El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado este martes un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el veto parental implantado en los centros educativos de la Región de Murcia a principios de curso, y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia su suspensión cautelar.

El recurso llega un día después de finalizar el plazo del requerimiento que el Ministerio dirigido por Isabel Celaá remitió el pasado 17 de enero a la Consejería de Educación y Cultura de Murcia, instando a retirar de las instrucciones de inicio de curso esta medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en sus centros educativos. El Gobierno de Murcia, formado por Partido Popular y Ciudadanos, no ha dado marcha atrás y dejó sin respuesta el requerimiento del Ministerio de Educación. "No lo vamos a hacer porque lo dice un gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres", aseguró el pasado viernes el presidente de Murcia, Fernando López Miras, precisando que sólo retirará el pin censor si así lo determinan las instancias judiciales.

Este pasado lunes, cuando terminaba el plazo del requerimiento enviado por el Ministerio, Celaá calificó como "sorprendente" que Murcia "no reponga la vulneración del derecho a la educación" que, en su opinión, representa el pin parental. "El Partido Popular lleva 25 años gobernando en Murcia y no han declarado jamás que hubiera adoctrinamiento. Es más, su presidente dice que no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué inventárselo?", dijo ayer Celaá, acusando al Gobierno de López Miras de ceder ante grupos "fundamentalistas", en velada alusión a Vox, que exige el pin censor para apoyar los presupuestos en Murcia.

El requerimiento del Ministerio de Educación enviado el pasado 17 de enero fue la reacción del Gobierno de España al acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox para los presupuestos de Murcia, que incluía el veto parental a petición del partido de Santiago Abascal. El Gobierno de Murcia quiere ahora consagrar esta medida en un decreto, aunque su intención es que la autorización parental sea obligatoria sólo en actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro educativo que no sea funcionario, lo que eximiría a policías, médicos u otros profesionales de la administración.

El denominado pin censor es una iniciativa impulsada por la organización Hazte Oír para que las familias puedan impidan la asistencia de sus hijos a talleres sobre diversidad afectivo-sexual, y el partido Vox la ha exigido también en Andalucía y en la Comunidad de Madrid para apoyar los presupuestos en estas comunidades gobernadas sin mayoría suficiente por PP y Ciudadanos. Sin embargo, los gobiernos andaluz y madrileño han mostrado su rechazo a implantarla.

También está el caso del acceso a otras escuelas elitistas privadas, como los colegios de enseñanzas internacionales, donde para conseguir entrar, antes debes haber pasado por sus escuelas infantiles afines y después someter a toda la familia a una serie de entrevistas donde importa tu vinculación con el país, con peso fundamental de tener sangre originaria en tu árbol genealógico. Se ha normalizado que algo así sea relevante y éticamente incuestionable y nos callamos de ponerle su adjetivo preciso. Como es privado, o concertado, no se admiten preguntas.

La educación privada, pero también la concertada en muchos casos, ejerce sus propios mecanismos de filtro, embudo mediante, para que el poder y el estatus, sea cual sea, vayan en la dirección que vayan, estén asegurados en las manos de unos pocos (niños hoy, recuerden siempre que hablamos de niños). En un artículo, el escritor Alberto Olmos decía que el debate de la calidad de la enseñanza había sido sustituido por uno “menos noble”: la calidad del alumnado. Peligroso. Pero no es solamente eso, cuando tu hijo accede a un colegio así la diversidad mengua hasta el punto de constreñirse a universos reconocibles como ponernos un espejo delante. Pregúntate esto mientras sujetas la bandera de la tolerancia: ¿Tengo más que ver con una familia de mi liceo francés donde hay dos mamás o con una familia clásica que lleva a sus hijos a un instituto de Usera?

Más barata o más cara, la cuota mensual lleva implícito el sesgo educativo, la seguridad de que ciertos temas no serán tratados, uniformidad del alumnado, un veto asegurado hacia lo diferente, ya sea a nuevos modelos de familia o a las clases sociales más bajas, control paterno y también económico.

Tu veto puede orbitar sobre el clasismo.

A ver si estamos teniendo hijos para que consigan concluir el camino hacia ese estatus social que nosotros hemos peleado desde otro sitio. O esta variante del clásico: a ver si los hijos nos sacan de parecer pobres. Qué mal. Porque difícilmente la educación pública puede ser reivindicada por aquellas familias que desistieron por la razón que sea y eligieron llevar a sus hijos a uno de los 9.000 centros concertados o privados del país.

Todas las mañanas, sin llegar a entrar en las aulas, veo cómo muchas de las ventanas de la clase de los niños del colegio público de este pueblo de la sierra siguen sin cambiarse desde hace cuarenta años y entra el viento y entra el frío mientras que justo al lado se levanta un brillante edificio blanco de líneas rectas y enormes vidrieras religiosas sobre terrenos que el ayuntamiento de entonces cedió para un colegio concertado cristiano. Esto duele. O cómo, según explicaba el periodista Ángel Munárriz este domingo en este diario, las instituciones públicas y comunidades autónomas financian y avalan el pin ideológico y religiosopin que tantos colegios concertados ponen a sus alumnos financiando sus centros: hasta cuándo.

Para alejar a mi hijo de cualquier moral, de cualquier creencia, para que fuera libre y también crítico con cualquier sistema ideológico, y porque yo he pisado centros concertados religiosos en mi primera infancia y públicos después, le inscribí en la escuela de mi barrio. Porque creo que solamente los países que invierten en la educación pública, recortando los índices de fracaso escolar o la degradación de su enseñanza, levantan su futuro. Sacar a los niños de sus aulas no es creer en la enseñanza. Elegir entre las opciones que otros no tienen no es apoyarla. La gran razón de peso que sostiene la educación de este país es la equidad, la libertad y el progreso social común. Que algún día mi hijo, en manos de profesionales de la educación, dentro de un sistema que nos iguala y nos potencia, con sus lagunas y sus recovecos, un sistema que debe apuntalarse para que nos cohesione como país y no nos segregue, pueda ayudarme con la comprensión de este futuro acelerado. En realidad, yo también le puse un pin eligiendo la pública: una educación lo más libre posible, solidaria e igualitaria para todos. Hagan sus colas de acceso, paguen sus cuotas y saquen los vetos de nuestras escuelas.

Por eso, los colegios, según Vox, tienen que comunicar a los padres previamente los contenidos que se impartan y que tengan que ver con educación sexual y modelos de familia. El lenguaje de Vox, inteligente y perverso, habla de “adoctrinamiento”, de contenidos “intrusivos”, y afirma que “los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es bueno para sus hijos”. En Murcia, por la presión de Vox sobre el Gobierno regional, ya se aplica una versión ligera del pin parental, y Madrid y Andalucía se lo están pensando.

Nosotros, que no adivinamos las verdaderas intenciones de los ultras, bailamos a su compás y en su tono. Incluso para contradecirles. Primero, asumiendo el propio concepto. Y segundo, diciendo cosas que generan un debate espurio en las cafeterías, como que “los hijos no pertenecen a sus padres”. Permitiendo que el cuñado de Vox inmediatamente zanje la discusión diciendo que pertenecen menos aún a los profesores.

Detrás del pin parental, que al menos algunos han logrado llamar veto parental, hay simple y llanamente un intento de adoctrinamiento ultrarreligioso. Lo promueven, entre otros, la organización HazteOir y el Foro de la Familia, vinculados a su vez a una miríada de organizaciones ultracatólicas, como los Legionarios de Cristo, el Opus Dei o el Camino Neocatecumenal de Kiko Argüello.

Los mismos que se opusieron en su día a que se impartiera Educación para la Ciudadanía. Los mismos que pretenden que la ley fuerce a las mujeres a ser madres en contra de su voluntad. Los mismos que convocaban y llenaban manifestaciones para impedir el matrimonio de personas del mismo sexo.

En todos esos casos, esos mismos desempeñaron su pretendida “misión evangélica” de manera infructuosa, porque chocaron frontalmente con una de las sociedades más tolerantes y abiertas del mundo, que es la nuestra. Ni siquiera el PP, que con mayor o menor timidez les apoyaba de boquilla, revocó ninguno de aquellos avances sociales. En España hoy el matrimonio es igualitario y la ley protege a cualquiera de la discriminación por su orientación sexual; en la escuela pública se habla de la diversidad y la religión ha sido apartada del currículo obligatorio; las mujeres no son forzadas a ser madres dentro de unos plazos aceptados por casi toda Europa.

Pero algo crucial nos distingue de la España de hace tan solo unos meses. Hoy Vox es la tercera fuerza política del país, un regalito inesperado del independentismo catalán. Detrás de Vox, o en el mismísimo núcleo duro de Vox, están insertas esas mismas organizaciones del extremismo religioso. Y acuciado por el miedo a perder los gobiernos pactados o parte de su electorado, el Partido Popular se ve obligado a asumir las bravatas de los ultraderechistas.

Pues bien, que los hijos sean o no propiedad de los padres, o sobre si hablar del matrimonio homosexual en clase es adoctrinar o no (¿acaso no es “adoctrinar” casi todo lo que se hace en la escuela?), hay un amplio margen de interpretación. Lo que no admite interpretación, y por eso Vox prefiere orillar el asunto, es que los españoles rechazamos mayoritariamente la entrada de la religión, y más aún de la religión extremista, en nuestra escuela pública. El pretendido pin parental es solo el Caballo de Troya con el que Vox y todos sus socios, con el PP a la zaga, pretende irrumpir en el único ámbito en el que podría extender su doctrina ultrarreligiosa y reaccionaria: en las aulas de nuestros hijos.

Jóvenes de colectivos LGTBI han defendido la importancia de las charlas sobre diversidad afectivo-sexual que se imparten en centros educativos para mejorar la convivencia y el respeto en las aulas, y han mostrado el rechazo al pin censorpin censorque promueve el partido de extrema derecha Vox para permitir a las familias vetar la participación de sus hijos en estas actividades complementarias en horario lectivo, según informa Europa Press.

"No te convierten en homosexual. A mis compañeros heteros les ha abierto la cabeza, y ninguno ha salido del armario por asistir a una charla. Yo también he recibido muchas charlas de educación sexual heterosexual y no me he convertido en hetero", ha explicado Aarón, un joven canario asentado en Madrid, que participa como voluntario del colectivo COGAM impartiendo estos talleres en centros educativos de la capital.

Aarón, junto a otros jóvenes, ha participado este jueves en una rueda de prensa conjunta de varias organizaciones que se oponen a la implantación del pin parentalpin parental, como ya ha sucedido en la Región de Murcia, y han compartido que, en sus experiencias como estudiantes,  se sintieron respaldados en sus centros educativos gracias a este tipo de actividades que llevan a clase el respeto por la diversidad.

"La diversidad no va a dejar de existir porque no se muestre, va a estar ahí pase lo que pase, así que tener este tipo de charlas es fundamental. A los jóvenes, además, no les va a cambiar, porque alguien que nace gay lo va a seguir siendo, sólo que se le va a hacer sentir más confuso y perdido si no cuenta con respaldo", ha defendido Ángela, otra veinteañera madrileña.

Ángela ha intervenido junto a David, antiguo compañero de instituto en Colmenar Viejo, una localidad próxima a Madrid. Ellos, con el apoyo de otros alumnos y de un profesor que "vivía fuera del armario" tomaron la iniciativa de crear una asociación para apoyarse mutuamente, LGBTayudamos.

"Ahora mismo es un grupo bastante grande, incluso con gente hetero que colabora, y es algo muy bonito porque ayuda a gente a encontrar la pieza que les faltaba, la clave de su identidad, y lo hace gracias al apoyo de sus compañeros de instituto", ha destacado David.

En esa situación se encontró hace años Khadija, que "venía desde casa con el pin parentalpin parentalporque en su familia no se hablaba de sexualidad. Es la pequeña en una familia musulmana de ocho hermanos, y durante su adolescencia no recibió ninguna charla de educación afectivo-sexual. "Hubiera sido positivo, porque cuando me di cuenta de que no me gustaban los chicos, me sentí sola, desarraigada de mi entorno, y me sentía la única lesbiana del mundo musulmán", ha relatado.

Khadija ahora tiene 24 años y participa en la asociación Kifkif de migrantes LGTBI. También ha dado charlas para ayudar a que otros jóvenes no sientan "el miedo al rechazo" que ella padeció. "Esto no es un debate, no hay que debatirlo", dice sobre el pin parental. En su opinión, estas actividades al final "promueven el respeto".

La mejor prueba de la intencionalidad planificada de la operación está en la difusión de vídeos falsos en las redes que ni tenían relación alguna con el asunto abordado y ni siquiera estaban grabados en nuestro país. Vox ha jugado a sembrar discordia social, como suele hacer, centrada en una cuestión que está en la base de su ideario. Buena parte de los nacionalpopulismos que se están extendiendo en el mundo se apoyan en un argumento de partida muy delicado. Bajo su consideración, denuncian cómo en el mundo actual existe una creciente rebelión de ciudadanos frente a Estados que buscan dominar y aplastar a los individuos. Estos Estados, controlados por élites económico-políticas, son los que manejan el mundo desde hace décadas. En el caso español, ese Estado represor se manifiesta de forma notoria en el gobierno estalinista, filoterrorista y separatista que según su parecer se ha hecho de forma ilegítima con el poder.

Una de las líneas coincidentes en los estudios que se están desarrollando frente a este movimiento que amenaza a la convivencia democrática se centra en que entendamos las estrategias que utilizan para defendernos con mayor eficacia. Un peligro conocido y controlado deja de serlo. Esta campaña de manipulación social busca ahondar en el pilar fundamental en el que se apoya toda su filosofía. Consiste en trasladar a los ciudadanos un desesperado sentimiento de victimización. Se pretende que cada individuo se sienta reprimido en sus derechos, humillado y castigado. En el caso del pin parental, el ejercicio ha conseguido extender una absurda discusión colectiva sobre si somos o no libres frente al Estado para elegir lo mejor para nuestros hijos. Increíblemente, el Partido Popular ha picado en el anzuelo y hemos visto a destacados líderes, con Pablo Casado a la cabeza, posicionarse en un debate innecesario, al estar más que resuelto en toda democracia establecida como la nuestra.

Lo que Vox perseguía era precisamente que surgiera la discusión y cuanto más enrevesada fuera mejor. Es muy dudoso que nadie en su sano juicio esté dispuesto a aceptar que sus hijos sean manipulados por fuerzas ocultas interesadas en su deterioro ético. Evidentemente, esas fuerzas no existen, ni tendrían la más mínima posibilidad de actuar si pretendieran hacerlo. Denunciar un ataque tan personal y profundo a la ciudadanía crea como mínimo desasosiego y preocupación mientras descubres la trampa en la que te intentan atrapar.

Este juego de alentar la victimización colectiva suele obtener magníficos resultados. Si la mentira triunfa y se extiende es evidentemente una victoria en toda regla. Pero, incluso si se consigue desmontar y sacar a la luz pública, los promotores de la operación siempre podrán decir que el Estado represor ha querido aplastar la voz de la denuncia y sojuzgar a quienes intentaban luchar en defensa de la ciudadanía. Como el objetivo final siempre es la victimización, el objetivo también se alcanza desde la derrota.

Al final, la clave está en sedimentar poco a poco un profundo estado de disconformidad en sus seguidores y presentar su opción política como el mejor antídoto frente a la humillación: la venganza. El voto a Vox se vende así como la única manera de acabar con un sistema corrompido al que hay que derribar cuanto antes. La fuerza de la venganza es un impulso estimulante que tiende a cegar la razón en favor del empuje de la rabia y la frustración contenida.

Ha habido en otros países ejemplos similares de mentiras difundidas a través de redes sociales o medios afines que han conseguido gran difusión. En el caso del pin parental, lo sorprendente ha sido la falta de pericia del PP y Ciudadanos en el manejo de la situación. Inicialmente quedaron atrapados en la mentira y colaboraron en alimentarla y amplificarla. Con el paso de los días, parecen haberse ido descolgando al darse cuenta del absurdo embrollo en el que se estaban introduciendo. La última explicación es que se trata de un infundio de Vox que Moncloa ha aprovechado para montar una campaña de encubrimiento de los problemas que les acechan. En fin, sobran comentarios.

La educación es la única herramienta sostenible y eficaz para liberar a las mujeres –y a los hombres– de las sociedades basadas en el machismo, la represión, la intolerancia y el fanatismo religioso o político.

Afganistán no ha cambiado demasiado desde 2001. Occidente ha invertido millones de dólares en intentar ganar una guerra que ha perdido. No hemos sido capaces de modificar la sociedad que alumbró a los talibanes y a nuestros aliados, que en nada se diferencian de los malos oficiales de la película. Las tradiciones siguen por encima de las leyes.

En este vídeo, que he colgado otras veces, una joven y valiente Malalai Joya explicaba en diciembre de 2003 quiénes son nuestros amigos. No escuchamos. En sus palabras está la clave de nuestro fracaso.

La vida de millones de mujeres afganas sigue siendo igual de miserable que antes de la llegada de los B-52, nuestra máxima expresión cultural. Les hemos enviado lo que les sobraba: armas, bombas y soldados. Faltó cultura y paciencia. Cerca del 80% de las mujeres afganas son analfabetas y más del 50% de los hombres también. Las niñas no acuden a la escuela secundaria ni a la universidad porque así lo manda la familia-propietaria, que las prefiere en las labores domésticas. Dos de cada tres personas analfabetas en el mundo son mujeres. Enseñar a leer es la primera victoria: se abre una ventana por la que entra aire fresco.

En Afganistán y Pakistán son habituales los crímenes de honor. En cuanto el padre-propietario percibe que su hija le ha traicionado, ordena un castigo que suelen llevar a cabo los varones de la familia, sean tíos o hermanos. Pueden molerla a palos, matarla a pedradas o rociar su cara de ácido. Los padres-propietarios consideran un deshonor cualquier desobediencia, como la de no casarse con el hombre asignado. En este tipo de sociedades se entiende por educación el aprendizaje memorístico del Corán. No hay espacio para la imaginación ni para el placer físico o intelectual.

Las extremas derechas europeas –y las españolas—rechazan la ablación porque la sitúan en el marco del islam, algo que contribuye a su campaña anti-migración. Les resulta más fácil ver la aberración en una religión que rechazan que en los principios que defienden. Pero no hay nada en el Corán ni en los textos sagrados del Profeta que apoye la ablación. Es una práctica que procede del Egipto de los faraones y se extiende por Sudán, Etiopía y Somalia, y que algunos imames radicales han incorporado a sus prédicas. Sucede en todas las religiones. El problema no está en sus textos, sino en la interpretación que se hace de ellos; sirven para mantener una vida de piedad o para ser un asesino de masas.

Una de las aportaciones del Siglo de las Luces, y de las revoluciones francesa y estadounidense, fue el intento de liberar a la religión de sus múltiples obsesiones terrestres (ojo ironía). Curar a los papas, cardenales, obispos, imames y demás de la manía de meterse en la vida de los demás, de decirnos cómo debemos vestir, comer, andar y copular, creamos o no en los seres metafísicos superiores. Aún no lo hemos conseguido del todo. Nos escandaliza el islam radical, pese a que hagamos negocios con ellos. Olvidamos que antes éramos como Arabia Saudí, los talibanes y el ISIS: quemábamos herejes por afirmar que la Tierra es redonda y que no está en el centro del Universo.

La educación que se impartía en Europa antes de la Ilustración era similar a la que se vive en Pakistán. La Iglesia católica tenía el monopolio de la vida de las personas. Los papas del siglo XIX batallaron contra el liberalismo, la democracia y los derechos humanos, además del matrimonio civil y la escuela pública. Todo lo que les hiciera perder poder político y… recaudatorio.

El laicismo no consiste en prohibir el culto a una religión concreta, sino en lograr un espacio común en que quepan todas las creencias, en el que se pueda educar a ciudadanos libres con valores de tolerancia comunes. La base de todo es la No Discriminación.

Los ultras religiosos en EEUU luchan contra Charles Darwin y la evidencia científica de la evolución de las especies. Han conseguido que en algunos Estados se enseñe el creacionismo, es decir, lo de los siete días de furia creadora de dios. No sé si incluyen la edad del Universo defendida por los doctores de la santa iglesia como una verdad de fe, pese a que todas las evidencias apuntan a un Big Bang miles de millones de años antes. ¿Es este disparate lo que se pretende enseñar ?

La alternativa democrática está en los principios defendidos por la Institución Libre de Enseñanza, que hoy serían un anatema bolchevique para el PP de Pablo Casado. Es un camino peligroso. La suma del atrevimiento irresponsable y la ignorancia es letal.

Algunas lecturas obligatorias para el líder de la ultra-oposición:

- Declaración de los Derechos del Niño, de 1959.

- Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Aquí Save The Children se lo da resumido. Y si fuera un esfuerzo excesivo, lo tiene en vídeo:

-Constitución Española, artículo 39. Lea sobre todo el punto 4.

-Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26.2: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz".

La educación permite educar ciudadanos libres, o eso debería ser. El Estado tiene el deber de garantizar su acceso universal. No es un asunto de comunismo, sino de democracia. Así se hace en Finlandia, uno de los países más avanzados en educación, y en la mayoría de la UE. La enseñanza de una religión debe ser un asunto privado, que se puede impartir en la familia o en la iglesia, mezquita o sinagoga. Ninguna enseñanza puede contravenir las leyes.

Mientras discutimos la censura parental convertida en una cruzada neocatecumenal repleta de bulos, mentiras y vídeos falsos, el debate mundial se centra en cómo educar en un mundo que será dominado por las nuevas tecnologías y la robótica. Más del 60% de los niños y niñas que cursan hoy primero de Primaria trabajarán en empleos que aún no se han inventado. Estamos a la cola de todo, como dice David Jiménez en este tuit, tal vez sea porque seguimos a la cola en calidad de dirigentes políticos. El segundo, abunda en el montaje de una polémica que carece de base.

Tuit de David Jiménez.

Tuit de Adela Molina.

Ya les he recomendado a Ken Robinson, y su célebre documental sobre la creatividad y la escuela.

Somos un país estupendo que encabeza los índices de longevidad y calidad de vida, pero a la vez producimos una cantidad de necios por encima de nuestras posibilidades con el añadido de colocarlos en los centros de poder, o en la dirección de algunos medios de comunicación.

Otra España existe y es posible. La prueba es este tuit y la ristra de comentarios divertidos y ocurrentes que ha provocado. Son una lección para la España ceniza.

Tuit de Gema MJ.

Vox ha denunciado este miércoles que Twitter ha silenciado la cuenta del partido alegando haber incumplido las reglas de uso de la red social en cuanto a delitos de odio por criticar al PSOE por promover la pederastia con dinero público.

En concreto, la red social menciona este mensaje de Vox publicado el 18 de enero en respuesta a otro anterior de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra: "Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia".

Este mensaje respondía a uno anterior de Lastra en el que la dirigente socialista "insultó" a Vox por su defensa del denominado pin parentaly lo calificó de partido "retrógrado", según el relato de la formación de Abascal. Seguidamente, ésta respondió acusando al PSOE de usar dinero público para promover la pederastia, lo que conllevó la consiguiente respuesta de la socialista recriminando al partido que hable de "libertad" cuando en realidad es "odio", según informa Europa Press.

Tras estos intercambios de mensajes, según la versión de Vox, Twitter envió una advertencia al partido este martes, día 21, por haber incumplido las reglas de la red social que prohíben las conductas de incitación al odio.

Según las reglas de Twitter, no se permite amenazar, acosar o fomentar la violencia contra otras personas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, religión, edad, discapacidad o enfermedad. Por todo ello, la red social limitó "de forma temporal" algunas de las funciones de la cuenta de Vox durante un periodo de 12 horas.

El partido liderado por Santiago Abascal ha denunciado que ya el mismo sábado, tras la publicación del mensaje aludido, recibió una comunicación de Twitter en la que le informaba de una investigación por contenido denunciado aunque sin haber podido identificar "ningún incumplimiento" de las Reglas de Twitter "ni de las leyes alemanas" y que, en consecuencia, no adoptaba "ninguna medida en esta oportunidad".

Además, aunque desde la red social se les ha dado la posibilidad de recuperar la actividad de su cuenta si eliminaban el mensaje, el partido ha reafirmado su intención de no hacerlo. "Somos un partido legalmente constituido, somos tercera fuerza política en España, representamos a más de 3,6 millones de votantes y, como nosotros, miles de ciudadanos españoles están sufriendo la censura en Twitter y en otras redes sociales. Y decimos basta", ha enfatizado.

Me explico (o al menos, como siempre, lo intento).

1.- Caben pocas dudas sobre la falsedad de los (supuestos) hechos que sustentan la propuesta de ese pin censor por parte de Vox: ni existen denuncias de adoctrinamiento educativo (ver aquí y aquí), ni hay charlas en las aulas que enseñen a manejar juguetes sexuales (ver aquí).

2.- El bautizado por sus autores como pin parental es claramente inconstitucionalpin parental , como documenta la profesora Ana Valero (ver aquí), pero además trata a los menores como simples objetos que “forman parte del mobiliario doméstico”, como argumenta el magistrado José Antonio Martín Pallín (ver aquí). Si se llevara a la práctica la disparatada norma que el PP y Vox han puesto en marcha en Murcia, queda garantizado que el hijo de un imbécil será un imbécil toda su vida, sin posibilidades de contrapeso educativo a lo que en su casa sufra. Si su padre o madre son homófobos, será homófobo por mucho que un día descubra su homosexualidad o bisexualidad o transexualidad. Un padre islamista podrá impedir que sus hijas reciban una educación en la que sepan que tienen el mismo derecho que los varones a obtener un título universitario, a trabajar en lo que les pete, a conducir, a vestir, a lucir el cabello como les plazca o a casarse con quien les dé la gana. A ejercer su libertad.

3.- ¿Todas estas evidencias quieren decir que se trata de puro ruido pasajero sin consecuencias prácticas? Basta leer al periodista y lingüista Bruno Bimbi (ver aquí) para advertir que lo que Vox está haciendo en España con el mal llamado pin parental es lo que los ultras de Bolsonaro bautizaron en Brasil como “escuela sin partido” (ver aquí). Consiguieron instalar en una masa importante de la opinión pública la especie de que el programa educativo gubernamental destinado a desterrar la homofobia en las escuelas pretendía en realidad “adoctrinar” a los niños para “convertirlos en gays” (como quien convierte el agua en vino o las piedras en panes).

4.- No está muy claro cuál es el modo más eficaz de responder a esas campañas basadas en la manipulación, la desinformación y el fanatismo religioso. Ni los llamados “cordones sanitarios” (dudosamente democráticos) ni la confrontación directa con sus predicadores han demostrado ser recetas absolutamente exitosas. La experiencia acumulada respecto al trumpismo en EEUU, los postfascistas de Bolsonaro en Brasil, el Frente Nacional en Francia, Salvini en Italia, los iliberales de Putin en Rusia o los grupos populistas autoritarios que han alcanzado los gobiernos de Polonia o Hungría alienta la convicción de que todo demócrata debe responder a las mentiras con datos contrastables, evitando caer en las trampas de los marcos mentales que esos partidos y caudillos instalan hábilmente en el debate público a través de medios afines o de las redes sociales.

5.- Lo que ya parece contrastado es que todo partido político que asuma los discursos populistas y postdemocráticos de esos (¿nuevos?) actores quedan fagocitados o muy debilitados en la competencia por el espacio electoral en el que se mezclan ultraderechistas, indignados, antielitistas, incomprendidos, antisistema… En Brasil, por ejemplo, lo que sería el equivalente al PP, el autodenominado Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) llegó a obtener el 59% de los votos. Hoy está por debajo del 5%.

6.- Eso es lo que preocupa en algunos sectores del PP (ver aquí) ante la deriva radical de Pablo Casado en su persecución de la liebre soltada por Vox en forma de pin parental. Pese a que dirigentes territoriales en Madrid, en Galicia, en Castilla y León o en Andalucía han admitido que no comparten esa propuesta ni ven por ningún lado ese supuesto “adoctrinamiento inmoral” en las escuelas, el líder del partido se ha sumado con entusiasmo a la reivindicación y a la delirante argumentación de la misma: “¡Saquen sus manos de nuestras familias!”. Sostener, como hizo Casado este último domingo (ver aquí), que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos “dice lo mismo que en Cuba, que los niños son de la revolución” sonaría a un mal chiste si no estuviera en boca del líder del principal partido de la oposición.

7.- Pablo Casado tiene que aclararse y aclarar al electorado y a su propio partido cuál es su verdadero Pin, su código ideológico, político y moral, sus convicciones democráticas. Porque ya le ocurrió con el aborto. Antes de las elecciones generales de abril, resucitó lo que parecía un asunto aparcado en sus filas para distorsionar la historia de la legislación española sobre ese derecho y competir con Vox en el liderazgo del retroceso (ver aquí). Y también se tambaleó Casado en la lucha contra la violencia de género: llegó a definir a los maltratadores como “personas que no se están portando bien con ellas…” (ver aquí). Y no es posible saber con exactitud lo que piensa sobre el “sólo sí es sí” que su número dos en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, combate con más contundencia que Rocío Monasterio. Vivimos tiempos complejos, en los que las tácticas cortoplacistas y la búsqueda del próximo trending topic dominan sobre la estrategia de fondo, no sólo en el espacio de las derechas. Pero Casado y su discurso sobre el Pin de Abascal retratan a un dirigente que presume de constitucionalista y de “defender un solo programa y no 17”, cuando en realidad ni sus propios cuadros saben con certeza si su mayor laguna es que no puede competir con Abascal porque piensa lo mismo que Abascal.

8.- Como suele ocurrir en el debate político de brocha gorda, la culpa de todo la tiene siempre el adversario. Una vez comprobado el disparate que supone para el crédito del PP asumir el veto parental a una educación pública basada en los valores democráticos, sus líderes y sus altavoces mediáticos corean que “la izquierda ha exagerado lo del pin parental”pin parental. Como si hubiera algo que exagerar cuando se proclama que “¡el Estado quiere apropiarse de nuestros hijos!”. Que las barbaridades que Vox lanza y que PP y Ciudadanos comparten o se tragan para mantener el poder autonómico y local que les une son el mejor cemento para la coalición de izquierdas es una obviedad innegable. Entender el caos y la inutilidad política a la que se ha entregado lo que queda de Ciudadanos exige una tesis doctoral, pero si Arrimadas no considera que ese Pin pueda ser la línea roja para ganar alguna credibilidad a un proyecto centrista frente a la caverna aun a costa de romper los pactos en Murcia, en Madrid o en Andalucía… es que Arrimadas tampoco encuentra su Pin.

9.- Conviene, en cualquier caso, no perder de vista la evidencia de que PP, Vox y Ciudadanos pueden discrepar de cuando en cuando sobre cuestiones morales o ideológicas. Pero ¿alguien conoce a alguien que sepa de alguien que les haya escuchado alguna vez discutir sobre medidas económicas o fiscales que afectan a los grupos poderosos del ámbito empresarial o financiero? A cierta edad uno cree poco o nada en las casualidades, menos aún en la política. La propuesta del Pin censor se desarrolla en Murcia después de una intensa campaña de la organización ultracatólica Hazte Oír (ver aquí) y cuando inicia su andadura un Gobierno de izquierdas en cuyo programa se incluye la revisión de los privilegios fiscales de la Iglesia o una apuesta decidida por la educación pública en lugar de seguir engordando el negocio de una enseñanza concertada en manos fundamentalmente de la Iglesia católica y grupos ultraconservadores (ver aquí). Es, como advertía este lunes Almudena Grandes (ver aquí), un “detallito” que sería ingenuo pasar por alto.

Esta trampa del Pin censor no es cualquier cosa. No se trata (sólo) de charlas o actividades complementarias o extraescolares. No se trata (sólo) del respeto a la ley, a los docentes, a la libertad de cátedra o al sentido común (que tanto escasea). Se trata de democracia. No se puede estar a favor de combatir la violencia machista y admitir que haya padres (convencidos o engañados) que puedan impedir que sus hijos e hijas sean educados en la igualdad. No se puede estar a favor de la libertad y el respeto al prójimo y propiciar a la vez que un padre o una madre transmitan su homofobia a la siguiente generación. Se puede ser de derechas, de izquierdas, liberal, socialdemócrata, neoliberal o comunista (¡ya basta de permitir la demonización absoluta del comunismo y la confusión intencionada con el estalinismo y sus crímenes!). Lo que no puede uno perder es el Pin demócrata.

El Partido Popularintenta salir a trompicones de la crisis del pin censor. Pero no de una forma unánime. Los conservadores coinciden en que la exigencia por parte de Vox del veto parental, una autorización de los padres para que sus hijos asistan a determinadas actividades escolares complementarias impartidas por personal ajeno a los centros, ha sido aprovechada por el Gobierno de Pedro Sánchez para tapar polémicas como la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Y a partir de aquí, casi todo son versiones contradictorias, matizaciones o cambios de criterio y discurso de los dirigentes conservadores, sobre todos de los implicados directamente por esta cuestión.

Cuando el pasado viernes la dirección nacional del PP apoyó de forma clara esta herramienta, el gesto fue interpretado como la luz verde de Génova a los barones regionales del partido para ir de la mano de Vox a la hora de aprobar iniciativas de este estilo. La polémica había estallado en Murcia. Pero a la extrema derecha le sirvió de aviso para navegantes con mensajes a Madrid y Andalucía de que en esos territorios iban a exigir lo mismo.

Hasta la fecha, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la dirigente conservadora que de forma más clara se ha opuesto a las presiones de Vox. Una oposición que tiene el valor de partir de una de las comunidades en las que sin los votos de la extrema derecha habría sido imposible un Gobierno de coalición Partido Popular-Ciudadanos.

Ayuso habla de "debate estéril"

Vox lleva días avisando a Díaz Ayuso y a Ignacio Aguado (Ciudadanos) de que en Madrid van a seguir la misma dinámica de Murcia de cara a los Presupuestos. Pero ambos dirigentes niegan que vayan a dar su brazo a torcer escudándose en que eso no figuraba en el pacto para la investidura. En Murcia, en todo caso, Vox obligó a que se firmara un nuevo documento para sellar el acuerdo de Presupuestos.

La comparecencia de Ayuso, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, estuvo muy estudiada. Arrancó atacando al Gobierno central por haber creado un "amplio revuelo", un "debate estéril". Y pasó a dibujar a Madrid como una región en la que una de las señas de identidad de la educación es "la libertad".

"Para seguir potenciando esa libertad, nosotros, cuando firmamos el acuerdo de investidura, ya acordamos que las familias podrían tener al principio del curso, antes de elegir la matrícula, todas aquellas actividades extracurriculares previstas, para que los padres pudieran elegir en libertad, ya que esto sucede aquí en Comunidad de Madrid, que decidieran si sus hijos podían ir a esos centros o cambiarles. Es decir, esto ya se ha acordado y es lo que vamos a hacer a partir del próximo curso. Cualquier otra petición se queda al margen del acuerdo de investidura", avisó a Vox. 

En todo caso, el "pin parental" que reclama Vox también afecta a las actividades docentes que forman parte de la propuesta curricular.

Datos de la polémica

Ayuso echó mano de unas declaraciones del día anterior del consejero de Educación, Enrique Ossorio, negando denuncias de los padres por "adoctrinamiento" en los centros educativos.

"Según los datos oficiales de la Consejería de Educación y Juventud, en Madrid no se han registrado denuncias por adoctrinamiento y, por supuesto, nos gustaría que, en caso de que una sola familia tuviera la más mínima queja, nos lo hiciera saber a través de una denuncia formal", añadió.

Por todo ello, consideró "innecesario" el pin censor"innecesario"pin censor y dijo que no entendería que Vox bloqueara los Presupuestos de Madrid por un tema "inexistente".

¿Un sólo discurso? 

La reacción de los conservadores a esta imposición de Vox en las comunidades en las que los votos de la extrema derecha son necesarios para que el PP saque adelante los Presupuestos pone en cuarentena la máxima de discurso único en la formación de Casado.

Así, mientras Ayuso se desmarcaba del pin censor, en Andalucía sus compañeros de partido, que también cogobiernan con Ciudadanos, consideraban este martes "perfectamente asumible" lo acordado con Vox en relación con el impulso de "la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo (PP), leyó textualmente lo acordado con Vox. En el documento se habla de "autorizaciones de las familias en actividades complementarias en el sistema educativo".

"Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución", añade el texto.

En los documentos no figura el término 'pin parental'

En el documento de Andalucía no figura la expresión pin parental de la que habla Vox. Pero tampoco figura en la Instrucción a los centros remitida por la Consejería de Educación de Murcia el 29 de septiembre y que está en el origen del requerimiento del viernes pasado del Gobierno central. En este, el Ejecutivo da al Gobierno regional un mes para que modifique esa Instrucción.

Mientras, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguró este martes que la aplicación del veto parental en la comunidad autónoma no tiene nada que ver con Vox y aseguró que la iniciativa fue propuesta por su formación. Con esta nueva vuelta de tuerca, López Miras se ubica en las tesis de Pablo Casado, que reivindicó la iniciativa como algo propio.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, se mostró sorprendido por el revuelo generado cuando su Ejecutivo lleva utilizando este mecanismo "desde el mes de agosto". "Este Gobierno lo ha hecho porque ese fue mi compromiso en campaña electoral", consideró.

Por último, ya en la misma línea que Ayuso, el presidente murciano admitió que su Gobierno no tiene datos acerca de posibles denuncias por las charlas que reciben los niños en los colegios. "A mi no me consta ninguna denuncia. Que a mí me conste, en las aulas no se está adoctrinando por parte de ningún docente", zanjó.

Por parte de la dirección nacional del PP, su secretario general, Teodoro García Egea, intentó desviar la polémica al tema de la libertad educativa. A su llegada a un desayuno informativo, subrayó que "el PP lleva mucho tiempo defendiendo la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos" y aseguró que "al PSOE le molesta que los padres sean libres para elegir la educación que quieren para sus hijos".

El portavoz en el Senado, Javier Maroto, mantuvo que hay una "desinformación" sobre en qué consiste el pin parental porque sólo se aplicaría a las actividades extraescolares. Una afirmación con no pocas aristas si se tiene en cuenta que en el documento del pasado septiembre remitido a los colegios murcianos también habla de "actividades complementarias" que "formen parte de la propuesta curricular".

Tal y como ha informado este periódico, a raíz de esta polémica dirigentes conservadores han reclamado a Casado que no se deje "arrastrar" por el discurso de Vox.

La ultraderecha —representada por partidos como Vox o por plataformas como Hazte Oír— no quiere que ciertos contenidos estén presentes en las aulas. Su herramienta del pin censor, que se empeñan en extender bajo el concepto "pin parental", pretende vetar todos aquellos que tengan que ver con la educación sexual, la igualdad de género, la diversidad o la lucha contra la violencia machista. Los valores constitucionales contra los que lucha la extrema derecha, en definitiva. Sin embargo, distintos organismos internacionales han insistido en la importancia de que esos valores se incluyan en los contenidos educativos. Tal y como recuerda Carlos Sanguino, responsable de educación en derechos humanos de Amnistía Internacional, "hay varios organismos e instituciones que, básicamente, lo que proponen en general es que existan contenidos, programas, asignaturas y actividades que tengan que ver con cuestiones de derechos humanos". Lo ha hecho, por ejemplo, la ONU y el Consejo de Europa. 

El Gobierno también se ha mostrado en contra de la aplicación del pin censor y ha insistido en la necesidad de que los alumnos reciban clases sobre ese tipo de contenidos. De hecho, el Ejecutivo ha mostrado su intención de interponer un recurso por la vía contencioso-administrativa si Murcia, la única comunidad que ha puesto en marcha la herramienta, no da marcha atrás y expulsa al "pin parental" de sus aulas en un plazo máximo de un mes. La ministra de Educación, Isabel Celaá, que fue quien lo anunció, se mostró de hecho muy contraria a la aplicación del "pin parental". "Los valores constitucionales pasan a leyes orgánicas que establecen la obligación de ser educado de tal manera que desarrolles tu personalidad en el respeto a la convivencia, a los derechos y libertades", dijo. Unas palabras muy en la línea de lo que defienden los organismos internacionales que apuestan por la inclusión de este tipo de contenidos en el currículo escolar. 

La ONU y el Programa Mundial para la educación en Derechos humanos

A finales del año 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Programa Mundial para la educación en derechos humanos, que se puso en marcha un año más tarde y que, todavía hoy, continúa vigente. El objetivo era, tal y como informa la propia institución, "promover el entendimiento común de los principios y metodologías básicos de la educación en derechos humanos, proporcionar un marco concreto para la adopción de medidas y reforzar las oportunidades de cooperación y asociación, desde el nivel internacional hasta el de las comunidades". Se puso en marcha a través de un "documento base" —tal y como explica Sanguino— que asegura que "la educación en la esfera de los derechos humanos es un proceso a largo plazo que se prolonga durante toda la vida". 

Se construyó como una sucesión de etapas. Y actualmente el programa se encuentra en el desarrollo de la cuarta, que comenzó, otra vez, con la aprobación de una resolución que reafirmó "el llamamiento que hizo la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993". Un llamamiento que consistió en resaltar y recordar a los distintos Estados "la importancia de incorporar el tema de los derechos humanos en los programas educativos". "La educación debe promover la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones amistosas entre las naciones y todos los grupos raciales o religiosos y alentar el desarrollo de actividades de las Naciones Unidas para alcanzar estos objetivos. Por lo tanto, la educación en derechos humanos y la difusión de información adecuada, tanto teóricos como prácticos, juegan un papel importante", recoge la declaración. 

"Son recomendaciones muy amplias y muy genéricas porque así la ONU consigue que los Estados estén de acuerdo. Luego son ellos los que tienen que ver cómo las transforman en leyes", explica Sanguino. "Aquí lo que pedimos siempre al Gobierno es que esto se transforme en leyes educativas y en decretos de desarrollo de la legislación", añade. 

Consejo de Europa: respeto a la diversidad desde el aula

Cinco años después de que se pusiera en marcha el programa de la ONU, el Consejo de Europa dictó una recomendación en el mismo sentido a los Estados miembros. Esta institución fue bastante más clara y directa. "Es especialmente concreta", añade Sanguino. A lo largo de 32 páginas, el organismo europeo insistió en la necesidad de respetar la diversidad sexual. "La presente recomendación", comenzaba el texto, "invita a los Estados miembros a que rijan en su legislación políticas y prácticas [...] con miras a proteger el respeto de los derechos humanos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales y a promover la tolerancia hacia las mismas".

Lo hizo, apuntó el documento, porque se había observado "un alto nivel de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género". "Desde hace siglos, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales han sido y siguen siendo objeto de homofobia, transfobia y otras formas de intolerancia generalizada y persistente, por motivos de orientación sexual o identidad de género, que llevan a actos hostiles que van desde la exclusión social a la discriminación en toda Europa y en todos los ámbitos de la vida", denunció el Consejo, que tenía claro cuáles eran los pasos que había que dar para frenar esos comportamientos. 

Uno clave, recogió en su recomendación, era la educación. "La escuela desempeña un papel crucial, sobre todo en vista de que la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género entre los jóvenes es un factor que contribuye a su aislamiento y malestar general e incluso puede llevar a intentos de suicidio", dice el documento. Por eso, añadió, "los Estados deberían garantizar el derecho de niños y jóvenes a recibir instrucción en un ambiente seguro". "Los Estados deberían abordar la cuestión de la orientación sexual y la identidad de género de manera respetuosa y objetiva en los programas de estudio o en las clases de salud y educación sexual, por ejemplo, y establecer programas de formación y actividades de apoyo y orientación para los maestros". 

Pero el organismo especificó más. Según añadió, los Estados "deberían producir y distribuir manuales destinados al personal docente y fomentar la organización de campañas escolares y eventos culturales contra la homofobia y la transfobia". Y además, deberían trabajar para poner los medios necesarios que consigan "satisfacer adecuadamente las necesidades especiales de los estudiantes transexuales". "Por ejemplo, facilitando el cambio de nombre o el género en los documentos escolares", sentencia. 

Comité de Derechos del Niño: motivos de preocupación

El Comité de los Derechos del Niño, como organismo de la ONU, visita periódicamente a los países para comprobar si estos respetan las convenciones que Naciones Unidas dicta sobre los derechos humanos de los menores. Y cuando el organismo termina su examen, publica su resultado. La última vez que publicó el de España fue en 2018. Y la nota no fue demasiado elevada. La institución "hizo dos recomendaciones: una sobre la necesidad de adoptar medidas relacionadas con cuestiones de acoso escolar y otra sobre cuestiones de género", recuerda Sanguino. El documento, añade, venía a afirmar que habían detectado "un problema y que, por ello, había que implementar medidas destinadas a solucionarlo". 

"El Comité está seriamente preocupado por la persistencia de la discriminación que sufren los niños por motivos de discapacidad, origen nacional y condición socioeconómica. También manifiesta su preocupación porque, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte, persiste la discriminación racial y la estigmatización de los niños romaníes y los niños de origen migrante", expresó el Comité, que por ello instó a España "a reforzar las medidas para prevenir y combatir la discriminación contra los niños en todos los sectores de la sociedad". 

No fue sólo por esos motivos. El organismo también se mostró preocupado por "la incidencia del hostigamiento y el acoso, incluso por motivos de discapacidad, orientación sexual e identidad de género, en las escuelas", y también por "la persistencia de estereotipos de género en el sistema educativo, incluso en los planes de estudios escolares y los libros de texto".

El Comité, por tanto, no mencionó de manera específica la necesidad de impartir contenidos destinados a frenar los comportamientos discriminatorios pero, tal y como entiende Sanguino, "no tiene mucho sentido que el Comité de los Derechos del Niño diga que existe un problema de este tipo y se pongan trabas a los talleres que pretenden tratar estos asuntos".

Parlamento Europeo: defensa de la educación sexual

El Parlamento Europeo ha sido otro de los organismos que ha mostrado su apoyo a que los contenidos que ahora quiere censurar Vox de las aulas continúen estando presentes. La institución lo hizo en un caso muy concreto. Tal y como recuerdan fuentes del organismo a infoLibre, el pasado noviembre emitió una resolución por la que condenaba un proyecto del Gobierno ultraconsevador polaco. Lo hizo con 171 votos a favor, 128 en contra y 57 abstenciones. 

La noticia saltó a la luz el pasado mes de octubre. El partido nacional-católico Ley y Justicia, liderado por Jaroslaw Kaczynski, pretendía prohibir por ley la educación sexual en los colegios. El proyecto se titulaba "¡Alto a la pedofilia!", una denominación muy acorde con el tipo de conceptos que emplea la ultraderecha para criticar estos contenidos y sobre los que pretende verter una connotación que es, directamente, falsa. Pero sus defensores la justificaron por la supuesta necesidad de "proteger a los niños contra la promoción de las relaciones sexuales entre menores de edad". El Gobierno propuso incluso penar la enseñanza sexual con hasta cinco años de cárcel. 

Y el Parlamento Europeo se opuso. Tal y como explican sus fuentes, la institución consideró "que las disposiciones del proyecto de ley penalizarían la provisión de educación sexual integral a menores bajo pretexto de prevenir la pedofilia, lo que tendría un impacto en, entre otros, educadores, activistas, personal de atención médica, psicólogos, editores, periodistas e incluso padres o tutores legales". La Eurocámara enfatizó también que "la salud sexual es fundamental para la salud y el bienestar general de las personas, las parejas y las familias, además del desarrollo social y económico de las comunidades y los países, y que el acceso a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, es un derecho humano". 

En torno a 20 países con contenidos de este tipo

Tal y como expone Sanguino, los datos que la Red Eurydice expuso en el año 2016 revelan que hay en torno a una veintena de países que incluyen asignaturas con este tipo de contenidos en su currículum escolar. "Lo hacen sin gran drama ni polémica", dice. En cambio, en España, tal y como recuerda, se generó un debate muy intenso alrededor de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, muy criticada por la derecha, que llegó incluso a llevarla a los tribunales. 

La materia fue introducida por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder de la oposición de aquel entonces, Mariano Rajoy, centró gran parte de su discurso en batallarla enarbolando la bandera de la libertad individual. Porque los sectores más conservadores aseguraban que la asignatura tenía un contenido "de un sesgo muy determinado". Por eso muchas familias comenzaron a apelar a la objeción de conciencia para pedir que sus hijos e hijas no cursaran la asignatura, que era obligatoria. Pero el Tribunal Supremo dictó que esa figura no cabía en el terreno de la educación. 

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha enzarzado en Twitter en un cruce de reproches con el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, a cuenta del pin parental. Abascal ha aprovechado el 'rifirrafe' para denunciar que cargos del Gobierno "abusan de menores" y apoyan el uso del velo.

La polémica comenzó este lunes cuando Iglesias publicó un comentario defendiendo que los niños "crezcan en libertad sea cual sea su orientación sexual" y reciban una educación "que les permita elegir sus ideas".

"Quien sabe, igual los míos acaban siendo liberales y del Athletic y los tuyos marxistas y del Rayo", bromeaba el líder de Podemos aludiendo directamente a Abascal.

"No, Pablo. A los tuyos los educas tú. A los míos yo. Y los conocimientos se la darán los profesores de la escuela pública o de la que elijamos los padres, que a eso también tenemos derecho –respondió entonces el presidente de Vox–. Lo que es seguro es que a los míos no vas a educarlos tú ni los de tu secta comunista".

Pero Abascal ha continuado con el debate este martes para mostrar su sorpresa por el "descaro" del "comunismo" para "llenarse la boca de libertad y tolerancia" en el mismo debate en el que "niega la libertad a los padres para educar a sus hijos y demoniza al que se atreve a disentir del proyecto totalitario".

"Te reías del abuso a una menor"

Y ha aprovechado la ocasión para reprochar a Iglesias un episodio de su programa de televisión en el que la ahora directora general de Diversidad Sexual y LGTBI, Boti García, reconocía haber tenido una relación con una alumna.

"Tú te reías en tu programa con una profesora que te contaba cómo había abusado de una menor. Y ahora la nombráis cargo público. Esas son las lecciones que no debéis dar a los niños. Ni a los tuyos ni a los míos", denuncia Abascal.

Pero además, cuestiona que el Gobierno pueda hablar de libertad sexual e igualdad de las mujeres cuando la recién nombrada directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, "defiende el velo con el que se oprime a las niñas". "El mismo velo por el que sus amigos ayatolás encarcelan a las mujeres que lo rechazan", advierte.

El Gobierno andaluz ha considerado este martes "perfectamente asumible" lo acordado con VoxVox en relación con el impulso de "la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad", y ha acusado al Ejecutivo central de generar una "cortina de humo" en torno al pin parental.

Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, quien ha querido dejar claro que la Junta no va a caer "en la trampa" del Gobierno central de generar una "cortina de humo" con el tema del pin parental para desviar la atención sobre otros asuntos, según informa Europa Press.

Bendodo ha leído textualmente lo acordado con Vox, donde en ningún momento se menciona el término pin parental, sino que se hace mención a "autorizaciones de las familias en actividades complementarias en el sistema educativo": "Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución".

"Es perfectamente asumible, lo firmado con Vox", según ha sentenciado Bendodo, quien ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a cumplir con "todas las consecuencias" los acuerdos que firma.

Para el consejero, no hay nada mas antisocial que un sistema público educativo que no funciona y la educación necesita soluciones, "no problemas", por lo que este asunto hay que "abordarlo con serenidad, con sosiego y dándole la importancia que tiene". Ha insistido en que con el tema del pin parental hay una "clara estrategia de división" por parte del Gobierno central, que está utilizando la educación pública "como arma arrojadiza".

Ha expuesto que el Ejecutivo nacional ha generado la polémica sobre este asunto para tapar asuntos como el "pin judicial", que ha implantado el presidente, Pedro Sánchez, "para controlar a la Fiscalía y a los jueces". Además, ha dicho que el único pin que la Junta va a exigir al Gobierno es el de la tarjeta de crédito para pagar los 537 millones que debe a la comunidad por la liquidación del IVA.

Elías Bendodo ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz apuesta por la familias y los docentes, que tienen que ir de la "mano por el bien de la educación". "No vamos a enfrentar nunca a familias y docentes", ha sentenciado el consejero, para quien el Gobierno central, en cambio, sí que está avivando una "guerra injusta entre familiares y docentes".

"No vamos a caer en esa trampa", ha insistido el consejero de la Presidencia, para quien el Gobierno de Pedro Sánchez está intentando, con el tema del pin parental, desviar la atención sobre otros asuntos, como son sus "pactos con independentistas y con los herederos de ETA".

Asimismo, ha garantizado que la Junta actuará siempre dentro del marco de la ley y de la Constitución, como queda reflejado en lo acordado con Vox. Ha señalado que el mensaje que quiere trasladar la Junta es que no hay que tener "miedo" a la libertad y los padres tienen que tener libertad de conocer qué hacen sus hijos en los colegios.

Bendodo también ha puesto el acento en el intento del Gobierno central, con el asunto del pin parental, de "dividir" a los gobiernos de comunidades conformados por PP y Ciudadanos (Cs).

Preguntado sobre si al Gobierno andaluz le consta que existan denuncias de padres por los contenidos de las actividades complementarias que se imparten en colegios públicos y que serían las afectadas por el pin parental, ha dicho que no les constan denuncias, pero que si las hubiese, habría transparencia al respecto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado el pin parental propuesto por Vox porque considera que es "innecesario", dado que en la autonomía no se adoctrina a los niños, informa Europa Press.

"No está en el acuerdo de investidura con el que se creó este Gobierno. Nosotros vamos a cumplir lo que hemos acordado. Los problemas de la educación no están en eso. No están por aquí", ha subrayado la dirigente en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos.

Ayuso ha mandado también un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos asegurando que "los profesores no se levantan pensando cómo van a adoctrinar a los alumnos" ni se están dando talleres a alumnos cuyos padres no quieren que esto se lleve a cabo. De hecho, ha asegurado que en la autonomía no se ha presentado "ni una sola denuncia" formal por esta cuestión.

La dirigente madrileña ha defendido con insistencia la libertad de las familias a decidir y, en este sentido, ha recordado que lo que sí se firmó en el acuerdo de investidura es que los padres puedan conocer al principio del curso, antes de elegir matrícula, todas aquellas actividades extracurriculares previstas en los centros.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, este debate "estéril" e "inexistente" lo ha creado la ministra de Educación, Isabel Celáa, con sus declaraciones sobre que "los hijos no son propiedad de los padres". "La política tiene que estar fuera de las aulas", ha remarcado a continuación.

"Si en una misma clase hay un padre de Vox y una madre de Podemos y están en contra de que al alumno le hablen de Lorca lo único que hacemos es emponzoñar la convivencia en las aulas y romper el vinculo directo y necesario que tiene que existir entre el profesor y el alumno", ha declarado.

Los pactos están para cumplirse

En cuanto a que Vox haya puesto sobre la mesa su implantación para dar su apoyo a los Presupuestos de 2020, Ayuso ha sostenido que la Comunidad es el "motor" económico del país y que no sería "lógico" que sus cuentas se vieran pospuestas a otros ejercicios por un tema "inexistente".

"Mantengo la postura y defiendo a ultranza que los pactos están para cumplirse. Vox decidió sacar el pin parental y entonces con esto hemos creado un acuerdo de Gobierno. No hay que dejarse llevar por cantos de sirena, por provocaciones del Gobierno de España. Hay que seguir gobernando con estabilidad y con cabeza", ha manifestado. La presidenta cree que no hay que caer "en juegos políticos" y ha remarcado que no puede legislar sobre algo que "no hay" en la región.

No es un debate nuevo en el Partido Popular. Partido PopularEs más bien recurrente y tiene sus picos de intensidad en función de la actualidad. Desde que Vox enseñó los colmillos como fuerza política siendo determinante para constituir gobiernos autonómicos y municipales y entrando con fuerza en el Congreso, los conservadores debaten internamente sobre cómo hacer frente a una formación de extrema derecha que nació, entre otras cuestiones, para captar a votantes desencantados del PP. Este debate ha pasado por diferentes fases: desde la cercanía a los postulados radicales de Santiago Abascal al distanciamiento y la crítica. De forma paralela, siempre ha habido un sector bastante crítico puertas adentro del partido que ha demandado a Pablo Casado que no permita que un partido nuevo que no tiene experiencia ni de gestión ni de gobierno le marque el paso. Estas voces vuelven a alzarse en los últimos días a cuenta del pin censor pin censorpin censor.

El pasado viernes, cuando estalló la polémica después de que el Gobierno anunciase que iba a requerir al Ejecutivo murciano que modificase las instrucciones a los centros escolares relacionadas con el bautizado por Vox como "pin parental","pin parental" el PP reaccionó de forma contundente defendiendo esta medida. Una imposición de Vox para apoyar los Presupuestos en Murcia, pero que también la extrema derecha exige para otras comunidades en las que es clave para los gobiernos de coalición PP-Ciudadanos como Madrid o Andalucía.

Fue el propio Casado el que marcó la línea oficial del partido asegurando, en su perfil de Twitter, que luchará para que este Gobierno "radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños". "Saquen sus manos de nuestras familias", añadió. Un mensaje que desde Vox supieron llevar inmediatamente a su terreno colgándose la medalla de promotores de la iniciativa. También en Twitter, el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, dio a Casado su agradecimiento "por ponerse del lado correcto". "Ahora Galicia, Castilla y Léon y Andalucía y Madrid merecen la misma defensa de la libertad que hemos impulsado en Murcia", hizo hincapié hurgando en la herida. Porque el grueso de los barones conservadores no se siente nada cómodo con esta medida que servirá para desbloquear los Presupuestos de Murcia.

Dirigentes territoriales del PP consultados consideran que la reacción de su líder fue "precipitada". Hay fuentes que llegan incluso a hablar de "torpeza". Y alertan del "peligro" de que se instale una dinámica en la que Vox lanza la piedra y la dirección del PP se abraza, se deja "arrastrar" acto seguido sin medir las consecuencias. "No sabemos lo que va a durar la legislatura. Pero lo que sí sabemos es que no podemos ir a rebufo de la extrema derecha. Sea cual sea la materia", comenta un veterano parlamentario en conversación telefónica con infoLibre.

"Hoy es el llamado 'pin parental'. ¿Qué va a ser mañana?" se pregunta un líder provincial.

"Resucitar" a Vox

Las fuentes del PP consultadas admiten que esta polémica ha servido para "resucitar" a Vox. Consideran que el partido de Santiago Abascal había quedado "desdibujado" después del debate de investidura de Pedro Sánchez.  Y que ahora, tanto la extrema derecha como el Gobierno, intentan sacar rédito de esta crisis de Vox con PP y Cs.

"Hay un único ganador de este debate: el Gobierno de Sánchez e Iglesias", lamentan. En esto coinciden todas las fuentes consultadas, que apuntan a que el Ejecutivo ha hablado más del PP que de sus medidas y sus propuestas para España desde que los ministros asumieron sus cargos. Creen que a Sánchez le ha salido"de cine" explotar la polémica del pin censor. Porque así ha logrado minimizar los efectos de la propuesta de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, para la Fiscalía General del Estado.

"En Génova [sede nacional del partido] pueden no verlo. Pero Casado, con su reacción, ha contribuido a que se tape todavía más lo de Delgado", considera una de las voces críticas consultadas.

Este lunes, el presidente del PP concedió una entrevista a Antena 3 y no dio marcha atrás. Destacó que dará la batalla ideológica en esta materia, porque "la mayoría sensata de los españoles quieren decidir la educación de sus hijos" e intentó arañar parte del copyright de la medida a Vox asegurando que no se trata de nada nuevo. Así, incidió en que en el caso de Murcia esta medida se aplica desde hace "ocho meses" y en Madrid, "desde hace quince años".

Según sostuvo, bajo los gobiernos del PP, los padres pueden autorizar a principio de curso las actividades extraescolares a las que acuden sus hijos. En todo caso, el "pin parental" que Vox quiere imponer con la complicidad del PP nada tiene que ver con lo extraescolar, sino con "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" impartidas por "personas ajenas al centro". Estamos hablando, pues, de actividades dentro del horario escolar.

Mientras, este lunes, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, evitó posicionarse sobre si es partidario de implantar el veto parental en la educación gallega, como retó Vox a la dirección nacional del PP el viernes. "Supone banalizar temas complejos y politizar y adoctrinar temas educativos", dijo tras apelar a abordar el asunto con "sosiego", según informa Europa Press.

"Inoperancia" frente a la "desobediencia sistemática catalana"

No obstante, criticó la "contundencia" que, a su juicio, mantiene el Gobierno central contra la implantación de esta herramienta en Murcia y su "inoperancia" frente a la "desobediencia sistemática catalana".

Otro barón conservador con mando en plaza, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rechazó la aplicación del pin censor. El presidente de la Junta aseguró este lunes que los padres de los alumnos de esta comunidad tienen la libertad de "elegir" el modelo educativo para sus hijos, ya sea público o concertado.

Ni Feijóo ni Mañueco gobiernan gracias a los votos de la extrema derecha.

Las bases del requerimiento del Ministerio de Educación

Fue el pasado viernes cuando Educación remitió el requerimiento a la Consejería de Educación de Murcia. Las resoluciones en cuestión llevan fecha del 29 de agosto y fueron dirigidas a los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. En ellas hay un apartado con el encabezado "actividades programadas por los centros" en el que se señala que de "aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias", para que estas "puedan manifestar" la "conformidad o disconformidad" de que sus hijos participen.

En el documento, firmado por Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, Educación recoge una serie de "fundamentos jurídicos" en los que basa su oposición a esta iniciativa del Gobierno murciano. En primer lugar, considera que las citadas instrucciones exceden del ámbito propio de estas normas, "teniendo vocación reglamentaria y pretendiendo generar efectos jurídicos más allá del mero ámbito autoorganizativo interno". "No han sido objeto de publicación en un diario oficial", completa.

Considera el Ministerio, además, que estas instrucciones suponen una "vulneración del derecho fundamental a la educación que reconoce el artículo 27.1 de la Constitución Española, cuya titularidad corresponde a los alumnos y alumnas, educación que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, al priorizar frente a dicho derecho fundamental a la educación el derecho accesorio que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Asimismo, consideran que contravienen igualmente "diversos tratados internacionales ratificados por España, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y supone establecer mediante un instrumento carente de eficacia jurídica ad extra (instrucción) una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley". Y que suponen "una vulneración de la normativa básica estatal", la Ley Orgánica 2/2006 de Educación.

Pero también considera Educación que existe una vulneración de la normativa autonómica al fijar esta [decreto 198/2014] que las actividades complementarias "serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los maestros como para los alumnos". De forma que no pueden entregar a los padres un mecanismo para censurar esos contenidos.

Requerimiento Gobierno central a Murcia por el 'pin parental'_pdf by infoLibre on Scribd

Como en España quieren hacer creer que ser patriota es ser de derechas y ahora se trata de ser muy, muy patriotas, porque el país se rompe y demás, el resultado es que los que decían que eran de centro se han hecho de ultraderecha, para competir con Vox y las atrocidades que dice, aunque para eso tengan que desdecirse a sí mismos, que es lo que hacen estos días con el ya célebre pin parental. Porque ocurre que todos los disparates que pueda llegar a soltar Pablo Casado sobre ese asunto le caen encima al edificio de la calle Génova, puesto que las clases a las que ahora no quieren que vayan las y los alumnos son las que ya se contemplaban en la Lomce, que salió de sus propios despachos. De manera que lo que hace es tirar piedras contra su propio tejado, algo muy peligroso cuando su remodelación se ha pagado en dinero negro: si se hunde, a ver a quién reclaman.

El asunto del pin parental es muchas cosas. Para empezar, es otra demostración de cómo el PP sólo acepta la ley cuando la dictan los suyos, mientras que cuando está en la oposición la desobedece y empuja a sus cargos y a sus votantes a saltársela a la torera. “A mí nadie me tiene que decir cuántas copas tengo que tomar antes de subirme a mi coche”, decía Aznar. Y su delfín Casado replica que sus hijos son suyos y que el Estado no puede ni acercárseles ni imponerles un modelo educativo. Lo que sí le parece que puede, porque lo cortés no quita lo valiente y sobre todo lo contante y sonante, es poner dinero público que financie colegios concertados que enseñan lo que les parece bien, en ocasiones segregan a sus alumnos por sexos y les examinan de religión tanto si al Ministerio de Educación que les paga le gusta como si le disgusta. Una cosa son las ideas y otra los negocios, parecen decir los mismos que se escandalizan y ponen el grito en el cielo porque les suban a los jubilados su pensión un 0’9 por ciento, pero votan junto con los independentistas de JxCat subirse su sueldo un 1’75 %, y van de la mano de Puigdemont y los suyos a aprobar el presupuesto del Parlament de Catalunya, donde se recoge esa medida.

El centro-ultraderecha sostiene que son perniciosas las clases para las que no quieren que las y los estudiantes necesiten un permiso de sus padres, si quieren asistir a ellas. ¿Por qué, cuando son esas en las que se les informa de sus derechos, se trata de orientarles hacia una visión democrática de la sociedad o se les informa de que no tienen por qué aceptar ningún tipo de maltrato en sus casas, ni contra ellos ni contra sus madres? Ha habido muchos casos de jóvenes que gracias a esa tarea de concienciación han denunciado abusos que tenían escondidos bajo su piel golpeada. O torturas que sufría una mujer a manos de un canalla. Pero claro, qué van a pensar de eso los mismos que dicen que la mayoría de las denuncias contra la violencia de género son falsas. El PP se ha echado al monte porque prefiere ser un lobo a que le muerdan y se ha convertido en una organización que ahuyenta a gente como Borja Semper y atrae a gente como Rosa Díez. A veces, las cosas se explican por sí solas.

La derecha, en España, ha dado un paso atrás, es infinitamente menos avanzada de lo que era la UCD de Adolfo Suárez, y ha regresado a las ideas doctrinales, por eso los obispos más reaccionarios la jalean y le echan gasolina al fuego. Unos legalizaban al PCE y los otros pretenden ilegalizar al PNV y ERC. Unos fueron víctimas de un golpe de Estado y otros parece que quisieran que lo hubiese para restablecer el orden. ¿O alguien se imagina a los cabezas visibles de Vox enfrentándose al coronel Tejero en el Congreso, tal y como hizo Adolfo Suárez? Yo creo que en el PP deberían hacerse esa pregunta y decidir si quieren seguir abrazados a ese partido que los hunde en las aguas más oscuras, esas donde lo primero es lograr que nadie les enseñe a las niñas y niños de este país algo que pudiera alentarlos a ser libres, independientes y tolerantes.

Para ser patriota no hace falta ser de derechas, y para confirmarlo, si es que tal obviedad necesita ser probada, basta con leer a los poetas del 98 y a los republicanos del 27, para ver con qué orgullo y qué pasión escribían, una y otra vez, la palabra España en sus versos. Claro, que hay gente que no lee mucho y puede que no se hayan enterado. El pin parental es uno truco antidemocrático, y hará muy bien el nuevo Gobierno en impedir que semejante atrocidad se perpetre en ninguna de las comunidades de nuestro país. Aquí lo que había que inhabilitar es el cinismo, pero a ver qué juez se atreve y si habría cárceles suficientes para tanto hipócrita.

El pin censor, lo que los grupos ultras —como Vox y Hazte Oír— bautizaron como "pin parental", está en el centro del debate político en España. Desde que el PP, Ciudadanos y Vox decidieron introducir dicha medida en la negociación de los Presupuestos en Murcia, la herramienta no ha dejado de acaparar titulares. Sindicatos, docentes, expertos y miembros del Gobierno han criticado ese veto parental, pero la derecha continúa defendiendo el mecanismo, que consiste básicamente en un formulario que permite a padres y madres censurar parte del contenido que reciben sus hijos en las aulas. El discurso de sus ideólogos, en cambio, pretende darle una función muy diferente. Según dijo este mismo lunes Santiago Abascal, el líder de Vox e impulsor de su implantación, el pin censor sirve para "defender" a los menores del "adoctrinamiento" en "juegos eróticos" que, según asegura su formación y grupos de extrema derecha como Hazte Oír, se produce en las escuelas. Una afirmación de la que no aportan pruebas. Y una estrategia que no es nueva. El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, llegó incluso a denominar "kit gay" kit gaya un programa destinado a luchar contra la homofobia en las aulas. Y la "escuela sin partido" que intentó imponer allí la ultraderecha parece un claro antecedente del pin censor.

La Consejería de Educación de Murcia dictó en agosto una instrucción a todos los centros escolares requiriendo un consentimiento expreso a los padres y madres para autorizar la asistencia de sus hijos a las clases donde se imparten contenidos complementarios. No obstante, a la extrema derecha no le preocupan todos. La medida buscaba —y busca— el veto de todos aquellos que tengan que ver con la educación sexual, la igualdad de género, la diversidad o la lucha contra la violencia machista. Aquellos valores constitucionales, en definitiva, que contravienen los de la ultraderecha. La de cualquier país. También la de Brasil, que lleva demostrando su oposición a este tipo de contenidos alrededor de una década, tal y como recuerda Bruno Bimbi, periodista y autor del libro El fin del armario (Anaconda).

"Durante el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), se aprobó una enmienda al presupuesto por el que se destinaron fondos para elaborar un programa para combatir la homofobia en las escuelas", explica a infoLibre Bimbi, quien lamenta que "en Brasil hay un problema muy serio con la violencia homófoba y el bullying". Cuando se dio luz verde al proyecto, no obstante, no se habló de los términos en los que se haría. Tan sólo de que se pondría en marcha. ¿Cómo? Como aconsejaran los especialistas, las ONG y la sociedad civil. 

Pero aunque ni siquiera se hubiera elaborado, "los pastores evangélicos, que contaban con 70 diputados", y otro parlamentario entonces poco conocido y tenido en cuenta llamado Jair Bolsonaro decidieron emprender una oposición frontal al proyecto. "Comenzaron una campaña feroz en el Congreso", recuerda. El mensaje era simple y lo difundieron a través de las redes sociales: el Gobierno ha elaborado un plan para enseñar a los niños a ser homosexuales. Con el tiempo fue calando y, al final, Bolsonaro se inventó un término que aunaba todas las críticas. Empezó a hablar, explica Bimbi, de "kit gay"kit gay. "Era fácil de memorizar, como ocurre con el 'pin parental", dice. 

Y ocurrió lo mismo que ha ocurrido en los últimos días en España. Todo el mundo empezó a hablar del "kit gay". Pero obviaban, destaca Bimbi, que hacía alusión a algo inexistente. Y lo era por mucho que la extrema derecha intentara llenar de contenido el concepto. Lo hicieron, por ejemplo, con una revista portuguesa de humor erótico o con un folleto que intentaba concienciar a las prostitutas sobre el VIH. "Decían que todo eso se entregaba en las escuelas y que también se enseñaba pornografía homosexual", dice Bimbi. 

Y a base de extender esa falsedad consiguieron el objetivo. "Rousseff hizo una declaración y aseguró que no se haría propaganda de la homosexualidad. Confirmó que lo que no existía, existía", lamenta el periodista. 

El 'kit gay' como allanador del camino hacia la "escuela sin partido"kit gay'

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

En ese momento, aunque había sido uno de los protagonistas de la oposición frontal, Bolsonaro seguía siendo un diputado sin peso político, tal y como explica Bimbi. Fundamentalmente, su discurso se basaba en la defensa de los militares. Él había sido uno de ellos. Sin embargo, el episodio del "kit gay" le enseñó que era "más rentable" ser "el diputado en contra de los homosexuales", explica Bimbi. Así que convirtió su eje político en un discurso meramente homófobo. 

Y se extendió al resto de políticos de extrema derecha, hasta que se puso en marcha el proyecto "escuela sin partido". "Era idea de los grupos de ultraderecha, del partido de Bolsonaro y de los evangélicos", dice Bimbi. "Lo presentaron primero a nivel local", añade. Algo parecido a lo que ha hecho Vox con el "pin parental", que ha impulsado por ahora en las comunidades autónomas. ¿Qué pretendía? Prohibir que en las escuelas se hablara de género y se "adoctrinara ideológicamente" a los alumnos. "El adoctrinamiento era lo que a ellos les pareciera", critica Bimbi. Y lo hacían, otra vez, con un argumento muy simple: "En las escuelas se adoctrina para que sean comunistas, feministas y homosexuales", relata. 

La idea llegó a plantarse a nivel nacional. Pero nunca se aprobó. "Sabían que pasaría eso pero les servía para hacer propaganda", dice Bimbi. Y también para amedrentar a los profesores, atemorizados de decir cualquier cosa que pudiera ser malinterpretada. "Bolsonaro y sus hijos hacían vídeos para pedir a los alumnos que grabaran a sus profesores con el móvil" y crearon modelos de cartas para que los padres indicaran que sus hijos no iban a acudir a las clases en las que se hablara de esos contenidos. "Fue una especie de 'pin parental' informal", destaca Bimbi. 

La apropación de términos y el papel de los medios

Si hay algo que funcionó entonces en Brasil y que parece estar funcionando ahora en España y que tiene mucho que ver con el triunfo de estas ideas es, sin duda, el lenguaje. Tal y como explica Bimbi, los medios de comunicación tienen una labor fundamental a la hora de transmitir estos mensajes. Y apropiarse del lenguaje que emplea la ultraderecha no es buena idea. Por ejemplo, no conviene, dice, escribir un titular en el que aparezca el concepto "kit gay". Más que nada, añade, porque tal cosa nunca existió. Pero de esta manera se dio por válida. 

Y así "se pavimentó el camino que llevó a una campaña electoral plagada de mentiras en la que la homofobia tuvo un papel central" y de la que Bolsonaro salió elegido presidente. Y lo hizo a pesar de que en plena entrevista emitida en directo por la televisión en 2018 enseñó un libro asegurando que era el famoso "kit gay". Los periodistas, denuncia Bimbi, no le rebatieron. "Bolsonaro decía cualquier mentira sin pudor. Y el problema es usar las expresiones de la derecha y convalidarlas", destaca. 

La ultraderecha y el intento por poner coto a la educación

La polémica no es nueva. Y una vez más es algo que ocurre en España y fuera de ella. En noviembre del pasado año, la Plataforma por la Escuela Pública —que congrega a sindicatos y organizaciones de la comunidad educativa— ya advertía de la deriva que estaban imponiendo las entidades ultras en los colegios. En las comunidades donde Vox tiene influencia, como Andalucía y Murcia, la propuesta tiende a avanzar, siempre con la connivencia de partidos como PP y Ciudadanos, señaló la plataforma hace meses. En La Rioja, la asociación Abogados Cristianos ya se querelló contra un colegio por negarse presuntamente a recoger el veto parental e incluso amenazó con emprender medidas legales contra el consejero de Educación.

Y si retrocedemos más, veremos que la batalla comenzó a librarse hace tiempo. En septiembre, CCOO presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y otra ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia con el fin de evitar una situación de enfrentamiento en las aulas propiciada por Hazte Oír, a través de una campaña contra el "adoctrinamiento de género" que incluía la remisión de una misiva, un folleto y elpin censor. Esta plataforma, de hecho, ha batallado los contenidos sexuales o de género en otros países. 

CitizenGo, la plataforma internacional a la que pertenece la española Hazte Oír —a la que Interior retiró la declaración de utilidad pública el pasado mes de febrero—, ha publicado numerosas campañas en contra de ciertos contenidos complementarios en las escuelas. Lo hizo, por ejemplo, en julio de 2017, cuando inició una recogida de firmas en contra de la iniciativa puesta en marcha en Minnesota para educar a los niños en el respeto hacia las personas trans. Tal y como dijo la plataforma, un consejo asesor del Departamento de Educación del Estado aprobó un "kit" para decirles a los profesores "que deben preguntar a los niños cuáles son sus pronombres preferidos y permitir que los niños que dicen que son niñas usen el baño de niñas". "Forzar el transgenderismo en los niños es una forma de abuso infantil. ¡Los maestros deben proteger y cuidar a los niños, no empujarlos hacia un estilo de vida peligroso!", apuntó la organización. 

Hicieron algo parecido un año después. Fue en Perú. El Ministerio de Educación del país quiso introducir el enfoque de género en el currículum escolar. Sin embargo, para CitizenGo se pretendía "usar el dinero de todos los peruanos para imprimir unos textos de 'educación' que citan como supuesta referencia 'científica' a entidades que no tienen nada de científicas y que en el ámbito de la moral y el derecho están totalmente cuestionadas". "¿Es de esa manera que pretenden educar a los futuros peruanos? Lo peor es que los pocos recursos del Estado son gastados en adoctrinamiento en lugar de construir escuelas decentes y acondicionadas para nuestros niños. Es un escándalo", manifestaron desde la plataforma. 

En Argentina ocurrió algo similar. Unicef quiso poner en marcha consultorías de "salud integral" en las escuelas secundarias para "garantizar el acceso a la salud de los y las adolescentes, facilitando la llegada al sistema y acercando los recursos hacia donde ellos están; y disminuir las posibilidades de abandono escolar debido a cuestiones de salud" como, por ejemplo, embarazos no deseados. Para CitizenGo, en cambio, se estaban distribuyendo anticonceptivos —"incluído el DIU, que puede ser abortivo"— y promoviendo el aborto. 

Y también pasó en Chile. El Ministerio de Educación elaboró un listado de libros que repartió a las escuelas infantiles. Y el contenido no gustó a la plataforma ultra. Concretamente, el de la obra Conociendo mi cuerpo y mis emociones. Educación sexual para padres e hijos. En el libro, criticó la plataforma, se enseñaba a los alumnos que "hay niños que se sienten niñas y niñas que se sienten niños" y que "además de los heterosexuales están los homosexuales, las lesbianas y los bisexuales". 

Tan estrambótica medida, por sí sola, ocasionaría el asombro de la mayoría de las personas con sentido común y sentido de la democracia. Parece que todavía pervive en sectores de nuestra sociedad la concepción del paterfamilias del Derecho romano. El paterfamilias, que estudiamos en las Facultades de Derecho, era un ciudadano romano, varón, nunca una mujer, que tenía bajo su control todos los bienes y personas que pertenecían a la familia. Incluso una ley llegó a atribuirle también el poder de vida o muerte sobre los hijos, esposa y esclavos que estaban bajo su potestad.

En estos tiempos han sido sustituidos por los guardianes de la moralidad y de las esencias patrias. Devotos del autoritarismo, no tendrían inconveniente en implantar una actualizada Formación del Espíritu Nacional que estuvo vigente durante la dictadura. Gracias a la democracia, por la que no parecen tener demasiado entusiasmo, disfrutan de la libertad de expresión que les permite, como es lógico, levantarse en armas ideológicas contra una Ley de Educación para la Ciudadanía, por considerarla adoctrinadora (sic) y proponer una medida que pretende saltarse las normas de esa Constitución, que sorprendente y milagrosamente tanto aman, para imponer sus criterios por encima de los valores constitucionales de interés general y sobre todo de los derechos e intereses inalienables de sus hijos.

El tema de la educación y su implantación en una sociedad democrática es crucial y debe ajustarse a los principios y valores que la ensamblan, le dan vida y que se recogen en la Constitución. No sólo en nuestro país, y también en algunos otros, existen posturas, afortunadamente absolutamente minoritarias, que llegan a sostener que la educación de los hijos es un patrimonio irrenunciable e intocable de los padres. Se supone que también de las madres. En todos los países civilizados y democráticos debe existir un consenso sobre un sistema educativo que recoja y respete las líneas maestras que nos trazan la Constitución y la cultura democrática.

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que toda persona tiene derecho a la educación, que debe ser gratuita en la instrucción elemental y fundamental, y además será obligatoria. Añade que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos del hombre y de las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión y la tolerancia. También reconoce el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos pero, por supuesto, siempre que los sistemas educativos respeten los valores fundamentales que hemos reseñado.

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España el 31 de diciembre de 1990, entiende por niño todo ser humano menor de 18 años y consagra la creación de estos derechos, por encima de la decisión de sus padres o sus representantes legales. Será protegido de toda forma de discriminación. Tiene derecho a que se le otorguen las condiciones necesarias para formarse un juicio, así como poder expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, en función de la edad y madurez. El artículo 28 establece el derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades. La educación debe contribuir a desarrollar la personalidad del niño e inculcarle el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre y con espíritu de comprensión para la tolerancia, igualdad de los sexos y amistad. Se reconoce a los Estados establecer y dirigir instituciones de enseñanza en las que se respeten los valores constitucionales, lo que no puede interpretarse como una restricción de la libertad de los padres.

El Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2 de diciembre de 2010, sentó definitivamente las bases de lo que exige una Constitución democrática para que se respeten los derechos de los menores y de la infancia. Se trataba de un recurso de amparo de unos padres que querían educar a sus hijos en su casa, sin contacto con otros escolares. Admito que el caso es distinto, pero la doctrina jurisprudencial es perfectamente aplicable al llamado "pin parental". Todo se centra en torno a la vulneración del derecho a la educación que consagra el artículo 27 de la Constitución española. Impone la escolarización, sin perjuicio de que los padres enseñen libremente a sus hijos fuera del horario escolar. Recuerda que no existe una pretendida facultad de los padres para elegir para sus hijos, por razones pedagógicas, un tipo de enseñanza que implique su no escolarización en centros homologados tanto de carácter público como privado. Refuerza sus argumentos con la cita del artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que respeta la libertad de creación de centros docentes, pero siempre dentro del respeto a los principios democráticos. Además recuerda el derecho constitucional de los poderes públicos de inspeccionar los centros para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Por último, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, recuerda que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial. Añade que debe primar la consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior. Reconoce los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de decisión de acuerdo con la normativa vigente. Impone la objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas que les afecten.

Hasta aquí el marco legal, ahora entraremos en el falso debate sobre la "propiedad" de los hijos. Es evidente que los hijos no son del Estado, pero tampoco un objeto del que pueden disponer los padres, como si se tratase de una pieza más del mobiliario doméstico. La Constitución, por mucho que intenten retorcerla los panegiristas del derecho absoluto de los padres para adoctrinar a sus hijos, considera como valores que están por encima de los derechos de los padres: los principios democráticos, como el libre desarrollo de la personalidad de los niños, el respeto a su dignidad, el respeto por la libertades democráticas, la tolerancia y la no discriminación por razón de sexo o cualquier otra condición.

La decisión de la Comunidad de Murcia, con el falso argumento del poder absoluto de los padres para intervenir en la educación de sus hijos, pretende eliminar por Decreto que los hijos reciban opiniones, que no dogmas, sobre la libertad y diversidad sexual de los seres humanos, que, como nos recuerda la Declaración Universal de Derechos Humanos, nacen libres e iguales en derechos y dignidad.

Pretenden imponer una especie de menú educativo que se sabe, de momento, dónde empieza, pero no alcanzamos a valorar hasta qué extremos de intolerancia y sectarismo puede llevarnos. Los padres supremacistas forman parte de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPA), que tienen voz en el desarrollo de las actividades del centro escolar. Allí debe debatirse el tema como se examina, por ejemplo, la salubridad del menú de los comedores u otras actividades complementarias.

Ni el Gobierno central ni los de las comunidades tienen competencia constitucional y legal para aprobar decisiones que incitan directa o subliminalmente a la discriminación y el odio. Como me parece que mis argumentos se resisten a abrirse camino en algunas mentes, abandono el intento y reconozco que me pueden acusar de defender el adoctrinamiento. De acuerdo, pero, situados en ese terreno, afirmo que, puestos a adoctrinar, es más encomiable y positivo adoctrinar en valores ciudadanos y democráticos que adoctrinar en la intolerancia y el sectarismo, sembrando los gérmenes de la violencia y la discriminación.

____________José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).

José Antonio Martín Pallín

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha defendido que "los hijos no son propiedad de los padres" pero ha matizado que "menos del Estado", según infoma Europa Press.

"Los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado! Tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. No somos cosas", subraya Argüello en un tuit publicado este domingo, después de que el pasado viernes, la ministra de Educación, Isabel Celaá, argumentara en contra del pin parental que "los hijos no pertenecen a los padres".

En este sentido, Luis Argüello, ha indicado que "hoy se propone el ideal del individuo desvinculado, sin vínculos, más autónomo y más libre, para decidir sobre todo" pero ha advertido de que esta "desvinculación debilita frente al poder".

Según ha señalado, el "poder" ofrece algunas "migajas" al individuo como "decidir en el supermercado, navegar por la red y, sobre todo, decisiones sentimentales o populistas que generan dependencias y desvinculan".

"El totalitarismo ha aprendido a elogiar al individuo para someterlo más fácilmente. La familia y la familia de familias estorbanfamilia de familias ", ha avisado.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha acusado al presidente del PP, Pablo Casado, de hablar sobre el "veto parental" desde el "desconocimiento" del sistema educativo, y le ha recordado que fue el PP el que, por vía de la Lomce, "retiró" la capacidad de los padres y madres para decidir sobre las actividades que se imparten en los centros educativos a través de los consejos escolares, informa Europa Press.

Celaá, que este lunes ha participado en un acto del PSE-EE en Llodio (Álava), se ha referido de esta forma al conocido como pin parental, una propuesta de VOX para que las familias pueden prohibir a sus hijos asistir a actividades complementarias y evaluables en horario lectivo.

Esta medida, que también ha sido defendida por el propio presidente del PP, Pablo Casado, ya ha sido aplicada por el Ejecutivo de Murcia, donde el Partido Popular y Ciudadanos gobiernan gracias al apoyo de Vox.

Celaá, que el pasado viernes anunció que recurriría el "veto parental" de Murcia si no era retirado por el Gobierno de esa comunidad autónoma, ha otorgado este lunes un plazo de un mes al Ejecutivo de PP y Ciudadanos antes de formalizar el recurso por la vía contencioso-administrativa.

En su intervención, la ministra también se ha referido a las críticas que le ha dirigido Casado por sus pronunciamientos contra el pin parental. El dirigente del PP ha acusado a Celaá de actuar como "los regímenes comunistas, que dicen que los hijos no son de la familia sino del Estado".

Además, ha subrayado que las afirmaciones de Casado en relación a este asunto demuestran su "desconocimiento" sobre el funcionamiento del sistema educativo, y le ha recordado que fue el PP el que, a través de la Lomce —también conocida como ley Wert— "retiró" a los padres y madres la "capacidad decisoria" que, a través de su presencia en los consejos escolares, tenían sobre las actividades y programas de los centros educativos de sus hijos.