Moreno da marcha atrás en su ley para Doñana a cambio de negociar con Ribera un plan para los afectados
La Junta de Andalucía y el Gobierno central han enterrado el hacha de guerra en torno al Parque Nacional de Doñana. El barón andaluz del PP, Juanma Moreno, anunció este martes por sorpresa que paraliza indefinidamente su proyecto no de ley que se iba a aprobar en apenas una semana y que ampliaba las tierras regables alrededor de la reserva, que se encuentra en estado crítico por la falta de agua. La decisión llegó tras una visita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con quien Moreno lleva meses enfrentado. Juntos, anunciaron un nuevo plan para asegurar el futuro económico de los agricultores y reducir el regadío en el parque que se presentará en cuatro semanas.
Los dos políticos reconocieron que sus posiciones han estado muy enfrentadas en el último año, pero consideran que la mejor salida era aliarse para garantizar el abastecimiento de agua en Andalucía durante las próximas décadas, en vista de que es una de las regiones europeas más afectadas por la sequía. La decisión también se entiende como una marcha atrás del plan que tenía hasta ahora el PP andaluz, que había sido ampliamente denostado por la comunidad científica internacional.
Según explicó Juanma Moreno, esta misma semana empezarán a trabajar los equipos de ambas administraciones de forma coordinada, y durante los primeros días viajarán a lo largo de Huelva y Sevilla para estudiar todas las dimensiones del problema para encontrar una solución que contente a todos. "En Huelva hay un problema porque hay unas familias en el limbo, y en el plan tienen que coincidir la protección de la mayor joya de España con el desarrollo social", dijo el presidente andaluz durante la rueda prensa.
Sin duda, encontrar ese equilibrio será el gran desafío que tienen por delante ambos gobiernos, ya que no es posible dar agua al campo al mismo tiempo que se protege los acuíferos de Doñana. Teresa Ribera, sin referirse a ellos directamente, dejó caer que serán los agricultores que ahora tienen tierras de secano o regadíos ilegales los que no verán el agua que en su día les prometió Moreno.
"Más allá de líneas rojas, hoy corresponde decir que el límite que obviamente hay que respetar es la legislación vigente y los compromisos internacionales", dijo en referencia a la Ley de Aguas y la directiva europea de Aguas, dos normas que se han saltado durante décadas un pequeño número de parcelas. "Nuestra voluntad es cerrar por fin el proceso abierto por parte de la Comisión Europea y esta es una buena oportunidad", añadió, en referencia al proceso sancionador que tiene abierto Bruselas contra España por permitir los pozos ilegales.
La decisión supone un campo de rumbo del PP andaluz en su política de Doñana. El día 10 de noviembre estaba previsto que el Parlamento de esta Comunidad aprobase una reforma del Plan de la Corona Norte de Doñana para ampliar el número de tierras con derechos de regadío en unas 700 hectáreas, lo que sin duda habría mermado aún más la situación de la reserva. Juanma Moreno señaló este martes ante los periodistas que las dos visiones, la suya y la de Ribera, tendrán que ceder y "ser generosas", aunque añadió después que el acuerdo "no es un cambio de postura" de su partido.
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El plan que esbozarán en las próximas cuatro semanas estará enfocado en la recuperación socioeconómica de la zona, a medida que las tierras sin permiso para regar vayan cerrando y las fincas de secano cesen su actividad, y estará presupuestado con unos 350 millones de euros. A este programa se sumará el Marco de Actuaciones para Doñana que presentó el Ministerio de Transición Ecológica en noviembre del año pasado, con un presupuesto de 353,6 millones de euros y que tiene un objetivo puramente medioambiental. Dentro del Marco de Actuaciones del año pasado se incluyen 100 millones de euros para comprar fincas de regadío y cerrar sus grifos para recuperar poco a poco el nivel de los acuíferos que están debajo de Doñana. La cantidad de agua es tan baja que apenas tiene fuerza para emerger, y solo el 10% de las lagunas superficiales están este año en buen estado.
El objetivo último del Gobierno central es poner fin de una vez al proceso sancionador que abrió Bruselas el año pasado contra el Estado por el maltrato a Doñana, que por ahora no ha resultado en multas. Previamente, en junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por no proteger el parque de las extracciones de agua ilegales. Se calcula que todavía alrededor del 2% de las fincas siguen extrayendo ilegalmente agua del acuífero, principalmente sobre la masa de agua de La Rocina, en Huelva. Hasta la fecha, la Confederación ha cerrado 490 pozos legales y 200 ilegales, y quedan otros 500 en total. El objetivo del Ministerio de Transición Ecológica es cerrarlos todos entre 2024 y 2025.
Desde la organización ecologista WWF valoraron que la noticia era "positiva" y celebraron que se vuelva "a la vía del diálogo y el consenso". "Esperemos que surjan acuerdos en la línea de no aumentar los regadíos porque realmente no hay agua para ellos, y que se busquen alternativas económicas sostenibles que no pasen por la especulación", dijo Juanjo Carmona, el delegado de la ONG en Doñana.
