El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, desestimó este lunes el recurso presentado por los líderes independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras para elevar a la Gran Sala su demanda por su detención preventiva durante el 'procés', confirmaron a EFE fuentes de la corte.

Una decisión que deja en vía muerta esta denuncia presentada por los tres líderes independentistas contra la orden de la justicia española de ponerlos en prisión preventiva en los días siguientes al referéndum del 1 de octubre de 2017.

El Colegio de la Gran Sala, formado por cinco jueces y encargado de determinar qué casos llegan a la máxima instancia del TEDH consideró que no hay motivos para elevar esa causa.

La sala ya había rechazado el pasado 6 de noviembre la demanda de los denunciantes al considerar que no se habían vulnerado ninguno de sus derechos durante el tiempo que pasaron en prisión provisional.

En concreto, Jordi Sánchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue detenido el 16 de octubre de 2017, mientras que Jordi Turull, conseller de la Generalitat, y Junqueras, número dos del Ejecutivo autonómico de Cataluña (nordeste de España), lo fueron el 2 de noviembre de aquel mismo año.

En su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo argumentaban que aquella privación de libertad lesionaba sus derechos políticos, ya que les impidió hacer campaña en las autonómicas del 21 de diciembre de 2017 y, posteriormente, acudir a las sesiones del Parlament al que fueron elegidos.

En su sentencia del 6 de noviembre, adoptada por unanimidad, el TEDH concluyó que no hubo "ilegalidad o arbitrariedad" en las decisiones de la justicia española y estableció que los tres líderes independentistas eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que no se podía "razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".

Consideró que la justicia española ponderó los diversos intereses en juego de una manera que no podía calificarse de arbitraria, y sin interferir con la libre expresión de la opinión pública y que trató de mantener la equidad parlamentaria pese a su estancia en la cárcel.

Al tiempo, estableció que un Estado debe poder impedir la realización de "un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país".

Turull denunciaba, asimismo, que su ingreso en prisión le impidió ser investido presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

El exconseller fue liberado el 4 de diciembre y vuelto a poner en arresto provisional el 23 de marzo de 2018, un día después de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido y un día antes de que se celebrara una segunda votación, a la que no pudo ya asistir por encontrase encarcelado.

Estrasburgo indicó que las pruebas presentadas no respaldaban la conclusión de que la segunda orden de prisión preventiva dictara contra él hubiera sido arbitraria con el único fin de impedirle ser investido, al tiempo que rechazó que el plazo de resolución de su recurso de amparo vulnerara sus derechos.

El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha arremetido este sábado contra el decreto ley sobre medidas en materia de vivienda -que contempla una prórroga de dos años de los contratos de alquiler- al entender que "ahoga" a los pequeños propietarios.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con rebajas de impuestos y ayudas a sectores afectados, e impulsó otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler y una prórroga de dos años de los contratos que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

En declaraciones a los medios desde unas jornadas municipalistas en Viladecavalls (Barcelona), Turull ha avalado las rebajas fiscales previstas en el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, pero ha denunciado que el otro decreto "opta claramente por seguir ahogando a las clases medias y trabajadoras".

Turull ha advertido al Gobierno de que no puede "privatizar el escudo social", pretendiendo que el coste de esas medidas "descanse sobre las clases medias y trabajadoras y los propietarios".

Por ello, ha pedido al Gobierno que "asuma los costes de las políticas sociales" y "deje de ahogar al pequeño propietario" con un decreto que "saben que luego el Congreso no lo aprobará".

"Todas aquellas medidas que vayan a dar oxígeno a las clases medias y trabajadoras y a las pymes, tendrán nuestro apoyo. Todas aquellas que vayan en la línea de ahogar a las clases medias y trabajadoras y las pymes no tendrán nuestro apoyo", ha subrayado.

Turull ha tachado de "puro postureo" las tensiones entre el PSOE y Sumar, a los que ha conminado a "dejar de jugar con las personas vulnerables" con fines "electorales": "No nos interesa en absoluto esta comedia entre el PSOE y Sumar", ha remachado.

Por otra parte, el secretario general de JxCat ha urgido al presidente catalán, Salvador Illa, a "rectificar" y rebajar cuanto antes la "presión fiscal" sobre los catalanes.

Turull ha reclamado políticas fiscales que "dejen de ahogar a las clases medias y trabajadoras" y ha sugerido una rebaja del IRPF.

Asimismo, ha acusado a Illa de "no defender los intereses de Cataluña en Madrid" y lo ha emplazado a "plantarse" ante el Gobierno de Pedro Sánchez para "conseguir más recursos para los catalanes".

Según Turull, Illa debería "hacer de presidente de la Generalitat y no de mayordomo de la Moncloa".

"Hemos pasado de no molestar a Pedro Sánchez a no molestar a María Jesús Montero por las elecciones andaluzas; más bajo no se puede caer", ha afirmado Turull, en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno y próxima candidata socialista en Andalucía.

El Tribunal Constitucional (TC) ha retirado in extremis del orden del día del Pleno que comienza este martes las peticiones del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull de que se suspendan las penas de inhabilitación a las que han sido condenados, según recoge EFE.

Fuentes jurídicas confirman a EFE la noticia, adelantada por La Razón, de que el tribunal no abordará los borradores de los ponentes -el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados José María Macías y César Tolosa- coincidentes todos ellos en rechazar la suspensión cautelar que pedían los líderes del procés.

El motivo de esta retirada in extremis es para unificar la respuesta que se de a los cuatro casos, que son idénticos, con el fin de alcanzar la unanimidad en la votación que previsiblemente rechazará acceder a la medida cautelar de suspensión de la pena.

De esta forma, se dará tiempo para así llevar nuevamente los borradores al último pleno del año que se prevé que arranque el próximo día 16 para ya sí proceder a su votación.

El pasado 11 de febrero, el TC admitió a trámite los recursos de Junqueras, Bassa y Romeva contra la decisión del Supremo de no aplicarles el perdón por el 'procés'. Y el 28 de abril hizo lo mismo con el del exconseller y secretario general de Junts Jordi Turull.

Todos ellos siguen inhabilitados para ejercer cargo público y solicitaron en sus escritos que esta pena se les suspenda de forma cautelar, por lo que el tribunal abrió una pieza de medidas cautelares para oír a las partes. Junqueras y Bassa cumplen 13 años de inhabilitación, hasta 2031, y Romeva y Turull 12 años, hasta 2030.

Los borradores rechazan acceder a la suspensión cautelar atendiendo a la naturaleza de la pena y la duración de la misma y, en el caso de Junqueras, porque podría suponer "una grave perturbación del interés general" ante el riesgo de que ocupe un cargo público justo aprovechando el momento en que no esté inhabilitado.

Todos ellos coinciden con la tesis de la Fiscalía que aboga por "denegar la suspensión de la pena de inhabilitación absoluta interesada" por los líderes independentistas del procés.

Dice la Fiscalía que "la concesión de la suspensión de la condena que resta por cumplir de la pena de inhabilitación absoluta a los recurrentes supondría, por tanto, una anticipación del fallo del amparo y de sus efectos pues exigiría tanto como pronunciarse sobre la aplicación de la Ley orgánica de amnistía y su eventual estimación, que no corresponde hacer en esta pieza de suspensión".

El Supremo resolvió no amnistiar el delito de malversación por el que Junqueras, Romeva, Turull y Bassa fueron condenados al concluir que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el 'procés' y que los gastos del 1-O habían causado un perjuicio a las finanzas europeas.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no debe "pedir ayuda a los empresarios" para que Junts apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez, sino que debe "pedir perdón" por su "boicot" a la oficialidad del catalán en Europa.

En su intervención en abierto ante el Consell Nacional de JxCat, Turull ha respondido al llamamiento que hizo Feijóo a los empresarios catalanes en un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, en el que dijo que le faltaban "votos de los suyos" para que esta eventual moción de censura salga adelante.

El secretario general de JxCat, que ha tachado de "osadía" el llamamiento de Feijóo, ha sostenido que el dirigente popular debería disculparse ante la sociedad catalana "por pedir a tantos empresarios que se vayan de Cataluña y no pedir que vuelvan".

"También tiene que pedir perdón a los barceloneses y a los catalanes por la moción de censura preventiva que le hizo a Xavier Trias pactando con Jaume Collboni", ha recordado Turull en referencia al apoyo del PP al candidato socialista a la alcaldía de Barcelona en 2023.

Turull ha reiterado que Junts no es "la muleta de nadie" y que sólo se mueven en defensa de Cataluña, y que han sido "consecuentes" con sus planteamientos al romper sus acuerdos con el PSOE.

Por ello, ha emplazado al conjunto de militantes y cuadros de JxCat a "no dejarse impresionar" ni caer en la tentación de "dar volantazos" para dejar de ser "aquella formación serena, que trabaja incansablemente para ser una alternativa en Cataluña".

También ha hecho referencia al reciente informe del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, un "gran paso para visualizar el retorno" a Cataluña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que marcará "un antes y un después en el tablero político actual".

Por otro lado, Turull se ha referido a la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que proyecta un crecimiento de la formación xenófoba Aliança Catalana hasta los 19 escaños en el Parlament y un eventual empate con Junts, de la que ha criticado sus "sesgos".

Ante esta tesitura, Turull ha asegurado que Cataluña "no puede caer en la deriva" de un partido que "transforma el malestar en odio" y que el catalanismo "no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división de la sociedad".

Por ello, ha dicho que JxCat afronta unos "meses decisivos" para ser "la única alternativa posible al Govern de Salvador Illa" ante un PSC que "ha renunciado a defender a los ciudadanos de las clases medias".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este sábado al PSOE de "cargarse la legislatura" al no "cumplir" los compromisos adquiridos al inicio del mandato y se ha preguntado "qué piensa hacer" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a partir de ahora.

En declaraciones a los periodistas en Vic (Barcelona), en el marco de la campaña "Junts se explica a pie de calle" con la que este partido ha instalado un centenar de carpas informativas en diferentes poblaciones catalanas, Turull ha tildado de "curioso" que la presión por el futuro de la legislatura se dirija hacia el partido que preside Carles Puigdemont y no hacia el PSOE.

Por su parte, Jordi Masquef, alcalde de Figueres (Girona) cree que Junts no ha "roto" con Sánchez, pese a que así lo ha comunicado la dirección de la formación, sino que está aplicando "medidas de presión" para demostrar que "no va de farol", ha dicho en el Diario ARA

Turull ha evitado reclamar a Sánchez que convoque elecciones anticipadas, pero sí le ha pedido que haga una "reflexión", puesto que ya no cuenta con la mayoría que le hizo presidente, y le ha preguntado "cómo piensa afrontar esta situación".

Turull ha añadido que Junts "está preparado para cualquier escenario".

El secretario general de Junts ha denunciado el "incumplimiento flagrante" de los pactos sellados con el PSOE en el marco de la investidura de Sánchez, lo que ha derivado en una "situación insostenible".

"Lo que no haremos es volver a hablar con gente que sabemos que no cumple. Esto no es negociar, es hacer tertulias", ha asegurado. Masquef, al contrario, sí es partidario de negociar los presupuestos generales del Estado (PGE) con el Gobierno de Pedro Sánchez y los presupuestos de la Generalitat con el ejecutivo de Salvador Illa.

Turull ha dicho que "la legislatura ha quebrado y estamos en concurso de acreedores", de modo que Junts debe "cobrar" todo lo que se le adeuda.

Unas palabras que ha pronunciado el día después de que el Congreso haya reactivado la iniciativa de Junts, tomada en consideración en septiembre del año pasado, para combatir la multirreincidencia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón este jueves a la justicia española por restringir los derechos políticos de los independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras cuando estuvieron en prisión preventiva durante el procés, según informa EFE. 

En los tres casos, el tribunal no observa ningún elemento de "ilegalidad o arbitrariedad" en las decisión jurídicas que motivaron el ingreso provisional de Sánchez, Turrul y Oriol Junqueras en la cárcel. 

Además, la corte constata en su sentencia de 51 páginas, que los tres demandantes eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que "no podía razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".

Los tres demandantes consideraban que los tribunales españoles no protegieron sus derechos al impedirles participar en la campaña de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017.

En la sentencia adoptada por unanimidad, la corte, con sede en Estrasburgo, rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto. 

El Tribunal de Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de "un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica, por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país". 

Turull fue puesto en prisión preventiva el 23 de marzo de 2018, un día antes de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente de la Generalitat y un día antes de que se celebrara la segunda, a la que no pudo asistir.

Unos meses más tarde, el 14 de mayo, Quim Torra fue investido en segunda votación con una mayoría simple.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha reiterado este jueves que su encarcelamiento en 2018, mientras se sometía al debate de investidura en el Parlament, "respondió a criterios políticos para descabezar al movimiento independentista".

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlament en respuesta a esta sentencia, Turull ha señalado que el hecho de que lo encarcelasen durante el debate de investidura en el que era candidato a presidente de la Generalitat "respondía a criterios políticos" y "a una estrategia política".

"Esto no me lo quitará nadie", ha subrayado Turull, que ha agregado que, de no haber optado a la presidencia de la Generalitat, "las cosas hubiesen ido de otra manera".

En la sentencia adoptada por unanimidad, la corte, con sede en Estrasburgo, rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto.

"Lo volvería a hacer, evidentemente. Como haremos lo que sea para plantar cara a esta especie de jueces que hacen de justicieros contra el independentismo. Esto lo batallaremos", ha dicho.

Y es que, a criterio de Turull, la Abogacía del Estado "ha afinado jurídicamente lo que fue una decisión política", si bien ha dicho que "respeta" la sentencia aunque no la comparta.

"Solo espero que esto no le pase a nadie, aunque esté en las antípodas políticas", ha remachado.

ERC ha afirmado este jueves que mantiene la "lucha antirrepresiva en todos los frentes" a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En un comunicado, ERC ha afirmado que el proceso judicial en el ámbito internacional para defender los derechos políticos de los líderes independentistas "sigue abierto".

"Pese a que el TEDH ha desestimado los motivos de los líderes independentistas, estos mismos motivos sí que han sido aceptados en otras causas del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el grupo de detenciones arbitrarias", han remarcado los republicanos.

En este sentido, ERC ha defendido que la discusión judicial sigue pendiente de resolverse y, por tanto, esperará a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Asimismo, ha señalado que seguirá trabajando para conseguir que la ley de amnistía "sea efectiva para todos los represaliados de la causa general contra el movimiento independentista".

La dirección de JxCat ha decidido este lunes retirar la proposición no de ley que instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, para así dar "tiempo" al Ejecutivo central a "materializar" los acuerdos pendientes.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario general de JxCat, Jordi Turull, al término de la reunión en la que la cúpula del partido ha acordado aceptar la petición del verificador internacional presente en los encuentros entre PSOE y Junts en Suiza, Francisco Galindo Vélez, de retirar la proposición sobre cuestión de confianza, que debía debatirse este martes en el Congreso, según recoge EFE.

Turull ha subrayado que la confianza de Junts hacia Sánchez sigue "absolutamente deteriorada", pero ha decidido atender la petición de Galindo, en un "último esfuerzo para evitar la ruptura" y para "dar tiempo" a que el Gobierno "materialice" los acuerdos aún pendientes de cumplir.

Para JxCat, el comunicado del mediador en el que se reclama a JxCat que retire la proposición es en sí mismo "una cuestión de confianza al PSOE" porque reconoce que hay aspectos del pacto que "se han acordado y no se han materializado", y no por el lado de Junts.

Turull, que no ha querido hablar de plazos para que se cumplan los acuerdos, ha asegurado que retirar la proposición no quiere decir dar confianza al PSOE, sino dársela al mediador, que les reclamaba "un tiempo de prórroga" para que se materialicen estos acuerdos. "Seguro que, de aquí a unas semanas, toda aquella gente que quiere que se solucione el conflicto agradecerán esta decisión", ha indicado el secretario general de la formación, que ha reiterado la "confianza" en el verificador.

En caso de que Galindo llegue a la conclusión de que "no haya manera de que el PSOE cumpla", Turull ha advertido de que Junts tomará una decisión "que no será la de ir tirando, marear la perdiz o un homenaje al 'pájaro en mano". "Si el PSOE se piensa que puede ir haciendo lo que quiera y como quiera, el PSOE tendrá un disgusto grande", ha avisado.

Turull ha evitado valorar el acuerdo anunciado por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, con el Gobierno para la condonación de 17.104 millones de euros de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y se ha esperado a "conocer la propuesta" antes de opinar al respecto.

Aun así, Turull ha señalado que uno de los planteamientos de JxCat a la hora de resolver el conflicto político entre Cataluña y España es "que se acabe el café para todos", también en materia de financiación autonómica.

Pero hoy toca hablar de Pedro Sánchez y sus tácticas para seguir en La Moncloa. Por eso, y para que nadie me acuse de sectario, he acudido a un digital tan en el otro extremo como La Razón para preguntar lo que significa “decreto Ómnibus”, ya que existe un consenso general en calificar así lo que el Gobierno ha sometido a votación en el Congreso.

A la pregunta, “¿Qué es el decreto ómnibus impulsado por el Gobierno?” el periódico de Marhuenda responde a sus visitantes diciendo que “El decreto ómnibus recibe este nombre por incluir varias leyes o reformas de diferentes ámbitos que, pese a ser dispares, son votadas al mismo tiempo”.

Resumiendo, toda vez que Sánchez estaba avisado, porque lo estaba, de lo que votarían los siete de Junts, le ha terminado ocurriendo algo parecido a lo que le pasaría a usted si va conduciendo y se mete por una dirección prohibida pero perfectamente señalizada. Multa al canto, que se dice. Y muy pocas veces sale perdiendo la policía que con razón castiga.

Para no abundar en la herida he elegido “descuidando” en el título, aunque habría sido más acertado decir que Sánchez y los de su gobierno “degeneran” la democracia con trampas burdas como la de mezclar “churras con merinas” en una única votación a todo o nada pero, de pronto, recuerdo que la Constitución que aún rige se fundamentó en la misma burla, aunque en aquella ocasión perpetrada contra una voluntad popular amordazada a la conveniencia de quienes más mandaban entonces, pues la conocían y la ocultaron para poder esquivarla. ¿O acaso alguno de los que pidieron el SI en el referéndum de 1978 exigió como condición para ello que, por ejemplo, el título II se votara por separado?

Y, si no hubiera quedado más remedio, ¿no están tardando demasiado en revelarse los nombres de quienes hubieran organizado un golpe de Estado si se le hubiera concedido a la sociedad española el derecho a tomar por separado la decisión sobre la forma del ídem?

Reconozcámoslo, aunque para ello necesitemos tirar de ironía, pues aunque todos, en mayor o menor medida, siguen negándose a conceder más y mejor poder de decisión al electorado sobre las decisiones políticas, lo que bien hecho fortalecería la democracia sí o sí, no deja de ser un avance que entre los 350 que actualmente se sientan en el Congreso haya suficientes que se resistan a “comulgar con ruedas de molino”.

Que el “ómnibus” ha sido un error de Sánchez lo demuestran las noticias, que se van sucediendo a la velocidad del rayo.

Primero Turull, de Junts, anunciando que, si no lo hace el Gobierno, serán ellos quienes presenten al Congreso, para su aprobación, las decisiones más urgentes, la de las pensiones y la gratuidad en el transporte público, creo. Acto seguido es el PP quien sale diciendo algo parecido, pero que no esperará a saber si el Gobierno lo hace o no. Y, por último, de momento, a los pocos minutos recibo por e-mail la novedad de que será el Gobierno quien hará ahora lo que debería haber hecho al principio.

¿Falsa alarma, pues?

Veremos, pero, si finalmente así fuera, a muchas personas de las que “me paran por la calle” no les quedará más remedio que reconocer que han sido los de Puigdemont los que más han arriesgado para conseguir que la democracia se degradara menos haciendo fracasar una votación trampa.

Si, además, se atrevieran a reconocerlo en público, la democracia saldrá doblemente reforzada.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha descartado dar apoyo a una moción de censura impulsada por el PP y Vox y ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se reúna presencialmente con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Turull ha protagonizado este martes un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Hotel Palace de Barcelona recogido por EFE, en el que ha situado las condiciones de JxCat para restaurar la "confianza" en Sánchez y el PSOE, entre las que figuran el trámite de la cuestión de confianza, la delegación "integral" de competencias en inmigración y la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

El secretario general de JxCat ha advertido de que lo que ocurra el jueves en la Mesa del Congreso con la cuestión de confianza "no es inocuo", y ha apuntado que, si no se tramita, Junts deberá "tomar decisiones que no le gustarán al PSOE". La convocatoria presencial en Bruselas (Bélgica) de la reunión de la permanente de JxCat responde a estas decisiones, según ha explicado.

En cualquier caso, Turull ha tildado de "broma macabra" la idea de que los siete diputados de Junts den apoyo a una moción de censura a Sánchez junto a PP y Vox, un extremo que planteó el lunes el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

El secretario general de JxCat también ha reprochado a Sánchez que se haya hablado con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para facilitar el nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea, pero que no haya llamado "a ningún Estado" para que el catalán sea oficial en la UE.

Asimismo, ha dejado claro que Cataluña no se conformará con "un papel" en materia de políticas de inmigración, sino una "gestión integral": "No queremos un acuerdo que, por prisas, nos acabe hipotecando y no sea una gestión integral. No queremos una formalidad, queremos una gestión integral", ha dejado claro.

Preguntado por los Presupuestos Generales del Estado, Turull ha reiterado que no negociarán unas cuentas "si no se acredita un cumplimiento de las actuales", en las que "las cifras no son esperanzadoras".

El secretario general de Junts ha vaticinado que se pueda dar "una paradoja" en el Estado, que pasa por que el presidente del Gobierno "viva al margen del poder legislativo".

Hasta el Hotel Palace de Barcelona se han acercado representantes del mundo económico catalán para escuchar la intervención de Turull y también políticos como el presidente del Parlament, Josep Rull, el expresidente de la Generalitat Artur Mas o el líder de Junts en la cámara catalana, Albert Batet.

Junts concluye su Congreso Nacional lleno de simbolismos y con el objetivo de “pasar a la ofensiva” para reconstruir una mayoría independentista, como ha afirmado Carles Puigdemont tras ser proclamado presidente del partido. La formación cerró su Congreso Nacional este domingo en el séptimo aniversario de la proclamación de independencia de 2017 y Jordi Turull, su secretario general, reivindicó el “valor y eficacia” de la declaración unilateral de independencia. Turull apeló a “culminar el trabajo iniciado el 1 de octubre” e hizo dos advertencias dirigidas hacia el PSOE y hacia el bloque de investidura de Salvador Illa en Cataluña. El dirigente ha exigido a Sánchez “cumplir con los acuerdos” para defender los intereses de Cataluña. Y ha advertido a Illa que “si quiere dormir a la nación” ellos “la van a despertar”. Resume que ni persiguen el "peix al cove” ni aceptan “migajas de pan” para Cataluña, sino que trabajarán para “la independencia de Cataluña”.

El partido de Puigdemont prevé así mantener el pulso al gobierno de Sánchez a la vez que establecerse como la alternativa al gobierno catalán de Illa. “¿Cómo es que toda la prensa de Madrid dice que Sánchez depende de siete votos y no de catorce?”, preguntaba Turull a los militantes en alusión a los siete escaños que tiene Junts y a los siete de ERC en el Congreso. “Porque nosotros mantenemos la posición”, se autorespondía el secretario general.

Puigdemont quiere preparar el partido como una herramienta para “pensar en la construcción del estado catalán”. Para ello Turull pedía “no tener miedo al combate de las ideas” y daba las gracias al alcalde de Calella por abrir el debate sobre la multirreincidencia. Turull definió a Junts como “el partido al que no le da miedo lo que le digan”.

Por ello considera que cuando hablan de migración “le plantan cara al discurso buenista y al xenófobo” y buscan “una solución catalana y no española” al “reto demográfico” de la migración. El partido considera en su ponencia política que la migración es un ámbito clave para que Cataluña tenga una “mentalidad de estado”. También consideran que “hacen más” por la financiación catalana “que quien gobierna en el Parlament”. Ambos temas serán clave para que el gobierno de Sánchez apruebe los Presupuestos Generales del Estado. Y fuentes de Junts afirman que el traspaso de la gestión de las competencias en migración a Cataluña y el aumento del techo de gasto para las comunidades autónomas son dos de las líneas rojas de la formación de Puigdemont para apoyar las cuentas de Pedro Sánchez.

Puigdemont lanzó también una crítica velada a un sector minoritario del partido que durante el proceso de redacción de las ponencias pidió dejar atrás el 1 de octubre. El líder de Junts explica que la fecha del referendum “marca un hito imborrable para la historia” de Cataluña, y que continuar su camino “es irrenunciable” para asegurar “el futuro, la prosperidad y el bienestar de la nación”.

La militancia avaló este sábado con un 90% de los votos la única candidatura para la dirección del partido, bajo el liderazgo de Carles Puigdemont. La enmienda de una parte de la militancia para votar listas abiertas no llegó al 10% y el director del congreso, Josep Maria Cruset, destacó que ello demuestra que “Junts es un partido ordenado”. Tan ordenado que antes de que la militancia ratificara los nombres de la nueva ejecutiva, ya era de dominio público quien habría en su cúpula.

Puigdemont se entroniza como presidente y consolida una dirección a su medida. Turull repite como secretario general y desplaza del poder a Laura Borrás y a su entorno. Dejan la ejecutiva la exvicepresidenta del partido, Aurora Madaula y el exsecretario del partido, David Torrents, afines a Borrás. Por contra, la líder del Congreso, Míriam Nogueras, se hace fuerte tras ganarse la confianza de Puigdemont y ocupará una de las cuatro vicepresidencias. Otro de los nombres que se fortalecen y gana una vicepresidencia es el de Antoni Castellà de Demòcrates -y exportavoz del Consell de la República que creó Puigdemont-, algo que ha sido posible porque los redactores de la ponencia organizativa suprimieron el requisito que obligaba a haber militado seis meses en Junts para optar a cargos. Un sector del partido que lo quiso enmendar no logró apoyos suficientes.

El portavoz del partido, Josep Rius, y la portavoz en el parlament, Mònica Sales, completan las otras dos vicepresidencias. El puesto de jefe de la oposición en el Parlament aún sigue vacante porque Carles Pugidemont no puede ocupar el escaño, pendiente de que el Constitucional se posicione sobre la ley de amnistía. Así que Mònica Sales, como vicepresidenta y portavoz del partido en la cámara, se repartirá con Albert Batet el rol de confrontar con Illa, uno de los objetivos que se marca Junts tras el congreso. Fuentes del partido explican que esperan que en unos meses Puigdemont pueda volver a Cataluña y esta posición vacante “se pueda reajustar”, pero es algo que está “en manos de la arbitrariedad de los jueces”.

El partido renueva más del 50% de la ejecutiva actual con la voluntad de que “el máximo de ciudadanos de Cataluña se sientan reflejados en la dirección”. Busca así ensachar la transversalidad con la fusión del partido democristiano de Antoni Castellà, al que le acompaña una vocalía para Teresa Vallverdú y la incorporación de vocales más a la izquierda. Se suma un sector representado por Ennatu Domingo, Oriol Izquierdo y Assumpta Cros, de la órbita de Antoni Colomines, uno de los ideólogos que Puigdemont incorporó en la ponencia estratégica pese a no ser militante. Finalmente, mantiene el sector pragmático de Jaume Giró y Victoria Alsina e incorpora en la ejecutiva también al presidente de la ‘Plataforma Proseleccions catalanes’, Xavier Vinyals, “represaliado” por su participación durante el procés, según el partido.

El congreso de Junts también sirvió para que Laura Borrás se despidiera de la presidencia del partido e hiciera balance de sus dos años al frente de la formación. La presidenta invitó al plenario del partido a impedir la “tentación de anular la discrepancia” en esta nueva etapa, y pasó de puntillas por el trabajo de Turull como secretario general durante los dos años en los que se han repartido el poder interno. Para Laura Borrás este congreso pone fin a “la anomalía” de que Carles Puigdemont “sea el presidente de Junts sin serlo” y asegura que “la represión de propios y extraños” no ha cambiado su compromiso con el objetivo independentista. Turull asegura que no se ha sentido aludido cuando Borrás habló “del lado oscuro de la política” y deriva la alusión a ERC. Según él, Borrás “fue víctima” de que se le pidiese abandonar la presidencia del Parlament sin tener una condena firme o de que los republicanos enviaran mariachis a la sede de Junts.

Laura Borrás pone fin así a un ascenso fulgurante en la formación tras aceptar la oferta de Carles Puigdemont de entrar en política tras el 1 de octubre. Pasó por la consejería de Cultura, fue líder del partido en el Congreso y en la Generalitat y finalmente ascendió a la presidencia del partido. Un camino truncado en parte por la condena del Tribunal de Justicia de Cataluña que debe ratificar el Supremo. 

No obstante, la expresidenta anunció durante el congreso que no volverá a su antiguo trabajo de profesora universitaria y continuará trabajando para el proyecto de Junts. Le trasladó a Puigdemont que se pondrá manos a la obra para crear “espacios y herramientas” para que “la independencia deje de avanzar a ciegas”. De esta forma, Borrás confirma sus intenciones de presentarse como candidata para la fundación de Junts, que hereda de la fusión con el partido Demòcrates, y explica también que “recupera la libertad”.

El expresidente catalán Carles Puigdemont vuelve a la presidencia de Junts con más del 90% de los votos de la militancia en el Congreso del partido celebrado este domingo. El político independentista ha dado este domingo por cerrada la etapa de la "resistencia", iniciada tras la declaración unilateral de independencia de hace siete años, y ha llamado a Junts a "salir de los cuarteles de invierno" y comenzar a "jugar un nuevo partido", informa EFE.

Así lo ha dicho en una intervención con la que ha clausurado el congreso nacional de Junts celebrado este fin de semana, donde ha recuperado la presidencia del partido, desplazando a Laura Borràs al frente de su fundación tras confeccionar una ejecutiva a su medida -avalada por 2.552 militantes.

En su discurso, emitido por videoconferencia, pues sigue instalado en Waterloo (Bélgica) al no habérsele aplicado la amnistía, Puigdemont ha dicho que el 27 de octubre de 2017 comenzó "un camino incierto y difícil" y, sin embargo, "irrenunciable" para Junts. "Nada ha vuelto a ser igual desde entonces y nada puede hacerse ignorando esa realidad, escondiéndola o borrándola de la historia", ha añadido.

Puigdemont ha arremetido contra los socialistas por "sacar provecho de la represión" y les ha advertido de que esa irresponsabilidad "no ha sido nunca reparada, por muchas toneladas de cal viva de normalidad que quieran verter".

Ha censurado, en este sentido, que "el Govern más españolista y hostil a toda idea de soberanía" reclame la legitimidad con la que cuenta pese a no haber respetado el PSC en su momento "la legitimidad del Govern independentista" que él encabezaba en 2017.

También ha arremetido contra el "monopolio asfixiante de un único partido en todas las instituciones", en un momento en el que los socialistas gobiernan en España, Cataluña y ciudades de la talla de Barcelona.

Puigdemont ha situado a Junts como la mejor herramienta para encarar esta "nueva etapa política" y ha animado a "abrir más el partido", incorporando a perfiles de tradiciones diversas pero vinculados al catalanismo: "Todo un país nos está esperando", ha concluido.

El expresident ha alertado ante un contexto marcado por los "aires de populismo extremadamente peligrosos" y las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, así como el auge de la inteligencia artificial o las consecuencias todavía visibles de la pandemia. En esta etapa, ha insistido, Junts es "la mejor herramienta" para hacer avanzar a Cataluña hacia la independencia.

Al inicio de su discurso, el president ha agradecido a Borràs (perdedora del pulso interno mantenido con el secretario general, Jordi Turull, en los últimos años) su "generosidad" por aceptar presidir la fundación del partido y ha defendido que ella es "la persona idónea" para hacerlo.

A la clausura del congreso han asistido el presidente del PNV, Andoni Ortúzar; el diputado de Bildu Jon Iñarritu; y el miembro de la dirección del BNG Rubén Cela; así como representantes de sindicatos y patronales.

Por parte de ERC ha hecho acto de presencia el presidente del grupo en el Parlament, Josep Maria Jové, y por parte del PSC su secretario del área de Política Municipal, Implantación y Territorio, Joaquín Fernández.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado este sábado su candidatura para liderar JxCat en esta nueva etapa, que cuenta con Jordi Turull en la secretaría general y con Míriam Nogueras, Josep Rius, Antoni Castellà y Mònica Sales en las vicepresidencias, informa EFE.

La candidatura se ha hecho pública la tarde de este sábado pasadas las 17:30 horas y en ella también figuran Judith Toronjo como secretaria de organización y Teresa Pallarès como secretaria de finanzas, además de contar con representantes de diferentes sensibilidades del partido y del territorio.

Entre los nuevos nombres que formarán parte de la Ejecutiva figuran la diputada en el Parlament Ennatu Domingo, Oriol Izquierdo y Assumpta Cros, cercanos al diputado Agustí Colomines y al colectivo Acció per la República; también se incorpora el diputado en el Congreso Josep Maria Cruset, las diputadas en el Parlament Jeannine Abella y Anna Navarro y el alcalde de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), Isidre Sierra.

El presidente de Impulsem Penedès, Jaume Casañas, también se incorpora a la nueva dirección de JxCat, así como la secretaria general de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), organización juvenil de JxCat, Ariadna Urroz, y Teresa Vallverdú, vinculada a Demòcrates de Catalunya y al Consejo de la República. Xavier Vinyals, expresidente de la Plataforma pro selecciones deportivas catalanas que fue detenido en el marco de la operación Volhov, también formará parte de la nueva ejecutiva de Junts.

En la nueva lista de la Ejecutiva también estarán presentes los exconsellers Jaume Giró y Victòria Alsina, representantes del ala más pragmática del partido, así como la exconsellera Violant Cervera; y repiten nombres como David Saldoni, Joan Canadell, Aleix Sarri, Salvador Vergés, Gemma Geis, Glòria Freixa, Jordi Fàbrega y la expresidenta del Parlament Anna Erra.

En una rueda de prensa en la fábrica Llobet-Guri, Turull ha destacado que en el congreso de este fin de semana "falta una persona", en alusión a Carles Puigdemont: "No queremos dar sensación de normalidad cuando esta no existe", ha apuntado.

Puigdemont y JxCat se proponen "liderar la alternativa de país" tras mantener durante estos días "un debate muy intenso y positivo", ha añadido el candidato a secretario general.

También ha señalado que la nueva dirección quiere dar paso a una nueva "etapa de apertura hacia toda la sociedad", lo que se refleja en los nombres que la conforman, con menos de la mitad de sus miembros procedentes de la etapa anterior (16 de 31).

Ha defendido, en este sentido, la eliminación del requisito que fijaba en un mínimo de seis meses de militancia el umbral para poder formar parte de la ejecutiva del partido, lo que ha permitido que figuras como Castellà, Casañas o Navarro puedan formar parte de la dirección.

También ha minimizado sus discrepancias con Borràs -que abandona la presidencia de la formación para pasar a encabezar la fundación del partido-, a su juicio amplificadas por los medios de comunicación: "Una cosa es lo que se escribe y otra lo que pasa en realidad. Ha habido mucha literatura", ha asegurado.

Turull ha aprovechado para lanzar diversos dardos a ERC, su rival en el campo independentista, y se ha referido a cuando JxCat decidió abandonar el Govern de Pere Aragonès.

Sin revelar, tampoco hoy, qué votó él en la consulta interna, se ha preguntado "de qué ha servido que algunos tuvieran tanto poder" y se ha mostrado "muy orgulloso" de JxCat: "A nosotros las adversidades no nos dan miedo", ha incidido.

Junts encara su Congreso Nacional en Calella este fin de semana con la casa ordenada. Carles Puigdemont ha presentado su candidatura a la presidencia sin que nadie se atreva a hacerle sombra, Laura Borrás previsiblemente se irá al think tank de Demòcrates, partido que además ha oficializado su fusión con Junts, por lo que compartirán estructura orgánica. A diferencia de ERC, el partido de Carles Puigdemont ha logrado alejar del foco mediático sus disputas internas antes de su Congreso Nacional, si es que las ha habido, concentrando en la figura del carismático líder un punto de unión entre las distintas facciones. Esta semana, Antoni Castellà, líder del partido Demòcrates y posible candidato a una vicepresidencia de Junts lo sintetizaba en dos frases. Que Carles Puigdemont sea el presidente de Junts “es bueno para el independentismo”, uno de los objetivos que continuará persiguiendo el partido pasado el congreso, y además, “es el activo político más importante que tenemos”.

El independentismo perdió en estas elecciones del 2024 la mayoría en el Parlament que ostentaba desde 2015. Para ello, el partido de Puigdemont ha planteado en la ponencia estratégica que debe avalar el Congreso “no repetir los errores del pasado” que han llevado a decepcionar y desmotivar a sus electores, “hacer autocrítica”, y “explicar una hoja de ruta creíble” para que Cataluña pueda ser finalmente “un país independiente”. Para ello será necesario “el liderazgo individual y colectivo” para reconectar con sus anteriores votantes. La ponencia estratégica detalla que es necesario recuperar el gobierno de la Generalitat para “gobernar como un estado”. En este mismo sentido, Carles Puigdemont detalló esta semana que las cuatro razones de ser que inspiran su proyecto político son “nación, progreso, libertad e independencia”.

Quien más peso pierde en la ecuación es Laura Borrás, que dejará la presidencia y pasará a tener un cargo de bajo poder político. El partido concluye así la última fase de apartar de los ámbitos de poder al ‘borrassismo’ meses después del caso Aurora Madaula, quedando fuera de juego uno de los sectores que habían sido más defensores de la unilateralidad.

Para el profesor de la UOC Andreu Paneque este Congreso Nacional será importante para saber si "Junts sigue siendo ese partido del 2017 o pasa a asemejarse al partido del ‘peix al cove’”. Una entrevista en Agenda Pública hecha a David Madí, exasesor de Artur Mas, levantó ampollas durante el proceso de redacción de las ponencias, además de reproches en redes sociales por parte de uno de los redactores de la ponencia estratégica, Agustí Colomines. Madí dijo que “el mandato del 1 de octubre ya es cosa de los libros de historia” y que se debía “resituar un partido”. No obstante, la ponencia estratégica, el posicionamiento de Puigdemont y el del principal líder de la refundada Unió Democràtica, Antoni Castellà, a lo largo de esta semana, dejan claro que la independencia sigue siendo uno de los ejes definitorios del partido y el 1 de octubre el momento fundacional de un mandato a seguir. Para Andreu Paneque, experto en partidos políticos, la definición del eje ideológico de Junts se define en gran medida por “la figura de Puigdemont como líder del partido.”

La ponencia estratégica del partido también apunta a ubicar el partido socialista como antagonista en Catalunya, algo que confirman fuentes del partido. El papel de Carles Puigdemont es mostrarse “como alternativa a Illa en Catalunya”, explican las fuentes. Además, Puigdemont continuará ejerciendo ahora como presidente del partido del grupo negociador con Pedro Sánchez junto a Miriam Nogueras y Jordi Turull, con lo que previsiblemente también será una de las figuras con quien confrontará. Por otro lado, Antoni Castellà ha afirmado este miércoles que “no se alegra” de la guerra interna que vive Esquerra Republicana en Catalunya, y que “no son sus adversarios”, para acabar situando que el primer paso para lograr una hoja de ruta independentista es “lograr una mayoría independentista en el Parlament”.

Tras resolver la incógnita del futuro de Carles Puigdemont y Laura Borrás, el partido ha confirmado también que Jordi Turull seguirá siendo Secretario General. Ahora queda por definir quién ostentará las cuatro vicepresidencias, una de las cuales podría ir a manos del líder de Demòcrates, Antoni Castellà, que esta semana ha dicho públicamente que le gustaría. También queda por definir quien estará en la secretaría de organización, la de finanzas y las 25 vocalías. Según Carles Puigdemont, esta renovación debe permitir que en el partido “crezca el espacio ideológico y la implantación social y territorial”. El partido ha definido con estas tres ponencias, una estratégica, una ideológica y una organizativa, el rumbo que llevará en los próximos años. Tras este proceso de reflexión, fuentes de Junts explican a infoLibre que “no se definen de derechas o de izquierdas” en el eje ideológico, sino “como un partido transversal” en el que hay gente que “de izquierdas, liberales y socialdemócratas”.

“La competición electoral se define por dimensiones” explica el profesor de Ciencia Política de la UOC, Andreu Paneque. “Esta competición puede ser unidimensional, bidimensional o multidimensional en un eje de coordenadas”. El experto en partidos políticos de la UOC explica que durante los años del ‘procés’, el eje ideológico “había perdido importancia” y ahora “vuelve a tenerla”. Y continúa, “Junts se ha tenido que posicionar otra vez tras la aparición de Aliança Catalana”, con quien el partido de Puigdemont no se puede diferenciar en el eje territorial porque ambos son independentistas. 

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar durante este año ha sido el posicionamiento de Junts sobre el eje migratorio, una cuestión que las ponencias políticas de este congreso debían clarificar y que en parte definen el eje ideológico del partido. A finales de 2023, un grupo de alcaldes del Maresme liderados por el alcalde de Calella, municipio que alberga el Congreso Nacional, exigieron poder expulsar a migrantes multirreincidentes. Sobre este tema, fuentes de Junts afirman que el partido “defiende algún retorno legal”, pero que “no hace falta endurecer las leyes” porque “ya son bastante duras”. Fuentes del partido también explican que “cada alcalde tiene su tono” pero que la posición central del partido “es la que hay en la ponencia”, en la que no hay ninguna mención explícita a expulsar a migrantes multirreincidentes.

El primer reto que tendrá Pedro Sánchez tras el Congreso Nacional de Junts con la formación política será lograr sus apoyos para los Presupuestos Generales del Estado. El partido ha ubicado tres exigencias que son una línea roja para aprobar los presupuestos: aumentar el techo de gasto, el traspaso de las competencias en migración, y avanzar para que la Unión Europea incluya el catalán como lengua oficial.

Fuentes de Junts aseguran que la negociación para ampliar el techo de gasto debe ser “la más inmediata”. El partido de Carles Puigdemont quiere una modificación del objetivo de déficit para 2025 que dé a las Comunidades Autónomas un tercio, como mínimo, de la capacidad total de endeudamiento del Estado. Así, si el gobierno prevé reservar 40.000 millones de euros de margen para el déficit, Junts pide que las CCAA puedan tener una capacidad de 13.000 millones, cuando ahora tienen 5.000. Fuentes de Junts apuntan también que la negociación sobre el modelo de financiación, es algo a negociar “después la negociación del techo de gasto”. El partido de Puigdemont pide que la financiación catalana salga del la ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas “porque si no, no resuelve el déficit fiscal”, pero no entra a valorar la propuesta de “financiación singular” que han pactado ERC y PSOE porque “no conocen la propuesta”, de algo que ERC “considera un concierto” y el PSOE “un modelo federal”.

Fuentes del partido también dicen que la negociación del traspaso integral de las competencias en migración “debería pactarse pronto”, porque forma parte del acuerdo para el cual Junts votó a favor de un paquete de Decretos Ley que el gobierno aprobó y también se pactó en el Acuerdo de Bruselas entre el PSOE y Junts. De hecho, el partido de Puigdemont explica en su ponencia política que la migración es un elemento clave para que Catalunya tenga “mentalidad de Estado”. Junts considera en la ponencia que “el problema no es la inmigración”, sino “la falta de políticas claras y herramientas para gestionarla”. Los redactores de la ponencia política, coordinada por Salvador Vergès, asumen que hay “un vínculo intrínseco entre la identidad nacional y la plena integración social”, y promueven la creación de una Agencia Catalana de la Migración, el acceso a clases gratuitas de catalán y el desarrollo de Mesas de Convivencia y Cohesión en ayuntamientos con alta población extranjera, como la que desarrolló el alcalde de Guissona.

Por último, las fuentes consultas de Junts asumen que la negociación del catalán en Europa “puede ser la más lenta”, porque no depende estrictamente del gobierno español sino de la suma de gobiernos de los estados de la Unión Europea.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha relatado este lunes que el expresidente catalán Carles Puigdemont decidió no ir a la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "ante la imposibilidad" de acceder al Parlament por el dispositivo policial que desplegaron los Mossos d'Esquadra en los alrededores de la Cámara catalana, según informa Europa Press.

Turull ha explicado en una entrevista de Rac1 que Puigdemont tenía la idea de acudir al Parlament en algún momento de la sesión de investidura, pero que cambió de idea por el dispositivo policial que se desplegó: "El objetivo de Puigdemont siempre era entrar en el Parlament".

Según Turull, Puigdemont se marchó en un coche desde la zona del Arco de Triunfo de Barcelona, donde se celebró el acto de bienvenida al expresidente, para esconderse en un piso de la zona para "esperar" y decidir si acudía a la investidura o no.

Sobre las 12 y las 13 horas, Puigdemont, acompañado por Turull, tomó la decisión de salir de Cataluña, tras lo que cambió de piso para poder empezar su camino hacia Waterloo (Bélgica), aunque se quedó en la capital catalana hasta las 20 horas de ese mismo día, cuando la Operación Jaula de los Mossos ya se había desactivado.

El expresidente catalán se fue de Barcelona sentado en la parte de atrás de un coche, aunque Turull no ha querido detallar que ruta siguieron por "seguridad".

Preguntado por el objetivo político de la acción, Turull ha defendido que se optó por la "confrontación" y que Puigdemont quería evitar que los Mossos detuvieran a un expresidente de la Generalitat. "El que dio pena e hizo el ridículo fue la dirección política de los Mossos", y ha asegurado que le sorprendió mucho la rueda de prensa posterior del ahora exconseller de Interior Joan Ignasi Elena (ERC) para explicar el dispositivo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha asegurado que el juzgado de guardias de incidencias de Barcelona "no tiene abierta ninguna diligencia" ni tampoco ha ordenado ninguna detención ni citación para tomar declaración "de ninguna persona" en relación con la fuga del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

La nota del tribunal da respuesta a una información de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, habría sido llamado a declarar por el juez o incluso, que el magistrado habría ordenado su detención por presunto delito de obstrucción a la justicia por su supuesta participación en la huida del expresidente Puigdemont.

Por su parte, fuentes oficiales de Mossos d'Esquadra sostienen que desde el cuerpo "se valora la imputación o detención" de Turull, aunque por el momento no han emitido ninguna orden de detención. La Comisaría General de Información instruye las responsabilidades penales de los que han colaborado, según un comunicado de Mossos d'Esquadra.

El secretario general de Junts ha llegado junto al expresident al acto donde este reaparecía en Barcelona después de su estancia en Bélgica huido de la Justicia española. Puigdemont se ha dirigido a los simpatizantes durante unos minutos en un discurso, para después huir de nuevo sin que los Mossos d'Esquadra hayan podido detenerle. En estos momentos, el expresident continúa en paradero desconocido, una situación a la que supuestamente habría contribuido Turull según la policía catalana.

Jordi Turull es el nombre que se repite entre los socialistas como pieza "clave” dentro de Junts para engrasar la relación entre partidos y lograr que aguante la legislatura. En La Moncloa y en Ferraz lo ven como el alma más posibilista dentro del espacio posconvergente y entienden que es el puente para mejorar las negociaciones y profundizar en el entendimiento.

El secretario general de Junts es el enlace directo para las negociaciones con los posconvergentes y tiene como principal interlocutor en Ferraz al secretario de Organización, Santos Cerdán. Los dos se han citado este miércoles en el Congreso de los Diputados para ver cómo pueden encarar los próximos procesos de negociación entre el PSOE y Junts para que no se repita la jornada de vértigo que se vivió la semana pasada en el Senado para sacar adelante los decretos clave del Ejecutivo. No obstante, en la dirección socialista deslizan que la situación está más normalizada y que no está tan inflado el suflé como indican los titulares.

En el PSOE, según varias fuentes consultadas, ponen de relieve el papel de Turull y califican de imprescindible la labor que desempeñó para que la negociación de investidura llegara a buen puerto. Él se trasladó varias veces a Bruselas y fue el encargado de sellar el acuerdo final con Cerdán después de madrugadas de insomnio e intercambio de papeles. 

La noche del 23 de julio fue el propio presidente del Gobierno quien encargó a su secretario de Organización que emprendiera las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont para explorar las posibilidades de un acuerdo. El dirigente socialista se echó a la espalda esa tarea con la ayuda del PNV, cuya intermediación fue vital. Precisamente había sido el peneuvista Andoni Ortuzar el que había facilitado el primer encuentro entre Turull y Cerdán en un caserío a las afueras de Bilbao antes de las elecciones municipales del 28M.

Una de las máximas que se han marcado durante este tiempo Cerdán y Turull es la discreción, algo que entendían como fundamental para poder avanzar en las negociaciones. Pero ahora los dos creen que hay que afinar esa relación tras esa negociación in extremis de los decretos. De hecho, el propio Turull se reunió con los socialistas la tarde anterior para tratar de llegar a acuerdos. En esos contactos, Junts mandó el mensaje directo de que había que cambiar la forma de negociar y pidió que el Gobierno pacte antes las normas que salen del Consejo de Ministros. 

El Ejecutivo ha hecho propósito de enmienda y quiere cambiar esta dinámica. La Moncloa tiene previsto tirar menos de decretos leyes y utilizar más la vía de proyectos de ley, además de tratar de cuidar más el diálogo con los socios. No obstante, también en el Ejecutivo son conscientes de que sus socios no van a desaprovechar la oportunidad de negociar hasta el último minuto, una herramienta que les da poder para arañar más objetivos antes de pulsar el botón.

El espacio posconvergente es un magma diferente a la organización tradicional de los partidos, con la clave de bóveda situada en Carles Puigdemont, que suele tener la palabra final desde Bélgica. Pero las otras dos personas esenciales para la negociación, como reconocen en Junts, son Turull y Míriam Nogueras, que son los que hablan normalmente con los socialistas. Se da la circunstancia, no como pasa con otros partidos, de que los líderes no tienen contacto directo. Sánchez no habla con Puigdemont, algo que va a cambiar cuando se apruebe la ley de amnistía. Entonces el presidente del Gobierno tiene previsto reunirse con el expresident, dentro de su intención de que 2024 sea el año de la total normalización de las relaciones con todos los socios que apoyan la investidura. También se verá con Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, pero los contactos con este partido se realizan principalmente a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien fue el que habló con la Generalitat para explicar el acuerdo que se había alcanzado con Junts.

Turull ha expresado en innumerables ocasiones la “desconfianza” que hay con el PSOE, pero también ha mostrado públicamente los aspectos positivos de tener a Santos Cerdán como interlocutor. Según confesó en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio, considera que Cerdán habla de manera “muy honesta y muy clara”. Además, el posconvergente valora especialmente que el socialista tiene una “conexión muy directa” con Pedro Sánchez y hace saber lo que “es posible y lo que no es posible”. Algo que agradece a pesar de estar en las “antípodas” políticas.

La reunión entre Cerdán y Turull lega con el debate sobre la mesa de qué puede incluir la futura ley orgánica para la delegación “integral” de competencias en materia de inmigración a la Generalitat, que se pactó entre el PSOE y Junts para sacar adelante los decretos. Desde el partido independentista se ha llegado a afirmar que quieren puntos como la posibilidad de expulsar migrantes multirreincidentes o controlar el flujo migratorio. Pero desde el Gobierno se ha rebajado ese futuro contenido y el propio presidente del Gobierno afirmó que es competencia del Estado el control de las fronteras, en virtud del artículo 149 de la Constitución.

Desde el Gobierno se habla de que hay posibilidad de explorar la delegación de algunas competencias en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, pero no se aclara en qué materias se puede concretar este acuerdo. Además, esta ley orgánica no dependerá sólo del PSOE y Junts, sino que tiene que contar con todos los grupos de la investidura (Sumar, EH Bildu, PNV, Esquerra y BNG).

El secretario general de Junts también ha insistido estos días en que su objetivo final es el referéndum: “Si el Estado se niega en redondo, colorín colorado”. Y agregó en TV3: "Si no lo hay, lo habremos intentado. Lo único que puede quitar legitimidad al referéndum del 1-O y a la DUI es un referéndum vinculante y pactado con el Estado". A pesar de las declaraciones de Junts, en el Gobierno ponen durante estas horas mucho énfasis en que todos los acuerdos que se han alcanzado con los de Carles Puigdemont conllevan por escrito el reconocimiento de la Constitución. En el caso de la inmigración, se hace una referencia a que se hará en virtud del artículo 150.2 de la Carta Magna. Por eso, en La Moncloa remarcan que esto supone que partidos como Junts, que llamaban a boicotear el Estado, ahora hacen política dentro de los parámetros establecidos. Además, subrayan que se han llegado a acuerdos que no han ocupado titulares pero que suponen beneficios en el día a día de todos los ciudadanos como la rebaja al 0% del IVA para el aceite.

El trepidante Pleno del Congreso del miércoles para convalidar los reales decretos tendrá reverberaciones durante meses en la política española. Y el pacto entre el PSOE y Junts para sacar adelante los textos del Gobierno conlleva, según reveló el partido posconvergente, la “delegación integral” de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña a través de una futura ley orgánica.

Esto ha abierto un mar de dudas y un frente político por las consecuencias que puede tener este movimiento entre administraciones pues el artículo 149.2 de la Constitución Española marca expresamente que el Estado tiene competencia “exclusiva” en materia de “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. La derecha se ha echado encima del acuerdo al entender que eso supone un paso más hacia el Estado catalán.

El comunicado que emitió Junts el miércoles por la tarde recogía que se hará en virtud de la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución Española, que contempla que el Estado puede “transferir o delegar” en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles. Los posconvergentes explicaban que esto irá acompañado “de los recursos necesarios” y “permitirá a Cataluña hacer una política integral” para que el Govern y el Parlament sean quienes determinen “una política propia y adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país”.

El hecho de que se trate de una ley orgánica conlleva que su contenido no pueda ser sólo pactado por el PSOE y Junts, ya que este tipo de normas sólo pueden salir adelante en el Congreso por mayoría absoluta (al menos 176 diputados). Por lo tanto, haría falta que se negocie y acuerdo por parte de todo el bloque de investidura para tener luz verde finalmente (lo que incluye a Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG, descartándose acuerdos con el PP o Vox).

Esto supondrá negociar con todos los partidos, con sensibilidades diferentes sobre estas cuestiones. Y, además, se añade el factor del PNV, que estará muy pendiente de la cuestión pues, como recordó el jueves el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, el Gobierno central debe "plasmar ya" el compromiso para la transferencia a Euskadi de la política de inmigración que ya reclamó la legislatura pasada.

A pesar del revuelo político y mediático, Cataluña ya tiene competencias en asuntos de esta materia en su actual Estatuto de Autonomía. El artículo 138 se titular “Inmigración” y recoge que corresponde a la Generalitat, por ejemplo, “la competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas inmigradas, que incluirá las actuaciones socio-sanitarias y de orientación” y “el desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de sus competencias”.

Además, el texto le da esa competencia “en el establecimiento y la regulación de las medidas necesarias para la integración social y económica de las personas inmigradas y para su participación social” y “el establecimiento por ley de un marco de referencia para la acogida e integración de las personas inmigradas”. Incluye al hilo: la promoción y la integración de las personas regresadas y la ayuda a las mismas, impulsando las políticas y las medidas pertinentes que faciliten su regreso a Cataluña.

El Estatut también establece que le corresponde a la Generalitat “la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña”. Esta competencia abarca la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena y la aplicación del régimen de inspección y sanción. De hecho, se materializó en 2009 a través de un real decreto, que también incluyó el traspaso de 1,3 millones de euros por parte del Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero.

El texto estatutario, aprobado por las Cortes y validado en referéndum, recoge un tercer apartado que fija que corresponde a la Generalitat “la participación en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Cataluña y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros”.

Este artículo 138 en su conjunto fue uno de los puntos que intentó tumbar el PP con su recurso contra el Estatut, pero el Tribunal Constitucional estimó finalmente que se ajustaba a la ley de leyes. En la sentencia se plasmaba que ha de interpretarse en el sentido de que la referencia a la “inmigración” no se corresponde con esta materia constitucional, competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.2 CE), sino con otras materias sobre las que puede asumir competencias la Comunidad Autónoma.

El argumento desarrollado por el Alto Tribunal es que tiene cabida ese artículo porque hace referencia a la actuación de la comunidad sobre potestades y competencias que se le atribuyen como los servicios sociales, la sanidad, la educación o la vivienda. 

De hecho, el Tribunal hacía mención a lo que había señalado la propia Abogacía del Estado: “La evolución del fenómeno inmigratorio en España impide configurar la competencia estatal (149.1.2) como un título horizontal de alcance ilimitado que enerve los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas de carácter sectorial con evidente incidencia en la población migratoria, en relación con la cual han adquirido especial importancia las prestaciones de determinados servicios sociales y las correspondientes políticas públicas”. Por lo que ese artículo se salvó del recorte precisamente por enmarcarse ese “contexto de la integración social y económica inmigrante” dentro del conjunto de “competencias o potestades de evidente carácter asistencial y social” que se recogía en el 138, pero: “En ningún caso puede entenderse que releguen la competencia exclusiva que el Estado ostenta en materia de inmigración”.

La pregunta ahora es qué puede asumir la Generalitat. El comunicado de Junts no citaba ningún aspecto concreto, mientras que el PSOE no emitió ninguna nota especificando en qué consistía el acuerdo. Pero 24 horas después diferentes dirigentes de Junts han empezado a despejar algunas de las aspiraciones que tienen (aunque ellos no las tendrían que aplicar porque la Generalitat está en manos de ERC después de que los posconvergentes abandonaran la coalición en octubre de 2022).

El secretario general de Junts, Jordi Turull, señaló este jueves que el acuerdo es político pero que ahora hay que negociar la letra de cara a la futura ley. Reconoció que aspiran a que Cataluña pueda llegar, por ejemplo, a decidir sobre la expulsión de migrantes multirreincidentes y tenga competencia en los permisos de residencia y el control de los flujos migratorios. Lo que rechaza el líder independentista es que se quede en una simple “encomienda de gestión”.

También desde Junts, Laura Borràs consideró que "es evidente que Cataluña debe poder gestionar y regular un tema tan importante y fundamental como los flujos migratorios y su impacto". Indicó que "Cataluña recibe un flujo migratorio superior a la población que representa del conjunto del Estado y debe poder estar en disposición de gestionar en condiciones este fenómeno y gestionar de manera integral estas competencias, con todas las derivadas que comporta, desde temas lingüísticos a temas fronterizos". 

El Gobierno, en cambio, no ha hecho ninguna concreción sobre materias y emplaza a la negociación de la futura ley orgánica. Pero la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sí está circunscribiendo a “delegaciones” de gestión y no al traspaso de la competencia en sí, que la Constitución enmarca como exclusiva del Estado y que es ejecutada por diversos ministerios, como los de Interior, Exteriores e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La también ministra de Hacienda reiteró durante el jueves que lo que se ha acordado es una “delegación de competencias, al amparo de la Constitución y de la normativa del derecho comunitario”. La dirigente socialista remarcó que es una materia “compleja” y ahora se tendrá que ir concretando durante la elaboración de la ley orgánica, que requiere del consenso de los grupos parlamentarios.

“Lo que se hace es una delegación de competencias, no la transferencia de la titularidad, que sigue siendo del Estado”, repitió en una entrevista en Al Rojo Vivo la ‘número dos’ del Gobierno, que señaló que ahora hay que delimitar el perímetro de aplicación. Otro de los asuntos, como reconoció, en los que Junts está interesado es en la integración de las personas migrantes con el dominio de la lengua. La vicepresidenta también explicó que ninguna otra autonomía ha expresado su interés por ese proceso y que el Gobierno seguirá aplicando la “cogobernanza” en esta cuestión con comunidades afectadas especialmente como Canarias. Desde el Ministerio del Interior, pieza clave en este proceso, se indica, según fuentes consultadas, que "los límites que se acuerden estarán dentro de la Constitución".

Se da la circunstancia de que tendría que ser ERC quien gestionara esa ley si sale del Congreso al presidir la Generalitat. El Govern rebajó las expectativas del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts con la afirmación de la portavoz, Laura Vilagrà, de que “sólo hay compromisos difusos, no hay concreción ni letra pequeña”. De hecho pidió a La Moncloa que explique más detalladamente su plan, a la vez que por la mañana el propio titular de Presidencia, Félix Bolaños, mantenía contactos discretos con el Ejecutivo catalán. Con este mensaje de los republicanos además para Junts, su competencia electoral: "Simplemente, bienvenidos a la negociación. Si somos capaces de hacerlo bien, podemos conseguir competencias importantes para la ciudadanía".

La Ejecutiva de Junts ha decidido no salir por ahora del Govern y dar margen hasta el domingo para negociar con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre el cumplimiento del acuerdo de gobierno, y después dejará en manos de su militancia la decisión de continuar o no en el Ejecutivo catalán en una consulta que celebrará el 6 y 7 de octubre. Así lo han anunciado según recoge Europa Press la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general del partido, Jordi Turull, en rueda de prensa este jueves desde la sede de la formación en Barcelona, después de nueve horas de reunión de la Ejecutiva tras el cese de Jordi Puigneró como vicepresidente del Govern.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cesó este miércoles a Puigneró por no haberle informado de que Junts le pediría someterse a una cuestión de confianza, una decisión que Junts calificó de "error histórico".

Turull ha explicado que la Ejecutiva ha aprobado por unanimidad trasladarle a Aragonès que están dispuestos a negociar hasta el domingo la "concreción" del acuerdo de gobierno, unas conversaciones en las que expondrán las condiciones, garantías y plazos que fijan para que se cumpla este acuerdo.

Ha detallado que las conversaciones se centrarán en los tres puntos del acuerdo que consideran que se están incumpliendo: el impulso de una dirección estratégica independentista, la negociación de amnistía y autodeterminación en la mesa de diálogo y la coordinación de las fuerzas independentistas en el Congreso y el Senado.

Turull ha descartado concretar qué condiciones, garantías y plazos exigirán a Aragonès, porque no quieren que el presidente se entere por los medios de comunicación, y se ha emplazado a negociar durante el fin de semana para intentar ponerse de acuerdo: "Dedicaremos las horas que hagan falta", ha destacado.

En función de lo que ocurra durante las negociaciones del fin de semana, la Ejecutiva del partido se reunirá el lunes y formulará la pregunta que se realizará en la consulta a la militancia del 6 y 7 de octubre, algo que forma parte del "compromiso congresual" que fue aprobado por el partido en su último Congreso Nacional.

Borràs ha afirmado que la decisión de fijar la consulta el 6 y 7 de octubre también ha sido tomada por unanimidad por la Ejecutiva del partido, y ha subrayado que la formulación de la cuestión será "clara e inequívoca" y la abordarán desde el máximo rigor, seriedad y compromiso. "Los afiliados tendrán absoluta libertad de voto", ha aclarado al ser preguntada por si la Ejecutiva se pronunciará sobre si Junts debe salirse o quedarse en el Govern, y también ha añadido que no se trata de hacer campaña a favor o en contra de una posición u otra.

También ha aclarado que mientras dure la negociación con Aragonès y la consulta a la militancia, Junts no propondrá sustituto para Puigneró: "Debemos dar margen a la negociación. ¿Ocuparemos la vicepresidencia del Govern? La respuesta es que no, no lo haremos". Ha insistido en que hasta que no haya un resultado de la consulta a los afiliados no se tomarán "otras acciones y decisiones", y Turull ha recordado que dentro de las competencias de Junts no está la de decidir quién asumirá las competencias de Puigneró mientras su puesto esté vacante.

El secretario general de Junts también ha explicado que durante este jueves no ha habido "ningún tipo de contacto" con el presidente de la Generalitat, con quien se reunió el miércoles por la noche, y ha añadido que después de esta rueda de prensa le comunicarían lo que ha decidido la Ejecutiva del partido.

Sobre si mantendrán que Aragonès se someta a una cuestión de confianza, Turull ha respondido si no se cumple el acuerdo de gobierno consideran que Aragonès "debería ir por ahí", pero ha insistido en que están concentrados en las negociaciones del fin de semana. Turull también ha concretado que por parte de Junts las negociaciones las llevará a cabo "quien esté más fresco y quien mejor lo pueda hacer".

Por su parte, fuentes de Presidencia de la Generalitat aseguran que Aragonès considera que no hay ningún cambio en la decisión de la Ejecutiva de Junts y les pide que "respondan claramente si quieren Govern u oposición". "Observamos que no hay novedades y que tampoco ha habido un posicionamiento sobre la cuestión de confianza", han subrayado las fuentes ya citadas.

Estas fuentes han criticado que Aragonès no conoce los detalles de la propuesta que le plantea Junts para negociar las tres demandas que le hacen: establecer una dirección estratégica independentista, que la mesa de diálogo se centre exclusivamente en la autodeterminación y la amnistía, y la coordinación de ERC y Junts en el Congreso.

Han insistido en que el martes en el Debate de Política General Aragonès "fue claro" en su respuesta a estos tres puntos -mostró su disposición a hablar sobre estas tres demandas- y han defendido que ahora mismo Cataluña y el Govern necesitan estabilidad para dar respuestas a la ciudadanía en el contexto económico y social actual. "El presidente ya dijo que quiere mantener la coalición con Junts pero pide que respondan claramente si quieren ser Govern o oposición", han advertido desde el Palau de la Generalitat.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado este miércoles que España violó los derechos políticos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de los ex consejeros Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al suspenderlos de sus funciones públicas tras ser procesados por rebelión porque se hizo antes de que existiera una condena por el procés, según informa Europa Press.

Llega a esa conclusión tras examinar la denuncia de los cuatro exdirigentes catalanes que, durante su detención preventiva, presentaron su caso ante el Comité alegando que la suspensión de sus funciones, previa a la existencia de una condena, violaba sus derechos políticos en virtud del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Gobierno de España, por contra, alegó que los cuatro aceptaron ser sustituidos por otros diputados de su grupo parlamentario mientras durara su suspensión. Y apuntaba que, excepto Romeva, "los autores renunciaron el 17 de mayo de 2019 a su acta de diputados autonómicos para asumir como diputados en el Congreso de los Diputados" tras ser elegidos en las elecciones generales de abril de 2019.

Además, los servicios jurídicos del Estado recordaban que el 14 de octubre de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a los autores no por el delito de rebelión sino por el de sedición, y que "se levantó de forma inmediata la suspensión de Romeva como diputado autonómico". El dictamen también recoge que el Gobierno destacó en sus alegaciones a la denuncia de los exmiembros del Govern que el 22 de junio de 2021, "en aras de la utilidad pública, indultó la pena de cárcel a los autores".

En el dictamen de este comité, de 18 páginas y que ha recogido Europa Press, se explica que los cuatro fueron procesados y condenados por su participación en el referéndum independentista y en los hechos posteriores que llevaron al Parlamento de Cataluña a declarar la independencia en octubre de 2017.

Junqueras y los tres consejeros fueron procesados, junto con otros líderes, por el delito de rebelión, que exige un alzamiento violento contra el orden constitucional. En julio de 2018, fueron suspendidos de sus cargos como diputados de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios solo cuando se les acusa de rebelión.

Sin embargo, finalmente en octubre de 2019 fueron condenados por sedición, que, a diferencia del delito de rebelión, no exige el elemento de violencia, levantándose consecuentemente la suspensión en su contra.

Tras exponer las alegaciones y los motivos de admisibilidad de la denuncia, el Comité entra a analizar el fondo y recuerda que, "dado que las suspensiones excepcionales de funciones públicas son impuestas de forma previa a la existencia de una condena, los estándares necesarios para la compatibilidad de estas suspensiones con el Pacto -del Comité de la ONU- serían, en principio, más estrictos que aquellos aplicados con posterioridad a la existencia de una condena".

El Comité considera que España "no ha demostrado" que la aplicación de las leyes nacionales que prevén la suspensión en el cargo se haya llevado a cabo cumpliendo "con el requisito de previsibilidad exigido por el artículo 25 del Pacto". "En las circunstancias del presente caso, una aplicación del derecho interno que resulte automáticamente en la suspensión de funciones de oficiales electos, por presuntos delitos sobre la base de hechos públicos y pacíficos, con anterioridad a la existencia de una condena, precluye un análisis individualizado de la proporcionalidad de la medida y no puede por ende considerarse que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos", señala.

Así, al entender que la decisión no se basó en motivos razonables ni objetivos, dictamina que se violó el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recoge el derecho a "votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores".

Por eso, recuerda que el Estado ahora tiene la obligación de proporcionar a los denunciantes un recurso efectivo, y ello "requiere una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados". Pero añade que el Comité considera que, en el presente caso, su dictamen sobre el fondo de la reclamación "constituye una reparación suficiente para la violación dictaminada".

Asimismo, recuerda que España debe ahora "garantizar una reparación efectiva y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación" por lo que indica que el Comité "desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen". "Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité y que le dé amplia difusión", concluye.

Junqueras ha celebrado este dictamen: "Nos da la razón". En varios apuntes en Twitter recogidos por Europa Press, Junqueras ha afirmado que esta resolución también evidencia "que España no puede seguir con estas prácticas represivas contra el independentismo", y ha defendido que la única salida es la amnistía.

Romeva ha calificado el dictamen como un paso importante para el movimiento independentista y una mala noticia para el Estado: "No pueden seguir justificándose, ¡amnistía!", ha destacado.

Jordi Turull y Josep Rull también han celebrado como una "victoria" del independentismo contra el Estado. Turull ha afirmado en un apunte en Twitter, recogido por Europa Press, que está "muy contento de esta nueva victoria internacional del independentismo contra al Estado español y sus represores con toga".

En una entrevista de Cataluña Ràdio, recogida por Europa Press, el secretario general de Junts ha dicho que está satisfecho con el dictamen porque "es una victoria clara del independentismo frente al Estado" español. También ha afirmado que este dictamen genera un precedente para que, ante "según qué actos de represión, se lo piensen dos veces", y ha añadido que da esperanzas para que tenga consecuencias jurídicas en los diferentes tribunales europeos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha asegurado que este dictamen muestra "la arbitrariedad de la justicia española". En varios tuits este miércoles recogidos por Europa Press, el presidente catalán ha calificado de importantísimo este dictamen de Naciones Unidas, y ha afirmado que "la represión y vulneración de derechos fundamentales son límites que nunca se deberían de haber cruzado".

"Hoy, de nuevo, la arbitrariedad de la justicia española deja al descubierto a ojos del mundo las vergüenzas del Estado", ha defendido Aragonés. Considera que no solo se han "violado gravemente los derechos humanos" de los expolíticos, sino también los de todos los catalanes. "Hoy, como siempre, reafirmamos nuestras convicciones por la democracia y las libertades. Por la amnistía y la independencia", ha zanjado el presidente del Ejecutivo catalán.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrado este dictamen sobre los expresos del 1-O y ha asegurado que es "otro bofetón desde Naciones Unidas en la cara del Estado español por la violación de derechos políticos".

"Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia y tendrían que asumir responsabilidades. Dieron un golpe a la democracia", ha escrito en un tuit de este miércoles, recogido por Europa Press.

El coordinador de la ponencia política en el congreso de Junts, Aleix Sarri, ha dicho este sábado que dan por acabada la mesa de diálogo Generalitat-Gobierno y que mantienen la voluntad de consultar a las bases si el partido debe seguir formando parte o no del Govern. En rueda de prensa en la Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde celebran la segunda parte de su congreso, también ha explicado que evaluarán antes de las elecciones municipales de 2023 si deben romper el pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona, según recoge Europa Press.

La ponencia reza que la dirección de Junts impulsará pactos y acuerdos de gobierno con fuerzas independentistas y unidad de acción al frente de las instituciones catalanas, y que, cuando el balance de los acuerdos no cumplan estas condiciones, "será necesario renunciar o replantearlos". "Cualquier decisión se tomará caso por caso, habiendo escuchado a los representantes de Junts de cada territorio y teniendo en cuenta el balance de las acciones concretas del Govern", ha leído Sarri del texto al preguntársele sobre el pacto del partido con los socialistas en la Diputación de Barcelona.

De cara a las elecciones municipales, mantienen la prioridad de pactar con partidos independentistas pero respetarán la autonomía local "teniendo en cuenta las diferentes realidades territoriales", siempre que el acuerdo permita aplicar el programa de Junts y defender sus propuestas. Y añaden en el documento que, en relación a los pactos supramunicipales -diputaciones y consejos comarcales-, "mientras haya exiliados y represaliados, Junts pactará de forma muy prioritaria con partidos que acepten el derecho a la autodeterminación y condenen la represión".

Este redactado también se ha incluido en la ponencia municipal, que ha coordinado Jordi Fàbrega, que en rueda de prensa ha explicado que el texto acordado supone "un punto de partida de aquí en adelante". "Este redactado nos marca una hoja de ruta a seguir a partir de ahora, y mirando a las municipales de junio, este pacto -el de la Diputación de Barcelona- sería muy complicado de aquí a 2023 si no cambian mucho las cosas", ha precisado.

Junts también propondrá al resto de partidos independentistas un pacto para asegurar "que el máximo de alcaldías y entes municipales y supramunicipales sean liderados por el independentismo".

En la ponencia política, el partido defiende que tienen un "manual propio" para hacer posible la independencia, así como que están en el Govern para avanzar en este objetivo, y que por eso quieren hacer un balance del grado de cumplimiento del acuerdo de gobierno con ERC. "La ponencia permite replantear el acuerdo de gobierno si no se avanza en esta línea y ponerlo potencialmente a consulta de la militancia", ha explicado Sarri, que también ha añadido que el quinto aniversario del 1-O este año debe suponer un punto de inflexión en la voluntad de culminar la independencia.

Sobre la mesa de diálogo, Sarri ha asegurado que hay consenso en darla por acabada porque consideran que es "perjudicial" dentro de Cataluñaa y a nivel internacional, y porque creen que no ha dado frutos ni resultados suficientemente tangibles, en sus palabras. Además, el documento reafirma la política de Junts ante el Ejecutivo central y que su estabilidad "no es un objetivo" de la formación, dejando claro que cualquier cambio de posición deberá ser avalada por la militancia.

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado la mesa de diálogo después de que el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Genealitat, Pere Aragonès, acordaran que se volverá a reunir a finales de julio: "Más que una mesa iría bien que crearan un grupo de Whatsapp, como hacen la mayoría de mortales para encontrarse en algún sitio".

En su intervención al inicio de la segunda parte del congreso de Junts, también ha asegurado que no se dejarán "arrastrar por cantos de sirena interesados y envenenados" del PSOE. "Para hacer de socorristas de un naufragio electoral y político del PSOE, que se busquen otros socorristas", ha aseverado.

La líder de Junts, Laura Borràs, ha asegurado por su parte que "la represión es una estructura del Estado" y ha pedido prestigiar el Parlament después de que la Fiscalía pidiera condenarla a seis años de cárcel y a 21 de inhabilitación por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

En su intervención, la también presidenta del Parlament ha recordado que Òmnium Cultural actualizó su "marcador de la represión, y hay más de 4.200 personas represaliados". "Y no son sólo 4.200 personas, son también sus familias, amigos, entornos y organizaciones. Esto confirma que la represión es una estructura del Estado, y sé de lo que os hablo", ha destacado Borràs, que ha dado las gracias a los militantes de la formación por brindarle su apoyo.

En su opinión, las muestras de empatía que ha recibido demuestran que Junts "no es ni inhumano ni indiferente ante las injusticias", y cree que prestigiar el Parlament supone seguir adelante independientemente de lo que quiera el Estado.

Según Borràs, el Estado les quiere "arrodillados y atemorizados" pero ha reivindicado que Junts está por la defensa de los derechos civiles y políticos cada día, ha dicho. "En un mes y medio hemos vivido que la agenda del reencuentro y la concordia es la agenda de la judicialización creciente de las circunstancias de nuestra vida política. Esto sólo quiere llevar a la parálisis, a la anestesia y a la rendición", ha avisado la presidenta del partido.