Hogar de innumerables ficciones, protagonista de poesías y canciones, musa de cuadros y uno de los pocos lugares en los que la modernidad tiene que pararse y limitar sus ambiciones de grandeza, puesto que en ella no caben el cemento descontrolado ni los rascacielos. Venecia, además de ser Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO, es uno de los lugares más singulares del mundo. 

Pero corre peligro. Según un artículo publicado en Nature, la subida del nivel del mar amenaza con llevarse la ciudad por delante. Y ya hay señales. En los últimos años, se ha visto cómo sus calles se inundan cada vez con más frecuencia, un proceso que comenzó hace 150 años, pero que ahora se acelera peligrosamente. De hecho, en los últimos 23 años, se ha llegado a situaciones extremas en las que el 60% de la ciudad quedaba bajo el agua.

Recientemente se ha asistido a ejemplos muy evidentes de esta situación. En 2019, la ciudad se enfrentó a la peor inundación desde 1966. El aqua alta llegó hasta los 187 centímetros y acabó sobrepasando el vestíbulo de la basílica de San Marcos. Muchas de las góndolas situadas en la Riva Degli Schiavoni rompieron las amarras e impactaron contra las columnas del Palacio Ducal. Además, varias zonas de la ciudad se quedaron sin luz y dos personas fallecieron. 

Sucedió hace apenas siete años, pero los investigadores tienen evidencias de que puede volver a ocurrir. Y no de forma aislada sino con bastante frecuencia. Según los datos proporcionados en Nature, para el año 2100 se prevé que el aumento del mar en Venecia alcance, en el mejor de los casos, prácticamente el medio metro (42 centímetros) respecto a los niveles de principios de este siglo. Eso en el escenario más favorable de emisiones, porque en el peor se estima que podría llegar a los 81 centímetros. 

Los autores del estudio consideran que las barreras móviles que se están instalando actualmente podrían ser una herramienta muy útil de prevención siempre y cuando se le añadan algunas soluciones alternativas. Desde 2022, un sistema de barreras móviles separa la laguna de Venecia del mar Adriático y ha evitado que las inundaciones fueran mucho más abundantes ya que, en los casos más extremos, como las tormentas, se elevan para proteger a la ciudad. 

El sistema MoSe (Módulo experimental electromecánico, en español) se implementó en 2020 por primera vez, pero para llegar a él han hecho falta 40 años de estudios y proyectos de prueba-error. Ya cuando empezaron a investigar, en los años 80, la alarma era máxima, aunque solo fue en el 2003 cuando se planteó el proyecto que la ciudad tiene actualmente. 

A pesar de la urgencia, la corrupción lo retrasó todo. En 2014, 35 personas fueron detenidas, entre ellas el alcalde de la ciudad, Giorgio Orsoni, por el desvío de más de 30 millones de euros de fondos públicos, que utilizaban en un sistema de sobornos y malversación. A pesar de todo, los sistemas ya han evitado que una catástrofe como la de 2019 se vuelva a repetir. Sin embargo, los investigadores temen que, con el aumento previsible de los próximos años, esto no sea suficiente. 

Para Pedro Zorrilla, coordinador de la Campaña del Cambio Climático de Greenpeace, el sistema actual es un "simple parche que no soluciona las consecuencias reales". Cuenta a infoLibre que "este sistema no resolverá los problemas a largo plazo que pueden llegar a ser devastadores". Otra de las consecuencias de las que habla el experto en cambio climático es la de la llegada de nuevas especies no autóctonas. Zorrilla lo considera un problema "real que está ocurriendo en todo el mundo, especialmente en el Mediterráneo".

No obstante, hay alternativas. Con cuatro nuevas estrategias potenciales, los científicos consideran que la ciudad podría salvarse del aumento del nivel del mar en los próximos 300 años. Pero, apuntan, solo si se actúa rápido. Entre esas estrategias están la protección del centro de la ciudad con diques para separarla del resto de la laguna, su cierre con un “superdique” o, directamente, reubicar la ciudad, sus residentes y los monumentos históricos para que no estén tan próximos al mar. 

Sobre la reubicación de ciudades, Zorrilla lo cataloga como "éxodo climático" y argumenta que "esto se está viendo en otras grandes ciudades como Yakarta, una ciudad mucho más grande que Venecia, donde están proponiendo crear una nueva ciudad en otra isla". "Tendemos a centrarnos en ciudades que tenemos más próximas, pero las consecuencias más devastadoras las están sufriendo en el Sur Global", añade.

La forma más sencilla de proteger la ciudad es, claro está, continuar con el sistema de barreras actual. Pero hay bastantes inconvenientes. El principal tiene su origen en el problema en sí: el aumento del nivel del mar. A medida que se vayan sucediendo los episodios de inundaciones, la frecuencia de los cierres también crecerá y, con ello, el mal funcionamiento y los retrasos en una operación que, al final, no conseguirá proteger la ciudad. 

Además, los investigadores alertan de que, si se sigue trabajando de la misma forma, se degradarán los ecosistemas de la laguna, las operaciones portuarias se verán limitadas y la calidad del agua podría verse comprometida, por lo que se tendría que implementar un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, junto con un sistema de bombeo a gran escala para mantener los niveles de la laguna por debajo del nivel del mar. 

Otra de las soluciones que manejan los investigadores podría ser la creación de diques circulares que aíslen el centro de la ciudad y otros asentamientos del resto de la laguna, que seguiría conectada con el mar abierto. La ciudad, aunque perdería conexión con el resto de la laguna, podría permanecer intacta. Aun así, implementarlo sería caro –la cifra de construcción podría llegar hasta a los 4,5 mil millones de euros–, el turismo sufriría por el cambio de paisaje y la ciudad tendría que ser rediseñada para adaptar algunos elementos, como el transporte público. 

Existe, sin embargo, una alternativa que permitiría preservar el funcionamiento y la seguridad de la ciudad, aunque a costa del propio ecosistema. Se trata de la estrategia de la laguna cerrada, cuyo eje sería la construcción de un “superdique” que convertiría la laguna en un lago costero. La ciudad permanecería intacta, pero la laguna desaparecería.

A pesar de esa pérdida, esta alternativa sería capaz de proteger a la ciudad en casos tan extremos como un aumento de 10 metros del nivel del mar. No obstante, hay que tener en cuenta también que el coste sería mucho mayor y podría llegar hasta los 20 mil millones de euros ya que habría que crear presas permanentes en las entradas de la laguna o elevar las islas barrera y los terraplenes hacia la tierra que separan la laguna de los pólderes (una extensión de tierra baja, generalmente ganada al mar, marismas o lagos, que se encuentra al mismo nivel o por debajo del agua y está rodeada por diques para mantenerla seca). 

Para Zorrilla la verdadera solución pasa, en primer lugar, por "una mayor preocupación política y social por el cambio climático" y en segunda instancia, por un "mayor gravamen de impuestos a las empresas de combustibles fósiles que, al final, son las que más perjudican al ecosistema". "Los fondos públicos tampoco son infinitos y estamos viendo que los beneficios extraordinarios que está sacando la industria fósil ahora por la guerra de Irán están siendo récords", concluye el experto.

Aun así, la solución más extrema sería, sin duda, la de mover la ciudad completamente. El estudio publicado en Nature incluye esta posibilidad en el peor de los escenarios e indica que, en este caso, el aumento del nivel del mar transformaría la laguna actual en un entorno marino más profundo en el que aparecerían nuevas especies no autóctonas. Así, se formaría un nuevo régimen ecológico, diferente a la laguna que le dio su magia a Venecia. 

La única solución posible para lo que quede en tierra firme será hacer lo mismo, cambiar. Con un coste de 100 mil millones de euros, los investigadores explican que ante esta situación, lo más probable es que se tuviera que reubicar la ciudad. Esto consistiría en desmontar los edificios y monumentos históricos para llevarlos a otros lugares más elevados. Por lo tanto, la ciudad tal y como la conocemos hoy, se perdería. 

Los pellets, pequeñas bolas de plástico, siguen apareciendo en las playas de Galicia cuando están a punto de cumplirse dos años desde el vertido del buque 'Toconao', que perdió su carga en diciembre de 2023 en aguas portuguesas.

Un paseo por la playa de Ber, en Pontedeume (A Coruña), permite ver que los pellets siguen llegando a las costas gallegas, como los recogidos por un vecino de la localidad este martes, un hecho que evidencia la dificultad de eliminar completamente la huella del vertido y su dispersión a través de las corrientes marinas.

El segundo aniversario del accidente del buque 'Toconao', que perdió 26,3 toneladas de estas pequeñas bolitas de plástico, coincide con la aprobación definitiva en el Parlamento Europeo de un reglamento diseñado para prevenir este tipo de contaminación.

Fue en diciembre de 2023 cuando el 'Toconao', de bandera liberiana, perdió seis contenedores al norte de Portugal, lo que provocó la llegada masiva de estos gránulos al litoral gallego a principios de 2024 y reveló un problema ambiental de gran magnitud.

La crisis ambiental gallega impulsó y fortaleció la nueva normativa europea, aprobada este mes de octubre, que busca obligar a las empresas a implementar planes de gestión de riesgos y reforzar los embalajes en el transporte marítimo para evitar futuros desastres.

De este modo, la persistencia de los microplásticos en las playas no solo recuerda el suceso del 'Toconao', sino que también justifica la urgencia de la respuesta legislativa europea ante los riesgos que el transporte de estas mercancías representa para el ecosistema marino.

Cuando el buque perdió su carga, investigadores alertaron del problema de ingerir pellets al consumir peces que previamente los han comido porque puede ser perjudicial que entren en la cadena trófica, a pesar de que el material de estas bolitas no es tóxico.

"Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar”. Jorge Manrique

Desde hace siglos, el mar ha sido fuente de misterio y poesía. Pero también de desafíos que ya no podemos ignorar. Hoy no solo hablamos del océano desde la mirada del navegante o del poeta, sino también desde la del científico que trata de descifrar cómo esos ríos invisibles –las corrientes marinas– están cambiando. Porque sí, hay ríos en el mar.

El océano está en continuo movimiento. Sus corrientes transportan calor, oxígeno, carbono y nutrientes, desempeñando un papel esencial en la regulación del clima y en la dispersión de contaminantes, microplásticos y larvas de peces, además de influir en procesos meteorológicos y climáticos a escala regional y global.

Algunas de estas corrientes se están volviendo más rápidas, más intensas, como si el pulso del océano se acelerara. ¿Está aumentando su energía? ¿Qué lo causa? Todavía no tenemos todas las respuestas, pero lo estamos vigilando de cerca.

Comprender la dinámica de estas corrientes es clave para mejorar la gestión del océano y anticipar los efectos del cambio climático. En un análisis de tres décadas de datos satelitales hemos mostrado que la energía de los remolinos –responsables de cerca del 90% del movimiento del océano– está creciendo de forma global, con un pulso especialmente fuerte en regiones como la corriente del Golfo o de Kuroshio. Señales que invitan a revisar cómo los modelos climáticos representan la circulación oceánica.

Durante los últimos treinta años, la altimetría de alta precisión, la ciencia que se ocupa de medir las alturas de los diferentes puntos de la superficie del planeta, ha transformado nuestra comprensión de la circulación oceánica. Misiones como TOPEX/POSEIDON, ERS-1 y ERS-2, Jason-1/2/3, ENVISAT, Geosat Follow-On, CryoSat, SARAL/AltiKa y Sentinel-3A/B han permitido medir con gran exactitud la topografía superficial del mar. Y, a partir de ella, inferir la dinámica de las corrientes oceánicas.

Así, con un solo satélite se pudo detectar el aumento del nivel medio del mar asociado al cambio climático y observar fenómenos de gran escala como El Niño. La combinación de varios altímetros permitió cartografiar estructuras más pequeñas, como remolinos y meandros, y analizar la variabilidad de mesoescala (dimensión intermedia en el estudio de fenómenos) donde se concentra la mayor parte de la energía del océano.

En nuestro grupo de investigación hemos trabajado durante años para reunir datos, diseñar métodos y analizar ese latido del océano. Ciencia de fondo, que necesita tiempo y equipos. Y ahora, con la nueva misión altimétrica SWOT, podemos ver más que nunca.

La colaboración internacional en campañas de observación coordinada –que combinan satélites, boyas, gliders (submarinos autónomos) y mediciones in situ– está permitiendo obtener un retrato más completo de estas corrientes.

En la zona en torno a las Islas Baleares se han desarrollado experimentos específicos para calibración y validación de la misión, convirtiéndose en una de las áreas oficiales de referencia para este propósito.

Una de esas campañas la lideramos desde el IMEDEA(CSIC-UIB) y se ha demostrado que SWOT es capaz de detectar remolinos de apenas una decena de kilómetros con una precisión que antes era imposible. Son pequeñas estructuras que concentran energía y nutrientes y que pueden alterar el transporte de calor a escalas regionales.

Pero este logro tecnológico, como pasa con cada avance científico, es fruto de una historia colectiva. Detrás de SWOT hay una comunidad internacional –la comunidad altimétrica– que, con enorme esfuerzo y cooperación, ha conseguido medir el nivel del mar con precisión de centímetros desde satélites a más de 800 kilómetros de altura.

Observar el mar no es un lujo: es una necesidad. Nos ayuda también a entender si aumentan las olas de calor marinas, cómo cambian los ecosistemas y cómo podemos anticipar los impactos del cambio climático.

Precisamente en este mar Balear, la temperatura superficial ha subido en los últimos cuarenta años a un ritmo cercano a cuatro centésimas de grado por año. Los episodios de calor extremo de 2003 o 2022 siguen grabados en la memoria de sus aguas, recordándonos que el calentamiento es ya parte de nuestro presente.

Pero observar no basta: hace falta interpretar. Y ahí entran los equipos científicos, que cada día dan sentido a esos datos. La ciencia se construye en equipo, con ética, dedicación y pasión. Las nuevas generaciones nos ayudan a adaptarnos, a mirar desde otros ángulos. Nos recuerdan que aún hay espacio para el asombro.

Cuando un terremoto sacude las costas rusas y provoca un tsunami que viaja miles de kilómetros, no es solo una noticia lejana: es una advertencia. El océano no entiende de fronteras. Nos afecta a todos y todas.

Por eso, observar, medir y comprender el océano es un acto de cuidado hacia nosotros mismos y hacia el planeta.

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Ananda Pascual Ascaso es doctora en Oceanografía Física e Investigadora Científica en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA - CSIC - UIB). Este artículo ha sido publicado en The Conversation

El Gobierno de Estados Unidos anunció este domingo que mató a tres supuestos narcotraficantes a los que vinculó con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe, el séptimo desde que declaró un "conflicto armado" contra los traficantes de drogas.

"El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur", informó el secretario del Departamento de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

La embarcación navegaba "por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos", añadió Hegseth.

Además, aclaró que ningún soldado estadounidense resultó herido en el ataque, que se realizó en aguas internacionales.

El funcionario estadounidense compartió un video en el que se observaba el momento en el que la embarcación fue bombardeada y comparo a los cárteles con Al Qaeda.

"Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El Ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda", sentenció.

Este es el último ataque efectuado por las fuerzas estadounidenses contra una supuesta embarcación narcotraficante en el último mes, cuando Estados Unidos declaró un "conflicto armado" contra el narcotráfico.

Desde entonces, Washington ha desplegado numerosas fuerzas en el mar Caribe bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, lo que ha causado una tensión creciente entre EE.UU. y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra Venezuela. 

Esto también ha elevado la tensión con Colombia, a quien Trump acusa de no hacer lo suficiente para acabar con el narcotráfico.

En este sentido, Trump anunció este domingo el fin de la ayuda financiera a Bogotá y describió al presidente colombiano, Gustavo Prieto, como "un líder del narcotráfico".

Los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera se dispararon en 2024 y alcanzaron un nuevo récord, lo que augura que el planeta seguirá experimentando un aumento de las temperaturas a largo plazo, indica un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), según recoge EFE.

El año pasado se experimentó también el mayor incremento de las tasas de emisiones de CO2 (3,5 ppm), frente a un ritmo de aumento anual de 0,8 ppm en 2011 que fue acelerándose hasta crecer un 2,4 ppm en 2020.

Como resultado, el nivel promedio anual de CO2 medido en la atmósfera a través de una red de estaciones de monitoreo fue de 423,9 ppm el año pasado, frente a 377,1 ppm veinte años antes.

El aumento de 2024 fue así el mayor que se ha observado desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957, según se desprende del Boletín de Gases de Efecto Invernadero que ha publicado este miércoles la OMM.

Las razones principales de esta tendencia son las emisiones de CO2 provenientes de las actividades humanas, así como de los incendios forestales.

También ha sido una causa la menor capacidad de los ecosistemas terrestres y del océano para absorber el carbono.

Aproximadamente la mitad del dióxido de carbono que se emite permanece en la atmósfera y el resto es absorbido por los ecosistemas terrestres y los océanos de la Tierra, pero a medida que aumenta la temperatura global los océanos absorben menos.

La razón es que a temperaturas más altas la solubilidad del mar baja.

Del lado de los depósitos terrestres, las sequías persistentes afectan su capacidad de absorción, que también se reduce durante los años del fenómeno de El Niño, como fue 2024.

Se espera que estos nuevos datos sean considerados por los responsables políticos cuando se reúnan en Brasil con ocasión de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU el próximo mes.

“El calor atrapado por el CO₂ y otros gases de efecto invernadero está provocando fenómenos meteorológicos más extremos, así que reducir las emisiones es esencial no solo para nuestro clima, sino también para nuestra seguridad económica y el bienestar de las comunidades”, sostuvo la subsecretaria General de la OMM, Ko Barrett, con ocasión de la publicación del boletín.

Las concentraciones de metano y óxido nitroso, el segundo y tercer gas más importantes de efecto invernadero de larga duración relacionados con actividades humanas, respectivamente, también alcanzaron niveles récord.

El metano representa aproximadamente el 16% del efecto de calentamiento sobre nuestro clima y tiene una vida útil de aproximadamente nueve años. 

El 40% es emitido a la atmósfera por fuentes naturales (por ejemplo, humedales) y alrededor del 60% proviene de actividades humana (ganadería, agricultura explotación de combustibles fósiles, vertederos y quema de biomasa).

 En tercer lugar como gas de efecto invernadero de larga duración está el óxido nitroso, proveniente tanto de fuentes naturales como de actividades humanas (quema de biomasa, uso de fertilizantes y procesos industriales).

Las lluvias torrenciales que cayeron la semana pasada sobre Murcia volvieron a evidenciar la grave crisis ambiental que sufre esta comunidad autónoma en torno al Mar Menor. Esta laguna es un enclave único en Europa que sigue maltratado por la agroindustria y la construcción a pie de playa, y la situación se agrava cada vez que una riada arrastra cantidades ingentes de residuos a un delicado ecosistema que ya ha sufrido sucesivos episodios de mortalidad masiva de animales. En esta ocasión, los científicos calculan que han entrado más de 560 toneladas de fertilizantes y materia orgánica tras la dana Alice.

La llegada de estos nutrientes agrícolas aumenta la aparición de algas y fitoplancton en el Mar Menor y este incremento de la vegetación puede suponer a medio plazo una caída del oxígeno del agua y poner en riesgo la vida de peces y crustáceos. Está más que demostrado que estos fertilizantes y residuos proceden de las megagranjas y cultivos industriales que operan en toda la cuenca. Incluso las explotaciones que están a kilómetros de distancia, en el interior, desaguan en este humedal, a pesar de que cuenta con diez reconocimientos diferentes de protección ambiental.

Un análisis preliminar publicado este martes por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), con cálculos del CEBAS-CSIC y de Tragsa, estima que por las ramblas han entrado estos días entre 6,9 y 7,2 hm³ de líquido, equivalentes al 1% del agua total almacenada en el Mar Menor. Aunque los técnicos no han podido evaluar todavía qué arrastraban esos aportes, han extrapolado esas cantidades a estudios de riadas anteriores y estiman que han llegado al menos 25.000 toneladas de sólidos en suspensión (lodos) y 562 toneladas de nutrientes.

Juan Manuel Ruiz, investigador del Centro Oceanográfico de Murcia y director del proyecto que ha hecho la evaluación, explica que por ahora los parámetros de turbidez y de oxígeno han vuelto a la normalidad, pero que preocupa la tendencia ascendente de la clorofila del agua, la variable que determina el nivel de fitoplancton. "Hay un riesgo elevado de que en los próximos días la situación evolucione y se forme una sopa verde. Pero es cierto que por ahora no ha ocurrido y que estamos en niveles de clorofila por debajo de la crisis de 2016 –la que acabó con el 80% de la vida en la laguna– o de la dana de 2021", afirma el experto. 

Cada una de las dos instituciones ha elaborado sus propias estimaciones de descargas de sólidos, pero ambas son muy parecidas. El CSIC cree que han entrado 24.127 toneladas de sólidos y 562 de nutrientes, frente a las 25.211 y 587, respectivamente, que calcula Tragsa. En todo caso, las dos valoraciones son "conservadoras" porque otro cómputo, basado en los cambios de salinidad, señala que en realidad podrían haberse introducido entre 10 y 15 hm³ de agua, el doble de la cantidad sobre la que han trabajado.

En concreto, el estudio del CSIC calcula que la laguna murciana se ha tragado estos días 375 toneladas de carbono orgánico, 155 de nitratos y nitrógeno, y 31 de fósforo y fosfatos. Aunque los científicos no señalan de dónde provienen estas cargas, el nitrato y el fósforo son fundamentalmente abonos agrícolas. El carbono orgánico es igualmente peligroso para el estado del Mar Menor, porque cuando lo descomponen los microorganismos dentro del agua, atrapa el oxígeno y se acelera el proceso de hipoxia.

Para poner estas cifras en contexto, en toda la campaña 2022-2023 entraron en la albufera salada 2.732 toneladas de residuos orgánicos y fertilizantes, de manera que en solo un fin de semana se ha arrastrado hasta allí una cuarta parte –contando con que es una aproximación conservadora– de los aportes de esa temporada. De hecho, las 560 toneladas equivalen a tirar por tierra más de un año de trabajo de prevención de la contaminación. Las actuaciones que ha realizado hasta ahora el Gobierno central en la zona para mejorar la situación evitaron el año pasado la entrada de 400 toneladas de nitratos y materia orgánica.

Ángel Pérez Ruzafa, presidente del Comité Científico del Mar Menor, opina que el estudio "muestra una rápida recuperación tras el impacto directo inicial", y que jugará a favor el hecho de que "la producción primaria [agrícola] se ralentiza en esta época", por lo que caerá el volumen de residuos que entra por las ramblas. Sobre las toneladas de nutrientes que han llegado estos días, "en principio están dentro de los rangos en este tipo de eventos. Ahora hay que ver cómo los digiere el ecosistema", subraya Ruzafa.

El aguacero que cayó sobre el Mar Menor, sumado a los aportes que llegaron de toda la cuenca, llegó a elevar el nivel del humedal hasta 20 centímetros al inicio de la dana, aunque luego se estabilizó en los 10 centímetros de subida por el rápido desagüe hacia el Mediterráneo.

En los peores momentos de las riadas también se llegó a disparar la turbidez por el impacto de los lodos y se desplomó la salinidad del agua, aunque estos dos valores ya han regresado a la normalidad. El episodio ayudó, no obstante, a reducir la temperatura de la laguna en 2,5ºC –hasta los 22,5ºC–, una buena noticia tras un verano de aguas tórridas. En cuanto a los niveles de oxígeno, la variable más importante del enclave, cayó hasta niveles de hipoxia en el sur de la albufera, rozando los 2mg/l, mientras que un rango saludable serían 5-7mg/l.

Grupos de vecinos que viven junto al Mar Menor –y que llevan años en guerra para recuperar su ecosistema– han cargado estos días contra el Gobierno murciano por permitir durante años la degradación de la laguna, protegiendo a los grandes terratenientes del Campo de Cartagena. Estas fincas son las que utilizan los fertilizantes y generan los residuos ganaderos que alimentan la eutrofización del mar. 

La Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aprobada por el Gobierno murciano en julio de 2020, daba tres años para redactar un nuevo plan de ordenación del territorio para reestructurar las tierras de cultivo, pero el PP ha incumplido su propio mandato. Sin embargo, tras las riadas el Gobierno de Fernando López Miras sacó pecho del buen funcionamiento de su gran apuesta de infraestructuras, 14 tanques antitormentas que retuvieron 200.000 m3 de agua, el 0,03% de lo que el CSIC calcula que entró por las ramblas. Solo la construcción en 2023 del tanque de Torre Pacheco, en el que caben 60.000 metros cúbicos, costó 4,2 millones de euros.

España ratificó este martes el Tratado de Alta Mar de Naciones Unidas y se convirtió en el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Este pacto global pretende proteger un 30% de las aguas del mundo que no tienen jurisdicción, donde la pesca ilegal y el vertido de residuos actúa con impunidad. En este momento, menos del 2% de las aguas de alta mar están protegidas, y la creación de estos santuarios permitirá salvaguardar especies en riesgo de plantas y peces. El problema es que hace falta que ratifiquen el tratado al menos 60 países para que entre en vigor y por ahora solo se cuentan 16, incluyendo a España.

Los defensores de la naturaleza han apodado a este tratado 'la Constitución de los Océanos', o 'el Acuerdo de París de los Océanos', por la enorme relevancia que tiene para la conservación marina. Supone que decenas de países se unan para controlar y proteger la mitad de la superficie de la Tierra, donde hasta ahora solo estaban presentes algunas agencias gubernamentales con una capacidad de vigilancia ínfima.

Así definió el tratado este martes Sara Aagesen, ministra de Transición Energética: “Es un instrumento global y jurídicamente vinculante que protege la biodiversidad, y es algo que hasta ahora no ocurría más allá de las 200 millas náuticas de jurisdicción nacional. Nos permite enfrentarnos de manera unida a la crisis climática y a la presión enorme que sufren los océanos por la acidificación, por la sobreexplotación y por la contaminación”. También añadió que el compromiso con los océanos del Gobierno español va de la mano con su preocupación por las aguas nacionales: si el año pasado España tenía protegido el 21% de sus mares, en 2025 el ministerio quiere alcanzar el 25%, con la meta de llegar al 30% en 2030.

Según explicó Aagesen, una vez que España ha ratificado el acuerdo, queda a la espera de que otros tantos países se sumen y lo avalen en sus parlamentos nacionales. Más de un centenar de países de todo el mundo han firmado hasta ahora su compromiso con el Tratado de Alta Mar, de manera que el Gobierno español es optimista en que más pronto que tarde se alcance esa cifra mínima de 60 países con el acuerdo ratificado. Una vez que se alcance esa cantidad, el pacto entrará en vigor con un decalaje de 120 días.

La Comisión Europea ya reclamó el año pasado a los 27 estados miembros que ratifiquen este pacto de los océanos antes del próximo mes de junio, cuando tendrá lugar la cumbre de Niza de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Cuatro países europeos ya han aprobado en sus parlamentos la unión al tratado, y solo tienen que entregar la documentación en la sede de la ONU, en Nueva York para ratificarlo de manera definitiva.

Aagesen explicó que una vez que entre en vigor el tratado, la primera obligación que tendrá España y el resto de firmantes será escoger las áreas de alta mar que quedarán protegidas en el acuerdo, equivalentes al 30% de la superficie marina sin jurisdicción. Una parte de las tareas que tendrán los países europeos sobre estos santuarios será competencia de la Unión Europea, no de los gobiernos nacionales, pero la ministra sí añadió que España tendrá el compromiso de aportar conocimiento, equipos y expertos a la comunidad científica que monitoree estos enclaves oceánicos.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace, también compareció junto a la ministra y explicó que el gran paso de este tratado es que por fin la comunidad internacional se une para controlar un área inmensa que estaba abandonada. “Hasta ahora el alta mar estaba supervisada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) y algunas organizaciones regionales pesqueras, pero con la entrada en vigor de este acuerdo pasaremos a un sistema de gobernanza global centrado en la protección. En lugar de que los océanos estén gestionados con la vista puesta en la explotación y la pesquería, cambiamos el diálogo para que se oriente hacia la gestión del ecosistema”, señaló la portavoz ecologista.

Greenpeace ya ha propuesto algunos de los enclaves oceánicos que podrían formar parte de este 30% de los santuarios. El Mar de Sargazos, ubicado en el Atlántico norte, cerca de Cuba. El Monte Emperador, una cadena de volcanes submarinos ubicada en Hawái. Y el Mar de Tasmania, situado en el Pacífico, al este de Australia.

También participó en la presentación Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, que destacó que la península es una potencia pesquera global, y que España haya decidido adelantarse al resto de países vecinos en la ratificación del tratado será un ejemplo para el resto. “Es el tipo de noticias que necesitamos en este momento, cuando la llamada del individualismo suena en todo el planeta, y hay un ataque a las organizaciones internacionales y a la ciencia”, dice en referencia a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que será efectivo dentro de un año. De hecho, Estados Unidos también firmó en septiembre de 2023 su compromiso con el Tratado de Alta Mar, bajo la administración de Joe Biden, pero no parece que la Administración de Donald Trump vaya a continuar con la ratificación.

La Comisión Europea presentó el 27 de noviembre una propuesta para recortar drásticamente las salidas de buques de arrastre para pescar en el Mediterráneo. En teoría, la medida busca proteger el fondo del mar de la agresividad de la captura con mallas de arrastre, pero las nuevas reglas planteadas son tan drásticas que ni los ecologistas están de acuerdo con ellas. Los pescadores esperaban que las reglas cambiasen a partir del 1 de enero, pero no de manera tan abrupta, y han convocado manifestaciones a partir de este lunes en Madrid y Bruselas para mostrar su desacuerdo. Según afirman, en juego está el futuro de más de 500 embarcaciones y 3.000 trabajadores en España.

El 1 de enero caduca el plan plurianual que regula la captura de peces de fondo en el Mediterráneo y la Comisión presentó el miércoles de la semana pasada las nuevas cuotas para los barcos que practican este arte de pesca. La propuesta —que tiene que ser ratificada la semana que viene— incluye una rebaja de hasta el 79% de los días que los arrastreros pueden faenar a partir de enero. En concreto, por norma general pasarían de trabajar 129 días a apenas 27, una quinta parte de lo que pescaban hasta ahora

Esta regla, que se aplicaría a los 556 arrastreros españoles que trabajan en el Mediterráneo (el 10% de la flota española) y los 1.500 que hay en Europa, y supondría el fin de su negocio porque trabajarían poco más de un mes al año. La propuesta también recortaría la pesca con trasmallo (podrían capturar como máximo 47 toneladas al año), mientras que los barcos que emplean la técnica del palangre se quedarían como están, ya que sufrieron una rebaja el año pasado. El empleo total directo de estos barcos es de unos 3.000 profesionales, aunque desde el sector apuntan a mínimo 30.000 puestos perdidos porque muchas lonjas y puertos viven casi en exclusiva de estas artes.

No obstante, todavía hay margen para que la propuesta se caiga. Este lunes y martes se reúnen en Bruselas los 27 ministros de la rama en el Consejo de Ministros de Agricultura y votarán la propuesta de la Comisión, que necesita una mayoría cualificada para salir adelante. Esto equivale a al menos 15 países (de 27) a favor que representen un 65% de la población europea. El ministro español, Luis Planas, ya ha reiterado que tiene el apoyo de Francia e Italia para frenarla, pero las minorías de bloqueo necesitan al menos un cuarto Estado, que podría ser Portugal, Grecia o Malta, por ejemplo. 

Planas lleva desde el día 27 realizando una dura campaña contra la propuesta de la Comisión, aunque este jueves reconoció que todavía no hay nada atado. "La negociación del lunes y martes va a ser muy compleja porque la propuesta de la Comisión ha llegado muy tarde y es de máximos. En este momento estamos en contacto con la Comisión para alcanzar un acuerdo, pero la propuesta no ha sido un buen comienzo", aclaró el ministro este jueves desde Bruselas.

A diferencia de disputas anteriores, el sector primario está volcado con Planas, y esperan que su estrategia de bloqueo pueda tumbar las nuevas reglas. Para los pescadores de arrastre no hay otra opción factible que acabar tajantemente con la propuesta de la Comisión, porque supondría reducir a una quinta parte su trabajo.

"En más de 40 años que llevo no había visto algo así, estamos muy, muy preocupados", afirma José María Gallart, vicepresidente de Cepesca encargado de la flota de bajura, la que trabaja en las millas más cercanas a la costa. "Si se cargan el arrastre, todo el sector de bajura va detrás. Puertos como Almería, Cartagena, Santa Pola o Tarragona necesitan el arrastre para funcionar", insiste Gallart.

El portavoz pesquero reconoce que no están cómodos dejándolo todo en manos de una votación en Bruselas, que se puede torcer en el último minuto. "Es verdad que ahora tenemos una minoría de bloqueo, pero jugárselo todo a una votación es confiarlo todo a la pura política. No tengo tan claro que España pueda ganar", añade el alto cargo de la patronal pesquera. 

Un factor que no ayuda es la caída del Gobierno francés de este miércoles, un socio indispensable para España en la votación. Preguntado por si esta condición pone en peligro las negociaciones, Planas respondió este jueves: "Espero que no, el Gobierno está en funciones y estoy en contacto con el ministro francés".

La alternativa a este recorte drástico en los permisos de pesca de arrastre sería un acuerdo entre los países del Mediterráneo y la Comisión en el que se endurezcan las reglas de captura, pero con una cierta laxitud. En los últimos cinco años, los arrastreros españoles ya han reducido un 34% sus días de faena para garantizar que las poblaciones de peces se recuperan, y el Gobierno español tratará de que en esta revisión de la política plurianual se logre una reducción asequible para el sector. El 18 de noviembre, España, Francia e Italia enviaron a la Comisión una propuesta para posponer dos años más el endurecimiento de las cuotas pesqueras (ya se pospusieron de 2020 a 2025), pero la Comisión ha respondido con una negativa tajante. Hasta tal punto, que en lugar de hacer una contraoferta asumible, ha respondido con un endurecimiento exagerado, según el sector.

Incluso las organizaciones ecologistas consideran que el reglamento que ha puesto la Comisión sobre la mesa es inasumible. Un experto en pesca de uno de los grandes grupos ecologistas de España explica que "ni las ONG más radicales han entendido la propuesta de la Comisión".

"Los datos demuestran que las poblaciones de los peces de fondo —como la gamba roja, la merluza, el salmonete o la cigala— se han recuperado en los últimos años. Esperábamos algunos cambios para endurecer la pesca de arrastre, pero no una propuesta desproporcionada", añade el especialista en pesca sostenible, que prefiere no dar su nombre.

La pesca de arrastre ha estado siempre bajo el escrutinio de las organizaciones verdes por el impacto que tiene sobre el fondo marino. Las redes, de hasta 200 metros de ancho, se anclan al fondo marino y capturan a todos los peces que las atraviesan, además de dañar el lecho. Sin embargo, el experto consultado afirma que las medidas radicales para acabar con estas prácticas pesqueras hacen un flaco favor al ecologismo: "Llevamos años trabajando para conseguir una transición equilibrada en la pesca, pero acabar de un día para otro con las flotas solo hace que el sector se concentre en grandes empresas. Cuando hablamos de arrastreros, el 80% son barcos familiares con uno o dos empleados, no estamos hablando de Pescanova".

Si hace menos de dos meses el PP andaluz firmó la paz con el Ministerio de Transición Ecológica, este miércoles ha sido el turno de Murcia. Fernando López Miras ha firmado un acuerdo con la ministra Teresa Ribera para conformar por fin la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, un órgano que coordinará las actuaciones del Gobierno central, el regional y los ayuntamientos para recuperar la laguna murciana de su degradación ambiental. El pacto no viene acompañado por ahora de nuevas medidas para rehabilitar la zona, sino que se ha vendido como la primera piedra para enterrar el hacha entre las administraciones y ponerse a trabajar para salvar el ecosistema.

"Veníamos de posiciones no necesariamente fáciles a la hora de encontrar un espacio de entendimiento, pero es imposible que una administración consiga objetivos sin la otra", reconoció este miércoles Teresa Ribera desde Murcia. La creación de este comité llega más de tres años tarde, aunque López Miras evitó hablar de choque entre administraciones y justificó el retraso a la pandemia y las elecciones del año pasado.

Las posiciones entre el Gobierno murciano (PP y Vox) y el Ejecutivo central ha sido constante durante los últimos dos años. Primero porque el presidente autonómico se ha resistido a culpar al sector primario de la contaminación del Mar Menor, y segundo por sus roces sobre la política hídrica y el trasvase Tajo-Segura. Teresa Ribera sacó adelante por su cuenta en noviembre de 2021 el Marco de actuaciones prioritarias para el Mar Menor, un programa de 484 millones para recuperar la zona mediante medidas basadas en la naturaleza, pero ahora reconoce que el choque entre administraciones no podía prolongarse, ya que muchas competencias estaban solapadas y había que remar en la misma dirección. Las organizaciones ecologistas que trabajan en la zona reclamaban desde hace tres años la formación de este grupo de trabajo, que viene incluido en la Ley del Mar Menor aprobada por el propio Ejecutivo de López Miras en 2020.

"Lo que se ha aprobado era algo a lo que ellos mismos se comprometieron, y que encima llega casi cuatro años tarde", recuerda Pedro Luengo, coordinador de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia. En todo caso, esta y otras ocho asociaciones publicaron este miércoles un comunicado donde aplauden el acuerdo político. "Un plan tan complejo no puede ejecutarse si no hay coordinación entre administraciones, aunque no funcionará si esta comisión se convierte en un arma arrojadiza entre gobiernos", advierte el ecologista.

Junto a la creación de este equipo, la Ley del Mar Menor aprobada en el parlamento murciano también recoge la formación de otros tres grupos, que por ahora no existen: el Consejo del Mar Menor, la Comisión Interdepartamental del Mar Menor y el Comité Científico del Mar Menor. El primero estaría formado por políticos, expertos y organizaciones civiles y estudiaría el Mar Menor y propondrá actuaciones para su recuperación. El segundo supervisaría las medidas y estaría formado por la Consejería de Medioambiente de la Región. El tercero, el grupo científico, ya se creó en 2016, pero que sufrió la baja de varios expertos por su uso partidista y debe ser reformulado para que pueda ser efectivo.

A primera hora del miércoles, Ribera y López Miras pasearon por el entorno de las Salinas de San Pedro del Pinatar, a los pies del Mar Menor, una fotografía similar a la que dejó la ministra cuando en noviembre posó junto a Juan Manuel Moreno en Doñana. Al igual que en Murcia, el acuerdo en andaluz llegó tras años de enfrentamiento político y después de que Transición Ecológica ejecutase su propio programa al margen de la Junta, aunque los dos varones del PP ya se han olvidado de sus roces. "Debemos trabajar unidos, porque es lo mejor que podemos hacer para proteger el Mar Menor”, dijo López Miras este miércoles. La frase contrasta con la de enero de 2023, cuando Miras acusó a la titular de Transición Ecológica de "el mayor ataque político perpetrado contra la Región de Murcia en las últimas décadas", en referencia a los recortes de agua del Trasvase Tajo-Segura que recogió el plan hidrológico 2022-2027.

Sin embargo, hay dos grandes diferencias entre el pacto que firmó Ribera con Juanma Moreno y el que ha cerrado ahora con Miras. La primera es que en Andalucía se acordó un plan completo para abordar el futuro de Doñana con una nueva inversión de 350 millones en la zona y con soluciones para los agricultores afectados, mientras que en Murcia solo se ha alcanzado un acuerdo "simbólico" —en palabras de la ministra— para empezar a cooperar. La segunda es que Vox también forma parte del Gobierno de la Región, y tiene nada menos que la consejería de Ordenación del Territorio, imprescindible para reordenar los usos de las tierras alrededor de la laguna y reducir el impacto de la agricultura en el Mar Menor, la principal responsable de su degradación. De hecho, la Ley del Mar Menor aprobada por el PP de Murcia en 2020 incluye la elaboración de un Plan de Reordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, que no ha llegado todavía. De hecho, Vox votó en contra de la Ley del Mar Menor en el Parlamento de Murcia, y ha reiterado su compromiso de tumbarla.

En lo que han coincidido los dos líderes este miércoles es en que no hay margen para seguir discutiendo sobre la laguna. El ministerio calcula que cada año se vierten 3.580 toneladas de nitratos al Mar Menor y 19,7 toneladas de fosfatos, principalmente por el uso de abonos en la agricultura y los desechos generados por la ganadería, que se filtran al subsuelo y acaban en el agua, o son arrastrados hasta allí por las escorrentías.

El marco de actuaciones del ministerio pretende frenar esa llegada con la construcción de tres humedales artificiales, cinco filtros verdes y zonas renaturalizadas de plantas que absorban esos nutrientes antes de que lleguen al mar. Todos estos proyectos se encuentran en la fase final de su evaluación ambiental, según dijo este miércoles Ribera. También anunció que se han cerrado en los últimos años 9.000 hectáreas de regadío ilegal.

Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, afirma que el ecosistema del Mar Menor está muy degradado, aunque su estado mejora y empeora por épocas. El exceso de nutrientes en la laguna provoca desde hace años el crecimiento desorbitado de fitoplancton y algas por todo el ecosistema, lo que deriva en una caída del nivel de oxígeno en el agua. En 2016, 2019 y 2021 se produjeron como consecuencia de este proceso la muerte masiva de peces y moluscos en el Mar Menor. A ello se suma que el cambio climático ha provocado que la temperatura del agua haya superado los 31 grados en verano durante los últimos dos años.

"Hay playas enfangadas, la nacra está al borde de la extinción y el caballito de mar prácticamente desaparecido", enumera Luengo. "Pero hay mucho más. El ecosistema no son especies aisladas y unas dependen de otras y el desequilibrio de unas especies afecta a otras", resume.

La llegada de millones de pellets a la costa gallega durante el último mes ha puesto sobre la mesa el problema de los microplásticos en el mar, pero también ha puesto sobre la mesa la cantidad ingente de basura que hay en las playas afectadas. Los operarios de la Xunta han recogido en menos de una semana 2.476 kilos de bolitas y otros 5.476 kilos de otros plásticos repartidos en 62 playas, según comunicó este martes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Esta basura llega mayoritariamente de tierra arrastrada por las rías, aunque una parte podrían proceder de Portugal. Raúl García, portavoz del programa marino de la organización WWF, cree que la proporción entre basura y pellets en las playas gallegas es mucho mayor: "En todo caso será de 100 a 1", señala.

Este experto en océanos ha recorrido durante la última semana prácticamente todas las playas de A Coruña para estudiar el impacto de los pellets, y confirma que los voluntarios han encontrado de todo durante el barrido. "Había muchísimos palos de chupachups, piezas de plástico de las bateas, palillos de hilo dental, botellas… de todo. La mayoría está fragmentado, por lo que lleva mucho tiempo en el mar", señala Vázquez. Son objetos que proceden de tierra y que han sido arrastrados o tirados al mar, pero también han encontrado aparejos para pescar pulpos, que son ilegales en Galicia, de ahí que sospeche que puedan llegar de Portugal.

Se estima que en las costas europeas se vierten cada año 626 millones de objetos flotantes, con un peso de más de 3.000 toneladas, y más del 80% son plásticos. En España, estos polos de basura marina se encuentran en zonas que geográficamente facilitan su acumulación, principalmente el Golfo de Vizcaya y la costa mediterránea. El Ministerio de Transición Ecológica estudia cada año la presencia de basura en 29 playas del país, y el año pasado encontró de media por cada 100 metros de arena 274 piezas de basura, la mayoría fragmentos  de plástico no identificables, seguidos de colillas y tapones de botellas.

España es el segundo país de la Unión Europea, detrás de Turquía, que más basura vierte a su costa a través de sus ríos, según el estudio Macrobasura flotante vertida desde Europa a los océanos, publicado en 2021 en la revista Nature. Andrés Cózar, uno de los autores, explica que este fenómeno se debe a que tiene mucha población y muchos kilómetros de costa, unido a que buena parte de sus playas dan al Mediterráneo, un mar más sucio que el Atlántico porque está prácticamente cerrado y la basura da vueltas alrededor de él hasta que llega a la costa.

Cózar lleva una década estudiando los plásticos y microplásticos en mares de todo el mundo, y aunque España ha avanzado mucho en limpieza en los últimos 40 años, suspende en esta materia. "Hay mejoras en parámetros como alquitrán, latas, vidrios… pero en cuanto a plásticos, no", afirma. Aunque ahora se da mucha más importancia a su recogida, su consumo -y vertido- ha crecido tanto en las ciudades que no se ha podido compensar la balanza. También cree que en las próximas décadas la presencia de plásticos en los océanos será mucho mayor a medida que los países del Sur Global ganen poder adquisitivo y lo consuman en grandes cantidades.

Sobre el caso de Galicia, el experto de la Universidad de Cádiz cree que ha recibido mucha atención mediática porque se han juntado la proximidad de las elecciones con el recuerdo vivo del Prestige, pero recuerda que todos los días hay vertidos como este en el mundo y otras playas de España están mucho más afectadas por los pellets, como La Pineda, en Tarragona. La más castigada por estos microplásticos ha sido históricamente la Playa de Famara, en Lanzarote, donde "se han registrado concentraciones récord de pellets en el mundo", según Cózar.

Raúl García, de WWF, señala que el problema en Galicia, que se repite en muchas zonas de España, es que la limpieza de las playas es escasa por parte de los ayuntamientos, y son los propios vecinos los que se encargan de hacer el trabajo, como ocurrió durante los primeros días de la crisis de los pellets. "En general el trabajo recae en los voluntarios, pero no se puede depender del trabajo gratuito, por no hablar de que es imposible que abarquen las toneladas que hay ahí fuera", añade.

Además de los plásticos visibles, también hay millones de fragmentos repartidos por la costa y los ríos que no se ven, y que también acaban en el fondo del mar, enredados entre las plantas o en el estómago de los animales. Son extremadamente difíciles de encontrar porque solo se ven bajo microscopio, y la Fundación Hombre y Territorio se ha dedicado a identificarlos por toda España durante los últimos cinco años. David León, coordinador de proyectos de esta entidad, afirma que han estudiado muestras de agua de todo tipo: en acuíferos subterráneos, en alta montaña, en depuradoras... y de las más de 800 muestras que han analizado, 8 de cada 10 tenían microplásticos. La gran mayoría son fibras sintéticas, hilos de plástico que se usan para hacer cuerdas y ropa.

La venta de pescado gallego se mantiene con normalidad una semana después de que estallase la noticia sobre el vertido de pellets en la prensa nacional. La Xunta, la administración que tiene la competencia sobre la supervisión de la calidad del producto, no ha detectado todavía plásticos en los análisis rutinarios de las lonjas, pero tampoco ha activado ningún procedimiento especial para estudiar si los peces o crustáceos están ingiriendo bolas de plástico en las zonas afectadas. Igualmente, no hay constancia de que otro organismo gallego o nacional esté ahora analizando las entrañas de estos animales en busca de pellets.

Según explican desde la Xunta, el control que realizan en este momento sobre el pescado que llega a las lonjas es el estudio "de oficio" que se lleva a cabo en las lonjas de forma rutinaria por los técnicos de Intecmar, quienes analizan parámetros como el mercurio, el cadmio y ahora la presencia de plásticos. "Esta vigilancia se ha visto reforzada ante la actual situación, con controles específicos para determinar la no existencia de este residuo sin que, hasta la fecha, se detectase ningún caso", apuntan desde la Consellería do Mar a infoLibre. Las lonjas también realizan sus propios análisis en laboratorios privados, que tampoco han encontrado pellets por el momento.

Este filtro es por ahora el único estudio que se hace al pescado gallego que se comercializa en España y se exporta al extranjero. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, del Ministerio de Consumo, tiene las competencias últimas sobre el control de la calidad del pescado, pero sus portavoces afirman que "no se ha establecido ningún protocolo específico de actuación en este caso", ya que antes tendrían que haber recibido una alerta alimentaria por parte del Gobierno gallego.

Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca remiten la misma información. No elaborarán ningún estudio de campo, salvo que la Xunta o el sector pesquero den la voz de alarma, puesto que el control del producto es de competencia autonómica. El ministro Luis Planas ya adelantó este martes que el pescado y el marisco gallegos no son un peligro para la salud.

Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica se encarga de calibrar el impacto en el medioambiente del vertido, pero no de controlar el tráfico de alimentos. Según afirman, están pendientes de realizar un estudio sobre la composición de los pellets para determinar si los aditivos que acompañan al polímero, que es inerte, son tóxicos para los peces y humanos. Mientras que el Instituto Español de Oceanografía, que depende del Ministerio de Ciencia, tiene previsto iniciar la próxima semana pescas selectivas para estudiar el impacto de los pellets en los peces.

El vertido de unas 26 toneladas de plástico frente a la costa de Portugal ha puesto en alerta a los pescadores gallegos en los últimos días, ya que el sector aporta casi 45.000 empleos a la región. La patronal pesquera Cepesca lanzó un comunicado este jueves llamando a la calma a los consumidores, puesto que si los pellets "fueran ingeridos accidentalmente por los peces, estarían presentes en el estómago e intestinos, no consumidos por el ser humano". Aunque ese argumento no sirve para el marisco, como el buey de mar, del que se come todo.

Javier Garat, secretario general de Cepesca, explica a infoLibre que están "muy sorprendidos por la dimensión que algunos quieren dar al problema", ya que el vertido es muy pequeño comparado con los 1,7 millones de toneladas de plástico que caen cada año en los océanos. "Sin duda es un problema, pero se ha unido a las elecciones gallegas y se ha convertido en una batalla política", critica. "No quiero quitar peso a la situación, pero no es una catástrofe ambiental, es una anécdota", añade.

Sobre la inquietud del sector, Garat responde que lo que más les afecta es el "barullo político y mediático y el miedo que pueda meter a los consumidores", más que el propio riesgo de contaminación, que es nulo según su opinión. Aun así, todavía no tiene constancia de una caída de las ventas de pescado y marisco gallegos.

Los oceanógrafos y ecologistas llevan días advirtiendo que es posible que los peces ingieran estos pellets, ya que los confunden con huevos de otros animales. Por ejemplo, algunos peces pelágicos dejan huevos que flotan en el agua, con un aspecto parecido a estas bolitas blanquecinas. Más allá de que acaben o no en las lonjas, los pellets pueden provocar la muerte de peces porque se atascan en su sistema digestivo o porque dan una falsa sensación de saciedad al animal. El problema de la toxicidad es más complejo, ya que hay evidencias de que algunos aditivos del plástico pueden acabar en el hígado de los peces, pero no está claro que puedan provoquen la muerte del animal.

Raúl García, portavoz del programa marino de la organización WWF, critica que en una situación tan delicada la Xunta debería proporcionar mucha más información si pretende demostrar que los pellets son inocuos, tanto para tranquilizar a la población como para proteger la venta de pescado. "El mayor peligro que hay ahora para la desconfianza de los consumidores es la falta de transparencia de la Xunta", opina.

"Si presumimos de tener el mejor marisco y pescado del mundo, no se pueden tolerar declaraciones que hemos oído estos días", añade, en referencia a las palabras del consejero Do Mar, Alfonso Villares, quien dijo esta semana que los pellets "son productos que entran por donde entran y salen por donde salen".

La consejera de Medioambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, actualizó este viernes la información sobre el vertido, y afirmó que ya se han recogido de las playas gallegas 1.197 kilos de plásticos en 70 sacos de 25 kilos cada uno, de los que el 90% eran pellets. La recogida proviene del dispositivo iniciado esta semana en el que participan 300 personas que han batido 55 playas.

Los pellets llevan en las playas de España desde mucho antes de que llegasen a la costa gallega estas navidades. De hecho, el investigador estadounidense John G. Shiber ya documentó en 1982 la presencia en la Costa del Sol de estas perlas de plástico en las 13 playas que estudió, y que su origen eran siete plantas petroquímicas que había entre Algeciras y Almería, así como los vertidos de los buques. Cinco años después, extendió su estudio a toda la costa mediterránea española, y puso el dedo en Tarragona, donde todavía hoy se vierten toneladas de pellets que acaban en el mar. 

"Encontramos pellets en todos los lugares en cantidades variables, normalmente entre algas, trozos de madera y otros restos orgánicos que habían sido arrastrados hasta la orilla. Eran comunes en la mayoría de las playas y abundantes en Sabinillas, Estepona (última visita en noviembre de 1980), Puerto Banús y Torremolinos (última visita en enero de 1981). En la mayoría de los lugares en los que los perdigones eran comunes, también lo eran otros plásticos, como cuentas, trozos rotos, botellas, vasos, pajitas, etc. De hecho, los materiales plásticos constituían un gran porcentaje de los residuos observados. Muchas bolitas tenían un aspecto grisáceo, probablemente debido a los efectos del estrecho contacto con el alquitrán, que estaba presente en casi todas las playas, especialmente en las de La Línea, Sabinillas, Puerto Banús, Marbella y Málaga".

John G. Shiber, investigador del The Kentucky Community and Technical College System, publicó su estudio sobre Andalucía en la revista Marine Pollution Bulletin (Elsevier) en 1982, donde también escribió sobre la contaminación de las aguas por plásticos en el resto de España. En 1987 publicó un estudio más amplio donde estudió 18 playas, de Barcelona a Algeciras, y determinó que "los pellets de plástico eran abundantes en la mayoría de las playas, sobre todo en Sitges, Calafell y Salou, en la Costa Dorada, y en Gandía, en la Costa del Azahar".

El testimonio de Shiber pasó entonces desapercibido en un momento de despegue para la economía española y para su industria, que era sin duda la causa del desastre ambiental. "Más de 100 de las aproximadamente 190 fábricas de plásticos de España están situadas en la costa mediterránea o cerca de ella. Se cree que los residuos de estas fábricas y los vertidos durante la carga y el transporte marítimo de materias primas son las fuentes principales más probables de los pellets", se lee en su segundo estudio.

Este experto también estudió la contaminación de las playas por plásticos en Beirut y Kuwait, y el problema que mostró hace más de cuatro décadas sigue vigente hoy. Grupos activistas llevan una década persiguiendo al complejo petroquímico de Tarragona para que se haga responsable de los vertidos constantes de microplásticos en la playa de La Pineda. El Ministerio de Transición Ecológica también monitoriza las playas de Itzurun (País Vasco) y Famara y Lambra (Lanzarote) porque todos los años se encuentran restos.

Los activistas que lo denuncian coinciden en que el principal obstáculo es que el plástico no se recoge legalmente como peligroso, por eso no se investigan los vertidos por mucho que se conozcan. En Tarragona, la asociación Good Karma lleva una década persiguiendo a las químicas que vierten bolitas de colores de unos 2 milímetros alrededor del río Francolí, pero no fue hasta el pasado diciembre cuando la Generalitat abrió una investigación contra 8 empresas, entre ellas, Repsol, Dow Chemical, Basell y Schmidt. Precisamente esta semana ha ampliado el caso con cinco compañías más, y durante seis meses la administración estudiará el caso y valorará si imponer sanciones basándose en la ley de responsabilidad ambiental, aunque será por la vía administrativa, no penal.

"Los pellets llevan en el paisaje de Tarragona desde que llegó la industria del plástico; nuestros abuelos nos hablaban de ello”, recuerda Jordi Oliva, cofundador de Good Karma. Según relata, en 2018 detectaron una llegada masiva de pellets y fue entonces cuando comenzaron a recopilar información, y con dinero del programa europeo Pleamar pudieron preparar un estudio exhaustivo que presentaron en el Parlamento Europeo y la denuncia ante el Departament d'Acció Climàtica. "Fue fácil encontrar pruebas por todo el territorio", afirma. "Está aguas abajo del polígono y cuando llega una riada el plástico acaba en el mar, por eso a medida que el cambio climático hace más frecuentes las lluvias agresivas, los vertidos son más grandes", resume. 

El centro petroquímico de Tarragona es mayor del sur de Europa y allí se producen el 70% de los plásticos de todo el país. Se levantó a finales de los años 60 aprovechando su salida al mar, pero la cercanía de las fábricas con el agua ha terminado provocando el desastre ambiental. Xavier Curto, de la ONG Surfriders, también ha trabajado con Good Karma en la campaña de Tarragona y pide a la Generalitat contundencia contra las empresas contaminantes: "No se trata de poner una multa astronómica, sino de que limpien lo que han ensuciado y que hagan una auditoría interna real para acabar con todas las fugas".

Estas dos asociaciones también organizan habitualmente recogidas de estas bolas de plástico en las playas de la zona, y en su peor día llegaron a recoger 20.000 por metro cuadrado. Anna Sánchez, investigadora de la Universidad de Barcelona, también colaboró con estas ONG en el estudio de los pellets recogidos para estudiar su origen, y comenta que la gran mayoría son de polietileno, el plástico más común porque permite fabricar productos elásticos. Su principal preocupación es que ellos solo tienen capacidad para recoger y estudiar las bolitas que flotan, pero otros tantos millones se hunden y desaparecen. "No tenemos ni idea de la magnitud de la tragedia. Hemos estudiado los plásticos de la arena, pero no sabemos qué hay en el fondo del mar y que está moviéndose por el Mediterráneo. Pueden estar quinientos años moviéndose y recorriendo todo el mundo", alerta.

El debate de estos días alrededor del vertido de Galicia es si esta catástrofe ambiental repercutirá en los peces y en la pesca, uno de los pilares de la economía regional. Allí, el Instituto Español de Oceanografía todavía no ha comenzado todavía a pescar ejemplares para estudiarlos, y no esperan hacerlo hasta la semana que viene, pero los científicos ya alertan de que positivo desde luego no será: estas bolitas, sean o no tóxicas, pueden matar a los peces que las comen porque atascan sus intestinos o les generan una falsa sensación de saciedad, por lo que mueren de hambre.

La evidencia sobre el daño tóxico de los pellets en el pescado es muy escasa, aunque en Lanzarote —el punto más contaminado por microplásticos, por encima de Tarragona— llevan cinco años estudiándolo. Alicia Herrera, bióloga de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, explica que han probado a alimentar peces durante 60 días con un 10% de pellets, y han comprobado que uno de sus aditivos más comunes, los retardantes de llama, terminaron en el hígado por la digestión.

Cuando la contaminación tiene lugar en el mar, la competencia es exclusiva del Gobierno de España. En lo que se conoce como “subsistema marítimo” y en él la organización frente a cualquier vertido está regulada mediante Planes Interiores Marítimos y el Plan Marítimo Nacional del Ministerio de Transportes. 

En cambio, si sucede en el llamado “subiste costero” —la línea tierra firme de la costa—, pasa a ser responsabilidad local, autonómica o estatal. Las competencias van escalando de administración en administración en función de la extensión del problema o de la gravedad de la afectación que sufra la costa. Entran en juego, en cada caso, los planes locales, territoriales, y el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar del Ministerio de Transición Ecológica.

Municipios

Los ayuntamientos costeros deben contar con planes locales de contingencias para hacer frente a episodios de contaminación de escasa entidad y que solamente les afecten a ellos. Además de mantener limpias las playas, que es la tarea que realizan más habitualmente en los meses de verano y que es a lo que se aferró la Xunta en un primer momento para decir que eran los municipios los que tenías que resolver del problema de los microplásticos vertidos por el carguero Toconao.

El Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental (Camgal), vigente desde 2016, fue diseñado para “obtener la máxima protección para las personas, el ambiente y los bienes que resulten o puedan resultar afectados en cualquier contingencia derivada de sucesos relacionados con la contaminación marina accidental de la Comunidad Autónoma de Galicia”. 

En él se establecen las normas y los procedimientos básicos de actuación, la estructura de organización y el sistema de respuesta frente a un suceso de contaminación marina accidental. 

De acuerdo con el procedimiento, hay cuatro niveles de actuación. El cero, que es el que la Xunta dice haber estado aplicando hasta el 5 de enero, debe activarse cuando “se sospeche que algún tipo de contaminación significativa puede llegar a la zona costera, tanto procedente del mar como de instalaciones en tierra”. Basta con la activación de un plan local (por parte de un municipio) o de un plan interior marítimo (por parte del Estado) para ponerlo en marcha.

El nivel 1 (lo fijó la Xunta el 5 de enero) se debe declarar “cuando algún tipo de contaminación significativa llegue a la zona costera, tanto procedente del mar como de instalaciones en tierra”. Basta con un “episodio de contaminación de pequeña gravedad y extensión,”, siempre y cuando los medios en el mar o de los municipios “resulten insuficientes para combatir la contaminación”.

El nivel 2, que es el que acaba de declarar el Gobierno gallego, debe aplicarse cuando “el episodio de contaminación sea de gravedad o extensión media”. ¿Y eso qué significa? Que la contaminación afecte o pueda afectar el ámbito de dos o más planes locales o interiores marítimos —lo que viene ocurriendo desde hace semanas— o que los medios disponibles en la situación 1 fuesen insuficientes.

Para activar el nivel 3, el máximo de emergencia, hace falta que “la naturaleza, la gravedad o la extensión de la emergencia supere la capacidad de respuesta de la Comunidad Autónoma”.

Para aplicar el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación hace falta un suceso de contaminación marina que afecte o pueda afectar a la costa y que requiera la intervención de la Administración General del Estado. 

En su máxima expresión, nivel 3, será de aplicación cuando tuviese lugar un episodio de contaminación marina “de gran magnitud o peligrosidad” que afecte o pueda afectar a la costa de varias comunidades autónomas. O bien que la contaminación pueda afectar a las aguas o a la costa de Estados limítrofes o que, produciéndose en sus aguas, pueda poner en peligro, por su peligrosidad, extensión y proximidad geográfica, las aguas o las costas españolas.

En todo caso, sostiene el Ministerio de Transición Ecológica, “el Estado solo entra a participar en la recogida activa de material (en la costa) en el caso de que la comunidad autónoma” correspondiente, en este caso Galicia, “necesite apoyo para atacar la emergencia y active su plan en situación 2, solicitando la colaboración” del Gobierno de España.

La llegada de millones de pequeñas bolas de plástico a la costa gallega ha levantado las alarmas de vecinos, pescadores y ambientalistas de la región, 21 años después de la catástrofe del Prestige. El vertido ocurrió a comienzos de diciembre en el norte de Portugal, pero en los últimos días han inundado la costa gallega e incluso se han avistado ya en Asturias.

Según los expertos, son muy dañinos para los peces si se ingieren en grandes cantidades, y algunos de ellos incluso tienen aditivos tóxicos para los animales. También afectan a las plantas y en último término a los humanos. Por ahora se desconoce cuáles serán las consecuencias de estos pellets en Galicia, ya que la Xunta está todavía estudiando su composición, aunque la Consellería de Medioambiente ya ha adelantado que no son tóxicos. Esta mañana, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha asegurado que, según ese informe, las bolitas "no son tóxicas ni peligrosas" puesto que están compuestas de tereftalato de polietileno, conocido como PET, un tipo de plástico de la familia de los poliésteres. Aunque no ha dado más detales.

Son microplásticos de menos de 5 milímetros de diámetro que se reducen a este tamaño para su transporte por el mundo. Están formados por un polímero al que se le añaden otros productos químicos, y son estos los que realmente preocupan a los expertos por su impacto en el organismo.

Los pellets acaban a diario en la naturaleza porque se vierten accidentalmente en su transporte o en las plantas plásticas, donde se procesan para fabricar otros plásticos más complejos. En 2019 se perdieron en la Unión Europea el equivalente a 2.100 camiones de pellet.

Los animales confunden los pellets con alimentos y es habitual encontrarlos en el estómago de los peces. Cuando se ingieren tienen dos consecuencias. La primera es que dan la sensación de saciedad y el animal termina muriendo de inanición si los ingiere en grandes cantidades. La segunda, "el verdadero daño", según los expertos, lo producen los aditivos que acompañan al polímero.

Estos aditivos son químicos que se añaden para dar más resistencia, elasticidad o color al plástico y hay más de 10.000 tipos, según Ethel Eljarrat, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental. Se desconoce cómo impacta cada uno de ellos en el organismo, pero sí se sabe que muchos son tóxicos, como los benzotriazoles, que se usan como filtros solares para evitar que se degrade el pellet. Cuando este plástico se digiere en el estómago del pez, se liberan estos aditivos y acaban en los tejidos de los animales, y posteriormente en los humanos. Aunque el pellet sea la versión virgen del plástico, tiene aditivos incorporados que dependen de cada fabricante.

Ethel Eljarrat también afirma que los pellets, al flotar en el agua, atraen a su vez a cuerpos que ya estaban en el mar y “actúan como esponjas para otros contaminantes hidrofóbicos” que se ven atraídos por masas más grandes, que también son ingeridos por los peces.

Otra consecuencia se da cuando estos plásticos se apilan en el fondo marino o en las playas, porque hacen de barrera entre los animales y el entorno, y se ven obligados a emigrar porque no pueden esconderse ni alimentarse. Si se depositan sobre praderas de algas, terminan abrasando el fondo marino. 

Por ahora se conocen pocos detalles del vertido. Se sabe que el vertido se produjo el 8 de diciembre frente a la costa de Viana do Castelo (Portugal) y que la semana pasada comenzaron a avistarse por millones a lo largo de Galicia, principalmente en la Ría de Muros y Noia, en A Coruña. El Gobierno afirma que en el barco se transportaban 1.000 sacos de estas bolitas, aunque se desconoce cuántas han caído al mar. Según la ONG Noia Limpa, hasta ahora se han encontrado 52 sacos de 25 kilos, donde se identifican los pellets como estabilizadores de luz UV. Sobre su impacto, la Xunta ha encargado un análisis de la composición de los plásticos que aún no se ha publicado, aunque la Consellería de Medioambiente ya ha adelantado que no son tóxicos.

Anna Sánchez, Oceanógrafa de la Universidad de Barcelona y experta en microplásticos marinos, cree que el polímero vertido en Portugal se trataría de polietileno o polipropileno, ya que las bolitas de color blanco han alcanzado la costa y estos dos tipos de plásticos son menos densos que el agua. "Un pellet que flota afecta a aves marinas, a los peces pelágicos —los que viven en la columna de agua y eventualmente suben a la superficie— o a los animales que viven en la playa, no a una gamba que vive en el fondo", señala.

La empresa fabricante de los plásticos es la polaca Bedeko Europe, pero el cargamento era transportado por la naviera danesa Maersk, una de las mayores del mundo.