproductiva, contra su libertad, su honor... es un crimen horrendo", ha aseverado la ministra al ser preguntada por la regulación de la gestación subrogada.

Al respecto, Llop ha explicado que a nivel europeo se está trabajando sobre la trata de seres humanos que es una "modernización" para ir más allá de directiva de 2011, además de que en España se está trabajando en un anteproyecto de ley de trata, que ya ha sido elevado a primera vuelta del Consejo de Ministros "y que ha recibido informes de los órganos consultivos y un informe muy favorable del CGPJ", ha explicado Pilar Llop.

Se trata de tipificar nuevas formas de trata, como la servidumbre o la esclavitud, y "va más allá de la persecución del delito" ya que se aborda la protección de los derechos de las víctimas, por lo que es "un texto integral que aborda todo lo que tiene que ver con la trata de seres humanos para que en la sociedad no se puede tratar ni cometer delitos con las personas", ha manifestado la ministra de Justicia.

Asimismo, Llop ha apuntado que se va a tipificar una forma de trata como es la adopción ilegal, lo que es "muy importante" tras la orden internacional emitida para la detención de Putin por crímenes de agresión por la deportación de 16.000 niños ucranianos a Rusia.

Sobre la gestión subrogada, Pilar Llop ha matizado que lo llama "vientre de alquiler" porque no hay que "usar eufemismos para esconder algo que significa violar los derechos humanos, los derechos sexuales de las mujeres, y los derechos de los niños y las niñas".

Al respecto, la ministra de Justicia ha aseverado que en algunos países la gestación subrogada es una práctica legal, pero se producen en muchos casos "vulneraciones muy graves de los derechos humanos" y también hay gestaciones subrogadas "que no responden a la legalidad y se utilizan falsas gestaciones subrogadas para la compra venta de menores".

"En democracia no se puede permitir que los cuerpos de las personas o las personas sean un objeto más de consumo. En una democracia los seres humanos no se compran, no se venden y no se trafica con los seres humanos", ha concluido Pilar Llop.

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha celebrado que se hable de violencia institucional en la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 y se ha felicitado por el "gran avance" que supone la nueva Directiva europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, aunque lamenta que no aborde viejas formas de violencia, como la prostitución, o nuevas formas, como la gestación subrogada, según informa Europa Press.

Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración del Aula de Derechos Humanos y en el XXI Conversatorio organizado por la Fundación Cermi Mujeres. El aula de derechos humanos de la Fundación CERMI Mujeres es una iniciativa que tiene como objeto empoderar de forma efectiva a las mujeres con discapacidad en sus derechos y libertades fundamentales, promoviendo su pleno desarrollo, adelanto y potenciación y contribuyendo a reducir los obstáculos a los que se enfrentan cada día como parte de la discriminación múltiple que sufren.

La asesora del Ministerio de Igualdad, Bárbara Tardón Recio quien ha hecho una breve introducción en la que ha explicado el difícil proceso que hay detrás a la hora de tomar la decisión de elaborar una política rectora como esta que, por primera vez tiene un marco específico.

"Ha sido costoso aprobar esta estrategia. Hemos tenido que negociar las 267 medidas con tres administraciones públicas" ha confesado Tardón recalcando que ha sido complejo la puesta en común de esta estrategia estatal, ya que "la división política va mucho más allá de este ministerio".

En la jornada, Tardón, ha celebrado también que "por fin se hable de violencia institucional, y un listado de medidas para acompañar a las víctimas a lo largo de todo su proceso de recuperación y principalmente para prevenir y combatir ese continuo de violencias que de manera estructural e históricamente se ha ejercido sobre las mujeres".

En cuanto a la directiva europea, las ponentes del Conversatorio organizada por Cermi Mujeres, han destacado que supone "un paso más allá" en la lucha contra la violencia, contemplando la tipificación de delitos de violencia prácticas como la mutilación genital femenina o el ciberacoso. Además, aborda también temas como el respeto de la privacidad y el apoyo a las mujeres víctimas de abusos.

Las ponentes han coincidido en que uno de los aspectos positivos que presenta esta directiva es "que existe esta directiva, que haya una directiva es ya un avance" porque gracias a ella se ofrece mayor protección a las mujeres contra la violencia en toda la unión europea y porque armoniza cómo se define algunos delitos. Otros aspectos positivos que ofrece la nueva directiva es un mayor apoyo a las víctimas con discapacidad facilitando un número de teléfono accesible.

En cuanto a las debilidades que presenta la nueva directiva, las ponentes han denunciado que la propuesta no incluye todas las formas de violencia contra las mujeres, por ejemplo, la esterilización forzosa, el aborto forzado, etc. "Sabemos que al menos en 13 países todavía se permite y se realiza esterilizaciones forzosas y sobre todo a mujeres que se encuentran bajo regímenes de tutela", ha indicado Marine Uldr, miembro del grupo de expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Grevio).

En ese sentido, la secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres en España, Teresa Nevado, ha señalado que la nueva directiva no recoge antiguas o viejas formas de violencia, como la prostitución, o nuevas formas, como la gestación subrogada.

También se ha puesto de relieve que la nueva directiva no obliga a recopilar datos sobre las víctimas con discapacidad, y tal y como denuncian las expertas "sin datos no se sabe el número y no se puede comprobar si las políticas de prevención funcionan". Asimismo, durante el debate Nevado ha alertado de algunos términos que hacen alusión al sexo y al género que no están bien definidos y pueden llevar a confusión.

¿Qué se puede comprar en una sociedad liberal? ¿Cuánto cuestan los servicios de otro ser humano? ¿A qué llamamos servicio? ¿Cuál es el límite? ¿Podemos comprarlo todo del otro? Con la liberalización de la prostitución y los vientres de alquiler se pone en el mercado el cuerpo de la mujer. Una vez se concibe el encargo del sexo o de hacer niños, se pide regularlos. Este es el debate, qué reglas se ponen para disponer de otro cuerpo. En ambos casos, se está dando la vuelta a la declaración universal de derechos humanos. Pervirtiendo el núcleo de un acuerdo fundamental. La protección de la libertad y dignidad del otro (recogida en el preámbulo) se entiende ahora como un valor de mercado en el que somos libres de comprarlo todo, o casi todo. La carta de Naciones Unidas se firmó para luchar contra la explotación y la desigualdad, los dos pilares sobre los que se levanta la prostitucion y la mal llamada gestación subrogada. Porque no hay mujeres ricas acostándose con hombres que no eligen igual que no las hay pariendo hijos de otras. 

En el debate de los vientres de alquiler se ha escuchado que los derechos evolucionan a lo largo del tiempo. Tener sexo y tener hijos no lo son. Y no hay un solo derecho que pueda levantarse sobre los de otro. Menos del más débil. Este es un debate sobre quién puede pagar y quién necesita recursos. De hombres en pareja que pagan dinerales para que otra mujer geste a sus hijos. De matrimonios con recursos pagando por tener un niño. En Ucrania no son las mujeres ricas quienes dan a luz a cientos de bebés para otros extranjeros. Son mujeres vulnerables, víctimas de un mercado que otros pueden permitirse. 

No hay un lobby de mujeres que reclame ser madre por vientre de alquiler. La presión viene del otro lado, de quienes pueden pagar para tener bebés. En este asunto, siempre hablan quienes justifican un derecho inexistente e ilegal en España. Nunca las madres atrapadas en la guerra de Ucrania o las mujeres gestantes de los suburbios en Estados Unidos. ¿O queremos hacer un mapa por barrios? Ganaríamos la apuesta en Madrid si se pudiera y en el Miami de hoy. Las mujeres gestantes no están en la isla privada de Fisher Island ni en el barrio de Salamanca o en La Moraleja. Por eso es un negocio. Hablamos de quienes pueden pagarlo y quienes no. Y sobre todo, de la imposibilidad de proteger a las mujeres vulnerables de verse obligadas a vender su cuerpo por dinero. Permitirlo es abrir una puerta a la explotación. 

No existe el derecho a ser madre o padre. Quienes defienden los vientres de alquiler suelen señalar al caso excepcional de una mujer que, voluntariamente, ayuda a una pareja a tener hijos. O esa familiar que ayuda a otra, como si fueran muchas las mujeres teniendo hijos del marido de su hermana. Ninguna ley existe para regular la excepción sino para dotar de protección a las mayorías. En los grupos que defienden la subrogada, no hay un análisis serio sobre cómo proteger a las mujeres que aceptan pasar por un embarazo para otros en situación de pobreza y vulnerabilidad. No lo hay porque no importa.

En la izquierda el debate gira sobre la desigualdad. En la derecha es sobre todo religioso. También contradictorio y con matices. De ahí que la izquierda haya reaccionado al caso de Ana Obregón con rapidez y unanimidad. El PP, sin embargo, titubea. Han buscado la fórmula de eliminar la contraprestación económica. Como si ese escenario no fuera un campo abierto a los abusos, pagos encubiertos y el mercado negro. 

Por concluir. Hay una agenda, la del cuerpo de la mujer, en los vientres de alquiler y en la prostitución, donde no están hablando las víctimas. Una agenda sobre el uso y la comercialización de las más débiles para disfrute de quienes pueden pagarlo. 

El caso de Ana Obregón nos ha abierto de golpe las vistas al paisaje. La ley en España nos la saltamos en otros países. De vuelta, se favorece a las familias desde la falta de definición y la incertidumbre de qué hacer con los menores. El titular de esta columna tiene una carga editorial intencionada. “Comprar bebés, explotar mujeres”. Cuando hablamos de familias y menores, la empatía y la sensibilidad deben estar en el centro de la conversación. Pero admitamos objetivamente los términos: ¿Se explota o no a mujeres? ¿Priorizamos la transacción o el cuerpo de la mujer? No se puede edulcorar el debate. El interlocutor válido no es aquel que ha pagado con el menor en brazos, es la mujer que lo ha tenido y bajo qué condiciones. 

Empezamos a estar convencidos de la necesidad de frenar la inteligencia artificial por motivos deontológicos y naturalizamos los mercados de niños gracias a los avances de la ciencia. Hay una frase de Julia Otero que contiene toda la ética que debería regir la responsabilidad social: decidir en contra de nuestros intereses pero a favor de nuestros principios. En este asunto más todavía. 

El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo se abre a regular la gestación subrogada en España con la condición de que quede claro que no puede haber ningún tipo de pago o contraprestación económica a la madre gestante por tener un bebé, según han indicado fuentes de la dirección nacional del partido, que recuerdan que ahora es una práctica "ilegal", según recoge Europa Press.

Este asunto se ha convertido en el foco informativo después de la decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada en Estados Unidos. "Es un aspecto complejo, que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas, con muchas opiniones por parte de la sociedad española", ha declarado ante los periodistas la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, al ser cuestionada por este asunto.

En Génova insisten en que la gestación subrogada requiere un debate "sosegado, pausado y serio" y destacan el vacío que hay en este momento en este asunto, dado que hay familias que viajan a otros países para hacer esta práctica y luego los consulados acaban inscribiendo a los niños como españoles. Por eso, creen que sería bueno regularlo, dado que ahora es "ilegal" en España.

Se trata de la primera vez que el PP habla abiertamente de la necesidad de regular este asunto. En el último congreso del PP con ponencias, en febrero 2017 con Mariano Rajoy como presidente, el partido ya reconocía que el debate está ahí porque hay "niños que llegan en este momento a España y que han nacido por gestación subrogada en otros países".

Sin embargo, no fijó una posición concreta, limitándose a asegurar que es un tema que requiere un "amplio consenso" al ser un tema "tan importante que afecta a la vida, la dignidad humana y a la conciencia de todos". Con dos citas electorales este año -las municipales y autonómicas de mayo, y las generales de diciembre-, el PP no prevé celebrar un congreso hasta 2024 como pronto, por lo que la ponencia de Estatutos no podrá ser actualizada hasta entonces. Sin embargo, fuentes el PP reconocen que tienen que abrir ya ese debate para llegar al cónclave con una propuesta.

El PP nacional de Feijóo, quien ya como presidente de la Xunta tenía una postura abierta en esta misma línea, se muestra dispuesto a sentarse a hablar y estudiar los pros y contras de la gestación subrogada. Eso sí, insiste en que "el requisito es que no puede haber ningún tipo de pago" ni se puede "mercantilizar". Por lo tanto, esa gestación subrogada tendría que hacerse de modo altruista y no puede existir ningún tipo de pago ni transacción económica por la gestación, ni de forma directa ni indirecta. "La mercantilización es execrable", recalcan las mismas fuentes consultadas.

Actualmente, España sólo permite el acceso al Registro Civil de niños nacidos por gestación subrogada con una sentencia de filiación. El Gobierno de Pedro Sánchez limitó esta posibilidad en 2019 con una instrucción del Ministerio de Justicia que afectó a parejas que acudían a países como Ucrania o Georgia para acceder a esta práctica, en donde la gestación subrogada es legal, pero no se emiten sentencias de filiación. Ahora, tras conocerse que Obregón ha tenido una hija en Miami mediante este método, desde el PP han asegurado que "estarían dispuestos a abordar" la regulación de los vientres de alquiler si no existe "mercantilización". De este modo, se situarían junto a Ciudadanos, que defendió la gestación subrogada siempre que no haya pagos.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha señalado que el Gobierno debe plantear "una regulación jurídica que diera seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores" aunque "no esté de acuerdo" con la gestación subrogada. "El Gobierno no está de acuerdo ni tampoco la oposición, somos el único partido que lo plantea. Con este sistema de gestación subrogada, ¿Cuántas personas famosas de nuestro país tienen esta familia a través de este sistema?", ha preguntado Bal en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, en referencia a la decisión de Ana Obregón de tener un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos.

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que su formación no tiene "una posición tomada" sobre la gestación subrogada. "No sé si eso es un tema de esta semana. No tenemos una posición sobre la gestación subrogada en madres de 68 años. No tenemos una posición tomada al respecto", ha insistido este miércoles Espinosa de los Monteros en declaraciones a los medios en la Cámara Baja.

No obstante, Vox, en el año 2020, registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, que fue rechazada por la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, en la que instaba al Gobierno a prohibir y sancionar la gestación subrogada.

En concreto, la formación que lidera Santiago Abascal pedía al Ejecutivo la derogación de la instrucción de la Dirección de los Registros y Notariados por suponer una "vía de facto" para registrar a los menores nacidos de esta práctica, además de "promover las reformas normativas" necesarias para "prohibir" esta práctica.

Al respecto, Vox ha aclarado que no van a valorar actuaciones de personas, "señaladas con nombre y apellidos, ni circunstancias concretas y mucho menos cuando estas actuaciones afectan a menores de edad, como es el caso".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que la nueva Ley de derechos sexuales y derechos reproductivos reconoce la gestación subrogada, "que no es legal en España", como "una forma de violencia contra las mujeres", según ha informado Europa Press.

"Nunca se olviden de las mujeres que están detrás, hay un sesgo de discriminación por pobreza claro. No se olviden de que es un práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país como una forma de violencia contra las mujeres", ha sentenciado Montero.

Así lo ha manifestado este miércoles la ministra de Igualdad en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, en referencia a la decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada en Estados Unidos.

En este contexto, ha advertido de que las mujeres que dan a luz por gestación subrogada son "mujeres precarias" que están "en una situación de pobreza y de absoluta precariedad".

"Está regulado, es una práctica que no es legal, también está prohibida su publicidad y la nueva ley lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres", ha insistido Montero.

El Ministerio de Igualdad intentó incluir en la Ley de libertad sexual que se persiguieran los contratos sobre la gestación subrogada en terceros países, pero no hubo acuerdo debido a las complicaciones por la importancia que supone para el Estado garantizar los derechos del niño y no ponerlos en riesgo.

En la misma línea, el portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Enrique Santiago, ha mostrado una "posición clara" en contra de la gestación subrogada y de que "se puedan comprar y vender embarazos", por lo que ha criticado la "mercantilización de la mujer".

La secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado de Agenda 2030, Lilith Verstrynge, se ha mostrado partidaria de reabrir el debate sobre la gestación subrogada en España e impedir que pueda seguir realizándose a través de terceros países.

"Es una buena ocasión para volver a abrir este debate", ha respondido Verstrynge en una entrevista en TVE recogida por Europa Press al ser preguntada por la decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada en Estados Unidos.

Para la dirigente de Unidas Podemos "es una buena noticia" que en España estén prohibidas este tipo de prácticas, aunque ha reconocido que "aún hay pasos que dar para que no se pueda hacer a través de segundos y terceros países" y ha recordado que la recientemente aprobada reforma del aborto que lo declara como "violencia reproductiva" contra la mujer.

Verstrynge ha pedido tener "empatía" con las familias que no pueden tener hijos de forma biológica, pero también "con las mujeres que están al otro lado de la gestación subrogada y que son las que ponen su vientre a disposición de otras personas, en muchas ocasiones más adineradas".

Preguntada por los trámites que deberá realizar la presentadora para registrar a la niña como su hija, la secretaria de Estado ha reconocido que "es un proceso complejo" y ha admitido que "la clave" es que exista en España la "incongruencia de que esté prohibido pero se pueda hacer en otro país".

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que el PSOE "no" está a favor de la gestación subrogada, una práctica que considera "una forma más de explotación del cuerpo de la mujer" aunque ha añadido que hay que analizar "cada caso concreto".

Así se ha pronunciado este miércoles en declaraciones a los medios, en los pasillos del Congreso, después de conocerse el caso de la presentadora y actriz Ana Obregón.

Preguntada por el hecho de que no se puede evitar que esta práctica se realice fuera de España aunque esa niña vaya a residir en Madrid, Montero ha recordado que, al comienzo de la legislatura hicieron "cambios adminisitrativos en relación con la inscripción en el registro para evitar que se produjeran este tipo de situaciones".

Si bien, la ministra de Hacienda ha puntualizado que "cada caso concreto hay que analizarlo de forma concreta" y que no se puede "pronunciar en genérico".

Por su parte, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha preferido no comentar el caso "personal" de la presentadora, aunque ha defendido que "los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se venden". "Sobre los vientres de alquiler, no quiero comentar ninguna circunstancia personal ni caso concreto de nadie, el Gobierno no está para comentar esto, pero en España está prohibido por ley porque los cuerpos de las mujeres no se compran ni se venden para satisfacer deseos de nadie", ha subrayado Bolaños.

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha dicho que es una "imagen dantesca".

El Tribunal Supremo es categórico contra los vientres de alquiler: la práctica supone una grave vulneración de derechos, tanto para las madres gestantes como para los recién nacidos. En una sentencia del 31 de marzo, conocida este martes, la Sala de lo Civil se pronuncia sobre un caso particular de filiación, fruto de la gestación subrogada, y reitera la posición crítica del tribunal respecto a este fenómeno.

El dictamen llega además en un momento clave, con la mirada puesta en las madres ucranianas, donde la gestación subrogada se ha convertido en un negocio de incalculables dimensiones, pero también en medio de la reforma de la Ley del aborto que prevé introducir la gestación subrogada, o explotación reproductiva, como una forma de violencia contra las mujeres. 

El Supremo ya estableció su doctrina hace ahora siete años respecto a los vientres de alquiler, en términos muy similares a los expuestos ahora. La Sala Primera del tribunal ya se oponía entonces a la inscripción de los bebés nacidos a través de la técnica, prohibida en España, y consideraba nulo cualquier contrato resultante.

La actual sentencia, que resuelve un recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, se pronuncia en clave de derechos humanos, menciona distintos tratados internacionales y se posiciona también respecto a las agencias intermediarias que facilitan el acceso a la práctica en el extranjero. 

El caso particular sobre el que dirime el tribunal es el de una mujer que empleó la gestación subrogada para satisfacer su deseo de tener un hijo, a través de una agencia intermediaria. El Supremo señala que "la realidad es que las agencias de intermediación actúan y se publicitan libremente en España". Lo hacen, añade, "sin ninguna traba", promocionando su actividad a pesar de que la Ley General de Publicidad considera ilícito el contenido que "atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución".

Estas agencias, continúan los magistrados, han llegado incluso a organizar "ferias presenciales de gestación subrogada en las que publicitan y promueven sus servicios". El Supremo carga también contra la complicidad de los medios de comunicación y la pasividad de las instituciones. Los medios, describe la sentencia, tienden a hacerse eco de cómo personas de renombre "anuncian la traída a España de un hijo fruto de una gestación por sustitución, sin que las administraciones competentes para la protección del menor adopten iniciativa alguna para hacer efectiva esa protección".

Los magistrados denuncian así la falta de coherencia entre la regulación legal y la práctica, siendo este plano el que permite reconocer el resultado de una gestación por sustitución comercial "en la que se han vulnerado los más elementales derechos fundamentales de la madre gestante y del niño".

Para el Supremo, el caso enjuiciado entraña "un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables". Precisamente este concepto, explotación, es el que quiere introducir el Ministerio de Igualdad en su reforma de la Ley del aborto, con el objetivo de encajar esta práctica en el marco de la violencia machista. 

La madre, señalan los magistrados, es tratada como un mero objeto, no como persona dotada de "la dignidad propia de su condición" de ser humano. Para que el contrato llegue a buen término, la mujer gestante debe asumir una serie de "limitaciones de su autonomía personal y de su integridad física y moral incompatibles con la dignidad". Los términos del contrato firmado por las partes atentan gravemente con los derechos de la mujer gestante.

En ese sentido, el dictamen pone el foco en la situación de precariedad y pobreza que atraviesa al grueso de las mujeres que deciden someter su cuerpo a un proceso de gestación para un tercero: "No es preciso un gran esfuerzo de imaginación para hacerse una cabal idea de la situación económica y social de vulnerabilidad en la que se encuentra una mujer que acepta someterse a ese trato inhumano y degradante que vulnera sus más elementales derechos a la intimidad, a la integridad física y moral, a ser tratada como una persona libre y autónoma dotada de la dignidad propia de todo ser humano".

El bebé, lanza el Tribunal Supremo, "es tratado como un objeto de cambio, se cosifica", pues se le "concibe como el objeto del contrato", pero además se le priva "del derecho a conocer sus orígenes". Pero ¿qué ocurre con el interés superior del menor que ya ha sido adquirido mediante gestación subrogada? La Sala sugiere una respuesta: la adopción. "Esta solución satisface el interés superior del menor" y además salvaguarda sus derechos fundamentales, afirman los magistrados.

Estos derechos, precisamente, resultarían "gravemente lesionados si se potenciara la práctica de la gestación subrogada comercial", mediante la intermediación de las agencias, quienes habitualmente aseguran a sus potenciales clientes "el reconocimiento casi automático en España de la filiación resultante del contrato".

Las agencias llevan años asegurando esa filiación automática por un motivo: la instrucción de 2010 que así lo permite. La instrucción choca con lo expuesto por la sentencia del Tribunal Supremo, pero la colisión ya se produjo en 2014. Entonces, la Dirección General de los Registros y del Notariado emitió un informe reiterando que la instrucción estaba "plenamente vigente" y seguiría siendo aplicada por los Registros Civiles consulares, sin que aquella primera sentencia constituyera "un obstáculo legal para ello".

La abogada Nùria González explica que, desde el dictamen de 2014, todas las inscripciones son "fruto de la prevaricación" y como tal deberían ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía "tiene que actuar de oficio contra quien desde 2014 está inscribiendo a estos niños y contra las agencias", señala. En 2019, el Ministerio de Justicia instó a la Fiscalía a investigar a las agencias intermediarias, sin que hasta el momento se haya conocido el curso de sus pesquisas. En cualquier caso, la abogada lo enmarca en una cuestión de voluntad: el Gobierno tiene la posibilidad de anular esa instrucción si así lo cree pertinente.

La sentencia se apoya sobre un conjunto de tratados internacionales de peso que dan sentido a la argumentación de los jueces. El más importante es la Convención sobre los Derechos del Niño. En él, se establece que los países firmantes "tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma". El Protocolo Facultativo de la Convención, recogen los magistrados, define la venta de niños como "todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución".

En el ámbito de las Naciones Unidas, el informe de la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, elaborado en 2018, insiste en que la gestación subrogada "no supone una excepción a la prohibición de venta de niños establecida" en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que los vientres de alquiler con fines comerciales entran de lleno "en la definición de venta de niños". La Relatora advierte asimismo que a día de hoy "una minoría de jurisdicciones con enfoques permisivos" respecto a los vientres de alquiler, permite que "se normalicen a escala mundial prácticas que violan los derechos humanos".

Las características comunes a los contratos de gestación subrogada, señala el tribunal, están configuradas no solo en el citado informe de las Naciones Unidas, sino también en el análisis confeccionado en 2017 por el Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada, así como "en otros informes encargados por instituciones públicas y en la mayoría de la literatura científica existente". 

En cuanto al Parlamento Europeo, su resolución del 17 de diciembre de 2015 "condena la práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima". El Europarlamento apuesta por la prohibición de esta práctica y pide que se examine "con carácter de urgencia" en el marco de los instrumentos de derechos humanos.

Estas pequeñas ficciones y complicados supuestos son algunas de las respuestas que me han dado mujeres de mi entorno, con diferentes creencias, ideologías y momentos vitales a la pregunta: ¿gestarías el embrión de alguien a quien quieres? Las respuestas me llevan a una pregunta diferente: si lo hicieras para alguien muy cercano a ti, un familiar, único caso en el que yo podría entender que pueda aceptarse de forma altruista, ¿no se necesitaría igualmente una legislación al respecto? ¿Es necesaria esa regulación o estamos hablando sobre asuntos que no deberían legislarse porque derivan en otra serie de problemas éticos que, además, sostienen ciertos arquetipos culturales que no responden a la libertad de las mujeres?

Doy vueltas, desde hace tiempo a si, en ese caso, al menos, la legislación podría romper con el privilegio de los que utilizan los vientres de alquiler para tener hijos biológicos. Es decir, que no sean solamente parejas de clase alta las que puedan costearse este tipo de reproducción con ciertas garantías (mínimo, que se respeten los derechos de las gestantes y ellas reciban la compensación económica adecuada). Pero, ¿eliminaríamos así el mercantilismo que está desarrollándose en torno a esta práctica donde las gestantes suelen ser mujeres de pocos recursos y en riesgo? Este negocio mueve globalmente 6.000 millones de dólares al año y las mujeres gestantes reciben únicamente el 0,9%.

El debate regresa cada vez que un grupo de parejas se ven atrapados en la alegalidad que supone salir de España para contratar una gestación por sustitución en el extranjero. En el último caso, resuelto ayer en Kiev, las familias podrán inscribir a los niños y niñas y traerlos a España, pero a partir de ahora, el Gobierno español dejará los casos en manos del país donde se ha llevado a cabo la gestación. Ucrania es uno de los destinos principales para parejas españolas (en este caso, solo para parejas heterosexuales) que recurren a los vientres de alquiler. Es uno de los países con más demanda porque el coste oscila entre los 40.000 y 60.000 euros, más o menos la mitad que en otros países como Estados Unidos. Bajo el lema “No existe la infertilidad absoluta”, la página web de la agencia BioTexCom ofrece en tonos pastel desde residencias confortables para las visitas de los futuros padres, con cocinero y limpieza, a “madres de alquiler” sanas, sin eufemismos, y una completa guía de cómo realizar los pagos fraccionados de la compra de la gestación. Algunas agencias publicitan también el control 24 horas sobre estas mujeres, mediante cámaras en residencias donde conviven todas juntas los nueve meses.

En cualquier caso, comercializada o no la práctica, las madres gestantes se enfrentan a una maternidad sujeta a normas que ellas no ponen: ¿podrían acabar los futuros padres con el embarazo en caso de querer hacerlo en contra de la voluntad de la gestante porque no desean un embarazo múltiple o detectan anomalías? ¿Qué pasa con los niños que nacen con anomalías no detectadas durante el embarazo? ¿Y si la gestante contrae una enfermedad que afecta al feto? ¿Cuánto influyen los futuros padres en la vida de la gestante durante los nueve meses? ¿Cuántas claúsulas debe tener un contrato de gestación, altruista o no, para que todo esto quede nítido? La libertad sobre nuestro propio cuerpo nunca va a nacer de la falta de recursos y oportunidades.

En cualquiera de los casos, la subrogación altruista o comercializada, el deseo de ser mamá o papá, esa sensación de que cualquier sueño podrá ser alcanzado, no debe pasar por la explotación del cuerpo y la libertad de ninguna mujer ni por encima de los intereses del menor. El altruismo también puede responder a cargas emocionales, culturales y acuerdos muy complicados de ordenar y justificar. Si el amor entre los miembros de una familia, sin fórmulas, es lo que prevalece, no puedo entender ese deseo de posesión de las certidumbres, de perpetuar la genética mediante la tecnología pese a estas nuevas formas de explotación reproductiva, pese a los derechos de los demás. Deberíamos revisarnos esto.

Gestación subrogada, vientres de alquiler, explotación reproductiva, gestación por sustitución… Hasta en el nombre hay discusión. Las palabras elegidas para definir la práctica por la que una mujer gesta para otra persona o personas, y que se suele formalizar con un contrato, definen el lado en el que estás. En los últimos meses el debate ha saltado a los medios de comunicación después de que este verano unas 20 familias españolas en Kiev (Ucrania) tuvieran problemas para inscribir a los bebés. Pero esta nueva manera de formar una familia tiene muchas implicaciones, desde las biológicas hasta políticas. Esta nueva realidad viene a romper el principio mater sempre certa est por el que hasta ahora se ordenaban la mayoría de las relaciones filiales.

La primera aclaración que debe hacerse es que en España la gestación subrogada ya está regulada. El artículo 10 de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006 declara “nulo de pleno derecho” cualquier contrato de gestación de “una mujer que renuncia a la filiación materna” a favor del contratante. Eso sí, la misma legislación deja a salvo el derecho del padre biológico a reclamar la paternidad, un recurso que utilizan muchas familias. En muchos casos, en la gestación subrogada se usa el semen del padre solicitante y óvulos de su pareja o de una donante. Por tanto, la gestante no aporta material genético.

Lo que abrió la puerta definitivamente a la situación actual fue una instrucción emitida por la Dirección General de Registros y Notariado de 2010 que permitía el registro de estos bebés por parte de los padres, siempre que hubiera una resolución judicial dictada por un tribunal competente del país de origen. Todo, según el documento, para asegurar que se cumpliera el “interés superior del menor” y no se socavasen los derechos de las mujeres.

Aunque no esté permitida este tipo de gestación, se celebran ferias, como Surrofair, para dar a conocer esta práctica. “Es una forma de instrumentalizar el cuerpo de las mujeres como un nuevo nicho de negocio”, asegura María José Guerra Palmero, profesora de Ética y Filosofía Política de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna. La experta remite al llamado Informe Wendel (del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada) que recomienda “la nulidad” de este tipo de contratos independientemente del país de origen para evitar “la explotación de las mujeres y la lesión del interés superior de los niños”. Según este documento, el altruismo acaba tornándose imposible en estos casos.

Una historia con polémica

La primera puerta de la maternidad subrogada la abrió la inseminación artificial en la pasada década de los setenta. El fallecido abogado estadounidense Noel Keane se considera uno de los pioneros en establecer este tipo de acuerdos, al redactar el primero en 1976, en Michigan, entre una pareja y una estudiante. Entonces, las madres se buscaban a través de anuncios del periódico. Este letrado fue uno de los primeros en advertir que la subrogación de la maternidad podía ser un jugoso negocio.

Ya entonces se abrieron debates morales que hoy continúan sin resolverse. En este caso, las dudas éticas tomaron forma corpórea bajo el nombre de Baby M en 1986. Todo comenzó cuando el matrimonio Stern, William y Elisabeth, contrató a Mary Beth Whitehead para que gestase el bebé de la pareja tras ser inseminada por él. El problema vino unos días después del parto. Whitehead se arrepintió y decidió reclamar a su bebé. El conflicto acabó en los juzgados y con un final salomónico. El tribunal declaró que Baby M (Melissa para los padres legales, Sara para la madre biológica) se quedaría con los Stern y que Whitehead tendría derecho a visitas. Han pasado más de dos décadas de este mediático caso. La maternidad subrogada se ha colado hoy en la cotidianidad, gracias a los medios de comunicación y a algunas celebrities. Incluso, en algunas series. Los españoles asistieron como espectadores al embarazo de Phoebe, de la venerada serie Friends, que gestó tres bebés para su hermano.

Sin embargo, la realidad en 2018 es muy distinta. Si se hace una panorámica mundial, esta práctica sigue siendo una excepción. Unos pocos países la permiten, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Portugal, Grecia, Georgia, Rusia, México, Tailandia, India, Nepal o Reino Unido, que tiene una de las legislaciones más restrictivas. Los marcos regulatorios son muy distintos y hacen que se genere un “turismo reproductivo” hacia las zonas donde hay menos trabas. Para saber moverse entre legislaciones diferentes, las parejas españolas recurren a agencias como Interfertility, con sede en Madrid y Barcelona. De hecho, esta empresa ha servido de enlace con los testimonios que ofrece este reportaje.

Miguel Ángel lleva preparando su paternidad desde hace años. Pasada la treintena, decidió que quería tener un hijo y acudió a los servicios de adopción de la Comunidad de Madrid a informarse. “Me dijeron que era difícil”, recuerda sobre las dificultades de un hombre que intenta adoptar en solitario. Algún tiempo después, un amigo inició un proceso de gestación subrogada en India y Miguel Ángel, seducido por la idea, comenzó a ahorrar. Hoy espera su primer hijo con una mujer canadiense, que tiene una familia propia.

En su caso, las posibilidades para la subrogación eran limitadas porque no en todos los países aceptan que los padres sean homosexuales. Eligió Canadá por la seguridad que le ofrecía, por el altruismo que se les presupone a las madres y porque el proceso médico era más barato que hacerlo en Estados Unidos. “Desde un principio decidí que quería tener una relación cercana con ella, que vaya más allá del embarazo y del parto. Si quiere, la niña va a tener trato con su gestante”, explica. Miguel Ángel ha reflexionado muchas veces sobre cómo quiere explicarle a su hija sus orígenes: “Creo que tratar las cosas con secretismos lo oscurece todo. Lo más bonito es la verdad”.

En el caso de Canadá, solo se pagan los gastos médicos de la gestante. Pero los acuerdos son complicados porque la propia biología siempre tiene un punto imprevisible. Por eso, se pactan también las posibles complicaciones. “La gente habla de la gestación como si fuera ir a un supermercado”, se queja Miguel Ángel. En su contrato, él exigía ciertos cuidados de la madre, como por ejemplo no montar a caballo durante el embarazo, y establecía que sus padres serían los encargados de cuidar del bebé si él fallece durante el proceso, por citar un par de ejemplos. ¿Y en caso de que el niño naciera, por ejemplo, con malformaciones? “Si hasta la semana 12 se ve alguna anomalía en el bebé, ella puede abortar. A partir de esa semana, yo asumo toda la responsabilidad de lo que ocurra”, aclara.

Para los ciudadanos que quieran tener una opinión formada y busquen contrastar unos testimonios con otros, la primera barrera es evidente: la distancia. Para hablar con las gestantes, hay que salir fuera o hacerlo mediante Skype. Al otro lado de la pantalla del ordenador está Lindsay, una de esas mujeres canadienses que ha prestado su cuerpo para gestar en dos ocasiones, primero a una pareja francesa y después para una de Londres. Ella tiene también hijos propios. Precisamente, la dificultad para quedarse embarazada hizo que se prometiera a sí misma que ayudaría en el futuro a otras parejas si podía gestar. “Sí existe un vínculo fuerte con el bebé, pero yo tenía asumido que lo iba a dar. Lo que quiero es ayudar a otra persona”, cuenta. Su experiencia ha sido positiva y afirma que intentará repetir siempre que su cuerpo se lo permita. Lindsay tiene 35 años.

En Ucrania, sin embargo, existe la compensación económica. Es una realidad que nadie oculta. Se impone el pragmatismo. “Ucrania no tiene el nivel económico de Canadá”, afirma Olga, una gestante ucraniana de 33 años sobre por qué ella eligió la modalidad comercial. En su caso, dio a luz dos niños para una pareja. Ahora ve cómo crecen en Facebook. “En Ucrania sí hay necesidad de dinero. Uno tiene que pensar en su familia y en las necesidades de sus hijos. También supone un desgaste para el cuerpo”, aclara. Se decidió por este proceso porque ella y su marido querían comprarse una casa en Kiev.

En su caso, también coincide en que siempre tuvo claro que los niños que gestaban no eran hijos suyos y había “una pareja que los esperaba muchísimo”. Sin embargo, la razón y las hormonas no siempre van por el mismo lado: “Cuando di a luz, al cuerpo parecía faltarle algo. Quizá fuera por el cambio hormonal, porque te sube la leche…”, explica sobre cómo reaccionó su organismo al comprobar que, pese a que estaba preparado para acogerlo, no había bebé. Ella condensa ese cóctel de sentimientos con las palabras “tristeza del cuerpo”.

Un debate con muchas aristas

En el debate sobre la maternidad subrogada entran en juego muchas sensibilidades. A veces, sus detractoras se encuentran intentando contrarrestar historias personales y argumentos sentimentales con datos y estudios. En España, una parte importante del movimiento feminista se ha movilizado contra los intentos de legalizar esta práctica. La plataforma No Somos Vasijas es una de las más combativas contra esta modalidad que consideran que promueve la “mercantilización” del cuerpo, el tráfico y las “granjas de mujeres”.

Esta división de opiniones se ha trasladado también al seno de los partidos políticos. Solo Ciudadanos ha elaborado un proyecto legislativo para llevarlo al Congreso, por supuesto, plagado de polémica. En su propuesta, negaba el “carácter lucrativo o comercial” de la gestación, pero establecía una “compensación resarcitoria” para cubrir los gastos del proceso y preveía multas para posibles incumplimientos. Cuando la formación naranja dió el paso, obligó al resto de formaciones políticas a posicionarse.

El PSOE es el que mantiene la postura más clara. En las resoluciones de su último Congreso Federal, que marcó las líneas maestras de su acción política, ya alertaba de que el partido “no puede abrazar ninguna práctica que pretenda socavar los derechos de mujeres ni de niñas ni apuntalar la feminización de la pobreza”. De hecho, sentenciaban que “los vientres de alquiler” suponen “una mercantilización de las mujeres”. Esa misma postura se ha trasladado al Gobierno, donde la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, se ha mostrado como una de las voces más vehementes contra esta práctica.

El Partido Popular tampoco apoyó la propuesta de Ciudadanos, pero aún tiene el debate pendiente tras el ascenso de Pablo Casado al poder y el nuevo posicionamiento del partido. En este asunto, algunos conservadores coinciden con los diputados de izquierdas, aunque por distintos motivos. Aunque las dirigentes de Podemos se hayan pronunciado explícitamente contra la gestación subrogada, el debate interno fue fuerte y desembocó en un documento publicado el pasado mes de febrero en el que se oponían de manera frontal “a la explotación reproductiva de las mujeres”.

“Hay intereses minoritarios y lucrativos. No es muy normal que una práctica que no es legal tenga congresos y ferias”, explica la diputada morada Sofía Castañón. Ella cree que no hay libertad de elección “si para emanciparte y tener una casa has tenido que gestar para otros”. Más allá de su postura política, advierte de los dilemas que abre aceptar los vientres de alquiler. Entre ellos, tratar la gestación como “una técnica de reproducción”, “la sublimación de la maternidad” por encima de todos los demás derechos o “la idea de que la familia se puede adquirir y que se crea a través del poder económico”. Cuando el deseo de ser madre se convierte en un derecho, el siguiente paso es dictar las correspondientes obligaciones, que pueden recaer en las mujeres más pobres. Además, Castañón remarca cómo el propio proceso refuerza la idea patriarcal: “La filiación se la dan al padre y la madre se convierte en adoptante en ese proceso”.

La mistificación de la genética

María Eugenia Rodríguez Palop, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, es tajante: ni es un derecho, ni hay “una mayoría a favor”, ni hordas de mujeres españolas que quieran gestar de manera altruista. Sin embargo, esta investigadora va más allá y advierte del espíritu conservador de esta nueva forma de crear una familia. “La gestación subrogada es una reproducción ligada a la pervivencia genética. Hay una mistificación del ADN, como en una familia patriarcal al uso”, comenta en referencia a un pensamiento que ya sostenía Aristóteles y Tomás de Aquino sobre la necesidad del hombre de perpetuarse a sí mismo con el útero femenino como vehículo.

Palop ve en la propuesta de Ciudadanos una gestación subrogada de bajo coste más que altruista, que además juega con el “mito de la mujer abnegada”, que presupone que ellas, educadas para satisfacer los deseos de los hombres, quieren pasar por un embarazo y un parto solo por generosidad. “Lo que muestran los hechos es que allí donde no hay compensación, no hay gestantes”, remata.

“¿Por qué consideramos que tiene que ser altruista la gestación subrogada y no le aplicamos el mismo criterio a la donación de óvulos?”, pregunta Consuelo Álvarez, profesora de Antropología Social de la Universidad Complutense. Ahora realiza el estudio Familias, centros de reproducción asistida y donantes: miradas cruzadas para la Universidad, en el que se incluyen casos de maternidad subrogada. La experta cree que hay que ampliar el debate y que es tramposo desvincular la gestación de otros procesos relacionados con la maternidad: “También hay mujeres que dan su leche a otras en los bancos de leche o que cruzan el océano para venir a España a cuidar a los hijos de otras personas, dejando a los suyos en su país”.

Partiendo de que la maternidad es también un constructo social, la antropóloga advierte del riesgo de creer que “los criterios morales y éticos europeos son únicos y aplicables a todo el mundo”. En su caso, por ejemplo, afirma que ha entrevistado a mujeres ucranianas que gestarían para otros, pero que nunca donarían óvulos. La excesiva importancia que le damos a la gestación tiene una razón cultural.“Desde que se concibe, proyectamos un proceso de antropomorfización en los embriones. Es interesante porque esas emociones protegen al nuevo sujeto, pero también condicionan mucho a las mujeres”, explica sobre por qué a muchas les parece impensable que una madre pueda entregar al bebé. “La mayoría tienen hijos y quieren darles una vida mejor”, concluye.

La discusión está muy lejos de estar cerrada y el pulso entre partidarias y detractoras continúa tenso. Muchas creen que este es uno de los grandes debates de la cuarta ola feminista.

*Este artículo está publicado en el número de noviembre de tintaLibre. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí. aquí

Solía decir el añorado Manuel Vázquez Montalbán que los tópicos como los vicios, no por absurdos dejan de ser necesarios. Algo hay en este lugar común que es España que nos depara por igual el vicio absurdo de hallarle un posible remedio tanto como el tópico que previene de cualquier tentación de suministrarle la medicina equivocada. Así andamos -según cuenta el politólogo Josep M. Colomer en una entrevista que publicamos en tintaLibre noviembre- desde que descubrimos América. Es una vieja historia. En cualquier caso, para lo uno y para lo otro, ahí está España otra vez con la algarabía de un gallinero al que acaba de visitar la garduña, haciendo su peculiar autopsia de la situación, mientras el doctor Tulp y el resto de los cirujanos tratan de diseccionar el cadáver para ofrecer una magistral lección de anatomía al auditorio. Sólo nos faltaba que Flandes se uniera al aquelarre y echara más cera al cirio catalán. También aquí hay una vieja historia.

Las aguas revueltas y la gota fría, el pan y las ganas de comer, se han juntado en algunos Episodios nacionales para reunir a todos los demonios de la tertulia y a parte del Concordato, de la razón y de la religión, los bachilleres y los buscones, para saber a dónde conducir algunos temas como la prostitución o los vientres de alquiler, dos formas de pago esclavas de aquel dicho que con dinero todo se compra, incluso en temas de tanta enjundia como la paternidad, la maternidad o el sexo. Sobre ambos temas versan los reportajes En el vientre de la ballena, escrito por Sara Montero, y ¿Qué hacemos con la prostitución?, de Arturo Lezcano.

Tampoco está mal el tema de los fondos buitre y del inquilino patrio, un entremés en el que las rapaces formadas en los mejores institutos de empresa atacan por sorpresa a los inmuebles de esas zonas que han pasado de la reinserción social a lo más cool en un plazo de 15 años como mucho. Lo cuenta la periodista Rosa Pascual en una crónica titulada El éxodo silencioso, utilizando el paradigmático caso del madrileño barrio de Lavapiés como punto de partida. Así que tenemos desahucios a porrillo, rentas como en Manhattan, mientras el Tribunal Supremo la arma (que ya es noticia en gentes que andan con la dura lex). En eso salió Rajoy en el entremés y dijo: “Estoy con los bancos”. Ya no manda, pero ahí queda.

Mientras el nuevo Parlamento, que la derecha sigue viendo como un okupa en San Jerónimo, ha dado pasos en favor de la eutanasia y, parece que empieza a asumir que habrá que hablar de legalizar la marihuana; mientras los okupas patinan sobre sus propias convicciones pacíficas en materias inflamables como Arabia Saudí, se desprende que tienen que afinar la orquesta para saber si abolimos la prostitución o la regulamos; si dejamos que los vientres de alquiler sean una opción legal en algunos países fuera de España, pero no consentida por los notarios del reino; si hacemos algo para que el alquiler no devore para siempre a los hijos de la precariedad o si el turismo, esa gran hazaña de nuestro PIB, seguirá los derroteros de un lugar al sol llamado Torrevieja. Episodios nacionales, prosaicos y galdosianos, que requieren de algo que con tanto ruido y tanta furia se nos había olvidado: la política.

tintaLibre está a la venta a partir del viernes 2 de noviembre en quioscos y librerías de toda España.

También está disponible a través de su App para su descarga en teléfonos y tabletas de Apple y Android.

Si eres socio de infoLibre, ya puedes leer tintaLibre noviembre y todos los números anteriores haciendo clic aquí.

Intentos ilimitados de fecundación hasta el nacimiento del bebé, posibilidad de elegir a la gestante o el sexo del recién nacido, reinicio del programa en caso de aborto, servicio de pediatría... son solo algunas de las prestaciones incluidas en los paquetes que ofrecen las agencias españolas que asesoran a parejas o personas solas que acuden al extranjero para contratar a mujeres que gesten hijos, en la mayoría de los casos, con su material genético y se comprometan mediante contrato a renunciar a los derechos de filiación.

A través de esta práctica, que se conoce como gestación subrogada o por sustitución y que no es legal en España, han nacido en el extranjero desde 2010 más de un millar de menores que han sido después registrados como españoles a través de un mecanismo puesto en marcha ese año. Esta cifra procede de una respuesta parlamentaria del Gobierno a la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes, en la que se detalla que el 80% de estos menores proceden de EEUU y Ucrania. Las cifras, sin embargo, no son completas. No recogen, por ejemplo, información referente a Georgia o Grecia, países donde también se llevan a cabo estos procesos.

En la última semana, la situación de bloqueo en la que se encuentran una treintena de familias que han tenido hijos por gestación subrogada en Ucrania a los que no pueden inscribir en el Registro Civil Consular de Kiev ha vuelto a poner de actualidad un tipo de práctica para la que, habitualmente, las familias contratan los servicios de agencias intermediarias que se encargan de todos los trámites: elección de la gestante y de la clínica, preparación de la documentación, gestión de los viajes al país en el que nacerá el bebé... Los potenciales clientes entienden que, de esa forma, se garantizan estar acompañados durante un proceso que suele ser tedioso.

En sus páginas web, la mayoría de estas compañías ofrecen catálogos por países, programas y costes. El país más caro es Estados Unidos, aunque también el más seguro porque se emite una sentencia judicial que tiene validez en España, lo que facilita la inscripción del bebé como ciudadano español. Allí el proceso puede costar más de 150.000 euros. En Ucrania, centro de la polémica en la última semana, la filiación se venía haciendo cotejando muestras de ADN del padre y del menor, lo que no cumple estrictamente con el mecanismo previsto por el Gobierno en 2010. La diferencia es que allí el programa más básico puede salir por 40.000 euros.

Además, la mayoría de las agencias que operan en EEUU, Ucrania o Georgia ofrecen también la posibilidad de elegir el sexo del bebé, algo que en España está prohibido por la ley de reproducción asistida salvo que se realice con fines terapéuticos autorizados, pero que sí permite la legislación de ambos países. Esta posibilidad sólo está incluida en los llamados programas VIP o tiene un coste extra, pues se realiza un diagnóstico genético preimplantacional y se seleccionan los embriones que corresponden a un sexo determinado antes de transferirlos al útero de la gestante.

Mercado en auge

Tal y como ha podido constatar infoLibre, el Registro Mercantil recoge la existencia de al menos una quincena de empresas dedicadas a esta actividad en España. Se trata de un mercado incipiente, pero que sí da muestras de estar en pleno apogeo. De hecho, la mayoría de estas compañías han sido creadas en los últimos cinco años, a partir de 2013. Fuentes del sector reconocen que, de manera reciente, personas que han pasado por el proceso de tener hijos a través de esta técnica han creado empresas para asesorar a otras personas que se puedan encontrar en su misma situación.

Es el caso, por ejemplo, de Javier Cantero, que ha sido padre por gestación subrogada en dos ocasiones (2010 y 2012) en EEUU y que contó su experiencia en el programa de Cuatro Conexión Samanta. Su socio, Alberto Díaz, que también fue padre a través de esta técnica, explica que ambos decidieron montar en 2013 la agencia Surrobaby, a través de la que ya han propiciado el nacimiento en el extranjero de más de 150 bebés. En 2016, la compañía declaró una facturación de 123.895 euros y un beneficio de 74.475 euros.

En su empresa, que es una de las más económicas, el proceso más barato, que se realiza en Ucrania, cuesta 39.900 euros. Si los padres quieren elegir a la gestante y el sexo del bebé, que este nazca en un hospital privado, alojarse en un apartamento individual o tener un abogado propio en España la factura puede superar los 50.000 euros. La agencia Go4Baby, creada en 2015 y que opera exclusivamente en Ucrania y Georgia, ofrece tarifas similares. En ambos países, sin embargo, estos procesos están vetados para parejas homosexuales.

Díaz, de Surrobaby, asegura que el 99% de sus clientes son personas de clase media. De hecho, muchas de estas compañías facilitan la financiación de estos procesos a través de acuerdos suscritos con entidades financieras. Por ejemplo, en la página web de su empresa se informa de que sus clientes tienen a su disposición "préstamos personales con tipos de interés muy competitivos y plazo de amortización de hasta en 10 años" o "préstamos hipotecarios con condiciones excepcionales". Eso sí, advierten de que la concesión estará sujeta a la aprobación previa por parte de la entidad financiera, dependiendo de la situación económica de los futuros padres.

María Jesús Jiménez decidió hace tres años compaginar el acompañamiento a familias que quieren iniciar procesos de gestación subrogada con su trabajo en una asesoría de su propiedad, que sigue siendo su principal fuente de ingresos. De hecho, con su agencia Matergest sólo ha propiciado el nacimiento de seis bebés en estos tres años. "Querer tener un hijo es un sentimiento muy fuerte… y cuando sabes cómo puedes ayudar a otras personas te preguntas que por qué no hacerlo. Las agencias no somos ONG porque cobramos por lo que hacemos, pero no todas somos iguales", subraya. 

Aunque ella también trabaja con Ucrania, país al que define como "el vientre de alquiler del mundo", Jiménez admite que, a los clientes que se lo pueden permitir, les recomienda destinos más seguros. "En Ucrania se han hecho cosas mal, pero no con procesos en los que estuvieran implicadas familias españolas", asegura. Esta misma semana, el Ministerio de Exteriores explicó en un comunicado que la embajada de España en Kiev había sido informada en los últimos meses de "posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores". De hecho, el Gobierno "desaconseja el inicio de cualquier proceso de gestación subrogada en este contexto", una recomendación que asegura llevar haciendo "desde hace años". En Matergest, por ejemplo, han paralizado los procesos con Ucrania.

El de las agencias intermediarias, no obstante, es un ámbito heterogéneo en el que convergen también otros perfiles, como los despachos de abogados especializados en derecho de familia, que ahora también atienden estos procesos. Pero también hay quien ha visto en este mercado una provechosa opción de negocio y no duda en utilizar técnicas poco ortodoxas. Es el caso del joven emprendedor Diego Sánchez Giménez, también conocido como Dídac Sánchez, que está detrás de dos compañías dedicadas a este negocio: Subrogalia y Gestlife.

Con la primera de ellas, Subrogalia, fue condenado el pasado noviembre a pagar 88.408 euros a dos parejas que habían iniciado procesos de gestación subrogada en México en los que el juez detectó incumplimientos graves de sus compromisos. Según la sentencia, el asesoramiento jurídico que la compañía ofrecía por contrato era insuficiente e incorrecto y ni siquiera se pudo acreditar que tuviera contratados abogados. El fallo también constata que la Clínica Iegra Tres Torres, también de su propiedad, no tenía permisos para fecundar los embriones que después se trasladaban al extranjero para ser implantados a las gestantes. infoLibre intentó, sin éxito, contactar con Sánchez Giménez por teléfono y correo electrónico para obtener su versión.

La situación de bloqueo en la que se encuentran una treintena de familias que han tenido hijos por gestación subrogada en Ucrania a los que no pueden inscribir en el Registro Civil Consular de Kiev y, en consecuencia, regresar a su país con ellos, ha puesto el foco sobre una práctica que no es legal en España, pero por la que han nacido en el extranjero desde 2010 más de un millar de menores que han sido después registrados como españoles a través de un mecanismo puesto en marcha en 2010.

La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida declara "nulo de pleno derecho" cualquier contrato que se establezca con una mujer para que geste a un niño a cuya filiación renunciará a favor de los contratantes, medie o no compensación económica. No obstante, en 2010, una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, determinó que los niños nacidos a través de esta práctica en el extranjero podían ser inscritos de forma automática en el Registro Civil en los consulados españoles siempre que presentaran una resolución judicial "en la que se determine la filiación del nacido". 

De esa manera, según explicó el Gobierno en una reciente repuesta parlamentaria a la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes [consultar, aquí], se persigue tanto el control del contrato respecto del país en el que se ha formalizado, como la protección de los intereses del menor y de la madre gestante. Por ejemplo, verificando que su consentimiento se ha obtenido de forma libre y voluntaria. De hecho, esta exigencia tiene su fundamento en la citada ley sobre técnicas de reproducción asistida, que en su artículo 10.3 exige el ejercicio de acciones procesales y la consecuente resolución judicial para la determinación de la filiación paterna de los menores nacidos por gestación por sustitución. 

Sin embargo, no en todos los países se está exigiendo hasta el momento la existencia de esa sentencia judicial, tal y como confirman a infoLibre directivos de tres agencias intermediarias que asesoran en España a futuros padres. En Ucrania, por ejemplo, se tomaban en el consulado en Kiev muestras de ADN tanto del bebé como del padre biológico para certificar su vínculo. "Si todo era correcto se procedía a la inscripción y una vez de regreso en España, la madre adoptaba al bebé", explica Alberto Díaz, codirector de Surrobaby, una de esas entidades. En ese país esta práctica sólo está permitida para parejas heterosexuales casadas.

Ramón López, de la agencia Gestación Segura, confirma que los únicos países en los que la filiación se produce tras una sentencia judicial son Estados Unidos, Canadá y Grecia, aunque en este último la resolución avala el inicio del proceso, no el proceso como tal, por lo que es más cuestionable. Precisamente en los dos primeros países estos procesos tienen un coste más elevado, de hasta 150.000 euros, mientras que en Ucrania o Georgia puede costar una tercera parte, alrededor de 50.000 euros. Este diario preguntó al Ministerio de Exteriores por qué se estaban autorizando registros sin sentencia judicial en países como Ucrania o Georgia, pero no obtuvo respuesta.

Mala praxis 

Las agencias aseguran que, en un primer momento, desde el consulado en Kiev se les trasladó que tras la reciente modificación del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos la representación española dejaba de poder intervenir en la realización de esas pruebas, lo que era un requisito indispensable para la entrega de los pasaportes españoles a estos menores. No obstante, en un comunicado difundido este miércoles, el Ministerio de Exteriores aclaró que ese cambio "no es la causa de ninguna paralización" y que cada expediente se trata de manera individual y exige el análisis de toda la documentación presentada por los interesados.

En su nota, el departamento que dirige Josep Borrell señala que el tratamiento de este tipo de expedientes requiere de un "especial cuidado" por parte de la sección consular de la embajada de España en Kiev al haber sido informada en los últimos meses de "posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores". De hecho, a la vista de esta situación, el ministerio insiste en "desaconsejar el inicio de cualquier proceso de gestación subrogada en este contexto", una recomendación que asegura llevar haciendo "desde hace años".

Las familias afectadas y las agencias que las representan, sin embargo, creen que se trata de una "directriz política" del actual Gobierno, sustentado por un partido que se ha posicionado claramente en contra de esta práctica, según señala David Monje, gerente de Go4Baby, otra de estas empresas. En el PSOE, el criterio general es que la gestación subrogada es "algo que ya está regulado" puesto que está prohibida y es "ilegal". Otras formaciones como Ciudadanos sí son partidarias. Su líder, Albert Rivera, anunció este jueves que su grupo tiene previsto presentar en el Congreso antes de final de año una proposición de ley para su regulación. 

Polémicas

En todo caso, esta no es la primera vez que la inscripción de menores nacidos de procesos de gestación por sustitución resulta polémica. En 2014, los registros estuvieron paralizados durante cinco meses después de que una sentencia del Tribunal Supremo [consultar, aquí] decretara que los bebés nacidos por gestación subrogada en el extranjero no pueden ser inscritos como españoles porque esa técnica no es legal en España. En esa ocasión también hubo recién nacidos que se quedaron en un limbo legal. 

Finalmente, el Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, dictó una instrucción para ordenar a todos los consulados que volvieran a inscribir a los niños nacidos mediante esta técnica basándose en una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que estableció la obligatoriedad de inscribir a los bebés nacidos por gestación subrogada, apelando al "interés superior del menor". Y eso a pesar de que en el derecho europeo es general la prohibición de la gestación por sustitución mediante precio. 

Ahora, las familias afectadas en Ucrania explorar otras posibilidades para poder traer a los recién nacidos a España. La principal es lograr la nacionalidad y el pasaporte ucranianos, aunque es un trámite que se puede demorar varios meses.  

La maternidad subrogada supone que una mujer se ofrezca a gestar el hijo de otras dos personas, quedándose embarazada mediante fecundación in vitro. Esto puede ocurrir cuando hay una o varias personas que desean tener un hijo pero que por unos motivos determinados no pueden (¿y si no quieren?). Así este bebé puede ser concebido a partir de óvulo y semen de sus padres, de donantes o de ambos. Se barajan todas las posibilidades, incluso el embarazo puede llevarse a cabo con un embrión donado por otra pareja.

El concepto de madre no debe alterarse ya que según la Real Academia Española madre se define como "la mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie", pero además en la tercera acepción se puede encontrar otra definición que correspondería a las mujeres que acuden a este tipo de técnicas o a la adopción: "Mujer que ejerce las funciones de madre".

La gestación subrogada es legal en países como Rusia, Ucrania, Grecia, Georgia, Portugal, Canadá y en algunos estados de Estados Unidos, permitiéndose también para extranjeros. Para parejas homosexuales u hombres solteros tan sólo está legislado en Canadá y en algunos estados de EE.UU. Existen otros países que o bien prohíben la práctica o bien no tienen ninguna ley al respecto. En los países que tienen este modelo regulado, el coste de la donación altruista de un vientre de alquiler está entre 35.000 y 240.000 euros, dependiendo del país en el que se lleve a cabo y de los requerimientos particulares de los padres. En la India, país en el cual existen centros donde las mujeres viven durante los nueve meses de gestación y se dedican única y exclusivamente a cuidar de su embarazo sin poder ver a sus maridos ni a sus hijos, el coste del proceso es menor que en Norteamérica. Lejos del altruismo, las mujeres en este país se ofrecen normalmente como vientres de alquiler con el fin de conseguir dinerovientres de alquiler para su familia, acatando severas normas impuestas por parte de las organizaciones intermediarias. Portugal asume otra variante, el país legisla la maternidad subrogada sólo para casos excepcionales como por ejemplo si la mujer que desea ser madre no tiene útero o no realiza sus funciones correctamente.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, las adopciones internacionales han caído más del 72% en los últimos cinco años. En 2010 se adoptaron cerca de 3.000 niños y en 2015 menos de 800. Los defensores de los vientres de alquiler en España proponen una legislación similar al modelo canadiense, altruista con compensación y con algunas restricciones. La pregunta que ronda el gran debate es evidente: más allá de entender la gestación subrogada como una avanzada técnica de reproducción asistida, ¿se está utilizando la maternidad para hacer negocio? Las asociaciones defensoras de los Derechos Humanos exponen que los vientres de alquiler provocan más desigualdad de género. Afirman que son negocios que culminan con la explotación de la mujer y la vulneración de los DDHH. Cabe recordar que el deseo de tener hijos no es un derecho reconocido. La plataforma #NosomosVasijas lucha por los derechos de las mujeres y los niños defendiendo que el concepto de altruismo no es más que una tapadera que esconde el negocio de la maternidad comercial. Ellas denuncian la existencia de "granjas de mujeres" en la India y Sudáfrica por parte de mafias que las explotan y obligan a ser madres para otras personas. No existe legislación posible para controlar la presión a la que las gestantes pueden ser sometidas ni hasta qué punto son libres para decidir. Ésta vivirá nueve meses sin libertad, sufrirá cambios físicos y emocionales durante los cuales podría cambiar de opinión sobre su embarazo, sobre su futuro o sobre lo que desea hacer con su cuerpo.

"Soy libre y con mi cuerpo hago lo que quiero". Una mujer vive en la pobreza, necesita dinero porque tiene dos niños a su cargo y no tiene oportunidades laborales. Es solo un ejemplo de una mujer que es capaz de asumir todavía más carga en su ajetreada vida ofreciéndose como madre gestante con el objetivo de obtener ese dinero que necesitan ella y su familia para vivir. ¿Es libre de hacerlo? Por supuesto lo es, al igual que otra persona elige (o desea) trabajar en el sector de la prostitución, algo que en España tampoco es legal. Recordemos en este punto que la existencia de mafias ligadas a la prostitución está más que acreditada.

Se trata del deseo de criar, de educar, de compartir, dar felicidad y ser feliz. No debe tratarse de los genes, ni siquiera de los apellidos, tampoco de una posesión. Tener un hijo no debe poder conseguirse con dinero. Hoy en día hay muchos menores sin familia. Niños no deseados, que pierden a sus padres o que se escapan de sus hogares buscando a alguien deseoso de criar a un hijo. Ese hijo está en nuestro mundo, solo hay que buscarlo de un modo diferente. Sólo en España, aproximadamente 18.000 niños crecen en centros sin apenas promover y facilitar los trámites de adopción. Es importante enfocar el problema de cara a agilizar estos trámites y facilitar las adopciones en otros países, además de modificar los requisitos para ser madre adoptiva como la edad, las enfermedades previas o el estado civil. Estos criterios se deben adaptar a la sociedad en la que vivimos. Ante nosotros la solución a un grave problema como es el abandono infantil. Y respecto a la maternidad subrogada, legislar sobre sentimientos suele resultar confuso, incierto y ambiguo. ______________

Lucía Núñez Anta es socia de infoLibre

He leído y escuchado muchas veces en los últimos meses que la maternidad no es un derecho y sí un deseo. Es una opción que viene de serie en muchas mujeres y en otras, por diversas causas, no. Una mujer elige ser madre. A partir de entonces, elige serlo de forma biológica o no. En el primer caso, puede que la maquinaria falle, y ahí la ciencia ha avanzado tanto que permite incluso incubar el embrión procedente del óvulo de otra mujer. En el segundo caso, hasta ahora la opción era la adopción. Entre medias de ambas se ha colado esa maternidad subrogada que plantea recurrir al útero de otra mujer a la que implantarle un embrión con los genes de la pareja o persona demandante. Y hablo aquí de personas porque la fórmula tan discutida hoy es ideal para convertir en padres biológicos a hombres que por definición carecen de útero. Es por ello que es una alternativa muy defendida por homosexuales.

Como he avisado antes, no voy a entrar en si me parece un mercadeo, en si favorece a personas con recursos económicos, ni siquiera en si considero algo ético el utilizar a una mujer de vasija, con los riesgos que un embarazo conlleva, con las consecuencias psicológicas del proceso y de la propia revolución hormonal que provoca. Es más, no voy a valorar los llamados casos altruistas que tanto se defienden y que se han demostrado residuales en aquellos países donde se ha regulado la maternidad subrogada.

Mi propósito en este artículo es plantear la alternativa más justa: fomentar políticas que ayuden a la adopción nacional e internacional de niños, bien reguladas para evitar mafias y tráficos indebidos, y, sobre todo, políticas que agilicen los trámites, especialmente en España. Porque, ante la duda que podría plantear si la maternidad es un derecho, gana la constatación de que la crianza es un deber. Un deber que además hemos de asumir como responsabilidad colectiva, comunitaria.

Por mucho que nos pese, a mí la primera que vivo con la tentación de considerar mía a la pequeña que criamos en pareja y con ayuda de la tribu familiar, escolar e incluso de amigos, nuestros hijos no son nuestros, pese al pronombre posesivo que precede a la expresión. Son nuestra responsabilidad, pequeños seres humanos a los que ayudamos a sobrevivir y procuramos, con mayor o menor acierto, transmitirles los valores y dotarles de las herramientas socioeducativas y de gestión emocional que les ayuden a vivir y desarrollarse en sociedad con los mejores recursos posibles. Lo demuestra el hecho de que la crianza es una etapa temporal, aunque la preocupación se mantenga toda la vida, y que los hijos son individuos libres y sociales que serán adultos responsables asimismo de las proles futuras. Así ha sido siempre y así seguirá siendo mientras no se extinga nuestra especie, que todo llegará.

Por tanto, frente al deseo de tener hijos que perpetúen nuestra biología genética (que, por cierto, cuánto aprecio la tenemos, qué arrogancia nos gastamos), se impone el deber de cuidar a las crías de nuestra especie que llegaron a este mundo por razones "x" y hoy crecen en orfanatos y otros espacios de acogida más y menos amables. Esto es éticamente reprobable como sociedad que se dice avanzada, independientemente del debate sobre dónde están los límites éticos a la compra-venta de seres humanos y a la disposición del cuerpo de una mujer, que generalmente se presta a la transacción por razones de necesidad económica.

Por tanto, asumiendo nuestra responsabilidad colectiva en la crianza, es imprescindible que la ley se ponga a favor. Una ley garantista que evite los desmanes, pero también que logre minimizar el que haya niñas y niños que salgan de un orfanato solo porque alcancen la mayoría de edad. No es de recibo.

Según datos del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad, entre 2010 y 2014 las nuevas solicitudes de adopción en España cayeron a la mitad (de 3.376 a 1.431). Además, el tiempo medio de espera en nuestro país es de entre 4 y 8 años. Una barbaridad a todas luces, sobre todo si se tiene en cuenta que el límite de la edad para solicitar una adopción es de 40 años. Se supone que la nueva Ley de Protección a la Infancia que aprobó el Consejo de Ministros en febrero de 2015, agilizaría los procesos. Aún estamos a la espera de su aplicación.

El descenso también es notorio en la solicitudes internacionales en el mismo periodo, con una bajada del 72% (de 5.000 a 900). Entre 2005 y 2010 el tiempo medio de espera era de 2 años, un plazo muy razonable. Fue entonces cuando se produjo un boom de adopciones internacionales en España. Ahora, los tiempos de espera también se van acercando a la década. El endurecimiento en la ratificación del Convenio de La Haya o los cambios en la política de adopción en países como China o Rusia son algunas de las razones de origen. Pero no nos engañemos, también figura la crisis económica. La adopción, curiosamente como lo sería un vientre de alquiler, es inaccesible para las rentas de la mayoría de las clases trabajadoras. El condicionante económico cuando hablamos del deber comunitario de criar a huérfanos de facto debería ser menos estricto. Las garantías deberían dirigirse más a las condiciones psicológicas de quienes adoptan, al entorno social y familiar, a las garantías legales del propio proceso, y no tanto a poseer una renta imposible de alcanzar para muchos en un país donde el SMI no llega a 800 euros.

El gobierno debe afrontar una realidad por la que llevan mucho tiempo trabajando colectivos agrupados en la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA) y otros. Y todos habríamos de afrontar nuestro deber ante el deseo de ser madres o padres: hay muchos niños solos que requieren la crianza de la tribu, muchos niños que no son bebés de 0-3 años (los preferidos a la hora de solicitar), muchos niños incluso con necesidades especiales. Y todos ellos sí son poseedores del derecho a ser criados. Nuestra obligación es hacerlo en condiciones mejores a las del mejor centro de menores u orfanato. Este es un asunto prioritario en la agenda política.

Del deseo a perpetuar nuestra genética, de que los hijos se parezcan a nosotros y por sus venas corra nuestra (¿maravillosa?) sangre, hablamos en otra ocasión. _____________________

*Arantza Azmara Rodríguez es periodista y portavoz de IzAb Madrid

El secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, garantizó, después de que este jueves la eurodiputada de la formación naranja Carolina Punset calificase de "capitalismo salvaje" la gestación subrogada, que "el 100 por ciento" de los diputados del partido en el Congreso están "de acuerdo con toda la proposición de ley" que Albert Rivera presentó sobre este tema.

Además, aunque Gutiérrez dijo no tener "nada que decir de la opinión de Punset", recalcó que lo que ella mantenía es que "tendría un problema moral" porque ve "puntos a favor y también en contra" de esta práctica. Concretamente, la eurodiputada rechaza que haya una compensación económica a la mujer gestante.

El diputado de Ciudadanos considera que es necesario "regular algo que en España no está regulado" y que es "triste" que "muchos españoles" recurran a otros países en los que "está mal regulada" la gestación subrogada. De esta manera, explicó que su partido apuesta por una gestación subrogada "altruista" porque lo contrario sería hacer "un uso indebido de la mujer, un uso mercantilista".

Respecto a las palabras del presidente de Cs, Albert Rivera, quien defendió que si existiese libertad de voto entre todos los diputados, la proposición de ley sobre gestación subrogada registrada por su partido en la Cámara Baja saldría adelante, Gutiérrez aseguró que el posicionamiento "de todos los diputados, el 100%" de Cs sería el mismo: votar a favor porque todos ellos "están de acuerdo con toda la proposición de ley".

"Si uno tiene decenas de miles de afiliados, es normal que no todos estén de acuerdo", concluyó Gutiérrez para zanjar la polémica surgida tras las palabras de la eurodiputada.

La eurodiputada de Ciudadanos, Carolina Punset, que dejó la Ejecutiva del partido el año pasado por sus discrepancias con la dirección, ha afirmado este jueves que la gestación subrogada, una práctica que la formación naranja defiende y que quiere regular, es "capitalismo salvaje".

"Hablemos claro. Capitalismo salvaje, sí, capitalismo sin entrañas, la ley del más fuerte, del que más puede pagar, del que más tiene que perder, eso es el vientre de alquiler, lo que algunos llaman disimuladamente gestación subrogada. Qué socorridas son las palabras para dulcificar la realidad", escribe en un artículo publicado este jueves en el diario Levante-El Mercantil Valenciano recogido por Europa Press.

Según indica, "nadie aguanta un año de náuseas, bombo, cesárea, episiotomía y tormenta hormonal por altruismo", y ejemplifica esto con el caso de Reino Unido, donde cree que el escaso uso de esa práctica se debe a que no se admite el pago de una compensación económica a la mujer gestante.

"Los partidarios de esta técnica se dedican a lanzar vídeos de testimonios por las redes sociales, donde los que han gestado y parido en nombre de otros ponen de manifiesto sus razones filantrópicas para hacerlo", señala Punset, que describe así la campaña de Ciuadadanos a favor de la gestación subrogada.

Cs prevé una compensación económica

Aunque admite que las mujeres que asumen la "carga" de un embarazo probablemente no lo hacen solo por dinero, sino también por ayudar a otras personas, la exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas considera que sin compensación económica no lo harían, y recuerda que la propuesta de su partido "asume que existiría compensación económica".

Al registrar la proposición de ley el pasado junio en el Congreso, el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, explicó que el contrato entre los padres subrogantes y la mujer gestante debía ser "altruista". Es decir, el único dinero que se aportaría es el necesario para cubrir los gastos del embarazo y las posibles molestias que esta situación pueda ocasionar.

Mercantilizar el cuerpo de la mujer

En su artículo, la eurodiputada de Cs dice entender la "consternación" de quienes recurren a la gestación subrogada ante la incapacidad de ser padres, y añade que si ella no tuviera otra manera de tener un hijo con su pareja, se hipotecaría y pagaría "los 150.000 euros que suele costar en California" esta práctica.

Sin embargo, a continuación afirma que esto supone "mercantilizar algo que conjuga muy mal con una fría relación de compraventa de servicios", ya que "quien se vende es, una vez más, el eslabón más débil de la cadena, el cuerpo de la mujer".

Pero, al mismo tiempo, defiende que no regular en España la maternidad subrogada es "clasista a rabiar" porque implica que solo podrán recurrir a ella los que lo puedan pagar en el extranjero, y eso es "capitalismo puro y duro". "Regularlo supondría, en cambio, reconocer que hay algo de bueno y legítimo en la explotación. Qué difícil. No lo veo claro", añade.

La gestación subrogada ya es legal en Portugal, aunque con una regulación más restrictiva que la que, por ejemplo, impulsa Ciudadanos en España. El texto luso establece que la gestación subrogada "sólo es posible con carácter excepcional" y que podrán acceder a ella únicamente las mujeres con problemas de infertilidad, que hayan nacido sin útero o que padezcan alguna otra lesión que les impida ser madres. Así, las parejas formadas por dos personas del mismo género quedan fuera del ámbito de aplicación de la norma.

La ley portuguesa establece que la mujer gestante no podrá recibir ningún pago económico y que únicamente podrá ver cubiertos sus gastos médicos. Una vez dé a luz, el contacto con el niño será el "mínimo indispensable" por los "potenciales riesgos psicológicos y afectivos que esa relación comporta", apunta el decreto que regula esta práctica con detalle. Para iniciar el proceso será necesaria la autorización previa del Consejo Nacional de Procreación Médicamente Asistida y la declaración favorable tanto de un psiquiatra o psicólogo como del director del centro donde se va a llevar a cabo la intervención.

Antes de autorizar el proceso de forma definitiva, el citado consejo nacional puede solicitar una evaluación tanto de la pareja beneficiaria como de la gestante. En total, los trámites desde la solicitud hasta el inicio de la gestación puede prolongarse hasta los seis meses. Si la solicitud recibe luz verde, se celebra un contrato en el que la gestante queda obligada a cumplir una serie de directrices médicas del ginecólogo y a realizarse los exámenes médicos indispensables durante el embarazo, aunque puede rechazar otras prácticas, como la amniocentesis.

En declaraciones a infoLibre, Pedro Fuentes, presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, celebra la regulación de la gestación subrogada en Portugal pero lamenta que se excluya a las familias homoparentales. "Diríamos que es una ley positiva con reparos", resume. La portavoz de la campaña No Somos Vasijas, Alicia Miyares, advierte por su parte de otras consecuencias: la primera, que hay terceros países donde los extranjeros sólo pueden acceder a los vientres de alquiler si en su país está regulado, de modo que aprobar "este tipo de regulaciones, aparentemente restrictivas, favorecen el turismo reproductivo", denuncia. El segundo efecto es que tradicionalmente estas leyes han facilitado el registro en el país de origen de los niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero. "Hablar de leyes restrictivas es un eufemismo", resume.

El debate en España

En España, mientras tanto, Ciudadanos ha impulsado en los últimos meses una regulación de los también llamados vientres de alquiler. El partido de Rivera registró a finales de junio una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para legislar esta práctica. La propuesta de la formación naranja establece que la mujer gestante renuncia a la filiación del niño y que los padres subrogantes deben haber agotado previamente todas las posibles técnicas de reproducción humana asistida. Además, se prohíbe expresamente que la gestante y los subrogantes sean familiares.

El texto establece además que la compensación económica que puede recibir la mujer sólo puede ir destinada a cubrir los gastos "estrictamente derivados" de las molestias, los desplazamientos y el lucro cesante "inherentes a la gestación" y a proporcionarle "las condiciones idóneas" durante los estudios, la gestación y el post-parto. La propuesta de Cs añade que un reglamento que debería desarrollar el Ministerio de Sanidad con posterioridad a la aprobación de la ley fijaría qué controles se adoptan para "garantizar el respecto al carácter gratuito de la gestación".

La gestante, finalmente, debería tener más de 25 años y menos de los que se fijen en el citado reglamento a desarrollar por el Ministerio de Sanidad, tener buena salud y haber gestado "al menos a un hijo sano con anterioridad". Además tendría que ser española o tener residencia legal en nuestro país, carecer de antecedentes penales y de abuso de alcohol u otras drogas y no haber sido mujer gestante por subrogación "en más de una ocasión con anterioridad". Los subrogantes, por su parte, deberían tener entre 25 y 45 años y, en el caso de las parejas, estar casadas o mantener una "relación equivalente reconocida por la ley".

Los otros tres grandes partidos, por su parte, se oponen a regular los vientres de alquiler. Cuando Ciudadanos registró su iniciativa parlamentaria, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, advirtió de que su grupo es contrario al "uso mercantil" del vientre de las mujeres. "Estamos rotundamente en contra", dijo. También el PSOE rechaza esta práctica, tal como fijó en su último Congreso Federal, en cuya resolución fijó que "los vientres de alquiler suponen una mercantilización de las mujeres" y una práctica que "el PSOE no puede abrazar". Unidos Podemos también se opone.

La situación actual

Actualmente la gestación subrogada no es legal en España. El artículo 10.1 de la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida establece con claridad que "será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero". El 10.2 precisa que "la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto". Es decir, que en España la madre es, legalmente, la mujer que da a luz a un niño, y que son nulos los contratos que establezcan lo contrario, que es lo que sucede en el caso de los vientres de alquiler.

Pero nada impide a una persona o una pareja española viajar al extranjero y contratar a una gestante para que dé a luz a un niño que sea reconocido como su hijo en un país que así lo contemple legalmente. Pedro Fuentes considera que el hecho de que no se cometa ninguna ilegalidad al recurrir a una práctica médica que ya está "regulada" en otros países demuestra que "la sociedad va por delante" y pone de manifiesto la "hipocresía" de "algunos políticos" que se oponen a regular estos supuestos. Alicia Miyares, por su parte, opina que se trata de una "hipocresía tremenda", pues con la regulación española se favorece que ocurra en terceros países lo que en el propio no se permite.

Una vez ha nacido el hijo fruto de un contrato de gestación subrogada, los padres contratantes se enfrentan al reto de regresar a España y registrarlo a su nombre. Hasta 2010 España no contemplaba esa posibilidad, pero desde esa fecha una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado [ver en PDF] permitió que, en determinadas circunstancias, esos niños fueran inscritos a un nombre diferente al de la gestante. Básicamente, esa instrucción exige que exista una resolución judicial del país de origen que establezca quiénes son los padres a efectos legales. Si los padres carecen de ella, el proceso más frecuente es que el hombre, que sí aporta material genético para la fecundación de la madre gestante, reclame la paternidad del niño y, posteriormente, que su pareja inicie los trámites de adopción.

Los registros civiles no aportan datos sobre cuántos casos de niños nacidos por gestación subrogada hay en España. Según Fuentes, podría haber "entre 800 y 1.000 casos al año", según sus estimaciones. En una pregunta parlamentaria registrada el pasado 16 de marzo, la diputada socialista Ángeles Álvarez se interesó por estas cifras. La respuesta del Gobierno [ver en PDF] fue que "no es posible facilitar los datos" porque los registros no anotan el "origen de la gestación". En junio, Álvarez registró otra pregunta para conocer cómo puede cotejar un empleado del registro que en el proceso de gestación subrogada se garanticen "los derechos procesales de la madre gestante", tal como requiere la instrucción de la Dirección General que permite inscribir a los niños. Esa pregunta aún no tiene respuesta.

En declaraciones a este medio, Álvarez, que ya ha solicitado que el Director General de los Registros y del Notariado comparezca ante la Comisión de Igualdad, asegura que el registro "tiene constancia" de cuántos niños nacidos por gestación subrogada se inscriben y denuncia el "gravísimo oscurantismo" que a su juicio existe en torno a esta práctica y a la forma de proceder de la dirección de registros. La diputada por Madrid fue una de las socialistas que en el pasado Congreso Federal del partido se opusieron firmemente a que el PSOE abriera la puerta a los vientres de alquiler.