Juanma Moreno Bonilla ha sido investido presidente este jueves y vuelve al punto de partida. El dirigente que alcanzó el poder en 2018 gracias a la extrema derecha y que cuatro años después convirtió su mayoría absoluta en el símbolo de un PP capaz de gobernar sin depender de los ultras, ha abierto las puertas del Consejo de Gobierno a Vox por primera vez. Concretamente, el portavoz de la formación ultra, Manuel Gavira, ostentará una vicepresidencia y asumirá las competencias de turismo, desregulación, justicia y Administración local, aunque aún está por ver a través de cuántas consejerías. Una decisión que supone un cambio de etapa en Andalucía y consolida la estrategia de pactos impulsada por la dirección de Alberto Núñez Feijóo en el nuevo ciclo electoral.

Moreno defendió ante los medios que el pacto responde al resultado electoral del 17M, que dejó al PP como fuerza preferida en más de 600 municipios, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. “Sin mayoría en los gobiernos lo que hay es desgobierno”, admitió. El acuerdo incluye un compromiso de estabilidad para toda la legislatura, la aprobación de los cuatro presupuestos y un programa con 150 medidas. Un acuerdo que el presidente andaluz definió como “potente, minucioso, sereno y sensato” y que le permitió ser investido por tercera vez gracias a los diputados ultras.

Así, Vox ha logrado convertir en condición irrenunciable su entrada en el Ejecutivo, además de dos senadores por designación autonómica y una vicepresidencia en el Parlamento, frustrando el objetivo inicial de Moreno de gobernar en minoría con un acuerdo parlamentario. Asimismo, el PP ha aceptado incorporar al pacto uno de los principales emblemas ideológicos de Santiago Abascal: la consigna xenófoba de la "prioridad nacional", aunque la han tratado de revestir con fórmulas jurídicas distintas, como el concepto de "arraigo", para intentar minimizar el choque con el ordenamiento vigente.

El documento andaluz comparte la misma filosofía que los acuerdos ratificados en Castilla y León, Aragón y Extremadura, aunque en este último acuerdo se concreta más en algunos ámbitos, especialmente en inmigración. Entre las medidas, además de la “prioridad nacional” en el acceso a determinados servicios, figura una auditoría anual “de todos los gastos derivados de la inmigración masiva”, la supresión de ayudas públicas a entidades que favorezcan la inmigración irregular, las restricciones de acceso a vivienda pública para inmigrantes en situación irregular, el rechazo al reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades, la “supresión de ayudas a ONG que favorezcan la inmigración irregular” y la prohibición del uso del burka y el niqab en edificios públicos dependientes de la Junta.

Otra de las medidas que acompaña el acuerdo es la “creación de un servicio de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva” y la “reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal”. Asimismo, incorpora la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y la aprobación de una “ley de familias” para “fomentar la natalidad”, medidas que también aparecen en los pactos de Castilla y León, Aragón y Extremadura. 

El acuerdo también incorpora la línea más ideologizada de Vox en lo que respecta al medio ambiente. Así, rechaza de manera explícita el Pacto Verde Europeo, reclama la revisión de la Política Agraria Común, se opone al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, apuesta por ampliar los regadíos, acelerar nuevas infraestructuras hidráulicas y defender el principio de las denominadas "cláusulas espejo" para las importaciones agrícolas.

Tras las elecciones del 17M, en las que Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, pasaron 23 días hasta que el PP andaluz inició los contactos con los ultras. El barón del PP insistió entonces en que Andalucía necesitaba un acuerdo "justo y razonable" y marcó distancias con algunas de las exigencias de Vox. Entre ellas figuraba precisamente la prioridad nacional, que sus compañeros de partido habían aceptado, pero que Moreno había tachado de mero eslogan político difícilmente compatible con el marco legislativo español. 

La evolución de las conversaciones refleja hasta qué punto el equilibrio de fuerzas ha cambiado tras las elecciones. Sin margen para buscar una abstención del PSOE o de las formaciones de izquierda, Moreno quedó políticamente obligado a entenderse con los 15 diputados de Vox. Tras una primera investidura fallida, el presidente andaluz ha acabado incorporando uno de los principales elementos más ideológicos del programa de Vox, además de incluirlos también en el Ejecutivo, pese a las dudas de algunas voces de la formación de Abascal, por la magnitud del presupuesto.

Moreno había intentado frenar la incorporación de Vox al Gobierno andaluz, tanto en campaña como después. El presidente andaluz construyó buena parte de su perfil político sobre una imagen de moderación diferenciada tanto del sanchismo como de la estrategia de confrontación de Vox. Su mayoría absoluta en 2022 reforzó precisamente ese relato, el de un dirigente capaz de gobernar sin depender de la extrema derecha, lo que le encumbró como una de las referencias del PP con un modelo diferente al de la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El pacto alcanzado este jueves rompe de manera definitiva esa narrativa. Andalucía dejará de ser la excepción dentro del mapa autonómico del PP para sumarse al modelo de gobiernos compartidos que ya existe en otras comunidades donde Vox ocupa consejerías. Y, aunque las conversaciones se han desarrollado formalmente entre las direcciones andaluzas de ambos partidos, la negociación siempre ha tenido una dimensión estatal. La dirección nacional del PP ha seguido muy de cerca las conversaciones por las implicaciones que tienen para la estrategia de Feijóo de cara a las próximas generales. 

También Vox ha negociado pensando en Madrid. La formación de Santiago Abascal quería evitar un acuerdo de mera investidura que reprodujera la situación de 2019 y aspiraba a consolidar un modelo de coalición semejante al de otros gobiernos autonómicos, donde su presencia en el Ejecutivo garantiza capacidad de influencia durante toda la legislatura.

Vox aspiraba a controlar departamentos con peso político —especialmente Agricultura, además de áreas sociales y culturales— y reclamaba una vicepresidencia, como finalmente ha ocurrido. Aunque no consigue Agricultura, Gavira sí tendrá competencias en diferentes materias clave. El PP intentó limitar tanto el número de consejerías como el contenido de las competencias, consciente de que determinadas áreas tienen una elevada sensibilidad económica y política en Andalucía.

Más allá del reparto de sillones, el acuerdo supone un cambio de paradigma para el PP. El pacto andaluz refuerza la normalización de las coaliciones PP-Vox en las principales instituciones territoriales y convierte a Andalucía —la comunidad más poblada del país— en el mayor escaparate de esa fórmula. El mismo Moreno que quería preservar la imagen de “gestor moderado” que ha cultivado durante dos legislaturas, compartirá gobierno con una formación que ha convertido la inmigración, la "prioridad nacional" y la confrontación cultural en algunos de sus principales ejes políticos.

Una de las principales bazas electorales de Juan Manuel Moreno es la misma que emplea su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo: la presunción de haber bajado los impuestos y la promesa de bajarlos aún más. Veremos que ni una cosa ni la otra son como ellos las pintan, pero vayamos por partes. 

Por un lado, se trata de una cuestión clave desde el punto de vista ideológico: las derechas, los liberales –sean ordo, neo, ultra o simplemente liberales sin prefijos o apellidos– no se cansan de insistir en que hay que quitar recursos al Estado para "ponerlos en el bolsillo de los ciudadanos". Y siguen defendiendo la famosa Curva de Laffer, esa que sostiene que cuanto más bajan los impuestos más sube la recaudación. Algún día (ya debería haber ocurrido) esa curva será considerada tan fiable como la teoría terraplanista (ver aquí), pero ya se sabe que hay gente impermeable a la realidad y, sobre todo, mucho interesado en seguir vendiendo crecepelos.

Vayamos a los datos: sólo por la rebaja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Andalucía ha dejado de ingresar en los últimos tres años 204,79 millones de euros, una media de 68,26 cada año (ver aquí). Y además, esa rebaja ha beneficiado fundamentalmente a las rentas más altas, aquellas que heredan "más de un millón de euros" (ver aquí). Fuera caretas: hay quien representa los intereses de quienes no llegan a fin de mes y quienes se esfuerzan en evitar la más mínima "molestia" a quienes viven de las rentas o reciben herencias millonarias. Suelen ser estos los mismos que defienden con uñas y dientes la "meritocracia" (ver aquí). 

Si uno sigue creyendo que la Tierra es plana, puede perfectamente seguir confiando en la ya desmentida Curva de Laffer: eso de que bajando impuestos aumenta la recaudación sólo se produce en situaciones muy (pero que muy) singulares, porque influyen otros muchos factores en el resultado real de la medida. Por ceñirnos a Andalucía, incluso en referencia a las rebajas en el IRPF (mucho más beneficiosas para quienes más ganan), ¿cuánto se podría/debería haber recaudado en un ciclo económico de crecimiento o sólidamente fortalecido por las transferencias milmillonarias desde el Gobierno de Estado y desde la Unión Europea? ¿Cuánto o cómo influye esa rebaja de impuestos en el hecho de que Andalucía siga estando a la cola de España en inversión por alumno en la educación pública o en gasto sanitario por habitante?

Debería ser sencillo ponerse de acuerdo en que la mejor fórmula para sostener un Estado del bienestar es una fiscalidad justa y progresiva (como mandata, por cierto, el artículo 31 de la Constitución). Pero no, una parte considerable de la población sigue comprando el crecepelo de esas presuntas "bajadas de impuestos" que favorecen sobre todo a quienes menos impuestos pagan y que, en el caso de comunidades autónomas como Andalucía, Galicia o Madrid, claramente reducen la recaudación y debilitan los servicios públicos (ver aquí). 

Voten, por mucho calor que haga, y no permitan que les engañen: repasen y contrasten los datos antes de votar. 

(Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Abusamos de los análisis políticos en clave estatal/centralista y también de los que focalizan las comparaciones en el nivel autonómico. Sería muy interesante observar con más detenimiento la evolución comparada entre grandes ciudades de la misma o de diferentes comunidades. Probablemente esa mirada nos aportaría visiones más concretas, realistas y cercanas de lo que (nos) pasa (ver aquí ejemplo). Y lo mismo ocurre con el seguimiento de los procesos económicos, demográficos, industriales o de servicios entre provincias de una sola comunidad. 

En el caso de Andalucía, los datos demográficos indican un claro desequilibrio entre la costa y el interior, cuyo origen es anterior a la llegada de las derechas al poder, pero que se ha seguido acentuando desde 2018. Jaén ha perdido casi el 6,5% de su población en los últimos diez años, y es la única provincia andaluza más envejecida que el conjunto de España. Según las últimas estadísticas oficiales, Jaén y Córdoba son las que pierden habitantes durante la última legislatura en la comunidad más poblada de todo el Estado, mientras ganan población las otras seis provincias andaluzas. La España de las sombrillas se impone a la de los olivos.

Frente a la imagen tópica de una Andalucía eminentemente rural, los datos actualizados del INE que Ángel Munárriz aporta en estas mismas páginas indican que es una comunidad fundamentalmente urbana, en la que crece el peso de las poblaciones entre los 50.000 y los 100.000 habitantes, lugares donde, por cierto, las derechas de PP y Vox se muestran especialmente fuertes.

A juzgar por los indicios en clave netamente política, el otro eje de cambio que se viene produciendo desde 2018 afecta a la vieja rivalidad entre las dos principales ciudades de Andalucía: Sevilla y Málaga. Como este mismo miércoles apuntaba Enric Juliana (ver aquí), múltiples indicadores señalan que la segunda está tomando el relevo a la primera como "centro de gravedad" o motor del poder andaluz. Tanto Juanma Moreno como su mano derecha, Elías Bendodo, y los principales nombres del equipo que dirige el PP, proceden de las Nuevas Generaciones malagueñas, y el apoyo a los proyectos económicos, tecnológicos y turísticos ubicados en Málaga es notorio. 

Eso sí, entre las variadas fake news que se han escuchado en campaña en boca de Juanma Moreno, una de las más repetidas es la de que el crecimiento demográfico de Andalucía se debe a su "bajada de impuestos". Como veremos en el siguiente capítulo de esta serie, la rebaja fiscal no es para nada como la pinta la derecha, pero además el crecimiento demográfico tampoco tiene relación alguna con ella. De hecho esa curva ascendía ya cuando las grandes fortunas andaluzas se trasladaban a Madrid aprovechando las facilidades exclusivas para ricos de las administraciones del PP.

(Mañana analizaremos los números sobre economía, empresa y fiscalidad. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Escribió José Saramago: “Si tú no emigraste, emigró tu padre, y si tu padre no necesitó mudar de sitio fue porque tu abuelo, antes que él, no tuvo otro remedio que irse, cargando la vida sobre las espaldas, en busca del pan que su tierra le negaba”. Ya sé que es bobada explicar el fenómeno de las migraciones como puro y fundamental derecho humano, el que consiste en huir del hambre, de la guerra, de la desertización o simplemente en buscar una vida mejor para uno mismo o su familia. Cabe a estas alturas preguntarse: ¿estos señoros de Vox, o sus parientes heridos del PP, se creen pura sangre? ¿En serio suponen que ninguno de sus ancestros lleva genes judíos o árabes? Para su información, les comunico que según un estudio genético elaborado por científicos de la Universidad de Leicester y la Pompeu Fabra, uno de cada tres españoles tiene marcadores genéticos de Oriente Medio o del Magreb (ver aquí).

Podríamos aceptar esta realidad científica e histórica sin mayor problema, pero hay quienes prefieren negarla, distorsionarla o despreciarla, todo sea por apropiarse de una identidad excluyente y además racista con fines descaradamente electoralistas. No les basta con presumir de ser los "más y únicos y mucho españoles" (con permiso de Rajoy), sino que se esfuerzan en distinguir la inmigración blanca, rubia, pelirroja o simplemente europea de toda tez morena que huela a pobreza. 

No se me ocurre otra explicación al observar los datos oficiales contrastados y el discurso que ha ido calando en un porcentaje importante de la ciudadanía andaluza. Sólo un 6,26% de la población de esta comunidad ha inmigrado desde fuera de la Unión Europea, lo que supone dos puntos menos que en el conjunto de España. Sin embargo, el PP, empujado por el discurso xenófobo y nacionalpopulista de Vox, ha asumido una supuesta realidad paralela (a la estela de Trump) en la que se diría que estamos "invadidos" por millones de inmigrantes dispuestos a "robarnos" el trabajo y a "disfrutar" de las ventajas de nuestro (supuestamente sólido) Estado del bienestar.

Esto es simple y llanamente falso. Mienten Olona y Abascal y se pone hipócritamente de perfil Juanma Moreno. Los tres saben que la inmigración no sólo no es un problema en Andalucía, sino que, desde 2018 a 2021, la que ha arribado a las costas andaluzas se ha reducido en un 76%, por muy variados factores que poco o nada tienen que ver con las políticas del gobierno andaluz sobre tan trascendente asunto, entre otras razones porque la gestión de la inmigración es competencia del Gobierno central (ver aquí).

Aspirar a que las derechas asuman el respeto al otro sea del color, nacionalidad o religión que sea es probablemente mucho pedir a estas alturas de este incierto y acelerado siglo. Pero quienes tienen aún el poder de vigilar a quienes manejan el poder real conviene que no se dejen engañar: los mismos que consideran insostenibles las pensiones públicas se esfuerzan en cerrar las puertas de entrada a quienes necesitamos urgentemente para sostener ese mismo sistema. Y si además leyeran a Saramago, quizás supieran que permitir centenares de muertes cada año en ese mar que separa la pobreza del presunto bienestar es simplemente un crimen de lesa humanidad. Lástima que no atiendan al más urgente 'efecto llamada'.

(Mañana analizaremos los números sobre políticas demográficas, lo urbano y lo rural. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Hoy toca analizar los datos de la gestión del gobierno andaluz en políticas de igualdad. Lo cual es directamente un oxímoron, un absurdo, una entelequia, una contradicción de principio. ¿Qué políticas de igualdad pueden impulsar quienes niegan que exista la violencia machista, o la brecha salarial entre hombres y mujeres o el derecho fundamental de la mujer a decidir la interrupción de su embarazo? Me dirán que no es todo eso exactamente lo que defiende el PP andaluz. Y a uno le entran ganas de tirar de textos sagrados: por sus obras los conoceréis.

Sólo unos meses después de tomar posesión el gobierno de coalición de Moreno con Ciudadanos, pudo comprobarse la influencia decisiva de Vox contra cualquier tentativa de practicar algo lejanamente coherente con la existencia misma de la llamada Consejería de Igualdad. De una tacada, se creó un teléfono de atención a la "violencia intrafamiliar" (instrumento que por cierto ya existía, como legalmente existe la persecución de ese tipo de violencia), se retiraron ayudas a organizaciones feministas y se criminalizó incluso el lenguaje inclusivo (ver aquí). Conviene no olvidar que el líder de Vox en Andalucía era un individuo, juez para más señas, autor intelectual de esa cosa de los "chiringuitos", que tiene pendiente aclarar en los tribunales qué hizo con 2,4 millones de euros de dinero público (ver aquí).

De modo que a estas alturas no puede sorprender que los mismos que proclamaban su prioridad de acabar con las ayudas públicas a lo que ellos denominaban "chiringuitos" (ONG's o asociaciones dedicadas a atender a mujeres maltratadas, por ejemplo) hayan dedicado 1 millón de euros al año a inyectar recursos a asociaciones antiabortistas, esas que, entre otras actividades, se ocupan de acosar directamente a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo a las clínicas donde legalmente se realizan abortos. Menos mal que ya ha entrado en vigor la reforma del Código Penal que castiga ese acoso, con el voto en contra (por supuesto) de PP y Vox (ver aquí).

Los números en política no son casi nunca ajenos a la ideología, ni se producen aislados, sin relación con otras cifras que confirmen las mismas ideas. Así que tampoco puede extrañar que en Andalucía el 99,89% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en la red sanitaria privada, un porcentaje muy superior a la media nacional, ya suficientemente vergonzosa (84,5%%).

Por mucho que se pretenda disfrazar de "moderado" el discurso de Feijóo o de Moreno, lo cierto es que no hay forma de que proclamen de una vez por todas que el feminismo consiste en la lucha por la igualdad de derechos de la mujer y el hombre, o que asuman que la mujer soporta un tipo de violencia (machista) por el simple hecho de ser mujer. No lo dicen claramente ni lo asumen porque practican aquella picaresca del Lazarillo ("maldita la gota que se desperdicie"), y consideran que cediendo o incluso negando la igualdad van a obtener votos de sus hijos pródigos, los que se han echado al monte de Vox sin ningún complejo.

Pero la realidad es tozuda: el teléfono para atender la violencia intrafamiliar recibe dos llamadas al día, frente a las 108 diarias que atiende el teléfono contra la violencia machista en Andalucía. Ganarán (quizás) pero no convencerán.

(Mañana analizaremos los números sobre políticas de Migración. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Si se trata de las cosas del comer —es decir de economía, empleo o desempleo, riqueza o pobreza, renta por habitante o pérdida de tejido industrial—, el presidente andaluz y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno Bonilla, tira del manual que ya usaron en su día sus ancestros Aznar o Rajoy a nivel estatal: cualquier dato mínimamente positivo se convierte en "milagro" gracias a su gestión, mientras el cúmulo de parámetros negativos o que indican un claro estancamiento es adjudicado sin matices a la "herencia recibida" de los gobiernos socialistas. Este mismo domingo se comprueba en las entrevistas concedidas (ver aquí un ejemplo).

Lo cierto es que Andalucía era y es la segunda por la cola en PIB per cápita, con 17.747 euros, según los datos oficiales de 2020 (última estadística que permite comparar y comprobar que esa riqueza por habitante no llega al 75% de la media nacional). También era la segunda comunidad con más desempleo cuando Moreno entró en San Telmo... y lo sigue siendo. Ocho de las diez ciudades con más paro de España son andaluzas, y andaluces son 12 de los 15 municipios más pobres de todo el Estado (ver aquí la radiografía económico-social que recoge nuestro compañero Ángel Munárriz). 

No. No ha habido "milagro económico" andaluz. Incluso la ya secular pérdida de tejido industrial en la comunidad ha ido a peor: el paro en ese sector se ha reducido más de ocho puntos a nivel nacional, mientras al sur de Despeñaperros ha subido más de un 13%. 

En esta esfera capital de la gestión de gobierno ni siquiera puede aducir Moreno las obligaciones que impone gobernar en minoría, negociando las cuentas y prioridades con Ciudadanos y con Vox. Del mismo modo que se han visibilizado algunas diferencias o matices de discurso en otros ámbitos, se desconoce discrepancia alguna en las derechas cuando se trata de políticas económicas y fiscales: comparten y ejecutan los mandamientos de la biblia neoliberal. 

(Mañana analizaremos los números sobre políticas de Igualdad. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Solía repetir Nelson Mandela que la educación es "el arma más poderosa para cambiar el mundo". Otra cuestión es de qué modo se utilice, o en qué dirección se pretenda "cambiar" o "frenar los cambios" en el mundo, sea el global o el más cercano. Si hay un parámetro que mide el interés por invertir en la educación como motor de progreso, es el del gasto por alumno en la escuela pública. En el caso de Andalucía, según la última estadística oficial (la de 2019) asciende a 4.803 euros. En esto no se le puede reprochar a Juanma Moreno el peor dato del conjunto de las comunidades de España, porque ese nefasto privilegio lo ostenta su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso, con 4.401 euros por alumno en Madrid, pero son en cualquier caso casi 600 euros menos que la media del Estado. Donde sí ocupa Andalucía la peor posición es en abandono escolar (ver aquí), y este dato es también clave para entender el secular atraso socioeconómico andaluz.

Ya apuntamos cuando tocaba analizar los números de Ayuso en Educación (ver aquí) que la comunidad más rica de España en términos de PIB lleva más de 25 años de gobiernos conservadores volcados en una política educativa consistente en desviar el máximo de recursos públicos a la "concertada", es decir, contemplando la educación como negocio en el que obtienen máximo rendimiento la Iglesia católica y sus organizaciones religiosas, además de empresarios afines al PP. Andalucía tuvo gobiernos del PSOE durante casi cuatro décadas, de modo que ni en lo bueno ni en lo malo se puede considerar que cuatro años escasos de Ejecutivo conservador (coalición PP-Ciudadanos con apoyo externo de Vox) sean los causantes de las grandes lagunas que afronta una de las comunidades más pobres de España. Lo que sí puede ya observarse es la tendencia. Y, del mismo modo que ya hemos comprobado que el modelo sanitario de privatización y conciertos es compartido por Moreno y Ayuso, conviene destacar que el porcentaje de gasto público dedicado a conciertos educativos se ha incrementado en Andalucía desde 2018 más de un 6%.

Ahora que tan encendidos debates se abren sobre la meritocracia, repasando los datos que aporta Ángel Munárriz hoy mismo en infoLibre, caben pocas dudas sobre la estrecha relación entre origen social y resultados educativos, o entre pobreza y ratios de abandono escolar, repetición de cursos o nivel de formación de la población.

Si se cumplen los vaticinios demoscópicos y Moreno gobierna de la mano de Vox, menos dudas caben aún de que la inversión por alumno en la pública seguirá en la cola compitiendo con Madrid. Eso sí, dedicarán sonoros discursos a denunciar el "adoctrinamiento" en las aulas de un profesorado (socialcomunista, claro) dispuesto a enseñar igualdad, memoria democrática o simplemente respeto al otro. Esa arriesgada manía de intentar "cambiar el mundo". 

(Mañana analizaremos los números sobre Economía y empleo. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

No tienen la culpa (obviamente) el PP ni Juanma Moreno de gobernar una de las zonas del sur de Europa más afectadas por la cruda realidad del cambio climático. Sí tienen su justa proporción de responsabilidad en la resistencia a asumir que la lucha por el clima debe ser una prioridad absoluta de cualquier gobierno mínimamente riguroso y sensible con los intereses de la ciudadanía.

Hoy toca analizar la gestión que desde 2018 ha encabezado Moreno en lo respectivo a medio ambiente (ver aquí), y el dato que destacamos provoca fiebre: el 21% del territorio andaluz corre un riesgo alto de desertificación, según los registros oficiales españoles y europeos. Y no se debe sólo al cambio climático, sino también a la conversión de cultivos de secano en regadío sin ningún control. Algo muy coherente con los programas ideológicos neoliberales. Lo prioritario es el corto plazo, el negocio o la rentabilidad inmediata. Importa menos que la consecuencia sea a medio plazo permitir o facilitar la transformación de un vergel en un desierto. Falta agua en Andalucía, y va a faltar mucha más en muy poco tiempo.

Moreno y su partido no han colocado como objetivo prioritario evitar ese altísimo y documentado riesgo. Pero, lo que es peor, están dispuestos a gobernar (y esa es la posibilidad más firme que contemplan las encuestas) de la mano de Vox, un partido directamente negacionista del cambio climático (y de tantas cosas más) que en su programa sobre medio ambiente lo único que contempla como objetivo básico es defender la caza y los toros, y (además) “poner freno” a lo que considera “ecologismo radical” (ver aquí). Con amigos o socios así, no hace falta oposición.

Hacerse selfies con vacas garantiza clicks y likes. Lo que no garantiza es el agua que precisan ganadería y agricultura. El cambio climático es una certeza científica y una amenaza económica y social. Despreciarlo o ignorarlo es una irresponsabilidad de gobernantes y votantes.

(Mañana analizaremos los números sobre Educación. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Hace poco más de un año, con motivo de la campaña electoral para los comicios autonómicos adelantados en Madrid, abordamos en infoLibre una serie de informaciones y análisis diarios sobre la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Desde hoy nos proponemos el mismo ejercicio con la que ha capitaneado en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla desde que llegó al palacio de San Telmo en coalición con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, después de cuatro décadas de ejecutivos socialistas en Andalucía. Aunque corran tiempos acelerados, en los que parecen influir más las emociones, los latigazos en Twitter o las imágenes más o menos forzadas de Instagram, seguimos considerando conveniente –incluso imprescindible para la higiene democrática– acudir a las urnas con un conocimiento riguroso de lo que cada cual ha demostrado y hasta qué punto son fiables sus promesas. Uno es libre, obviamente, de votar luego guiado por otros motivos, al margen de la realidad o de sus propios intereses cívicos, personales o colectivos. Pero al menos procede no votar desde el desprecio a los datos.

Y empezaremos sobre Andalucía por el mismo punto en que iniciamos en su día la radiografía de la gestión de Ayuso en Madrid. Si hay una cifra que retrata la apuesta por la solidez del Estado del bienestar y por la aspiración a la felicidad ciudadana es la del gasto sanitario público por habitante. Según la estadística oficial de 2020, último ejercicio que permite hacer comparaciones entre datos homogéneos, Andalucía está a la cola de España, con 1.398 euros, unos 240 por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas. Podría aducirse que ya era la última en ese ránking en ejercicios anteriores, pero entonces también habrá que contemplar el hecho de que la promesa de incrementar la inversión y acabar con las listas de espera fue uno de los mimbres de la campaña que llevó al poder a Moreno Bonilla en 2018. Como también procede recordar que 2020 fue precisamente el peor año del covid, y en el que más recursos públicos del Estado recibieron las comunidades autónomas para reforzar la sanidad.

Los números de una gestión política suelen ser reflejo directo de apuestas ideológicas, de una selección de prioridades. Y no deja de resultar curioso (que no sorprendente) el hecho de que uno de los barones de perfil más moderado en el PP como Moreno Bonilla y la baronesa más orgullosamente ultra del partido, Díaz Ayuso, coincidan en el manejo que hacen de los recursos públicos: ambos gastan (invierten, mejor dicho) lo mínimo posible en atención sanitaria pública al tiempo que incrementan el gasto en conciertos, para alegría de quienes hacen negocio con la gestión privatizada de la sanidad. Que el número de pacientes derivados en Andalucía a centros privados para aliviar las listas de espera ascendiera en 2021 a 858.529 personas (en torno a ¡un 10% de la población!) debería clamar al cielo, o al menos servir para hacerse una idea de lo que puede ser el infierno en términos de salud pública.

(Mañana analizaremos los números sobre medio ambiente y lucha climática).