En cada temporal marítimo en el Sur de España surgen las mismas imágenes, fruto la dejadez de las administraciones públicas, que permanecen ajenas a un problema que va en aumento. En el vídeo que viralizó en Instagram el activista medioambiental @Quiquebolsitas, grabado entre las playas de Matalascañas y Mazagón, en pleno Parque Nacional de Doñana, se vieron cientos de garrafas de gasolina esparcidas por la costa. En ese caso ocurrió en Huelva, pero es algo muy común en toda Andalucía, lo mismo que la presencia de las narcolanchas al abrigo, muy cerca de la costa, cuando las condiciones atmosféricas se complican.

Lo ocurrido en el Parque de Doñana en fechas muy recientes es también es también muy habitual en Almería, donde ya una constante cada vez que hay mala mar. Ya no es que las garrafas de plástico aparezcan en las orillas de esas playas, es que pueden pasar semanas sin que se recojan.

Precisamente, llegados a este punto, el activista @quiquebolsitas ha organizado para el este lunes, 29 de diciembre, una red de voluntariado para desplazarse a limpiar las playas de lo que allí se encuentre.

Esto mismo sucede en el interior del río Guadalquivir, con narcolanchas que los mismos narcos abandonan e incluso incendian en su huida para no dejar más pistas de su labor a las autoridades, y pueden pasar meses a la deriva o en las marismas del río. Todo esto sucede en el Parque Nacional de Doñana, uno de los que cuenta con una mayor biodiversidad de Europa.

Esas garrafas de gasolina esparcidas por distintos puntos de la costa andaluza proceden de narcolanchas. Sus tripulantes las abandonan en altamar para dejar espacio en sus embarcaciones con el fin de continuar su trabajo: abastecer a otras gomas que transportan la droga. Este problema del llamado 'petaqueo' es ya tan grande que no sólo afecta a la seguridad marítima, también a la medioambiental. Y por ahora, el legislador no tiene ni planteado adaptar el Código Penal a esta nueva realidad que no deja de crecer.

La situación actual del tráfico de drogas en el que se usan embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, las llamadas narcolanchas, ha cambiado mucho en estos últimos ocho años. Fruto de la presión ejercida en el Estrecho de Gibraltar, las rutas por las que navegan las narcolanchas se han ampliado y eso provoca que se necesite mucha más gasolina que antes, cuando paso de Marruecos a España era mucho más cercano.

Ahora la droga se introduce constantemente por las costas de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Y cada territorio tiene sus particularidades. Así, en Huelva ya está entrando cocaína con el hachís, lo mismo que en Cádiz, pero en la parte oriental por ahora no se han detectados esos movimientos.

Todo este tráfico de drogas ha provocado que se necesiten diariamente cientos de garrafas de gasolina para abastecer a flotas enteras de gomas que esperan pacientemente el momento más oportuno para alijar en las playas, o en los ríos Guadiana y Guadalquivir. Esas embarcaciones pueden estar semanas en altamar, y por ello se realizan rotaciones de tripulación. Todo esto conlleva que se acerquen a la costa narcolanchas muchas veces simplemente para recoger gasolina, víveres y nuevos tripulantes.

Este fenómeno del petaqueo requiere una demanda de garrafas de gasolina que pocos proveedores pueden satisfacer, por eso cada vez está entrando a ese negocio más personal amateur. Esta demanda hace que se lleguen a pagar 500 euros por cada garrafa de gasolina que se consiga para ciertas organizaciones criminales, lo que ha causado que haya narcotraficantes que cometan errores tan burdos como incendiar vehículos cerca de gasolineras.

Justo eso fue lo que ocurrió en noviembre en Los Palacios y Villafranca (Sevilla). En una de las estaciones de servicio de la localidad. tres petaqueros incendiaron la furgoneta en la que estaban introduciendo garrafas porque uno de ellos no podía aguantarse las ganas de fumarse un cigarrillo.

Un incidente similar se dio en la ría de Punta Umbría el pasado 8 de noviembre, de madrugada. Una embarcación recreativa explotó y causó heridas graves a dos tripulantes y también afectó a otros cinco barcos que se encontraban cerca. La explosión fue causada porque el barco transportaba decenas de garrafas de gasolina que servían de combustible para narcolanchas.

Precisamente accidentes como estos, causados por tanta acumulación de gasolina, han llevado a la Fiscalía de Cádiz a defender que se aplique el criterio del artículo 568 del Código Penal, algo que se ha elevado al Supremo para que fije doctrina. Ello ha sido así tras la absolución de unos narcos en la Audiencia Provincial de Cádiz, que se ha desmarcado del criterio de los demás compañeros de lo de Penal de la capital gaditana.

Ese delito del 568 tipifica que "la tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro de cualquier forma, no autorizado por las leyes o la autoridad competente, serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años, si se trata de sus promotores y organizadores, y con la pena de prisión de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación".

La lucha de la Fiscalía busca que el petaqueo se tipifique como un delito penal y no un tema meramente administrativo por transportar gasolina sin los requisitos para ello. Además, se está buscando que se modifique el Código Penal para que la actividad de petaqueo sea considerada como parte del narcotráfico. Es esencial para que la droga llegue a España que las gomas tengan gasolina, y eso sólo es posible si existe una industria auxiliar que les reparta gasolina y bidones.

Mientras tanto, durante este fin de semana, con otro temporal en proceso, las narcolanchas que estaban en el Atlántico y en el Mediterráneo volvían a resguardarse en los puntos donde siempre lo hacen, cerca de la costa. En sus cambios de tripulación y reabastecimiento recipientes de gasolina vacíos al mar volverán a acabar en Doñana o en el Cabo de Gata. En bucle.

Un estudio internacional liderado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ofrece el primer ejemplo conocido de una vocalización animal que combina componentes innatos y aprendidos. El hallazgo, publicado en Nature Ecology and Evolution, supone la identificación de una vocalización similar en más de una veintena de especies repartidas por el mundo.

Los resultados aportan una nueva perspectiva sobre el papel de la selección natural en la evolución de la comunicación vocal y cuestionan la división tradicional entre la comunicación animal y el lenguaje humano.

“Por primera vez hemos documentado una vocalización que tiene componentes, tanto aprendidos, como innatos, lo que podría mostrar cómo las señales aprendidas evolucionaron a partir de llamadas innatas, tal y como sugirió por primera vez Charles Darwin”, explica William Feeney, ecólogo evolutivo de la EBD-CSIC y autor principal del estudio.

“Estamos viendo cómo la evolución permite a las especies dar significados aprendidos a los sonidos que ya producen de forma natural”, destaca.

El equipo científico ha observado que más de 20 especies diferentes de aves de cuatro continentes producen vocalizaciones casi idénticas, similares a un quejido, cuando detectan la presencia de aves parásitas, como los cucos.

Estas especies ponen sus huevos en los nidos de otras aves, obligándolas a criar a sus polluelos, a menudo en detrimento de su propia descendencia. Identificar y frenar a estos parásitos supone, por tanto, una clara ventaja evolutiva.

¿Por qué distintas especies de aves de lugares tan distantes como Australia, China y Zambia utilizan la misma llamada para identificar a sus parásitos, a pesar de no haber tenido nunca contacto entre sí?

Para responder a esta pregunta, realizaron experimentos de reproducción de sonidos con el objetivo de evaluar cómo respondían a este tipo de llamadas frente a otras vocalizaciones. Además, llevaron a cabo otros experimentos para analizar cómo reaccionaban los individuos al ver un cuco en comparación con otras especies depredadoras y no depredadoras.

Los resultados mostraron que, al escuchar la llamada, las aves acudían a investigar de manera instintiva. En ese momento, las aves comenzaban a captar las señales de su entorno y aprendían a asociar el sonido con la presencia de un parásito.

“Es lo que se conoce como transmisión social”, afirma Damián Blasi, coautor del estudio y científico del lenguaje en la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

Esa capacidad de observar y aprender del entorno no se limita, por tanto, a una reacción inmediata, sino que influye en el comportamiento futuro de las aves.

“Es en ese momento cuando las aves aprenden cuándo producir ese sonido en el futuro”, INDICA James Kennerley, coautor principal e investigador posdoctoral en el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (Nueva York, EE UU).

Más allá del mecanismo de aprendizaje, el hallazgo tiene implicaciones evolutivas más amplias que ofrece nuevas perspectivas sobre el origen del lenguaje aprendido.

“Lo fascinante de esta llamada es que representa un punto intermedio entre las vocalizaciones instintivas que a menudo vemos en los animales y las unidades vocales completamente aprendidas, como las palabras humanas”, señala Feeney,

La investigación también reveló que las especies que producen este tipo de llamada tienden a vivir en áreas con redes complejas, donde las interacciones entre parásitos de cría y sus hospedadores son frecuentes.

“Con las aves trabajando juntas para ahuyentar a los parásitos, comunicar cómo y cuándo cooperar es realmente importante, por lo que esta llamada está apareciendo en partes del mundo donde las especies están más afectadas por el parasitismo de cría”, explica Kennerley.

El resultado, añade, “es que la evolución de este tipo de vocalización está afectando los patrones de comportamiento cooperativo entre aves en todo el mundo”.

El vínculo entre el sonido innato y la respuesta aprendida por el ave es lo que hace único a este estudio, según el equipo científico que ha tomado parte en la investigación.

Sus hallazgos ponen en cuestión la división tajante que tradicionalmente se ha establecido entre la comunicación animal y el lenguaje humano. De hecho, sugieren que los sistemas de comunicación aprendidos, incluido el lenguaje humano, podrían haber surgido mediante una integración progresiva de componentes instintivos y aprendidos.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

La Casa de Alba esta a un paso de poder volver a utilizar el agua de Doñana para regar su finca Aljóbar de Aznalcázar, cercana al acuífero. Ya lo consiguió durante una década, en los que robó supuestamente entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos de agua. Ahora, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, podría volver a permitirlo pese a que la Guardia Civil y la Fiscalía acusan a la familia de expoliar el acuífero sin permisos.

La empresa Eurotécnica Agraria, vinculada a la Casa de Alba y encargada de la gestión de la finca, podría recuperar su permiso original, que les permitía volver a 605.150 metros cúbicos por año en tres parcelas de 222 hectáreas, gracias a la Confederación. El único paso que falta es el remate de un procedimiento administrativo para los permisos de riego.

Ecologistas en Acción ha considerado "sorprendente" que días después de conocer que la instrucción se alargaría otros seis meses más, la CHG haya modificado, de forma provisional, una concesión de aprovechamiento que supondría extraer agua de más puntos y no solo de un pozo en esta finca por parte de Eurotécnica Agraria SA.

Este nuevo paso ha sido concretado, en un informe-propuesta de la Comisaría de Aguas al que ha tenido acceso EFE, en el marco de un expediente de transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, en el que se pone de manifiesto la viabilidad técnica y se reconoce un plazo de vigencia durante 20 años, entre distintas "condiciones específicas".

"Resulta sorprendente que la administración que tiene que velar por el interés general y el correcto uso del agua en la cuenca, conociendo la instrucción judicial prorrogada y que ha tenido que informar al juzgado sobre los daños a las masas de agua subterráneas, esté informando de forma provisional, pero favorable, a que usen los pozos investigados en su concesión de agua", ha señalado a EFE un portavoz de los ecologistas.

Esta organización considera que la resolución de la CHG puede ser "usada" por la empresa para solicitar al juzgado el archivo de las diligencias. "Lo lógico sería esperar a que se resolviera la vía penal y, en consecuencia, actuar en vía administrativa a posteriori", ha concluido.

A principios de este septiembre el juzgado decidió prorrogar seis meses más la instrucción sobre estos recursos hídricos vinculados a la Casa de Alba, una decisión adoptada tras la solicitud por parte de la Fiscalía al tratarse de una causa de "cierta complejidad técnica" y a la espera de concretar el posible daño que las extracciones de agua pudieron causar en el medio ambiente.

Por otra parte, el representante legal de Eurotécnica Agraria se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en la instrucción judicial abierta por unos pozos no autorizados administrativamente.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la persona compareciente en nombre de la sociedad investigada se ha acogido a su derecho a no declarar y ha apuntado únicamente que se remitía a lo que ya trasladó la persona física investigada en la instrucción que se sigue en la Sección Civil y De Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Plaza número 1.

En este caso ya declaró como investigado el nieto de la Duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien señaló el pasado 20 de febrero que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial.

Según las fuentes, además el compareciente ha sido debidamente informado de que en esta causa se investiga una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente, con el posible perjuicio al medioambiente que estas captaciones han podido causar durante distintos años.

La comparecencia de Eurotécnica Agraria haría que no fueran necesarias otras declaraciones de los consejeros delegados de la referida sociedad, entre cuyos miembros del Consejo de Administración están los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo.

La Fiscalía ha pedido al juzgado de Sevilla que investiga pozos 'no legalizados' en la finca Aljóbar de Aznalcázar, perteneciente a la Casa de Alba y situada en el entorno de Doñana, prorrogar el plazo de instrucción por seis meses y que se cite a nuevos investigados de la sociedad que lleva estos terrenos, informa EFE. Además, la Fiscalía ha pedido la imputación de los hermanos Martínez de Irujo, Eugenia, Cayetano y Fernando José, por formar parte del consejo de administración de la empresa que gestiona la finca.

En este caso ya declaró como investigado el nieto de la Duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien aseguró el pasado 20 de febrero que inició la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial.

En un escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, al que ha tenido acceso EFE, la fiscal traslada esta petición al considerar que "concurren indicios suficientes" para continuar la instrucción del procedimiento por hechos que serían "cuanto menos" constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente.

En concreto, alude a una posible "extracción sistemática y de carácter industrial" de agua en una superficie "muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural", tal y como se refleja en las actuaciones.

Por ello, solicita al juzgado que prorrogue el plazo de instrucción de la causa por seis meses más, que tendrá que computarse cuando se extinga el actualmente vigente hasta este próximo 9 de abril.

Para concluir "en debida forma" la instrucción, también pide que declaren como investigados la persona jurídica Eurotécnica Agraria SA y los diferentes miembros del Consejo de Administración de la referida entidad mercantil encargada de gestionar la finca.

La fiscal también pretende que el juzgado reclame a la CHG para que, "a la mayor brevedad", remita copia de cuantos expedientes sancionadores haya abierto a esa mercantil, con referencia expresa a las sanciones impuestas en su caso.

El juzgado que investiga los pozos ya pidió informes al organismo de cuenca para concretar si las extracciones de agua habían causado "daños sustanciales" al medio ambiente en el entorno.

Según informaron en su día a EFE fuentes judiciales, el nieto de la Duquesa de Alba declaró el pasado 20 de febrero que inició la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la CHG que motivó luego la causa judicial.

Explicó que accedió a la gestión de la finca en 2016, como parte de una herencia de su abuela, pero que no estaba en el funcionamiento diario de esta explotación agraria. Cuando llegó, se estaba finalizando una balsa para el riego que se abastecía de distintos pozos, según entendía él de acuerdo a lo permitido.

Sería a raíz de una denuncia en 2023 de la CHG cuando se inició la regularización de los pozos, a pesar de que este organismo de cuenca ya había estado con anterioridad en la finca y, según su declaración, no habría manifestado nada sobre estos, indicaron las fuentes.

La marisma de Doñana ha cambiado notablemente en los últimos 40 años debido a las actividades humanas y al cambio climático. Esto ha afectado a la comunidad de aves acuáticas que invernan allí pero también a las poblaciones de gansos y patos de todo el Paleártico Occidental, la región ecológica que incluye Europa, África del Norte y parte de Asia occidental.

Es lo que ha demostrado un equipo científico de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) en un nuevo estudio publicado en la revista Global Change Biology.

“Nuestros resultados ponen de manifiesto que la conservación de Doñana no es solo una cuestión de interés regional o nacional. Cuando Doñana está mal, las consecuencias resuenan en toda Europa”, explica Miguel de Felipe, autor principal del estudio. El trabajo integra 38 años de censos locales e internacionales, datos ambientales y análisis funcionales para evaluar cómo los cambios ambientales a escala local afectan a las poblaciones biogeográficas de anátidas.

De acuerdo a los datos de censos aéreos y terrestres llevados a cabo por la ICTS Doñana, la investigación revela que nueve de las 15 especies analizadas han experimentado declives en los últimos 40 años asociados con la pérdida de áreas inundadas en la marisma del Parque Nacional de Doñana. Esta transformación ha alterado significativamente la comunidad de aves invernantes.

En los años 80 predominaban especies como el ánsar común (Anser anser), el pato silbón (Mareca penelope) y la cerceta común (Anas crecca), que están estrechamente vinculadas a un buen nivel de inundación y alta productividad vegetal en la marisma. 

En la actualidad, las especies más abundantes son el pato cuchara (Spatula clypeata) y el pato rabudo (Anas acuta). No obstante, ello se debe al aumento de las temperaturas y la reducción de las lluvias otoñales en el norte de África, que han llevado a que un mayor número de estas aves invernen en Doñana cada año, aunque sigan dependiendo del estado de la marisma natural.

Pero los efectos del deterioro de Doñana se extienden más allá de los límites del espacio protegido. Su relevancia como lugar de invernada a nivel internacional es tal que un gran porcentaje de las poblaciones de anátidas de todo el continente pasa aquí los meses de invierno. No existe ningún otro humedal capaz de acomodar y alimentar a cientos de miles de aves.

Para estudiar su efecto sobre las poblaciones de aves acuáticas a nivel internacional, el equipo científico utilizó datos del International Waterbird Census, un programa de monitorización global que recoge información sobre aves acuáticas en distintos humedales europeos de forma anual. 

Estos datos fueron complementados con observaciones históricas de aves de las oficinas de anillamiento de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, de la ICTS Doñana y de la SEOBird Life y con datos de imágenes satélite y datos meteorológicos de 432 humedales de importancia internacional distribuidos por la ruta migratoria del atlántico Este, entre Europa y África. Los resultados demostraban que el estado de Doñana era uno de los factores que determinaban cómo fluctuaban las poblaciones de aves acuáticas migratorias de un año a otro.

Del mismo modo que una ola de calor durante el periodo de cría en centro Europa afecta de forma directa al número de pollos que sobrevivirán ese año, las condiciones que estas aves encuentran en invierno en Doñana afecta a su supervivencia o exito reproductor futuros.

“Cuando Doñana se encuentra en malas condiciones, las aves que invernan aquí regresan debilitadas a sus lugares de cría en Europa, lo que provoca una disminución en las poblaciones debido a un menor éxito reproductivo y mayores tasas de mortalidad en la primavera siguiente”, explica De Felipe.

Los resultados subrayan asimismo que los ecosistemas manejados por el ser humano, tales como arrozales, piscifactorías o salinas, muchas veces inundados de forma artificial, no logran compensar los efectos que la degradación de la marisma natural de Doñana tiene sobre las aves acuáticas.

“La situación es urgente. Por suerte, aún no hemos de lamentar la extinción local de ninguna de las especies estudiadas. Sin embargo, el estudio demuestra que el estado de conservación de Doñana es crucial no solo para las especies animales residentes, sino también para la conservación de las aves acuáticas que crían en regiones tan lejanas como Dinamarca o Suecia”, afirma De Felipe.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Santa Olalla, la mayor laguna del espacio natural de Doñana, en Huelva, ha cerrado el verano “en una situación crítica”, prácticamente seca —por tercer año consecutivo— y con solo una lámina superficial de humedad residual y barro, según ha advertido un equipo de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

Esta laguna, la mayor de la región, se secó por completo dos veranos consecutivos, en 2022 y 2023, algo que no había ocurrido nunca desde que la EBD-CSIC comenzó a tomar datos hace 50 años.

“Doñana está atravesando años muy duros. La combinación de una intensa y prolongada sequía y la sobreexplotación del acuífero están teniendo un gran efecto sobre el sistema de lagunas del espacio protegido”, ha explicado en un comunicado Eloy Revilla, director de la EBD-CSIC.

El ciclo hidrológico que se acaba de cerrar, el de 2023-2024, comenzó con una Santa Olalla totalmente seca, situación que se mantuvo durante dos meses continuados hasta que las primeras lluvias caídas a mitad de octubre ayudaron a que el nivel del acuífero subiera y el agua comenzara a inundar la cubeta de la laguna: "El máximo de inundación se alcanzó a finales de febrero”, ha indicado Javier Bustamante, también de la EBD-CSIC.

A partir de abril, los sensores de la ICTS-Doñana detectaron una gran proliferación de algas filamentosas debido a una proporción elevada de nutrientes, favorecida por las altas temperaturas y la poca movilidad del agua. El pico más alto se detectó a finales de junio, con más de 280.000 células de cianobacterias por mililitro.

Aunque no todas son tóxicas, se consideran excesivas cifras superiores a 100.000 células/ml, ya que puede aumentar la probabilidad de toxicidad sobre otros organismos como aves o peces.

Más tarde, en el mes de julio, debido al aumento de temperaturas y a la progresiva disminución de la superficie inundada, hubo una gran proliferación de fitoplancton que se extendió por toda la superficie de la laguna; se observó también, como cada año, que los valores de salinidad de la laguna aumentaban según avanzaba el verano por efecto de la evaporación del agua y la pérdida de superficie inundada.

Desde hace algunos días, el equipo de Monitorización Ambiental de la ICTS-Doñana, ya no puede tomar muestras representativas de agua para analizar, ya que solo queda humedad residual y barro.

Por su parte, la laguna Dulce, situada muy próxima a Santa Olalla y considerada hasta hace algunos años también una laguna permanente, se ha secado por completo durante la segunda semana de septiembre, algo más de un mes después que el año pasado, mientras que la laguna del Hondón sí ha mantenido agua a lo largo del verano.

La laguna de Santa Olalla, así como todas las del Parque Nacional, que se sitúan en la zona próxima a las dunas, se inundan gracias a las descargas del acuífero, por lo que sus ciclos de inundación dependen de los niveles de las aguas subterráneas.

Estudios recientes de la EBD-CSIC han constatado que un 60 % de las lagunas que existían en los años ochenta del siglo pasado ya han desaparecido. Además, gran parte de las que aún permanecen se inundan mucho menos y por un periodo de tiempo más corto de lo que se espera por el clima.

El personal científico advierte de que esta situación se está agravando en los últimos años debido a la sequía: Doñana lleva más de diez años con precipitaciones por debajo de la media. Estudios de la EBD-CSIC muestran que el deterioro del sistema de lagunas está teniendo un gran impacto sobre la fauna y flora de Doñana, en particular, sobre su comunidad de anfibios y reptiles acuáticos, especialmente vulnerables.

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Cada año, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), analiza decenas de alimentos que se venden en los supermercados españoles en busca de pesticidas, y en todos los estudios siempre se encuentran decenas de ellos. La mayoría de las muestras positivas registran unos niveles de químicos por debajo de los umbrales de riesgo establecidos por la Unión Europea, pero otras tantas incumplen con los reglamentos de fitosanitarios y tienen un impacto severo en la salud, especialmente en niños, embarazadas y personas con patologías previas. Ecologistas en Acción ha estudiado los últimos datos disponibles de 2022 y ha concluido que la Aesan encontró ese año más de 100 plaguicidas, especialmente en frutas y verduras. Koldo Hernández, coautor del estudio y coordinador del área de Agua, recuerda que "no hay umbrales seguros de consumo de pesticidas" por mucho que la UE haya fijado baremos de riesgo.

Algunos de los plaguicidas encontrados llevan años prohibidos en la Unión Europea, mientras que otros, aunque están permitidos temporalmente, se encuentran en concentraciones mucho mayores de lo permitido. Hernández explica que esto ocurre por tres motivos: porque permanecen en la tierra durante décadas y los cultivos los absorben, porque hay un tráfico ilegal de pesticidas y se importan de países donde son legales, y porque la UE otorga a algunos productos tóxicos permisos temporales de uso porque no tienen un sustituto en el mercado. De hecho, la inmensa mayoría de los análisis realizados por la Aesan y las comunidades autónomas (el 97%) es a productos cultivados en España, por lo que no se puede culpar a terceros países de la presencia de estos químicos en la alimentación.

Uno de los ejemplos más recientes está en Doñana, donde un estudio del CSIC publicado en julio detectó en el agua de este Parque Nacional diecisiete pesticidas prohibidos, como el clorpirifós, la terbutrina o el diazinón, lo que "nos estaría indicando un uso reciente y, por lo tanto, posibles prácticas ilegales en la zona". Doñana está rodeado de cientos de hectáreas de cultivo intensivo de fresas, un cultivo muy rentable y sensible en el que se suele abusar del uso de plaguicidas.

También es frecuente que la Guardia Civil incaute cargamentos de fitosanitarios prohibidos en España que los agricultores utilizan porque son más baratos o porque son más efectivos contra determinadas plagas, aunque sean tóxicos para los propios trabajadores que los manipulan. Por ejemplo, el pasado mes de julio, el Seprona incautó en las inmediaciones de Doñana 12 toneladas de pesticidas, entre ellas el clorpirifos, prohibido en la UE en 2020 y que puede llegar a ser mortal con exposiciones prolongadas, como las que podrían tener los agricultores.

En el análisis de la Aesan, publicado en abril y revisado ahora por Ecologistas en Acción, se detectaron un total de 106 plaguicidas diferentes, de los que 59 son considerados disruptores endocrinos y otros 17 se están estudiando en Bruselas para sustituirse por otros alternativos por sus daños sobre la salud y el medioambiente. El estudio de Aesan, que depende del Ministerio de Consumo, analiza decenas de productos frescos, como frutas, verduras, carnes y comida de bebés mediante análisis aleatorios para simular el comportamiento de un consumidor estándar. En el informe de 2022 determinaron que el tomate es el alimento con más plaguicidas diferentes encontrados, 31 en total, seguido de la lechuga (23), las mandarinas (21), las fresas (21) y las manzanas (20).

Koldo Hernández incidió durante la presentación de su reanálisis que uno de los grandes problemas para la salud de estos químicos es que no se encuentran aislados, sino que muchas veces se encuentran diferentes pesticidas en un mismo producto, lo que altera su impacto en la salud. "La UE evalúa los plaguicidas de uno en uno, pero sin mirar las consecuencias de su efecto combinado sobre la salud. En unos casos el efecto será de sinergia, con un impacto mayor que de forma individual", opina el experto.

Los daños en la salud de estos plaguicidas son de todo tipo, aunque los más frecuentes son la irritación de los ojos y la piel. Sin embargo, exposiciones prolongadas se relacionan con alteraciones del sistema endocrino, problemas de fertilidad y desequilibrios en la menstruación o la menopausia, o incluso con enfermedades mentales y cánceres. Las mujeres embarazadas y los niños son los más vulnerables a su consumo en el día a día, pero los que más peligro corren son los trabajadores del campo, que a menudo no cumplen con los estándares de seguridad y no van equipados con EPI, los trajes recomendados para esparcir estas sustancias.

España es uno de los países de la Unión Europea con menor concentración de pesticidas en sus estudios alimentarios. En 2022, solo se encontraron concentraciones de químicos en cantidades superiores a los umbrales recomendados por la Unión Europea en el 0,75% de las muestras analizadas, mientras que la media en la Unión Europea fue del 3,7%, casi cinco veces más. En concreto, se superaron los límites legales en 13 productos de 1.730 analizados. Pero Ecologistas en Acción destaca otras cifras: el 36% de todas las muestras tomadas en 2022 registraron uno o más plaguicidas, un porcentaje que aumentó hasta el 43% en frutas y verduras. Estas dos cifras son muy superiores al 0,75% porque indican restos de químicos en el alimento, pero no incumplen con los límites máximos de residuo que fija la UE.

Es en este punto donde los activistas ponen el foco, ya que cuestionan el sistema europeo que fija cuánta es la cantidad recomendada de ingesta de uno de estos químicos. Hernández recuerda que para fijar estos baremos se utilizan estudios realzados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), pero que al final, la votación para aprobar o vetar su uso es política, y si hay países muy afectados por una plaga concreta que no tiene solución alternativa, se levanta la mano y se permite su empleo. Un análisis publicado en julio de 2022 en la revista Science Direct sobre las 230 sustancias activas sintéticas permitidas en la UE que determinó que casi el 80% (181) tienen un impacto apreciable en la salud humana.

El ejemplo más repetido para criticar este sistema es el del glifosato, el herbicida más usado del mundo, que recibió en noviembre un permiso de uso provisional de 10 años pese a que está catalogado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Los ministros de Agricultura de los 27 países votaron entonces si prolongar el permiso o tumbarlo, y como no hubo una mayoría suficiente a favor o en contra, la Comisión desempató dando la razón a sus defensores.

Otra de las críticas que recibe España en particular desde Ecologistas es que es el país de la Unión que menos analiza sus alimentos en busca de sustancias tóxicas. La Aesan y las comunidades autónomas —la responsabilidad de analizar la seguridad es compartida— tomaron en su estudio de 2022 tan solo 3,61 muestras por cada 100.000 habitantes, frente a las 19,28 de Francia o las 22,65 de Alemania. España cumplió con el umbral mínimo obligatorio de exámenes, pero para una potencia agrícola como es la península ibérica, se trata de una cifra ínfima, según los activistas. El desempeño de la Aesan y las comunidades se ha hundido en los últimos cinco años: entre 2017 y 2022, el número de productos analizados anualmente cayó un 38%, de 2.773 a 1.730.

En la presentación del informe de Ecologistas participó Fátima Ezzohayry, de la Asociación de Mujeres Migrantes (Amia), que ha trabajado durante más de 20 años en los invernaderos de fresas de Huelva. Explicó que además de las cinco hernias que desarrolló recogiendo frutos, sigue todavía medicándose —ya se ha prejubilado— por el asma y la bronquitis que desarrolló en los plásticos de respirar pesticidas. "Llegabas por la mañana y todo apestaba a químicos, y muchos trabajadores se arrancaban a toser por ellos", dijo la antigua agricultora. Ahora se dedica a asesorar a otros inmigrantes que trabajan en el campo por salarios míseros. "Fuerzas tu cuerpo cada día hasta que te pasa factura, y muchos tienen miedo de ir al médico porque si te dan de baja te castigan, y en la siguiente temporada pierdes el trabajo", relató Ezzohayry.

La organización ecologista WWF estima que cada año se extraen de las reservas subterráneas de agua de Doñana el equivalente al 109% del agua que se filtra a sus acuíferos solo con los cultivos de regadío legales, un cálculo hasta ahora desconocido que demuestra que, a este ritmo, el secado del parque natural es irremediable. Pero es que, además, a estas estimaciones hay que sumar las extracciones ilegales de agua que se realizan desde hace décadas para la cosecha de frutos rojos, un cultivo extremadamente intensivo en regadío, por lo que el vaciado de las reservas es todavía más agresivo.

En concreto, los agricultores de la zona con permisos de riego de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tienen dotaciones anuales para usar 106 hectómetros cúbicos (hm³) de agua subterránea al año porque hasta ahora, el órgano dependiente del Gobierno central, calculaba que entraban en los acuíferos 109 hm³ al año a través de las lluvias y otras aportaciones superficiales. Es decir, había una pequeña diferencia que permitía recuperar poco a poco su nivel freático. Pero ahora, WWF ha actualizado esas cifras y estima que anualmente solo se filtran a los depósitos subterráneos 97 hm³, por lo que hay una tasa negativa de relleno. A esto hay que sumar todos los regadíos ilegales, que no están contabilizados de manera oficial, pero que se estiman en unos 9 hm³, según los ecologistas.

Rafael Seiz, del programa de Agua de WWF, valora que su nuevo estudio demuestra que el problema de Doñana no es solo el regadío ilegal, sino que los derechos de riego otorgados por la Confederación están muy sobredimensionados. "Simplemente con el agua legal que se distribuye, la agricultura es insostenible a largo plazo. Las reservas se agotan poco a poco y por eso el nivel del acuífero es cada vez menor", afirma este profesional. "Pero es que además nuestras investigaciones han demostrado que hay cientos de hectáreas ilegales de frutos rojos que hay que sumar", añade Seiz.

La discrepancia entre los datos oficiales y las nuevas cifras calculadas por la organización radica en que la CHG considera la red de cuevas acuáticas que nutren Doñana como seis acuíferos independientes, mientras que WWF reclama que se cuenten estas reservas como un todo. "Nosotros siempre hemos considerado que las cifras de la Confederación son erróneas porque ellos consideran que los movimientos de agua entre las seis masas son aportaciones adicionales de agua, pero nosotros decimos que el sistema es continuo y que si un acuífero gana agua, otro lo pierde", explica el ambientalista.

En todo caso, añade que los cálculos hidrogeológicos son extremadamente complejos, y hace falta mejorar la medición de riegos en la superficie para afinar las cifras, porque en el momento que se desconoce si los regantes legales riegan lo que oficialmente les corresponde, y además hay otros tantos ilegales, los cálculos de los movimientos de agua subterráneos pasan a ser estimaciones. "Además de acabar con el regadío ilegal, queremos que se haga una medición precisa de cuánto riegan los legales, porque creemos que algunos exceden los permisos que realmente tienen", explica Seiz.

Otra propuesta de WWF es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, empiece a medir los acuíferos de Doñana como una sola unidad. En este momento, de manera oficial solo se consideran sobreexplotadas tres de las seis masas de agua que componen la reserva subterránea, pero los ecologistas quieren que el acuífero entero se considere en riesgo para que las medidas preventivas se apliquen sobre toda la zona.

En todo caso, la investigación de WWF solo empeora unas cifras que ya de por sí eran pésimas. Según los datos oficiales, hasta ahora se entregan permisos para regar equivalentes al 97,25% de las aportaciones medias de agua que tiene el acuífero de Doñana (106 hm³ sobre un total de 109 hm³), un porcentaje que solo permite una cierta recuperación de las reservas en los años lluviosos. Pero para unas reservas que ya están muy mermadas, el porcentaje de regeneración debería ser mayor. En WWF calculan que una cifra lógica sería unos permisos de riego equivalentes al 60% de los ingresos medios anuales, unos 60 hm³ al año, lo que supondría reducir alrededor de un 40% los permisos actuales. El porcentaje que dan los ecologistas proviene de la Agencia Europea de Medioambiente, que estima que una explotación aceptable de aguas subterráneas ronda el 60% sobre su recarga anual.

El estudio de WWF llega en pleno verano, cuando los humedales temporales del parque natural se secan y el ecosistema se pone en modo "descanso" por las altísimas temperaturas, según afirma Javier Bustamante, uno de los vicedirectores de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del CSIC. El experto explica que en este momento el parque se encuentra muy seco, como cada verano, aunque en una situación mejor que la del año pasado, cuando sufrió las temperaturas medias más altas del registro y una sequía muy dura. En estas fechas, en 2023, las tres lagunas permanentes de Doñana —Santa Olalla, Sopetón y Dulce— estaban secas, aunque este año tienen algo de agua. "Pero seguramente se sequen a finales de julio o principios de agosto", apunta Bustamante.

El biólogo explica que este invierno hubo unas lluvias abundantes en marzo, pero tardías, y con el calor primaveral se evaporó buena parte de esa humedad. "En general está siendo un año seco y las aves acuáticas han tenido un periodo corto de reproducción. Todavía no hemos recogido los datos de la temporada, pero no esperamos que vaya a ser un buen año", añade Bustamante. Sobre el estado de la flora, confirma que en 2024, como ya ocurrió en 2023, continúa el proceso de mortalidad de árboles que ya se registró el año pasado, como la de alcornoques centenarios, pinos y sarinas. Estos dos últimos casos son especialmente sorprendentes, porque se trata de especies que soportan bien la sequía.

Copernicus ha publicado una imagen de satélite que muestra el estado que tenía el Parque Nacional de Doñana el 11 de abril de 2023 y el estado que tenía un año más tarde, el 10 de abril de 2024. "Doñana se ha visto afectada en los últimos años por la sequía. Por suerte, gracias a las lluvias recientes, la situación ha mejorado considerablemente y la vegetación ha comenzado a florecer de nuevo", ha señalado el programa de la Unión Europea (UE) de observación y monitorización de la Tierra ha través de un mensaje en la red social X.

Las lluvias que cayeron durante la Semana Santa triplicaron el volumen de precipitaciones habitual para esa semana en casi todo el país, según datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, las precipitaciones superaron los 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en amplias zonas del sur de la Península, entre otras regiones.

En general, el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que ha habido un alivio temporal de la sequía en el oeste de la Península gracias a esas lluvias, pero que todavía no se ha salido de la sequía de larga duración en muchas cuencas y que además se ha registrado un empeoramiento de la situación en el área mediterránea porque ha llovido muy poco en los últimos meses.

La Junta de Andalucía ha acordado este miércoles con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cambiar la redacción del artículo del decreto ley de simplificación administrativa, aprobado por el Ejecutivo autonómico, que hace referencia a la Ley Forestal andaluza y el uso de suelos forestales y agrícolas.

Los equipos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España se han reunido de manera telemática este miércoles para abordar el contenido del citado artículo, después de que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, expresara en la últimas horas su "preocupación" por el contenido del mismo e hiciera una llamada al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar el asunto.

Ambas administraciones han informado de que la reunión ha sido "cordial y breve" y la Junta ha precisado que ha sido "muy fácil" llegar a este acuerdo, según ha informado Europa Press.

Como se recordará, la redacción inicial del citado artículo en el decreto ley de simplificación administrativa señalaba "aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en esta".

"Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de esta ley mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas. Asimismo, se excluye el carácter forestal de aquellas superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo de este apartado, hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor", según se señalaba.

La Junta había argumentado que con esa redacción se perseguía la "armonización" de la Ley Forestal andaluza con la estatal.

La nueva redacción que han acordado ambas administraciones consiste en que "aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en esta".

"Se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años. Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de esta ley mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas".

Se señala que "lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo, cumplan alguno de los siguientes criterios: Superficies que hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor; superficies que se encuentren en montes públicos; superficies que se encuentren en montes catalogados de utilidad pública, y superficies que se encuentren en montes situados en cualquier clase de dominio público".

Se apunta que la modificación se incluirá con efectos a partir del 17 de febrero de 2024.

Este acuerdo entre la Junta y el Gobierno se produce un día antes de que se reúnan Moreno y Teresa Ribera para abordar medidas para hacer frente al problema de la dura sequía que sufre Andalucía. La reunión se desarrollará este jueves por la tarde en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

El acuerdo se ha producido el mismo día en que el decreto de simplificación administrativa se convalidará ante el Pleno del Parlamento (en virtud de la mayoría absoluta del PP-A). La Junta tendrá que abordar una "correción técnica" para incluir la nueva redacción del artículo que ha sido objeto de disputa entre ambas administraciones.

El Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado que bloquea el acuerdo de noviembre firmado con el Gobierno de la Junta de Andalucía. La decisión llega después de que la la vicepresidenta tercera Teresa Ribera anunciase que llamará esta tarde al presidente Juanma Moreno, "preocupada" y "sorprendida" por que el Decreto-ley 3/2024, del 6 de febrero de simplificación administrativa, incluya una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) que permitiría legalizar a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Parque Nacional de Doñana.

Así lo ha indicado este lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras mantener una reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la sede del Ministerio, en Madrid, según recoge Europa Press. "A mí me preocupa lo que he visto, porque me lo he encontrado ya publicado en un diario oficial", ha manifestado Ribera, quien ha recordado que le consta que, para Moreno, "la cuestión de llegar a un acuerdo sobre la protección de Doñana era un asunto importante". "Entonces no sé si es que ha habido algún tipo de malentendido por el camino", ha subrayado.

Ribera ha añadido que "hay que tomar con mucha cautela lo que ha ocurrido" y que lo que aparece recogido en el decreto-ley ha cogido al Ministerio "por sorpresa". "No teníamos ni idea de que estuvieran previendo una modificación como la que se acomete", ha manifestado.

"Es muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana, dedicar un volumen de recursos muy notable, buscar consenso con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el Patronato y el Consejo de Participación de Doñana y encontrarnos que, frente a todas estas políticas para reducir las presiones, de un día para el otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal", ha lamentado.

En este contexto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha explicado que este martes había organizada "una jornada con las distintas organizaciones sociales, ayuntamientos, centros académicos, agricultores, para poder conversar y detallar los términos exactos en los que irían saliendo adelante las medidas acordadas en noviembre del año 2023, hace menos de tres meses". "Llamaré al presidente esta tarde porque lo voy a suspender", ha anunciado Teresa Ribera, quien ha agregado que quiere "entender qué es lo que ha ocurrido". Todavía con un análisis de los servicios jurídicos del Ministerio "pendiente", la vicepresidenta ha dicho que lamenta "profundamente" lo ocurrido y que está "sorprendida" de habérselo encontrado así, "sin haber podido intercambiar impresiones".

"Si tenía un problema que resolver, hubiera estado encantada de poder conocerlo de antemano. Y por ahora cautela, pero suspendo, toda la jornada de los equipos del Ministerio mañana", ha anunciado Teresa Ribera, quien ha subrayado que, sin embargo, se continuará adelante "sin ningún tipo de problema con las cuestiones vinculadas a las inversiones de la Confederación, a todo el marco Doñana de 2022". "Hoy no sé qué efectos tiene esta legalización retroactiva", ha concluido.

Tras esta rueda de prensa, la Junta de Andalucía ha mostrado su disposición a sentarse con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para "buscar una fórmula para la redacción del artículo" del cuarto decreto ley de simplificación administrativa que hace referencia a la "adaptación" de la Ley Forestal andaluza a la estatal.

"Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo", han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, que han querido dejar claro que en el artículo 244 del decreto ley, "la Junta se limita a adaptar la Ley Forestal andaluza a la estatal", mientras que, "en ningún momento, se habla de regadíos ni de Doñana".

"El Gobierno de Andalucía se limita a adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal vigente en materia forestal en términos que incluso fueron acordados en su día con el Ministerio. La Junta no actúa en este caso unilateralmente ni de espaldas a nadie", han indicado las mismas fuentes, ante "la confusión suscitada por la interpretación del artículo 244 del último decreto de simplificación administrativa".

Han agregado que, "ante cualquier duda que pueda suscitar esa redacción, confiamos en el diálogo y en el acuerdo, como hemos venido haciendo siempre, por lo que por parte del Gobierno de Andalucía no existe ningún problema en sentarnos con el Ministerio, escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción del artículo".

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha querido dejar claro este lunes que en el cuarto decreto-ley de medidas de simplificación administrativa que el Consejo de Gobierno aprobó este mes, y cuya convalidación se debate esta semana en el Pleno del Parlamento, "no existe ninguna medida que suponga la vuelta a la proposición de ley" que PP-A y Vox impulsaron en el Parlamento andaluz para la regularización de suelos regables en el entorno del Parque Nacional de Doñana, "bajo ningún concepto", según recoge Europa Press.

En una atención a medios en Jabugo (Huelva), y a preguntas de los periodistas, el consejero portavoz ha reaccionado así a la acusación que este lunes han realizado desde el PSOE-A, cuyo secretario general, Juan Espadas, ha urgido "una explicación inmediata" al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno por introducir en dicho decreto-ley de simplificación "el cambio de suelos forestales por agrícolas en toda Andalucía, y especialmente, en el entorno de Doñana", a través de una modificación del artículo 1 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

Fernández-Pacheco ha sentenciado al respecto que en dicho decreto "no existe ninguna medida que suponga la vuelta a la proposición de ley de Doñana bajo ningún concepto", porque "en el articulado" del mismo "no se habla en ningún momento de agua ni de regadíos", y "lo único que se contempla es la trasposición de la normativa estatal en materia forestal a la normativa andaluza". Esto "quiere decir", según ha abundado el portavoz de la Junta, que "ninguna de las personas que hoy en Andalucía tenga un suelo forestal en uso de ciclo corto, bien sea con eucalipto, bien con chopo, va a poder tener automáticamente un regadío o derechos de agua sin contar con una concesión".

Fernández-Pacheco ha atribuido la denuncia socialista al "interés del Partido Socialista por dinamitar el 'Pacto por Doñana'" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, suscribió el pasado mes de noviembre con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y con el que el también líder del PP-A ordenó paralizar la tramitación de la referida proposición de ley presentada conjuntamente con Vox.

En esa línea, el consejero portavoz ha aseverado que dicho acuerdo es "un pacto fuerte" que "la Junta de Andalucía tiene la intención de cumplir a rajatabla, como todo lo que firma Juanma Moreno", y es "un pacto que va a desplegar muchos beneficios para avanzar en la conservación del entorno natural de Doñana y para seguir impulsando el desarrollo socioeconómico de la zona", aunque "a Juan Espadas le moleste no haber salido en la foto", ha apostillado.

El portavoz del Gobierno andaluz ha aventurado que "probablemente" el secretario general del PSOE-A "ha estado más ocupado estos días con el lío que tiene con la caseta" de su partido en la Feria de Sevilla, y "con las elecciones de Galicia, y no ha tenido tiempo de leerse los papeles", pero "antes de hacer una crítica que puede suscitar inquietud en el territorio, un responsable público tiene que ser riguroso, y Juan Espadas está demostrando que no lo es", ha concluido sentenciando Ramón Fernández-Pacheco.

El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, también ha acusado a la Junta de intentar "colar, copiando párrafos enteros", la proposición de ley de regadíos de Doñana y que fue retirada. En rueda de prensa, ha manifestado que en el nuevo decreto de simplificación administrativa se refleja algo que "venía en la ley de Doñana: aquella superficie sobre la que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo en la que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de estas especies forestales y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta".

"Un copia y pega para colarnos por la puerta de atrás la Ley de Doñana que ya fue criticada en Europa, por los movimientos ecologistas y por la sociedad andaluza en general con gran respuesta también de la plataforma Salvemos Doñana", ha señalado.

Para Néstor Salvador, este es el "interés del PP y la prisa que tiene por que el decreto de simplificación administrativa entre en vigor. "Al final no es una simplificación de la burocracia sino que es un intento de que no haya controles y garantías respecto a cuestiones importantes", ha dicho.

Ha manifestado que el PP "falta el respeto al Parlamento de Andalucía y al resto de partidos políticos cuando no plantea un debate sereno" respecto al nuevo decreto de simplificación administrativa y es porque "obviamente tiene intereses detrás". "Venderá que esto es una simplificación para ahorrar burocracia, cuando al final es aligerar los controles y quitar garantías para que las grandes empresas puedan privatizar y puedan estar a su antojo", ha dicho.

El año 2023 fue un "muy seco y cálido" para Doñana, con la mayor temperatura media anual registrada en la serie histórica. Además, la "escasa inundación" en marismas y lagunas, llegando a secarse las lagunas permanentes, ha traído consigo un bajo número de aves acuáticas invernantes y ha provocado que "el declive de las poblaciones de aves acuáticas reproductoras y de otras especies animales, especialmente de anfibios y peces, continúe", según recoge Europa Press.

Son algunas de los resultados del estudio Estado de la biodiversidad en Doñana, elaborado por la Infraestructura Científica Técnica Singular - Reserva Biológica de Doñana (ICTS-Doñana), adscrita a la Estación Biológica de Doñana-CSIC, que ha presentado este jueves en Sevilla. Este informe se elabora con los resultados del Programa de Seguimiento de Procesos Naturales llevado a cabo en el Espacio Natural de Doñana.

Según han explicado, dentro de este programa, se recoge periódicamente información científica sobre el estado de conservación de Doñana, la cual permite detectar la evolución temporal de los ecosistemas y la biodiversidad.

De este modo, en cuanto al último ciclo hidrometeorológico, que va desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2023, según ha detallado una de las responsables de los seguimientos de la EDB, Rocío Fernández, este se ha caracterizado por "ser muy seco y cálido", ya que Doñana lleva más de una década con niveles de precipitación por debajo de la media, "especialmente en los últimos dos años".

Con apenas 330,4 mm registrados, este último ciclo es el segundo con menor precipitación anual de la última década tras el de 2021-2022. Por tanto, como ha expresado Fernández, "eso significa que Doñana no ha recibido de media todo el agua que debiera, según la serie".

En cuanto a temperatura, el año pasado ya se alcanzó la temperatura máxima registrada en toda la serie histórica, mientras que este año se ha registrado la mayor temperatura media anual, que ha alcanzado los 19,32ºC, por lo que el verano ha sido "largo y caluroso", con 14 días con temperaturas superiores a 40ºC.

Además, ha hecho hincapié en que, a pesar de que hubo un otoño "algo más húmedo con respecto a la media del anterior", la primavera fue "bastante seca, no hubo apenas agua y eso influyó muy negativamente", ya que "el modo en el que el agua se distribuye a lo largo de las estaciones, determina el funcionamiento de todos sus ecosistemas".

Ante estos datos, la responsable de la EBD ha manifestado que "las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones han tenido un gran efecto sobre el sistema de lagunas de Doñana", las cuales "ya estaba muy deteriorado también por la sobreexplotación del acuífero".

De este modo, la laguna de Santa Olalla, la más grande de Doñana, ha vuelto a secarse por completo a finales de agosto. Desde que se tienen registros, esta laguna "nunca antes se había secado dos veranos seguidos, ni siquiera durante los periodos de sequía extrema de los años 90 ni de principios de los 2000". "Históricamente, Santa Olalla era una laguna de carácter permanente, es decir, mantenía agua durante todo el año y servía de refugio para muchas especies durante las estaciones más cálidas y secas. Sin embargo, el hecho de que se haya secado por segundo año consecutivo es indicativo de que ya no quedan lagunas permanentes en Doñana", han explicado.

Por su parte, las otras dos lagunas más grandes de Doñana, la del Sopetón y la Dulce, también secaron a primeros de julio y a primeros de agosto, respectivamente.

Por otro lado, este estudio también refleja el censo de aves acuáticas del parque. Así, el vicedirector de la ICTS, Javier Bustamante, ha detallado que durante 2023, el número de individuos censados en fue de 206.859, "la décima peor cifra para estas fechas de toda la serie histórica, que abarca 60 años".

Sin embargo, durante la presentación ha avanzado los datos para 2024, que "de confirmarse, ya que son preliminares", el censo arroja "una cifra de 120.649 aves invernantes de 97 especies", por lo que sería "el mínimo histórico que se ha registrado en Doñana, supone sólo el 42% de las aves que se contaron el año pasado, en enero de 2023, y es el 18% del máximo histórico que se alcanzó en enero de 2017".

Así, los datos de 2023 reflejan que el número de aves censadas, supone "tan solo una tercera parte de la invernada en un año bueno". Destaca la situación del ánsar común (Anser anser), que "ha registrado este año la cifra más baja de su historia con 9.588 ejemplares".

Por otra parte, la reproducción de aves acuáticas ha sido "mala", ya que la superficie inundada en primavera "ha sido escasa y se ha limitado, en su mayoría, a zonas inundadas de forma artificial o con influencia mareal". El 68% de las especies que crían en Doñana tienen una tendencia poblacional negativa si se toman como referencia las últimas dos décadas. Esta cifra aumenta al 79% si se calcula la tendencia para los últimos diez años.

En el caso de las rapaces, el milano real (Milvus milvus) invernante sigue presentando un "declive importante", con un censo de 120 ejemplares. Por su parte, el aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) no ha llegado a reproducirse este año y su población invernante ha sido censada en 213 individuos, "el valor más bajo de toda la serie histórica". Otro ejemplo sería el halcón peregrino (Falco peregrinus) cuya población sigue también una tendencia negativa.

Los mamíferos también cuentan con actuaciones de seguimiento específico reflejados en este estudio. Así, el conejo sigue presentando unas abundancias "muy bajas" y la liebre ha presentado una "leve disminución", mientras que el ciervo registra una tendencia creciente y el jabalí se mantiene estable.

En conclusión, según ha afirmado Bustamante, en general, 2023 ha sido "un mal año" para todos los carnívoros en Doñana. El zorro sigue siendo el carnívoro "más abundante", y le siguen el tejón y el meloncillo. Las abundancias relativas de la gineta y el lince oscilan, mientras que los gatos monteses y las nutrias son las especies menos abundantes.

En cuanto a anfibios y peces, estos siguen presentando tendencias "negativas". En el caso de los peces, hay tres especies autóctonas cuya distribución en el Espacio Natural de Doñana es "muy restringida": la anguila que está en peligro de extinción y que "no ha aparecido en ningún punto muestreado"; el salinete (Aphanius iberus), endemismo ibérico en peligro de extinción, tampoco ha podido ser localizado; y la colmilleja (Cobitis paludicola), calificada como 'vulnerable', solo ha aparecido en la Laguna de los Mimbrales.

La situación de los anfibios también es preocupante. Casi todas las poblaciones de especies de anfibios presentes en Doñana continúan con una tendencia negativa. Además, 2023 ha sido un año con uno de los números de mariposas más bajos por censo. Las bajas precipitaciones y las elevadas temperaturas posiblemente han afectado negativamente a este grupo.

Ante estos resultados, el director de la Estación Biológica ha concluido que para muchas de las especies y sistemas de los que hay datos "es el peor año", toda vez que ha señalado que se están observando "cambios a nivel de ecosistemas, comunidades, poblaciones y riqueza de especies muy importantes, muy intensos".

"El significado de esos cambios solamente se podrán hacer a medio plazo, a posteriori. La modificación ambiental causada por la temperatura, la disminución de agua y la actividad humana en la comarca es profunda y desde un punto de vista científico desde luego muy interesante. Es pronto para analizar las implicaciones, pero las va a haber", ha comentado.

Los habitantes de Moras, una pequeña aldea del Levante almeriense, hablan a menudo del pasado. Exuberantes valles verdes con charcas y estanques, abundancia de vida salvaje y parcelas con fértiles huertos, donde los aldeanos cultivaban hortalizas y criaban ganado. “Había una laguna con una playita de arena”, cuenta Juani Marín, de 56 años, que lleva toda la vida en Moras. “Me bañaba allí cuando era joven. Desapareció”.

“Esto era un paraíso”, recuerda Juan José Martínez, de 72 años, tío de Juani y exalcalde de Moras [falleció el pasado diciembre, poco antes de publicarse este reportaje]. “Ahora todo se ha secado”.

La fuente del antiguo esplendor de Moras era su qanat, un túnel oscuro de metro y medio de alto y dos de ancho que se alarga muy por debajo de la ladera rocosa. Excavado a mano durante la dominación árabe de Andalucía, hace más de 500 años, este acueducto subterráneo llevó agua al pueblo de Moras durante siglos. Al final del qanat, tras 187 metros de lodo fangoso y colonias de murciélagos dormidos, aparece un pequeño charco de agua estancada. Es lo que queda del antiguo manantial alimentado por la inmensa reserva subterráneo del acuífero de Sorbas.

El marido de Juani, Luis Braut, de 54 años, empleado del servicio de agua municipal, señala con un gesto cuánto ha bajado el nivel con el paso del tiempo. Donde antes brotaba de la tierra, ahora parece aletargada, una reliquia del pasado. Hoy muchas de las casas del pueblo están vacías y sus huertos secos o abandonados. Moras, donde vivían unos 60 habitantes, apenas cuenta ahora con una docena, la mayoría ancianos.

Quienes se han quedado sufren el calor extremo y la falta de agua, lo que provoca conflictos entre vecinos. Desde hace unos años, alguien del pueblo sabotea el canal de riego, cortando la poca agua que hay. “Si riegas un huerto, no puedes regar el otro”, explica Juani. “Ahí es donde surgen los problemas”.

El culpable, dicen, es el último pequeño agricultor del pueblo, Andrés Máñez. Máñez, que dice tener unos 90 años pero no puede asegurarlo, guarda silencio sobre las acusaciones que pesan sobre él. “Aquí el agua es una miseria”, se queja, “hay muchas disputas porque tú quieres regar, yo quiero regar. Y no hay agua suficiente para todos”.

Hasta finales del verano sólo había llovido una vez en Moras, en junio. El agua potable se suministra semanalmente desde un pueblo cercano. Y no es el único caso. Las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Sur sufren la sequía más duradera desde 1961, que comenzó en la primavera de 2016, según el CSIC.

Pero el problema se extiende a toda la Península: el año hidrológico 2022-2023 fue el sexto más seco en lo que va de siglo, porque llovió un 12% menos de lo normal, y el anterior cerró como el tercero más seco desde que hay registros. Es más, el Ministerio de Transición Ecológica tiene catalogado el 19% de la superficie peninsular en situación de sequía prolongada y el 34% en situación de emergencia o alerta por escasez coyuntural de agua.

Los embalses están al límite no sólo en la cuenca del Guadalquivir –al 19,3% de su capacidad–, Segura –18,9%–, cuencas mediterráneas andaluzas –18,8%– y Guadalete-Barbate –14,5%–, sino también en Cataluña, que sufre la peor sequía de su historia y cuyos embalses languidecen con sólo un 16,8% de agua. Muchos municipios catalanes se abastecen con camiones cisterna, ya se han implantado restricciones al consumo e incluso se estudia el transporte de agua en barcos.

La disputa por un recurso tan fundamental ha provocado protestas de los agricultores y hasta pequeños conflictos diplomáticos internacionales. El agua incluso ocupó un lugar destacado en las campañas electorales andaluza y nacional, con el PP y Vox intensificando su cortejo de los intereses agrícolas en lugares como Almería.

Políticamente, Moras es diverso: algunos votan a la extrema derecha de Vox, otros al Partido Popular y muchos, como Juan José, son del PSOE. Pero la ideología no importa. Aquí, el agua es la verdadera política. Y los vecinos están de acuerdo en señalar qué, y quién, tienen la culpa de la miseria de Moras: las aceitunas y la pujante industria agrícola exportadora española.

Moras está situada en el límite de la comarca almeriense de Sorbas, cerca del desierto de Tabernas. A lo largo de kilómetros en todas direcciones se alzan millones de olivos, todos plantados ordenadamente en hileras. Según un estudio de 2018 de la Universidad de Almería, la industria olivarera de Sorbas-Tabernas se ha “expandido extraordinariamente” en los últimos 20 años, pasando de decenas de miles de árboles a más de 6,6 millones, la mayoría concentrados en una zona de 5.000 hectáreas. El incentivo económico del olivar almeriense ha creado un denso monocultivo que depende de un recurso escaso, el agua.

Las explotaciones agrícolas están consumiendo agua de Sorbas a un ritmo insostenible de hasta 20.000 millones de litros anuales, cuatro veces más de lo que el acuífero puede regenerar de forma natural mediante las precipitaciones, lo que ha provocado una crisis en la zona. El caudal de Los Molinos del Río Aguas, principal salida del acuífero de Sorbas, es ahora peligrosamente bajo. Según el estudio de la Universidad de Almería, ha descendido de 40 litros por segundo hace 20 años a sólo siete. Activistas y científicos afirman que los olivares son una amenaza importante para la biodiversidad que conducirá de forma irreversible a la desertificación.

La agricultura almeriense ha convertido a España en el mayor productor y exportador de frutas y hortalizas de la UE, y el cuarto a escala mundial. Alemania, Francia y el Reino Unido son sus mayores clientes. Los invernaderos de plástico dominan el litoral y rodean ciudades enteras. Más de 30.000 empresas agrícolas trabajan en casi 50.000 hectáreas, generando hasta 3,5 millones de toneladas de productos por valor de más de 1.500 millones de euros. Suponen más de la mitad de todo el sector agrícola andaluz.

Pero esta prosperidad ha tenido un coste. Los periodistas que firman este reportaje visitaron Almería en varias ocasiones el año pasado y entrevistaron a decenas de científicos, agricultores, activistas y políticos. El resultado es una imagen incómoda –a veces de negación absoluta– de una historia de éxito económico basada en la explotación medioambiental.

El abuso crónico de la mano de obra inmigrante norteafricana ha creado una desigualdad rampante y problemas sociales, incluidos barrios de chabolas. Décadas de pesticidas y fertilizantes han envenenado el suelo y convertido en no potable gran parte del suministro de agua. Los invernaderos de plástico generan cada año 33.000 toneladas de residuos, gran parte de los cuales se eliminan ilegalmente y se transforman en microplásticos, que contaminan la tierra.

Pero la amenaza más importante es la sobreexplotación de los acuíferos. Y ahí la ciencia es unánime. La voracidad hídrica de Almería ha conducido al saqueo de las aguas subterráneas a un ritmo muchas veces superior al de su reposición. Cada año los niveles descienden peligrosamente. El aumento de la salinidad del Mediterráneo ha hecho que gran parte del agua que queda no sea potable ni apta para el riego. La desertificación ya ha comenzado.

Ya en 1985 el Consejo Nacional del Agua advirtió del mal estado de los acuíferos. En 2004, las autoridades declararon oficialmente que el acuífero de Níjar había alcanzado su “nivel de sobreexplotación”. Un estudio de la Universidad de Almería calculó en 2014 que, si no se tomaban medidas drásticas, podría agotarse en 10 o 15 años. Diagnósticos parecidos comparten los siete mayores acuíferos de Almería. Lo resume un activista local: “Un buen día, el agua se acabará”.

Las consecuencias de un acontecimiento así serán devastadoras, tanto desde el punto de vista medioambiental como socioeconómico. La quiebra de pequeñas y grandes explotaciones agrícolas no sólo podría dejar en el paro a millones de trabajadores agrícolas, sino también impactar en los sectores auxiliares, desde el transporte y la logística o la construcción hasta la hostelería, el comercio minorista e incluso la banca. Además, Europa perdería un importante suministrador de alimentos.

A pesar de 30 años de advertencias, los sucesivos gobiernos españoles y andaluces, tanto de izquierdas como de derechas, han incumplido los objetivos fijados para evitar el colapso o revertir los daños. Desde 1998 Níjar y Campo de Dalías, los dos acuíferos costeros, cuentan con la declaración de “zonas vulnerables a los nitratos” debido al uso excesivo de fertilizantes químicos.

En 2021, tras las denuncias de activistas y de la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE declaró al Gobierno español culpable de no proteger las aguas subterráneas de los agricultores del Parque Nacional de Doñana, un caso que se convirtió en causa célebre para la derecha durante las elecciones del pasado 23 de julio. De hecho, la presión de Bruselas sobre el robo de agua en Doñana, el mayor humedal de Europa, permitió que el 27 de noviembre se cerrase un pacto político entre el Gobierno central y el andaluz, donde se acordó indemnizar –sobradamente– a los agricultores a cambio de transformar sus tierras en zonas silvestres, una fórmula para acabar con las extracciones de agua subterránea sin enfadar al sector primario, que tiene una fuerte influencia política en la zona. Recibirán 70.000 euros por hectárea, hasta un total de 1.400 millones.

Pero, mientras que el agua de Doñana saltó a los titulares internacionales, la crisis de la vecina Almería aún no ha atraído la misma atención.

“Siempre que los activistas intentan denunciar a empresas y actores por robo u otras infracciones”, se queja Pepe Rivera, del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), la primera ONG medioambiental de Almería, “les llaman antialmerienses. Están en contra del milagro de Almería”.

En 2016 y 2017, el GEM, junto con otros activistas y científicos, presentó denuncias penales contra dos de las mayores empresas olivareras de Sorbas-Tabernas, cerca del pueblo de Moras. Documentaron pruebas de que Castillo de Tabernas y Gespater habían robado miles de millones de litros de agua para sus plantaciones de olivos. La Agencia de Medio Ambiente de Andalucía siguió ambos casos, que tuvieron distinto resultado: un tribunal declaró culpable a Castillo de Tabernas y le impuso una multa de 500.000 euros, pero un juez archivó el caso de Gespater.

Pepe Rivera dice que estos casos tienen un efecto mixto. “Una vez que se descubre a una empresa, simplemente sigue robando el agua porque piensa: ‘Bueno, me han pillado. Mejor sigo”, lamenta. “Aunque te pongan una multa de un millón de euros, sigue siendo bastante menos que los beneficios que obtendrás”, resume.

Según cuenta el ecologista, es casi imposible cerrar el grifo, incluso en los casos de agua robada. La lenta muerte del acuífero de Sorbas tiene su reflejo en toda Almería, una provincia famosa por su apuesta decidida por la agricultura, la “huerta de Europa”.

Surgió a finales de los años 50, cuando el régimen franquista descubrió inmensos lagos subterráneos de agua dulce bajo el Campo de Dalías, una extensión de 300 kilómetros cuadrados de matorral costero. Fue un milagro. Almería tenía entonces, y sigue teniendo ahora, el clima más seco de toda Europa, y es donde se encuentra el desierto de Tabernas.

Tan famosos son sus valles y mesetas que han servido de escenario a innumerables películas de Hollywood ambientadas en el desierto, desde Lawrence de Arabia hasta Cleopatra, así como a numerosos spaghetti westerns. Más recientemente, series de televisión como Juego de Tronos han aprovechado sus paisajes para plasmar aridez y desolación.

La belleza del paisaje yermo también era una maldición en el mundo real. Durante generaciones, Almería fue tierra de campesinos y pequeños agricultores, que se contaban entre los ciudadanos más pobres de España. Las escasas precipitaciones y un suelo arenoso e infértil les impedían cultivar otra cosa que no fuera el escaso rendimiento del secano.

Pero esa penuria estaba a punto de cambiar de forma drástica. Como parte de las reformas hidrológicas franquistas, el Gobierno concedió a la población local parcelas de dos hectáreas para el cultivo. Y se otorgaron miles de concesiones de agua alrededor de El Ejido, la principal localidad del Campo de Dalías, pero los agricultores apenas las necesitaban. La perforación de pozos ilegales en el acuífero era barata, fácil y estaba poco vigilada.

El agua se convirtió también en el eje de la campaña franquista para pacificar feudos tradicionalmente republicanos y, como escribió la geóloga Elena López Gunn en su estudio de 2009 Agua para todos, pretendía “unificar bajo una bandera común a sectores poderosos clave” como “los grandes intereses agrícolas, las élites tecnocráticas, los movimientos fascistas, el ejército y la Iglesia”.

Durante la década siguiente, se explotaron nuevos acuíferos en toda Almería durante lo que se conoce como un “periodo de colonización” de perforaciones. El agua transformó a innumerables familias pobres en familias agrícolas autosuficientes. Pero fue otro descubrimiento, esta vez accidental, el que cambió por completo la suerte de la comarca.

“Para proteger los cultivos del sol y los vientos del desierto, los agricultores los cubrieron con invernaderos de plástico”, explica Manolo Pérez Sola, profesor jubilado y activista de Acuíferos Vivos, una plataforma en defensa del agua nacida en 2005. “La nueva técnica ayudó a las granjas a diversificar mucho sus cultivos y aumentó el rendimiento en dos o tres cosechas al año”.

Por primera vez, muchos almerienses pudieron vivir de la tierra y vender sus productos en los mercados locales, continúa Pérez Sola. También surgieron pueblos alrededor de esas nuevas comunidades agrícolas. Se construyeron carreteras, escuelas e iglesias y se crearon cooperativas, que controlaban la calidad y la distribución de los productos y organizaban la mano de obra, agrupando sus cosechas para la venta y repartiéndose los beneficios.

En la década de los 80, este modelo de empresa propiedad de los trabajadores dio paso al capitalismo puro, a medida que la agroindustria se percató del potencial económico de Almería. Pérez Sola afirma que este nuevo sistema “producía más cosechas, por lo que [los agricultores] tenían más que vender”. Así comenzó la exportación a Europa.

Además, la adhesión de España a la Unión Europea en 1986 aceleró el auge de los invernaderos, gracias a las subvenciones y a la apertura de nuevos mercados. Almería se convirtió en el escenario de una especie de fiebre del oro agrícola: la agricultura intensiva pasó de 500 hectáreas a 20.000 en sólo una década.

Pepe Rivera recuerda que, en esta época, a finales de los 80 y principios de los 90, apenas había “carreteras plenamente funcionales, pero sí tiendas de Gucci y Louis Vuitton en las calles”. En cientos de kilómetros cuadrados alrededor de El Ejido y Níjar, una distópica extensión de invernaderos de plástico crecía hasta donde alcanzaba la vista. El milagro de Almería había comenzado.

Cuando en 2019 murió el niño de dos años Julen Roselló tras caer 100 metros en un pozo ilegal en Totalán (Málaga), el impacto en la opinión pública condujo a una breve persecución oficial de los agricultores que robaban agua. En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente cifró en más de 500.000 los pozos ilegales que había en España. Los activistas calculan que el número era probablemente el doble, también hoy en día. Casi dos décadas después de ese recuento, sigue sin haber nuevos datos fiables.

José María Calaforra, catedrático de Biología y Geología de la Universidad de Almería que ha estudiado a fondo los acuíferos almerienses, asegura que los pozos ilegales no son el verdadero problema. “Es absurdo que el lugar donde menos agua tenemos sea el mayor exportador de agua de Europa”, protesta. Este preciado recurso sale de Almería “en pimientos, pepinos, tomates, sandías, melones”, añade Calaforra. Porque para cultivar, por ejemplo, una sola sandía se necesitan cientos de litros de agua.

Almería tiene la pluviosidad más baja de Europa. No hay ríos y las aguas superficiales son escasas. Así que el agua subterránea es esencial para los cultivos: más del 85% de ella se destina a la agricultura que, gracias a los avances tecnológicos, se ha convertido en experta en aprovechar al máximo cada gota mediante el riego por goteo y otros sistemas de conservación de agua. Pero toda la frugalidad del mundo no puede compensar el gran número de empresas que tienen concesiones de agua en la zona.

“Desde los años 80”, dice Calaforra, “las autoridades han dado más agua [a los agricultores] de la que realmente tenemos como recurso”. En algunos lugares de Almería, los permisos de agua concedidos desde la promulgación de la Ley de Aguas de 1980 cuadruplican el agua real existente.

Además, la sobreexplotación tiene un efecto secundario: la sal. En condiciones naturales, el agua subterránea fluye hacia el Mediterráneo, creando una barrera de agua dulce contra el agua salada del mar. Pero con los acuíferos agotados y el agua dulce desviada a los cultivos, este muro protector natural se está erosionando y el Mediterráneo invade aún más la tierra. El resultado es un aumento de los niveles de salinidad, que hace que el agua no sea potable y resulte venenosa para la mayoría de los cultivos.

“Siempre se ha pensado que el agua subterránea es infinita”, critica Calaforra. “No se ve… Como no se puede ver el arroyo, se piensa que es infinito. Es un problema mental, psicológico”. A su juicio, la solución es desarrollar en su totalidad el programa Agua, elaborado por el Gobierno del PSOE en 2004 y aprobado por el Congreso en 2006. Él lo califica de “fantástico”. Da prioridad al uso de los acuíferos como recurso estratégico, permitiendo su recuperación, y promueve en cambio la construcción de plantas desalinizadoras para el agua del Mediterráneo. El programa Agua, sin embargo, “ni se cumple ni se respeta”, lamenta.

Si científicos como José María Calaforra coinciden en que España dispone desde hace dos décadas de un plan adecuado para salvar de la ruina a los acuíferos españoles, ¿cuál es el problema?

La política.

“El agua se ha convertido en una guerra de posiciones ideológica”, admite Juan Francisco Rojas Fernández, concejal y portavoz de Vox en Almería. Es un conflicto en el que la ultraderecha se ha mostrado cada vez más dispuesta a participar en los últimos años, proponiendo incluso la amnistía para los freseros ilegales de Doñana cuando el pasado verano una campaña ciudadana en Alemania instó a los supermercados de ese país a no comprar más frutos rojos de Huelva porque se cultivan con agua bombeada de forma ilegal.

Rojas Fernández admite de buena gana que los “acuíferos de Almería están sobreexplotados”, pero los agricultores, justifica, también son los responsables de “convertir este desierto en un vergel”. El problema del agua, continúa, “debe resolverse de forma que la principal actividad económica de Almería pueda continuar”.

Es difícil encontrar a algún político dispuesto a criticar una cultura agrícola que está llevando a Almería al borde del colapso. En su lugar, los debates se desplazan a un terreno ideológico más seguro que trae ecos de décadas atrás, de la época de Franco. Así, Vox exige un “plan hidrológico nacional” que una a España mediante “trasvases de agua entre cuencas”, detalla el concejal Rojas Fernández. Es decir, coger agua de una zona de España y regalársela a otra. Así “se unirá” el país “igual que hizo Estados Unidos con el ferrocarril”, añade.

La política de trasvases siempre ha sido polémica en España. En 2001, el plan del PP para trasvasar 450.000 millones de litros de agua anuales del río Ebro a las zonas agrícolas de Valencia, Murcia y Almería provocó protestas en todo el país. Más de 400.000 personas se manifestaron en Madrid y otras 250.000 en Zaragoza. El clamor llegó incluso a Bruselas en rechazo al papel de la UE como financiadora.

Aún hoy la resistencia es feroz. De hecho, el proyecto de trasvase Ebro-Almería nunca se llevó a cabo, aunque sí ha habido trasvases del Tajo a Almería durante más de 40 años. El PSOE, que había hecho campaña en contra, llegó al poder en 2004 y echó por tierra los planes del PP. Lo que rara vez se menciona es que el propio PP había heredado el trasvase de los socialistas.

Antonio Martínez, senador del PSOE por Almería, elogia a los agricultores por superar su “situación climática y geográfica”. Califica los invernaderos de “buque insignia de la provincia” y dice que la falta de agua es un problema de décadas causado por el cambio climático y cuestiones estructurales que no son exclusivas de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “apuesta” por el agua reciclada, apunta el senador socialista. “Es decir, agua procedente principalmente de la desalación”, explica Martínez, extrayendo agua del Mediterráneo y quitándole la sal. En otras palabras, el plan Agua.

Los agricultores están especialmente enfadados por las propuestas de recortar su acceso a bajo coste a los acuíferos, lo que les obligará a pagar por el agua desalada, que es muy cara. Incluso con las cuantiosas subvenciones estatales, Almería paga la tarifa más alta del país, en torno a un euro por litro cúbico. Y, desde la invasión rusa de Ucrania, el coste de la electricidad necesaria para alimentar las plantas ha subido mucho, al igual que la propia agua desalada.

El concejal de Vox tacha a las desaladoras de caras, contaminantes y sólo abrazadas por otros partidos por “ecologismo ideológico ignorante”, al tiempo que ignora informes recientes que demuestran que las zonas propuestas para los trasvases, como el Ebro, también sufren hoy una “sequía extrema”.

“El problema del agua desalada”, advierte el ecologista Pepe Rivera, “es que es cara. Y por eso [los agricultores] prefieren agua más barata, que es la de los pozos o la de los trasvases, legales e ilegales”. Y añade: “Si la superficie de regadío [en Almería] sigue creciendo, todo el plan [Agua] será inútil”.

La crisis del agua del verano pasado llevó al Gobierno español a aprobar un plan de emergencia de 2.200 millones de euros para salvar el sector agrícola, el 64% de los cuales –1.400 millones– se destinarán a plantas desalinizadoras, instalaciones para duplicar la reutilización de aguas urbanas y a reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. El anuncio coincidió con la petición a la UE de fondos de emergencia de la Política Agrícola Común para ayudar a los agricultores a recuperarse de la sequía y las temperaturas récord.

El plan Agua de 2004 prometía miles de millones para desaladoras, incluidas cinco en Almería, frente a las dos existentes. Veinte años después, estas plantas no se han construido. El último informe de la Directiva Marco del Agua de la UE sobre el estado del agua en España concluye que el país ha fracasado en casi todas las categorías. Sus acuíferos están empeorando en vez de mejorar. Aun así, la superficie agrícola sigue creciendo.

En lugares como Moras, el paisaje está cambiando una vez más. Los olivos silvestres suelen vivir siglos. El más antiguo del mundo se encuentra en Creta, se le calcula una edad de 4.000 años. Pero los olivos de Sorbas-Tabernas, a las afueras de Moras, no durarán tanto. Los métodos de cultivo intensivo y los mayores rendimientos que se les exigen limitan su vida útil a unos 15 años.

El sol sigue brillando en Almería. Por culpa de los suelos degradados y la falta de agua, algunas de las empresas olivareras de la zona ya están vendiendo sus tierras para instalar huertos solares, cada vez más visibles en los pequeños pueblos y en las laderas de Sorbas y Tabernas. Los activistas se oponen, advirtiendo de que los paneles solares perjudican aún más la recuperación del suelo, además de que requerirán miles de millones de litros de agua para su mantenimiento, sin proporcionar energía barata y limpia a la población local.

Es una señal de lo que está por venir. José María Calaforra dice que lo que amenaza a Almería es el abandono. “Si no tienes agua, todo el mundo se va”, alerta. “Si quieres mantener este recurso agrícola, tienes que buscar otros recursos hídricos para intentar mantenerlo. Si eso no ocurre, obviamente te hundes”.

La escena inicial de la película de ciencia ficción de 2017 Blade Runner 2046, protagonizada por Ryan Gosling, muestra una larga toma aérea de un páramo medioambiental. Ambientada dentro de 25 años, retrata un mundo hostil desprovisto de vegetación y belleza naturales, donde los alimentos de la humanidad se cultivan bajo una vasta extensión de invernaderos de plástico. La toma fue real, se hizo en Campo de Dalías, donde los geólogos franquistas perforaron el primer acuífero de Almería hace casi 70 años. El arte distópico pretende actuar como una historia con moraleja para la sociedad moderna. En el caso de Almería y su tierra, la cuestión es si sobrevivirá hasta 2046. Si lo consigue, se convertirá en el nuevo milagro de Almería.

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Este reportaje ha sido realizado con el apoyo de Journalismfund.eu

Con Doñana en el ojo del huracán por el deterioro de sus ecosistemas y la pérdida de su plaza en la lista verde global, un juez aprecia ahora indicios de delito en la gestión de las visitas guiadas al parque por parte de la empresa responsable de este servicio. Así lo recoge un auto del juzgado de primera instancia e instrucción 2 de La Palma del Condado (Huelva), al que ha tenido acceso infoLibre y que señala que los hechos detallados en una denuncia por "delito fiscal" presentada por uno de los socios de la cooperativa concesionaria de las visitas a la joya natural "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Aun no ha sido llamado nadie a declarar ni hay nadie con condición de investigado.

Como publicó este periódico en septiembre, el caso arranca con una denuncia presentada en julio contra la cúpula de la empresa que gestiona desde hace más de 40 años las visitas a Doñana, alertando de un cúmulo de supuestas irregularidades, entre ellas la ocultación de visitantes –y por tanto de ingresos– a la Junta de Andalucía, los traslados de turistas entre Cádiz y Huelva sin permiso, la reducción mediante engaños del canon a pagar por la concesión y el reparto de dinero negro.

El juzgado, que en un auto fechado en octubre recalca que a estas alturas del procedimiento no están determinadas la naturaleza de los hechos, ordena a la Policía Judicial que los esclarezca, con especial hincapié en dos zonas oscuras:

1) La posible "falsificación" del número de visitantes diarios al parque, con la "obtención de ingresos indebidos" en caso de que se haya producido.

2) El posible "abono de salarios no declarados" junto con una "estimación de la cuota fiscal presuntamente defraudada".

infoLibre ha tratado de incorporar a esta información la versión de la cooperativa Marismas del Rocío, contactando tanto con la propia compañía como con sus dirigentes denunciados. Pero no hubo respuesta. Marismas del Rocío es una empresa emblemática, responsable de un servicio aún más emblemático, que incluye no sólo las visitas guiadas sino también la cafetería en el centro de visitantes y la tienda de recuerdos. "Somos los únicos con los que visitarás todos los ecosistemas de Doñana", anuncia la empresa en una web llena de fotos de distintos paisajes, aves y mamíferos. La cooperativa cuenta con el aval expreso de la Junta de Andalucía, que la publicita en su portal turístico.

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía (PP) explicó en septiembre a este periódico que el director y el gerente del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellanos y José Juan Chans, respectivamente, habían "tenido conocimiento de desavenencias" entre socios de la cooperativa, sin que "en ningún caso" ningún implicado hubiera comunicado la "posible existencia" de delitos. "La única acción de mediación ha consistido en pedirles seriedad, sentido común y absoluta transparencia", señalaba entonces el departamento que dirige Ramón Fernández-Pacheco (PP), con competencias sobre la gestión de Doñana. La denuncia se producía cuando la concesión a Marismas del Rocío de las visitas estaba caducada y la consejería trabajaba "desde hace meses" en una "nueva licitación" para sacarla antes de final de año. Este periódico ha preguntado ahora a la Junta en qué había quedado aquella voluntad de la nueva licitación, sin respuesta.

La denuncia lleva la firma de Juan Valladolid, trabajador y socio de la cooperativa Marismas del Rocío. Los hechos narrados son respaldados por otros cuatro socios, que Valladolid propone como testigos. La denuncia se dirige contra la sociedad, con sede en la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), así como contra su presidente, Fernando Rodríguez; su vicepresidente, Gonzalo Dorado; y su secretario, Sebastián López, como máximos responsables de la cooperativa. Ninguno de ellos figura a estas alturas del procedimiento como investigado en la causa. Tampoco ha sido llamado nadie a declarar.

Juan Valladolid, que trabaja como "guía-conductor" en la empresa desde 1982, exponía en su denuncia cómo empezó a detectar posibles irregularidades en la cooperativa, que aún están pendientes de su hipotética ratificación. En primer lugar, su salario mensual legal bajó en 2015 de 2.090 euros netos a 1.500, pasando el resto a ser abonado en mano. Es decir, en un sobre, en B, en dinero negro, siempre según su relato tanto en la denuncia como en declaraciones a infoLibre. El denunciante aportaba como documento un listado de trabajadores de la cooperativa en el que se recogía el sueldo por "transferencia" y el extra "líquido" o "efectivo" de cada uno.

La cantidad mensual en "efectivo" en uno de los meses recogidos ascendía a 12.680 euros repartidos entre 23 trabajadores, según este documento. Hay abonos en "efectivo" contabilizados de hasta 815 euros a un solo trabajador. Además, el denunciante entregó fotografías de varios sobres en los que supuestamente se abonaba el dinero e imágenes para acreditar transferencias realizadas por un trabajador que se enviaba a su propia cuenta las cantidades recibidas en mano. La denuncia no particularizaba quiénes son los responsables concretos de estas presuntas irregularidades detectadas en 2015.

Valladolid narraba un episodio que lo llevó a advertir un supuesto reparto de dinero negro en cantidades superiores a las que conoció directamente. Tuvo lugar en 2016 –según el denunciante–, cuando un grupo de trabajadores, que habían recibido un sobre con 100 euros por la asistencia a una asamblea, comprobaron que en varios sobres en realidad había 2.000 euros, que se les hizo devolver al advertir el "error". El episodio hizo sospechar a Valladolid que se habían producido repartos de dinero negro en cantidades mayores a las abonadas en sobres a la mayoría de los socios. Valladolid no ha particularizado quién podría haber recibido estas supuestas cantidades.

El denunciante afirmaba además en septiembre que los pagos en negro no se habían detenido, aunque señalaba que tanto él mismo como los cuatro socios que llamaba como testigos habían dejado de percibir complementos en líquido como consecuencia de haber expresado sus discrepancias sobre la gestión.

Las denuncias en el seno de la cooperativa acumulan ya más de cinco años, como acredita la documentación aportada por Valladolid, que expuso cómo cuatro socios, entre ellos él mismo, se negaron a respaldar ya en la asamblea general de julio de 2018 las cuentas del año anterior por existir "graves irregularidades contables". Como resultado de sus reclamaciones, la asamblea aprobó dos meses después la realización de una auditoría del ejercicio 2017, encargada a una empresa por 4.950 euros más IVA con "fecha máxima de entrega" en marzo de 2019, según el acta aportada. La denuncia aseguraba que la auditoría no se había llegado a culminar.

El relato de hechos en la denuncia detallaba varios intentos por parte del denunciante y otros socios de conocer el resultado de la auditoría. En octubre de 2021, en una asamblea en la que fue renovado el consejo rector –asumiendo los tres denunciados sus actuales cargos–, un socio pidió a la nueva dirección la entrega de la auditoría, según el acta aportada. En agosto de 2022 el denunciante y otros socios volvieron a solicitarla por escrito. Dos meses después recurrieron al requerimiento notarial. "Tras mucho insistir, la única información que se ha recibido de la cooperativa respecto de la auditoría es una copia de la comunicación recibida de la empresa [auditora], con fecha 16/12/2022, informando que la auditoría de 2017 no se realizó por 'opinión denegada' del auditor", recogía la denuncia firmada por Juan Valladolid. Dicha comunicación fue entregada a la asamblea en enero de este año, casi cuatro años y medio después de aprobarse la realización de la auditoría, siempre según la denuncia.

El trabajador que firma la denuncia ha señalado que la "total falta de información" y la "carencia absoluta de interés" de los administradores por "acabar con la contabilidad fraudulenta" lo habían llevado a buscar vías de obtención de información alternativas. Así logró, con la ayuda de otro trabajador y socio, tener acceso a un "memorándum" de la empresa auditora que nunca fue dado a conocer a los socios, según Valladolid. Dicho documento, de diez páginas, concluyó que existía "ausencia de control y revisión contable", "ausencia de los elementos de control más básicos y elementales" y una lesión al "valor del negocio" al haberse "disminuido el patrimonio neto de la entidad". El documento recomendaba la reformulación de las cuentas de 2017, año en el que se centraban los trabajos. "Nada de esto se ha llevado a cabo por los denunciados, es más, ha sido ocultado deliberadamente a todos los socios", afirmaba la denuncia.

Valladolid incorporó a la denuncia lo que él mismo identificaba como comunicaciones de los auditores a la empresa. En una de ellas un auditor reseñaba "anomalías" en las cuentas de 2017: "no existe inventario", "no existe arqueo de caja", "no se ha dispuesto de los libros de actas", "faltan las CCAA [cuentas anuales] y la memoria"... El auditor expresaba "dudas" sobre "ventas que no hayan sido declaradas", "gastos de personal u otros que se hayan pagado en B", "disposiciones de socios en B", "servicios que se han prestado [...] que no han sido objeto de facturación" o "retribuciones" por asistencia a reuniones que "tampoco han sido declaradas".

"Es imprescindible revisar la cuenta de caja al completo", decía el correo aportado por el denunciante, que criticaba que toda esta información fuera –afirmaba– ocultada a los socios. Según la denuncia, los sucesivos responsables de la empresa también encargaron trabajos de auditoría de años posteriores a 2017, sin que se hayan presentado tampoco los resultados.

Toda la narrada en los anteriores párrafos es la información con la que ha contado el juez para decidir abrir la investigación y mover a la Policía Judicial.

Valladolid alertaba además de un posible engaño a la administración. El denunciante recalcaba que "los pagos en B [...] deben proceder lógicamente de ingresos en B o no declarados". ¿Cuáles? La respuesta del denunciante es que el balance diario que se entrega al Parque Nacional supuestamente recoge una cantidad de visitantes menor que la real. De ese modo, añadía, el "canon" por la prestación del servicio que la empresa debe pagar es también menor y así se disponía de dinero para los abonos en B. Las diligencias ordenadas por el juez pretenden averiguar si esto es cierto.

La denuncia adjuntaba un documento de 122 páginas que compara información de dichos balances diarios –los llamados "estadillos"– con los cuadrantes de trabajo, detectando una diferencia de "uno o dos coches diarios". La denuncia se extendía a una supuesta irregularidad más: "Los gerentes [...] también están propiciando que [...] la cooperativa realice servicios que ni constan en los partes de trabajo ni en los estadillos remitidos al Parque, que consisten en hacer traslados privados a Sanlúcar de Barrameda [Cádiz] desde Matalascañas [Huelva] sin permiso del Parque, y por supuesto sin facturar".

El Parque Nacional de Doñana no recuperará por ahora su puesto en la prestigiosa Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, en inglés), la mayor red global de organizaciones defensoras de la biodiversidad. Tras años de evaluaciones de los expertos de este organismo, la Junta de Andalucía sigue sin aportar parte de la documentación que necesitan los supervisores del IUCN, a lo que se suma el pésimo estado de la naturaleza y la fauna por la escasez de agua. La desesperación del gobierno andaluz provocó que la Junta llegase incluso a acusar el pasado junio a los técnicos del organismo de boicotear al humedal onubense, pero la IUCN ha defendido ahora a sus investigadores y mantiene vigente la suspensión de este sello.

La disputa se remonta a diciembre de 2020, cuando el IUCN endureció los criterios ambientales para permanecer en la Lista Verde y Doñana suspendió el examen para mantener su puesto. Tras dos años de gracia para enmendar los errores, el humedal andaluz perdió el sello oficialmente en junio de 2022, uno de los mayores galardones internacionales para un parque que premia su buena gestión. En enero de 2023, el equipo de expertos españoles que trabaja con la organización internacional volvió a publicar un nuevo informe sobre la situación de Doñana, con otro suspenso en 17 de los 50 puntos estudiados y en tres de las cuatro áreas: gobernanza y gestión; planificación; coherencia y efectividad de las políticas; y resultados de conservación del parque. 

El nuevo suspenso de Doñana en el examen de la Lista Verde coincidió con el intento de la Junta de Andalucía durante la pasada primavera de sacar adelante una ampliación de las tierras de regadío en el entorno del humedal, lo que habría empeorado el estado de las reservas subterráneas de agua del parque, que ya se encontraban al límite. La propuesta de ley del Parlamento Andaluz supuso un enfrentamiento abierto entre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente andaluz del PP, Juanma Moreno. 

En medio de esas discusiones y con la presión de la comunidad científica y ecologista, la Junta mandó el pasado 22 de junio una queja al IUCN en la que acusó a sus expertos de tener un "conflicto de intereses" a la hora de verificar el estado de Doñana, de suspender indicadores que fueron aprobados en 2014, y afirmó tener "la sospecha de que [los expertos] podrían haber sido condicionados en sus evaluaciones por la proposición de Ley en Andalucía", en referencia a la ley de ampliación de regadíos. El equipo de voluntarios que colabora desde España con el IUCN está compuesto por una decena de académicos con experiencia en supervisión de parques nacionales o biología, hay dos miembros de asociaciones ecologistas (WWF y SEO Birdlife) y está dirigido de forma rotatoria por Javier Zapata, exdirector del Programa Áreas Marinas del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Miteco. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza respondió el pasado 30 de noviembre por carta a Juan Pedro Castellano, director del Espacio Natural Doñana, para rechazar cada una de las acusaciones y trasladar "una invitación al Espacio de Doñana a mantener su compromiso con la Lista Verde”, según la misiva, que ha podido ver infoLibre. Aunque la carta se entregó hace 14 días, su existencia fue revelada este lunes por El País, aunque el consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, negó este lunes que haya recibido nada. Además, dijo que a la dirección del Parque Nacional "no le consta" que inspectores de esta organización hayan ido a Doñana para ver sobre el terreno la realidad del Parque. "No nos parece creíble que una organización tan prestigiosa haya trabajado de oídas por un informe de terceros, en lugar de desplazarse al territorio, más cuando la sede de la UICM mediterránea está en Málaga", afirmó a la prensa. 

Según una persona que sigue el caso, el equipo de expertos en España del UICN no visitó el parque de Doñana para realizar la evaluación que finalizó en enero de 2023, pero añade que es el modo de trabajo de este organismo internacional, presente en 60 países. “Hay una guía de procedimiento que incluye una visita de campo para comprobar aspectos dudosos, pero ese viaje se hace al final del proceso”, explica. Y añade que en la fase inicial las evaluaciones se hacen a partir de documentos oficiales o informes de otros investigadores. De hecho, en la carta enviada a la Junta, el IUCN aclara que la visita del parque está pendiente, pero antes el equipo de expertos españoles necesita recibir toda la documentación que necesitan para cerrar esta fase del estudio. Una vez que se haga la visita presencial, la junta del UICN votará en Suiza si volver a meter al humedal español en la lista o mantenerlo fuera, por lo que la suspensión es de momento temporal.

La UICN también aprovecha la carta para enviar un mensaje a los representantes de la Junta que siguen insistiendo en que Doñana no ha perdido el sello verde: "En este momento, el Parque de Doñana se encuentra en fase de candidatura, ya que su certificado de Lista Verde fue suspendido el 30 de junio 2022. Es esencial que la comunicación en relación a esta situación sea clara y coherente por parte del ENP Doñana, y que se eviten declaraciones diferentes a comunicar que el parque está en fase de candidatura, a fin de evitar ambigüedades y malentendidos". 

Sobre las acusaciones de conflicto de intereses, la UICN defiende que en sus estatutos se contempla la posibilidad de que los académicos puedan tener algún conflicto de interés con el proyecto que supervisan, pero que están vetados de la votación final. Sobre los puntos que fueron aprobados en 2014 y suspendidos en 2023, argumentan que los estándares han sido actualizados y que los datos también han cambiado desde entonces. Por último, sobre el impacto que tiene la ley de regadíos (que no ha llegado a ver la luz), el UICN afirma que no ha sido "significativo" porque los expertos se basan "exclusivamente en el estado actual de las evidencias objetivas en el momento de la evaluación". El IUCN destaca además que la queja de la Junta no tiene ni siquiera sentido porque el sistema de evaluación de este organismo no admite recursos, y de hecho tuvieron que definir un proceso de admisión de quejas este verano porque no habían tenido ninguna hasta ahora. 

La IUCN es una organización ligada a las Naciones Unidas fundada en 1948, con sede en Suiza, y es la mayor red global dedicada a la naturaleza, formada por más de 1.400 organizaciones y apoyada por más de 18.000 científicos. En 2014 esta entidad creó la Lista Verde, la primera que premia los espacios naturales que están bien gestionados y que pueden servir de ejemplo a otros administradores, y en ella entró primero el parque nacional de Sierra Nevada y en julio de 2015 la reserva de Doñana. Sierra Nevada también está en proceso de candidatura, como Doñana, porque con la revisión de los criterios salió de la lista, aunque se espera que vuelva en cuanto termine el proceso de evaluación. 

Precisamente este lunes se reunió en Sevilla el Consejo de Participación de Doñana, donde la Junta se reúne con expertos y organizaciones civiles para debatir sobre el estado del parque. La Junta presentó allí datos actualizados sobre las lluvias en el humedal, y concluye que en el ciclo hidrológico 2022-2023, que acabó el 31 de agosto, llovieron 88 litros menos por metro cuadrado de la media, el segundo nivel más bajo en 24 años.  

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el mayor organismo ambiental del mundo, ha excluido al Parque Nacional de Doñana de su lista verde por la mala gestión, una decisión que la Junta de Andalucía asegura que no le ha sido notificada, según informa EFE. La decisión, que convierte a Doñana en la primera reserva natural excluida de esta lista, se basa, según ha adelantado este lunes El País, en que "por el momento, el sitio no cumple con el estándar de la lista verde de la UICN", confirma el director de áreas protegidas y conservadas de la organización, James Hardcastle.

La expulsión habría sido confirmada por carta a la Administración andaluza hace dos semanas, aunque fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía han dicho hoy a EFE que no tienen constancia "de que la UICN haya tomado esa decisión" y que no han recibido esa noticia desde el organismo internacional.

Asimismo, han señalado que "los evaluadores de la UICN no han pisado Doñana", y han precisado que lo habitual, como ocurrió en junio en Sierra Nevada, es que los evaluadores visiten el espacio y, en un determinado plazo, en este caso de seis meses, emitan un informe "de forma seria y con el territorio". En el caso de Doñana "esto no ha pasado, no han venido", han remachado.

Además, según la Consejería de Medio Ambiente, "difícilmente se entiende que el detonante que habría llevado a la UICN a tomar esa decisión sea una ley que no se ha aprobado y mucho menos aplicado en el territorio", en referencia a la proposición de ley de mejora de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, que decayó a finales de noviembre tras la firma del acuerdo entre el Gobierno central y la Junta. "Estamos en ese nuevo marco de Acuerdo por Doñana y vamos a seguir trabajando por y para el Parque y su entorno", han asegurado.

Este mismo año se hizo público un informe emitido por diez expertos de este organismo internacional tras dos años de evaluación y el estudio de un total de 50 indicadores, de los que el espacio natural solo aprobaba 17.

De los cuatro bloques evaluados -buena gobernanza, diseño y planificación del parque, administración efectiva y conservación exitosa-, Doñana solo superaba el segundo y con apenas un 5; los expertos criticaron la "falta de acciones específicas" para gestionar las amenazas que enfrenta el espacio. La UICN mantiene que a pesar de la exclusión de la Lista Verde, Doñana sigue siendo candidata a ser incluida en un futuro, algo para lo que apoyarán a las autoridades del espacio.