La jaula del alquiler: el 61% de los inquilinos no puede ahorrar y ve "imposible" adquirir una vivienda

En España, la vivienda se ha convertido en el germen de las desigualdades sociales. El coste del alquiler y la compraventa se ha disparado en el último lustro. Ya hoy, una de cada tres personas dedica más de la mitad de sus ingresos al pago de la renta y una de cada cinco, invierte también más del 50% al pago de su hipoteca. Así lo reflejan los datos del nuevo informe de la ONG Oxfam Intermón que ahonda en la crisis de la vivienda como un problema coyuntural que está agravando la desigualdad económica en España. 

Los datos, extraídos de la encuesta realizada por la organización en 2025 a 4.102 personas, reflejan una crisis palpable que se ha convertido, según la última encuesta del CIS, en el principal problema de los españoles. De hecho, el pasado 2025 finalizó con un incremento interanual del 13% y el nuevo récord histórico: 2.230 euros por metro cuadrado.

Pese a que la compra de vivienda es ya algo de por sí visto como un ‘imposible’ por muchos españoles, sobre todo los más jóvenes y precarizados, esta situación se amplifica para aquellos que pagan un alquiler. Según el informe, el 61% de las personas inquilinas no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta y más de la mitad de ellas (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro.

Para las personas que ya poseen una vivienda en propiedad la situación es bien distinta. El 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses. Lo que prueba que la vivienda se ha consolidado como el mayor obstáculo que se interpone entre el bienestar socioeconómico de más de la mayoría de la población. 

“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, señala Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

El régimen de vivienda, un factor ya más determinante que el salario

Tener una vivienda o vivir de alquiler puede ser el factor más determinante de una persona para lograr ahorrar a fin de mes. Mientras que para los propietarios es la norma, para los inquilinos la palabra ahorro se ha convertido casi en un espejismo. El informe lo deja claro: una persona inquilina que ingresa 2.000 euros al mes tiene prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%). 

“Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, alerta García-Gil.

Otro de los grandes riesgos de esta dinámica es el conocido como el de los ‘desahucios invisibles’, un problema que sufren una de cada tres personas que pagan renta. Esto se define en el informe como “finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que derivan en mudanzas forzosas”. 

Una dinámica que alimenta la gentrificación y consolida la precariedad

Esto afecta, sobre todo, a los sectores de población más vulnerables. Las personas extracomunitarias lo sufren en un 37% de los casos y los menores de 35 años en un 32%. Esto se tradujo para estos últimos en que la mitad tuvo que volver al hogar familiar. Además, esta situación va ligada con el fenómeno de la gentrificación. El 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, con el consiguiente debilitamiento de redes sociales y comunitarias.

Las condiciones de vida son las primeras afectadas por la crisis y muchos se han visto abocados a tener que realizar grandes renuncias en elementos básicos para la vida como los suministros esenciales, algo cuyo pago no pudo enfrentar el 19,2% de la población en el último año. El informe sitúa a los alquilados, de nuevo, en el centro de esta problemática: el 13% comparte su hogar con personas sin parentesco, una proporción que alcanza el 22% entre la población migrante. Una realidad, además, que parece no entender de edad ya que afecta también a una de cada diez personas de entre 35 y 54 años. 

“Hablar de vivienda es hablar de vidas y de modelo de sociedad”, explica García-Gil. “La vivienda es la puerta de entrada a otros derechos: salud, seguridad, intimidad y cohesión social. Cuando el acceso es inestable, el impacto se extiende al conjunto del bienestar”.

Soluciones para un futuro incierto

El informe de Oxfam Intermón propone “una respuesta coordinada entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”. Tras la negativa del Congreso a la aprobación del escudo social con los votos en contra de PP, Vox y Junts, los más perjudicados vuelven a ser los hogares vulnerables: más de 70.000 desahucios podrían volver a reactivarse, se anula la prórroga del bono social eléctrico y se acaba con la prohibición de cortar suministros básicos, entre otras medidas. 

Es por esto que la organización también pide garantizar “la protección necesaria y alternativas dignas para los más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados tras el rechazo del Escudo Social”.

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Esta situación de crisis genera una incertidumbre que también tensiona los mercados. Las opciones son cada vez más escasas y el optimismo por poder poseer una vivienda mengua. Por eso la herencia se erige ahora como un mecanismo más relevante para el acceso, algo que sigue perpetuando las desigualdades sociales. El 21,2% de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias. 

El informe centra el foco en los problemas de los inquilinos, los más vulnerables. De ahí surgen tres medidas que consideran elementales para ponerle freno a la brecha de la desigualdad que genera el acceso a la vivienda: reforzar la protección a las personas inquilinas mediante la regulación de precios y ampliar la duración de sus contratos, frenar todo tipo de prácticas especulativas y ampliar el parque de vivienda pública impulsando modelos alternativos. 

“Es urgente actuar para asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que permita desarrollar un proyecto de vida con seguridad. Y que, al mismo tiempo, quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo”, concluye García-Gil.