El número de nacimientos en 2025 creció por primera vez en una década aunque apenas un 1%, hubo 321.164, y van acompañados de un retraso de la edad de maternidad; mientras que las defunciones aumentaron el 2,5%, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sigue en negativo, según informa EFE.

Son datos de la Estadística publicada este miércoles por el INE de la estimación mensual de nacimientos y defunciones al cierre de 2025, por lo que advierte de que son provisionales y se podrían revisar en los próximos meses.

Respecto a las defunciones, se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior. El crecimiento vegetativo presentó un saldo negativo de 122.167 personas. Por meses, hubo más nacimientos en octubre y septiembre, mientras que nacieron menos niños en febrero y junio. Respecto a las muertes, se registraron más en enero y diciembre, mientras que fue septiembre el mes con menos fallecimientos.

Aunque en la última década el número de nacimientos ha sufrido una tendencia a la baja, en 2025 ha experimentado un ligero ascenso, son 3.159 más, rompiendo así la tendencia de la última década, aunque incide en que los datos son provisionales. Así, los nacimientos han ido registrando descensos año a año desde los 420.290 en 2015, hasta 318.005 en 2024 y comienza el ligero aumento en 2025 con 321.164 bebés.

Respecto al retraso en la edad de maternidad, mientras que en 2015 el 7,8% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%, en términos relativos. En octubre (28.711) y septiembre (28.256) hubo más nacimientos, mientras que los meses con menos fueron febrero (24.316) y junio (25.804).

Durante 2025 se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior (10.864 personas).

Los mayores porcentajes de descensos de fallecidos fueron entre los menores de 0 a 4 años (el 8,2% menos que en 2024), y es incluso mayor la reducción en el caso de los varones de esa franja (el 12,9%). En cambio, aumentaron en mayor medida las muertes entre las personas de 80 a 84 años (el 6%) y el mayor aumento de la tabla se observó en los varones de 5 a 29 años (6,6 %). 

El saldo vegetativo de la población (la diferencia entre nacimientos y defunciones de residentes ocurridos en España) fue negativo en 122.167 personas, según los datos provisionales del año 2025. 

Los mayores incrementos en el número de nacimientos se registraron en la Comunidad de Madrid (3,3%) y País Vasco (3%); los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (10,1%) y Ceuta (6,6%), y Baleares (2,6%).

En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%), y Canarias (5,9%). El mayor descenso se registró en La Rioja (3,7%).

El crecimiento vegetativo fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en la Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32). Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (19.894), Castilla y León (16.318) y Andalucía (15.509).

En agosto de 2024 una joven de 17 años, que estaba embarazada de 39 semanas, dio a luz en Burgos. Tras pasar por una cesárea, nació un niño que pesó tres kilos y medio. Pero no fue madre ella sola, tuvo al bebé junto a un hombre de 52 años. 

El padre de la criatura le sacaba 35 años. Ese nacimiento es el de mayor diferencia de edad entre ambos progenitores siendo uno de ellos menor de edad que tuvo lugar en 2024 en España. Pero no es un caso tan aislado como pueda parecer. Cada año decenas de hombres mayores de 30 años dejan embarazadas a menores de edad en nuestro país. 

Solo en 2024 hubo 63 nacimientos de esas características. Es una de las conclusiones del análisis que ha realizado infoLibre de los microdatos de la estadística de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La situación es clara: aún hoy se producen numerosos embarazos de chicas menores de edad y en muchas ocasiones el padre de la criatura es mucho mayor que ellas.

Al fijarse en los últimos cinco años, entre 2020 y 2024 —último ejercicio para el que hay datos disponibles de la estadística del INE—, la cifra sube hasta 335 menores de edad que han sido madres con un señor de más de 30 años.

El caso de Burgos es el de mayor diferencia de edad. Pero no es el único. En 2024 hubo 25 nacimientos en los que uno de los progenitores era menor de edad y la diferencia entre ambos era de al menos 20 años. Los siguientes con mayor diferencia se dieron en Valencia, donde una chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 51, y en Toledo, donde otra chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 49.

El patrón suele ser siempre el mismo: la madre ocupa el papel del progenitor de menor edad. Así pasó en 23 de esos 25 casos. Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children en España, explica que "hay una razón cultural" para ello. 

"Se debe a la desigualdad de género y a cómo se concibe al hombre y a la mujer en la sociedad. Es parte del heteropatriarcado. Las niñas y las adolescentes están hipersexualizadas y, además, existen los mitos del amor romántico entre un hombre adulto maduro y una chica joven que no se dan a la inversa", cuenta la experta.

Estos embarazos, además, es fácil que escondan casos de abuso sexual infantil. "A un hombre de más de 30 años con una chica menor de 18 les separa una diferencia muy grande. Habría que estudiar caso a caso, pero es raro que se den relaciones consentidas y seguras", explica Perazzo.

Lo cierto es que a pesar de que en los últimos años han disminuido los embarazos infantiles en España, siguen produciéndose casos preocupantes. Como desvelaba infoLibre, aún a día de hoy hay niñas de menos de 16 años que se quedan embarazadas y dan a luz a hijos de hombres adultos. Más de 50 casos de ese tipo en los últimos cinco años.

Si en lugar de analizar únicamente los casos de menores de 16 años se amplía a todas las menores de edad —la propia OMS considera como infancia a todas las personas por debajo de los 18 años—, los casos se multiplican. 

Como ya se ha mencionado, ha habido más de 300 casos de menores de 18 años que han tenido hijos con hombres de más de 30 años en los últimos cinco años. Pero, de la misma forma, si en lugar de esa edad para los padres, se considera a todos los que tienen más de 25 años, la cifra escala por encima de los 800 casos.

En los últimos cinco años 841 niñas y adolescentes menores de edad han tenido un hijo junto a un hombre que tenía al menos 25 años. No solo la cifra es elevada, sino que es muy superior al fenómeno contrario. En ese mismo tiempo ha habido 52 chicos menores de edad que han sido padres junto a una madre de al menos 25 años.

Lo mismo sucede con el dato de 56 casos de niñas de menos de 16 años siendo madres con hombres adultos. Por contra, solo en una ocasión un niño menor de 16 ha tenido un hijo con una mujer de al menos 25 años. Pasó en 2023, cuando una mujer de 35 años dio a luz en Ceuta a una bebé fruto de su relación con un niño de 14 años.

"Estamos hablando en todos los casos de cómo se enfrentan los y las adolescentes a la sexualidad y a las relaciones con personas adultas. Por tanto, va a existir un desequilibrio de poder y una relación desigual por la diferencia de edad y madurez. Pero en el caso de los chicos los casos son poco significativos. Las cifras de violencia hacia las mujeres muestran algo mucho más estructural y por eso es necesario que pongamos ahí el foco", explica Perazzo.

De hecho, la tendencia es clara y suele situar a los hombres como los que más tienen hijos con menores de edad. Cada año unos diez hombres mayores de 40 años son padres junto a chicas que aún no tienen derecho a voto. En 2024 se registraron 13 casos de ese tipo. Del mismo modo, las mayores diferencias de edad entre progenitores —sin tener en cuenta que uno de los dos sea menor— las protagonizan hombres mayores.

En 2024 en España hubo 45 nacimientos en los que el padre tenía 34, 35 o 36 años más que la madre. Ninguna mujer sacaba tantos años al padre de su criatura. La diferencia máxima en la que una mujer era mayor que el padre fue de 20 años.

El caso más descompensado se dio en Lleida, donde una mujer de nacionalidad guineana de 29 años dio a luz a un hijo de un señor español de 65 años. El nacimiento se produjo en el mes de noviembre, a las 39 semanas de embarazo y el niño, que pesó 3,56 kilos, era el cuarto hijo de la mujer.

Más allá de la problemática con los embarazos infantiles y las relaciones desiguales por la diferencia de edad, en España, en general, nacen cada vez menos niños y niñas. En los últimos diez años el descenso de nacimientos ha sido de un 25,63%. Pero mirando solamente a aquellos de madres menores de edad, la caída es aún mayor: un 47,75%.

A pesar del descenso, se trata de una realidad que persiste. Cada año unas 1.500 menores de edad dan a luz en nuestro país. Decenas de ellas se convierten en madres junto a hombres adultos. En otros muchos casos, no se registran datos del padre.

"Tener relaciones con esa desigualdad con personas adultas tiene un impacto en cómo se desarrollan y relacionan esas niñas en su adolescencia pero también para cuando sean personas adultas. Solo que siga habiendo una niña sufriendo esa situación es algo ya muy grave", remata Perazzo.

En marzo de 2024, la Guardia Civil localizó a una niña de 13 años que había sido obligada a casarse con un hombre que le triplicaba la edad. Cuando la encontraron, la menor estaba embarazada. Pero no era la primera vez. De hecho, fue la interrupción del anterior embarazo lo que hizo saltar las alarmas. La niña abortó debido a malformaciones en el feto. Esa intervención llegó a conocimiento de la Fiscalía de Menores y esta avisó a la Guardia Civil.

El cuerpo policial detuvo al marido, de 42 años, y a los padres de ambos, acusados de un delito de trata de seres humanos tras haber concertado el matrimonio forzoso. En el caso de él, también se le imputaba un delito de agresión sexual, según informó la Guardia Civil. Como los hechos sucedieron en la provincia de Ciudad Real, la menor, embarazada, pasó a cargo del Gobierno de Castilla-La Mancha. La niña, ya con 14 años, acabó teniendo a la bebé y así consta en la estadística de nacimientos que gestiona el Instituto Nacional de Estadística (INE) en España.

Puede parecer una excepción, pero aún hoy en nuestro país existen numerosos casos en los que una niña o adolescente es madre junto a un hombre adulto, tal y como ha podido comprobar infoLibre tras realizar un análisis de los microdatos de la estadística de nacimientos.

En España en los últimos cinco años —de 2020 a 2024, último ejercicio con datos disponibles— se han producido 56 nacimientos en los que la madre tenía menos de 16 años mientras el padre tenía más de 25.

Esas niñas, que tenían entre 13 y 15 años en el momento del parto, no alcanzaban ni siquiera la edad legal de consentimiento sexual, que en nuestro país es de 16 años, tal y como establece el Código Penal desde que la elevara el Gobierno de Mariano Rajoy.

Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children en España, explica la problemática de esa diferencia de edad y cómo puede esconder el abuso infantil: "Hay una diferencia de edad, de poder y de madurez, así que la relación está condicionada. Las dos personas no se están relacionando en condiciones de igualdad y el consentimiento de la menor de edad no es válido por esa diferencia en la madurez".

El caso de Ciudad Real es un claro ejemplo. De hecho, fue el nacimiento de 2024 de mayor diferencia de edad entre los padres con uno de ellos por debajo de la edad legal de consentimiento sexual. Se llevaban 28 años. Ese año hubo otros tres casos en los que una niña menor de 16 tuvo un hijo con un padre que le sacaba al menos 20 años.

Fueron tres niñas de solo 14 años: una dio a luz a un bebé de un padre de 38 años en San Fernando (Cádiz), otra a uno de un padre de 36 en Granada capital, y la tercera a uno de un padre de 34 en Valdemoro (Madrid).

De los 56 hombres, claramente adultos, que fueron padres junto a una menor de 16 en los últimos años en nuestro país, 33 —entre ellos los de San Fernando, Granada y Valdemoro— tenían más de 30 años en el momento del parto y, por tanto, como mínimo, doblaban la edad de las madres. Además, podría haber incluso más casos porque en muchos nacimientos de madres menores no se conoce o no se registra información sobre el padre de la criatura.

Perazzo recalca la importancia de que se cumpla con la edad legal de consentimiento sexual sobre todo en esos casos en los que una persona es mucho mayor que la otra. De hecho, el Código Penal establece una excepción a esa regla para cuando las relaciones sean entre individuos "próximos en grado de desarrollo o madurez física y psicológica". "La edad legal de consentimiento sexual en los 16 años es coherente, sobre todo con la excepción. No es lo mismo una relación entre dos adolescentes, que puede ser sana y desde el respeto, que entre un adolescente y un adulto", explica la experta. 

El análisis de los microdatos de la estadística hecho por infoLibre no muestra importantes diferencias según si los progenitores son españoles o extranjeros, pero entre las nacionalidades extranjeras destaca Rumanía. Los expertos con los que ha hablado este medio apuntan a otra variable que puede estar relacionada: la pertenencia al pueblo gitano. Los datos del INE no recogen ese tipo de información, pero las fuentes consultadas aseguran que puede ser una hipótesis para algunos de los casos, tanto cuando los padres son de nacionalidad española como cuando son extranjeros de nacionalidad rumana.

Javier Urra, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados de Menores de Madrid y conocido por ejercer como defensor del menor de la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2001, explica que "entre los gitanos rumanos nómadas se producen estos casos de manera más significativa". "También suele haber un número importante de casos de gitanos españoles", detalla.

A ello se refiere también Catalina Perazzo, que recuerda dos casos judiciales de 2024 con dos niñas gitanas como víctimas: "Save the Children y la Fundación Secretariado Gitano denunciamos al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas unas sentencias en las que se aplicaban atenuantes a agresores por considerar que las relaciones sentimentales y sexuales entre niñas muy jóvenes y hombres adultos eran una práctica habitual de su cultura". 

"No es admisible. Por un lado, si es una violación de los derechos de esas niñas, no hay ninguna práctica que lo pueda justificar y, por otro, es una forma discriminatoria de dar por hecho estereotipos e institucionalizarlos", resume la experta de la ONG, que tiene como objetivo luchar por los derechos de la infancia.

Los embarazos infantiles han bajado en España en los últimos años. De los más de 500 nacimientos de madres menores de 16 años que se registraban anualmente en nuestro país entre 2009 y 2014, la cifra ha bajado a los algo más de 200 que se dan cada año desde 2020. Aunque a partir de 2022 se ha registrado un repunte.

El descenso es incluso mayor en el caso de las madres menores de 16 que tienen hijos junto a padres de más de 25 años. En 2011 llegó a haber 158 nacimientos con esa casuística. Ahora no hay mucho más de una decena al año. Aun así, año tras año se siguen registrando partos de este tipo en nuestro país. "La evolución natural y los cambios sociales y normativos hacen que tendamos a ese descenso de casos. Pero solo que siga habiendo una niña sufriendo esa situación es algo ya muy grave. La violencia contra la infancia está demasiado tolerada", explica Perazzo.

La experta cuenta que "biológicamente los cuerpos de las adolescentes no están preparados para soportar el impacto de una gestación y un parto". "No solo a nivel físico, también a nivel emocional. Las adolescentes lo que tienen que ser es adolescentes y tener la oportunidad de vivir su infancia y adolescencia de manera plena", detalla.

La gran pregunta es: ¿qué hace la Administración en esos casos en los que las madres son niñas y adolescentes menores de edad?, que pueden ser víctimas de abuso sexual infantil.

El Registro Civil es quien se encarga de recopilar los datos de nacimientos en España. De hecho, los padres de una criatura tienen que acudir al mismo a notificar el nacimiento si no lo ha hecho ya el propio hospital donde haya nacido. El registro es el que luego facilita la información al INE para la elaboración de la estadística de nacimientos.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Justicia, de quien depende el Registro Civil, si existe algún protocolo para cuando se detectan este tipo de casos o si se da alguna voz de alarma para investigar la posibilidad de casos de abuso sexual infantil. Justicia asegura que "en este momento no existe un protocolo en los registros civiles para estas situaciones". "No obstante, en el momento de la inscripción tanto la madre menor como su hijo ya deberían haber pasado por controles en el sistema sanitario", añade.

Lo cierto es que la Administración sanitaria sí cuenta con ciertas indicaciones para este tipo de casos. En 2024 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó el Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y la adolescencia, elaborado por la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes, donde se encuentran representados el Ministerio de Sanidad y el de Justicia y las comunidades autónomas, entre otros actores. 

Este protocolo establece cómo deben actuar los profesionales sanitarios ante indicios de posibles casos de violencia hacia niños y niñas. Uno de los tipos que se detalla en el documento es la violencia sexual y se recoge el embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, como uno de los indicadores de un posible caso de esta.

El protocolo también indica que ante posibles indicios de un caso de violencia en la infancia, el personal sanitario debe notificarlo a los servicios sociales —dependientes de los ayuntamientos o las comunidades autónomas— y al menos a otra institución, que puede ser el juzgado de guardia, la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Ante las preguntas de infoLibre sobre este tema, el Ministerio de Sanidad ha respondido remitiendo de forma directa a este protocolo y a otros documentos guías del SNS. El protocolo, eso sí, no establece una indicación o mecanismo automático o diferenciado para los casos de embarazos infantiles.

A diferencia del ministerio, los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana —las tres comunidades autónomas que registraron más nacimientos de madres menores de 16 años en 2024— no han respondido a las consultas de infoLibre. A pesar de que este medio ha contactado en diversas ocasiones y por diferentes vías con estos Ejecutivos autonómicos en las últimas semanas para saber cómo actúan cuando se encuentran los partos de madres menores.

"El sistema tiene alertas. Otra cosa es si todas funcionan, pero hay mecanismos. Los servicios sociales, la sanidad, el ámbito educativo… Y también la fiscalía, que es quien tiene esa función de ver qué está sucediendo exactamente con algunos hechos y más si se trata de menores. No siempre es fácil porque el entorno o la familia calla y oculta qué ha pasado, pero en casos así hay que indagar con los servicios sociales y con los medios que se tiene", explica Javier Urra.

Cada año cientos de mujeres madrileñas y de otras comunidades cercanas acuden al Hospital de Torrejón para dar a luz. El paritorio es uno de los servicios más reputados de un hospital que se ha puesto en entredicho en las últimas semanas por las declaraciones de su CEO. No obstante, esta gestión también ha acabado afectando al servicio dedicado a los partos y las matronas han dicho basta. El equipo de matronas y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) remitió en marzo una carta a la dirección alertando de que "las circunstancias actuales sobrepasan y limitan nuestra capacidad para brindar una atención segura y de calidad". La situación a finales de año sigue siendo similar.

En Barcelona, las circunstancias también dan pistas de estar llegando al límite. Algunos centros hospitalarios han buscado personal de manera urgente anre la posibilidad de que hubiera escasez de matronas en las fiestas. El déficit de personal y la sobrecarga también se trasladan a otras comunidades, como Toledo, donde las profesionales denuncian que sus tareas están siendo sustituidas por enfermeras sin ningún tipo de especialidad.

La precariedad y la falta de reconocimiento de las matronas provocan que el problema sea transversal en toda España. El ratio de matronas es significativamente bajo en comparación con la media europea y de la OCDE, con aproximadamente tres matronas por cada 10.000 mujeres o unas 12,4 por cada 1.000 nacimientos, frente a las siete por cada 10.000 mujeres (OCDE) o 25 por 1.000 respectivamente. Esto refleja un déficit crónico que afecta a la salud materna y reproductiva, con más de 5.000 matronas necesarias para alcanzar los estándares europeos.

Rosa Navarro, matrona en un hospital de Cataluña que prefiere no desvelar, asocia la situación a una falta de recursos provocada por la ausencia de voluntad política. "Se ha retirado mucha gente y las matronas que salen son tan pocas que no cubren las jubilaciones. No hay voluntad política ni de crear nuevas plazas con el sistema que hay ahora, pero tampoco de volver a tener esa carrera independiente que sí generaría bastantes más plazas. No hay relevo y ya no podemos más", denuncia.

Las matronas reclaman que, además del aumento de plazas y recursos, una de las soluciones para atraer a más profesionales es la mejora de su reconocimiento. El Colegio Oficial de Enfermería exige una reclasificación profesional que las cambie del grupo A2, en el que están las enfermeras sin especialización y fisioterapeutas, al A1, en el que están los médicos de familia y los médicos especialistas. "Cualquier grado de cuatro años, por ejemplo Psicología, es un grado A1 en la administración pública y las matronas no lo tienen con seis años de formación, que son dos años extra. Además, el nivel de responsabilidad que tienen es muy alto porque de ellas dependen la madre y el feto", denuncia Lola Ruiz, doctora en Historia y autora de Historia de las matronas en España.

Además de la preparación del embarazo y la etapa posparto, las matronas denuncian la falta de recursos y de personal, que no les permite llegar a todos los programas que tienen bajo sus competencias. Sus tareas también incluyen la pedagogía sobre las enfermedades de transmisión sexual, la menopausia o los cribados de cáncer de cuello uterino, el cuarto más común en las mujeres según la OMS.

"A los responsables se les llena la boca diciendo que las matronas van a ser las responsables de un nuevo programa de infecciones de transmisión sexual o de sexualidad, pero nos preguntamos cómo y, sobre todo, cuándo. Yo estoy recogiendo exudados para un diagnóstico de infección de transmisión sexual a los 20 o 30 días", denuncia Raquel Ortega, matrona en atención primaria vinculada al Hospital de Torrejón. Además, advierte que "las listas de espera van a seguir ampliándose porque queremos trabajar cumpliendo con nuestras competencias, pero necesitamos recursos humanos, materiales y tiempo".

Las matronas arrastran esta falta de reconocimiento desde hace décadas en España, pese a sus logros como pioneras. En el siglo XVIII se convirtieron en las primeras mujeres en acceder a espacios de educación superior como el Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid. Más tarde, cuando la cirugía y la medicina se integraron en las facultades universitarias, también fueron las primeras mujeres en obtener títulos universitarios.

Durante décadas mantuvieron una identidad profesional sólida, con colegios propios, organizaron congresos y participaron activamente en el debate público. Todo ese recorrido se quebró con el franquismo, que no solo las silenció políticamente, sino que desmanteló su autonomía profesional. "Durante la dictadura perdieron la carrera independiente", explica Ruiz, aludiendo a la unificación con practicantes y enfermeras que las relegó a una especialidad secundaria y marcó un retroceso profundo.

Ese legado no se corrigió plenamente con la llegada de la democracia y tuvo un punto crítico en los años noventa, cuando se dejó de formar matronas en números suficientes. "Hubo un tiempo, entre los años 80 y 90, en el que no se formaron matronas en España y, claro, las últimas que se habían formado en los 80 se están jubilando. Por ello, ese impás temporal de 10 años en los que no se formó a nadie ahora lo estamos empezando a pagar", denuncia Navarro.

Lejos de reforzar una profesión clave para la salud pública, el sistema optó por una planificación que generó un déficit estructural cuyas consecuencias se arrastran hasta la actualidad y afectan directamente a las pacientes. La ausencia de reposición ha provocado la desaparición de suplencias, el aumento de las listas de espera y una atención cada vez más tardía a las mujeres, en momentos especialmente sensibles como el embarazo o el posparto.

Ese déficit tiene un impacto directo y medible en la salud de las mujeres. Ortega relata que en su consulta está atendiendo revisiones posparto que deberían realizarse a los siete o diez días y que llegan a los 20 o 30 días, cuando muchos problemas ya se han cronificado. "Eso supone que no detectamos problemas, que las lactancias complicadas muchas veces acaban en lactancia artificial", detalla.

Las demoras afectan también al seguimiento del embarazo, generando circuitos asistenciales desordenados que, lejos de proteger a las mujeres, añaden confusión y pérdida de calidad. "Yo en consulta estoy viendo mujeres con la cita postergada que se les junta con la cita en el hospital. No tiene ningún sentido que una embarazada tenga dos citas seguidas, eso no es un buen control del embarazo", insiste Ortega.

A estas disfunciones se suman desigualdades asistenciales difíciles de justificar, que afectan especialmente a las mujeres mayores. En la Comunidad de Madrid, las mayores de 79 años directamente dejan de tener derecho a una matrona asignada. "No se les adjudica matrona, cuando sí tienen médico, enfermera, fisioterapeuta y trabajadora social", denuncia Ortega. Una exclusión que resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que muchas de estas mujeres siguen necesitando atención específica en ámbitos como la sexualidad, la menopausia tardía o los problemas ginecológicos.

Ante la falta de profesionales, el sistema también recurre a una sustitución encubierta como solución. Pese a no tener la especialidad, las enfermeras generalistas acaban realizando las funciones propias de una matrona. Una solución que no solo es insuficiente, sino injusta para las pacientes. "No es una buena atención. Incluso las enfermeras me han llegado a decir que hacen lo que pueden, pero que la mujer no ha sido bien atendida porque no tienen los conocimientos", detalla Marisa, matrona en atención primaria en Toledo.

La consecuencia de todo este deterioro es un escenario sin relevo que amenaza directamente la continuidad de la profesión. Sin mejoras reales en las condiciones de trabajo y en el reconocimiento, muchas optan por cambiarse a la enfermería general, adelantar su jubilación o abandonar la sanidad pública, no por falta de vocación, sino por puro agotamiento. "Queremos proteger la sanidad pública, pero cada vez resulta más difícil sostener ese compromiso cuando la sobrecarga es constante y los recursos no llegan", alerta Navarro. La vocación sigue siendo fuerte, pero ya no basta para compensar años de precariedad, responsabilidad extrema y falta de apoyo institucional.

El Supremo de EE.UU. concedió este viernes una victoria al presidente Donald Trump al alinearse en contra los vetos judiciales a su orden para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, como parte de una serie de decisiones publicadas antes de su receso de verano que incluyen el blindaje de protecciones básicas del plan sanitario Obamacare y la oposición a la exposición de los niños a libros LGTBQ en las escuelas. 

En una de las resoluciones más esperadas de este ciclo, la mayoría conservadora del Supremo (6-3) se posicionó a favor del Gobierno del republicano, que en su intento por restringir la concesión de la ciudadanía pidió al alto tribunal limitar la autoridad de las cortes menores de emitir bloqueos nacionales contra órdenes presidenciales, lo que ve como un desafío al poder Ejecutivo. 

El fallo del Supremo podría repercutir en el alcance de decenas de demandas interpuestas por grupos de derechos civiles y activistas contra la Administración desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero. 

El presidente celebró como una "gran victoria" el fallo de los seis jueces conservadores del Supremo, a quienes agradeció "por intervenir y resolver este problema, tan complejo, y por simplificarlo al máximo".

"Ahora podemos presentar con prontitud la solicitud para proceder con numerosas políticas que han sido prohibidas indebidamente a nivel nacional", indicó el gobernante, cuya orden ejecutiva busca negar a hijos de padres indocumentados o con visados temporales el derecho automático a la ciudadanía estadounidense recogido en la Enmienda 14 de la Constitución. 

La Corte Suprema solo se refirió a las cuestiones técnicas de los bloqueos y no se pronunció sobre la legalidad del decreto presidencial, que ha sido descalificado como "inconstitucional" por activistas y detractores del mandatario. 

La decisión otorga ahora un plazo no menor de 30 días a la aplicación de la orden, cuya vigencia se mantenía en suspenso temporal luego de que tres jueces en Maryland, Washington y Massachusetts determinaran en fallos separados que el presidente no tiene la autoridad de cambiar o restringir la Carta Magna. 

En otro de los fallos publicados este viernes, - un ajetreado día que marca el inicio de su receso hasta octubre- la Corte Suprema blindó las protecciones de servicios sanitarios básicos dentro la Ley de Atención Médica Asequible, bautizada como Obamacare en reconocimiento a su impulsor, el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), que la promulgó en 2010. 

Entre las disposiciones que la corte preservó están la atención gratuita a consultas para la prevención del VIH y el requerimiento a las compañías de seguros de cubrir procedimientos preventivos como las colonoscopias. El fallo tuvo la oposición de tres jueces conservadores. 

Esta es la cuarta vez en los últimos 13 años que el Supremo estadounidense logra bloquear impugnaciones a esta ley, que garantiza el acceso de los ciudadanos de bajos recursos a un plan de cobertura sanitaria asequible. 

La ratificación de una ley del estado Texas que exige un filtro previo de edad para el acceso a webs pornográficas y la oposición a la inclusión de libros con temática LGTBQ en las escuelas estuvieron también entre los fallos que el alto tribunal emitió. 

En el primero de los casos, la corte decidió (6-3) rechazar los argumentos de empresas de la lucrativa industria pornográfica, entre ellos el gigante Pornhub, que habían impugnado la legislación texana bajo el argumento de que se estaba violando el derecho de los adultos a acceder a este contenido. 

Previamente, más de dos docenas de estados ya habían promulgado medidas de protección a los jóvenes frente a un contenido que los gobiernos locales ven como dañino. Tras el fallo, las compañías que incumplan esta ley se enfrentarán a una multa de 10.000 dólares diarios.

El Supremo también le dio la razón hoy a los padres que demandaron contra la presencia de libros LGBTQ en escuelas primarias, al señalar que se obstaculiza el ejercicio religioso de las familias cuando se les exige "someter a sus hijos a una instrucción que representa una amenaza muy real de socavar" sus creencias. 

El "peligro objetivo" que pueden suponer esas obras para los valores familiares o la moralidad se ve exacerbado, según el tribunal, por el hecho de que esos libros se presentan a los niños pequeños de manos de una figura de autoridad. 

La corte también decidió por mayoría de 6-3 ratificar la constitucionalidad del millonario fondo federal que subsidia servicios de telefonía e internet para escuelas, bibliotecas, hogares de bajos ingresos y proveedores rurales, y demoró hasta octubre su fallo sobre un caso sobre límites territoriales en Luisiana en relación a la legislación del derecho al voto.

En 2024 se registraron 322.034 nacimientos en España, un aumento del 0,4% con respecto al año anterior que supone el primer incremento en diez años, según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por EFE.

Pese al auge de los nacimientos, durante 2024 se estima que fallecieron en España 439.146 personas, un 0,7 % más que en el año anterior, lo que deja un saldo vegetativo de la población (la diferencia entre nacimientos y defunciones) negativo en 114.937 personas.

Con respecto a los nacimientos, se observa un retraso en la edad de maternidad, indicador reflejado en el número de madres de 40 años o más, que ha crecido un 8,5 % en los 10 últimos años. En términos relativos, mientras que en 2014 el 7,2 % de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2024 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4 %. El 80 % de las madres, no obstante, tenían entre 25 y 39 años.

En cuanto a los decesos, por edad y sexo el mayor descenso en términos relativos se observó en los hombres de entre cinco y 29 años, con una disminución del 6,1% respecto a 2023, y en las mujeres de entre 85 y 89 años, con una bajada del 6 %. Por el contrario, aumentó un 11,2 % el fallecimiento de niños varones de entre cero y cuatro años, y un 6,7% el de hombres de entre 80 y 84 años.

Por comunidades autónomas, los mayores incrementos en el número de nacimientos se registraron en Cantabria (13,3 %) y Baleares (5,7 %), mientras que los descensos más acusados se detectaron en Galicia, con una bajada del 4,4 %, y en el País Vasco, con un 3,7 %.

El mayor aumento de defunciones el año pasado con respecto a 2023 se dieron en Cantabria (6,1 %) y Castilla y León y Extremadura (5 % en ambas). El mayor descenso se registró en la ciudad autónoma de Melilla, con una disminución del 14 %.

El crecimiento vegetativo fue negativo en todas las comunidades excepto en Madrid, que tuvo un saldo positivo de 2.707 personas, Murcia (852), Baleares (237), y las ciudades autónomas de Melilla (370) y Ceuta (142). Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (-19.333), Castilla y León (-16.385) y Cataluña (-13.668).

En 2023 se registraron en España un total de 320.656 nacimientos, lo que supuso un descenso del 2,6% respecto al año anterior, y de ellos 78.330 fueron de madre de nacionalidad extranjera, un 3,24% más que un año antes. En cifras absolutas, el año pasado hubo en España 8.595 nacimientos menos que un año antes, sin embargo los de madre con nacionalidad extranjera subieron en 2.461.

Así se desprende de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Movimiento Natural de Población (Matrimonios, Nacimientos y Defunciones), que recoge EFE, y que certifica que el número de nacimientos continúa la tendencia a la baja de la última década, solo interrumpida en 2014. Desde el año 2013, el número de nacimientos ha bajado un 24,7%.

La encuesta precisa que mientras los nacimientos de madre española bajan un 4,36% (242.326), los de madre extranjera suben el 3,24% (78.330) y representan el 24,4% del total. En 2022 suponían el 23% del cómputo global. Si se considera el país de nacimiento, en 2023 se registraron 100.438 nacimientos de madres nacidas en el extranjero. Esta cifra supone un 31,3% del total (en 2022 representaba el 29,5%).

El número medio de hijos por mujer (indicador coyuntural de fecundidad) se situó en 1,12 en 2023, cuatro centésimas menos que el registrado en 2022. Por nacionalidad, el número medio de hijos por mujer se redujo tanto en madres españolas (1,09) tres centésimas menos que en 2022, como entre las madres extranjeras (1,28), siete centésimas menos que un año antes.

La edad media de la maternidad se mantuvo en 32,6 años como en 2023. En los últimos años se observa que la disminución del número de nacimientos se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad. Por nacionalidad, la edad media de la maternidad no varió, y se mantuvo en 33,1 años para las madres españolas y en 30,5 años para las madres extranjeras.

Otro indicador que refleja el retraso de la maternidad es el número de nacimientos de madres de 40 años o más, que crece un 19,1% en los últimos 10 años.

En 2023 fallecieron en España 436.124 personas, un 6,1% menos que el año anterior. Por edad y según el INE, se observa un descenso en las defunciones de personas entre 85 y 89 años, tanto en hombres como en mujeres.

La tasa de mortalidad infantil aumentó tres centésimas y se situó en 2,63% defunciones infantiles por cada 1.000 nacidos vivos. La esperanza de vida al nacimiento aumentó casi siete décimas en 2023, hasta situarse en 83,77 años.

Por sexo, la de los hombres sube 0,75 años hasta los 81,11 mientras que la de las mujeres aumenta 0,60 años y se sitúa en 86,34. De acuerdo con las condiciones de mortalidad actuales, una persona que alcanza los 65 años en 2023 esperaría vivir de media 19,65 años más si es hombre y 23,49 años si es mujer.

Respecto a los matrimonios, en 2023 se registraron 172.430 uniones, un 3,7% menos que en 2022. La tasa bruta de nupcialidad descendió 0,2 puntos y se situó en 3,5 matrimonios por cada 1.000 habitantes. La edad media al matrimonio aumentó tres décimas y se situó en 39,6 años en hombres y 36,9 años en mujeres.

El 3,9% de los matrimonios de 2023 correspondieron a parejas del mismo sexo. De ellos el 53,3% fueron de mujeres y el 46,7% de hombres.

Agosto fue el mes con más nacimientos de 2024, con 28.240 alumbramientos, un 0,86% más que en julio y un 0,94 % más que en agosto del año anterior, según las estimaciones mensuales publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) e informa EFE.

De entre todas las comunidades, la que registró más nacimientos fue Andalucía, con 5.404, el 19% de los nacidos en España, seguida de Cataluña (4.659), Madrid (4.623) y la Comunidad Valenciana (3.091).

En el otro extremo está La Rioja, la región con menos nacimientos, 187. La siguen Cantabria (281) y Navarra (409). En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se contabilizaron 62 y 71 nacimientos, respectivamente, mientras que 66 fueron de madres no residentes.

La mayoría de los nacidos en agosto fueron varones, 14.590 (el 51%), mientras que se registraron 13.650 mujeres.

En lo que va de 2024, se han registrado en España 212.011 nacimientos, 769 más (un 0,3 %) que en el mismo periodo de 2023.

Por lo que respecta a la edad de las madres, la mayoría, el 33,4%, tenía entre 30 y 34 años. El 28,5 % tenía entre 34 y 39, y el 17,6 % entre 24 y 25. También hubo 21 madres mayores de 50 años y 496 menores de edad, 11 de las cuales tenían menos de 15 años.

Un total de 156.202 niños y niñas han nacido en la primera mitad de este año 2024, un 0,28% más que en el mismo periodo del año pasado y un 25% menos que hace una década, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada este jueves, según informa la agencia de noticias Europa Press.

En concreto, en el primer semestre de 2024 se han registrado 156.202 nacimientos, 52.173 menos que en los primeros seis meses de 2014, cuando se registraron 208.375 nacimientos. Solo en el mes de julio han nacido 25.909 niños y niñas.

A pesar del ligero incremento experimentado este año (pasando de 155.762 a 156.202, 440 nacimientos más), la tendencia de la última década ha sido a la baja. Así, en la primera mitad del año 2014 nacieron 208.375 bebés; 204.910 en los mismos meses de 2015; 200.255 en 2016; 190.962 en 2017; 181.366 en 2018; 175.429 en 2019; 170.741 en 2020; 159.812 en 2021; 159.519 en 2022 y 155.762 en 2023.

La bajada más pronunciada de estos últimos diez años se observa entre los años 2020 y 2021, con un descenso del 6,4% en los nacimientos en la primera mitad de año, coincidiendo con la pandemia de la Covid-19.

Por edad de la madre, la mayor parte de las mujeres que han tenido un hijo en la primera mitad de este año 2024, el 33%, tenían entre 30 y 34 años; seguidas muy de cerca por las de 35 a 39 (el 29,7% del total). También hubo 14.525 nacimientos de madres de 40 a 44 años y 27.170 de madres de 25 a 29 años.

Por otro lado, se han registrado 267.168 defunciones en las 31 primeras semanas del año 2024, un 1,52% más que en el mismo periodo de 2023, cuando hubo 263.130. Es un dato similar al registrado en años anteriores, excepto en 2020, cuando se alcanzaron los 304.421 fallecimientos, coincidiendo con la pandemia de la Covid-19.

La migración elevará la población en España hasta los 54,6 millones de habitantes dentro de 50 años, en el año 2074, según las proyecciones de población dadas a conocer este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recoge Europa Press, que muestran la evolución que seguiría la población en el caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales.

Según las proyecciones publicadas, en los 15 próximos años España ganaría 5.137.447 habitantes (un 10,6%), hasta superar los 53,7 millones de personas en 2039. Dentro de 50, en el año 2074, la población alcanzaría los 54,6 millones, con un incremento de 5,98 millones de personas.

El INE especifica que el progresivo aumento de las defunciones, superior al número de nacimientos, daría lugar a un saldo vegetativo negativo durante todo el periodo proyectado. Este saldo vegetativo negativo sería superado por el saldo migratorio positivo en la mayor parte de los años del periodo proyectivo, lo que provocaría, en balance, un aumento de población.

El INE detalla que este aumento se debería, por tanto, exclusivamente, a la migración internacional. Por su parte, la población nacida en España disminuiría paulatinamente y pasaría del actual 81,9% del total al 61,0% dentro de 50 años.

Como indica el INE, España registró 1.258.894 inmigraciones en 2022, mientras que 531.889 personas abandonaron el país para residir en el extranjero. El saldo migratorio fue de 727.005 personas, el más elevado en 10 años. El INE proyecta un saldo migratorio similar en 2024 y decreciente a partir de ese año, con más intensidad en los primeros años, aunque siempre positivo por lo que obtiene una ganancia neta de población debida a migraciones de 3,5 millones de personas en los cinco primeros años proyectados y de 7,0 millones hasta 2038. En todo el periodo proyectivo, hasta 2073, sería de 17,1 millones de personas.

Por comunidades, la población crecerá en 13 y bajará en cuatro de ellas en los 15 próximos años, según esta proyección. Los mayores incrementos relativos se registrarían en Illes Balears (19,0%), Comunitat Valenciana (19,0%) y Región de Murcia (17,2%). Por el contrario, los descensos más acusados se darían en Principado de Asturias (-4,1%), Extremadura (-3,4%) y Castilla y León (-0,7%).

Por otro lado, la proyección del INE especifica que el número de nacimientos comenzaría a aumentar levemente en 2024 y seguiría creciendo hasta 2042. Sin embargo, entre 2024 y 2038 nacerían en torno a 5,5 millones de niños, un 8,7% menos que en los 15 años previos.

No obstante, a partir de 2058 los nacimientos podrían comenzar a aumentar de nuevo, debido a la llegada a las edades de mayor fecundidad de generaciones cada vez más numerosas. Pese a ello, los nacimientos siempre estarían por debajo de las defunciones.

El número de nacimientos se proyecta suponiendo que la fecundidad de las mujeres mantenga una leve pero progresiva tendencia al alza. Así, el número medio de hijos por mujer sería de 1,24 en 2038, frente al 1,16 de 2022. La edad media a la maternidad se mantendrá en torno a los 32 años en los 50 próximos años: bajará de los actuales 32,50 años a 32,16 en 2042 y luego repuntará ligeramente hasta 32,3 años en 2072.

Al combinar los distintos escenarios tanto de la fecundidad como de saldo migratorio, el INE señala que la población en los 50 próximos años oscilaría entre los 44.813.632 habitantes del escenario más bajo y los 65.051.447 del más alto.

Respecto a la esperanza de vida al nacimiento, alcanzaría en 2073 los 86,0 años en los hombres y los 90,0 en las mujeres, con una ganancia de 5,6 y de 4,3 años, respectivamente, respecto a los valores actuales. Precisamente, la población centenaria (100 o más años) se multiplicará por 12 en casi 50 años, al pasar de 18.312 personas en 2024 a 226.932 en 2072.

Por su parte, la esperanza de vida para las personas con 65 años en 2073 sería de 22,7 años para los hombres (3,6 más que actualmente) y de 26,3 para las mujeres (3,3 años más). Las mujeres que cumplan 65 años en 2076 vivirán, de media, 26,3 años más (3,3 más que actualmente) mientras que los hombres vivirán 22,7 años más (3,6 más que ahora). Actualmente, el 20,4% de la población española tiene 65 o más años. Según las proyecciones del INE, este porcentaje alcanzaría un máximo del 30,5% en torno a 2055. A partir de ese año, el porcentaje bajaría levemente, hasta el 30,3% en 2074.

Por su parte, y de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia (cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) también alcanzaría un máximo en torno a 2052 (del 75,3%), para ir bajando paulatinamente a partir de entonces, hasta el 73,9% en 2074.

A pesar de la mayor esperanza de vida, el número de defunciones continuaría creciendo hasta alcanzar un máximo en 2065. Así, seguirá creciendo hasta 2064, al pasar de 436.325 en 2024 a 669.278. Tras unos años de leve bajada, en 2072 llegarían a un máximo de 693.390.

Ante el descenso de la natalidad y el aumento de las defunciones, las proyecciones del INE indican que en España habría siempre más defunciones que nacimientos (crecimiento o saldo vegetativo negativo) durante los 15 próximos años. Este saldo vegetativo alcanzaría el valor más bajo en torno a 2061, y se iría recuperando levemente a partir de entonces.

En esta nueva edición de las proyecciones se dirigió una consulta en forma de encuesta a demógrafos de toda España con el fin de establecer las hipótesis de comportamiento futuro de los parámetros demográficos.

España ha registrado 104.375 nacimientos en los cuatro primeros meses de 2024, lo que supone un 1,2% más que en 2023, cuando se registraron 1.279. Se trata de un 24,3% menos que en 2014, con 33.664, según ha recogido Europa Press.

Según los datos mensuales del INE, en España en los cuatro primeros meses de este 2024 se han registrado 104.375 nacimientos, frente a los 103.096 en 2023; 105.362 en 2022; 104.650 en 2021; 113.987 en 2020; 116.891 en 2019; y 138.039 en 2014.

En cuanto a la edad de las mujeres, desde hace ya casi cuatro años y medio (dic-2020) en España nacen más niños de madres mayores de 40 años, que de menores de 25. En abril de este año hubo 2.439 nacimientos de mayores de 40, frente a 2.343 de menores de 25 años.

Por otro lado, según el INE, en las primeras 22 semanas de 2024 fallecieron en España 195.303 personas, 0,29% (583) más que en el mismo periodo de 2023 con 194.720. En los años anteriores se registraron 201.805 en el 2022; 200.362 en el 2021; 236.375 en el 2020; 190.818 en el 2019; y 198.916 en el 2018.

La Seguridad Social ha tramitado 119.575 expedientes de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor durante el primer trimestre de 2024. Se trata de 140 más que en 2023 (119.435), según ha recogido Europa Press.

De los 119.575 expedientes, 55.973 correspondieron al primer progenitor y 63.602, al segundo progenitor. En concreto, el 52,8% de los titulares de las prestaciones son hombres y el 47,2%, mujeres.

Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se encuentra en Andalucía (22.162), Cataluña (21.507) y Madrid (19.075).

El gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor en los primeros tres meses de año fue de 888 millones de euros. En 2023, esta cifra se situó en 856,6 millones, lo que supone un incremento interanual del 3,6%.

Respecto a la duración media de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor activas en el primer trimestre de 2024, esta ha sido de 93 días en el caso de los hombres y 102 en el caso de las mujeres.

La prestación por nacimiento y cuidado de menor es un derecho individual y no transferible de los dos progenitores. Sustituyó a las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad y las equiparó. En la actualidad, el permiso es de 16 semanas, seis de las cuales deben disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en los casos de adopción, guarda o acogimiento. El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos antes de que el bebé cumpla un año.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento, y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que ofrece la posibilidad de solicitar la prestación telemáticamente, durante las semanas que dura el permiso.

El número de nacimientos en España en el año 2008 se situó por encima del medio millón. En 2023 fue de 322.075. En este lapso de quince años, salvo un inapreciable repunte en 2014, la curva ha sido descendente. Es cierto que en las sociedades desarrolladas la natalidad disminuye por diferentes factores que van desde las expectativas sociológicas hasta la mayor inclusión de la mujer en el trabajo asalariado. Lo que también parece innegable es que la Gran Recesión marca un declive demográfico que el repunte de la economía no ha conseguido mejorar.

En nuestro presente hemos superado la barrera de los 21 millones de cotizantes a la seguridad social, en los últimos años se ha subido el salario mínimo un 54%, se han implementado medidas de protección de la producción como los ERTE y estamos superando la crisis inflacionaria interviniendo de manera exitosa el mercado de la energía. Hemos salido de las sucesivas crisis a las que nos hemos enfrentado desde 2020 de manera muy diferente a como salimos de la Gran Recesión, es decir, con un impulso legislativo que ha apostado por la redistribución en vez de por la precarización. 

En España hay muchos menos nacimientos de los que había antes de 2008. Para tener niños hay que tener ganas. También un trabajo más o menos estable con el que mantenerlos. Pero, desde luego, un lugar para criarlos. Y resulta que el precio de la vivienda en España vuelve a ser un problema, esta vez, además, también en el alquiler, opción que servía de refugio a todos aquellos a los que no les daban una hipoteca, aquella parte de la clase trabajadora con menos estabilidad e ingresos.

La ecuación parece sencilla: sin casas no hay niños ni niñas. No hay futuro, no hay capacidad de trazar un proyecto de vida en el que quepa la construcción de una familia. Y esto es innegable. Podemos, repito, tirar de análisis sociológicos y convertir este problema en una cuestión de querencias, de que ahora en vez de descendencia se prefiere viajar al sudeste asiático, un gato, el hedonismo y no sé qué. O podemos dejarnos de tanta zarandaja –el nombre que en español deberían recibir las guerras culturales– y afirmar que nos encontramos ante un problema de reparto del capital.

Un problema de reparto del capital diferente al que teníamos en la segunda mitad del siglo XX, donde, en Europa occidental, existía explotación del trabajo asalariado pero también una cierta estabilidad y bastante intervención pública para lograr el reparto de la riqueza. Había casas, había niños. ¿Qué es lo que nos ha sucedido desde el inicio del siglo XXI? Que la semilla que plantaron Reagan y Thatcher dio sus frutos y, hubiera quien hubiese al timón del Gobierno, la economía desbridada pasó de llevar el capital de negocios productivos a otros puramente especulativos. Gana mucho, gana rápido y no mires atrás.

La empresaria María Álvarez analiza este fenómeno en su artículo La vivienda y el nuevo feudalismo, donde explica que el suelo urbano de las ciudades es el activo en el que se refugian dos tercios de toda la riqueza mundial, una que se ha triplicado en estos últimos 20 años, pero sólo por la apreciación de los inmuebles. Desde que el gigantesco casino de las finanzas mundiales puso sus garras en la vivienda se han multiplicado por diez los recursos que un hogar destina a la vivienda, siendo en 1985 de un 4% y de un 40% en 2024. No hay medida redistributiva sobre los sueldos que compense este brutal incremento.

El problema no es sólo de inequidad, no es sólo de crisis de nacimientos o de pérdida de las más mínimas perspectivas vitales. Lo es, también, de que cada euro que se destina a la vivienda se deja de destinar a la economía productiva. Los trabajadores, que son también consumidores, han pasado de gastar un 85% en bienes y servicios en 1985 a un 70% en estos últimos años. Eso sin contar con los miles de millones de dinero público que el Estado ha dejado de ingresar con exenciones fiscales en vivienda o subvenciones directas a la hipoteca o el alquiler que, pudiendo paliar en un momento determinado el problema, lo han empeorado a medio plazo. 

El dinero a los rentistas les llega de todas partes y les llega en cantidades cada vez mayores. Dinero que vuelve a un casino urbanístico donde es imposible perder por lo amañado de las reglas. Una inversión que nada tiene que ver con la tradicional compra de una segunda vivienda, el “por si acaso” de la clase media, sino con la acción coordinada de fondos buitre que utilizan incluso algoritmos para controlar de manera coordinada las subidas de las rentas o con profesionales que están empobreciendo nuestras ciudades transformando barrios enteros en zonas de alojamiento vacacional. 

Sabemos que la vivienda es un problema que está pasando de ser estructural a trágico. El absurdo precio que está alcanzando no es una consecuencia indeseada del sistema, es el sistema funcionando, uno que está pensando para crear mucha riqueza para unos pocos mediante la desposesión de muchos. Sabemos también que ese gran rentismo es la guardia pretoriana para la reacción más furibunda que hay en este país. En medio, unos pequeños propietarios de clase media secuestrados emocionalmente que, aun viendo que sus hijos sufren el problema de igual manera que el resto, reaccionan de manera histérica ante cualquier tímida medida que pretenda atajar el problema. 

También millones de jóvenes de clase trabajadora que esperan que todo vuelva a ser como antes. La cuestión es que esto no es una etapa, sino un expolio calculado que, repetimos, tiene que ver con el desigual reparto de capital en nuestro país, con cómo ese capital se apuesta en la economía especulativa en vez de en la economía productiva. Algunos de ellos, al parecer, silbaron a Pedro Sánchez y le llamaron “perro” mientras que el presidente anunciaba el fin del visado de oro, una medida que sólo ha valido para que unos cuantos miles de ricos puedan especular de manera cómoda con la vivienda en nuestro país.

Así funcionan las zarandajas. 

Ante el aumento de las temperaturas en todo el mundo, un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Monash (Australia) ha analizado si este hecho está vinculado con los partos prematuros. Los resultados se publican en la revista JAMA Pediatrics.

Realizado entre 2000 y 2020 sobre 1,2 millones de nacimientos en Sídney, este trabajo pone de manifiesto una fuerte asociación entre el riesgo dar a luz antes de completar 37 semanas de embarazo y la exposición a calor extremo en el tercer trimestre.

Eso sí, los datos sugieren que las gestantes que residen en zonas con abundantes espacios verdes y una amplia cubierta arbórea podrían mitigar estas amenazas.

“En los últimos años hemos observado un aumento significativo de la frecuencia de los días de calor extremo, una tendencia preocupante atribuida a los efectos del cambio climático”, explica a SINC Shanshan (Shandy) Li, de la Facultad de Salud Pública y Medicina Preventiva de Monash y directora de la investigación, “y se prevé que esta tendencia empeore en el futuro, lo que supondría riesgos aún mayores”.

“El nacimiento prematuro puede afectar profundamente al desarrollo cerebral y aumentar la susceptibilidad a ciertos trastornos psiquiátricos”, añade Li, “sin embargo, nuestra comprensión de la conexión entre la exposición al calor y el nacimiento prematuro sigue siendo limitada”.

Para los autores, los servicios sanitarios deberían considerar la posibilidad de prepararse para un aumento de los partos entre la semana 21 y la 37 a medida que se calienta nuestro clima.

“Nuestro objetivo es proporcionar pruebas convincentes a gobiernos, comunidades, servicios de salud pública, médicos y particulares. Estas evidencias les capacitarán para aplicar medidas destinadas a reducir los riesgos asociados a los partos prematuros causados por la exposición al calor”, continúa la investigadora.

La investigación concluyó que la exposición al calor extremo diurno y nocturno en el tercer trimestre estaba estrechamente relacionada con un mayor riesgo de parto prematuro, a diferencia de la misma exposición en el primer o segundo trimestre.

Esta asociación existía para todos los niveles de vegetación de la zona, aunque la fuerza de la asociación disminuía ligeramente para las mujeres que vivían en zonas con más árboles. Según los autores, esto plantea la posibilidad de que dicho verdor pueda mejorar parte del riesgo excesivo de la exposición al calor extremo en el tercer trimestre, “aunque no se conocen del todo los posibles efectos paliativos de los espacios verdes o los árboles en los partos prematuros inducidos por el calor”, dice Li.

“Los resultados subrayan el papel fundamental de los profesionales sanitarios a la hora de aconsejar a las embarazadas que reduzcan al mínimo su exposición al calor excesivo, sobre todo durante ese tercer trimestre, como medida para mitigar el riesgo de parto prematuro”, apunta la autora.

“Además, ponen de relieve la acuciante necesidad de que los gobiernos y las comunidades, tanto a escala local como mundial, den prioridad a la ampliación de los espacios verdes mediante iniciativas como la plantación de más árboles y el establecimiento de praderas”, puntualiza.

Cada vez hay más pruebas epidemiológicas, aunque todavía limitadas, que relacionan las temperaturas ambientales prenatales con los resultados del parto, sostiene por su parte Yuming Guo, autor principal del estudio.

“La temperatura nocturna del aire, en particular el calor extremo durante la noche, afecta significativamente a la salud, incluido el sueño y el descanso. La calidad y la duración del sueño afectan a diversos aspectos de la salud, y las alteraciones de estos factores pueden tener consecuencias en los resultados del embarazo”, señala.

“Las altas temperaturas nocturnas pueden alterar los ritmos circadianos e influir potencialmente en la presión arterial, lo que puede ser un problema para las embarazadas. Dado el aumento previsto de los grados a medida que se calienta nuestro planeta, resulta crucial comprender sus repercusiones en los resultados del parto y desarrollar estrategias para mitigar los riesgos”, insiste.

Sobre las posibles diferencias entre los diversos países del mundo, Li afirma que el riesgo de parto prematuro relacionado con la exposición al calor puede variar de un país a otro debido a distintos factores socioeconómicos y demográficos. Y, sobre España, “dada la creciente frecuencia de días calurosos y la relativamente baja prevalencia del aire acondicionado, es concebible que en este contexto puedan existir riesgos de parto prematuro asociados a la exposición al calor”, concluye.

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Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha alertado sobre el déficit de matronas que existe en España, por lo que ha propuesto una nueva hoja de ruta que regule este problema y que permita el desarrollo completo de las competencias de estas profesionales desde la especialidad, según ha informado Europa Press.

El CGE ha informado que en España son más de 7.500 las matronas (enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología) colegiadas. Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas con mayor número, sin embargo, "siguen sin ser suficientes", ha indicado el CGE, que ha añadido que "el déficit que rodea a la profesión cada día es más acuciante y el poco conocimiento sobre sus competencias merma la visibilidad del trabajo de este colectivo".

Por este motivo, el consejo General de Enfermería (CGE) junto con la Comisión de Matronas de la Organización Colegial que engloba a todas las vocales especialistas en Enfermería Obstétrica y Ginecológica de los colegios profesionales de España ha celebrado una reunión en la que han propuesto una hoja de ruta para potenciar la profesión.

"Es necesario poner sobre la mesa el déficit real de matronas en España, pero queremos evidenciarlo con datos, por eso creemos importantísimo hacer una radiografía de la profesión, donde destaquemos las necesidades, las competencias y donde generemos un debate y aportación desde todas las comunidades autónomas. En estos momentos, el intrusismo y la formación es la mayor problemática que hemos evidenciado. La falta del relevo generacional está impidiendo el desarrollo de las competencias y, a su vez, la falta de matronas está favoreciendo el intrusismo en la profesión que pone en riesgo la vida de recién nacidos y sus madres", ha explicado el vocal matrona del CGE, Montserrat Angulo.

Uno de los puntos preocupantes dentro de la profesión es la escasez de especialistas en ámbitos como Atención Primaria, hospitalaria o en otros como el de la salud sexual y reproductiva. Un debate en el que los expertos han destacado la necesidad de ampliar las competencias de las matronas desde la propia especialidad.

"La implantación de la categoría profesional en todo el territorio nacional no es un problema porque ya viene por normativa por una directiva europea. El problema surge con el número de matronas, sobre todo, en ámbitos como la primaria u hospitalaria, donde se reducen en muchas ocasiones sus competencias exclusivamente a paritorios. Debemos abordar otras áreas como las de neonatología, hospitalizaciones de recién nacidos, obstetricia o avanzar en lactancia materna, competencias ya reconocidas y que hay que impulsar desde la propia especialidad", ha afirmado el secretario general del CGE, Diego Ayuso.

El relevo generacional ha sido otra de las problemáticas detectadas que impide el desarrollo de las competencias de estas enfermeras especialistas, y a su vez provoca el intrusismo en la profesión de otros profesionales sanitarios, así como de otros agentes no profesionales sin formación sanitaria reglada, como es el caso de las doulas.

Para las enfermeras, estas figuras que, "si invaden competencialmente el espacio de la matrona al carecer de la capacitación profesional, desprestigian la labor enfermera", y a su vez, "ponen en riesgo la vida de las mujeres, madres y recién nacidos".

Para ello, han considerado necesario trazar líneas comunes. "Un gran número de matronas se van a ir jubilando en los próximos años, con lo cual, hay que hacer una buena planificación ahora. Ver cuántas especialistas se necesitan para poder cubrir las necesidades del futuro, y eso hay que hacerlo con tiempo, porque la especialidad dura dos años y las plazas tienen que estar definidas en base a esas necesidades para no encontrarnos con una situación de falta o escasez de la profesión de matrona como hemos tenido en décadas anteriores", ha destacado Ayuso.

Por último, junto con el Ministerio de Sanidad, el CGE trabaja en el desarrollo de una guía de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica sobre salud sexual y reproductiva, "un ámbito que toca muy de cerca el área competencial de las matronas", ha afirmado el vicepresidente III del CGE, José Luis Cobos.

En el año 2023 hubo un total de 322.075 nacimientos en España, que supone la cifra más baja desde el comienzo de la serie en 1941, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press. Los datos del INE revelan que en 2023 hubo 6.629 nacimientos menos que en 2022, lo que supone que el número de nacimientos se ha reducido en un 2% en el último año.

Además, desde 2013, cuando se registraron 424.440 nacimientos, el número de nacimientos ha caído un 24,1 por ciento. El 2014 fue el último año en el que los nacimientos aumentaron y, desde entonces, han descendido cada año.

En la última década los nacimientos de madres de 40 o más años han crecido un 19,3% y ya representan el 10,7 por ciento frente al 6,8% de 2013. Sin embargo, los nacimientos de las madres menores de 25 años han caído un 26% en la última década y suponen actualmente el 9,4% del total, frente al 9,6% en 2013.

Por otro lado, el número de defunciones se redujo un 5,8% en el año 2023, ya que fallecieron 435.331 personas el año pasado, 26.623 menos que en 2022.

El año pasado el número de defunciones sólo aumentó en el grupo de menores de cuatro años (un 1,7% más). En el grupo de 85 a 89 años las defunciones cayeron un 10,8% y en el de 90 años o más cayeron un 6,1%.

Por primera vez España no ha llegado a los 300.000 nacimientos en los once primeros meses de un año, 2023. Este tipo de datos siempre causan gran alboroto. Preocupa muchísimo que los niños no nazcan, pero lo que ocurre con ellos cuando sí lo hacen poco importa, es un asunto privado. Las llamadas ayudas a la natalidad se delatan por el nombre. Se busca una mejora estadística, manitas para el futuro del sistema, que los niños nazcan; después, ahí te apañes, buena suerte, es cosa tuya. Desde mis 36 años, un hijo, autónoma, me produce entre ternura e ira que alguien crea de verdad que una decisión tan inmensa y permanente se puede tomar en función de un cheque regalo de mil o dos mil euros. 

La ayuda estatal de 100 euros al mes por hijo a cargo se apaga con las velas del tercer cumpleaños y, para una gran parte de las familias, no hay nada más. En España se tienen hijos no por, sino a pesar, a pesar de todo. Con alquileres que se acercan o superan ya incluso el salario mínimo, jornadas de entrar y salir de noche del trabajo, y abuelos que viven lejos o que no han visto aún la hora de jubilarse, ¿quién puede realmente tener hijos? Quién puede, quiero decir, tener hijos y cuidarlos.

Hace poco muchos llamaron exagerada a una chica de 26 años que escribió una carta a la directora en El País diciendo que, a su edad, es “consciente” de que “nunca” será madre, que va “tarde”. La interpretaron literalmente. Yo entiendo que la chica ya sabe que, en teoría, le quedan bastantes años para serlo. Ella habla de tener algún día las condiciones para todo lo que viene después: para cuidarlos durante al menos 18 años. La parte que se olvidan las instituciones.

Ahora que soy madre, repaso toda la gente con hijos que conocí trabajando en redacciones y oficinas, y me pregunto cómo lo hacían. Las respuestas acaban por tener poco misterio: había una mujer, la madre o una cuidadora remunerada, que se encargaba de todo lo que ocurre con un niño después del colegio, que es muchísimo. El 44,1% de los hombres españoles considera que la igualdad ha llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos, dice el CIS. A todo ese 44,1% lo metería dos tardes por semana en la humedad del edificio de una piscina climatizada atestada de niños y padres quitándose y poniéndose las capas del invierno y duchando a los pequeños unos encima de otros, mientras se empapan de agua y tienen urgencia por huir. Digo que los metería porque si hay un sitio donde no ha llegado lejos la igualdad es a las clases de natación infantil. Solo he visto a uno y es uno que aprovecha para entrenar.

Este viernes, en una cafetería, crucé varias veces la mirada con una madre que la tenía llena de profundidad triste. Estaba sola con su bebé, como están tantas madres a media mañana en tantas casas y cafeterías y parques del mundo. Pensé en hablarle, pero qué le iba a decir. Hay algo aún más difícil que estar sola mucho tiempo con un niño recién nacido: estar en dos lugares y en dos personas al mismo tiempo, que es lo que haces desde que te incorporas a trabajar de nuevo. Este sistema se sostenía sobre el encierro no cotizado de las mujeres mientras los hombres trabajaban fuera 40 horas a la semana. Ahora hombres y mujeres trabajan fuera 40 horas a la semana y el trabajo propio de aquel encierro sigue siendo el mismo y alguien lo tiene que hacer. Y no, la igualdad no ha llegado tan lejos tampoco en eso. Aborden esta imposibilidad matemática de manera seria y estructural y guárdense sus cheques regalo carentes de progresividad para alguna feria.

España ha registrado 294.856 nacimientos en los once primeros meses de 2023, lo que supone 6.504 menos que en el mismo periodo de 2022 y la primera vez en la serie que no se superan los 300.000 nacimientos en los once primeros meses de un año, según las estimaciones de nacimientos mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE), según informa Europa Press.

Según los datos del INE, durante los once primeros meses de 2023 se estima que han nacido en España 294.856 niños, frente a los 301.360 en 2022; 308.294 en 2021; 317.181 en 2020; 329.554 en 2019; 340.340 en 2018; y 359.424 en 2017. Continúa así la tendencia a la baja desde que se contabilizan estos datos mensuales.

En cuanto a la edad de las mujeres, los datos del INE indican que, un mes más, en noviembre de 2023 hubo más nacimientos de madres mayores de 40 años (2.934 nacimientos) que de menores de 25 años (2.446 nacimientos). Además, en noviembre de 2023 nacieron 27.507 niños en España, lo que representa 804 menos que en el mismo mes de 2022 y que España lleve ya más de dos años sin superar los 30.000 nacimientos en un mes, desde octubre de 2021.

Respecto a las defunciones, en las 52 semanas de 2023, es decir, hasta el 31 de diciembre fallecieron en España un total de 433.533 personas, lo que representa 26.945 menos que en el mismo periodo de 2022 y la cifra más baja en esas semanas desde 2019, según la estimación del INE.

Finalmente, por cada año, las defunciones en España en este periodo de tiempo han sido 433.533 estimadas en 2023; 460.478 en 2022; 447.772 en 2021; 489.332 en 2020; 414.914 en 2019 y 423.994 en 2018.

El número de nacimientos en España en los primeros nueve meses del año ha alcanzado los 238.766, un 2,5% menos en comparación con el mismo periodo de 2022, según las estimaciones de nacimientos mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, continúa la senda descendente de los últimos años y 2023 podría volver a registrar un nuevo mínimo histórico después de que el INE haya publicado este miércoles los datos definitivos de 2022, cuando hubo 329.251 nacimientos, la cifra más baja desde el comienzo de la serie en 1941, según recoge Europa Press.

En concreto, según las estimaciones del INE, en España en los nueve primeros meses de 2023 hubo 238.766 nacimientos, lo que supone 6.337 nacimientos menos que en el mismo periodo de 2022 y 52.579 menos que en los mismos meses de 2017. Así, en los primeros nueve meses de 2022, hubo 245.103 nacimientos; en 2021, 249.809; en 2020, 260.192; en 2019, 268.048; en 2018, 276.920; y en 2017, 291.345, por lo que continúa así la tendencia a la baja desde que se contabilizan estos datos mensuales.

Además, la cifra de este septiembre de 2023 es la más baja para este mes desde el inicio de la serie (en 1941) y ya van 23 meses seguidos en los que no se superan los 30.000 nacimientos en un mes, cifra que se alcanzó en octubre de 2021.

Por otro lado, los datos definitivos de 2022 publicados por el INE revelan que España registró 329.251 nacimientos, lo que supuso un descenso del 2,4% respecto al año anterior (8.129 menos), nuevo mínimo histórico desde el comienzo de la serie. Desde 2012, los nacimientos han caído un 27,6%.

Además, durante 2022, fallecieron en España 464.417 personas, un 3,0% más que en 2021 por lo que el crecimiento vegetativo de la población residente en España (es decir, la diferencia entre nacimientos de madres residentes en España y defunciones de residentes en el país) fue negativo en 133.250 personas en el año 2022.

De este modo se encadenan seis años consecutivos con saldos negativos y la diferencia entre nacimientos y defunciones del año pasado es la segunda más negativa desde que existen datos (1941), sólo superada por la de 2020.

Como se desprende de los datos definitivos del Movimiento Natural de la Población (MNP) y los Indicadores Demográficos Básicos (IDB) correspondientes a 2022, publicados este miércoles, el número de nacimientos continúa con la tendencia a la baja de la última década, sólo interrumpida en 2014. Desde el año 2012, el número de nacimientos ha descendido un 27,6%.

Mientras, el número de mujeres de 25 a 40 años (que concentraron el 83,5% de los nacimientos) se redujo un 2,3% en 2022, al pasar de 4,72 millones a 4,63 millones, por lo que se mantiene la tendencia a la baja iniciada en 2009, ya que ese rango de edades está formado por generaciones menos numerosas nacidas durante los 80 y la primera mitad de los 90.

Además, de los 329.251 nacimientos que tuvieron lugar en España en 2022, 75.869 fueron de madre extranjera, el 23,04% del total (frente al 21,43% en 2021).

En cuanto al indicador coyuntural de fecundidad (o número medio de hijos por mujer) se situó en 1,16 en 2022, dos centésimas menos que el registrado en 2021. Por nacionalidad, el número medio de hijos por mujer se redujo tres centésimas entre las madres españolas (hasta 1,12). Por el contrario, entre las extranjeras se mantuvo en el 1,35.

El número medio de hijos por mujer en España bajó 0,02 puntos en 2022, al situarse en 1,16, el mínimo desde 1999. Los valores más altos se dieron en Melilla (1,56) y Murcia (1,42), mientras que en las Islas Canarias y Asturias fue inferior a 1

En 2021 y 2020, el número medio fue de 1,18. La cifra ha ido bajando a lo largo de los años, con 1,23 en 2019; 1,26 en 2018; 1,33 en 2015; 1,37 en 2010 y 1,33 en 2005. En 2000 la media estaba en 1,21, en 1999 en 1,16 y en 1981 en 2,04.

La edad media a la maternidad se mantuvo en 32,6 años en 2022. En los últimos años se observa no sólo una disminución del número de nacimientos, sino también un retraso en la edad de maternidad, en línea con los datos de estimaciones mensuales.

Así, mientras que en 2022 y en 2021 la edad media de las madres fue de 32,6 años, en 2020 fue de 32,3; en 2019 de 32,2; en 2018 de 32,2 y en 2015, de 31,9. Una década antes, en 2005, la media estaba en 30,9 y diez años antes, en 1995, en 29,9 frente a los 28,5 de 1985.

Por nacionalidad, la edad media a la maternidad de las madres españolas aumentó nueve centésimas respecto a 2021, y se situó en 33,1 años. Por su parte, la de las extranjeras se redujo una décima, hasta 30,5 años.

Otro indicador que refleja el retraso en la maternidad es el número de nacimientos de madres de 40 o más años, que ha crecido un 27,9% en los 10 últimos años. En términos relativos, mientras que en 2012 el 6,2% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2022 ese porcentaje se elevó hasta el 11,0%.

Estos datos van en línea con la estimación mensual del INE ya que el pasado mes de septiembre de 2023, hubo más nacimientos de madres mayores de 40 años que de mujeres menores de 25 años. De este modo, las mayores de 40 años concentran 2.761 nacimientos mientras que las menores de 25 años se quedan en 2.662.

La estadística del INE también aborda la esperanza de vida al nacimiento, que aumentó 0,06 años en 2022, hasta los 83,08 años. Por sexo, se incrementó en los hombres y se redujo en las mujeres. Así, en el caso de los varones, subió 0,17 años (hasta 80,36) mientras que en las mujeres descendió 0,07 años (hasta 85,74).

De acuerdo con las condiciones de mortalidad del momento, una persona que alcanzó los 65 años en 2022 esperaría vivir, de media, 19,06 años más si es hombre y 22,96 más si es mujer.

Por otro lado, en las 44 primeras semanas de 2023, es decir, hasta el 5 de noviembre, fallecieron en España un total de 362.761 personas, lo que supone 25.400 personas menos que en el mismo periodo de 2022 y la cifra más baja en esas semanas desde 2019. Así, en el mismo periodo de 2022 hubo 388.161 defunciones, frente a las 373.885 de 2021; las 412.380, de 2020; las 349.659 de 2019 y las 358.682 de 2018.

En cuanto a los datos definitivos de 2022, constatan que los mayores incrementos de defunciones en términos relativos se observaron en los mayores de 90 años, en particular, en las personas de 100 y más años tanto en hombres (con un aumento del 15,6% respecto a 2021), como en mujeres (22,7%).

Mientras, la tasa de mortalidad infantil aumentó seis centésimas en el año 2022 y se situó en 2,60 defunciones infantiles por cada 1.000 nacidos vivos.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de nacimientos en España del primer semestre de este año supuso un descenso del 2,5% con respecto a los de 2022 y de un 10,8% con respecto a los de 2019. También según el organismo, en 2020 hubo 11 ciudades españolas en las que las mujeres no tuvieron ni un hijo. Además, el último Focus on Spanish Society de Funcas situó a nuestro país como el europeo en el que más nacimientos hay entre las mujeres mayores de 40. Y así se suceden distintas cifras que llevan a la misma conclusión: cada vez nacen menos niños en España y la población, por tanto, envejece. Con esta premisa, ¿habrá suficiente alumnado para las escuelas del futuro?

Es la cuestión que ha planteado el informe publicado este jueves por EsadeEcPol bajo el título Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo, en el que se cifra en 450.000 el número de niños y niñas menores de 16 años que España ha perdido entre 2013 y 2023. Y el camino todavía no ha terminado. Jorge Galindo, sociólogo y autor del informe junto a Lucas Gortazar, explica que, hasta 2037, esa cifra habrá sobrepasado el millón. "El pico demográfico de esta edad tuvo lugar en 2013, ahora estamos en ese proceso de pérdida de población menor de 16 años. El problema está en marcha", diagnostica.

No ocurrirá de la misma manera en todas las etapas. Según se especifica en el estudio, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) perderá un 25% de su alumnado potencial en 2037, pasando de los casi 2,1 millones de niños y niñas entre 12 y 15 años de hoy a 1,6 entonces. Primaria, por su parte, se vaciará antes: si en 2017 tenía 3 millones de alumnos, en 2032 se quedará por debajo de los 2,4.

Pero tampoco será igual en toda España. Como explica Galindo, y siempre tomando como referencia las proyecciones provinciales del INE, serán Zamora, León, Palencia, Albacete o Jaén las más perjudicadas por la pérdida de alumnado menor de 16 años de aquí a una década. La caída de la primera será del 44% y las del resto, de alrededor de un tercio. "Estas cifras coinciden con aquellos lugares en los que hay mayor despoblación. Al final, el desequilibrio territorial de España es algo que se ha gestado durante muchísimas décadas", recuerda el sociólogo. Así, en el otro lado de la moneda se encuentran otros lugares como Madrid (que sólo perderá un 10%), Barcelona (un 7%), Murcia (1%) o Navarra (0%).

Por eso hay que actuar. "La situación abre el debate sobre cómo podemos preservar la universalidad de la educación a largo plazo, porque esto sólo abrirá las diferencias entre territorios", explica Galindo, que rechaza la posibilidad de aplazar el "plan" que ya es necesario idear y poner en marcha. "Dejar todo como está no hace que la demografía no vaya a cambiar. Lo único que supondría sería aplazar la decisión y los conflictos, lo que acabaría provocando que los recursos acabasen destinados de manera poco eficiente con los alumnos futuros", detalla.

"Es mejor salir de la inacción y aprovechar la oportunidad ahora en vez de reaccionar tarde. La caída demográfica es un fenómeno imparable que comenzó hace más de un lustro y tiene todavía una década por delante. Las autoridades educativas [...] se enfrentan a un marco de decisión complejo que les va a obligar a reestructurar, ya sea ahora o más adelante, el mapa escolar", detalla el informe.

El objetivo, insiste Galindo, es que el principio de la universalidad de la educación se mantenga. Afirma que hay que asumir que habrá cierre de escuelas, pero habrá que idear bien de qué manera hacerlo. Por ejemplo: no es lo mismo cerrar un colegio que está en un municipio pequeño a kilómetros de los demás centros que agrupar al alumnado de tres que son muy cercanos. En Polonia, según explicó Gortazar en un artículo de El País, se tomó la "dolorosa decisión de cerrar las escuelas más pequeñas de las zonas más alejadas" y de reinvertir esos recursos "en escuelas medianas o grandes en municipios cercanos (a no más de 5 ó 10 kilómetros) para ampliar las infraestructuras y mantener una ratio razonable, a la vez que poner en marcha sistemas de transporte público que lleguen a cada pueblo, por muy remoto que sea".

Porque esa es la otra "pata" de la cuestión, según explica Galindo. Si hay menos alumnado y encima se cierran escuelas, habrá más recursos por alumno. "Si los recursos públicos educativos se mantienen o bajan a un ritmo más lento que la caída demográfica, el gasto público por alumno va a crecer considerablemente gracias a la caída de alumnos. La caída demográfica supone la principal oportunidad real de nuevos recursos públicos para el sector educativo", señala el estudio de EsadeEcPol publicado este jueves, que detalla que, por niño o niña, el gasto aumentará entre un 5% y un 25%.

A priori, el dato es positivo, pero sólo si se reparten de manera adecuada garantizando, una vez más, la universalidad de la educación. "Uno de los principios del buen uso de los recursos públicos es usarlos de tal manera que amplíen derechos y oportunidades de un mayor número de alumnos, y en el caso de la educación, que permitan una mejor educación y un mayore aprendizaje para el mayor número posible de alumnos", detalla el informe. "Hay que empezar a decidir a qué vamos a dedicar el excedente, porque hay niños y niñas que no están en zonas de riesgo de cierre de escuelas pero sí tienen dificultades de acceso efectivo a la educación", amplía Galindo.

Por eso los expertos apuestan por seis medidas específicas. La primera consiste en reducir la ratio y el tamaño de las aulas más tensionadas invirtiendo en infraestructuras y personal allí donde sea más efectivo. Tras ello, habría que ampliar el tiempo en la escuela, el refuerzo escolar y el cuidado, apostando por la jornada partida. "En España, la jornada continua avanza de manera imparable en educación Infantil y Primaria y es una realidad asentada en los centros públicos" que "puede perjudicar el aprendizaje de los alumnos, pero también la igualdad de género en el empleo", apunta el informe.

Precisamente hace unos meses, la OCDE instó a España a acabar con la jornada continua porque, a su juicio, la partida responde mejor a las necesidades de los alumnos, especialmente de los más desfavorecidos, para los que los expertos de EsadeEcPol proponen un mayor refuerzo. En otras palabras: existe ahora la oportunidad de dar recursos "de manera quirúrgica en cada centro educativo con programas y estrategias que son eficaces, especialmente con el alumnado más vulnerable y rezagado". Se reforzaría, así, el papel corregidor de desigualdades de la educación.

En paralelo, el informe apunta a la necesidad de reformar las políticas docentes y mejorar las condiciones laborales del profesorado para acabar con la interinidad que perjudica la continuidad del aprendizaje de los alumnos y alumnas y agudiza el burnout pospandémico que sufre la profesión. Además, es necesario promover una mayor colaboración docente para implementar nuevos modelos educativos y seguir expandiendo las etapas de educación infantil de 0 a 3 años y Formación Profesional, algo que favorece "el desarrollo temprano de los alumnos y la conciliación de las familias además de la inserción laboral de los jóvenes", explica el estudio, que finaliza con la recomendación de aplicar políticas "eficaces" contra la segregación.