Las mujeres apenas suponen el 29,2% del empleo en materia de innovación en España, y su participación destaca sobre todo en ámbitos feminizados (textil, belleza o alimentación) y cae en sectores tecnológicos e industriales, según los datos del informe Mujeres e Innovación 2026.

El trabajo, que elabora anualmente el Ministerio de Ciencia desde el año 2020, ha sido presentado este jueves por la titular de este departamento, Diana Morant, quien ha destacado que “España avanza hacia un sistema de innovación más igualitario, aunque más despacio de lo que nos gustaría”.

La participación femenina se concentra mayoritariamente en universidades y organismos públicos de investigación, mientras que la masculina presenta una mayor presencia en el ámbito empresarial y en sectores STEM (de las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas).

En cuanto a las empresas, la participación de las mujeres alcanza máximos en las de mayor tamaño, donde suponen un 31,3%, lo que sugiere que los entornos organizativos más estructurados favorecen la presencia de mujeres.

Por el contrario, en las empresas con sello PYME innovadora, solo el 15% de las personas representantes legales son mujeres.

En los consejos de administración del IBEX-35, la presencia de mujeres se aproxima al 40%, lo que supone un avance relevante, aunque las presidencias siguen estando prácticamente en manos masculinas.

Una situación similar se observa en las presidencias de las Cámaras de Comercio. En contraste, en la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), de ámbito municipal, se registran niveles más cercanos a la paridad.

Por temas, el empleo femenino en innovación está ligado a actividades vinculadas al comercio, las finanzas y los seguros, mientras que su participación es más reducida en las ramas STEM y en los sectores intensivos en tecnología

España se mantiene entre el grupo de países europeos que tienen más mujeres inventoras, pero el porcentaje sigue siendo mucho menor que el de los hombres.

Las solicitudes de patentes presentadas por mujeres inventoras en España entre 2015 y 2024 muestra una tendencia de crecimiento moderado, pero sigue en el 27,8%.

En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), por ejemplo, entre el 70% y el 80% de las solicitudes de patentes incluyen al menos a una mujer, y las solicitudes lideradas por una mujer han aumentado en los últimos años hasta alcanzar el 42,6%.

No obstante, el liderazgo de estos procesos presenta diferencias relevantes según áreas científicas, con una presencia alta en biomedicina y baja en tecnologías físicas, lo que refleja patrones de segregación disciplinar.

En el entorno universitario, la participación femenina es elevada y al mismo nivel que los hombres en investigación competitiva, ligeramente superior en gestión, pero menor en transferencia tecnológica, tradicionalmente masculina.

En cuanto a la creación de empresas spin-off (que explotan comercialmente el conocimiento científico) en las universidades españolas, la participación femenina se sitúa en torno al 40%.

“El informe identifica desigualdades estructurales persistentes en el sistema de innovación español y, aunque se observan mejoras en casi todas las dimensiones analizadas, su ritmo de avance sigue siendo lento”, ha señalado la ministra. Morant ha hecho hincapié también en que la financiación pública en innovación muestra efectos positivos en materia de igualdad.

El hasta ahora gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, ha renunciado a su cargo, después de conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general.

El patronato del CNIO, reunido este viernes en sesión extraordinaria, ha quedado informado de la renuncia de Bernabé. No obstante, este jueves ya el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades anunció que pediría en este órgano la destitución del gerente.

Por decisión propia, esta corporación celebrará una nueva reunión "a la mayor brevedad posible" para analizar la situación actual y el futuro del centro, informa en un comunicado.

La solicitud de cese y la posterior renuncia se han producido tras la publicación de informaciones periodísticas. Según el ABC, el CNIO investiga la queja que Laura Muñoz presentó, cuando era secretaria general, en el área de Recursos Humanos contra el gerente, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según la denunciante, desde la incorporación de Bernabé como gerente, el 1 de septiembre de 2025, se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual; Muñoz habla de modificaciones de horarios para coincidir con su jornada y de mensajes telefónicos más allá de cuestiones laborales. Con el tiempo, asegura, esto fue en aumento, lo que le fue resultando "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica". El gerente le enviaba supuestamente mensajes personales desde el gimnasio y alardeaba de las mujeres con las que se acostaba, según el diario.

Este viernes y antes de conocerse públicamente detalles de la reunión del patronato, la ministra de Ciencia, Diana Morant, desde Alicante, ha afirmado que Bernabé tenía que "abandonar su puesto" a raíz de una conducta "reprobable" que ha conducido a un caso de presunto acoso.

Morant ha señalado que en este tipo de situaciones es "rotunda" y que los mensajes denunciados contra Bernabé "no caben en el ejercicio laboral entre un gerente y una subordinada". Según fuentes conocedoras del caso, la ministra se enteró del contenido de la denuncia por la información periodística, "nunca antes" había tenido acceso al mismo.

Bernabé sustituyó en el cargo a Juan Arroyo y se incorporó al centro el pasado septiembre. Unos meses después, el 25 de noviembre, el patronato acordó por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que incluyó la destitución de Arroyo, que aunque ya no era gerente todavía ostentaba un alto cargo en el área económica. Esta decisión se llevó a cabo tras una denuncia por presuntas irregularidades.

Este órgano dio luz verde a una propuesta de Bernabé para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial". Esa reorganización de la estructura implicaba también el cese y posterior despido de otros dos cargos del área económica, entre ellos el de Laura Muñoz (del círculo de Arroyo).

La decisión y el reajuste se produjeron a raíz de que un ex alto cargo del CNIO denunciara en la Fiscalía Anticorrupción a antiguos directivos del área económica del CNIO y a empresas afines por, supuestamente, haberse lucrado con contratos, todo con la presunta protección del exgerente Arroyo.

A última hora del jueves, jefes de grupo y de las unidades del CNIO mostraron en una carta abierta su apoyo al gerente y denunciaron una campaña de desprestigio "orquestada y dirigida" a minar su reputación. "Nuestro total respaldo" a la labor de Bernabé durante los últimos meses, en su esfuerzo por conseguir una gestión transparente en el CNIO, escriben los científicos, que este viernes se han concentrado a las puertas del centro junto a otros trabajadores (en una pancarta se leía "-mafia +ciencia").

Para los firmantes, Bernabé fue el principal actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia. Por ahora, han rubricado el escrito casi todos los jefes de grupo y de unidades —no Mariano Barbacid—, además de otros científicos y personal del CNIO, según fuentes del centro. El patronato también ha sido informado de este texto.

No es la primera crisis que vive la institución. Esta quiso empezar una nueva etapa el 29 de enero de 2025 después de que el patronato decidiera, ese mismo día y por unanimidad, cesar a su por entonces directora científica, María Blasco, y también al gerente Arroyo.

La determinación se tomó porque el "ambiente que se vivía en el centro no era compatible con la excelencia científica requerida". Se eligió a una nueva dirección científica, Raúl Rabadán, y a un nuevo gerente, que acaba de renunciar, que entre sus misiones tenía recabar toda la información sobre la situación del CNIO durante los últimos 18 años y "poner negro sobre blanco".

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará este viernes en el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que se proceda al cese del gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por un presunto caso de acoso sexual.

Así lo han señalado a EFE fuentes del departamento que dirige Diana Morant, después de conocerse las informaciones publicadas por el diario ABC sobre un presunto caso en el citado centro.

El Ministerio condena de "forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO". "Por ello, el ministerio solicitará mañana en el patronato del CNIO, que se proceda al cese del gerente de la institución", han agregado las mismas fuentes.

ABC publica que el CNIO investiga una denuncia de la exsecretaria general Laura Muñoz. Siempre según el citado periódico, Muñoz presentó el 11 de noviembre de 2025, cuando era secretaria general, una queja en el área de Recursos Humanos contra el gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según la denunciante, desde la incorporación de Bernabé como gerente, el 1 de septiembre de 2025, se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, le hicieron sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de sus funciones.

Muñoz habla de modificaciones de horarios para coincidir con su jornada, pero "la situación se volvió tensa y desconcertante". "Mientras se producían todas estas situaciones laborales (...), el gerente me escribía con frecuencia por WhatsApp", que es donde surgieron las conversaciones denunciadas, detalla el diario. "Este canal que inicialmente se utilizó para cuestiones laborales, acabó siendo usado por su parte para enviarme fotografías, vídeos y comentarios sobre su vida privada", relata Muñoz.

Con el tiempo, el contenido de los mensajes fue derivando hacia cuestiones cada vez más personales, lo que le fue resultando "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica".

El gerente le enviaba supuestamente mensajes personales desde el gimnasio y alardeaba de las mujeres con las que se acostaba: "Este año llevo catorce", recoge el ABC.

Según fuentes conocedoras del caso, Diana Morant se ha enterado del contenido de la denuncia por la información de este diario, "nunca antes" había tenido acceso al mismo. Bernabé sustituyó en el cargo a Juan Arroyo y se incorporó al centro el pasado septiembre.

Unos meses después, el 25 de noviembre, el patronato del CNIO acordó por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que pasaría por la destitución del todavía alto cargo que ostentaba Juan Arroyo en el área económica, tras una denuncia por presuntas irregularidades.

Este órgano rector dio luz verde a una propuesta de Bernabé para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial". Esa reorganización de la estructura incluía también el cese en sus puestos de otros dos cargos del área económica, entre ellos el de Laura Muñoz.

La decisión se produjo a raíz de que un ex alto cargo del CNIO denunciara en la Fiscalía Anticorrupción a antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por, supuestamente, haberse lucrado con contratos. 

La adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid se encuentra con obstáculos. La idea, que aprobó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado noviembre, ha sido recurrida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio, el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto a través de la Abogacía del Estado y presentado el pasado 12 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fuentes del ministerio, dirigido por Diana Morant, aseguran que es algo inédito que un colegio profesional pueda repartir títulos. Además, afirman que “la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”.

La aprobación de la adscripción a la UCM del centro de la ICAM tendría que ver, según recoge elDiario.es, con la falta de financiación de la Universidad Complutense, algo que se podría aliviar mediante esta operación ya que las universidades reciben dinero por alojar centros adscritos. También, apunta el medio digital, sigue la línea del gobierno de Ayuso, que querría tener más influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con su constante privatización de la educación.

Precisamente, fuentes del ministerio han asegurado a elDiario.es que “el resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. La decisión adoptada por el Gobierno de la señora Ayuso sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados”.

Con este centro, la propia Complutense se estaría haciendo competencia a si misma, ya que en el grado de Derecho no llena todas las plazas, con una tasa de cobertura del 90%. De esta forma, dicen fuentes del ministerio, "se abre otra vía para desmantelar la universidad pública". También han alertado de que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".

El recurso del Gobierno se une al que ya presentó el PSOE hace pocos días y, además, podrían no ser los únicos. El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció que también lo haría ya que considera que es un paso "forzado" y "un error". El rector asegura que es una “puerta falsa para formalizar como universidades ámbitos que no lo son”, una declaración que también comparte la Universidad Complutense.

Tras medio año de discusiones, polémicas y posturas opuestas, el pacto alcanzado entre la Xunta y los rectores de las tres universidades públicas gallegas cerró temporalmente el conflicto sobre la descentralización del grado de Medicina en Galicia, pero no el debate sobre la conveniencia de tener más facultades. Ricardo Cao, rector de la UDC e impulsor de la demanda de título propio desde el pasado mes de mayo, dejó claro que el pacto solo aplazaba su reclamación y siempre a expensas de que se cumpliese lo acordado, mientras que su homólogo en Vigo, Manuel Reigosa, advirtió de que se retrasaba una posible solicitud.

Cualquier incumplimiento del pacto o el impulso a otro proyecto privado de Medicina reactivaría la implantación de grado propio en A Coruña y Vigo. En el preacuerdo, la Xunta se compromete a no dar el visto bueno a ninguna otra proposición hasta, como mínimo, el curso 2028-29. Todo ello pese a que Alfonso Rueda reconoció este pasado martes que ya hubo “manifestaciones de interés” sobre esta titulación y otras por parte de iniciativas privadas, aunque “ninguna propuesta formal”. Al mismo tiempo, el anuncio de la universidad privada de Abanca de impartir Biomedicina en 2027 elevó aún más las dudas sobre un acuerdo respecto al cual los rectores mantienen todavía diferencias y que sigue sin firmarse.

Sea como fuere, y en el caso de que el acuerdo se cumpla sin problemas, Galicia se quedaría con una única facultad de Medicina hasta, como mínimo, 2029. Hasta entonces, serán varias las que se implanten en España, que duplicó el número de grados en las últimas dos décadas y es el Estado que cuenta con mayor número por habitante.

En 2026, Castilla y León abrirá dos facultades de Medicina más —en Burgos y en León— que se unirán a las ya existentes en Valladolid y Salamanca. Ambas son públicas, como las que se prevén en La Rioja y Teruel para el próximo curso. En el actual se estrenaron dos más privadas, la de la Universidad San Jorge en Zaragoza y la de la CEU Fernando III en Sevilla, y en el anterior la de Nebrija en Madrid, mientras que la primera promoción del grado de la Universidad de Huelva (de titularidad pública) acaba de comenzar su segundo curso.

En Mallorca se prevén dos más privadas en los próximos años, mientras que en Terrassa (Barcelona), la Universitat Politècnica de Catalunya ha aplazado por un tiempo el proyecto ya anunciado para un nuevo grado público.

En lo que afecta a Galicia, el debate tiene dos posiciones claras y hay datos que pueden avalar cualquiera de las dos posturas: la proliferación de facultades de Medicina en España es muy elevada, con alrededor de 60 y en aumento. Superaría con mucho las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las que aluden los colegios médicos, de 0,5 facultades por cada millón de habitantes.

Pero el caso gallego es también único y una excepción en el Estado, al tener una sola facultad para una población que se aproxima a los tres millones de habitantes y con tres grandes hospitales y, también, porque hay muchas ciudades y provincias mucho más pequeñas con grado propio, así como diversas autonomías mucho menos habitadas con el mismo o mayor número de grados.

Además, la facultad de Medicina de la USC es la que cuenta con mayor número de alumnado en un único grado (403 plazas este año), una cifra a la que solo se acercan las de la Universitat Autònoma de Barcelona (385) o la de la Universidad de Sevilla (352). Cada curso, se registran en Galicia cerca de 4.000 solicitudes para entrar en la titulación de Santiago, entre ocho y diez solicitantes por plaza.

El argumento de la proliferación de títulos de Medicina en todas las comunidades autónomas es a menudo utilizado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para oponerse a la preferencia de la Xunta o de la USC por una única facultad en Galicia.

“¿Por qué dice Rueda que lo mejor que le puede pasar a Galicia es mantener una única facultad con docencia descentralizada? ¿Y por qué es lo mejor? O sea, que en Catalunya se equivocaron porque hay muchas, en Madrid se equivocaron porque hay muchas, en Valencia se equivocaron porque hay muchas, en Andalucía se equivocaron… En todas partes se equivocaron salvo en Galicia”, dijo Caballero en una de sus últimas declaraciones sobre la polémica.

También recordó que Vigo es la mayor ciudad de España sin facultad de Medicina y cifró en 26 las “más pequeñas” que sí la tienen.

Los datos indican que, en la actualidad, solo cuatro comunidades autónomas, además de Galicia, cuentan con una única facultad de Medicina (Asturias, Extremadura, Cantabria y Illes Balears), todas ellas con una población notablemente inferior, ninguna por encima de 1,25 millones. La Rioja, la única autonomía que no tenía la titulación, la inaugurará el próximo curso, mientras que en las Illes Balears se prevén dos más (privadas) en pocos años.

Castilla y León, con 2,4 millones de habitantes, contará con cuatro facultades públicas de Medicina para el próximo curso, sumando más de 150 plazas a las 466 existentes en la actualidad. Son dos facultades más que en Castilla-La Mancha, que tiene en dos grados prácticamente la mitad de plazas que la USC. Euskadi y Navarra cuentan con sendas dos titulaciones (una privada y una pública), al igual que Aragón.

En el lado opuesto, Andalucía tiene ocho facultades en cada una de sus capitales provinciales y casi 1.400 plazas, además de otras alternativas privadas. Cataluña consta de seis facultades públicas con más de 1.100 plazas, además de tres grados de iniciativa privada.

Solo en tres comunidades el número de facultades privadas supera al de las públicas: Murcia, Comunitat Valenciana y Madrid. La autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso es, además, la única donde hay más plazas privadas que públicas en Medicina: el doble.

Por ciudades, son muchas las que cuentan con facultad de Medicina pese a no ser grandes urbes, como el caso de Girona, Reus, Lleida o Ciudad Real.

En total, en el conjunto de España para este curso 2025-26 hay algo más de 10.000 plazas para el estudio del grado universitario de Medicina en diferentes universidades, de las que 6.800 eran públicas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes el lanzamiento de un "plan de rescate" de las Matemáticas en colegios e institutos que incluirá "diez minutos diarios de cálculo mental" y ha sugerido que "jubilados cualificados" y estudiantes universitarios puedan dar clase para paliar el déficit de profesores de esta materia, según recoge EFE.

Díaz Ayuso ha avanzado que pedirá al Gobierno "un plan de emergencia para afrontar la crisis de profesores de matemáticas", a su juicio un "problema mundial" agravado por el hecho de que "la industria les ofrece más oportunidades y mejor pagadas que nunca" fuera de la educación, ha agregado desde el centro integrado de FP Simone Ortega de Móstoles (Madrid).

La presidenta madrileña solicitará que se habilite para impartir clases a jubilados y a universitarios que estén ya en el tercer curso de grado de matemáticas o ingenierías.

Ha alegado Díaz Ayuso que la enseñanza de las matemáticas "se ha ido deteriorando en los últimos años en España y en la mayoría de los países", y ha incidido: "Las recetas ideológicas que se han aplicado no han ayudado en nada: matemáticas con perspectiva de género, emocionales o diluir las matemáticas con el resto de ciencias".

"Vamos a apostar por la aritmética y la geometría frente a la ideología", ha proclamado la presidenta, quien ha indicado que, a partir de este mismo curso, todos los alumnos de infantil y primaria tendrán "diez minutos diarios de cálculo mental".

La Comunidad permitirá que los titulados universitarios en cualquier ingeniería y otras carreras de ciencias puedan ser candidatos a participar en el listado de profesores interinos para cubrir las necesidades puntuales que planteen los distintos centros educativos de la región. 

"Nos jugamos la formación de todos nuestros alumnos y el futuro de nuestra innovación científica, tecnológica e industrial", ha zanjado la presidenta. 

También se reforzará "la formación continua" de profesores y maestros y se editará una guía de contenidos básicos de cada curso para facilitar el repaso continuo.

Hace años, el escritor Manuel Vicent, notorio antitaurino, hacía un artículo anual contra la tauromaquia en un periódico nacional. Al cabo de los años, repitiendo argumentos, llego a titularlo así: “El artículo”. Tengo tentaciones de hacer lo mismo, después de tantos años denunciando el abandono de la ciencia y la tecnología en este país, con pequeños periodos de crecimiento que, al no tener continuidad, solo conseguían alimentar la supervivencia del sistema español de I+D+i. Este gobierno lleva siete años en el poder y desde el principio ha manifestado su voluntad de mejorar el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Las cifras de inversión nos han sacado del estado comatoso en que nos dejó el gobierno de Rajoy, pero no han conseguido dar el salto hacia delante esperado.

El sistema de control administrativo de la inversión que solo sirve para dificultar el trabajo de los investigadores, no para evitar la corrupción –como se ha demostrado varias veces a lo largo del último decenio– sigue enseñoreándose de la gestión de la ciencia. Esto, junto con el insuficiente aumento de la inversión, hace que nuestra situación no haya conseguido poner al país en la senda del desarrollo demandado en Europa, para poder competir en este mundo enfrentado entre bloques. Este año, aún sin presupuestos generales del Estado, la cifra de gasto prevista en I+D puro serán unos 12.600 millones de euros. De ellos, casi un veinte por ciento procede de fondos europeos.

Esto habla bien de la capacidad de captación del sistema y sus investigadores, pero también indica que muchos proyectos tienen un horizonte limitado de financiación. En un sistema que se va a ver influido por el incremento de los gastos de defensa, con una incidencia clara, no solo en las ciencias más duras, como electrónica, IA, fotónica, desarrollos de software, materiales innovadores, etc., sino también en otras ramas en las que España está bien situada en relación con los competidores europeos americanos y chinos, como la biotecnología sanitaria y alimentaria. ¿A alguien se le ha ocurrido pensar que, en una situación de guerra, afortunadamente todavía poco probable, la producción propia de alimentos es absolutamente estratégica? No existe ninguna planificación para ajustar el sistema a las necesidades cambiantes de Europa que trata de competir en el mercado científico internacional.

Cuando Estados Unidos maltrata a su sistema de ciencia, reduciendo la inversión, el Ministerio de Ciencia apenas habilita ¡treinta millones! para captar científicos que quieran retornar a Europa. Reino Unido y, sobre todo, Estados Unidos pudieron aprovecharse de la emigración científica europea en los años treinta del siglo XX, porque tenían unos sistemas académicos atractivos que se llevaron lo mejor de los científicos alemanes y del resto de los países continentales en aquella década. ¿Qué va a pasar con los posibles retornados? ¿Se les va a favorecer en su integración o van a tener que entrar en el sistema de banderías habitual para conseguir una plaza de “funcionario estable”? ¿Van a tener financiación asegurada a medio plazo? Nadie ha dicho nada desde los altos niveles ministeriales responsables. Como siempre, medidas puntuales sin ninguna idea de previsión a medio plazo.

No existe una planificación, ni siquiera orientativa, sobre temas prioritarios para el país en el futuro inmediato y con una visión temporal ni a cinco ni a diez años. Que nadie olvide que las áreas mejor desarrolladas ahora fueron diseñadas por un puñado de visionarios en la mitad de los años ochenta del siglo pasado y, gracias a eso, podemos competir en varias áreas científicas. La improvisación no sirve de nada. Otro ejemplo. El avance espectacular de la I+D en Barcelona de los últimos veinte años se ha debido a la planificación que hizo el excelente economista Andreu Más-Colell cuando estuvo en el poder en la Generalitat, primero como responsable de las universidades catalanas y luego como consejero de Educación, poniendo en marcha sistemas de captación estable de científicos y con el apoyo decidido a la ciencia de calidad. Un plan que se ha seguido durante años, lo que ha llevado a resultados extraordinarios. Hay que recordar aquí que hace treinta y cinco años España y China tenían niveles científicos similares.

Después de diversos planes quinquenales de desarrollo científico, con el envío de ingentes cantidades de científicos a EEUU que han retornado a su país, no podemos compararnos con ellos. Así, la planificación y la constancia en los objetivos son la única clave para mejorar nuestro sistema de I+D+i. Vienen unos años en que la investigación y el desarrollo tecnológico van a ser la clave, no ya del desarrollo, sino de la supervivencia como país con autonomía estratégica. Los responsables de la ciencia en España deberían estar dedicados al cien por cien a esta tarea de detección de áreas en las que podamos competir y en la captación de personal de excelencia para poner en marcha programas estratégicos. Desgraciadamente, no se sabe nada de ellos. Una información de qué están haciendo con el sistema de I+D+i en el Ministerio de Ciencia, además de ir a remolque de los acontecimientos, resulta inexcusable. Nos jugamos el futuro como país independiente.

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* Vicente Larraga, profesor de Investigación ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y colaborador de la Fundación Alternativas.

Son, como mínimo y según algunos expertos, una amenaza. Primero para los estudiantes y, después, para todo el sistema público. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que quiso poner coto, a través de la reforma del decreto de universidades, a lo que denominó sin titubeos "chiringuitos" universitarios, provocando varias reacciones. La primera, la de los centros públicos, que celebraron la decisión porque los consideran responsables —al menos en parte— de su infrafinanciación; la segunda, la de las propias universidades privadas, que criticaron que la norma provoca "inseguridad jurídica" y vulnera "principios fundamentales". Por ahora la reforma sólo ha dado el primer paso en el Consejo de Ministros, pero se espera su aprobación definitiva para mayo. Cuando lo haga, el mapa universitario actual sólo cambiaría en caso de que se cumplan unos requisitos cada vez más duros. Ahora bien, algunas autonomías, aun con la normativa actual, ya están siendo un dique de contención contra este tipo de centros.

La desigualdad territorial es evidente. Se palpa en el mapa actual y se confirma con los proyectos que, al menos hasta ahora, había encima de la mesa. Si observamos el primero, que se puede extraer de la estadística oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se comprueba que es Madrid la que está a la cabeza. Tras ella, Cataluña, Castilla y León y Comunitat Valenciana. Sobre la mesa, otros tantos proyectos que incluirían en ese listado a Extremadura y a Andalucía. Oficialmente, ahora mismo tienen cero y un centro privado, respectivamente, una situación que comparten con Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Aragón pero en la que sobresale, sin ningún tipo de duda, Castilla-La Mancha. Allí no hay ninguna universidad privada. Pero lo realmente importante es que tampoco se la espera.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha son claros: no tienen nada contra la universidad privada, pero sí contra las "expendedoras de títulos". Su "apuesta", explican fuentes del Ejecutivo de Emiliano García Page, está en la universidad pública y sólo en la privada "seria y de calidad, con estándares y exigencias como las de las públicas". Es un discurso idéntico al del equipo de Sánchez. "Hay que perseguir las prácticas que atenten contra los estándares de calidad universitaria", señaló él mismo cuando anunció la reforma del decreto de acreditación de nuevos centros. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", añadió la ministra de Universidades, Diana Morant, en una entrevista con infoLibre.

Hasta ahora todo proyecto que quisiera instalarse en una región concreta podía, perfectamente, no cumplir ningún criterio. Es más, según los datos del departamento de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de ese modo: dos en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), uno en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y otro en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Es lo que rechaza de plano Castilla-La Mancha. En primer lugar, a partir de la nueva Ley de Universidades que el pasado mes de febrero sacó el Ejecutivo a consulta pública y que consiste, en síntesis, en endurecer los criterios para permitir la apertura de nuevos centros y en exigirles mayor relación con las instituciones. "A todos los aventureros de considerar la universidad solo un negocio no les vamos a dar ninguna facilidad", señaló el propio Page hace ahora un año, cuando presentó la normativa que pretende tener lista en 2026. Según concretan fuentes de su Consejería de Educación, su plan "no trata de universidades públicas contra universidades privadas, sino de proyectos universitarios de calidad". "La universidad juega un papel esencial en el desarrollo de Castilla-La Mancha y es la mejor aliada para construir el futuro de la región, ya que tiene la capacidad de generar futuro, oportunidades, expectativas, ilusión y compromiso con la región", añaden.

Hasta ahora, informan, han recibido aproximadamente una decena de propuestas de instalación de universidades privadas, pero se encuentran todas en stand by hasta que se apruebe la ley regional de universidades.

La conclusión está clara: la proliferación o no de la universidad privada y, sobre todo, de este último tipo de centros, depende en gran medida de la política. Como coinciden todos los expertos —y en cualquier caso corroboran los datos— un gobierno de derechas al frente facilita casi al completo que un nuevo proyecto salga adelante. Sea como sea. Tenga o no instalaciones. Contrate o no profesores suficientes. Y ofrezca o no variedad en sus titulaciones. Por eso Castilla-La Mancha, con el PSOE al frente en estos últimos años, en los que más se han propagado este tipo de "chiringuitos", sigue un rumbo radicalmente diferente. Ahora bien, no sólo es el color del sillón del gobierno el que explica todo.

"Los gobiernos regionales pueden fomentar o impedir el auge de las universidades privadas, pero su presencia no es sólo política", confirma desde el otro lado del teléfono la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto. ¿Y qué es el resto, entonces? Ella considera que hay un factor fundamental y que explica en gran medida esa desigualdad territorial en la implantación de estos "chiringuitos": la renta de la población que integra cada autonomía. Al final, subraya, "el sector privado se instala en aquellos lugares en los que sabe que puede tener éxito. Y esto deja fuera a las regiones más pobres".

La explicación es muy sencilla: por mucho que la universidad privada busque abarcar cada vez a más estudiantes, sigue siendo el cortijo de las clases más altas. Según un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de alumnos de las privadas con progenitores con ocupaciones altas se sitúa en el 60%, un porcentaje que en las públicas se reduce hasta el 40%. Y es que allí los precios pueden llegar a ser hasta tres veces más bajos.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las tres comunidades con menor renta anual media por persona son Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Ahora mismo la primera tan sólo tiene un centro privado, pero data de 1996 y se aleja de lo que el Gobierno tacha de "chiringuito". En Andalucía, por su parte, hay, por ahora, dos: Loyola Andalucía (fundada en 1963) y la CEU Fernando III, que empezó a operar en octubre de 2023. Otros dos esperan ya poder abrir sus puertas, por lo que la autonomía podría considerarse una excepción. Pero allí gobierna el PP desde que ganó las elecciones de diciembre de 2018.

El rumbo de Extremadura es muy parecido. Allí, según explica el catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de Extremadura Jesús Valverde, ni la renta ni la competitividad es elevada pero, sin embargo, tienen un proyecto a puntito de ver la luz —el de UNINDE, con capital chileno y peruano detrás— y otros tres sobre la mesa del Gobierno conservador de María Guardiola. "Cuando gobernaba el PSOE empezaron a hacer peticiones, pero no han prosperado hasta ahora", señala el experto, que sigue creyendo que la región no es lo económicamente atractiva para este tipo de proyectos como lo son, en cambio, las que más renta per cápita registran.

Son, volviendo a los datos del INE, País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Y allí el panorama es muy distinto. La primera tiene tres universidades privadas y una pública; la segunda, 13 privadas y seis públicas; la tercera, una de cada sistema; y la última, cinco privadas y cuatro públicas. "Madrid por ejemplo no es sólo una de las regiones más ricas, sino la ciudad a donde más personas acuden a estudiar, ya sean de otras regiones o países. Es decir, es donde el mercado es más amplio y existe por tanto una mayor posibilidad de rentabilidad en los negocios", explica la experta.

Según los datos oficiales del ministerio, a la presidida por Isabel Díaz Ayuso la escogen estudiantes de todas las demás comunidades. Sobre todo de Castilla-La Mancha, una comunidad en la que no existe ese tipo de movilidad.

Cataluña está dentro de ese listado, pero sus características son muy diferentes. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. Ninguna de las cinco universidades privadas catalanas tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos: la primera de la Generalitat y la segunda del Ayuntamiento de Vic.

Pero más allá de las manos que las manejan, su fecha de creación también es relevante. Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de dos décadas años, ninguna más. "Es complicado saber los motivos, pero creo que tiene mucho que ver el hecho de que el sistema en Cataluña está muy estabilizado y nadie quiere tocarlo. Ni la administración, ni las universidades públicas ni, tampoco, las privadas que ya tienen tantos años de bagaje", señala el experto.

Y ni siquiera algo parecido ocurre en ningún otro lugar de España. Porque si no no se entendería que un gobierno business friendly como el de Artur Mas no hubiera apoyado la creación de centros privados. "En Cataluña siempre ha habido una especie de control sobre las universidades, y creo que eso no se quiere perder de ninguna manera", sentencia Corominas.

Hay comunidades autónomas que están "asfixiando" la universidad pública. Algunas de esas regiones llevan, además, años "maltratando" el sistema. Tanto, que en varios casos puede hablarse ya de que éste ha "quebrado". Y eso suele tener un efecto colateral: la privatización. Es teoría pero es, también, lo que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, diagnostica que está ocurriendo en España.

Lo comparó, en una entrevista con infoLibre, con lo que ha pasado con la sanidad madrileña: la que preside Isabel Díaz Ayuso es la comunidad que menos invierte por habitante y es, al mismo tiempo, la región con más ciudadanos con una póliza privada. Pues lo mismo ocurre con la educación superior. Ahora bien, no es la única. Como señaló la ministra, detrás de que la universidad se haya convertido en un negocio hay una clara "intencionalidad ideológica". Madrid es el ejemplo, pero el modelo, cada vez, se replica en más puntos del mapa.

Situemos primero en qué punto estamos. Según los datos oficiales del departamento de Morant recogidos en el último informe Datos y cifras del sistema universitario español, actualmente hay 50 universidades públicas y 41 privadas. En las primeras estudian 1.077.830 estudiantes de grado y 143.349 de máster que suponen, respectivamente, el 78,2% y el 49,7% del total. No siempre ha sido así. Si nos atenemos a los grados —por ser los estudios mayoritarios—, los datos indican que el número de matriculados ha descendido un 3,5% en las instituciones públicas entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024, un periodo en el que el alumnado de la privada ha escalado un 61,1%. Hay, en cualquier caso, matices entre autonomías. Y tienen relación, claro, con el número de centros de cada una.

Vayamos primero a esto último. Madrid gana por goleada, en el peor sentido de la palabra, y destaca por encima de todas las demás autonomías con 13 universidades privadas, más del doble de las seis públicas. De todas ellas, siete se crearon en los últimos 25 años y en la región hay, además, otros dos proyectos encima de la mesa. Por detrás de la gobernada por Isabel Díaz Ayuso se encuentran, aunque lejos, Canarias, Andalucía y Cataluña, aunque sólo las dos primeras han experimentado un fenómeno de explosión de la privada similar al madrileño. Todos sus centros se han construido en el último cuarto de siglo y las islas tienen, de hecho, otro proyecto encima de la mesa. No hay por ahora ningún otro en marcha en Andalucía, y Cataluña tiene particularidades que merecen mención aparte.

¿Cómo se distribuye el alumnado entonces en Madrid, Andalucía y Canarias? O mejor dicho: ¿cómo ha cambiado esa distribución en los últimos años? Haciendo la misma comparativa que a nivel nacional —es decir, lo que ha ocurrido entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024—, los estudiantes matriculados en la privada han crecido un 890,4% en Canarias, un 123,5% en Andalucía y un 63,2% en Madrid. En paralelo, los de la pública han descendido, respectivamente y en el mismo periodo, un 4,2%, un 3,4% y un 6%. Para hilar más fino, no obstante, merece la pena comparar cuánto representa el alumnado de las privadas respecto al total de universitarios. Y ese cálculo muestra que estudia en privadas el 14,6% en Canarias (hace casi una década lo hacía el 1,6%), el 2% en Andalucía (antes eran el 0,9%) y el 31,5% en Madrid (en 2016-2017 eran el 21%). En todas ha crecido.

Una vez situados los datos, ¿puede hablarse de factores comunes que los expliquen? Sí, y son varios. Para empezar, las tres autonomías están gobernadas por la derecha. Madrid y Andalucía, por el PP; Canarias, por una coalición entre los conservadores y Coalición Canaria. Destaca especialmente en cualquier caso la región que tiene a Juanma Moreno al frente: cuatro de las cinco universidades privadas andaluzas se crearon a partir de 2023. En concreto, dos ese año y dos el siguiente. Una está ubicada en Sevilla y otras tres, que todavía no han empezado su actividad, lo harán en Málaga. El conservador preside la Junta desde 2019.

Pero hay más. Las cifras que ofreció Morant en la entrevista con infoLibre hablan de diez proyectos de universidades privadas encima de la mesa. Pues bien, según ha sabido este periódico, tres se reparten entre Madrid y Canarias y los otros siete entre Extremadura (que plantea la apertura de tres), Illes Balears (una) y Aragón (con otros tres proyectos). Comunidades, todas ellas, también gobernadas por el PP.

Todos los expertos consultados coinciden en que esto es determinante. "La Comunidad de Madrid lo pone en bandeja", señala por ejemplo Francisco José Marcellán, profesor de la Carlos III y exmiembro de la comisión de acreditación de universidades Fundación Madri+d. "Hay una clara voluntad política e ideológica que contribuye a toda esta proliferación", añade Delia Langa, profesora titular en la Universidad de Jaén. Y para muestra, Málaga, donde el alcalde, denuncia Ana Jorge Alonso, profesora de la UMA, ha llegado a ceder suelo público a universidades privadas. Ha ocurrido recientemente con un terreno adjudicado a la Alfonso X El Sabio. El regidor malagueño, Francisco de la Torre, además, es claro y directo. Considera, sin ambages, un "acierto" el desembarco de estos centros en la ciudad.

"Las universidades privadas se están concentrando allí donde hay negocio y, sobre todo, en ciudades bien pobladas de comunidades proclives a aceptar estos desembarcos", diagnostica por su parte Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y Administración en la Universitat Pompeu Fabra.

Ahora bien, ¿por qué influye tanto el color político de quien controla el Gobierno? Porque esto determina dos cosas: que el sistema público generalmente no se cuida —al menos no de forma adecuada— y que se van a aprovechar todas y cada una de las rendijas que deje entornadas la norma de acreditación de los centros. Volvamos a Madrid.

La región aprobó a finales del año pasado unos presupuestos que establecen en 801 millones de euros la inversión para las universidades públicas, una cifra que en 2009, antes de los recortes, ascendía a 1.127. Es casi un 30% menos, según las cuentas que publicó el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Horacio Díez.

Los cálculos de infoLibre son parecidos. Según los datos oficiales recopilados por el desaparecido Observatorio del Sistema Universitario (OSU) y facilitados por la que era su directora, Vera Sacristán, la región gobernada por Ayuso invirtió en 2022 un 5,1% menos que antes de que los servicios públicos sufrieran lo peor de la crisis económica. En el caso de Canarias ese porcentaje se situó en el 1,9% y en el caso de la Comunitat Valenciana, en el 10,9%. Esta autonomía cuenta con cuatro universidades privadas.

"Madrid no permite que la pública amplíe plazas, tampoco mejoran la plantilla de profesores y, al final, lo que se consigue es que los estudiantes se matriculen en la privada", lamenta Marcellán. Enrique Díez Gutiérrez, profesor en la Universidad de León (donde hay otros cuatro centros privados), hace la misma comparación que Morant. Y la aplica a su autonomía y a todas las demás gobernadas por la derecha. "El proceso es bastante clásico: se adelgaza lo público, se genera una necesidad y, entonces, se promueve lo privado como única solución", explica.

En todo caso, el otro factor que mencionábamos también resulta determinante. Es, además, sobre el que ha puesto el foco el Gobierno. Se trata de la normativa que establece las condiciones por las cuales se autorizan y acreditan nuevos centros universitarios, un texto para el que el Gobierno aprobó una reforma hace apenas unos días. En concreto, lo que busca el Ejecutivo es endurecer los requisitos para cerrar esas rendijas por las que los gobiernos de derechas tratan de colar cualquier proyecto o iniciativa.

Hasta este momento —la reforma planteada ha entrado ahora en periodo de consulta— el decreto por el que se rige todo esto es el que en 2021 aprobó el que fuera ministro de Universidades hasta ese mismo año, Manuel Castells. Su objetivo, dijo entonces, era poner coto a los centros privados que actúan como "negocio", pero en ningún caso ser un obstáculo para aquellos "de calidad". En resumen: lo mismo que ahora pretende su sucesora, Diana Morant. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", dijo en la entrevista que concedió a este periódico.

¿Cómo lo van a hacer? Pues básicamente convirtiendo en preceptivo y vinculante el informe previo que las agencias autonómicas o estatal emiten cuando se presenta cada proyecto. Hasta ahora no ocurre así. Si un examen de una universidad privada concreta determina que la iniciativa no es viable pero el Parlamento autonómico tiene una mayoría para aprobarla, el centro sale adelante. Por eso es muy importante el color del Gobierno. Según los datos del Ministerio de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de esta manera. Precisamente en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Por su parte, otras seis universidades privadas con informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria esperan a que las cámaras autonómicas les den luz verde. Todas, de nuevo, en comunidades del PP: Universidad Internacional del Mediterráneo y Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, en Andalucía; Universidad Técnica del Mediterráneo, en Murcia; CESUGA International University, en Galicia; Universidad Abierta de Europa, en Madrid; y Universidad Internacional para el Desarrollo, en Extremadura. Con esta última, la región presidida ahora mismo por María Guardiola tendría, por primera vez, uno de estos centros.

Castilla-La Mancha sale de toda esta ecuación. Cataluña también. Pero hay un matiz entre ambas, y es que en esta última sí tiene presencia la universidad privada. En concreto, cinco centros que, sin embargo, no pueden enmarcarse dentro de ese boom que sí existe en el resto del territorio español. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. "Nuestro mapa es muy distinto, tanto por la composición como por las fechas", explica, desde el otro lado del teléfono.

¿Qué es lo que ocurre? Ninguna de las cinco universidades en manos privadas instaladas en Cataluña tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos.

Ahora bien, ¿cuándo se crearon? Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de 20 años, ninguna más. "No hay nadie que tenga interés en que aparezcan nuevos competidores. Yo personalmente no recuerdo ningún intento de que algún fondo de inversión quisiera entrar en el mapa universitario catalán pero, si lo ha habido, no ha prosperado", detalla el experto. Y no prevé que lo haga. "El sistema está muy consolidado. No ocurrirá lo que está pasando en Canarias o en Madrid", sentencia.

Miércoles 2 de abril. La localidad madrileña de Villanueva de la Cañada se viste de gala para recibir a Felipe VI. El rey, acompañado del secretario de Estado de Ciencia e Innovación, Juan Cruz, visita las instalaciones de la Universidad Alfonso X El Sabio para celebrar el 30 aniversario de la institución. Fue aprobada por las Cortes en 1993 y tan sólo un curso después, en el 94-95, abrió sus puertas para apenas 800 estudiantes. Era entonces la primera institución de educación superior privada aconfesional e independiente que abría sus puertas en España. Hasta entonces, tan sólo eran cuatro las universidades privadas y estaban todas, además, en manos de la Iglesia. Hoy, sin embargo, el mapa es muy diferente. Y precisamente 24 horas antes de esa visita del monarca el Consejo de Ministros aprobó tramitar de urgencia un decreto para evitar que así siga siendo. 

"Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", aseguró la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, en rueda de prensa. No era una declaración casual. El Ejecutivo lleva una semana tratando de identificar, claramente, sobre qué tipo de universidades quiere poner el foco. Quiénes son, en definitiva, los "chiringuitos universitarios" mencionados por el presidente Pedro Sánchez, que quiso también diferenciarlos de "aquellas instituciones privadas que sí funcionan bien, con rigor y calidad". 

El decreto que ahora el Gobierno somete a audiencia pública diagnostica que en los últimos años nuestro país asiste a una "expansión sin precedentes" de las iniciativas de universidades privadas, un hecho que está sucediendo "con un volumen y rapidez que no tiene comparación con ningún otro de los grandes países europeos". Se está "transformando", sentencia el texto, "el sistema universitario español". Ahora bien, ¿cómo ha ocurrido? ¿Qué factores han contribuido a que se llegue hasta aquí?

Entenderlo requiere echar la vista atrás. José María Hernández Díaz es catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Salamanca y se remonta para explicarlo al periodo prefranquista. "La expansión de la privada es una cuestión muy compleja y, a la vez, muy extensa en el tiempo", explica. Hasta la dictadura, España se encuadraba dentro de la "tradición europea" de únicamente permitir y facilitar la expansión de la universidad pública. "También pasaba en Alemania y Francia", detalla el experto. Tanto era así, que tan sólo había entonces dos instituciones privadas: Deusto y la Pontificia Comillas.

Todo cambió sin embargo con la llegada del franquismo. Y con el incremento exponencial del protagonismo católico de, sobre todo, la primera etapa de la dictadura. Así, en 1941 se creó la Universidad Pontificia de Salamanca y ya en 1964 la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei. "En aquella época no se aceptaban universidades privadas en España que estuvieran en manos distintas de las eclesiásticas", recuerda Hernández Díaz. Y así fue hasta la década de los 90, años después de la transición. "Ahí se produjo el cambio total de paradigma", afirma.

Llegó en forma de un decreto que permitió, por primera vez, la creación de universidades privadas siguiendo el "modelo anglosajón". "Se viró hacia el libre mercado, que afectó a la sanidad, afectó a la educación y afectó, también, al mundo universitario", continúa el historiador. Todas las normas aprobadas posteriormente ya estaban sujetas a ese marco. Hasta hoy. 

El Gobierno de José María Aznar aprobó en 2001 la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que afianzó la entrada de cualquier actor como creador de instituciones privadas, explica Marti Parellada, doctor en Ciencias Económicas y colaborador de la Fundación Alternativas. Sólo seis años después, a partir de 2007, los cambios normativos referentes a las titulaciones y sus registros hicieron el resto.

Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. El 12 de abril de aquel año se aprobó una normativa que en su preámbulo indicaba lo siguiente: "La Ley apuesta decididamente por la armonización de los sistemas educativos superiores en el marco del espacio europeo de educación superior y asume la necesidad de una profunda reforma en la estructura y organización de las enseñanzas". Se materializó básicamente en que la estructura clásica de los títulos cambiaba. La establecida en 1983 y que incluía títulos de tres años (diplomaturas, ingenierías técnicas y arquitectura técnica) y de cuatro (licenciaturas, ingenierías y arquitectura) se modificaba por un sistema de Grados y Máster. Se hizo, a juicio de Corominas, aludiendo como "excusa" a la Declaración de Bolonia. Es decir, a ese llamado "marco del espacio europeo".

Esa modificación ya introdujo ventajas para la privada. Según explica la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto, son estas las instituciones que pueden ofrecerlos con una mayor "agilidad". "Las públicas son más lentas y burocráticas, y fueron las privadas las universidades que más aprovecharon este cambio", explica en conversación con infoLibre. Se ve claramente en los datos: según los oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el 50,3% de los matriculados en estos estudios lo está en un centro privado.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Como explica Corominas, el decreto de 2007 también introdujo otra novedad que, vista hoy, explica muchas cosas. No fueron sólo los títulos, sino su acreditación. Hasta ese momento, explica el experto, todos formaban parte de un catálogo que, según un informe del ya desaparecido Observatori Universitari —del que Corominas formó parte— era "modificable, pero muy estable". Las universidades podían entonces "programar como títulos oficiales solo los que figuraban en el Catálogo", pero a partir de 2007 esa figura fue sustituida por la del registro. Y el cambio entonces no fue sólo la nomenclatura. "Se dio pie a que cada centro propusiera un título cualquiera que, si cumplía ciertos requisitos, era aprobado", explica el catedrático. ¿Cuál fue el resultado? Que se crearon "contenidos triviales que sólo tenían sentido dentro de la lógica del libre mercado". "La oferta de Grados empezó a ser una especie de salón del automóvil", critica Corominas.

Ese es el origen de que pueda haber universidades tan especializadas en estudios tan concretos. Por ejemplo, la Universidad de Diseño, Tecnología e Innovación (UDIT) abierta en Madrid con informe en contra del Ministerio se presenta en su propia web como "la atípica universidad". Y no miente. Oferta un Grado en Robótica, otro en Diseño de Moda, otro en Diseño de Interiores u otro en Datos e Inteligencia Artifical. Sus "áreas de conocimiento" quedan lejos de cualquier ciencia. Son seis: diseño de producto, diseño gráfico, interiores, moda, tecnología y videojuegos. "El Estado depositó con estos cambios toda su fe en el mercado. La idea era crear títulos porque era lo que el sistema pedía", lamenta Corominas.

Había pasado muy poco tiempo desde entonces cuando se produjo la que sería la estocada definitiva que provocó la expansión de la universidad privada. El 15 de septiembre de 2008 quebró el banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers y comenzó, con ello, una crisis económica de alcance mundial. No obstante, los servicios públicos tardaron en ese momento dos años más para notarlo. Fue en 2010 cuando los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy pusieron en jaque una sanidad y una educación públicas que, en el caso de la universidad, todavía no se ha recuperado. Algunos datos lo muestran de hecho de forma muy gráfica.

Por ejemplo, como publicó infoLibre, las comunidades autónomas —competentes en esta materia— tan sólo han incrementado un 4,9% la financiación de estas instituciones desde 2009, un periodo en el que la inflación ha escalado más de un 26%. Pero es que algunas como Canarias, Madrid o la Comunitat Valenciana destinan todavía menos que entonces: un 1,9%, un 5,1% y un 10,9%, respectivamente.

¿Cómo ha influido esto en la proliferación de la privada? Pues según los datos del Ministerio de Diana Morant, de las 28 universidades privadas que se crearon desde el año 2000, 20 lo hicieron a partir de 2010. Casi la mitad, además, en los últimos cinco años. Lo han hecho, además, gracias a actores mucho más diversos. Tanto, que una gran parte está ya controlada por fondos de inversión cuyo único objetivo se basa en obtener el máximo beneficio.

Ahora bien, ¿por qué ha ocurrido esto? Por varios motivos. Según Fernández Mellizo-Soto, la crisis económica incrementó también la demanda de educación superior. "La construcción dejó de dar empleo, el paro subió y mucha gente vio en la educación superior la única solución", explica la profesora. La pública, recortada, fue incapaz de absorber todo eso y fueron entonces las instituciones privadas las que se presentaron como salvadoras de la situación. "Se empezaron a crear muchas universidades para rellenar el vacío entre el hueco de personas que querían estudiar y la oferta de plazas públicas", apostilla Parellada.

Los datos oficiales dibujan un panorama que preocupa a los expertos y al Gobierno, que ya ha dado el primer paso para tomar medidas. Sin embargo, no muestran toda la dimensión de la problemática. El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el Ministerio facilita a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que los gobiernos regionales del PP decidan si dan luz ver o no a esos proyectos. Es decir, que hasta que se apruebe definitivamente el decreto ahora planteado por el Gobierno podrían proliferar muchos más centros. Y todos tendrán tres años para adaptarse a las nuevas exigencias. En caso de no hacerlo, según el borrador del texto, habría que revocar la autorización.

"Ahora mismo tal y como están las cosas es inevitable que existan este tipo de iniciativas, lo que ocurre es que son las autonomías las que deben ponerle coto", reclama Hernández Díaz, que pide que se garantice una oferta de calidad que respete los tres pilares de la universidad: docencia, investigación y transferencia. "No es sólo una cuestión de expedir títulos, sino de formar ciudadanos. Hay que garantizar para ello un mínimo de calidad que, ahora mismo, no cumplen todas las universidades. Ni algunas públicas ni la mayoría de las privadas", sentencia el catedrático.

Diana Morant (Gandía, Valencia, 1980) presume cada vez que puede de haber sido la primera universitaria de su familia. Sin embargo, sabe que desde que ella lo hizo hasta hoy el sistema ha cambiado completamente. Tanto, que como ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se enfrenta a uno de los mayores retos con los que se ha encontrado la educación superior: el auge de la universidad privada al calor del cada vez más evidente deterioro de la pública. Pero eso no le frena, al contrario.

Descuelga el teléfono a infoLibre desde Valencia —también es la líder del PSPV— cuando han pasado poco más de 48 horas desde que el Gobierno diera luz verde a un nuevo Real Decreto para la creación de universidades privadas. El objetivo está claro: endurecer los requisitos y, sobre todo, hacerlos obligatorios. Se acabaron las recomendaciones. Y no porque el Ejecutivo tenga "una cruzada" contra la universidad privada, sino por el deber, explica, de garantizar que todo título universitario tenga un mínimo de calidad.

Cuando el presidente del Gobierno avanzó este lunes el nuevo decreto de acreditación de universidades habló sin tapujos de "chiringuitos". Al día siguiente, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, dijo que no era una cuestión de universidades públicas o privadas, sino de buenas o malas. ¿Qué se puede calificar de universidad mala o de "chiringuito"?

Hemos batido un récord en el número de estudiantes universitarios pero muchas universidades públicas todavía no se han recuperado de los recortes. En la última década el porcentaje de alumnos matriculados en la pública ha crecido sólo un 2%, pero en las universidades privadas lo ha hecho un 117%. Es decir, no hay suficiente oferta en la pública para que todo aquel que quiere estudiar tenga una plaza. En los últimos 25 años no se ha creado ni una sola universidad pública, pero se han abierto 26 privadas y tenemos sobre la mesa del Ministerio peticiones de otros diez centros más. En esa proliferación, muchas instituciones se han aprobado gracias a las comunidades autónomas pero con un informe desfavorable del Consejo de Política Universitaria. El gran cambio que introduce ahora el decreto es que esa evaluación será preceptiva y vinculante, de manera que vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar.

Mencionaba que hay diez proyectos encima de la mesa. Según los datos de su Ministerio, desde 2018 se han aprobado otras cuatro universidades privadas con informes desfavorables del Ministerio. Todos han sido en comunidades del PP. ¿Ha sido la proliferación de estas universidades una cuestión ideológica?

El presidente del Gobierno anunció el lunes dos cosas: por un lado, el endurecimiento de los requisitos para la creación de universidades y, por otro, el aumento del 35% en la financiación de la única universidad pública estatal, la UNED. Nos gustaría que cundiera el ejemplo. Hemos visto que hay comunidades autónomas como Madrid, que sólo ha aumentado un 3% la financiación, que están asfixiando a la universidad pública, de manera que lo único que le queda es sobrevivir y conseguir pagar a final de mes. Cuando hay dificultades hasta para pagar la luz y el agua es que se ha maltratado el sistema, y un sistema quebrado es la mejor excusa para abrir la puerta a la privatización. Se dice entonces que esa oferta permite que el alumno elija en libertad, pero no es cierto, porque no hay suficientes plazas en la pública, y esa es siempre la primera opción para los estudiantes —porque son más prestigiosas— y para los profesores —porque ofrecen mejores condiciones—. Claramente ha habido una intencionalidad ideológica en hacer de la universidad un negocio.

Hay una clara correlación entre el auge de la privada y el deterioro de la pública.

Absoluta. Es una teoría probada científicamente también en muchos países latinoamericanos y en muchas comunidades autónomas. El gran ejemplo es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid con la sanidad. Cuando asfixias económicamente lo que es de todos, le das una crisis reputacional al servicio. En ese momento, cuando pones en duda la calidad de lo público es cuando aparece, como alternativa, la privada.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, prevé aprobar una ley de universidades que garantice que no se tenga que aportar más del 70% del presupuesto de las universidades. ¿Le preocupa al Gobierno esta normativa?

Le preocupa al Gobierno y le preocupa a las universidades públicas. La obligación que tiene la Comunidad de Madrid con respecto a las universidades es garantizar su suficiencia financiera para que tengan autonomía universitaria y con ella puedan, por ejemplo, abrir titulaciones. El problema es que en vez de estar hablando de eso, Ayuso pone en práctica una asfixia que además estipula por ley, cosa que me parece de un descaro absoluto. Su modelo está clarísimo: está basado en una visión muy mercantilista de la universidad. A día de hoy, si quieres estudiar por ejemplo Medicina en Madrid, o tienes la mejor nota posible que te permita acceder o tu familia tiene que sacarse un crédito. Eso es obligar a la población a gastarse dinero en el sistema privado, porque no ofreces las plazas públicas que te corresponden por obligación. Cuando se dice que las comunidades autonómas son competentes en esta materia es porque reciben dinero de los ciudadanos y son ellas las que tienen que garantizar los servicios públicos.

¿Y qué papel tiene aquí el Estado? ¿Llega tarde este decreto? ¿Son ya demasiadas las universidades privadas como para revertir la situación?

No llegamos tarde. En 2021 ya se aprobó un Real Decreto que exigía unas condiciones que tenían que cumplir las universidades nuevas y a las que se tenían que adaptar las ya creadas en un plazo de cinco años. Lo que hemos hecho ahora es convertir esos criterios de calidad en vinculantes, porque hemos visto el descaro de algunas comunidades, que han seguido adelante con muchos proyectos a pesar de tener a toda la comunidad educativa espantada. Dicho esto, creo que también hay que situar el debate socialmente e identificar muy bien qué hacen nuestros políticos con nuestro dinero y qué está pasando con la universidad pública, sobre todo en Madrid, pero también en Andalucía, la Comunitat Valenciana o Canarias.

¿En qué lugar quedan ahora las universidades que ya están creadas? En el decreto se reduce ahora el plazo a tres años pero, ¿qué pasa si en ese tiempo no se adaptan a los nuevos requisitos? Muchas voces dudan de que las comunidades que ya dieron luz verde a los proyectos ahora los cierren.

Vivimos en un sistema en el que las normas que se aprueban, ya sea por el poder ejecutivo o por el legislativo, se cumplen. Por tanto, confío en que todo aquello que recoge una norma se cumpla. Ahora bien, el Gobierno estará vigilante y si las comunidades autónomas, que son las competentes, no cumplen, pues tomaremos medidas.

¿Se obligaría entonces a las comunidades a cerrar esos centros? ¿En qué lugar dejaría eso a los títulos ya expedidos o incluso a los estudiantes matriculados?

Habrá que estudiar cada uno de los casos. Al final, quien tiene que estar en el foco de nuestra prioridad es el alumno y la alumna que ha hecho un esfuerzo económico para sacarse un título. Lo que queremos es garantizar que esos títulos tengan la calidad cubierta, así que si observamos que una universidad no está trabajando con los criterios debidos no deberíamos seguir incurriendo en esa especie de fraude que se estaría perpretando. En ese caso las universidades dejarían de llamarse universidades y se llamarían de otra manera, al igual que los títulos no serían títulos universitarios. Ahora bien, el título que ya ha sido expedido no perdería su valor.

La derecha ha utilizado varios argumentos para cargar contra el decreto del Gobierno. Entre ellos, aludir a los altos cargos que han estudiado en universidades privadas. ¿Entiende que pueda interpretarse como una hipocresía?

El Partido Popular, como siempre, intenta distorsionar y simplificar el debate. Esto no es una batalla del Gobierno de España contra la universidad privada. Es más, en todo caso sería una batalla de la universidad pública y privada de prestigio contra las universidades privadas de baja calidad. Eso ha quedado clarísimo en el comunicado que este jueves sacó la CRUE, donde están representadas 77 universidades, 26 de las cuales son privadas. Lo que ha dicho básicamente el organismo es que está rotundamente en contra de que se creen universidades con el informe desfavorable del Consejo de Política Universitaria. No hay ninguna cruzada, lo que pasa es que hay que garantizar que quien se gasta un dinero tenga un título con garantías.

Una de las novedades introducidas ahora por el decreto es que las universidades tienen que proporcionar alojamiento para el 10% de sus plazas. ¿Por qué introducir esta medida?

Cualquier comunidad universitaria necesita unos servicios públicos que ofrecer y la vivienda es uno de los que tienen que estar cubiertos. El foco lo ponemos en las privadas porque sólo se crean privadas desde hace años, pero en realidad estamos hablando también de las públicas. Es decir, cualquier institución que se implante tiene que tener un proyecto habitacional que cubra al menos al 10% de la población matriculada. A día de hoy a nadie se le escapa que tenemos un problema de vivienda y un colectivo que lo sufre especialmente es la juventud.

¿La proliferación de la universidad privada también provoca que se incremente el precio de la vivienda?

Sí. Desde Universidades hicimos un trabajo con el Ministerio de Vivienda y el de Economía y hace meses hicimos una propuesta de movilización de suelo público para la construcción de residencias asociadas a universidades que dieran servicio a toda la comunidad educativa, es decir, no sólo al alumnado sino también al profesorado. Hemos detectado el problema de que los propietarios, por la ley de la oferta y la demanda, tienen posibilidad de alquilar un piso por habitaciones sacando más rentabilidad. Al final eso establece también una competencia desleal entre colectivos diferentes que deberían tener una garantía de alojamiento.

Más allá de la calidad de la universidad se ha criticado mucho quiénes están detrás. Hay ya muchos fondos de inversión que controlan algunos de estos centros. ¿Es eso un peligro añadido?

Refuerza la idea de que hay una visión de negocio en torno a algo que para el Gobierno es un bien público. La educación superior no es un bien de mercado y por eso no se puede construir una universidad simplemente bajo valores mercantilistas. El 70% de la investigación que se hace en nuestro país se hace en la universidad, pero es que dentro de ese 70%, el 90% lo aporta la universidad pública. Por eso hemos endurecido también algo que ya introdujimos en 2021, cuando se estipuló que había que dedicar el 5% del presupuesto a esta área. Ahora pedimos que haya otro 2% que proceda de concurrencia competitiva. Es decir, que igual que hay investigadores dando clase en la pública, que los haya en la privada.

Siempre se ha defendido la universidad pública como un ascensor social. ¿Cree que esto sigue siendo así o se está averiando?

Se está averiando. El Gobierno ha hecho el mayor esfuerzo de la historia en becas, destinando 1.000 millones más, y también ha trabajado para que la matrícula esté en mínimos, pero aun así sabemos que la falta de plazas no garantiza oportunidades. La gente ya no elige con libertad, sino que se ve abocada a irse a la privada. Es decir, estamos provocando que los estudios dependan de los recursos familiares.

Carlos Mazón sigue presidiendo la Comunitat Valenciana y una moción de censura no podría cambiar esa situación. Usted ha dicho recientemente que la solución es el adelanto electoral pero, mientras llega o no, ¿qué va a hacer su partido?

Vamos a seguir haciendo una oposición de denuncia a este nuevo pacto —que hemos denominado "del ventorro"— entre PP y Vox. Es más repugnante que el primero, contiene recortes de los derechos de las mujeres, recorte de los derechos a la diversidad, recortes a la memoria. Nos queda la denuncia y la construcción de una alternativa. A día de hoy, la mayoría de la calle —que es solidaria, integradora y busca proteger a las mujeres— no está representada en Les Corts. Puede que ganen las votaciones y saquen sus presupuestos y que Mazón siga de president, pero hay una alternativa mayoritaria que les espera con un proyecto de progreso, no de retroceso. Necesitamos unas elecciones.

¿Le preocupa el clima político que se ha generado en la Comunitat, en la que incluso ha habido un detenido por amenazar de muerte al president?

Claro que nos preocupa, por eso no practicamos nunca los discursos de odio. En política y en la vida hay efectos boomerang. Yo he escuchado al presidente Mazón decir que Sánchez era un cobarde después de haber sufrido una agresión en Paiporta, y ahora él y su equipo nos piden a todos que bajemos el grado de crispación porque se siente amenazado. Creo que hay un problema de degradación de las instituciones y a mí siempre me gusta decir que no ha fallado la política ni la institución de la Generalitat Valenciana ni sus servidores públicos, sino ellos. Por eso la solución es que se vayan.

"Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas". Con estas palabras resumía la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, el nuevo decreto con el que el Ejecutivo pretende frenar la proliferación de centros privados que, a pesar de tener una dudosa calidad, imparten clase a miles de estudiantes. El objetivo es dejar a un lado el "todo vale". A partir de ahora hay que cumplir unos requisitos mínimos. Y no son recomendaciones, sino obligaciones. Si no se obedecen, no se puede echar a andar. Al menos, no como una universidad acreditada como tal. Ahora bien, ¿qué va a pasar con las que ya pasaron ese trámite y no se ajustan a esas condiciones?

La medida anunciada este lunes por Pedro Sánchez era un clamor. La comunidad universitaria llevaba meses alertando de una infrafinanciación del sistema público que deja cada vez más terreno a la universidad privada. Madrid es el paradigma de esto. La Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso invierte ahora un 5,1% menos de lo que destinaba a sus seis instituciones públicas en 2009, el año previo a los recortes. Por eso fue allí donde los rectores dieron la mayor voz de alarma, advirtiendo de que caminan inevitablemente hacia la desaparición. Aun así, ha sido la conservadora una de las que menos ha tardado en criticar los planes del Ejecutivo. Y una de las que lo ha hecho con un discurso más duro.

Este martes, mientras Alegría detallaba el trámite de urgencia para la aprobación del decreto aprobado en el Consejo de Ministros, la presidenta madrileña acusaba al presidente del Gobierno de poner en marcha una campaña contra la universidad privada "por motivos ideológicos y con fines divisorios" para crear una "pretendida lucha de clases" y enfrentar, añadió, "dos modelos educativos que son complementarios". No se quedó ahí, defendió también que la privada funciona como una suerte de segunda opción para aquellas familias que no obtienen plaza en la pública.

Las estadísticas en cualquier caso dibujan una realidad que es muy diferente. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el curso pasado estos centros tenían ya 300.994 matriculados, un 81% más que hace una década. Además, en términos relativos, en ese mismo periodo los estudiantes de los centros privados han pasado de suponer el 11,5% del total de universitarios al 21,8%.

El mapa universitario en España lo conforman ahora mismo 50 universidades públicas y 41 privadas. De estas últimas, sólo 13 están en Madrid, que ya prácticamente duplica su oferta pública. A nivel nacional, en el último cuarto de siglo se abrieron 25 universidades. Dicho de otro modo: los centros privados llevan desde los 2000 creciendo a un ritmo de uno al año. Y así se preveía que siguiera ocurriendo, hasta tal punto que algunos expertos cifraban en 54 las instituciones privadas que iban a estar activas en 2026. En gran medida, además, en manos de fondos de inversión. Sin embargo, el Gobierno ya ha puesto en marcha los planes para impedirlo.

El deseo del Ejecutivo no es limitar la universidad privada per sé, sino impedir la apertura de aquellas que no tengan "proyectos de calidad". Los centros, señaló Sánchez este lunes, "no pueden ser una máquina expendedora de títulos". "Hay que perseguir las prácticas que atenten contra los estándares de calidad universitaria", dijo. Y en este sentido detalló varias líneas de actuación. La primera, que con el nuevo decreto el informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) —donde está el Ministerio y las comunidades autónomas—, así como los que emite la ANECA y las agencias autonómicas equivalentes serán vinculantes. Y que los centros tendrán que alcanzar los 4.500 estudiantes en cinco años. Y garantizar alojamiento para su alumnado.

Todo deberán hacerlo desde el principio. Precisamente porque los informes de evaluación serán vinculantes. No habrá, por tanto, moratoria de cinco años. Y ahí ponen el foco los expertos consultados. "Está bien corregir esto, porque hay que ser estrictos en la creación de nuevos centros", celebra la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto.

Cuando se aprobó el actual decreto que ahora modifica el Gobierno, se especificó que las universidades de nueva creación tenían que cumplir ciertos requisitos que serían evaluados por esa CGPU, pero se les otorgaba un periodo de cinco años para adaptarse si no lo hacían. Pasado ese tiempo, se miraría qué habría pasado y mientras tanto podrían funcionar. Porque la última palabra, además, la tenía la comunidad autónoma donde se instalaría. "Esa moratoria tenía sentido para dar un margen a los centros para que pudieran cumplir las obligaciones que se pusieron con esa norma, el problema es que desde entonces se han colado igualmente muchas nuevas universidades que no los cumplen" y que tienen el mismo plazo para hacerlo, lamenta Fernández Mellizo-Soto.

Era en ese momento 2021, así que en principio iba a ser en 2026 cuando todas, hubieran sido creadas cuando hubieran sido creadas, se sometieran al examen para comprobar si habían hecho o no los deberes. Ahora bien, en caso de que el nuevo decreto finalmente se apruebe, los plazos cambiarían. O al menos esa es la idea que maneja el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según explican sus fuentes a infoLibre.

En concreto, detallan, la idea es que todas cumplan los mismos requisitos. No hacerlo, lamentan, "podría generar un sistema universitario dual". De este modo, las que ya están en funcionamiento y asentadas en su actividad tendrán tres años desde que se dé luz verde al decreto para adaptarse, un periodo que aumentará hasta los cuatro para aquellos centros "creados o reconocidos por Ley pendientes de recibir la autorización para el inicio de su actividad académica". Es decir, que el decreto que plantea el Gobierno será inmediato para lo que surja a partir de ahora, pero no impedirá el funcionamiento de algunos de esos centros 'chiringuito' hasta, mínimo, dentro de tres años.

En cualquier caso, insisten fuentes del departamento de Diana Morant, todos estos detalles podrían modificarse durante el periodo de consulta pública que se abre este miércoles.

¿Qué pasaría, en cualquier caso, si los centros se someten a examen y no lo aprueban? Aquí está el quid de la cuestión, independientemente de la fecha de esa evaluación. Según explica Fernández Mellizo-Soto, "si las cosas se hicieran bien" habría que clausurar los centros que estuvieran en esa situación o, como mínimo, dejar de considerar esos títulos como oficiales. ¿E implicaría eso que los ya expedidos dejarían de serlo? A juicio de la experta, no. Sólo lo harían, considera, los que se emitieran a partir de entonces.

El problema es que considera que llegar a ese punto es complicado. Y así lo valora también el doctor en Ciencias Económicas y colaborador de Fundación Alternativas Martí Parellada, que recuerda que en otros países sí ha ocurrido esto, obligando a los estudiantes a reubicarse en centros públicos. Ha ocurrido, por ejemplo, en Perú. "Aquí no será tan fácil porque, además, la última palabra la tienen las autonomías que ya dieron luz verde a esos centros", completa el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León Enrique Díez Gutiérrez.

Vuelve a destacar Madrid. Allí no sólo se han abierto universidades privadas con informes en contra del Ministerio, sino también con exámenes muy negativos del organismo autonómico Fundación para el Conocimiento Madri+d. La Universidad Abierta de Europa, por ejemplo, no disponía cuando se evaluó "de un proyecto de investigación propio" y ni siquiera concretaba "algunas cuestiones importantes como la colaboración con sectores productivos". Además, faltaba "información sobre los títulos propios", se desconocía "el número de alumnos" y de plantilla" y tampoco estaban acreditados "los espacios y las infraestructuras para llevar a cabo la actividad investigadora". El proyecto se presentó, en resumen, con "numerosas lagunas y deficiencias". Pero la región, aun así, autorizó tramitar su apertura.

Según los datos publicados por El País, desde que los socialistas llegaron al Gobierno en 2018 se han emitido 21 informes desfavorables, cinco positivos y dos condicionados a cambios. Actualmente además, según especificó Sánchez este lunes, otros nueve proyectos esperan para ser examinados. Y lo harán con los requisitos, por ahora, establecidos en 2021.

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, se ha declarado en concurso de acreedores. Llegó a facturar 2,5 millones de euros en 2022, tras vender uno de sus programas estrella, Invisible Man, a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Sin embargo, el negocio de Mollitiam ha atravesado graves dificultades en los últimos dos años, que llevaron a sus gestores a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo, que ya ha nombrado un administrador.

La noticia la ha adelantado Intelligence Online, una web especializada en el mundo de las empresas y los servicios de inteligencia. Atribuye la caída de Molllitiam a las “crecientes presiones financieras” que ha sufrido la empresa toledana y a la cada vez mayor competencia de los especialistas extranjeros en ciberinfiltración que se están instalando en España, sobre todo, en Barcelona, y que le han hecho perder contratos con el Gobierno.

También señala la muerte de su fundador, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, como uno de los motivos del declive de Mollitiam. Samuel y su hermana Esther eran los socios mayoritarios de la empresa, junto con un tercer accionista, Antonio Ramos Varón.

Intelligence Online asegura incluso que los mejores ingenieros de Mollitiam han abandonado la empresa en las últimas semanas, ante la incertidumbre sobre el futuro.

Sin embargo, el motivo de la caída de Mollitiam lo detallan sus gestores en las cuentas de 2023 que facilitaron al Registro Mercantil. Ese año la empresa perdió 1,024 millones de euros, que se suman a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores. Como los fondos propios no cubren esas cifras, Mollitiam solicitó en marzo del año pasado el preconcurso de acreedores al encontrarse en situación de insolvencia inminente. Al iniciarse 2024, la tesorería de la empresa sufría un “deterioro significativo”, del que sus gestores culpan principalmente a que no han podido cobrar un contrato por importe de 2,34 millones de dólares con un cliente –“intermediario”, precisa– en Ecuador. Además, entonces también tenían sin cobrar otros contratos con diferentes administraciones públicas en el extranjero, que no mencionan, por valor de 1,54 millones de euros. Finalmente, aseguran, Mollitiam estaba pendiente de formalizar una serie de contratos menores con administraciones locales extranjeras cuya firma se demoraba por culpa de “diversos trámites burocráticos”.

El “rigor normativo” y la “confidencialidad” que exigen los contratos de software para la ciberdefensa, argumenta también la empresa, explican los retrasos tanto en la firma como en el cobro de los encargos para gobiernos, el núcleo de su negocio.

Debido a esas demoras, Mollitiam no pagó a “algunos” de sus trabajadores –de una plantilla de 39 personas– al menos la nómina de mayo del año pasado, después de que éstos “pusieran a disposición de la empresa sus salarios de forma voluntaria”, apunta. Lo mismo habían hecho los socios directores ya en marzo. Mollitiam también tuvo que solicitar un aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social. Y trasladar su sede social de Toledo a Madrid, a una oficina de la Glorieta de Cuatro Caminos, además de poner a teletrabajar a los empleados del centro manchego.

Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, a 31 de diciembre de 2023 Mollitiam sumaba 1,43 millones de euros en deudas, de los cuales 438.709 euros eran deudas con entidades de crédito. El resto lo integraban la parte reembolsable de las subvenciones públicas recibidas, así como 41.666 euros que debían a Sabadell Venture Capital –uno de los fondos de capital riesgo a los que pertenece la empresa– y otros préstamos concedidos en 2022 por Neocapital (400.000 euros) y Ultramar Capital Partners (200.000 euros) –fondos creados por Torsa Capital, otro de los dueños de Mollitiam– e Invierte Economía Sostenible (540.000 euros), sociedad anónima cuyo único accionista es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico.

De hecho, la ayuda pública ha sido un importante apoyo financiero para Mollitiam. Desde su creación hasta 2021, consiguió más de 1,6 millones de dinero de los contribuyentes. Para desarrollar uno de sus programas, Phoenix, la empresa de Toledo contó con una subvención de 641.827 euros, abonados a partes iguales por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)– y por el Gobierno español, a través del CDTI. La subvención le fue concedida en 2019, la duración del proyecto era de dos años y el objetivo, crear una plataforma para el análisis de la información y el tratamiento de grandes volúmenes de datos (big data) obtenidos a partir de fuentes abiertas.

En mayo de 2021, el CDTI le concedió 450.000 euros en una operación para promover la innovación empresarial en la que también invirtió el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures, a su vez propietario de una participación en Mollitiam. Y le subvencionó con otros 390.394 euros a través de los proyectos Cien y Eureka, según figura en las cuentas de 2023 de Mollitiam.

Además, una subvención de 59.636 euros sirvió a Mollitiam Industries para desarrollar el proyecto Electro I+D, que mide el nivel de “resiliencia en redes OT (civiles y defensa) frente a ciberataques”. El 80% del dinero vino de Europa, vía Feder, y el resto lo puso la Junta de Castilla-La Mancha. Esas mismas instituciones le otorgaron 50.751 euros para el proyecto Cibermarkint, “una plataforma Osint de inteligencia artificial”. Finalmente, recibió del Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) dos ayudas: una de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante, según consta en el registro de subvenciones de Castilla-La Mancha.

A finales de 2023, los hermanos Álvarez controlaban el 26,14% de la compañía a través de la sociedad Time to Change SL, mientras que Antonio Ramos Varón disponía en la misma fecha del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

InfoLibre se ha puesto en contacto, tanto con el administrador concursal de Mollitiam como con los tres fondos de inversión citados, para preguntarles por la situación concursal de Mollitiam, pero sólo ha respondido Sabadell Venture Capital, que mantiene el 6,8% del capital. “Nunca hemos desinvertido”, asegura.

Mollitiam Industries no sólo formaba parte de la lista de los mayores depredadores digitales de 2020, sino que también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita uno de sus programas más publicitados, que lleva el nombre de Invisible Man.

El mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministra el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a los 641.827 euros abonados por la Unión Europea y el CDTI.

No es ilegal ni tampoco contraviene ninguna normativa. En España, dar luz verde a una universidad privada que no cumple con todos los requisitos que marca la ley no sólo es posible, sino también frecuente. Ha pasado, al menos, con centros que se han abierto recientemente en Andalucía, en Canarias y en la Comunidad de Madrid. Y en esta última no sólo con informes emitidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sino también con otros publicados por otro tipo de organismos como la Fundación para el Conocimiento Madri+d. En ocasiones han sido evaluaciones directamente desfavorables; en otras, favorables a pesar de las "dudas" sobre los proyectos y de requerir ciertas modificaciones. Y muchas veces por lo que los expertos critican: la falta de investigación, una de las tareas fundamentales que debe cumplir una universidad. Al menos, en teoría.

La propia Consejería de Emilio Viciana defiende que el sistema permite que se den todos esos escenarios. Según recuerda el departamento en declaraciones a infoLibre, "la apertura de una nueva universidad en la región solo se produce cuando así se aprueba por Ley en la Asamblea de Madrid". Por eso precisamente la privada ha logrado multiplicarse tanto en tan poco tiempo: porque es el PP el que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento.

El fenómeno ha ocurrido en toda España —donde en el último cuarto de siglo se abrieron 25 nuevas universidades privadas, alcanzando ya la cifra global de 41, frente a 50 públicas—, pero es que Madrid es el paradigma. La región tiene seis universidades públicas y planea ya la apertura de la que será la décimocuarta privada, la Universidad Abierta de Europa. Según dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el objetivo de su Ejecutivo es convertir Madrid en "la capital de los estudios superiores en español". Y no importa que la pública no entre en ese proyecto ni que el próximo centro privado tenga la oposición, en primer lugar, del propio departamento que dirige Diana Morant.

La Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) ya criticó en su día que la Universidad Abierta de Europa "no dispone de un proyecto de investigación propio" y ni siquiera "concreta algunas cuestiones importantes tales como la colaboración con sectores productivos". Además, "falta información sobre los títulos propios", "se desconoce el número de alumnos" y de plantilla y tampoco están acreditados "los espacios y las infraestructuras para llevar a cabo la actividad investigadora". Hay, sentencia el organismo, "numerosas lagunas y deficiencias" que desaconsejan la apertura. Pero la Comunidad ha hecho caso omiso y ha seguido adelante con el trámite.

Para el diputado del PSOE Horacio Díez este es tan sólo un ejemplo más de que la Comunidad "regala autorizaciones de apertura" a centros de dudosa calidad. "Una educación superior de excelencia exige rigor, regulación y anteponer la formación al negocio", señala en conversación con este periódico. Juan Ignacio Varela-Portas, parlamentario de Más Madrid, también criticó la "acción perversa" de la Consejería de Educación. Y él lo hizo durante una sesión parlamentaria en la que el propio Emilio Viciana defendió que son completamente "exigentes". "Pedimos informe a la SGT [Secretaría General Técnica], pedimos informe a Infraestructura... Y nos aseguramos de que se cumplen todos los requisitos de solvencia", aseguró.

Sin embargo, el proceso que ha seguido la Universidad Abierta de Europa lo contradice. Y no sólo ese. Según una respuesta escrita del Gobierno a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres habían sido suspensas por el Ministerio de Universidades. La madrileña Universidad de Innovación, Diseño y Tecnología (UDIT) era una de ellas.

infoLibre ha preguntado en este sentido a la Consejería cuántas universidades privadas han abierto sus puertas con alguno de los informes previos en contra. Y con cuál, o cuáles, había ocurrido. Pero sus fuentes se limitaron a recordar que los exámenes "son solo valorativos y, por tanto, no vinculantes".

Se refería el departamento en su respuesta a los que emite la Fundación para el Conocimiento Madri+d, "que se refieren a cuestiones como infraestructuras, profesorado o titulaciones y tienen en cuenta las exigencias a incorporar en el convenio de adscripción de los centros a las universidades, tal y como se recoge en el artículo 13 del Real Decreto 640/2021". Pero el argumento se puede ampliar también a los que emite el Ministerio. Según las mismas fuentes, los "aspectos a mejorar no invalidan el conjunto del proyecto". Aunque sí dejan en entredicho, entiende la oposición, la calidad del centro.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de informes en contra? Como dijo el propio Viciana en la Asamblea, hay cuatro evaluaciones que siempre se solicitan cuando arranca un nuevo proyecto. Así aparece al menos en las Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de varios de los centros ya en funcionamiento analizadas por infoLibre. El primer examen es el que lleva a cabo la Conferencia General de Política Universitaria dependiente del Ministerio de Diana Morant. Y es este organismo el que fue tan duro con la Universidad Abierta de Europa. Y el que también lo fue con el centro Villanueva, un proyecto cuyo proceso de apertura se extendió entre 2016 y 2020.

En concreto, y según se puede comprobar en su MAIN, el Gobierno estimó que la memoria del proyecto arrojaba "dudas sobre el porcentaje de doctores acreditados", una "posible falta de espacios docentes para el número de alumnos" y falta de "garantías que aseguren la financiación económica". Por eso la evaluación fue desfavorable, aunque fuentes del centro aseguran a preguntas de infoLibre que se remitieron "todas las alegaciones que fueron precisas, respondiendo con solvencia a las cuestiones planteadas hasta recibir la aprobación final de los órganos competentes".

Según se defienden de las críticas, lo importante es que exista "calidad" en la educación superior, no un "modelo de gestión o propiedad". Por eso, aseguran las mismas fuentes, "cualquier medida que ayude a impulsar una educación universitaria de calidad, tanto de iniciativa estatal como privada, es positiva". "Aplaudimos cualquier proyecto legislativo que contribuya a este fin y a la necesaria autonomía de cada centro para ofrecer los conocimientos que demanda la comunidad a la que sirve", sentencian.

La UDIT tuvo un reocrrido muy similar. En su caso, el organismo ministerial consideró "insuficiente la dedicación media del profesorado a la investigación" y que no se estaba aplicando "correctamente el cálculo" para que el 60% de los profesores doctores estuvieran contratados a tiempo completo. Además, se apreciaron "discrepancias" en las distintas menciones a los espacios e infraestructuras que tendría el centro. Su rector, Juan Cayón, aseguró a infoLibre que todo fue subsanado, pero que una vez emitido un primer informe, no se llega a emitir un segundo. Lo recoge también el documento: "Una vez que dicho órgano ha hecho un pronunciamiento sobre el reconocimiento de la citada Universidad, no procede la elaboración de un nuevo informe". En ese momento ya es la Comunidad la que valora. Y esta respondió favorablemente a todos los puntos que el Ministerio había criticado.

infoLibre ha tratado de acceder a los informes completos del Ministerio, pero no ha sido posible. La Fundación para el Conocimiento Madri+d, en cambio, sí habilita su consulta a través de su página web. Y ahí se comprueba que algunos centros han tenido hasta tres evaluaciones y que en muchas ocasiones el llamado "informe final" también ha incluido dudas o aspectos a mejorar que, como señala la Consejería, no han sido impedimento para la aprobación definitiva de determinados proyectos.

ESIC por ejemplo tan sólo fue sometida a un examen. O al menos tan sólo consta un informe de Madri+d. Con fecha 14 de marzo de 2017, el organismo criticó que el plan de titulaciones y su calendario de implantación no era adecuado y que resultaba complicado "evaluar adecuadamente el plan de desarrollo [...] propuesto". Tampoco se cumplía "la ratio exigida de tener al menos un 50% de doctores en titulaciones de grado y un 70% en títulos de máster" y la "información aportada sobre el personal de apoyo no resulta específica". Es decir, "la información aportada por el centro" no fue "adecuada, ni para evaluar su plan de desarrollo de titulaciones, ni la adecuación de los recursos docentes a la misma". Aun así, la Asamblea dio luz verde al proyecto dos años después.

Ramón Arilla, el rector del centro, responde además a preguntas de este periódico que esas valoraciones negativas no fueron más que "un estímulo para continuar mejorando". "Nuestro compromiso es mantener y elevar la calidad educativa, fomentando la innovación y el rigor en todas nuestras áreas, incluida la investigación. Por ello, hemos obtenido 8 proyectos internacionales de investigación en los últimos 3 años", defiende.

Parecido fue lo que ocurrió con CUNEF. En su caso constan dos informes, uno emitido en 2017 y otro publicado cuatro años después, en 2021. En este, en el final, se concluye que la evaluación es favorable a pesar de que se observaron "carencias" sobre la programación relativa a la investigación, una crítica que también realizó en el primer examen, en el que el organismo lamentó que aunque la universidad "acredita un proyecto investigador realizable, debería evidenciarse una mayor implicación de los profesores" en esa tarea, "tanto desde el punto de vista de su participación en proyectos de investigación como en la evaluación positiva de su actividad en este ámbito".

Más duro fue Madri+d en el caso de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), a la que se achacó en el informe final emitido en 2019 no ofrecer "información acerca del perfil del profesorado". En concreto, el documento criticó que "ni siquiera se aclara si [los docentes] son doctores o no" y tampoco "se explica qué asignaturas van a impartir". El número de profesionales, que tampoco estaba claro, también generó confusión. "Se añaden algunos profesores a tiempo parcial en los cuadros facilitados, pero sigue siendo insuficiente [...]. Teniendo en cuenta que las asignaturas son cuatrimestrales, y que en cada cuatrimestre habrá cuatro o cinco por lo menos, se trata de 8 o 10 asignaturas, que parece complicado que puedan ser atendidas entre 3 o 4 profesores", lamentó Madri+d. "En fin, se trata de una planificación deficiente y con muy poco nivel de detalle", se concluyó. Sólo un año después, la Asamblea lo aprobó.

La oposición trata ahora de poner coto a todo esto. Es decir, de garantizar que el incumplimiento de las garantías de calidad impidan que estos centros puedan comenzar su actividad. En este sentido, Más Madrid ya presentó una Proposición No de Ley para que los informes técnicos sean vinculantes e impidan que el Parlamento dé vía libre a una universidad con una valoración negativa. "Madrid ya tiene más del doble de universidades privadas que públicas, y hay cinco nuevos procesos de acreditación en marcha. No podemos permitir que Madrid se convierta en un mercado de títulos universitarios donde el único requisito sea poder pagarlos", declaró la portavoz de la formación, Manuela Bergerot.

Por su parte, Díez informa que el PSOE propone "una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas y de centros extranjeros autorizados en la Comunidad de Madrid". Es decir, que se mantengan los que están, pero que no se abran otros nuevos. Al menos, no hasta que cumplan con los requisitos, que también pide aumentar. En este sentido, el Gobierno, desde hace meses, ya trabaja en la modificación del Real Decreto 640/2021 que estipula las exigencias para nuevos centros universitarios.

El 9 de marzo de 2023 el Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Lo hacía con 182 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, PNV, Más País y Compromis), 157 en contra (PP, Vox, Cs, BNG, UPN, CUP y Foro Asturias), 8 abstenciones (EH Bildu y Junts) y un objetivo por bandera: fortalecer la universidad como "fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de inclusión, de oportunidades y de libertad cultural". ¿Cómo? Asegurando que la institución cumple con los tres pilares fundamentales de su existencia: la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Las que son, señala la ley, "funciones centrales de su actividad". Ahora bien, ¿son también condiciones sine qua non que hacen de una universidad una institución de calidad? ¿Qué significa exactamente ese concepto?

"Depende de a quién le preguntes", dice, tajante, el profesor de Educación en la Universidad de León Enrique Díez Gutiérrez. Su respuesta, por ejemplo, es que no se puede hablar de "buena universidad" si no existen esas "tres misiones fundamentales". La de un defensor de la universidad privada como es Juan Cayón, rector de la recién creada Universidad de Diseño, Tecnología e Innovación (UDIT), en cambio, introduce la cuestión de la "empleabilidad" de los estudiantes egresados. Es decir, que un centro cuyos titulados obtienen un trabajo antes y con mejor remuneración es mejor que otro en el que eso no ocurre. "Es una cuestión ideológica", opina Díez Gutiérrez.

El debate no surge de la nada. Ha aparecido en las bocas de muchos defensores de la universidad pública que miran con preocupación la proliferación de universidades privadas en España. No es para menos. Son ya 41, 25 de las cuales se crearon en el último cuarto de siglo. Es decir, afloran a un ritmo de una al año. Y se están expandiendo ya en comunidades donde hasta ahora no tenían presencia (como Extremadura) o donde ésta era muy residual (como Andalucía). Lo hacen al calor de los gobiernos de derechas y de los parlamentos controlados por ella, que en muchas ocasiones pasan por alto los informes técnicos que desaconsejan su creación y autorizan, con los ojos cerrados, un nuevo centro. Según los datos ofrecidos por el Gobierno en una respuesta escrita dada a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres abrieron sus puertas con valoraciones en contra.

¿Sginifica eso que no tienen suficiente calidad? Lo que miden esos informes son, realmente, activos. Es decir, elementos tangibles como el número de docentes, el porcentaje de presupuesto que se va a dedicar a investigación, las titulaciones que se imparten o la infraestructura de la que se dispone. Algo así como un proyecto universitario palpable. El cómo funciona se evalúa después, y esa es la labor de los ránkings universitarios.

No son pocos, aunque los más conocidos son tan sólo tres: el ránking Shangái —o ARWU, por sus siglas en inglés—, el QS o el Times Higher Education. En la última edición del primero se colaron 36 universidades españolas entre las 1.000 mejores del mundo, dos menos que un año antes. La Universitat de Barcelona fue la mejor calificada de nuestro país pero, ¿por qué? ¿En qué se basa?

Según la metodología que explica el propio ránking, la evaluación puntúa en función de cuatro indicadores básicos: la calidad de la educación (medida por antiguos alumnos ganadores de premios Nobel u otros galardones), la calidad del profesorado (medido de la misma manera), los resultados de la investigación (es decir, número de artículos publicados en Nature o Science) y el rendimiento per cápita. "Es puramente cuantitativo porque es la única manera de poder comparar una universidad norteamericana con una de Andalucía, por ejemplo", explica Díez Gutiérrez. Y ahí está el problema.

Para el experto, este tipo de exámenes internacionales no sólo son "inútiles y absolutamente negativos", sino que además son herramientas que "distorsionan la filosofía y el planteamiento de la universidad". Básicamente porque, explica, en lugar de fomentar la cooperación fomentan la competitividad, que es "lo contrario al conocimiento científico". Pero no sólo por eso. Todos están realizados en último término por una empresa privada con sus propios intereses y ninguno tiene criterios plenamente fiables. El de Shangái, sin ir más lejos, cae en errores garrafales, a juicio de este profesor.

Uno de ellos es el que valora el número de artículos publicados en revistas científicas. Primero porque, señala, muchas las compran. Y segundo porque eso deriva en que los docentes inviertan más horas en esa producción que en la docencia pura. Así lo critica Carmen Rodríguez Martínez, profesora titular de la Universidad de Málaga. "Ha llegado un momento en el que lo más importante son los artículos científicos que se publican. Muchos docentes producen sin parar, hasta sin un proyecto claro y definido, porque eso les da acreditaciones" y eso permite subir de categoría, lo que redunda también en una mejor posición en esos ránking internacionales. "Además, como no nos dan más tiempo, eso provoca que se contrate a becarios o a ayudantes para dar clase, lo que incrementa la precariedad", lamenta la profesora.

Por otro lado, este sistema convierte la contratación universitaria en una especie de "mercado de fichajes", continúa Díez Gutiérrez. "En lugar de a investigación, muchos fondos de las universidades se destinan a poder contratar a premios Nobel o a científicos reconocidos", lamenta. Y en el mismo sentido, y en cuanto al criterio que examina la dedicación de los egresados, el sistema empieza a valorar mejor a un cirujano bien pagado que a un médico que de verdad cumple con su función de mejorar la salud de la población desde, por ejemplo, el centro de salud de un barrio.

"Yo creo que la universidad tiene que servir para mejorar el funcionamiento de la universidad, lo que ocurre es que ahora mismo está sirviendo para enseñar las reglas del capitalismo con el conocimiento", lamenta Díez Gutiérrez. Tener títulos, ganar prestigio, conseguir una buena posición laboral. Y, por último, hacer caja.

Las palabras del profesor se observan en las estadísticas, que muestran una clara diferencia entre la situación laboral de quienes estudiaron en la pública y quienes estudiaron en la privada. Según un informe de la Fundación CYD, la tasa de afiliación media al primer año de terminar la carrera entre los primeros se sitúa en un 49,44%, pero entre los segundos en un 60,14%. Son más de 10 puntos de diferencia.

En cuanto a la base media de cotización, la investigación certifica que hay 3.426 euros de diferencia entre los egresados de la privada y los de la pública. Y en este caso también ganan los de la primera. "Además, un 47,7% de los egresados en las públicas tiene una base media de cotización anual superior a 30.000€, mientras que la cifra asciende al 64,5% en el caso de las privadas", señala la Fundación CYD.

Por eso es muy distinta la definición de calidad universitaria y éxito educativo para Cayón y para los dos profesores de la pública. No obstante, Díez Gutiérrez afirma sin tapujos que esos conceptos no pueden atribuirse, en ningún caso, a las opciones privadas. Más que nada porque "lo privado no deja de concebir la educación superior como negocio, ya sea ideológico, económico o ambos". Él rechaza el término "calidad" porque prefiere hablar de "mejora". Y sentencia que eso se consigue mediante elementos no tangibles. O al menos no evaluables bajo un estándar de ránking internacional.

"Para ser un país con las mejores universidades deberíamos ser el número uno en el mundo en porcentaje de jóvenes de 23 años que están política y socialmente implicados en la construcción de un mundo más justo y mejor. Mucho más importante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia o en publicaciones indexadas es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la necesitan", sentencia.

¿Quién aparece en los medios cuando se consultan “fuentes expertas”? En el 62,34% de los casos, hombres y, solo en el 37,66%, mujeres, según los datos recogidos de 649 encuestas para el informe de Participación de mujeres científicas como fuentes expertas en los medios: motivaciones y obstáculos, presentado este martes en Madrid y que contado con la participación de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. “Nos estamos perdiendo, de entrada, valoraciones y opiniones muy interesantes”, comenta Izaskun Lacunza, directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

A nivel global, la brecha de género es aún mas alarmante: las voces de las mujeres como expertas han incrementado en un 7% desde el 2005, pero aún suponen solo el 30%. “Esto influye en la imagen que se tiene sobre la investigación y la ciencia, ámbitos muy estereotipados a pesar de que cada vez somos más mujeres las que decidimos dedicarnos a la investigación”, sentencia Maider Eizmendia, directora del estudio. 

Entre los motivos de esta desigualdad, el informe apunta a los estereotipos que pesan sobre cada uno de los géneros, las cargas familiares y la autopercepción que tiene cada persona sobre sí misma, por ejemplo, a la hora de autodenominarse "experto" o "experta" en una materia.

Por lo general, a los hombres se les contacta más por haber participado como fuentes en anteriores ocasiones; a las mujeres, por su solvencia como expertas. Y es que los científicos muestran una mayor predisposición que las científicas a aceptar las propuestas del para ser fuentes informativas: del total de mujeres consultadas por el SMC (Science Media Centre), el 20,35% accedió, frente al 26,37% de los hombres consultados.  

Por su parte, Patricia Fernández de Lis, redactora jefa de Materia, la sección de Ciencia de El País, apunta a los techos de cristal como un impedimento más para contactar con ellas. Con el auge de los medios digitales cuando se realiza una pieza periodística se necesitan respuestas “de hoy para hoy”, lo que hace que “por lo general, se llame a los directores de los estudios, que suelen ser hombres”, cuenta.

Tanto hombres como mujeres aseguran que en ocasiones rechazan participar por falta de tiempo debido a su carga de trabajo, especialmente en el caso de trabajadores del ámbito sanitario. Sin embargo el 22,95% de mujeres alega que esta falta de tiempo se debe a su dificultad para conciliar lo laboral con su vida personal, algo que solo ocurre al 10% de los hombres.

Es algo que confirma desde su experiencia personal Alicia Pérez-Porro, bióloga marina, responsable de interacción política y relaciones institucionales del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF). Considera que la agilidad mental es clave para poder responder bien a los medios, pero el entorno también influye en las respuestas que se pueden dar.

Y es que el problema no es que las mujeres no quieran colaborar en la difusión del conocimiento científico. De hecho, el 91,67% de las científicas consideran que responder a los medios forma parte de su trabajo –frente al 75,47% de los científicos– y el 75% lo hacen porque quieren mejorar su cobertura mediática –un 52,83%, en el caso de los hombres–. Entre los motivos que mueven a los investigadores a colaborar con un medio destaca la promoción de su carrera: el 18,87% de ellos considera que la visibilidad les beneficia en lo académico, frente a al 5,56% en el caso de ellas.

Estas cifras ponen de manifiesto que las mujeres suelen colaborar por motivos más sociales , mientras en ellos priman los motivos profesionales. 

Los ataques a los y las investigadoras que se animan a participar como fuentes expertas en los medios de comunicación es algo que sucede en más de la mitad de los casos (51,05%) y la mayoría de ellos se dan a través de comentarios en las redes sociales sociales de los propios medios. Según la experiencia de Fernández de Lis, una de las redactoras jefa de El País, los insultos hacia ellos suelen dirigirse más al contenido de lo que dicen, lo que reciben ellas, suelen poner en duda sus conocimientos, llamándolas “inexpertas” o “becarias”.

Este señalamiento hacia las mujeres en la ciencia puede afectar a otro de los motivos por los que ellas rechazan colaborar en informaciones periodísticas: no se sienten expertas en el tema. De las fuentes consultadas por el SMC, el 6,56% de las científicas rechaza participar por este motivo –un 1% más que en el caso de los hombres–, lo que evidencia que las investigadoras cargan, además de con lo personal y lo laboral, con el llamado síndrome de la impostora. “A nosotros nunca nos ha pasado que los hombres no se consideren expertos o tengan problemas con la conciliación familiar”, cuenta la periodista de El País.

Ahora bien, destaca del informe cómo los insultos afectan de manera diferente a cada uno de los géneros. En las mujeres se manifiesta en forma de más inseguridad, en los hombres, en una disminución de su productividad. Sin embargo, ellos tienen una mayor tendencia a abandonar la divulgación (19,11%) cuando llegan las críticas que ellas (13%), lo que puede explicarse atendiendo a la responsabilidad social que suele impulsar a las mujeres a exponerse ante los medios.

Las estadísticas, por primera vez, reflejan un vuelco. Una victoria de la universidad privada frente a la pública. Llevaba años gestándose, pero el curso 2023-2024 ocurrió: la primera ya tiene más estudiantes de máster que la segunda. En concreto, 1.657, una cifra que previsiblemente seguirá aumentando. Los tentáculos de los centros en manos privadas son cada vez más. En número y en tamaño. Y no es porque no haya legislación al respecto, sino porque su laxitud es tal que, aunque sea con un proyecto suspenso, consiguen salir adelante. ¿Cómo? Fundamentalmente con dos herramientas: dinero y un gobierno autonómico dispuesto.

Empecemos por los números. Por explicar su poder. El dato del alumnado matriculado en máster es el que refleja mejor la situación, pero no es el único. El último documento de Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2024-2025 [disponible en este enlace] dibuja una situación que alcanza también a los grados. El curso pasado las universidades privadas tenían 300.994 matriculados, pero es que hace una década eran 166.068. Un 81% menos. En términos relativos, en ese periodo los estudiantes de los centros privados han pasado de suponer el 11,5% del total de universitarios al 21,8%. ¿Por qué, qué ha pasado entre ambas fechas? Pues que las opciones para quienes prefieren este tipo de enseñanza superior se han multiplicado.

Actualmente hay 50 universidades públicas (47 de las cuales son presenciales) y 41 universidades privadas (35 presenciales y seis con enseñanzas online). El primer número siempre es el mismo. Desde 1998 no ha cambiado. El segundo, en cambio, sí. Sólo en el último cuarto de siglo se abrieron 25, es decir, a un ritmo de una al año. Y quedan otras tantas: Madrid ya planea la apertura —virtual— de la Universidad Abierta de Europa, el que será su décimocuarto centro privado; Extremadura tiene en proyecto otros cuatro; Baleares, la primera de las islas, igual que Asturias; y Andalucía, una cuarta. Y la lista podrá seguir creciendo.

Y ahí está el quid de la cuestión, en estos últimos 25 años. Lo explica Marti Parellada, doctor en Ciencias Económicas y colaborador de Fundación Alternativas. "Hablar de 'universidad privada' en su conjunto es arriesgado, porque no tiene nada que ver la que se abrió en el siglo XX que la que se ha abierto en este siglo XXI", señala. Distingue así las que podrían considerarse universidades privadas clásicas, que son básicamente la de Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontificia de Salamanca y la de Navarra, de las que han aflorado en estas últimas dos décadas. Y que en su mayoría, por otro lado, sí tienen afán de lucro. No es lo mismo, ahonda, un centro controlado por la Iglesia —que hay más además de esas citadas— o por una fundación, que otra que tiene el frente un fondo de inversión.

Las primeras de hecho ya lo notan. Según la última memoria de la Conferencia Episcopal, el 58% de los universitarios y universitarias que estudian en universidades privadas presenciales lo hace en centros controlados por la Iglesia, un porcentaje que hace una década era del 65%. Es decir, siete puntos menos de influencia en diez años, el mismo tiempo en el que el número de estudiantes ha crecido más de un 80%. ¿A dónde han ido todos? Pues a esos nuevos centros a los que se refiere Parellada.

Junto a las empresas de negocios, los llamados fondos de capital riesgo son los que están haciendo florecer de manera tan rápida todas estas universidades. Es lo que comprueba Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en la Universidad Pontificia Comillas y consultor corporativo independiente, con sus datos, que dejan una conclusión muy clara: son estos últimos los principales responsables de todos los números que las estadísticas nos han empezado ya a mostrar. En 2015 ninguna universidad privada contaba con su participación; hoy lo hacen el 10%; de aquí a 2026 lo harán el 19%, calcula el experto.

Pero no son estas empresas en ningún caso quienes, directamente, abren estas nuevas universidades privadas. "Ningún fondo puede directamente pedir y conseguir una autorización para una universidad nueva en ninguna comunidad autónoma. No pueden porque los requisitos que se solicitan solo los tienen instituciones educativas que ya están en funcionamiento durante muchos años", explica el inversor. De este modo, su presencia se explica de dos maneras: o bien porque quien promueve la creación del centro tiene un fondo en su accionariado o bien porque el fondo, al ver que el sector es rentable, compra la universidad después.

Ejemplos de esto último hay de sobra. CVC es dueño de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) de Madrid desde 2019, cuando la compró por 1.100 millones de euros. Tan sólo unos meses antes, Permira compró la Universidad Europea, que cuenta actualmente con centros en Madrid, Valencia, Tenerife y Málaga. Duró hasta el pasado mes de abril, cuando EQT, dueño en España de Idealista, se convirtió en el principal accionista del centro por 2.200 millones. Y KKR, estadounidense, será quien esté detrás a través de Medac de la futura Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), la primera online de Andalucía.

Estará en Málaga. Y es seguro, porque la Junta de Andalucía ya le ha dado luz verde. No ha importado que tenga un informe técnico contrario a su creación porque, además, esto es algo que pasa habitualmente.

La creación de una universidad nueva no es un proceso inmediato. Y, a priori, tampoco fácil, pero esto último depende de muchas más cosas. Se observa en algunas de las memorias que recogen cómo ha sido el nacimiento de algunas de las nuevas universidades privadas que se han instalado en Madrid y que ha analizado infoLibre. Por ejemplo, la de la Universidad Internacional Villanueva, que registró su solicitud en abril de 2016 y no fue aprobada hasta marzo de 2019, tres años después. O la de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), cuyo proceso comenzó en diciembre de 2017 y finalizó en febrero de 2022.

Tanto una como otra solicitaron, y así lo recogen sus Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), los informes que deben pedir antes de constituirse. Fundamentalmente son cuatro: uno a la Secretaría General Técnica, otro a la Fundación de Conocimiento Madri+d, otro a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios y otro a la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente directamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Todos estos documentos pueden ser favorables o desfavorables. Por ejemplo, el del departamento de Diana Morant relativo a la Universidad de Villanueva fue "desfavorable" porque el proyecto presentaba "dudas sobre porcentaje de doctores acreditados", "posible falta de espacios docentes para el número de alumnos" y "falta de garantías que aseguren la financiación económica". Aun así, el proyecto puede seguir adelante. De hecho, y según una respuesta escrita del Gobierno a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres lo hicieron así: UDIT, UTAMED y la Universidad Tecnológica de Canarias.

Juan Cayón es rector de UDIT y confirma que en su caso ocurrió así porque la Asamblea de Madrid le dio el beneplácito. Aunque explica, en todo caso, que resolvieron los problemas que se achacó a su proyecto. "Corregimos todas las deficiencias, lo que pasa es que no hubo un segundo informe positivo, directamente en ese punto obtienes el aval del parlamento", cuenta, desde el otro lado del teléfono.

Aquí entra el factor que, junto al dinero, Rafael Ramiro considera fundamental para abrir una universidad privada: la ayuda de los gobiernos autonómicos. Pone dos ejemplos: Madrid y Extremadura. La primera, siempre en manos del PP, es la que, con diferencia, más universidades privadas tiene y proyecta; la segunda, la que más tiene proyectadas. Pasará de no tener ninguna a tener cuatro. Y el gobierno —y poder parlamentario— en manos de la derecha lo explican.

En este sentido, la directora general de Universidad, Esther Muñoz, señaló que su Ejecutivo no quiere que "el mapa de las universidades privadas" sea como el del ferrocarril, que "hace una S" al llegar a su región. A su juicio, los cuatro centros planificados complementan la oferta pública. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva a cabo por su parte una campaña evidente contra la universidad pública, cuya financiación ha caído en picado. Sigue siendo inferior, de hecho, a la que recibía antes de la crisis.

"Hay una clara visión política e ideológica en la proliferación de las universidades privadas", considera Parellada. Si no, aunque los informes que realiza el Ministerio de Universidades fueran no vinculantes, la comunidad en cuestión respetaría su criterio. "Está claro que el sistema no funciona. Habría que establecer otros mecanismos que garanticen una mínima calidad. En eso el consenso de la comunidad académica es absoluto", considera.

El Gobierno ha tomado nota de ello. Tanto es así, que el pasado mes de abril el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades constituyó un grupo de trabajo para consensuar medidas y exigencias para la creación de nuevos centros universitarios. Es decir, para modificar el Real Decreto 640/2021, un proceso que según confirman desde el departamento de Morant todavía sigue en marcha. Y en el que la Conferencia de Rectores, presente, pide no olvidar "cuestiones como la inversión en investigación y transferencia de conocimiento en la creación de una universidad, ni tampoco un plan de viabilidad económica".

El Real Decreto contempla, por ejemplo, la necesidad de diez títulos de grado (de distintas ramas), seis de máster y dos programas de doctorado, dedicar al menos un 5% a investigación o un docente por cada 25 estudiantes, como mínimo. Juan Cayón cree que así es suficiente. Para él, el debate público ha olvidado que la creación de una universidad privada es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución. Y suficientemente regulado, además. "Siempre se comprueba que existe lo que un proyecto dice que va a hacer, si no, te quitan la acreditación para dar formación", asegura.

Por eso él tiene clara su postura. "No importa en manos de quién esté una universidad, lo realmente relevante es si esta tiene o no calidad", señala. ¿Y cómo se mide? Pues para él, no debería ser únicamente una cuestión de labor de investigación —requisito que, señala, cumple sobre todo la pública—, sino también de empleabilidad. "¿Dónde están los estudiantes egresados años después? Eso también es un indicador importante", sentencia.

El alumnado universitario de Madrid tiene menos derechos que el del resto de España: es la comunidad autónoma que menos invierte por alumno. Se precia por ser la región más rica o, al menos, donde hay más rentas altas empadronadas, pero su contribución a la universidad, la ciencia y la innovación es la más baja de España. En el momento en que más dinero tiene el gobierno regional, con la economía en España creciendo a un ritmo muy superior al resto de países de la Unión Europea, Madrid es donde menos se invierte. Esto nos lleva a pensar que el freno presupuestario a la universidad pública no es por falta de dinero, o por una supuesta falta de eficiencia en la gestión, es por otra cosa.

La financiación de las universidades públicas es menor que en 2009. En euros constantes, si en 2009 los presupuestos de universidad fueron de 1.127 millones de euros, en 2025 se va a invertir 801 millones de euros. Esto tiene un impacto directo en el deterioro de las infraestructuras, los bajos salarios de los docentes y la drástica reducción de recursos para la investigación o la innovación. El deterioro de los edificios es una alegoría del maltrato del gobierno de la Comunidad de Madrid a las universidades: techos de facultades desprendidos, obras inconclusas durante años o edificios con goteras es el día a día de las seis universidades madrileñas.

Tanto desde el gobierno como desde los escaños del Partido Popular en la Asamblea de Madrid se nos dice, cada jueves de pleno y en cada sesión de comisión, que las universidades no están bien gestionadas y que el problema no es la falta de financiación, sino la falta de una buena gestión. Esta falsa línea argumental evoca la estrategia ya empleada en el hundimiento planificado de otra joya de la corona, la sanidad pública.

Los primeros pasos de la demolición de lo público ya se dieron en tiempos de Esperanza Aguirre. Ahora la ofensiva es total, estruendosa, evidente. La asfixia de presupuesto está llevando a las universidades a reducir sus presupuestos hasta un 35%, empezando por la reducción de personal docente. El ajuste se hace por asfixia.

Las carencias de las universidades públicas no son por falta de gestión, son por falta de financiación, por una idea muy clara del gobierno regional: que la universidad pública deje de ser competencia de las privadas. 

La concepción del Partido Popular de que la educación universitaria es un negocio y no un derecho se refuerza con la autorización, desde la Comunidad de Madrid, de más de una decena de universidades privadas: barra libre sin ningún control, y con todos los informes en contra.

El Ministerio de Universidad, Ciencia e Innovación, con la ministra Diana Morant a la cabeza, no deja de enviar ayuda a las universidades madrileñas. En solo un año se han aprobado proyectos, como el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador o el programa María Goyri, que inyecta cientos de millones de euros en las universidades. 

La Comunidad de Madrid en todos los casos ha hecho todo lo posible para que no llegue esa financiación nacional. Cada vez con excusas más insólitas. A la que más recurre el gobierno regional es a decir que Madrid rechaza la financiación del Gobierno de España porque les compromete a una parte del gasto. 

Sus permanentes críticas a la Ley de 2023 del Sistema Universitario, la LOSU, empiezan por decir que les obliga a financiar las universidades. Efectivamente, esta ley es un instrumento de protección y financiación de las universidades públicas, junto a docentes, alumnado y PTGAS, es decir, el terror para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

El pastel de la universidad privada es demasiado jugoso como para andarse con tibiezas. El PIB regional, actualizado en 2023, es de 293.000 millones de euros. El presupuesto para universidad de 2025 es poco más de 1.122 millones de euros, es decir, el 0,38% del PIB regional. Hasta el 1% de inversión en PIB recomendado hablamos de un pastel de 1.800 millones de euros que no van a ir a nuestras universidades públicas.

Durante esta legislatura el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha visto la gran oportunidad de utilizar su mayoría absoluta en el parlamento para ejecutar el cambio radical de la privatización sin retorno de la Universidad. Con esta hoja de ruta: asfixia en la financiación de las públicas, aprobación de una ley regional de Universidad y Ciencia que desproteja definitivamente a las universidades (frente al escudo de hierro que supone la LOSU), y crecimiento desproporcionado de la oferta privada.

Los seis rectores de las universidades se están poniendo en pie para denunciar realidades como que los presupuestos no llegan ni para el 70% del primer capítulo de gasto, es decir, las nóminas. La respuesta de la Comunidad de Madrid no es que falte dinero sino que sobran docentes. Porque esa es su mentalidad: en sus planes sobra la universidad pública.

En esta pelea de la universidad pública nos jugamos mucho y nos afecta a todos como sociedad. La reducción del sistema público universitario frente al privado aumenta la desigualdad, pues solo accederá a la formación superior quien pueda pagarla y no por criterios de esfuerzo o de desempeño. Además, la universidad es donde se forman las élites, quienes nos gobiernan, nos juzgan, quienes reforman y aplican las leyes o se sientan en consejos de administración, y esos espacios serán ocupados por personas que provienen de familias con rentas cada vez más altas, creando una brecha difícil de cerrar.

Debilitar las universidades afecta a áreas clave del desarrollo de Madrid. No podemos vivir únicamente del turismo y las cañas. Sin materia prima, o sin una industria sólida, Madrid tiene que vivir de sus ideas, de su innovación, y eso empieza en las universidades públicas. Las privadas apenas investigan, entre otras razones porque su afán es ofertar grados muy concretos, con margen de beneficio suficiente para lucro de los fondos de inversión que las compran y venden al peso.

Es nuestra obligación como sociedad defender el sistema universitario. Desde el Partido Socialista reclamamos de forma urgente una inversión suficiente, sostenida y equitativa, de 400 millones de euros más por año en los próximos 6 años, para llegar al 1% del PIB regional que recomiendan organismos internacionales y la Ley Orgánica del Sistema Universitario; elaborar, junto a sus órganos de gobierno, un mejor análisis y diagnóstico de las necesidades reales de las universidades; y garantizar el acceso a la educación superior de todos los estudiantes con independencia de su situación social o personal o la de sus familias. Porque es nuestro futuro productivo y social el que está en pleno derribo, salgamos a defenderlo.

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Horacio Diez es Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha escrito este lunes al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, urgiendo al gobierno regional a que firme, hasta el 13 diciembre, el texto del convenio del Programa María Goyri ya pactado con todas las comunidades en junio pasado.

En el escrito, el Ministerio recuerda que "todos los elementos del convenio" que permitirá contratar a 1.100 profesores, así como el texto "en todos sus términos literales" fueron acordados con el resto de las universidades y "finalmente aprobados, con el voto positivo de la Comunidad de Madrid, en la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 19 de junio".

Desde entonces, "16 comunidades autónomas y 44 universidades públicas lo han ratificado sin ninguna modificación", continúa la carta remitida por el secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, al consejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades. "Con fecha límite el día 13 de diciembre" debe estar concluido el proceso de firma conjunta entre el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y las seis universidades públicas, para que pueda "ser fiscalizado en esta anualidad del 2024", continúa el escrito.

"Esperamos, por tanto, que la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus compromisos adquiridos públicamente" en junio pasado, apruebe el convenio "en los mismos términos" que el resto de comunidades y universidades, según el secretario de Estado quien queda "a la espera de la propuesta de fecha para firmar el convenio".

Con ese programa, Madrid obtendrá 169 millones para estabilizar las plazas de cerca de 1.100 profesores de sus seis universidades públicas, evitando así que en tres años se vayan a la calle. Pero el Gobierno regional vio problemas en la imposición de "contratar a una única figura docente, la de Profesor Ayudante Doctor", y consideró que la redacción "incluye numerosas referencias de tipo ideológico y nulo valor jurídico", por lo que envió el pasado miércoles al ministerio una "propuesta de convenio".

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará el próximo miércoles, día 11, el convenio para la firma del Programa María Goyri, ha confirmado este lunes el consejero Emilio Viciana.

El Ministerio "se ha negado a negociar una vez más y nos impone esta cacicada”, ha denunciado Viciana, que ha explicado que pese a esta actitud la Comunidad de Madrid va a firmar el convenio por "responsabilidad y compromiso con las universidades públicas de la región".

Este convenio, que se rubricará con el Ministerio y con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, establece la creación de 1.091 plazas de Profesor ayudante doctor para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores.

De estos, 656 serán financiados por el Ministerio y 435 por la Comunidad de Madrid. Además, "el Ministerio solo financia la contratación de esos 656 profesores durante los seis primeros años; pasado ese sexenio, el Gobierno regional asumirá las nóminas del total de los 1.091 profesores", indica en un comunicado.

Para arrancar esta iniciativa de inmediato, la Comunidad aportará anualmente 17,5 millones ya desde 2025, según Viciana quien pidió al Ministerio que las universidades pudieran "decidir cuál de las distintas figuras docentes querían contratar y no limitarla únicamente a la de profesor ayudante doctor, al menos en la parte financiada desde el primer momento por el Gobierno regional". 

Es habitual escuchar, en periodos complicados, que la palabra "crisis" en China también significa "oportunidad". Sin embargo, la pregunta que puede surgir de esa afirmación es: ¿para quién? La crisis económica que golpeó allá por el año 2008, por ejemplo, sí resultó serlo, pero únicamente para los defensores de la privatización de los servicios públicos. "Crisis" se asoció rápidamente a "recortes", a "austeridad". Sobre todo de la sanidad y de la educación, que dejaron entonces un hueco para el negocio que todavía hoy se sigue aprovechando. La universidad ha sido el último ejemplo y, quizás, el más claro: más de una década después no se ha recuperado de los tijeretazos del Gobierno de Mariano Rajoy y observa, además, cómo la red privada no deja de crecer. Y ganar.

Madrid ha servido en las últimas semanas como paradigma. Los rectores de sus seis universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos) se reunieron el pasado mes de abril en un acto en el que reclamaron al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso una mejor financiación. La petición fue leve. "Una sociedad que no invierte en sus universidades es una sociedad que está renunciando a su futuro", dijo por ejemplo José Vicente Saz, de la UAH. Meses más tarde, el tono se endureció y las palabras se tornaron más bien en exigencias.

En una carta conjunta firmada el pasado 28 de noviembre, las seis instituciones alertaron de que la "grave infrafinanciación" que sufren desde hace al menos 15 años les ha dejado en una situación "crítica" que podría volverse "catastrófica". Pedían 200 millones más en los Presupuestos autonómicos de 2025 para garantizar su supervivencia, pero Ayuso no está dispuesta. En lugar de eso ofrecido 47,3 millones, un 4,2% más de lo destinado en 2024, una cifra que los rectores siguen considerando "insuficiente para garantizar la sostenibilidad" y "subsanar" los recortes. "La situación no ha cambiado en lo fundamental: tras años de infrafinanciación, la Comunidad de Madrid sigue con su política restrictiva hacia las universidades públicas y no aporta ningún elemento de mejora ante la crítica situación presupuestaria de las universidades", coincide Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.

No son meros datos. César González Gamonal pertenece a la delegación de estudiantes del Consejo de la UCM y señala, desde el otro lado del teléfono, que esta falta de recursos se ve claramente en el día a día. En las infraestructuras, en la falta de renovación del profesorado o en su precariedad, ejemplifica. Por eso para acabar con ella el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto en marcha el programa María Goyri, que prevé contratar 4.480 docentes destinando más de 900 millones de euros en todas las autonomías adheridas. Es decir, a todas menos a Madrid, que este martes se comprometió a hacerlo, aunque todavía no ha ocurrido.

Es un problema que afecta a todas. Sin distinciones. En Cataluña, indica Sheila González, investigadora en desigualdad educativa de la Universitat de Barcelona (UB), especialmente. "Aquí hubo una congelación total de las plazas. Fue un proceso más largo e intenso que en el resto de España", dice. Según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), el 41,2% de todos los profesores y profesoras universitarios están contratados a tiempo parcial, un porcentaje que en los centros públicos asciende hasta el 46,6% y en las privadas, mientras tanto, cae hasta el 17,5%. ¿Y por qué tanta diferencia? Porque las primeras no se han recuperado, todavía, de los recortes que el Gobierno puso en marcha en 2012, con la crisis económica global que llevó a la máxima expresión el "dogma neoliberal", según recuerda el profesor de Ciencias Políticas en la UCM Víctor Alonso. El pensamiento era: "no hay ingresos suficientes y por tanto hay que reducir gasto público", señala.

Fue dicho y hecho. En 2009 las comunidades invirtieron, según los datos oficiales recopilados por el desaparecido Observatorio del Sistema Universitario (OSU) y facilitados por la que era su directora, Vera Sacristán, algo más de 7.249 millones. Desde entonces el descenso fue progresivo y tocó suelo en 2014, cuando se invirtieron 5.841 millones. Hoy, en 2022, el último año recogido en la web del Ministerio, son 7.607. Dicho de otro modo: desde antes de los recortes las autonomías sólo han incrementado un 4,9% lo invertido en la universidad. En ese mismo periodo la inflación ha escalado un 26,3%. Es decir: no se ha recuperado el nivel que había hace 15 años. Y no sólo en Madrid. "Se ha estrangulado a lo público y, al mismo tiempo, se ha favorecido a lo privado", lamenta Enrique Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.

Los datos del OSU analizados por infoLibre no dejan lugar a dudas. Las comunidades que han recuperado los niveles previos a la crisis económica de 2008, teniendo en cuenta también la inflación, son apenas tres: Navarra, Castilla y León y Balears. Las tres han incrementado el presupuesto que tenían en 2009, y más de ese 26,3%. El resto se dividen en dos grupos: las que a pesar de haber recuperado los millones de entonces no han tenido en cuenta la subida de los niveles de vida y las que han ido más allá y directamente ni siquiera han alcanzado todavía la partida de 2009. Son Canarias (que ha destinado a su universidad pública un 1,9% menos), Madrid (con un 5,1% menos) y la Comunitat Valenciana (con un 10,9% menos).

"Desde 2008 y hasta ahora ha habido un recorte efectivo y real a las universidades públicas. Se vivió una crisis muy dura entre 2009 y 2017, cuando se mejoraron los ingresos. No obstante, eso sólo fue una forma de tapar un déficit y una infrafinanciación estructurales. Por eso ha sido ahora cuando los rectores han empezado a alarmarse", lamenta Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM.

El OSU analizó precisamente qué había ocurrido en esos primeros años de recortes y el resultado de su investigación no deja lugar a dudas. En concreto, entre 2009 y 2015 las autonomías recortaron su inversión en las universidades públicas un 24,2%, una cifra que fue compensada entonces con el aumento de las tasas al alumnado, que creció un 37,4%. Es lo que sigue pasando en Madrid, donde son los universitarios quienes están compensando, con las matrículas más caras de todo el país, la peor financiación de toda España.

La situación, si se compara con el resto de países de nuestro entorno, resulta todavía más negativa. Lo señala así el informe presentado por CYD, que revela que España destinó en 2021 15.654 dólares en instituciones de educación superior, un 23,6% menos que el promedio de la OCDE. Hay más. En términos de PIB per cápita, España invirtió el 35,8% por alumno, por debajo del 38% de la OCDE. "Y aun así tenemos muchas universidades entre las mejores del mundo. Si se ha conseguido eso ha sido gracias al coste personal de los docentes y los investigadores, no por los recursos de los que disponen", destaca Ruiz-Gálvez.

Ninguno de los expertos consultados cree que esto haya ocurrido por casualidad. Según explican, todo responde a ese dogma neoliberal del que habla Alonso y que se completa con el proceso privatizador que ha acelerado de forma paralela al deterioro de la universidad pública. "La crisis se aprovechó para favorecer el negocio, un esquema que ha utilizado sobre todo la derecha y que se ha puesto en marcha también con la sanidad", denuncia Díez Gutiérrez. "En León por ejemplo no tenemos oncólogos, pero se ofertan los servicios de radiología privados. Siempre se hace mediante el mismo esquema", completa.

"La tendencia es la de mercantilizar absolutamente la educación superior. Sólo en Madrid la universidad privada ha crecido un 120% desde el año 2000, el mismo periodo en el cual la pública ha perdido un 18%", coincide Ruiz-Gálvez. La región es, de largo, la que tiene más centros privados. Tanto es así que la investigadora de la UB asegura que la privatización es "un proceso madrileño". En concreto, y contando con el último que ya ha recibido la luz verde del Ejecutivo de Ayuso —y el informe negativo del Gobierno central— son 14 los campus privados, el 34% de todas las que hay en España. Ahí son ya 41, 25 de las cuales fueron abiertas en el último cuarto de siglo, a un ritmo de una al año.

Lo llamativo es que se prevé que esto continúe. Como publicó infoLibre y según las solicitudes ya aprobadas o en trámite de serlo, de aquí a 2026 habrá 54 centros en manos privadas, calcula Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en la Universidad Pontificia Comillas y consultor corporativo independiente. Será gracias, sobre todo, a los llamados fondos de capital riesgo, que son los que están inundando el mapa. En 2015 ninguna universidad privada contaba con su participación; hoy lo hacen el 10%; de aquí a 2026 lo harán el 19%.

No es casualidad. Como indica Díez Gutiérrez, el último boom de la universidad privada se ha producido postpandemia. Dicho de otro modo: después de otra crisis que, en parte, también fue económica. Según el informe de la Fundación CYD, en la última década las universidades privadas han ganado más de 100.000 alumnos, lo que ha supuesto un incremento del 73% en sus aulas. Al mismo tiempo, las públicas han perdido casi 220.000. Un 16%. En Grado, las facultades privadas ya representan el 20,8% de todos los estudiantes, un porcentaje que en máster alcanza el 49,4%. Porque es ahí donde sobre todo se ha hecho de oro el negocio de la universidad. Si comparamos de hecho el curso 2022-2023 con el 2019-2020, se observa que los créditos ofertados en la privada han aumentado un 31,6%.

Más allá de los datos, todo esto trae consecuencias. Y muy negativas, según expone Díez Gutiérrez. "Si se infrafinancia lo público se fomenta que sólo acudan a estas universidades los alumnos que no tienen más remedio. Así se genera una fuga de talento hacia una educación que, en lugar de basarse en valores fundamentales, se centra en el negocio", explica. Para muestra sirve de nuevo el informe de CYD, que expone que las universidades privadas destacan en las titualciones relacionadas con los negocios, seguidas de administración y derecho.