La carta de Pedro Sánchez ha abierto un buen puñado de interrogantes. También de debates. Entre ellos, el que gira en torno al uso de la mentira con fines políticos. No de la mentira aislada, puntual, fruto de un apuro, de una debilidad. Sino de la mentira sistemática, orquestada, instrumental.

He aquí la historia de una mentira sistemática. Una mentira de éxito, además. Una mentira que nos obliga a mirar más de un año atrás. Una mentira que nos ayuda a entender el presente.

El 28 de mayo de 2023 se celebraron en España elecciones autonómicas y municipales. Aquella era una convocatoria de especial relevancia dado que, además de servir para el reparto de un enorme poder territorial, se presentaba como la antesala de unas generales que, entonces, se esperaban para final de año. La derecha acudía con un objetivo: que los comicios dieran al traste con la XIV legislatura, aquella en la que se había conformado el primer gobierno de coalición progresista en ochenta años; aquella, también, que se topó con la pandemia de coronavirus, la guerra en Ucrania y un sinfín de hechos inusuales.

Esta cita electoral, el 28M, se vería marcada por la misma tónica que toda la legislatura: lo inusual.

Mientras los partidos de la izquierda se presentaban haciendo valer el programa de reformas sociales que habían puesto en marcha desde el Gobierno central, PP y Vox optaron por una campaña destructiva para que los asuntos municipales y autonómicos quedaran ensombrecidos bajo el “que te vote Txapote” y una cascada de infundios con el único objetivo de embarrar el debate y deslegitimar a Pedro Sánchez. Este plebiscito envenenado sobre el presidente otorgó a las derechas el éxito que esperaban, al hacerse con una buena parte del poder territorial.

La mayoría de analistas y encuestas habían pronosticado unas elecciones reñidas que iban a estar al borde del empate técnico. Y pese a la sensación de victoria abrumadora de la derecha, lo cierto es que fueron unos comicios decantados por un puñado de votos que inclinaron la balanza en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Es decir, la movilización del electorado conservador en el último momento fue clave en una victoria que provocó además un adelanto de las generales al 23 de julio y la extendida sensación de que la llegada a Moncloa de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal parecía sentenciada.

¿Hubo algún suceso extraño que favoreciera aquella decisiva movilización de los votantes derechistas, o que provocara un mayor desencanto en las izquierdas?

En los dos días finales de la campaña, el jueves 25 de mayo y el viernes 26, justo antes de la jornada de reflexión, las portadas de los periódicos y los informativos dieron gran importancia a varios casos de supuesta compra de votos. Uno de ellos, en Melilla, afectaba a un partido local. El otro, en Mojácar (Almería), al PSOE. El resto, una decena larga de denuncias por todo el territorio, salpicaban también al PP. Casos aislados sin relevancia si son observados en el conjunto de una convocatoria a nivel nacional y que, sin embargo, a causa de la atención que se les otorgó en las escaletas televisivas, provocaron la impresión de que estábamos asistiendo a algún tipo de fraude generalizado.

¿Por qué algunos medios pondrían tanto interés en transmitir esta sensación?

Denuncias de compra de votos se han producido en todas las elecciones municipales desde hace décadas. Debido a su escasa o nula repercusión, a su carácter prácticamente anecdótico, nunca habían suscitado tanta atención. ¿Por qué esta vez el foco mediático las elevó a categoría de problema nacional, justo en los dos últimos días de campaña?

Este artículo trata de ofrecer claves para responder a esta pregunta, uniendo los puntos para obtener la imagen fiel de lo sucedido: una prolongada campaña de desinformación que hizo a la derecha concurrir dopada el 28M, ampliando el margen de su victoria, consiguiendo un inmenso poder institucional y despejando – creían muchos entonces– su camino hacia el triunfo en las generales.

Jueves 23 de junio de 2022. Junta general de accionistas de Indra Sistemas, la multinacional española que opera en diversos campos como seguridad, defensa y telecomunicaciones, cotizada en el IBEX 35 y una de las cien empresas más importantes del mundo en este ámbito. La compañía se encuentra en un proceso de transición que comenzó un año antes con el nombramiento de un nuevo presidente, Marc Murtra, quien sin embargo se encuentra en una situación peculiar al carecer de poderes ejecutivos. Su primer accionista, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), 100% pública, decide en esa junta –23 de junio– destituir a cinco consejeros para asignar al nuevo presidente el mismo poder que tuvieron sus antecesores. A la operación se suman el fondo Amber Capital y SAPA, empresa vasca también centrada en la defensa.

El movimiento es parte de lo ya conocido. Los gobiernos nombran directivos de su confianza en aquellas empresas con participación pública. Así lo hizo Mariano Rajoy en 2015, cuando sustituyó en la presidencia de Indra a Javier Monzón por Fernando Abril Martorell. En aquel momento, la prensa de derechas elogió el cambio y el propio ministro de Defensa, Pedro Morenés, admitió incluso en Expansión que el Ejecutivo había explicado a la compañía “cuál era el proyecto” a seguir.

Por contra, en 2022, con el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno, Expansión habla de “golpe de mano” y El Mundo califica el cambio de “impúdico asalto de Moncloa a Indra”. Un doble rasero que explica cómo entiende la derecha a este país: un cortijo con unos únicos capataces.

A pesar de la dureza y parcialidad de las piezas, en la prensa de derechas siempre queda la posibilidad de ir mas allá. The Objective habla, unos días antes de la junta de accionistas, en estos términos: “Las razones de Sánchez para controlar Indra: Defensa, ciberseguridad y el recuento de votos”. Este titular empieza a armar el esqueleto de la mentira. Porque Indra no cuenta los votos de nuestras elecciones, sino los ciudadanos elegidos por sorteo. Es más, el propio cuerpo de la noticia desmiente al encabezado y aclara cuáles son las tareas encargadas a Indra por el Estado, como administrar el “sistema de gestión y difusión del escrutinio”. Pero la bola ya esta echada a rodar.

Desconocemos si Esteban González Pons, vicesecretario del PP, es lector de The Objective. Lo que sí sabemos es que unos días mas tarde, el 27 de junio de 2022, usa la misma argumentación del tabloide amarillo en una rueda de prensa en la que desliza que Sánchez quiere controlar Indra para influir en los comicios: “Tras las elecciones andaluzas, se ha lanzado al control de Indra, al control del Tribunal Constitucional y al control del INE. En cuatro días, Indra, el TC y el INE. ¿Por qué? Porque ha perdido las elecciones en Andalucía. El presidente Sánchez no sabe perder [...]. Mire, el CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo, e Indra cuenta los votos”.

González Pons, tras lanzar tal disparate, se cuida de recular, aunque sólo a medias: “Nosotros confiamos plenamente en los profesionales de estas tres instituciones y creemos que nuestro sistema electoral es serio, que merece respeto y que se puede confiar a ojos cerrados en él, pero no en la voluntad de Sánchez cuando busca controlar el CIS, el INE e Indra”.

Ese mismo día, el canal ultraderechista EDA TV recoge el guante, ofreciendo un mensaje sin matices en una tertulia que titula así: “¿Prepara Sánchez un pucherazo con Indra y el INE?”.

Observamos algo que se repetirá en toda esta historia y que es esencial para entender cómo se tramó el bulo del pucherazo: la connivencia argumental entre el PP y el aparato de las tormentas de los ultras.

Un día después, el martes 28 de junio, Cuca Gamarra, entonces portavoz del PP en el Congreso, abunda en la misma línea de González Pons al atribuir a Indra "una labor importante en lo que tiene que ver con los procesos electorales". Añade: "Y el Gobierno debe dar explicaciones de por qué da estos pasos y cambia a los consejeros independientes. Porque la duda está sin duda ahí”. Tras estas declaraciones, ya no cabe duda: no se ha tratado de un desliz de Pons, sino de una táctica calculada por el PP, que pretende asentar la idea de que Sánchez busca manipular las elecciones.

Esto no ha hecho más que empezar.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que el escrutinio de cualquier votación lo llevan a cabo ciudadanos elegidos por sorteo, a los que se suman apoderados de todos los partidos, que vigilan el proceso. El presidente y los vocales de cada mesa entregan el acta de escrutinio al juzgado de primera instancia correspondiente en presencia de la policía, que custodia toda la operación. También los partidos reciben una copia de estas actas, que son las que recogen el resultado de cada mesa, exponiéndose una copia pública en todos los locales electorales.

El juzgado recibe las actas de su zona y se las entrega a la Junta Electoral Central, compuesta por magistrados del Supremo, que es la encargada de realizar el escrutinio de las elecciones tres días después de la jornada de votación. Ninguna empresa interviene en todo el proceso, por lo que no es posible, debido a la gran cantidad de actores implicados, que se produzca una alteración del resultado general.

Indra, o cualquier otra empresa dedicada a la gestión de informacion, participa en las elecciones centralizando esta gran cantidad de datos para que los medios, o cualquier ciudadano con conexión a internet, pueda acceder a la evolución del escrutinio en tiempo real. De esta forma, apenas tres o cuatro horas después de que hayan cerrado los colegios, todos conocemos cuáles han sido los resultados de manera fiable. Ninguna institución internacional ha mostrado dudas sobre la limpieza de los procesos electorales en España, que la Organizacion para la Seguridad y Cooperación Europea lleva certificando desde el año 2004.

Nada de eso impidió que Feijóo declarara con toda la intención a finales de junio de 2022: "Algo se esta moviendo en Indra y algo debería preocupar a los españoles de buena fe”.

Vivimos una época cargada de suspicacia. A raíz de la Gran Recesión de 2008, instituciones y consensos tradicionales perdieron su reputación. Lo que primero fue una crisis económica pasó a ser una crisis de legitimidad que afectó entre otros a los medios de comunicacion y a las instancias oficiales que fueron incapaces de proporcionarnos seguridad y confianza. Esta situación de inestabilidad valió para que en la primera mitad de la pasada década hubiera un cuestionamiento crítico de aquellos actores que habían sido parte de la crisis financiera, tomando las redes sociales como foros de expresión de la indignación.

Aquel furor iconoclasta de “lo nuevo frente a lo viejo” fue capaz, por un breve lapso de tiempo, de señalar todo lo que había fallado, pero no de articular una nueva estructura que lo sustituyera, tampoco en lo comunicativo. Así, muchos dejaron de confiar en medios e instituciones, pasando su papel a ser reemplazado por la aparente cercanía de los servicios de mensajería y las redes sociales. La oportunidad estaba servida para quien la supiera aprovechar. Los ultras no tardaron en sumar a sus técnicas de manipulación toda la potencia de lo digital, surfeando la ola de la suspicacia con una envidiable agilidad, lo que les reportó sus primeras victorias con Trump y el brexit.

La desconfianza hacia nuestro sistema electoral ya había aparecido en las elecciones del 26 de junio de 2016. Si recuerdan, en menos de un año acudimos a las urnas dos veces, en diciembre de 2015 y en la citada ocasión. Las izquierdas fueron incapaces de acordar un gobierno, pese a haber contado en dos ocasiones con números para lograrlo: más de diez millones de votos y una mayoría por encima de los 155 escaños. Tampoco Ciudadanos logró llegar a un acuerdo con Sánchez. Sólo la destitución de este como secretario general del PSOE, en octubre de 2016, generó las condiciones para que los socialistas entregaran el poder a un Rajoy acosado ya entonces por la corrupción.

En aquella repetición electoral de 2016 se constituyó Unidos Podemos, la coalición del partido morado con Izquierda Unida y otros partidos progresistas territoriales. Pablo Iglesias, en los últimos días de la campaña, aludió al peligro que entrañaba tener como ministro del Interior a Jorge Fernández Díaz, uno de los líderes de las cloacas, como supimos después por la operación Kitchen. La nueva coalición no valió para mejorar el resultado de 2015, al no sumar automáticamente el millón de votos que había obtenido IU en diciembre. Esto provocó que en Twitter, aquella noche electoral, surgieran dudas en algunos votantes de izquierda acerca de la limpieza de los comicios.

¿Cual fue la actitud de los dirigentes de Podemos frente a los rumores de fraude? Negar la mayor. Un ejemplo es la publicación de este tuit de Ramón Espinar:

Toda la prensa defendió la limpieza de los comicios, explicando que el papel de Indra pasaba sólo por la centralización de los datos con un fin informativo. Paradójicamente, El Mundo mostró entonces un especial interés en despejar dudas, publicando varios artículos donde explicaba que para que se pudiera dar un fraude “sería necesaria la mala fe de cientos, o incluso miles, de interventores de mesa que, conchabados con los observadores de los partidos, proporcionasen un resultado adulterado”.

Volviendo a nuestro pasado inmediato, vimos cómo el PP, en junio de 2022, asentó el relato de que Pedro Sánchez estaba llevando a cabo un “asalto institucional” para controlar Indra, Correos y el CIS y de esta manera influir de una u otra forma en los resultados electorales. ¿Cómo evolucionó este infundio en los meses posteriores? Un artículo de Alfonso Ussía, publicado en El Debate el 1 de enero de 2023, muestra en qué estaba derivando este despropósito: “Actuarán así hasta las elecciones, y si el proceso del fraude electoral se cumple, seguirán gobernando hasta destrozar el mapa de España, culminar el golpe de Estado contra la Constitución vigente, y proclamar la Tercera República Española en lo que quede de España. No es Sánchez el enemigo a batir. Es Indra. El resultado de las próximas elecciones no depende de las encuestas estúpidas del CIS de Tezanos, que se toman a risa y chacota incluso entre los suyos. Depende de la honestidad y decencia de Indra. ¿Para qué fue asaltado Indra? ¿Por qué fueron cesados los socios independientes? ¿Qué utilidad tiene la violación del organismo, hoy plenamente entregado al poder ejecutivo? Están obligados el PP y Vox a unirse en las sospechas, a unirse en las denuncias ante los españoles y la Unión Europea de la más que probable manipulación de los resultados electorales”.

Periodista Digital, el pasquín ultra de Alfonso Rojo, no se quedaba atrás, publicando piezas con titulares como “Suenan las alarmas: Sánchez podría utilizar al CIS e Indra para ‘reventar’ las elecciones y quedarse en Moncloa”, donde se hacía eco de comentarios en redes de Juan Carlos Girauta, hoy flamante fichaje de Vox, entonces un exdiputado de Ciudadanos: “Dados los síntomas autocráticos y la grosera manipulación del CIS, es especialmente preocupante la entrada del presidente de Prisa (el extraño amigo de Sánchez) en Indra. La empresa encargada de los recuentos tiene mil formas de reventar unas elecciones, incluso sin pucherazo”.

Las cuentas ultras en redes sociales, con canales de Telegram o Youtube, no tenían más que ir amplificando el relato iniciado por el PP de una manera cada vez mas burda pero no por ello menos efectiva. Los comentarios de cualquiera de los vídeos que circulaban en febrero de 2023 permiten entender la magnitud que estaba tomando el bulo: “Tendríamos que salir todos los españoles a la calle a echar a este gobierno traidor”. “El CIS apunta, INDRA dispara y Correos pega el tiro de gracia”. “Está claro, pucherazo al canto, guerra civil y la volverán a perder”. ”Es importante que el Yunque haga lo que tenga que hacer por el bien de España”.

El 17 de mayo de 2023, ya en arena preelectoral, El Periódico publica un artículo donde se nos advierte de que “la Seguridad del Estado detecta una campaña de ataques a la credibilidad" del 28M mediante “la inoculación en todo tipo de canales de internet de tergiversaciones y supuestas noticias que siembren dudas sobre la limpieza de los comicios". "Las fuerzas implicadas en este monitoreo tratan el caso como una oleada de desinformación organizada, y no espontánea”, añade la información. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) son los encargados de realizar la vigilancia del fenómeno, que alcanza su mayor intensidad a partir de abril.

Se detectan dos narrativas para llevar a cabo la desinformación. Una es sobre Indra, con la palabra "pucherazo" como “yunque de resonancia”; la otra es sobre la ampliación del censo electoral con inmigrantes o residentes en el extranjero. Los encargados de difundir estos mensajes, según los expertos policiales, son cuentas anónimas asociadas a la ultraderecha, el negacionismo climático y los antivacunas, pero también “espacios de Telegram de conocidos propagandistas de la extrema derecha, como Alvise Pérez”. Por otro lado, se nos advierte de que estas narrativas están ganando “eco en prensa convencional conservadora", consiguiendo así una "legitimidad prestada, una homologación profesional cross media, un logro para cualquier campaña de desinformación”.

El texto de El Periódico explica que para la seguridad del Estado son relevantes por su similitud los antecedentes de los asaltos al Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores de Trump o la revuelta en Brasil protagonizada por votantes del ultraderechista Jair Bolsonaro. Asimismo, hay un párrafo de excepcional interés donde se nos describe que: “Para alarma de los agentes que vigilan el fenómeno en previsión de alteraciones del orden en la calle, la campaña ha contado con el apoyo de alguna figura de la estructura del Estado. En línea no tanto con Vox como con insinuaciones del PP, el 18 de abril el fiscal y exmagistrado –hasta diciembre del 22– del Tribunal Constitucional Antonio Narváez denunció un deterioro de las instituciones por parte del presidente Pedro Sánchez".

El martes 2 de mayo de 2023, El País nos informa sobre una cena que ha tenido lugar un par de semanas antes, el martes 18 de abril, en el Hotel Claridge de Madrid. En ella Feijóo se ha dado cita con fiscales conservadores para empezar a tratar el desmantelamiento de las leyes del Gobierno progresista. Es decir, que ocho meses antes del final de 2023, lo que entonces se estimaba como fecha de las generales, el líder del PP se reúne de manera discreta con parte del poder judicial para empezar a preparar su llegada al poder. De esta reunión podemos deducir dos cosas: la prisa que tenían por llegar a la Moncloa y lo clara que parecían tener su victoria.

En esta cita se tratan multitud de temas, como Cataluña, el delito de sedición, la ley trans e incluso una “larvada” crisis que, al parecer, va a dar al traste con la economía española. Se emplea un lenguaje contundente contra el Gobierno, del que el líder popular afirma que ha ocupado “el Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CNI, el CIS”.

Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, afirma que existe una “perversión del procedimiento legislativo” que va “unida a una perversión de la institución”, preguntándose: “¿Cómo devolver el normal funcionamiento a la institución si se tiene la tentación de hacer lo mismo que hicieron ellos para reequilibrar, si caemos en el mismo procedimiento?”.

La sensación que queda tras leer las intervenciones de Feijóo y los fiscales conservadores es que aquello es mucho más que una cena donde el líder de un partido presenta su programa. ¿Y quién se destaca, además de los ya citados, en sus intervenciones? El mismo Antonio Narváez, exmagistrado del Constitucional, que unos meses antes ha sido el impulsor de la paralización de una votación del poder legislativo, un hecho inédito en la historia democrática española. También el hombre al que los servicios de seguridad citan en su informe sobre la campaña de desinformación contra las elecciones como alguien que la apoya desde dentro de “la estructura del Estado”. ¿De qué hablan Feijóo y Narváez en aquella cena?

Según El Pais, Narváez “llegó a expresar su deseo, a título personal, de que Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno”, poniendo "bajo sospecha los procesos electorales en los que interviene la empresa Indra”. Menos de un mes antes de las elecciones, el líder del PP es partícipe, junto a un exmagistrado del Constitucional, fiscal del Supremo, de una conversación donde el bulo del pucherazo se trata con absoluta normalidad. Todo está listo para el gran desenlace.

Tras estas páginas entendemos mejor el escenario que describimos al principio del artículo y por qué en los últimos días de la campaña determinados medios generalistas dieron tanta importancia a unos casos de compra de votos completamente anecdóticos. Durante un año se había sembrado con paciencia la semilla de la suspicacia contra nuestro sistema electoral. Para final de mayo ya sólo hacía falta tocar la campana para que el sujeto del experimento comenzara a salivar.

Lo que a muchos nos pasó desapercibido entonces es que parte del electorado de derechas había sido condicionado mediante sucesivos artículos en prensa, comentarios en plataformas digitales y declaraciones de sus líderes políticos en el sentido de que en España era posible un fraude masivo en el recuento del voto. Cualquier mención a algo que recordara, aunque fuera remotamente, a esta supuesta adulteración de nuestro sistema electoral actuaría como un silbato de perro, alertando a los destinatarios del mensaje con un sonido que sólo ellos parecían escuchar, lo que impedía al resto advertir lo ocurrido y darle la importancia que merecía.

¿Quién se encargó de soplar ese silbato? Jueves 25 de mayo de 2023. Dos últimos días de campaña. En el programa de Carlos Herrera en Cope, Antonio Naranjo abre su sección tirando la piedra y escondiendo la mano: “Melilla, Mojácar, Correos, Indra... La verdad es que suena un poco raro, pero hay que estar tranquilos con las elecciones. Hay que escuchar a los mejores tranquilizándonos a todos, los más creíbles, los que nunca dicen nada que no sea verdad, a Sánchez y a Bolaños juntos”. El Mundo titula su portada del viernes 26 de mayo de la siguiente manera: “La sucesión de escándalos trunca el final de campaña del PSOE”. ABC, el mismo día, dedica la primera página a este tema con un tono similar: “Sánchez calla ante el alud de escándalos de compra de votos que cercan al PSOE”. Vicente Vallés abre el informativo de Antena 3 del jueves 25 de mayo con esta alerta: “Se multiplican los casos de compra de votos a tres días de las elecciones. Este desaforado final de campaña ha situado al PSOE a la defensiva y con serias dificultades para que se hable de los asuntos que propone Pedro Sánchez en sus mítines”. Nadie podría haber resumido mejor en qué consistió todo aquello.

En aquel par de días, la sensación para cualquiera que se asomara a la actualidad era que en España estábamos a las puertas de un fraude a gran escala en las inminentes elecciones. Sobre todo si, además de estos medios, prestaba atención a los líderes políticos de la derecha. González Pons, quien había prendido la pólvora un año antes, acusó a Pedro Sánchez de ser partícipe de una “trama generalizada” de compra de votos. La cuestión no eran los casos aislados y residuales que se habían producido. La cuestión era que elevar esos casos a un problema nacional valió como detonante emocional para que brotara todo lo que se había sembrado en el año precedente.

¿Quién faltaba por sumarse a esta cuidada puesta en escena? Isabel Díaz Ayuso, que en un mitin el jueves 25 de mayo en Tres Cantos, en presencia de Feijóo, llamó “a votar masivamente para impedir que ninguna trampa retuerza la voluntad del pueblo español". Llama la atención que Ayuso hable continuamente de “traca final” y “ciclo final” del Gobierno progresista, pese a que en aquellas elecciones a quien se votaba era a los alcaldes y presidentes autonómicos, y pese a que los sondeos estimaban un empate técnico. Algunos parecían intuir que sus mentiras iban a precipitar algo mayor.

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en España, desde mediados de junio de 2022 hasta finales de mayo de 2023 se llevó a cabo una campaña de desinformación para desprestigiar nuestro sistema electoral, acusando al Gobierno en general y a Pedro Sánchez en particular de tramar un plan para manipular el resultado de los comicios del 28M. Esta campaña, a la que podemos llamar “el bulo del pucherazo”, no pasó desapercibida para los servicios de seguridad del Estado, que alertaron de la misma unas semanas antes de los comicios. Su principal objetivo era –además de atacar el prestigio del presidente y los partidos de izquierda y con ello confundir y desmovilizar a sus potenciales votantes– agitar al electorado de derechas para que acudiera a las urnas espoleado por el temor a un fraude, algo que, a tenor de los resultados, sucedió, precipitando la convocatoria de elecciones generales. Unas elecciones que, en principio, estaban de cara para la derecha.

De hecho, y aunque esa es otra historia, el bulo del pucherazo continuó hasta el 23 de julio y mas allá, esta vez contrarrestado por medios progresistas y verificadores de datos. Lo que entonces nos pareció un fenómeno que había empezado en las autonómicas se demostraba como una narrativa que se fue asentando en parte de la opinión publica de una manera concienzuda y prolongada durante un año. En todo caso, este bulo no fue producto –no tan sólo– de cuentas ultraderechistas en redes sociales, sino que medios de comunicacion convencionales y referentes del Partido Popular siguieron la misma línea, tomando el liderazgo en su difusión.

Desconocemos quiénes fueron los artífices primeros de esta campaña de desinformación “organizada, y no espontánea”, según el DSN y la Policía Nacional. Lo que sí podemos afirmar es que el Partido Popular –mediante dirigentes como González Pons, Cuca Gamarra o el propio Feijóo– abre la veda en junio de 2022, sugiriendo que el Gobierno asalta Indra y otros organismos con la intención de alterar el resultados de las elecciones. Respecto a los medios, se suman a esta inercia de manera gradual. Mientras que los generalistas conservadores informan con profusión de los casos aislados de compra de votos, dándoles una importancia nunca vista y atribuyéndoles un carácter homogéneo, las cabeceras de menor entidad afirman durante un año, con completa impunidad, que el Gobierno va a alterar el resultado de las urnas, sin aportar prueba alguna.

Todo lo visto en esta historia, protagonizada por quien sugiere y quien afirma, quien tergiversa y quien miente, consigue en conjunto crear un clima de conspiranoia que arrasa la lógica con la intención de inducir en una parte de la población la creencia de que la izquierda podía cometer un fraude en las elecciones, asegurándose de esta manera la deslegitimación de una posible victoria progresista, que se acabó dando en julio. En España no vimos un asalto al Congreso como en Washington o Brasilia, pero sí, en las semanas previas a la investidura, aquello que se llamó “noviembre nacional”, con manifestaciones frente a las sedes del PSOE y el propio Parlamento que en Ferraz se volvieron violentas. Todos estos sucesos no se pueden entender sin esta campaña de desinformación.

Este largo artículo conduce a una última conclusión: la democracia en España esta amenazada. Y lo está no sólo por la ultraderecha, sino por una derecha convencional que se ha vuelto disruptiva, que usa la mentira para desprestigiar al adversario político y, si es menester, a nuestras propias instituciones y procedimientos democráticos, como el sistema electoral, algo que no había sucedido desde 1978.

No son deslices declarativos, no son episodios sin importancia, es toda una estrategia que abunda en la desinformación y la mentira para lograr sus fines. Una estrategia –ahora lo sabemos– que se repite y se repite.

Daniel Bernabé es escritor, periodista y analista político en diversos medios. En infoLibre escribe cada miércoles la columna semanal 'Mala hierba'. Su último libro publicado es 'Todo empieza en septiembre', editado por Planeta.

Podemos vive una de sus situaciones más críticas —si no la que más— desde que nació como formación, hace casi una década. La decisión de los cinco diputados morados de romper con Sumar en el Congreso para irse al Grupo Mixto llegó precedida de la marcha de su coordinador autonómico en Madrid, Jesús Santos, entre críticas por el "rumbo" de la organización. "Lo que en 2016 cabía dentro de Podemos, hoy ya no cabe debido al refuerzo de una línea política centrada en su autoafirmación y en levantar unas fronteras cada vez más gruesas. Un recorrido que es legítimo pero no comparto", lanzaba.

La dirección del partido minimizó esa marcha. En conversación informal con los periodistas, los diputados de la formación morada explicaban la pasada semana que Santos llevaba meses "más fuera que dentro" del partido —con la militancia reclamando su marcha— y deslizaban que su futuro ya estaba atado al de la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Tras formalizar su marcha, desde la secretaría de organización de Podemos, con Lilith Verstrynge al frente, anunciaban la creación de una gestora interina en Madrid como paso previo a convocar una asamblea —sin fecha prevista— para decidir la nueva dirección.

Sin embargo, la crisis madrileña esta lejos de zanjarse. Este lunes se han producido dos nuevas bajas. El que fuera su candidato en las pasadas elecciones autonómicas y municipales, Roberto Sotomayor, y su número dos en las listas, Carolina Alonso, han comunicado a la secretaria general del partido, Ione Belarra, que dejan sus cargos en el partido, según Sotomayor, por la "bunkerización de la dirección" estatal y su renuncia "a un frente amplio" con Sumar. La misma crítica que lanzaba Alonso: "No comparto el rumbo actual del partido, son demasiados meses de malos tragos absolutamente innecesarios".

Detrás de la decisión, además, hay motivos que no han trasladado de manera explícita. El exaspirante a la Alcaldía de Madrid se había presentado hace un mes a las primarias del partido en la capital tras la dimisión de Luis Nieto como portavoz municipal. Pero la dirección estatal de Podemos no ha querido abrir el proceso de votación interna porque "no era el momento" y desde el entorno de Sotomayor deslizan que Podemos quiere situar a la actual coportavoz del partido, Isabel Serra, en el cargo y que el núcleo duro de Podemos ha tratado de "alargar" el proceso porque tenían miedo de perder contra él.

La formación, de nuevo, ha restado importancia a las críticas y les ha agradecido a ambos el trabajo realizado. El coportavoz del partido, Pablo Fernández, lo despachaba así en rueda de prensa: "Son tres casos concretos, tres casos particulares", argumentaba en referencia a Santos, Sotomayor y Alonso. Es más, Fernández se ha defendido de las críticas sobre al bunkerización: "Siempre que se ha convocado el Consejo Ciudadano Estatal ha habido debate, intercambio de propuestas y de ideas", resumía. Una consigna que no comparten algunos cargos de Podemos que han dimitido en los últimos meses e incluso otros miembros cercanos al partido como su cofundador, Juan Carlos Monedero.

En un mensaje difundido a través de sus redes ha lamentado las últimas salidas y ha afirmado que él no quiere "un grupo compacto donde todo el mundo piense idéntico", dado que eso es una "secta". Por tanto, ha opinado que es "obligado" profundizar en las cosas que "no se están haciendo bien" en la formación morada. "O nos renovamos o nos morimos", ha subrayado, recalcando que Podemos debe ser "más plural". Aunque Monedero lo ha focalizado en Madrid, al partido se le acumulan los problemas a nivel territorial. Además de la gestora madrileña —que se creará en los próximos días—, hay otras cuatro en Asturias, Aragón, Baleares y Comunitat Valenciana.

Esa situación se explica, en gran parte, por el resultado de las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo, que se saldaron con un fracaso para Podemos e Izquierda Unida —concurrieron conjuntamente en 10 de las 12 autonomías en juego—.Pasaron de tener 49 escaños a 18 en los parlamentos regionales. De los seis gobiernos autonómicos que aspiraban a revalidar, solo pudieron conservar Navarra mientras que desaparecieron de la Comunidad de Madrid, de la Comunitat Valenciana y de Canarias. En el ámbito municipal también se perdió la simbólica alcaldía de Barcelona, aunque IU capeó mejor el temporal y logró mantener algunos de sus bastiones, como Zamora o Rivas (Madrid).

Asturias. A finales de septiembre la coordinadora autonómica de Podemos Asturias y exdiputada en el Congreso, Sofía Castañón, dejó la política institucional —tanto su cargos autonómico como la Ejecutiva del partido, donde era responsable del área de cultura—. Y lo hizo lamentando "el ruido insidioso" que rodeó su etapa, en referencia a la convulsa situación con el sector crítico del partido a nivel autonómico. En la actual gestora, designada por el Consejo de Coordinación Estatal, está en coordinador interino de Podemos Asturias, Rafael Palacios, encargado de dirigir la formación tras la dimisión de Castañón. En los últimos meses ha sido él quien ha estado al frente de la organización y ha protagonizado sonoros desencuentros con la diputada Covadonga Tomé, la cabeza de cartel de los morados el pasado 28M, actualmente suspendida de militancia.

Aragón. Tras la dimisión de su candidata autonómica, Maru Díaz, por el "nefasto resultado" del 28M —también era la líder del partido en Aragón—, la formación nombró a una gestora para que se hiciera cargo del partido a principios de septiembre. Al igual que en Asturias, el Consejo de Coordinación Estatal apostó por la continuidad e incluyó en esta dirección transitoria al diputado autonómico y mano derecha de Maru Díaz, Andoni Corrales. Por el momento, no hay fecha prevista para elegir a una nueva dirección.

Baleares. En Baleares la candidata de la formación, Antonia Jover, también dimitió de todos los cargos tras los resultados cosechados, que calificó de "catastróficos". Actualmente lidera oficiosamente el partido Lucía Muñoz, exdiputada estatal y actual concejala en el Ayuntamiento de Palma. A nivel institucional, además de Muñoz, el partido solo cuenta con una diputada en el Parlament, Cristina Gómez, muy critica con las direcciones de la dirección estatal. También está pendiente de que se convoque un proceso asambleario para elegir una nueva dirección.

Comunitat Valenciana. La dimisión de Pilar Lima, la candidata de los morados al Ayuntamiento de València, tras el varapalo electoral, el partido nombró a una gestora el pasado mes de junio que sigue vigente. Entre sus miembros destacados, están personas afines a Belarra y que forman parte de la dirección estatal como Maria Teresa Pérez, coportavoz nacional y exdirectora del Injuve y Pau Vivas, exdirector de gabinete del portavoz parlamentario, Pablo Echenique.

Además de estas direcciones interinas, que no han sido avaladas por la militancia, la situación en otras autonomías es compleja. En Cataluña han dimitido siete diputados entre ellos la líder en el Parlament, Jéssica Albiach. Se apartó de la organización después de que la líder autonómica, Conchi Abellán, defendiera en la última asamblea la prohibición de la "doble militancia” en Cataluña al tiempo que reivindicaba la "soberanía" de Podem. Además, las direcciones de Extremadura y Navarra —con Irene de Miguel y Begoña Alfaro al frente— también se han mostrado críticas con Belarra y han apoyado en más de una ocasión a Díaz.

La dirección de Podemos pierde a uno de sus miembros. La hasta ahora secretaria de vivienda y coportavoz nacional del partido, Alejandra Jacinto, ha abandonado todos sus cargos dentro de la Ejecutiva dos años después de entrar en política de la mano del exlíder de la formación, Pablo Iglesias. Jacinto fue la candidata de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid en las elecciones del pasado 28M, pero se quedó fuera de la Asamblea tras obtener 158.831 votos, el 4.73% del total. De cara a las elecciones generales, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, la eligió como una de sus portavoces de campaña.

Hace ya unas semanas que la excandidata de Podemos en Madrid se incorporó al despacho en el que ejercía como abogada especializada en desahucios —pidió una excedencia cuando fue elegida diputada—, pero todavía no había hecho pública su vuelta. “He tomado la decisión de regresar a mi actividad profesional como abogada en el ámbito del derecho a la vivienda en el marco de la defensa de los Derechos Humanos”, ha anunciado.

Sin embargo, la despedida de Jacinto de Podemos no implica su marcha definitiva de la política institucional. Aunque Sumar todavía no ha desvelado qué carteras tendrá en ese futuro gobierno de coalición, algunas informaciones apuntan a que el ministerio de Vivienda podría ser una de ellas. La excandidata de Podemos en Madrid siempre ha defendido que contribuirá todo lo posible —desde las instituciones o desde la sociedad civil— para batallar por los derechos de la vivienda, un compromiso que sigue intacto según fuentes de su entorno. Tras conocerse la noticia la vicepresidenta segunda en funciones le ha deseado "la mejor de las suertes" y se ha mostrado convencida de que "va a seguir contribuyendo a mejorar" el país.

En una misiva publicada en sus redes sociales, dedica palabras de agradecimiento a la dirección de Podemos, encabezada por Ione Belarra, pero también lanza críticas veladas. “Las dinámicas internas de los partidos y coaliciones son necesarias para su funcionamiento democrático, pero no deben ahogar el debate propositivo ni desplazar el papel que juega la sociedad civil como garantía y motor en una democracia avanzada que debe ser construida entre todas, todos los días, desde muchos lugares”, señala.

Tras el fracaso del 28M —con polémicas decisiones que no le fueron consultadas como colocar una lona con la cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso en el centro de Madrid— y, especialmente, desde que fue elegida portavoz de Sumar, comenzaron los problemas entre Jacinto y la máxima dirección de Podemos. La abogada era partidaria de tender puentes con Díaz —también defendía una candidatura unitaria con Más Madrid el 28M— y por ese motivo decidió implicarse en la campaña de las generales, una decisión que no fue bien recibida por Belarra ni por su número dos, Irene Montero, apartada de las listas de la coalición. 

Jacinto también era partidaria de acudir a la presentación de Díaz en Magariños —una postura compartida, entre otros, por Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales— y defendió que Podemos debía tener un rol más activo en Sumar durante varias reuniones de la Ejecutiva del partido, pero sus peticiones cayeron en saco roto. Dos meses después de los comicios del 23J, Jacinto abandona la dirección del partido pero lo hace sin hacer ruido y reivindicando que Podemos “sigue siendo uno de los ingredientes imprescindibles para que sea posible el avance democrático en España”.

La candidata socialista María Chivite ha sido investida este martes presidenta de Navarra, en la segunda jornada del pleno celebrado en el Parlamento, al recibir el apoyo de PSN, Geroa Bai, Contigo Navarra y la abstención de EH Bildu, lo que le ha dado la mayoría simple necesaria en la segunda votación para su investidura, ha recogido Europa Press.

La votación ha tenido lugar a las 17.20 horas de este martes festivo en el salón de plenos del Legislativo navarro y ha sido secreta nuevamente. Cada uno de los representantes de la Cámara ha depositado su voto, tras ser llamados por orden alfabético, con un 'sí/bai', 'no/ez' o 'abstención/abstentzioa' en una urna.

Después de que el lunes en la primera votación Chivite no alcanzara la mayoría absoluta, pasadas 24 horas los parlamentarios de EH Bildu se han abstenido, tal y como estaba previsto, para posibilitar la investidura de María Chivite. UPN, PPN y Vox han mantenido su voto en contra a la candidata socialista. De esta forma, Chivite ha sumado 21 apoyos, ha recibido 20 votos en contra y ha tenido 9 abstenciones.

La líder del PSN renueva así otros cuatros años en la Presidencia de Navarra tras haber acordado un programa de legislatura con Geroa Bai y Contigo Navarra, una negociación que se ha alargado hasta el pasado 7 de agosto tras las diferencias mostradas entre Geroa Bai y PSN.

Chivite presidirá un Gobierno de coalición que estará formado por 13 departamentos, ocho para el PSN, cuatro para Geroa Bai y uno para Contigo. El Gobierno no tendrá mayoría en el Parlamento de Navarra, como en la pasada legislatura, ya que suma 21 de los 50 escaños del Legislativo.

Al finalizar la votación, María Chivite se ha abrazado el portavoz del grupo socialista, Ramón Alzórriz, y con las portavoces de sus socios de Gobierno, Uxue Barkos (Geroa Bai) y Begoña Alfaro (Contigo-Zurekin).

Ya como presidenta, Chivite ha declarado que esta nueva legislatura tiene "grandes retos por delante" y que tendrá "como bandera la igualdad, en todos los términos, la igualdad social, la territorial y la igualdad entre hombres y mujeres".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha agradecido a "los grupos parlamentarios que han apoyado" el acuerdo de legislatura y al equipo que le ha "acompañado estos cuatros años, a todos los consejeros y consejeras por todo su trabajo y su esfuerzo que ha sido mucho porque ha sido una legislatura especialmente complicada, sobre todo marcada por la covid-19; y especialmente a la consejera de Salud, que es la que estuvo al frente de la pandemia".

"Comenzamos una nueva legislatura, tomamos el testigo de la anterior, porque el acuerdo que hemos firmado, en algunas partes es un acuerdo continuista", ha declarado. "Tenemos grandes retos por delante, el reto de la transformación digital, el reto de la sostenibilidad...", ha añadido, para "agradecer" también "a las personas que entrarán en breves días a formar parte del nuevo Gobierno".

Además, ha querido agradecer "al conjunto de la ciudadanía navarra, la que ha dado la fortaleza al Partido Socialista tanto en las elecciones autonómicas como en las generales, porque eso ha dado la legitimidad y la fuerza suficiente para seguir liderando el Gobierno de Navarra".

La ministra de Ciencia e Innovación en funciones, Diana Morant, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha vuelto a atar su destino a Vox" con el "pacto de la vergüenza" en el Gobierno de Aragón.

"Primero fue la Comunidad Valenciana, le siguieron Extremadura y Baleares y ahora insiste con estos pactos de la vergüenza que la ciudadanía ha rechazado claramente en las urnas", ha lamentado la también secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en un vídeo recogido por Europa Press.

Así ha afeado el acuerdo que PP y Vox firmaron este viernes para compartir gobierno en Aragón bajo la presidencia del conservador Jorge Azcón, con Vox al frente de la vicepresidencia primera del Ejecutivo, con las competencias de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, y como titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Morant ha recordado que "hace solo dos semanas en las elecciones del 23 de julio España dijo claramente no" a la "propuesta de involución" de los pactos PP-Vox que "recortan derechos y libertades".

El PSOE de Ceuta ha asegurado este jueves en medio de las negociaciones que mantenía abiertas con el Partido Popular de la ciudad autónoma para formar un ejecutivo de coalición que "en la actualidad no hay ni puede haber un pacto de Gobierno con el PP de Feijóo".

En un comunicado a los medios recogido por Europa Press, el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez, ha negado "rotundamente" que "exista acuerdo alguno con los populares para formar Gobierno en Ceuta".

"Los socialistas ceutíes hemos demostrado sobradamente nuestra apuesta por el diálogo y nuestro compromiso con la estabilidad de Ceuta, pero ahora no es momento de pactos", ha señalado el líder del PSOE de la ciudad autónoma, que aspiraba a hacerse con la titularidad de al menos tres consejerías y las riendas de varias empresas municipales para entrar en el Gobierno que lidera Juan Vivas (PP).

El PP ganó las elecciones del pasado 28 de mayo y obtuvo nueve de los 25 diputados de la Asamblea, como la pasada legislatura. El PSOE logró seis (uno menos), Vox cinco (antes tenía seis), MDyC tres (uno más) y Ceuta Ya! dos (desde 2019 solo contaba con uno).

Vivas ha descartado a Vox como posible socio para alcanzar ningún acuerdo, ya que entiende que sus posiciones suponen una amenaza para la convivencia en Ceuta, y se ha debatido entre alcanzar pactos más o menos puntuales con el PSOE (como la pasada legislatura salvo en 2020, cuando se arrimó a los de Abascal) o con las formaciones localistas.

Durante la última semana el PP de Ceuta y los socialistas, que se negaban a seguir respaldando al Ejecutivo local desde fuera, habían dejado perfilado un acuerdo de gobierno de coalición que el presidente de la Ciudad esperaba cerrar "en septiembre" y al que el Gobierno no descartaba incorporar también al MDyC pese a las reticencias del PSOE.

Un diputado de Vox en la Diputación de Ávila contrató a su hermano gemelo como asesor. Dos días después de la publicación de su nombramiento, ha presentado su dimisión. Álvaro Toribio iba a ser "coordinador de grupo político", como se denomina al puesto en el que le colocó el diputado de la formación ultra, con un sueldo de 2.496 euros al mes, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila de este miércoles.

El diputado Fernando Toribio salió elegido en las municipales del 28M como uno de los tres representantes de Vox en la Diputación. Su hermano también formaba parte de las listas, en noveno puesto. A pesar de que se quedó fuera de los cargos electos, Fernando Toribio quiso que su gemelo formara parte de la administración.

El portavoz de Vox en el consistorio de la ciudad, José Manuel Lorenzo Serapio, había defendido esta contratación hasta el último minuto. Hasta antes de conocerse la renuncia del asesor, Serapio justificaba la decisión de los hermanos Toribio porque “es personal de confianza, ¿qué más confianza podemos tener que en un familiar?”. Según un comunicado de la formación, Álvaro Toribio Carrera asumió el puesto de eventual "para defender los principios y valores de la formación".

Sin embargo, "tras la polémica generada", Álvaro Toribio ha solicitado de forma voluntaria su baja, "a fin de que no se distraiga a la opinión pública de los verdaderos problemas que ahora Vox afronta en la Diputación, con el objetivo de mejorar la vida de los abulenses, y, por ende, de los españoles".

“La Junta Electoral Central acoge los argumentos de manipulación electoral y acuerda solicitar a todas las Juntas Provinciales de España TODAS las actas de los escrutinios para corroborar las graves irregularidades y delitos electorales detectados con vídeos y fotografías, en las elecciones del 28M”. Este es el mensaje que circula sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023. Pero es un bulo, basado en una respuesta de la Junta Electoral Central (JEC) a otra entidad diciendo que no va a pedir las actas del 28M a ningún otro organismo ni tampoco las va a entregar. La JEC explica que “la competencia corresponde a las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma”, a donde debería haber ido dirigida la solicitud.

Los contenidos que se difunden aseguran que la Junta Electoral Central va a solicitar a las juntas provinciales las actas del escrutinio de las elecciones autonómicas y municipales por un supuesto fraude. Se basan en el acuerdo 505/2023 de la JEC del 12 de julio de 2023, emitido tras la solicitud del llamado “Observatorio para la Transparencia Electoral”. Esta web que dice “perseguir que la transparencia electoral sea la regla y no la excepción”, solicitó a la Junta Electoral Central “copia de las actas de escrutinio de las mesas electorales, de las actas de escrutinio del voto CERA y de las actas de escrutinio general de las elecciones autonómicas de 28 de mayo de 2023”. 

Ante esta petición, la Junta Electoral Central contesta: “En las elecciones autonómicas la competencia corresponde a las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma, a las que deberá dirigir su solicitud”. Es en esta respuesta en lo que se basan los contenidos que se difunden.

La JEC en ningún caso especifica que vaya a pedir esa documentación a las juntas provinciales ni tampoco entregársela al solicitante, únicamente responde que la solicitud debería haber ido dirigida a las juntas electorales de las comunidades autónomas porque son las que tienen competencias en las elecciones autonómicas.

La Junta Electoral Central, según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 13.2 que “en el caso de elecciones a Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, las referidas obligaciones serán también competencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma”.

El informe en el que se basan para solicitar a la JEC las actas de los escrutinios relata que han utilizado para su análisis imágenes de ciudadanos que grabaron durante el recuento, pero no aportan ninguno de esos vídeos o fotografías, únicamente descripciones de esas supuestas irregularidades.

En Maldita.es ya hemos desmentido algunos contenidos desinformadores que también hablaban de fraudes o pucherazos en el 28M.

Por lo tanto, es un bulo que la Junta Electoral Central haya pedido a las juntas electorales provinciales que entreguen las actas del escrutinio del 28M. La JEC, en respuesta a una solicitud de un particular, explica que no va a entregar las actas ni a solicitárselas a las juntas provinciales, únicamente detalla que la competencia para el escrutinio en las elecciones autonómicas depende de las juntas electorales de las comunidades autónomas.

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

El líder del PP valenciano y futuro president de la Generalitat con el apoyo de Vox, Carlos Mazón, se reunió, antes de las elecciones del pasado 28 de mayo, con responsables de su partido en Alicante. En el encuentro, según unos audios desvelados por elDiario.es, se refirió a un posible pacto con el partido ultra para gobernar la Diputación provincial, extremo sobre el que fue claro: "En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones". En ese momento él era el presidente y confiaba en que los conservadores volverían a conseguir el cargo. "No es que vayamos a ganar, es que vamos a sacar mayoría absoluta", decía en las grabaciones. "De esto no tengo duda", añadía.

Este miércoles, durante un desayuno informativo en Valencia, se ha justificado tras las preguntas de los periodistas enmarcando las declaraciones en la campaña electoral para el próximo 23 de julio. "Parece que han querido sacar alguna conversación entre amigos. Lo enmarco en la campaña en la que estamos", ha dicho. Tras estas palabras, cuestionado por el interés que hay detrás de filtrar estos audios, el jefe de los conservadores valencianos ha insistido en que se trata de una "conversación privada".

Mazón ha sido el primer dirigente autonómico del PP en alcanzar un acuerdo para gobernar una comunidad con los de Santiago Abascal. El pacto que alcanzaron incluye objetivos como "sacar la ideología de las aulas", libre elección de centro y de la lengua entre las dos oficiales en todas las etapas educativas, "erradicar la violencia intrafamiliar" —garantizando la igualdad "entre todas las víctimas"— o crear una oficina antiokupas.

Los votos en contra de los nueve diputados de Vox en la Asamblea Regional de Murcia han tumbado la posibilidad del candidato del PP, Fernando López Miras, de ser investido en segunda votación como presidente de la Comunidad y abre la posibilidad a nuevas elecciones, ha informado Europa Press.

El candidato del PP para presidir la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, no ha conseguido la mayoría simple (más síes que noes) necesaria en la segunda votación para ser investido presidente de la Comunidad. Sólo ha contado con 21 votos a favor, los del PP, y 24 en contra, correspondientes a PSOE, VOX y Grupo Mixto —Podemos—.

Al no salir investido, la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, iniciará nuevamente un proceso de consultas con los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato.

El candidato a presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha dirigido en su alocución directamente a Vox y les ha advertido que "nadie entendería un bloqueo protagonizado por la izquierda, por Partido Socialista, por Podemos y también por Vox" y todo "por sillones".

Ha responsabilizado a Vox de la posibilidad de unas nuevas elecciones por su bloqueo a la investidura junto a PSOE y Podemos, "una gran irresponsabilidad conducir a la Región a una convocatoria de elecciones cuando el resultado de las urnas ha sido tan claro y contundente" y todo por querer "sillones".

Algo que ha confirmado posteriormente el presidente provincial y portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José Ángel Antelo, quien ha hecho una propuesta de última hora, ya en la tribuna de oradores, al PP en la que pedía la vicepresidencia y dos consejerías de 10, así como la derogación de la Ley del Mar Menor.

El primero de 12 puntos pedía "derogar/modificar/reformar la ley de recuperación y protección del Mar Menor acordando con los agentes afectados y con el objetivo de proteger realmente al Mar Menor y no criminalizar a nuestro campo y su industria auxiliar" y "fomentar el aumento de las superficies de regadío".

El PP ha rechazado el acuerdo. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha rechazado, en nombre de López Miras, el acuerdo, argumentando que, "respecto al Mar Menor, ni un paso atrás en su protección".

Les ha pedido que digan claramente "qué quieren hacer con la Ley del Mar Menor, porque reformar, derogar o modificar no es lo mismo. Derogar es una cosa y reformar o modificar es otra bien diferente" y han criticado que lleven semanas intentando que "se pronuncien sobre un documento de 88 medidas que les hemos presentado y del que todavía no tenemos ni la más mínima idea de qué es lo que piensan".

De igual forma les han afeado que hablan de "preocupación sobre el programa" y lo que les presentan "es un documento que dice 'queremos una vicepresidencia y dos consejerías'". "Ustedes lo que están pidiendo son sillones, les da igual las competencias que asuman", ha criticado.

El presidente de la Junta en funciones y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha solicitado formalmente la retirada de su candidatura a la investidura, prevista para este miércoles y el jueves, tras el acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en la región, según informa Europa Press.

Así se lo ha trasladado a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, en la segunda ronda de contactos iniciada para proponer una candidatura a la investidura, convocada tras el pacto sellado por María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo el pasado viernes.

A la salida del encuentro, Vara ha trasladado a los medios de comunicación su intención, ya anunciada el pasado 28 de mayo tras el recuento de votos, de abandonar la primera fila de la política regional.

"No voy a ser ni presidente, ni voy a ser líder de la oposición, ni seré a partir del otoño el secretario general del partido y por lo tanto eso es lo que hasta ahora tengo claro, el resto está todo por decidir, por eso está más claro que el agua", ha dicho.

El dirigente socialista ha señalado, no obstante, que ya había solicitado "informalmente" la retirada de la sesión de investidura, que ya está "decaída", entre otras razones porque el pleno de este miércoles debería haber sido convocado este pasado lunes en una reunión de la mesa y "no se ha hecho, por lo cual está más que decaída esa investidura".

Por tanto, lo siguiente será que Martín convoque para cuando estime oportuno la investidura de María Guardiola, a quien ha deseado "toda la suerte del mundo".

De esta forma, Vara ha remarcado que su investidura ha evitado un retraso "enormemente perjudicial" para Extremadura, pues gracias a que con su candidatura puso "el reloj en hora", ha conseguido que vaya a haber una investidura "en los próximos días, en las próximas semanas", lo cual era "absolutamente imprescindible y necesario".

Respecto a su futuro, ha reiterado que se convocará un congreso regional en otoño para "renovar el liderazgo", si bien ha añadido que las fechas dependerán "mucho" de los "calendarios nacionales".

En todo caso, la decisión sobre su futuro es la "misma" que ya anunció el pasado 28 de mayo. "Habrá un relevo en el liderazgo en el PSOE y en la secretaria general del PSOE", ha comentado, tras 12 años en la Presidencia de la Junta y de 15 en la secretaria general del partido.

Un periodo por el cual tiene "un agradecimiento tan grande al pueblo extremeño", ante el que no tiene "ningún sentimiento que no sea de profundísima gratitud".

Vara se ha mostrado "eternamente agradecido a todo el mundo" que le ha permitido durante este tiempo tener la responsabilidad que ha tenido, al tiempo que ha defendido que "las cosas hay que hacerlas bien" y que "hay que saberlas terminar bien".

Por ello, espera que el proceso "acabe bien" y se pueda hacer un "relevo ordenado" dentro de la organización, el PSOE, que es la institución "más importante" de Extremadura, como ha demostrado " lo largo de la historia".

Circula por redes sociales una captura de pantalla de un gráfico con los resultados de “Chueca” de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, en el que se aprecia que el Partido Popular habría ganado en este lugar, mientras que el PSOE habría quedado en segundo puesto. Como la imagen solo cita “Chueca”, sin especificar una localización, algunas personas han interpretado que se trata de la zona madrileña de Chueca. Pero los resultados corresponden al municipio de Chueca, en Toledo. 

Estos contenidos se han compartido en plataformas como Twitter y Facebook coincidiendo con el Orgullo LGTBIQ+, puesto que Chueca es el epicentro de los distintos eventos que tienen lugar en Madrid en estas fechas. 

Algunas personas que han confundido ambos territorios con el mismo nombre han difundido mensajes como el siguiente: “A los progres recordarles que en Chueca, el PP barrió al PSOE en las elecciones municipales. Por mucho que lo neguéis, la mayoría de los homosexuales españoles somos de derechas”. Es cierto que, en esta zona de Madrid, el PP fue el primer partido en porcentaje de voto, pero el partido que quedó en segundo lugar fue Más Madrid, no el PSOE. 

En la página web del Ministerio del Interior se encuentran disponibles los resultados de las elecciones municipales de 2023 en Chueca, Toledo. En ella se puede ver que el PP ha obtenido cuatro concejales, mientras que el PSOE, uno, datos que coinciden con los de la foto viral. 

En cambio, los resultados de 2023 de Chueca, en Madrid, han sido diferentes. Chueca no es un barrio o distrito, sino una zona dentro del barrio de Justicia, como explican a Newtral.es desde el Ayuntamiento de Madrid. Existen ciertos lugares que la ciudadanía puede identificar con esta zona, como la plaza de Chueca y sus alrededores; pero se trata de una delimitación abierta a interpretación. Es por ello que desde Newtral.es hemos escogido los resultados de todo el barrio de Justicia. 

Como se puede observar en el siguiente mapa de las elecciones municipales, en todo el barrio el partido más votado ha sido el PP, seguido de Más Madrid –no PSOE–, y según la sección censal puede haber más o menos diferencias en porcentaje de voto.

Por ejemplo, en la sección 77 en la que se sitúan la plaza de Chueca y el mercado de San Antón, PP y Más Madrid se encuentran a una distancia de 3,9 puntos porcentuales (23 votos de diferencia). Mientras que en la sección 87, donde entra la plaza Santa Bárbara, los populares han obtenido una diferencia de hasta 45,1 puntos porcentuales (334 votos) con respecto al segundo partido.

En cuanto a las autonómicas, los resultados de 2023 del barrio de Chueca no difieren en gran medida. El PP continúa coloreando de azul el mapa, mientras que Más Madrid ha sido la segunda fuerza en todas las secciones censales del barrio de Justicia, además de que la distancia entre ambos partidos es mayor.  

La imagen que circula por redes es una captura de pantalla de un medio de comunicación

Desde Newtral.es hemos realizado una búsqueda en distintos medios de comunicación para encontrar el gráfico viral de los resultados de Chueca en 2023, y la imagen más parecida se encuentra en La Vanguardia. 

En la página web de este medio, se especifica que se están mostrando los resultados del municipio toledano de Chueca en las elecciones municipales de 2023. Hemos buscado en el archivador digital Web Archive si este medio habría modificado el texto que aparecía en la parte superior de los datos, pero no ha sido así. 

Es decir, que en el caso de que la captura hubiera sido tomada de La Vanguardia, la imagen viral podría haber sido editada para eliminar la palabra “municipales”. A continuación se pueden comparar ambas imágenes.

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

PP y Vox están llegando estos días acuerdos para gobernar en distintas comunidades. Dos de ellos se produjeron en territorios bilingües como Galicia. El primero fue hace dos semanas en la Comunitat Valenciana, donde la extrema derecha no sólo firmó un pacto programático con los conservadores, sino que ostentará la vicepresidencia y las consejerías de Justicia e Interior y Agricultura. El segundo, rubricado el pasado miércoles en Baleares, permitirá al PP gobernar en solitario la autonomía pero incluye a la formación ultra en los consejos insulares de Mallorca y Menorca. 

En ambos casos, el PP asumió desproteger al catalán y son muchas las crónicas que advierten sobre esta cesión de los conservadores, que habrían conseguido los votos de los de Abascal a cambio de imponer la libre elección de lengua, en concreto en la educación. Esta medida fue una de las propuestas estrella con las que llegó Alberto Núñez Feijóo a la Xunta de Galicia: ya la ensayó en el Gobierno gallego y ahora su partido la pacta con la ultraderecha. 

"El gallego debe ser un instrumento de unión, nunca de imposición, y debe garantizarse la libertad para elegir lengua en todos los ámbitos", explicitaba el Contrato con Galicia que Feijóo firmó en febrero de 2009, poco antes de las elecciones que lo colocarían al frente de la Xunta. 

"Los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho a todas las etapas educativas", reza una parte del acuerdo firmado por el PP y Vox en Baleares. "Se garantizará la libre elección de centro educativo y de lengua de enseñanza entre las dos oficiales (castellano y valenciano)", dice el rubricado en la Comunitat Valenciana.

Esta reivindicación, la de la "libre elección de centro y lengua" por parte de los padres, así como la lucha contra una supuesta "imposición" fue la base de la batalla lingüística con la que el PP cargó en la campaña electoral de aquellas elecciones autonómicas de 2009 y el principio que rigió la política lingüística y la polémica aplicación del cuestionado decreto de plurilingüismo, ilegalizado parcialmente posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Fue en el otoño de 2008 cuando Feijóo convocó una rueda de prensa para anunciar que, si llegaba a gobernar, derogaría el decreto para permitir que "los padres elijan la lengua vehicular en educación" o "los alumnos elijan libremente la lengua en las aulas y en los exámenes". Se refería al 124/2007, que establecía un "mínimo" del 50% de las materias escolares en gallego y que el PP llegó a apoyar como un "instrumento esencial en la promoción de la lengua gallega", si bien lo rechazó en el último minuto.

Ya en febrero de 2009, y días antes de la firma de su Contrato con Galicia, se juntaron en Santiago unas dos mil personas convocadas por la asociación Galicia Bilingüe, venidas tanto desde Galicia como de fuera de la comunidad. Detrás de las pancartas, en primera fila, se podía distinguir a la líder de UPyD, Rosa Díez, que por entonces aún intentaba explorar un caladero de votos en las elecciones autonómicas ondeando la bandera de una supuesta "imposición". Un poco más lejos se encontraba gran parte de la plana principal del PP gallego. No estaba Feijóo, pero sí su secretario general y actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con él Corina Porro, ahora presidenta del Consello Económico Social, Carlos Negreira, alcalde de A Coruña entre 2011 y 2015, o Ana Pastor, cabeza de lista del PP por Pontevedra al Congreso. Unos y otros se manifestaron contra aquel decreto 124/2007.

Tras meses de especulaciones, protestas en las calles y tras el gasto de 109.800 euros para anunciar y publicitar una encuesta entre las familias del alumnado, el 30 de diciembre de 2009 el Gobierno de Feijóo celebró un Consello da Xunta para presentar las "bases" de lo que llamó el "decreto del plurilingüismo", cuya redacción final permitió relegar el gallego a un máximo de un tercio de las materias, vetarlo en áreas de conocimiento como determinadas ciencias y excluirlo de la práctica totalidad de la educación infantil.

El decreto, parcialmente ilegalizado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, fue la pieza principal de un engranaje que también incluyó el cambio de nombre de las Galescolas, convertidas en Galiña Azul, para, según Feijóo, "normalizarlas", "despolitizarlas" y evitar que se ejerza el "adoctrinamiento". 

Además, los conservadores consideraron necesario iniciar su labor legislativa en aquel 2009 deshaciendo una de las pocas reformas aplicadas por el bipartito a favor de la lengua en el ámbito de la Administración: la obligación de que en cada proceso selectivo de la Xunta se realizase, al menos, uno de los exámenes en lengua gallega. Así, la segunda norma aprobada gracias a la mayoría absoluta de Feijóo fue una reforma de la Ley de la Función Pública para, explicó entonces el Gobierno, "primar el absoluto respeto a la hora de que las ciudadanas y ciudadanos elijan con libertad la lengua en la que se quieran expresar, sin que exigencias del poder público puedan menoscabar el ejercicio de ese derecho".

Ahora, es en los pactos PP-Vox en las autonomías bilingües donde la derecha y la extrema derecha aplican argumentos similares para impulsar sus acuerdos. En el de Baleares advierten que modificarán "las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales". "Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice el acceso al servicio público”, dice el texto. 

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha justificado el acuerdo cerrado para formar gobierno con Vox tras realizar un "profundo proceso de reflexión" tras el cual ha decidido anteponer el "interés de los extremeños" a su propia palabra.

"Mi palabra no es tan importante como el futuro de Extremadura", ha señalado Guardiola para defender la firma de un acuerdo de gobierno compuesto por 60 medidas, que incluye que Vox gestione la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, así como la cesión del senador autonómico que corresponde al PP, ha recogido Europa Press.

En una comparecencia junto con el candidato de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, tras la firma del acuerdo en el parlamento regional, Guardiola ha defendido la independencia de su decisión, que asegura que se ha tomado "en Extremadura".

Un acuerdo de gobierno que, ha aclarado la dirigente conservadora, está "por encima de cualquier diferencia ideológica", porque "lo primero es y es siempre Extremadura".

Así, y sobre las últimas opiniones de concejales de Vox sobre el Día del Orgullo LGTBI, ha señalado que no las comparte, y que "siempre" va a defender los derechos del colectivo. "No asumo los postulados de Vox, y Vox no asume los del PP", ha dicho Guardiola, que ha añadido que, a pesar de ser partidos "diferentes" se van a "entender" porque han puesto "en el centro el interés de los extremeños".

Para llegar a este acuerdo, ha reconocido Guardiola, ha realizado un "profundo proceso de reflexión" en el que se ha "obligado" a sí misma a ir al "origen" de los motivos por los que se presentó para liderar el PP y su candidatura a la Presidencia de la Junta, y que no era otro que "cambiar la vida de extremeños".

Así, ha dicho que comprende que haya "mucha gente decepcionada" con el cambio de postura que permitirá que Vox entre en el Gobierno, pero ha pedido que se le juzgue "como presidenta de la Junta", al tiempo que ha señalado que el cambio de opinión llegó cuando su posición se ha "usado de forma torticera" por quienes quieren "enfrentar" a los ciudadanos.

De hecho, ha defendido que sus "principios" siguen "intactos", de modo que velará por los "derechos de los extremeños y extremeñas", al mismo tiempo que ha defendido que ello no afectará al entendimiento con Vox en el seno de su partido.

"Es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de Extremadura", ha argumentado la dirigente conservadora, quien asegura que el acuerdo suscrito con Vox "va a garantizar que la voz de los extremeños" el pasado 28 de mayo se materialice en "un nuevo gobierno que termine de una vez por todas con las políticas que nos han llevado a últimos puestos" del país.

Sin entrar en los detalles del acuerdo, ha dicho que contempla "menos impuestos", así como se centra en el apoyo a empresas y autónomos, a las familias, a cuidar campo y tradiciones, además de "alzar voz para unas infraestructuras dignas y frenar la despoblación".

El documento del acuerdo, consultado por infoLibre, no dice una palabra sobre violencia machista y se limita a hacer referencia a los “discursos”: “Defenderemos los derechos de las familias. Trabajaremos para erradicar los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”.

Por su parte, el diputado de Vox en la Asamblea y candidato a la Junta, Ángel Pelayo Gordillo, ha señalado que es un "día histórico" porque "por fin" los extremeños verán "un cambio político" que se "verifica" en este acuerdo.

Un "buen acuerdo", ha señalado, que se desarrollará "siempre buscando el bien" de Extremadura "sin estridencias", con la mano tendida, con lealtad y espíritu de colaboración, ha dicho.

Gordillo ha apuntado que la "responsabilidad" de ambos partidos no podía truncar el interés mostrado por los extremeños en las urnas, a fin de lograr que Extremadura sea "un lugar atractivo por la inversión, para que vengan proyectos".

Para ello, se ha referido a la puesta en marcha de una reforma fiscal "en profundidad", y para que "la convivencia se solidifique y se mejore" de la mano de un gobierno "para todos los extremeños".

"Se ha impuesto la sensatez por ambas partes", ha dicho Gordillo sobre el desarrollo de unas negociaciones en las que PP y Vox, a su entender, han sido "generosos". "La cordura ha llegado y Extremadura va a tener lo que se merece".

Con respecto a las divergencias ideológicas entre su formación y el de Guardiola, ha señalado que si estuvieran "completamente de acuerdo" no representarían a dos partidos diferentes, al tiempo que ha querido reiterar, sobre las declaraciones de concejales extremeños sobre el colectivo LGTBI; que Vox "respeta cualquier tendencia sexual".

Con respecto al futuro gobierno, Guardiola ha señalado que primero se tiene que producir la investidura, sobre la cual no ha podido avanzar fechas, dado que depende de los plazos que maneje la presidenta de la Asamblea, la socialista Blanca Martín.

En este punto, ha lamentado el "ejercicio de soberbia" la presentación de la candidatura del socialista Guillermo Fernández Vara, al no atender la petición de PP y Vox de que retrasara la convocatoria a la espera de que ambos partidos cristalizaran su acuerdo.

Un futuro Ejecutivo regional en el que Guardiola ha limitado la presencia de Vox a la citada Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, cuyo titular será decidido de forma consensuada entre ambas formaciones, dado que, tal y como ha recordado, su nombramiento depende directamente de la presidenta de la Junta.

Así, y tras confirmar que Vox no tendrá presencia en otras consejerías, ni como titulares ni tampoco en cargos intermedios, ha aclarado que la consejería que dirigirán los de Gordillo tendrá las competencias de gestión forestal, incendios forestales, infraestructuras rurales y naturales, pesca, caza y toros.

Guardiola ha negado que haya presentado su dimisión aunque ha reconocido que es consciente de que hay "mucha gente" que hubiera querido que lo hiciera, pero con ello hubieran "salido ganando quienes no quieren que esta tierra prospere".

Varios dirigentes del PSOE han cargado este viernes contra el PP por el pacto alcanzado con Vox en Extremadura, que finalmente contempla la inclusión de la formación de Santiago Abascal en el gobierno autonómico al concederles la Consejería de Gestión Forstal y Mundo Rural. Así, han acusado a los conservadores de tener "principios de usar y tirar" y de doblegarse ante la extrema de derecha, según informa Europa Press.

En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que algunos líderes europeos se han mostrado "contrariados" por la "involución" que se está produciendo en España a raíz de este tipo de pactos. En la rueda de prensa al término de los dos días de Consejo Europeo en Bruselas, el presidente ha explicado que ha tenido ocasión de hablar con algunos de sus colegas que se han mostrado "sorprendidos y contrariados con la involución que se está produciendo en ciertos debates en los que España hasta el 28M había sido un ejemplo y ahora mismo estamos siendo un contraejemplo".

También se ha expresado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press. "Principios de usar y tirar. El PP ha tardado 10 días en comerse sus palabras y en doblegarse ante la extrema derecha de Vox", ha señalado.

Asimismo ha lamentado que la candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura, María Guardiola, ceda la citada consejería "a los negacionistas del cambio climático, a los de las vacas y la tuberculosis. Gravísimo", ha lanzado.

Cerdán hacía referencia así a la decisión de la Junta de Castilla y León, gobernada en coalición por PP y Vox, de flexibiliar los requisitos de control sanitario de la tuberculosis bovina, lo que produjo la reacción del Gobierno, que presentó un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para no poner en marcha esta flexibilización.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que ha calificado al PP como "partido marxista (de Groucho)", según ha indicado en un mensaje en la misma red social. "Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros", ha señalado junto a un enlace de la noticia sobre el acuerdo entre PP y Vox anunciado este mismo viernes.

La portavoz del Gobierno de España y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha criticado el pacto de "matrimonio de conveniencia" que supondrá un retroceso "para el conjunto de los españoles y para todos los extremeños".

Los socialistas se han lanzado a criticar la falta de principios del PP después de que Guardiola afirmase hace solo unas semanas que no podía dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista o deshumanizan a los inmigrantes, en referencia a Vox, y ahora acceda a entregarles una cartera.

Además, otros dirigentes de la cúpula socialista han cargado directamente contra el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo por el acuerdo en Extremadura y han utilizado un fragmento de una entrevista reciente en la que dice que mantiene su propuesta de que gobierne la lista más votada, aunque eso le hiciese perder el gobierno de la región, donde el PSOE fue el que recibió más votos, aunque es superado por la suma de PP y Vox.

Uno de los que ha publicado este vídeo de Feijóo es el Secretario de Acción Electoral del PSOE, Javier Izquierdo, que lo ha acompañado del siguiente mensaje: "Queda muy claro: ni lista más votada, ni porcentajes de apoyo... Siempre baile agarradito con Vox", ha escrito.

También se ha pronunciado el Director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, que ha publicado el mismo fragmento de Feijóo junto al mensaje: "Y así todo".

"Tan solo ha pasado una semana. ¡Miente!", ha señalado sobre las declaraciones de Feijóo, el adjunto a la secretaría de Organización del PSOE y cabeza de lista por Jaén, Juan Francisco Serrano.

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado, tras el acuerdo, que en el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo "los principios y las convicciones duran cinco minutos por el poder".

Así lo ha trasladado en Twitter tras el pacto de ambas formaciones, que convertirá a la conservadora María Guardiola en presidenta de la Junta extremeña, mientras que el partido de Santiago Abascal asumirá una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural.

"En el PP de Feijóo los principios y las convicciones duran 5 minutos por el poder. Ya lo vimos con la caída de Casado y ahora lo vemos como una farsa en Extremadura. Feijóo no tiene palabra", ha lanzado Díaz en Twitter. Con ello, hacía referencia a los reproches que lanzó hace días Guardiola contra Vox para garantizar que no iba a retroceder en materia de violencia de género y derechos LGTBI.

La portavoz adjunta de Sumar y cabeza de lista por Barcelona, Aina Vidal, se ha manifestado en términos similares al manifestar que "Extremadura demuestra que la derecha gobernará a cualquier precio en cualquier sitio".

"El PP no tiene líneas rojas con la ultraderecha y Vox lo facilitará. Solo un voto a favor puede evitarlo", ha ahondado también en las redes sociales.

Desde la cuenta oficial en Twitter de Sumar han censurado que "el PP de Feijóo asume los postulados de la extrema derecha y mete también a los ultras en el gobierno de Extremadura" con este pacto. "Sumar es la respuesta para dejar atrás al partido del odio y seguir avanzando con una vida mejor", han concluido.

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reaccionado al anuncio pidiendo la dimisión de la candidata popular, María Guardiola, por "mentir tan descaradamente".

De Miguel ha señalado en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, que si a la presidenta del PP "le queda algo de palabra y de decencia debería dimitir hoy mismo".

Para la diputada autonómica de la coalición de izquierdas, Extremadura "no se merece una presidenta que mienta tan descaradamente", según recoge en su mensaje, que acompaña con la etiqueta #GuardiolaDimision.

Tras conocerse el acuerdo, la líder de Unidas por Extremadura ha arremetido contra el acuerdo apuntando directamente a las palabras de Guardiola tras la sesión constitutiva de la Asamblea, cuando dijo que mantendría su palabra de que Vox no estaría en su gobierno.

La dirección nacional del PP ha justificado este viernes la entrada de Vox en Extremadura porque su voto es "imprescindible" para lograr la investidura, pero ha recalcado que en éste y otros acuerdos que se están cerrando con la formación de Santiago Abascal no hay "cesiones ideológicas". Es más, considera que se confirma "una forma diferente de proceder entre el PP y el PSOE" en relación con los pactos, según han señalado fuentes conservadoras y ha informado Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que el PP y Vox hayan alcanzado un acuerdo para gobernar en coalición Extremadura, en el que el partido de Santiago Abascal asumirá una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. María Guardiola y el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo, han firmado este viernes el acuerdo las 12.45 horas en el Parlamento extremeño.

Ante ese pacto, fuentes del PP han indicado que el partido "está satisfecho por garantizar un cambio de Gobierno en Extremadura" y "por lograr la Presidencia en uno los feudos tradicionales del PSOE", en el que obtuvo los mismos escaños (28 diputados) que el candidato socialista Guillermo Fernández Vara.

Además, ha destacado que el PP ha logrado en Extremadura "un acuerdo de investidura que incluye de manera expresa la violencia machista como un problema real que hay que erradicar en la sociedad extremeña". "Ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres", han añadido las mismas fuentes.

Según ha explicado, el PP ofreció a Vox la presidencia de la Asamblea extremeña y un puesto más en la Mesa de la Cámara. "Vox pedía una vicepresidencia y dos consejerías. Al final la presidenta Guardiola permite la entrada de Vox en el Gobierno con una única consejería: la de Gestión forestal y Mundo rural", ha agregado.

Así, ha recalcado que el PP "ha permitido la entrada de Vox en los lugares en los que su voto afirmativo era imprescindible para lograr la investidura". "Y defenderemos nuestra legitimidad para gobernar en solitario donde somos la fuerza más votada y tenemos más escaños que toda la izquierda junta", han añadido fuentes de la formación.

El PP ha recordado que el debate de investidura de Murcia será la próxima semana y no será sencillo para Vox justificar que bloquea la toma de posesión de un presidente del PP, Fernando López Miras, "que obtuvo casi el 43% de los votos", según el partido.

Finalmente, el PP ha subrayado que "los acuerdos no implican cesiones ideológicas y confirman una forma diferente de proceder entre el PP y el PSOE". "El sanchismo ya tendría todas las presidencias autonómicas que la aritmética le permitiera, cediendo principios y valores a socios como Podemos a cambio de conseguir el poder. El PP está protegiendo su ideología sin someter sus creencias a las exigencias de nadie", han destacado las mismas fuentes.

El portavoz de Campaña del PP, Borja Sémper, ha desdeñado las comparaciones de Guardiola con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, alegando que el presidente del Gobierno "ha pactado a cualquier precio por seguir ocupando el poder". Así ha reaccionado el dirigente conservador en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Según ha dicho, Sánchez ha pactado con ERC y con Bildu en algunos aspectos "a cualquier precio por seguir ocupando el poder", mientras que en Extremadura ha reconocido que Guardiola defendió lo contrario, pero ha justificado este cambio de postura en que era la única posibilidad para gobernar.

Con todo, Sémper ha celebrado este acuerdo que, según ha dicho, va a permitir a los extremeños "tener un Gobierno estable y sólido" que reafirma el cambio que reivindicaban en la campaña, recordando que Vox solo tendrá un consejero.

Por ello, ha defendido que el acuerdo alcanzado en Extremadura "no tendrá ningún cambio en los principios fundamentales del PP", que, según ha dicho, "no solo se respeta, sino que se potencian" dentro de este pacto.

En cualquier caso, ha rechazado las "faltas de respeto" de algunos dirigentes de Vox en relación al Orgullo LGTBI, asegurando que el PP "no es Vox" ya que, según ha afirmado, ellos defienden "políticas muy diferentes".

Aquí, ha defendido el acuerdo en Extremadura porque "se habla expresamente de violencia machista, de los derechos de las mujeres", reivindicando, a renglón seguido, todos los pactos alcanzados con la formación de Santiago Abascal.

Sin embargo, Sémper ha reconocido que es "extraordinario" para los conservadores el modelo balear, en el que se ha alcanzado un acuerdo programático con Vox para la investidura, aunque el PP gobernará en solitario.

Eso sí, ha emplazado al resto de negociaciones que aún se están produciendo en Aragón y Murcia, donde los conservadores también necesitan a Vox para acabar ostentando el Gobierno.

PP y Vox han firmado este jueves un acuerdo para la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern balear, en virtud del cual los de Santiago Abascal no entrarán en el Gobierno autonómico, pero sí en los consells insulares de Mallorca y Menorca. El acuerdo incluye 110 puntos programáticos para "lograr el fin de las políticas socialistas y separatistas en las Islas aplicadas por el anterior Govern, así como las bases para un cambio en Baleares que atienda prioritariamente problemas como la falta de libertad lingüística, el acceso a la vivienda, la bajada de impuestos, el apoyo a la familia o la lucha contra la inmigración ilegal", según recoge Europa Press.

El acuerdo programático hace referencia a apoyar y asistir "a las víctimas de violencia intrafamiliar", mientras que en otro de los artículos habla también de luchar frente a la "violencia contra las mujeres".

En concreto, ambos partidos se han comprometido, según reza el acuerdo, a "apoyar y asistir a las víctimas de violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, a la que sufren los niños y a la que sufren los ancianos, así como la creciente violencia filio parental". Eso sí, el acuerdo también hace referencia en uno de sus puntos a garantizar "toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores".

Asimismo, en este acuerdo programático en Baleares, ambos partidos han pactado un punto en el que se hace referencia a trabajar "para erradicar de la comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer".

Dentro del apartado de políticas sociales y familia, PP y Vox también han convenido la exigencia de derogar la ley Trans y la ley autonómica "para garantizar que las mujeres estén y se sientan protegidas en espacios de intimidad, como vestuarios o baños, así como en el ámbito del deporte".

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, encargado de la instrucción del caso del secuestro de una concejal socialista del Ayuntamiento de Maracena, ha acordado abrir una pieza separada para investigar la presunta participación en estos hechos de la exalcaldesa de esta localidad, Berta Linares (PSOE), y del que fuera edil de Urbanismo en el momento de los hechos, Antonio García, según informa Europa Press.

De esta manera el magistrado da cumplimiento a la decisión adoptada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le instó a proseguir "las diligencias de investigación esenciales no practicadas, precisamente para poder corroborar de forma indiciaria su existencia y alcance delictivo, respecto al socialista Noel López --que es aforado-- y, de forma derivada ante este tribunal, de Berta Linares y Antonio García".

En aquel auto remitido por el TSJA se consideró que la exposición razonada remitida por el magistrado instructor era "extensa y minuciosa", pero, subrayó el auto de la Sala Civil y Penal, "nos encontramos en la tesitura de considerarla insuficiente en relación a las diligencias de instrucción practicadas hasta el momento de su remisión, con renuncia a otras claramente necesarias, en relación a los hechos que expone".

En consecuencia, en un auto fechado este pasado 26 de junio, el titular del Juzgado número 5 acuerda "la declaración en calidad de investigados" de la exalcaldesa y del exconcejal de Urbanismo por su presunta participación en la inducción de la detención ilegal de la concejal del Ayuntamiento de Maracena, así como "la práctica de aquellas otras que deriven y se estimen precisas tras dichas declaraciones". Las fechas para la toma de declaración de los dos investigados se fijarán en los próximos días.

La decisión de abrir la pieza separada deja sin efecto la que tomó el juez instructor en el auto del pasado 14 de junio cuando acordó apartar del caso tanto al diputado aforado, Noel López, como a los dos responsables municipales dado que ya había remitido la causa al alto tribunal andaluz.

Si, finalizadas las investigaciones que ahora se van a emprender, el instructor considera que hay elementos indiciarios contra el diputado autonómico tiene la posibilidad de remitir de nuevo otra exposición razonada a la Sala Civil y Penal, que es la única competente en los casos que afectan a las personas que gozan de aforamiento.

Por otro lado, el juez instructor ha acordado librar oficio dirigido al Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para que aclare si el presunto autor del secuestro, Pedro G.R., pudo llevar a cabo un consumo "puntual" de cocaína el día del secuestro --el pasado 21 de febrero-- habida cuenta de que el informe capilar ya elaborado y remitido al Juzgado por este organismo constató que el detenido no era un consumidor habitual de cocaína o de otras sustancias estupefacientes.

En las diligencias penales abiertas a raíz del secuestro de la concejal de Maracena permanece en prisión provisional el presunto autor de la detención ilegal, Pedro G.R., que en el momento de los hechos era la pareja sentimental de la alcaldesa, la cual renunció a principios de junio tras la exposición mediática y el "desgaste personal" que le ha supuesto este caso.

María Guardiola vuelve a dar un giro de 180 grados. La presidenta del PP de Extremadura ha cambiado otra vez de parecer en cuanto a la relación de su formación con Vox, abriendo ahora la puerta a alcanzar un "acuerdo programático" con la ultraderecha, con quien comparte la "prioridad" de "pasar página a las políticas socialistas". Lo ha dicho en un correo electrónico que envió este domingo a sus militantes en el que ha asegurado que resulta "imprescindible el respeto" y "el diálogo" con la formación ultra.

Las palabras de Guardiola, que también ha aplazado la Junta Directiva Autonómica y el Comité Ejecutivo Regional convocados para este martes para abordar la situación tras las fallidas negociaciones, han supuesto un giro radical de la posición que mantuvo hasta hace apenas 72 horas, cuando la dirigente conservadora marcaba una línea roja entre su partido y el de Santiago Abascal, marcando también distancias con la posición que el PP ha tenido en otras regiones como la Comunitat Valenciana.

El pasado 21 de junio, de hecho, la presidenta de los conservadores extremeños aseguró que preferiría "quitarse de en medio" antes que "tragar" con una directriz de Génova para permitir que Vox entre el Gobierno regional, como ha pasado en Valencia. Según añadió en una entrevista en el programa Más de uno, de Onda Cero, dijo que la opción "más sensata" para evitar una repetición electoral era que "Vox dé marcha atrás" y apoye su investidura sin formar parte del Ejecutivo de Extremadura. "No hemos engañado a nadie, hemos dicho que no íbamos a gobernar con Vox, que queremos gobernar en solitario", afirmó.

Un día antes explicó sus motivos. "No puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera una bandera LGTBI", dijo en una rueda de prensa refiriéndose, precisamente, al pacto que habían alcanzado en la Comunitat Valenciana, donde ambas formaciones se fijaron objetivos como "sacar la ideología de las aulas", libre elección de centro y de la lengua entre las dos oficiales en todas las etapas educativas, "erradicar la violencia intrafamiliar" —garantizando la igualdad "entre todas las víctimas".

"No me veo capaz de tener en el Consejo de Gobierno a personas que están tan alejadas ideológicamente de lo que yo pienso", aseguró Guardiola, que matizó tener "respeto absoluto a los pactos y acuerdos de cada territorio".

Sin embargo, ese alejamiento entre ambas formaciones se produjo tan sólo unas horas después de que Guardiola ofreciera la Presidencia de la Asamblea de Extremadura a los de extrema derecha, que rechazaron la oferta dejando con ello el cargo en manos del PSOE. Vox, dijo la líder conservadora, había "antepuesto sus ansias de poder al cambio".

La dirigente no ha sido siempre tan tajante. La noche electoral del pasado 28 de mayo, una vez conocidos los resultados que arrojaron las urnas, dijo estar "convencida de que Vox" quería "lo mismo" que los conservadores, por lo que se mostró abierta a hablar con el candidato ultra en Extremadura, Ángel Pelayo. "Me gustaría ver qué tiene que ofrecer a esta tierra", señaló. Manifestó su voluntad, ya entonces, de gobernar en solitario, aunque no señaló ninguna línea roja con los de extrema derecha, que el 1 de junio, poco después de los comicios, tendieron la mano a Guardiola para iniciar unas negociaciones "sensatas", "definidas" y "sin exigencias previas".

"Una negociación no puede hacerse en base ni a líneas rojas, ni a líneas verdes, ni blancas, ni negras, ni nada de lo que la señora Guardiola se adelantó o se precipitó a comunicar desde el principio de la precampaña y durante toda la campaña", criticó ese día Pelayo.

Tan sólo once días después, el día 12, Guardiola se mostró confiada en que podría anunciar un pacto en los siguientes días, aunque en ese momento no quiso desvelar si Vox entraría o no en el Gobierno, cambiando ya su discurso postelectoral. "Intentaremos cuanto antes ponernos de acuerdo, porque no tengo prisa, pero sí tengo ganas de poner en marcha medidas que necesita esta tierra para salir de la inercia y de la inacción", dijo Guardiola, quien ante las preguntas de los periodistas insistió en "mantener en la privacidad de las conversaciones".

El pasado viernes, cuando Guardiola todavía mantenía el cordón sanitario a Vox, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en la toma de posesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso —en la que también estuvo presente Guardiola—, que su partido tenía una "divergencia importante" con Vox en Extremadura que les separaba del acuerdo "al menos de momento".

No fue sólo Feijóo, la presidenta madrileña dijo, en una entrevista publicada este domingo en El Mundo, que "en este momento decisivo para España hay que encontrarse con Vox pese a discrepar". "Hay tanto que cambiar en Extremadura, como se ha visto en Andalucía. Sería una gran pérdida para todos no conseguirlo", añadió, asegurando que aconsejaría a Guardiola "tener mucha paciencia y magnanimidad".

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre fue más dura. "Nuestro máximo respecto por Vox, que la mayoría de sus votantes eran del PP. La señora Guardiola, que ha empezado diciendo que ella admite todo, menos Vox, pues no sé qué pretende hacer", criticó.

“Una mujer de izquierdas, feminista y que siempre apoya la justicia social”. Así le gusta definirse a Maider Extebarria. Ella es la primera alcaldesa de la historia de Vitoria y se ha convertido en uno de los grandes referentes municipales del socialismo después del 28M, al tener el bastón de mando de una de las ciudades más pobladas gobernada por el puño y la rosa.

Etxebarria (Vitoria, 1976) representa a la nueva generación del PSE-EE que está en primera fila y que presume de la combinación de ideología progresista y capacidad de gestión, como señalan en el partido. Una mujer, criada en el barrio de San Cristóbal, que no viene de las Juventudes y que la mayor parte de su carrera ha estado vinculada a la empresa privada. Pero el partido le echó el ojo y la fichó para el Gobierno vasco en 2016 para llevar las riendas de la Dirección de Turismo y Hostelería.

“Ella es muy germana”, señala un alto cargo del PSE-EE, en un comentario que refleja el sentimiento mayoritario de sus compañeros sobre su capacidad de gestión. Gestión, gestión, gestión. Lo repiten constantemente los de sus filas. Etxebarria llegó al mundo político tras una trayectoria en el mundo empresarial, especialmente vinculado al turismo, tanto en compañías como de manera autónoma.

Una política que, además del euskera y del castellano, domina el alemán, el inglés y el francés, con diplomatura en Actividades Turísticas por la Universidad de Deusto y graduada en Filología Alemana por la Universidad del País Vasco. Es, además, guía oficial. Algo que le apasiona y, de hecho, le encanta enseñar su ciudad, como ha hecho en alguna ocasión con Salvador Illa mientras corrían (una afición que comparten los dos políticos).

“Es muy trabajadora y espontánea”, subrayan fuentes del socialismo vasco. En 2019 ya el partido apostó por ella, después de su etapa en el Ejecutivo vasco, como ‘número uno’ en las municipales. Entonces quedó en segundo lugar, con el PNV por arriba por menos de tres mil votos. Un pacto entre los nacionalistas y los socialistas llevó a Etxebarria a ser primera teniente de alcalde y responsable de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo.

Su puesto en el Ayuntamiento la llevó también a tener mucha relación con los vecinos a pie de calle y entre los empresarios y comerciantes, uno de sus puntos fuertes, según comentan en el PSE. “La conoce todo el mundo”, aseguran en la cúpula socialista, donde se valora este como uno de sus puntos fuertes para hacerse la Alcaldía. En estos comicios, la plancha electoral del PSOE se colocó en segunda posición en las urnas por detrás de EH Bildu. Pero se ha hecho con la vara de mando gracias a los votos del PNV y el PP.

Su lema para llegar hasta el poder ha sido el “cambio tranquilo”, una expresión que aduce constantemente. “Muy trabajadora”, insisten los socialistas, que trasladan que es otro de los fuertes de la nueva alcaldesa. Para el PSOE es “importantísima” en estos momentos esta Alcaldía, porque es la capital de Euskadi. “Tiene mucha visibilidad”, insisten las fuentes. En Ferraz también valoran su simbolismo porque es la quinta ciudad más poblada que tienen ahora en su manos (tras Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo y Hospitalet).

“Siempre tiene una sonrisa, pocas veces la he visto cabreada”, resalta un dirigente socialista cuando se pregunta por ella, que añade: “Siempre lo tiene todo muy controlado, es muy lista”. Sobre su salto a la política tras su época en el sector privado comentan fuentes del partido: “Ha ido aprendiendo. Lo hace bien en los mítines. Y en la calle saluda a todo el mundo. Iba con ella por la calle y ves que todo el mundo la conoce. Es simpática, por lo tanto no tiene que fingir. Le sale natural”.  Además, reconocen en el núcleo duro del socialismo vasco que la clave de la campaña ha sido “ella, tiene tirón, está muy bien valorada”. “El secreto es ella, está por encima del partido en valoración, además de que el PSE es fuerte en Vitoria, pero el plus lo ha dado ella”, apostillan. 

Ahora el reto, como comentan en el partido, es pasar de gestionar un área a tener que coordinar todo el Ayuntamiento. Hay departamentos, señalan los socialistas, que hay que arreglar, y ahora la responsabilidad recae en ella directamente. También ante la mirada de los ciudadanos. Y su gobierno es de coalición junto con el PNV, donde está rodeada con cuatro tenientes de alcaldesa: Beatriz Artolazabal (PNV), Jon Armentia (PSE), Iñaki Gurtubai (PNV) y Borja Rodríguez (PSE). El tráfico, uno de los asuntos más polémicos ahora mismo, estará gestionado finalmente por los peneuvistas. “La relación entre el PSE y el PNV está bien”, indican fuentes del partido, que agregan: “Hay diferencias dentro de los partidos, pues imagínate con otro diferente. Pero estamos acostumbrados a las coaliciones. Ella mantiene su criterio pero es fácil llevarse con Maider”.

El estilo Etxebarria ya ha llegado en los primeros días como alcaldesa, empezando por los madrugones. Es una política que se ha despertado ya estas jornadas a las cinco de la mañana, con la lectura de la prensa como primer plato. Y a la siete estaba ya en su despacho concentrada, a pesar de que en los pasillos había ajetreo de funcionarios y de cajas de unos despachos a otros por el cambio de las tornas de poder. Todo ello tras esa resaca que ha vivido la ciudad por la investidura, el Azkena Rock y el ascenso a primera del Alavés (la sexta alegría del Glorioso en sus 102 años de historia).

La idea que tiene la nueva alcaldesa es dar la máxima estabilidad al Ayuntamiento, una de sus principales promesas, por lo que tiende la mano a todos los grupos para llegar a acuerdos en las cosas que importan a los ciudadanos. Podemos no quiso entrar en el equipo de gobierno al ver incompatible al PNV, pero pueden jugar un papel muy importante, especialmente de cara a los presupuestos.

Una de las principales obsesiones, como ha reconocido durante toda la campaña, es el tema de la vivienda y el alquiler social en la ciudad. Por eso, incluso antes de la investidura, habló con el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, para abordar esta cuestión. Tiene claro que marcará los próximos años en la ciudad y quiere ir de la mano del Ejecutivo autonómico, como ha sido lo habitual en Vitoria. Además, entre sus planes está la mejora de la movilidad y de la limpieza. Con otro gran objetivo: promocionar mucho más la urbe a nivel turístico. Su primera gran medida, a la falta de las concreciones técnicas, será poner en marcha un cheque para los autónomos.

Y hay algo que siempre le hace desconectar: el deporte. Desde niña le ha obsesionado, desde la natación hasta el balonmano. Le chifla coger su bici y escaparse por los alrededores de Vitoria, pedalear a todo trapo. Pero también disfruta mucho, como comentan sus allegados, con el senderismo y haciendo rutas por el monte. Sin olvidar la pala y la piragua. Al ritmo siempre de rock y de jazz. Aquella joven que un día fue au pair en Alemania se ha convertido ya en la primera alcaldesa de la historia de la ciudad.