El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa.

La resolución ha sido firmada por el ministro Pablo Bustinduy, lo que convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo.

El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y “aprovechar su posición de predominio de mercado” .

Entre las conductas sancionadas figuran la “imposición al arrendatario” de costes que corresponden al propietario, como un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar o cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario.

Asimismo, se penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.

La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros.

La resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable.

El expediente se inició en marzo de 2025 tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, y se suma a otra investigación en curso por hechos similares.

En diciembre, Consumo ya había anunciado la sanción por trasladar a los inquilinos gastos de gestión y formalización del contrato, prohibidos por la Ley de Vivienda. La empresa recurrió entonces la decisión, un recurso que ahora ha sido rechazado por el Ministerio, lo que cierra la vía administrativa.

Alquiler Seguro va a recurrir a la vía judicial, con un recurso contencioso administrativo. Sostienen que esta resolución es "injusta y arbitraria" y defiende que todos los servicios prestados son legales y así lo ratifican cuatro sentencias judiciales que les dan la razón sobre los mismos puntos que Consumo les sanciona, según han apuntado a EFE fuentes de la compañía.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, según informa EFE. 

Entre todos ellos concentran más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país, según ha apuntado en un comunicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

La misiva recuerda a estas empresas que la prórroga de los contratos de alquiler deberá ser aceptada obligatoriamente una vez sea solicitada por el arrendatario, según el reciente real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y que por el momento no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

El Ministerio ha solicitado a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato. El documento remitido a estas compañías explica, por tanto, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

En función de este decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de marzo, el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.

Esto no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente. 

El decreto establece asimismo una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2%, aunque si el arrendador no es "gran tenedor", ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que pondrá en marcha una normativa para prohibir las bebidas energéticas a menores de 16 años.

En declaraciones a la prensa en Barcelona, Bustinduy ha señalado que esta prohibición se ampliará también a los menores de 18 años en el caso de las bebidas que contienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

Así lo ha detallado el ministro en Barcelona, después de inaugurar el I Congreso multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad, y antes de reunirse con representantes de la Gasol Foundation, organización que combate la obesidad infantil.

"Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes", ha afirmado el ministro.

Preguntado por cómo y cuándo estará en vigor esta medida, Bustinduy ha dicho que tiene "la firme voluntad de sacar adelante esta regulación con el instrumento jurídico más eficaz y que vea la luz en el menor plazo posible".

El ministro ha juzgado que es una medida a la que "difícilmente alguien podrá oponerse", pues existe "un consenso amplísimo" sobre los efectos nocivos de estas bebidas en la salud de los más jóvenes.

En este sentido, ha hecho referencia al barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas que adelantó la semana pasada la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), según el cual nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición.

El mismo estudio indica que el 25% de los encuestados consume bebidas energéticas y que lo hacen dos veces por semana de media. Por otra parte, casi la mitad (el 49%) de quienes toman bebidas energéticas consumen al menos una al día, y el 47 % las mezclan regularmente con alcohol.

Esta próxima regulación se sumará a la prohibición de la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de toda España, que impulsó el Ministerio de Consumo. Además, como existen "campañas de publicidad muy agresivas" en el ámbito de las bebidas energéticas y en otros productos no saludables, el ministro ha recordado que recientemente ya se puso en marcha una normativa para regular de la publicidad de estos alimentos.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes, a propuesta del ministro Pablo Bustinduy, limitar el precio durante una semana de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo, según informa EFE.

Los hoteles en los municipios donde sigue habiendo desalojados o realojados no podrán incrementar sus precios respectos a los que tenían el mes previo al inicio de la emergencia, ha explicado el Ejecutivo. Se trata de municipios de cinco provincias diferentes: Cádiz (Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera), Granada (Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra), Jaén (Cazorla y Santisteban del Puerto), Málaga (Benaoján y Ronda) y Badajoz (Burguillos del Cerro y Medellín).

Esta limitación entra en vigor este miércoles y se extenderá hasta el día 25 como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo.

Es la primera vez que el Gobierno hace uso del real decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios. Además, los establecimientos están obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

Según se refleja en el acuerdo, esta medida se adopta de forma preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, especialmente cuando se reactivan las líneas de tren, con el objeto de evitar un posible incremento de precios súbito por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializa los alojamientos.

En el acuerdo, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.

El número de viviendas turísticas en España ascendía en noviembre pasado a 329.764, lo que arroja una caída del 13,6% respecto a la cifra que se registraba en mayo, de acuerdo con la estadística experimental que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) dos veces al año, recoge EFE.

Según los datos difundidos este lunes, la cifra de viviendas turísticas es la más baja de las registradas desde agosto de 2023 y representa el 1,24% del total de viviendas que existen en España.

El descenso tiene lugar en un contexto marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración, entre ellos los turísticos, y las peticiones de los Ministerios de Vivienda y de Consumo a las plataformas para que retiren los anuncios ilegales.

En la pasada estadística de mayo, los datos arrojaban 381.837 viviendas turísticas en España, 52.073 más que en esta última edición de noviembre. Desde que hay registros para esta estadística el dato más alto se dio en agosto de 2024, con 403.267 viviendas turísticas en España.

Atendiendo al número de plazas, en noviembre de 2025 las viviendas turísticas registradas sumaban 1,6 millones, el 15,7% menos que las 1,9 plazas que se daban en mayo. Por vivienda, el INE contabiliza 4,9 plazas por viviendas.

Por comunidades autónomas, la mayor cifra de viviendas turísticas se registró en Andalucía con 91.757, el 4,6% menos que en la estadística anterior.

Pese a esta caída, la comunidad registra datos elevados desde agosto de 2024. A continuación se situó Canarias, que cuenta con 49.676 viviendas turísticas, el 2% menos que en mayo.

Por encima de las 40.000 viviendas turísticas también destaca la Comunitat Valenciana, que alcanza 48.441, el 23% menos que en la pasada edición. En el caso de Cataluña, la cifra de apartamentos turísticos es de 46.915, el 17% menos que en mayo.

Tras ellas se situó Baleares, con 19.398 viviendas turísticas, el 20% menos que en la pasada edición y la menor cifra desde que el INE tiene registros.

La Comunidad de Madrid, por su parte, se anotó 19.398 pisos turísticos, el 17,5% menos que en mayo y el segundo menor dato desde agosto de 2020, cuando empieza a haber registros.

Por su parte, en Galicia había 15.236 viviendas turísticas, casi el 24% menos. En el Caso de Castilla y León, se contabilizaban en noviembre de 2025 un total de 7.035, el 14% menos, mientras que en Cantabria la cifra era de 6.229, el 19% menos, y en Asturias de 6.043, el 21% inferior a la cifra dada en mayo. Con más de 5.000 viviendas turísticas se encontraba Murcia (5.621), el 29% menos que en mayo y la segunda menor cifra desde que se tienen registros.

País Vasco redujo sus viviendas turísticas un 12,5% hasta las 4.783, mientras que Castilla-La Mancha registró 4.551 viviendas turísticas, el 12,8% menos. Asimismo, Aragón alcanzó 3.785 viviendas turísticas, el 18,5% menos y Navarra 1.463, el 12,5% inferior. Por el contrario, Extremadura marcó su máximo desde 2020 con 2.114, el 5,4 % más.

La Rioja fue la comunidad con menos viviendas turísticas de España, un total de 1.332, el 2% menos que en la pasada estadística.

Para obtener la información, el INE emplea una técnica que permite mediante programas de software extraer datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España.

El Ministerio de Consumo está ultimando un anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible con el que pretende impedir que en situaciones de emergencia se puedan generar incrementos abusivos de precios, como los denunciados en vuelos y coches de alquiler tras el accidente ferroviario este domingo en Adamuz (Córdoba), informa EFE.

Aunque Consumo ya prohibió, a través del real decreto-ley de la dana, las subidas de precio abusivas en situaciones calificadas de emergencia por protección civil, la nueva regulación ampliará esta protección a otras situaciones, según explica el ministerio en un comunicado.

Se trata de regular los llamados precios dinámicos que utilizan algunas empresas para fijar sus tarifas, de forma que tendrán que informar previamente del precio que tendrá un producto o servicio durante el tiempo que esté a la venta y tendrán prohibido superar los precios anunciados para esa fecha.

Esta regulación fue incluida en la última versión del anteproyecto, de diciembre de 2025, en la que el ministerio está trabajando para su aprobación en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.

Tras la catástrofe de Adamuz, el Ministerio de Consumo ha recibido avisos y denuncias de una subida excepcional de los precios de transporte alternativo a las rutas ferroviarias suspendidas.

Ha recordado además que, ante esa suspensión del tráfico ferroviario en las líneas afectadas por el accidente, las personas que tienen un viaje contratado tienen derecho a que la compañía operadora le facilite un transporte alternativo para continuar el viaje lo antes posible o en una fecha posterior que convenga al viajero, sin coste adicional.

En caso de que las operadoras no ofrezcan esta alternativa de transporte y sea realizado por medios propios, el afectado tendrá derecho al reembolso de los gastos "razonables" en que hubiese incurrido, para lo que el ministerio recomienda guardar comprobantes de los gastos realizados.

En caso de que se renuncie al viaje, la operadora deberá devolver íntegramente el precio del billete en un plazo máximo de treinta días desde la solicitud de reintegro, para lo que hay un plazo de tres meses.

Asimismo recuerda a todas las personas afectadas por las suspensiones que disponen de un plazo de tres meses para realizar sus reclamaciones a las compañías operadoras y que deberán hacerlo de forma directa ante las compañías, a través de los siguientes canales:

- Renfe: se puede usar el formulario de reclamaciones de su página web oficial (Reclamaciones) o contactar telefónicamente a través del siguiente número: 900 878 333.

- Iryo: Se puede usar el formulario de reclamaciones de su página web oficial (Reclamaciones), contactar telefónicamente a través del siguiente número: 910 150 000, o enviando un correo a su servicio de atención al cliente: atencion.cliente@iryo.eu.

- Ouigo: Se puede usar el formulario de reclamaciones de su página web oficial (Reclamaciones y quejas), o contactar telefónicamente a través del número 900 759 781.EFE

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación que busca eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas que infrinjan la normativa vigente de consumo, según ha anunciado este viernes en un comunicado y recoge EFE.

Los anuncios perseguidos en grandes portales inmobiliarios serán los que ofrezcan pisos en alquiler a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores o los que no incluyan cuál era el precio del último contrato de arrendamiento que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares.

Estos anuncios, según ha apuntado el Ministerio, podrían ser considerados infracciones de la normativa de consumo como “prácticas desleales por engañosas” y, por tanto, acarrear sanciones.

La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios de internet de viviendas situadas en zonas tensionadas información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa.

Entre ellos se encuentra el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en la vivienda o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.

Por ello, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, informó recientemente por carta a los diferentes portales y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en esta ley y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario.

El inicio de esta investigación se produce tras haber detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas y en medio de un debate a nivel nacional sobre las políticas a seguir en materia de vivienda en el que han surgido discrepancias entre el PSOE y Sumar, que posee las competencias de consumo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto sancionar a Alquiler Seguro con 3.600.902 euros por cobros a inquilinos y otras irregularidades, según ha apuntado la organización de consumidores Facua, una de las denunciantes, y han confirmado a EFE desde la compañía.

Fue a finales de octubre cuando el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy trasladó a la empresa Alquiler Seguro esta propuesta de sanción al entender que había vulnerado los derechos de los consumidores. Entonces, el ministro ya advirtió de que los abusos en el mercado de la vivienda se iban a pagar "muy caros".

Contra esta sanción, la empresa puede presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa. 

En la resolución, que Consumo ha comunicado ahora a Facua como parte personada en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro, según apunta en un comunicado la asociación de consumidores. 

Entre las prácticas fraudulentas detectadas, se hace referencia a un servicio de atención al inquilino que, según Facua, "disfraza" el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario, la obligación de contratar un seguro del hogar o un estudio de solvencia económica. También se menciona el limitar el derecho de desistimiento del contrato o imponer a inquilinos gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

La resolución sancionadora concluye que la compañía de servicios inmobiliarios ha cometido seis infracciones calificadas como muy graves y una como grave. Todas ellas han derivado en una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros. La infracción grave se sanciona con 10.001 euros. 

Alquiler Seguro ya anunció en octubre que iba a presentar alegaciones frente a la propuesta de sanción del Ministerio de Consumo con el objetivo de defender la legalidad de sus servicios y agregó que el importe de la sanción era "abusivo" y "desproporcionado". 

Facua denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 al considerar que estaba obligando a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, así como por el cobro de un servicio de atención al inquilino que incluía, entre otros, un asesoramiento para gestiones de cambio de titularidad de suministros energéticos, asesoramiento jurídico sobre el contrato de alquiler o resolución de siniestros e incidencias, gestiones que en muchos casos corresponde al arrendador.

El Ministerio de Consumo, junto a los Gobiernos de Bélgica, Países Bajos y Noruega, ha coordinado una iniciativa para que la Comisión Europea y la Red de Cooperación de Protección de los Consumidores supervisen la publicidad de 21 compañías aéreas y acabar con el 'greenwashing' o ecopostureo; un cambio en sus prácticas, al que se han comprometido las aerolíneas, asegura EFE.

Así lo ha señalado el Ministerio de Consumo y la Comisión Europea en sendos comunicados de prensa, en los que precisan cuáles son las aerolíneas que han acordado introducir cambios: Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Easyjet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling y Wizz Air.

Todas ellas tendrán que evitar imágenes y términos confusos o engañosos, proporcionar información clara relacionada con las emisiones de CO2 de sus vuelos y sustentar científicamente cualquier dato ambiental.

Las veintiuna aerolíneas se han comprometido a dejar de afirmar que las emisiones de CO2 de un vuelo específico podrían neutralizarse, compensarse o reducirse directamente mediante contribuciones financieras de los consumidores a proyectos de protección del clima o para el uso de combustibles de aviación alternativos.

Además, deberán utilizar el término 'combustibles sostenibles para la aviación' solo si ofrecen la debida justificación, y declarar claramente, según Consumo, que "la aviación es una industria altamente contaminante" y abstenerse de utilizar terminología o imágenes absolutamente ecológicas, o cualquier afirmación ambiental implícita. Tendrán también que aclarar las afirmaciones sobre el desempeño medioambiental futuro (por ejemplo, cero emisiones netas de gases de efecto invernadero), e incluir plazos definidos, medidas alcanzables y los tipos de emisiones en cuestión.

También garantizar que los cálculos de las emisiones de CO2 se muestren de manera clara y transparente, además de proporcionar pruebas e información científicas suficientes para respaldar las alegaciones de mejora del impacto ambiental.

Las autoridades nacionales de protección de los consumidores deberán supervisar la aplicación oportuna de estos compromisos con arreglo al calendario comunicado por cada compañía aérea.

Desde el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy se publicarán, en coordinación con la Comisión Europea y la Red CPC, directrices para establecer cómo se aplica el marco legislativo de la UE en materia de consumo a las declaraciones medioambientales en el sector de la aviación.

Cuando Michael O’Leary, consejero delegado de Ryanair, protagonizó una campaña para llamar “payaso” al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, por impulsar una subida de tasas aeroportuarias, no fue un exabrupto aislado. El ejecutivo irlandés lleva más de una década utilizando el mismo tono: insultos a políticos, amenazas y desdén hacia cualquier intento de regular sus operaciones en España.

Ryanair es la primera aerolínea del país por volumen de pasajeros, ha duplicado la cifra en la última década y aumentado en seis puntos su cuota de mercado. El pasado mes de junio tuvo más usuarios que las tres siguientes compañías juntas. Desde esa posición privilegiada en un sector tan estratégico como el tráfico aéreo, se permite despreciar públicamente a las autoridades y legislación españolas y chantajear a las instituciones que regulan su actividad. 

El choque con el Gobierno y con AENA es casi permanente. Cada vez que se plantea una subida de tarifas, la compañía responde con advertencias sobre recortar rutas, retirar plazas, y subir los precios. Ryanair concentra ya casi una cuarta parte del mercado nacional y su fuerza no se mide solo en cifras: su salida de un aeropuerto regional puede reducir el tráfico a la mitad de un plumazo. Ese poder explica la arrogancia con la que se dirige a las instituciones españolas.

Los números confirman el trasfondo de este pulso. En junio de 2014, Ryanair transportaba 2,8 millones de pasajeros en España. En junio de 2025, la cifra roza los 6 millones. En ese tiempo su cuota de mercado ha pasado del 17% al 23%, lo que significa que casi uno de cada cuatro viajeros que despegan o aterrizan en España lo hace en un avión de la compañía irlandesa.

La pandemia apenas retrasó su escalada: en junio de 2020 el tráfico cayó a 98.000 pasajeros, pero en el mismo mes de 2022 ya superaba los 4,5 millones y desde entonces ha encadenado récord tras récord. En el mercado doméstico, donde en 2014 era tercera fuerza, hoy ocupa la segunda posición, con cerca del 18 % de los pasajeros. En aeropuertos como Girona, Reus o Murcia su hegemonía es total: acapara más de la mitad del tráfico.

Con estas cifras, ningún otro operador puede presionar tanto al Ejecutivo español. No se trata solo de la viabilidad de aeropuertos regionales: en un país donde el turismo es un pilar del PIB, la posición hegemónica de Ryanair convierte cada decisión de la aerolínea en un asunto de Estado. 

Su manera de tratar a las autoridades políticas es un reflejo de su relación con sus competidores, a los que “intimida y denigra”, según sentencias judiciales, con sus clientes, a quienes ridiculiza frecuentemente en sus redes corporativas como estrategia de marketing, y sobre todo con sus trabajadores. 

Durante años, Ryanair contrató a tripulantes en España con contratos sujetos a la legislación irlandesa. Aunque su base de operaciones estuviera en España, los trabajadores cotizaban en Irlanda y no en la Seguridad Social española. En algunos momentos, hasta el 75 % de los trabajadores basados en España estaban en esa situación.

La Inspección de Trabajo levantó actas, los sindicatos llevaron el caso a los tribunales y el Tribunal de Justicia de la UE acabó dictando que los empleados tienen derecho a regirse por la legislación del país donde despegan y aterrizan. A Ryanair no le quedó más remedio que modificar los contratos. Pero la empresa siguió estirando los límites: bajadas salariales al regularizar la situación, contratos fijos discontinuos bajo amenaza de despido, y una política de precariedad que ha provocado huelgas casi cada verano. 

En los últimos años, los tribunales españoles han multiplicado las condenas. En 2023, la Inspección de Trabajo les sancionó por pagar por debajo del salario mínimo, y un juzgado de Santiago les obligó a readmitir a una azafata a la que habían despedido vulnerando su derecho a la huelga. El pasado marzo la Audiencia Nacional anuló las “horas complementarias imprevistas” que imponían al personal a tiempo parcial. 

El personal de tierra, agrupado en la filial Azul Handling, vive una situación similar. Este verano han convocado huelgas indefinidas en Madrid, Barcelona, Málaga o Tenerife por fraude en la contratación, exceso de horas y sanciones abusivas. En sus comunicados hablan de un “incumplimiento sistemático” de resoluciones judiciales.

La confrontación de Ryanair con las autoridades en España tampoco es un caso aislado. La aerolínea ha hecho de la provocación a políticos una estrategia habitual en toda Europa. El pasado agosto llegó a publicar una lista con las caras de los dirigentes a los que culpaba de retrasos en sus operaciones. Entre ellos, el ministro de Transportes Óscar Puente, situado en segundo lugar del ranking para regocijo de Vito Quiles, a quien la compañía no dudó en contestar amistosamente. 

Ese gesto ilustra bien hasta qué punto los ataques de Ryanair se han insertado en la política española. Mientras una parte de la derecha mediática celebra los insultos y los señalamientos a sus rivales políticos, una compañía extranjera utiliza su posición dominante en el sector aéreo nacional para desafiar a las instituciones del Estado, señalar a sus representantes y condicionar sus decisiones regulatorias.

Los ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) se reunirán en Bruselas el próximo lunes en un Consejo extraordinario convocado previamente pero en el que la reciente decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 30% a todos los productos de la UE a partir del 1 de agosto tomará el protagonismo, según recoge EFE.

Los ministros europeos auguraban la posibilidad de un “acuerdo de principio” entre Bruselas y Washington durante el fin de semana para evitar una escalada de aranceles antes de la fecha límite para las negociaciones el próximo 1 de agosto.

Al margen del acuerdo, los ministros debatirán sobre las futuras relaciones comerciales con EEUU ya que, según señalaron fuentes comunitarias esta pasada semana, alcanzar un acuerdo “probablemente no será el final, habrá mucha incertidumbre y giros y vueltas en las próximas semanas y meses”.

Asimismo, el presidente estadounidense dio un giro al tablero el sábado al anunciar aranceles del 30% a todos los productos europeos a partir del 1 de agosto.

Lo hizo a través de una carta difundida en su red social Truth Social y dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que también aseguró que consideraría reducir los aranceles si la UE ofrece "acceso completo y abierto al mercado de Estados Unidos, sin aranceles".

"En otras palabras, en cuestión de semanas, la Unión Europea permitirá un acceso completo y abierto al mercado estadounidense, sin aranceles, con el fin de reducir el gran déficit comercial", escribió Trump en su carta a Von der Leyen.

Además, el magnate estadounidense señaló que la tasa del 30% podría aumentar si la UE decidiera tomar represalias, algo que el bloque comunitario tendrá que decidir en las próximas horas.

Por ahora Estados Unidos aplica unos aranceles del 10% a todos los productos procedentes de la UE y otros del 25% sobre las importaciones de acero, aluminio y vehículos.

Tanto los líderes de las principales instituciones de la UE como de varios países miembros, entre ellos España, se mostraron dispuestos a continuar con las negociaciones con Estados Unidos para llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto tras el anuncio de Trump.

Sin embargo, tal y como advirtió Von der Leyen en su respuesta el mismo sábado a la carta del presidente estadounidense, la UE también está dispuesta a tomar "todas las medidas necesarias" para salvaguardar sus intereses, "incluida la adopción de contramedidas proporcionadas si es necesario".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo a través de un mensaje en redes sociales que “apoyamos y apoyaremos a la Comisión (Europea) en sus negociaciones para alcanzar un acuerdo con EEUU antes del 1 de agosto”.

Del mismo modo, el Gobierno de Italia aseguró en un comunicado que respaldan “plenamente los esfuerzos de la Comisión Europea que serán intensificados en los próximos días".

También lo hicieron el ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, quien dijo que la Comisión "cuenta con toda (su) confianza para que podamos volver a entrar en razón y retomar una asociación mutuamente beneficiosa en lugar de mantener un pulso estéril", y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quien abogó por seguir buscando una solución negociada, pero recordó que los Veintisiete están dispuestos "a responder con duras contramedidas si fuera necesario".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió acelerar "la preparación de respuestas creíbles" que se puedan tomar si las conversaciones fracasan.

Ante los aranceles a las importaciones europeas de acero y aluminio, la UE impulsó unas contramedidas con recargos a una lista de productos estadounidenses que decidió dejar en pausa hasta el 14 de julio, el día de la reunión de los ministros, para dar oportunidad a las negociaciones. 

“Si hubiera un acuerdo de principio, espero que no habrá que continuar con esas medidas”, indicaron previamente las fuentes comunitarias, que en todo caso aseguraron que estarían preparadas si hubiera que usarlas.

Los ministros abordarán igualmente los acuerdos en negociación con otros países del mundo en su afán por diversificar su comercio. 

En el caso del Mercosur y México la Comisión tiene pendiente informar a los países sobre qué formato legal tendrán y si deberán ser aprobados por los parlamentos nacionales para que puedan entrar plenamente en vigor.

Finalmente, durante el almuerzo los ministros abordarán las relaciones comerciales “cada vez más difíciles” con China visto el control que hace de las exportaciones de minerales, “lo que subraya la necesidad de que Europa sea más independiente”.

En España tenemos un pequeño ministerio que hace cosas enormes. Al ministro Bustinduy deberían seguirle el ritmo el resto de los ministerios, todos con competencias en asuntos que en el imaginario colectivo son mucho más relevantes que el poco lustroso consumo. Le pisa los talones, eso sí, la ministra García desde Sanidad, aun cuando las competencias de la prestación de unos servicios públicos universales y de calidad a la ciudadanía –el meollo de tan vital asunto– están transferidas a las Comunidades Autónomas.

Que los derechos sociales sean la brújula de las políticas públicas que establecen las reglas de juego en materia de consumo creo que es parte importantísima de la clave del éxito. Produce noticias positivas que son un subidón día sí, día también. A esa claridad de rumbo y la velocidad que dota contar con una hoja de ruta incuestionable y consensuada internacionalmente (sí, la Agenda 2030) se une, o así lo percibo yo, la valentía de las decisiones. También trasluce una estrategia que creo que es muy inteligente porque alcanza unas cotas enormes de rentabilidad social con una inversión en esfuerzo relativamente acotada: compaginar el diseño de políticas públicas de profundo calado con la recogida diaria de una ingente cantidad de fruta madura que se encontraba desatendida y echándose a perder desde hace años en unos casos, décadas en otros. Las low-hanging fruit, que llaman los anglosajones.

Son abrumadores los ejemplos de esta fruta madura que pendía esperando a que alguien la recogiera actuando de oficio, como abrumador es constatar que, a pesar de contar con normativa en muchos casos, y gracias a las exigencias que impone nuestra pertenencia a la UE, suficiente para garantizar una adecuada protección de los derechos de los consumidores, permanecía guardada en un cajón, sin nada ni nadie actuando de oficio para garantizar su cumplimiento y dictar las correspondientes sanciones ante los incumplimientos más flagrantes. Actuar de oficio y no esperar a que la gente corriente se pueda organizar y sacar tiempo, energía y conocimientos administrativos que no tiene para embarcarse en causas eternas para reclamar millones de pequeños derechos pisoteados a diario es un signo de valentía que debería extenderse a todas las administraciones públicas.

Fruta madura maloliente es la inacción de las autoridades competentes ante los persistentes incumplimientos de decenas de miles de propietarios de viviendas que las alquilan ilegalmente a turistas que juntos –propietarios, turistas y alcaldes– expulsan a residentes. Fruta madura esperando a ser recolectada son los abusos perpetrados por las plataformas de VTC y sus algoritmos depredadores (precios dinámicos) en situaciones de emergencia. Fruta madura es que aerolíneas de bajo valor incumplan sistemáticamente las condiciones en las que deben operar, cobrando por servicios que deben estar incluidos en la tarifa como el equipaje de mano, para que les salgan los números, y que ninguna autoridad haga nada, a la espera de que lo hagan los cientos de miles de consumidores afectados uno a uno.

Fruta madura pudriéndose es la que de vez en cuando descubrimos que se ofrece en comedores escolares y en residencias de mayores, en los casos en los que se ofrece fruta y no comida ultra procesada low-cost. También es el incordio insufrible de las llamadas SPAM que la Lista Robinson –un caso de estudio de penosa autorregulación, un FAIL total– ha sido absolutamente incapaz de mitigar. Unas llamadas que, además de invasivas, son un no parar de prácticas abusivas de venta y de fraude a las personas más vulnerables, que terminan contratando productos y servicios innecesarios y perpetuos sin ser conscientes de ello, sin haber firmado un contrato. La lista sigue, pero no quiero aburrir.

El punto es que todas y todos somos consumidores todo el rato, nos guste o no. Prácticamente todo lo que hacemos se traduce en una acción de consumo, que es además el motor y termómetro de cualquier economía moderna. Los consumidores tenemos, cuando podemos elegir, un enorme poder. Pero también enormes vulnerabilidades. Ojalá pudiéramos ser más prosumidores (como en el ámbito del autoconsumo energético, cuyo despliegue masivo no depende de nosotros), menos vulnerables ante prácticas de venta abusivas (prohibidas pero descontroladas) y ante la opacidad del tan extendido greenwashing que busca sutilmente confundirnos más que informarnos.

El Ministerio de Consumo ha sido tradicionalmente una cartera de segunda categoría y/o ha actuado con tibieza sonrojante, como si ese cómodo segundo plano fuera más un resultado buscado que una condición de partida. Pero ya no.

La enésima acción a la que espero que sigan muchas otras de este ministerio que “toca todos los palos” es la próxima Ley de Consumo Sostenible, hoy en fase de anteproyecto, que busca reforzar la protección de todas las personas y, por ende, del medio ambiente, garantizando el derecho de ejercer un consumo consciente y responsable, sin engaños, sin falsas promesas y sin obsolescencia programada. Un consumo responsable y sostenible que precisa para su pleno ejercicio de una producción, distribución, publicidad y comercialización igualmente –o más si cabe– responsable y sostenible.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

El Gobierno ha dado el visto bueno este martes al anteproyecto de ley de consumo sostenible, un amplio paquete legislativo que prohíbe la publicidad de los productos más contaminantes como los vuelos cortos, los combustibles fósiles y los vehículos propulsados solo por ellos, y pone veto a la obsolescencia programada, según ha informado EFE.

La nueva norma, que refuerza la protección de los consumidores y del medio ambiente, según ha señalado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tras el Consejo de Ministros, prevé medidas para fomentar la reparación de los productos y luchar contra la obsolescencia programada (la vida útil que las empresas dan a un bien para que el usuario se vea obligado a comprar otro modelo).

Para ello se prevé regular las actualizaciones de software y prohibir las que empeoren el rendimiento del producto y se hagan pasar como necesarias, una situación, que tal y como ha comentado Bustinduy, sucede de manera cotidiana, lo que hace que sea imposible una vez realizadas abrir ciertos programas o que nuestros equipos funcionen peor.

El etiquetado de los productos deberá informar además sobre si cuenta con una garantía superior a los dos años y también sobre su reparabilidad porque, según ha remarcado el ministro, lo más importante que incluye esta ley "es la consagración del derecho a reparar".

Se obligará a que los repuestos para un producto o para un bien estén disponibles hasta diez años después de que éste deje de fabricarse, y se deberá incluir en las web de los productores información orientativa sobre los precios de las reparaciones.

Se extenderá el plazo de garantía de un electrodoméstico cuando éste se repare por un período adicional de doce meses y se creará una plataforma digital de reparaciones donde los usuarios podrán encontrar reparadores autorizados y donde también compradores de bienes defectuosos y vendedores de bienes reacondicionados se podrán poner en contacto.

La medida más innovadora, según Bustinduy, es la creación de un sistema de cofinanciación para las reparaciones porque Consumo busca reducir su factura haciendo que los productores asuman una parte de ese costo: hasta un 20 % del costo de las reparaciones será asumido por los productores.

El texto aprobado en una primera vuelta por el Consejo veta además otras prácticas cada vez más denunciadas por los consumidores como la reventa abusiva de entradas, la reduflación (menos cantidad de un producto por el mismo precio) o el 'greenwashing', que camufla como sostenibles productos que no lo son.

Bustinduy ha remarcado como primer pilar de esta ley "ambiciosa" la lucha contra el 'greenwashing' o ecopostureo: se prevé regular la necesidad de certificar afirmaciones de las empresas sobre sostenibilidad, porque según ha reconocido el ministro "hoy en día todo es bio, eco y bueno para el planeta", y también otras basadas en la compensación de las emisiones de gases invernadero.

El ministro se ha referido a la necesidad de una transición ecológica basada en la justicia social cuando ha sido preguntado sobre la limitación de la publicidad de vehículos que utilicen exclusivamente combustibles fósiles.

Lo que pretende, según ha argumentado, es acelerar la transición industrial y productiva para hacer que la industria sea más competitiva y que pueda garantizar la accesibilidad y la justicia social en esta transformación.

Pero esta transición ecológica -ha advertido-·"no puede recaer sobre responsabilidades individuales, ni puede depender sobre la capacidad económica o la renta de cada cual". Es fundamental, a su juicio, que la transformación industrial se haga conforme a criterios de equidad y de inclusión.

Lo es -ha dicho- porque el 1 % de la población contamina más que 12.000.000 de personas en España y es necesario fiscalmente, en su opinión, que se haga recaer el costo de esta transición en quienes más contaminan.

El anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible que prepara el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 incluye la prohibición de aumentar el precio en la reventa de entradas más allá de la variación del IPC desde el momento de la compra inicial. Esta medida es complementaria a la actual prohibición de que las empresas utilicen sistemas de bots para una compra masiva de entradas destinada a la reventa, que el Ministerio reconoce que no está funcionando, según informa EFE.

Fuentes del Ministerio han explicado que los grandes incentivos económicos que genera la reventa por parte de empresas dificultan la aplicación de esta prohibición de revender entradas que hayan sido compradas a través de programas de compra masiva "para garantizar la accesibilidad de las entradas a todos los individuos".

Con la limitación del precio de reventa por parte de empresas, una parte muy importante de este importe permanecerá disponible para gasto por parte de las familias, en lugar de estar destinado a una actividad improductiva y que no aporta valor añadido, han subrayado las fuentes.

La modificación del artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que prepara el Ministerio busca de esta manera atacar los incentivos económicos que hay actualmente en la reventa para poder acabar con la misma.

Así, la puesta a la venta de entradas en reventa con un precio superior al regulado, convertiría esta actividad en ilícita, con lo que se podrían bloquear las páginas web donde se estuviese produciendo la infracción y la actividad conllevaría una sanción para el infractor. Bélgica y Francia ya cuentan con medidas similares que prohíben la “reventa habitual” y la reventa “ocasional” a un precio superior al precio original.

Según las fuentes del Ministerio de Consumo, un informe de la compañía Verified Market Research calcula que la reventa de entradas en Europa alcanzará en 2030 un valor de unos 7.769 millones de euros, partiendo de una estimación de 1.817 millones de euros en 2024.

Dado que España representa habitualmente entre el 10% y el 15% del mercado secundario europeo de entradas a eventos, la evolución del valor de este sector en España podría ser de de los 322 millones en 2024 a unos 932,3 millones de euros anuales en 2030.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado este lunes un nuevo archivo digital al Ayuntamiento de Madrid en el que se detallan las direcciones postales de 3.565 pisos turísticos ilegales ubicados en la ciudad de Madrid para su inspección y cierre. Según ha explicado el departamento dirigido por Pablo Bustiduy en un comunicado recogido por EFE, la información ha sido obtenida por la Unidad de Análisis de Consumo, que ya en marzo advirtió al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de que solo en la capital se anuncian en las diferentes plataformas más de 15.000 alojamientos turísticos sin licencia.

Los datos de Consumo reflejaron que se anunciaban un total de 16.335 pisos turísticos, dato que contrastaba con las cifras oficiales ofrecidas por el Consistorio, que señalan que únicamente están concedidas 1.131 licencias para este tipo de negocio.

En aquella comunicación, el Ministerio también facilitó al Ayuntamiento de Madrid las direcciones postales de un total de 1.218 pisos turísticos ilegales. A ellos se suman los datos postales de 2.347 alojamientos sin licencia remitidos este lunes para que el Ayuntamiento pueda actuar inmediatamente, clausurarlos y, en su caso, abrir expedientes sancionadores en base a sus competencias.

Según Consumo, estos alojamientos están incumpliendo la normativa urbanística de Madrid por lo que es el Ayuntamiento la autoridad competente para su inspección y cierre.

Cada uno de estos pisos turísticos ilegales va acompañado, además, de su anuncio en una de las diferentes plataformas dedicadas a su alquiler por lo que se demuestra que actualmente están operativos, recalca el Ministerio.

El archivo digital remitido por la Secretaría General de Consumo y Juego va acompañado de una carta firmada por el ministro Pablo Bustinduy en la que señala que el objetivo de este envío es "facilitar la labor de inspección y sanción" del Ayuntamiento y "contribuir a recuperar vivienda para el uso residencial para la ciudadanía".

La plataforma de reservas Booking, una de las mayores del mundo, ha eliminado 4.093 anuncios ilegales de alojamientos turísticos en España, la mayoría en las Islas Canarias, tras recibir un requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, según afirma EFE.

Según ha detallado el Ministerio este jueves, aunque la mayoría de estos anuncios se encontraban en las Islas Canarias, uno de los principales destinos turísticos de España, también se han eliminado anuncios en regiones como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha.

Estos anuncios incumplían la legislación vigente sobre publicidad de viviendas turísticas por lo que el ministerio solicitó su eliminación a Booking, una empresa que, según Consumo, ha colaborado para "garantizar que la oferta de alojamientos turísticos en la plataforma cumpla con la legalidad y ofrezca todas las garantías" a los consumidores.

Esta actuación se produce una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldara por segunda vez la orden del Ministerio de Consumo a Airbnb para retirar más de 65.000 anuncios ilegales de alojamientos turísticos.

En el caso de Airbnb, la Justicia ha avalado la orden de Consumo tras rechazar las medidas cautelares solicitadas por la plataforma, obligándola a eliminar la publicidad ilícita detectada por la Unidad de Análisis de Consumo.

Las infracciones detectadas en los anuncios eliminados por Booking y los denunciados a Airbnb se centran en tres aspectos: la ausencia del número de licencia o registro obligatorio, la inclusión de números falsos o incorrectos, y la falta de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, si son profesionales o particulares.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha subrayado que estas acciones son decisivas para frenar la "proliferación indiscriminada" de pisos turísticos ilegales, un fenómeno que, según el Ministerio, contribuye a las dificultades de acceso a la vivienda en las zonas de mayor presión turística como las Islas Canarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo a las aerolíneas Ryanair y Norwegian por el cobro del equipaje de mano, que suman 109 millones de euros, pero les ha impuesto avales de casi 112 millones, según ha informado EFE.

En sendos autos fechados el pasado 19 de junio, a los que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso administrativo accede a las medidas cautelares solicitadas por las aerolíneas, pero condiciona la suspensión a la aportación de un aval de 110 millones para Ryanair y de 1,8 millones para Norwegian.

Además de por cobrar el equipaje de mano, Consumo sancionó a estas dos aerolíneas -y también a Vueling, Easyjet y Volotea- por cobrar la reserva de asientos contiguos para acompañar a personas dependientes o a menores y por no permitir el pago de estos sobrecostes en metálico, así como por exigir un pago por la impresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto en el caso de Ryanair.

En conjunto, la multa, que se refería también a omisiones de información y por la falta de claridad en los precios publicados en su web y en la de terceros, ascendía a 179 millones de euros.

La sanción más elevada le correspondió a Ryanair con 107,8 millones; seguido de Vueling, con 39,3 millones; Easyjet, con 29,1 millones; Norwegian, con 1,6 millones; y Volotea, con 1,2 millones.

La Sala ha accedido a la suspensión cautelar de la sanción ministerial por la "imposibilidad, en este momento procesal, de prejuzgar el fondo del asunto", y porque "resulta evidente que la suma exigida es, ciertamente, muy elevada, y su pago anticipado provocaría un desfase y dificultades a la tesorería" de las compañías.

En el momento de imponer la sanción, Consumo explicó que, para garantizar la proporcionalidad y efectividad de las sanciones impuestas, así como su efecto disuasorio, el cálculo de las sanciones se realizó mediante el criterio del beneficio ilícito obtenido, es decir, calculando la multa con base en los beneficios obtenidos por las compañías aéreas por las prácticas infractoras.

Tal y como establece el régimen sancionador de Consumo para las prácticas calificadas como muy graves, las sanciones que se impongan podrían alcanzar hasta entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido cuando este supere las cantidades de las multas estipuladas (entre 100.001 y 1.000.000 de euros).

Contra la decisión del TSJM se puede presentar un recurso de reposición en un plazo de cinco días.

El Ministerio de Consumo regulará, de forma inminente, la publicidad que se basa en datos engañosos o que pueden generar en el consumidor una percepción errónea sobre el peligro al que puede estar sometido si no adquiere un determinado producto, también conocida como "publicidad del miedo", según informa EFE.

Según han informado fuentes del Consumo y ha adelantado El País, se trata de limitar, a través de la Ley de Consumo Sostenible, los mensajes manipuladores, que explotan emociones como la ansiedad y el temor. Por esta razón, el Ministerio, que dirige Pablo Bustinduy, considera esencial una regulación que proteja a los consumidores ante este tipo de anuncios.

El Ministerio ha subrayado que se trata de un tipo de publicidad comúnmente utilizada por empresas de seguridad y alarmas, y que basa su efectividad en presentar escenarios extremos o improbables, como robos violentos o vulnerabilidades catastróficas, con el propósito de generar una sensación de urgencia o vulnerabilidad en las personas.

Este tipo de publicidad puede llevar a los consumidores a tomar decisiones precipitadas, desinformadas o basadas en el pánico, afectando así a su libertad de elección y a su bienestar psicológico.

Esto es algo que el Ministerio de Consumo quiere combatir, para defender un entorno publicitario que sea responsable y para que la promoción de servicios se centre en ofrecer una información objetiva, destacando beneficios reales sin apelar a tácticas de manipulación emocional. Además, este tipo de publicidad, según el Ministerio, fomenta una cultura de miedo que afecta negativamente a la sociedad en su conjunto.

Cuando las compañías recurren a estas prácticas, dice, contribuyen a la percepción de que los entornos cotidianos son inherentemente peligrosos, lo que incrementa la desconfianza y la sensación de inseguridad generalizada: "Esto no solo puede alterar la calidad de vida de las personas, sino también desviar recursos hacia servicios innecesarios o desproporcionados en relación con el riesgo real".

Es por todo ello que el Ministerio de Bustinduy defiende la necesidad de regular este tipo de prácticas, con el objetivo de garantizar un equilibrio en el mercado, promoviendo una comunicación ética que priorice la transparencia y el respeto por el consumidor, a la vez que refuerza una percepción más saludable y realista de la seguridad en la sociedad.

En base a esto, y a través de la Ley de Consumo Sostenible, el Ministerio de Consumo modificará la Ley de Competencia Desleal para obligar a las empresas que hagan este tipo de comunicaciones comerciales a ofrecer información cuantitativa o estadística que permita a los consumidores hacer una valoración real del riesgo al que se expone si no adquiere el bien o el producto que se les ofrece.

La Ley de Competencia Desleal ya prohíbe la publicidad en la que se incluya información falsa sobre el riesgo o peligro que puede sufrir un consumidor en caso de no adquirir un bien o servicio. Ahora, con modificación del artículo 27.2, que hace referencia a 'Otras prácticas engañosas'.

"Cuando tales afirmaciones, aun siendo veraces, utilicen la exposición a un riesgo o peligro como argumento principal de persuasión comercial, deberán incorporar, en condiciones de adecuada visibilidad, adaptado al medio en el que se realice la comunicación, información complementaria de carácter cuantitativo o estadístico que permita al consumidor o usuario valorar su frecuencia, impacto relativo o proporción".

El Ministerio de Consumo propondrá de forma inmediata al Consejo de Ministros la modificación de la ley de consumidores para luchar contra la reduflación o práctica de algunos fabricantes, sobre todo de alimentos, de reducir la cantidad o el tamaño de un producto cobrándolo al mismo precio o incluso más caro.

Fuentes de Consumo han confirmado este miércoles la intención del ministro Pablo Bustinduy de presentar en breve la Ley de Consumo Sostenible para su aprobación por el Gobierno de coalición y que supondrá la modificación del artículo 20 de la Ley General de Consumidores y Usuarios.

La modificación consistirá en añadir un nuevo punto que obligará a los fabricantes a informar de forma clara y comprensible a los consumidores cuando se reduzca la cantidad o número de unidades incluidas en un producto.

Este deber de información se considerará cumplido cuando se indique de forma legible y visible en el punto de venta final la reducción de la cantidad envasada, o reducción en el número de unidades empaquetadas y el aumento de precio derivado de esa reducción, durante un plazo no inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas características.

De este modo, se pretende que los consumidores sean conscientes de los cambios en los contenidos de los productos e impedir que crean que están comprando la misma cantidad de un producto que venían adquiriendo con anterioridad por el mismo valor.

Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso una proposición de ley del PSOE sobre esta misma práctica empresarial, pero, según han puntualizado las fuentes, no incluye obligaciones de información cuando la reduflación se produzca en relación con la disminución de unidades vendidas en paquetes, solo respecto de la reducción de la cantidad en un único envase.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un segundo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria de ámbito nacional por posibles cobros de comisiones ilegales a inquilinos y por la sospecha de que habría obligado a contratar servicios no solicitados. En un comunicado de prensa recogido por EFE, el departamento que dirige Pablo Bustinduy informa de este nuevo expediente, que se enmarca en la investigación abierta el pasado mes de octubre y que derivó en un primer expediente sancionador en marzo a Alquiler Seguro por las mismas prácticas abusivas.

La investigación que ha derivado en los expedientes sancionadores sigue en marcha con otras empresas, y se puso en marcha tras las denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU y de asociaciones de consumidores como FACUA y OCU, que alertaron de que se estaban cometiendo infracciones como obligar a los inquilinos a pagar una comisión, contratar un seguro u otros servicios no solicitados.

De hecho, el pasado 27 de marzo, Facua aseguró en un comunicado de prensa que Alquiler Seguro había sido objeto del expediente sancionador abierto por Consumo a raíz de la denuncia que esta asociación interpuso en noviembre de 2023 porque la agencia obligaba a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21 por ciento de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un "servicio de atención al arrendatario".

En el comunicado de prensa del Ministerio de Bustinduy para informar del segundo expediente sancionador, gestionado a través de la Dirección General de Consumo, se recuerda que la ley prohíbe expresamente que los inquilinos paguen gastos no solicitados, y establece sanciones con multas que pueden ser graves -de hasta 100.000 euros- o muy graves -hasta un millón de euros-.

Estas acciones se suman a los expedientes abiertos a gestoras de pisos de alquiler, con el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales en la plataforma Airbnb, según recuerda el comunicado de prensa.

"La vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley. Por tanto, todas las iniciativas anteriormente mencionadas se enmarcan en el objetivo de proteger el derecho de acceso a la vivienda como acción prioritaria del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo", resume el comunicado de prensa.