María José Landaburu aporta a su análisis de la actualidad su especialidad en el mundo económico, y especialmente el del trabajo. Esta doctora en Derecho y colaboradora de infoLibre se define como feminista y participa desde hace años en diversas tertulias informativas. Allí tiene un observatorio destacado para apreciar el creciente y peligroso acoso al que se están viendo sometidos diferentes comunicadores progresistas por parte de agentes de la derecha y la ultraderecha.

“Está claramente descompensado. En los medios de comunicación, las grandes cabeceras son empresas con intereses económicos muy importantes y en manos de grandes oligopolios. Eso, naturalmente, se traduce en posiciones claras no solamente de opinión, sino de intervención. Y la intervención de la derecha en este país es muy relevante en todos los poderes del Estado, y los medios de comunicación son uno de ellos. El judicial también. Se habla mucho de las redes sociales, de los bulos. Pero la desinformación trasciende esos elementos y está también en los grandes medios de comunicación. Ahora hay que investigar para saber si te están mintiendo o no, si te están contaminando o no. Horas de televisión con absurdeces, con quién ha sido novia o novio de un ministro, persiguiendo a los periodistas por la calle que intentan o que intentamos mantener un cierto rigor o que tenemos, por qué no decirlo, una posición política distinta. Si te sales de lo estrictamente establecido, te juegas persecuciones. Estamos viéndolo con compañeros y compañeras a las puertas de sus casas, con ataques hasta con violencia, por supuesto verbal, pero llega a ser física. Todo esto creo que merece también una reflexión profunda”.

“Lo que quieren es sacarte de la carretera. Y nos sacan. Estás en un programa y de repente desapareces porque has tenido tu criterio, que puede ser erróneo, pero una posición claramente progresista, de defensa de procesos de avance y de una sociedad distinta. Y si te atreves a dar un paso más y a hablar con libertad, estás fuera. Han echado a mucha gente. Mucha gente se cansa. Yo veo también gente que se doblega. Y es que ni siquiera la puedes culpar. Gente que se va a su casa, que dice: “No me merece la pena, no quiero que mis hijos tengan que leer estas cosas que ponen de mí en las redes sociales o que me acusen de cualquier tipo de cosa o que te afecte a tu vida personal, familiar o profesional. Es muy complicado porque te enfrentas a poderes robustos y sin escrúpulos”.

“No creo que exista crispación en general, creo que hay una derecha que va con todo, que se ha quitado la careta, que ya no tiene escrúpulos para autodenominarse fascista y para actuar como fascistas, como escuadrillas, como matones. Y los demás nos defendemos como podemos. A mi juicio, poco. Hay que quitarse también la vergüenza y el miedo, y señalar las cosas por su nombre y decir que hay determinados comportamientos que no se pueden permitir. No se pueden permitir en una tribuna de un Parlamento, no se pueden permitir en un estadio de fútbol y no se pueden permitir en un plató de televisión. Y a eso lo llamamos polarización. No. Es fascismo que arremete, y los demás no podemos permanecer impasibles, sino que tenemos que tener también una actitud de rebelión proactiva, de unidad y de esfuerzo colectivo”.

“Es terrible que la juventud, que es quien más tiene problemas para acceder a un salario digno, a una vivienda, para poder generar su proyecto de vida, sea cautivada por los cantos de sirena de quienes apuestan por desregularizar el mercado de trabajo, por no garantizar ninguno de los derechos que ha costado tanto alcanzar; los cantos de sirena de aquellos que están del lado de los grandes tenedores, de los grandes poderes económicos. No van a desarrollar ni una política en defensa de quienes lo necesitan y, en concreto, de los jóvenes. Vivimos en el mundo del relato, de la confusión, de las noticias falsas, del análisis superficial. Los derechos, las normas que nos permiten vivir con cierta tranquilidad, se contraponen a la libertad, y es justo lo contrario. Tú no puedes ser libre si no tienes los mínimos. Garantizar la posibilidad de educarte, la sanidad, el bienestar básico. Es una dicotomía falsa que ellos venden. Es como el Madrid de las cañitas. Dejamos morir a miles de ancianos, pero oye, qué frescas están las cañas. Por supuesto, no es toda la juventud, ni siquiera mayoritaria. Hay que explicar lo que suponen las posiciones de Vox de no pagar impuestos. Eso que suena tan bien. La consecuencia es que perdemos todos, la mayoría social trabajadora. Gente que necesitamos un sistema fuerte que permita que nuestras hijas e hijos puedan formarse o que tengamos una asistencia sanitaria. Regularizar supone que no te puedan echar cuando y como quieran, que te no puedan humillar, que no te paguen lo que quieran”.

“Es obvio que ni el tratamiento mediático ni judicial es el mismo para unos casos y otros. Corrupción va a existir, como existe el delito; forma parte de la naturaleza humana, de los funcionamientos sociales. Lo que tenemos que hacer es establecer los controles suficientes para evitar que sea sistémica. Las instituciones tienen que reaccionar. Cualquier estructura de poder tiene que establecer controles, responder con contundencia y no mirar la corrupción propia con una cierta capacidad de entender y la corrupción ajena con dureza. Dicho esto, no es lo mismo corromper la democracia –en concreto capturar el Estado para tus propios beneficios, que es lo que supusieron la Gürtel y la Kitchen con el Partido Popular– que te salgan unos golfos y te roben. Mal en los dos casos, pero son delitos distintos que tienen que ser valorados de esta manera”. 

“Los efectos de este conflicto –económicos, sociales, humanitarios– son imprevisibles porque están impulsados por un genocida que es Netanyahu, y que no tiene ningún escrúpulo, y por Trump, que seguramente es la incertidumbre personificada. El daño económico es evidente a nivel internacional porque la energía es el eje del desarrollo y del funcionamiento de absolutamente todo. Como país estamos mejor que otros porque tenemos dos cosas. Primero, la enorme suerte de tener energías renovables propias. Y en segundo lugar porque se ha desarrollado un esfuerzo muy relevante en los últimos años para que estas energías conformen ya el 60% del consumo eléctrico. Eso nos sitúa en mejor posición que otros que tienen más dependencia de los combustibles fósiles. Aun así, evidentemente el impacto afecta a todo, afecta al transporte y con ello al consumo, a la inflación. Y esto es evidente que nos va a impactar. Pero ante una situación como esta se pueden adoptar dos caminos. Lo que se hizo con la guerra de Irak, que es mirar en otra dirección y dejar caer sobre los más débiles las consecuencias. Y lo que se ha hecho en esta ocasión: aprobar un paquete de medidas para apoyar a la producción, el transporte y sobre todo el consumo de las familias, porque la subida de los precios sin duda se va a producir. Por tanto, estamos preparados. Seguramente si esto escala o si se mantiene en el tiempo, habrá que reforzar las medidas”.

“No creo que nadie, ni siquiera en su entorno más cercano, pueda tener una opinión sobre él especialmente positiva. Es un incendiario. No me parece en absoluto estúpido. Sus ejes de actuación son netamente para su beneficio personal y el de su entorno más próximo. Ni siquiera de sus ciudadanos, por supuesto, ni de sus votantes, ni de nada. En beneficio exclusivo suyo. Todo adornado con una visión del mundo chiquitita que mira por su único agujero y un desprecio absoluto por los derechos humanos, por la vida, por el equilibrio, por la solidaridad, por todo esto. Él es el eje del universo. Y con eso tenemos que jugar, porque es el presidente de los Estados Unidos, porque tiene aliados peligrosísimos y porque no tiene ningún escrúpulo para hacer todo el daño posible. Hay quien piensa que la forma de relacionarse con él es el vasallaje. Yo creo que este país ha hecho bien plantando cara, porque no creo que funcione nunca con los tiranos ponerte a sus pies y a su disposición. Lo único que funciona es plantar cara, hacer ver las contradicciones y no dejarte someter. Y ahí es donde tenemos que liderar también el conjunto de la Unión Europea. Para lo único bueno que va a servir, en mi opinión, el mandato de este señor es para alertar a Europa de que es necesario ese proyecto de unidad, de cesión de soberanía con un objetivo de vivir mejor, de estar más seguros, de tener mejor nivel económico y mejor desarrollo. Merece la pena y tiene que hacerse con independencia de las fluctuaciones que pueda tener el eje Atlántico”.

“Pedro Sánchez se ha perfilado como un líder político internacional del lado correcto, de lo que hasta hace apenas unos años era indiscutible: los derechos humanos, las reglas que nos hemos dado para el respeto de las minorías, las normas básicas que nos permiten desarrollarnos. Eso representa Pedro Sánchez ahora en el conjunto del mundo. Basta leer las cabeceras de los periódicos internacionales, hablar con la gente o ver el tratamiento que se le está dando. A nivel internacional se ha perfilado como probablemente el líder más importante en este momento, en términos de plantar cara, de pedir recuperar los cauces de colaboración y desarrollo. Probablemente la historia en el futuro lo verá con más claridad y lo analizará de esta manera, sobre todo en un momento donde el otro lado del espejo es tan tenebroso. Leer lo que está haciendo Pedro Sánchez y el Gobierno en el marco internacional y criticarlo, como está haciendo el PP, solo en clave de confrontación política interna, no solo no desgasta la figura de Pedro Sánchez, sino que los coloca a ellos en una situación claramente debilitada. Creo que es un error político y que la gente lo ve. La gente ve dónde hay un liderazgo y dónde hay ganas de desgastar”.

“Los datos en términos de empleo son espectaculares. Nunca hemos alcanzado los 22 millones y medio de personas ocupadas. Son cifras que hablan de una fortaleza económica importante. Ahora, lo que tenemos que pensar, la gran transformación de nuestro mercado laboral, es no tanto el número de personas trabajando, sino la calidad del trabajo. Es relevante ir eliminando la temporalidad no deseada. Hay muchos contratos precarios por el número de horas trabajadas que no alcanzan para la subsistencia. Todavía estamos muy por debajo, en términos salariales, en relación con el coste de la vida, no solo con la inflación, sino fundamentalmente con el coste de la vivienda, que es un eje básico para la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hemos reducido el paro juvenil casi la mitad en la última década, pero estamos en unas cifras aún lejos de las óptimas. Un 23% de paro juvenil habla mal de la calidad del empleo. En el futuro, con los desarrollos tecnológicos, tendremos que adaptar el empleo y eso va a suponer que trabajemos menos, pero que trabajemos mejor y que distribuyamos, por supuesto la riqueza, las horas de trabajo, pero también los salarios y la riqueza derivada del desarrollo económico. Ese es el gran reto y es ahí donde tenemos que enfocar nuestra visión de futuro”. 

“Hay países más desarrollados en términos de estado del bienestar que apuestan por reducción de la jornada laboral y por garantizar salarios mínimos bajo la directriz de la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio. Nosotros estamos ya muy cerca, pero todavía no hemos alcanzado ese mandato, que es de mínimos. A veces nuestra mirada sobre el mundo se centra sobre nuestro entorno, que somos países desarrollados, pero abunda la pobreza laboral en términos prácticamente de esclavitud, por supuesto en África, pero también en América Latina, o en China. Todavía somos privilegiados en un entorno mundial donde el trabajo sigue siendo absolutamente precario”.

“Primero, siempre son más relevantes, más jugosos desde el punto de vista periodístico, los dramas, los desastres, cuando las cosas van mal. Forma también parte del compromiso periodístico con la verdad y con el análisis de lo que pasa. Eso es así. Por otro lado, no hay ningún interés en muchas de las cabeceras o en muchos de los medios de comunicación en los éxitos que son del Gobierno. Pero no solo lo son del Gobierno, son éxitos de país, son éxitos en cuanto al funcionamiento empresarial, el funcionamiento del trabajo autónomo, el desarrollo del trabajo, la formación, el esfuerzo colectivo... Y no hay ningún interés en que salga. Porque este Gobierno tiene una confrontación mediática evidente desde el primer día en que se puso en funcionamiento, con lo cual no me sorprende nada. Lo que me sorprendería es que hubiera tertulias hablando de lo que con otro Gobierno se titularía: “Milagro económico”, sin ninguna duda”.

La primera semana del juicio al exministro José Luis Ábalos ha girado poco o nada en torno al presunto amaño de contratos de mascarillas, y ha servido para conocer los tejemanejes en la contratación de dos mujeres vinculadas a él en empresas públicas y volver a hablar de la entrega o recogida de dinero en la sede del PSOE.

La imagen que han proyectado los testimonios de algunos de los más de veinte testigos que han pasado por el Tribunal Supremo es la de la España de los enchufes, en la que la expareja de un exministro ha reconocido cobrar de dos empresas públicas sin ir trabajar y una "amiga" y compañera de partido, aunque aseguró que trabajó, y mucho, admitió que al principio se dedicó a leer libros de trenes en horario laboral. 

Su "arbitraria" contratación forma parte de la acusación que dirige la Fiscalía contra Ábalos y su asesor, Koldo García, que también están siendo juzgados por el supuesto concierto con el tercer acusado en discordia, el empresario Víctor de Aldama, para beneficiarle en sus negocios con la administración -como varios contratos millonarios de mascarillas- a cambio de presuntas mordidas.

Así ha transcurrido la primera semana de juicio: 

Tras varios meses en prisión preventiva, el exministro de Transportes y en su día hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García han aparecido sentados tras sus abogados y separados por un policía de Víctor de Aldama, el único en libertad. 

Frente al hieratismo de Aldama, a veces interrumpido por alguna ligera mueca, el transcurso del juicio pronto mostró a un enérgico Koldo tomando constantes notas y trasladando cada discrepancia a sus abogados, y a un Ábalos más tranquilo, con alguna sonrisa irónica, que también departía con su defensa.

El de Jéssica Rodríguez era uno de los testimonios más esperados. Admitió que cobró de Ineco y Tragsatec (43.978 euros en dos años y medio) sin trabajar y que Ábalos "estaba al tanto de todo". No sabía que eran empresas públicas y le dijeron que estaba a las órdenes del hermano de Koldo, que lo negó y rechazó haber trabajado en Tragsatec.

En Ineco, "fue una sorpresa su declaración" pues, según una directiva, "a todos los ojos" de la empresa, ella trabajaba. 

Después llegó Claudia Montes, una "amiga" a quien el ministro ayudó a "culturizarse en la política". Koldo García envió su currículum al expresidente de Renfe, Isaías Táboas, que lo remitió a recursos humanos, el "trámite habitual". 

Hizo entrevistas y entró en LogiRail, pero al principio no trabajaba porque no tenía un lugar de trabajo adecuado, así que iba a la Biblioteca de Oviedo a coger libros de trenes. Después hizo muchas horas extras.

Un socio de Aldama reconoció que pagó el alquiler de un piso para Jéssica Rodríguez -unos 2.900 euros mensuales- porque se lo pidió su socio; ella dijo que no sabía quién lo pagaba, pero que "daba igual quién pagara las cosas porque era Ábalos quien sufragaba todos los gastos". 

Después, la empresaria Carmen Pano vinculó la compra de un chalé para alquilárselo al ministro por su presunta mediación para que otro socio de Aldama, Claudio Rivas, tuviese una licencia de hidrocarburos. Aldama indicó que "el señor ministro quiere una casa". Su hija Leonor, con un rosario en la mano, dijo que la compró por orden de Rivas, ella "no preguntaba". Los cuatro están investigados por un fraude millonario en hidrocarburos.

"¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?", preguntó el abogado de Ábalos a Jéssica Rodríguez para sorpresa de todos. Y reformuló la pregunta por orden del tribunal: "Usted, su profesión, ¿tiene que ver con la contraprestación económica del sexo? Es que no se cómo explicarlo". "No, soy dentista y estoy colegiada", respondió ella, "y antes, azafata de imagen".

En una nueva estrategia de defensa, el abogado quiso saber si Rodríguez fue "una captación de Aldama" para Ábalos.

La primera alusión a dinero en la sede socialista la hizo Joseba García, hermano de Koldo, cuando naturalizó haber ido dos veces a recoger dos sobres, petición de su hermano mediante, que gestionaba dinero para Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE.

Después, Carmen Pano se reafirmó en que llevó, a petición de Aldama, dos bolsas con 45.000 euros cada una, que entregó a "un señor" que no reconoció que la esperaba en la segunda planta. "Yo no sé para quién era ni a qué correspondía", dijo.

Si en algo coincidieron las empresarias Pano fue en las "muy buenas" relaciones con el Gobierno, especialmente con el ministro, de las que presumía Aldama, a quien Claudio Rivas dio mucho dinero por sus "gestiones" sobre la licencia de hidrocarburos.

Carmen Pano ratificó la reunión que mantuvo con Claudio Rivas, en presencia de Koldo García, con el jefe de gabinete de Industria; y un asesor confirmó que otro jefe de gabinete, el del Ministerio de Hacienda, le ordenó trasladar a la Agencia Tributaria una petición de una empresa de Aldama de aplazar su deuda, aunque con la orden de que no hubiese "trato de favor". No se aplazó.

También las Pano refirieron que, según contó el propio Aldama, el comisionista recibió junto a Koldo 500.000 euros en casa del dueño de Air Europa.

La familia estuvo muy presente en la primera jornada del juicio. El hijo de Ábalos y el hermano de Koldo intentaron disipar las dudas sobre su patrimonio y el de sus familiares.

Con naturalidad, Joseba afirmó hacer favores: viajó a República Dominicana, pero no a recoger mordidas de Aldama como cree el fiscal, sino por otras razones y aprovechó para llevar documentación del comisionista, con quien solo le unió la "peor compra" de su vida, un Volkswagen Passat que le "encantaba", pero que dio muchos fallos.

El juicio arrancó con los informes remitidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, eximidos de declarar presencialmente por razón de su cargo, en los que negaron haber dado o recibido órdenes para comprar mascarillas a una empresa promovida por Aldama.

La empresaria Carmen Pano se ha reafirmado este jueves en el Tribunal Supremo de que hizo dos entregas de un total de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a petición del comisionista Víctor de Aldama. "Yo llevé el dinero a la sede, no sé para quién era ni a qué correspondía", ha dicho.

Pano, investigada en la Audiencia Nacional en el caso de Hidrocarburos, ha testificado en la tercera jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

Como ya hiciera en sus declaraciones en instrucción, Pano ha confirmado las entregas: "Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 y 45.000 de parte del señor Aldama".

Según ha dicho, la primera vez fue en taxi y la segunda acompañada de Álvaro Gallego, que esta mañana ha ratificado que así fue. A su llegada a la recepción, dijo quién era y le respondieron que subiera a la segunda planta. "Me estaban esperando nada más salir del ascensor, un señor", ha explicado Pano. Ella lo entregó de inmediato y se fue.

En ambas ocasiones, había pasado previamente por la oficina de Aldama en la calle Alfonso XIII de Madrid, para darle dinero de Claudio Rivas, socio del comisionista e investigados ambos por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos.

Pano ha explicado que Rivas le hacía transferencias de dinero y que luego ella sacaba el efectivo y se lo entregaba a Aldama, y aunque ha dicho desconocer la finalidad de esas entregas porque ella "cumplía órdenes" del primero, ha supuesto que, "evidentemente", era por las gestiones de Aldama para conseguir la licencia de operadora en hidrocarburos para Villafuel, propiedad de Rivas.

Unos 600.000 euros, ha calculado, y ha dicho que ella "lo llevaba a Alfonso XIII en efectivo" para entregárselo a Aldama.

Dos veces que fue a entregar dinero a Aldama, 45.000 euros cada ocasión, el comisionista le pidió que lo llevara a Ferraz, aunque Pano desconoce la finalidad. "Yo llevé el dinero a la sede, no se para quién era ni a que correspondía", ha dicho.

Pano ha explicado que en la primera entrega, ella sacó el dinero del banco antes de entregárselo a Aldama, y en la segunda se lo llevó Lolo, un trabajador de Rivas, pero cuando ella se lo entregó a Aldama, este le llamó más tarde "enfadado" porque faltaban 10.000 euros, por lo que se fue al banco a sacarlo directamente en caja para llevarle al empresario la cantidad que le faltaba.

Hizo las dos entregas de dinero en Ferraz como un favor a Aldama porque él no podía ir, si bien en la segunda ocasión le advirtió: "Es la última vez que hago este tipo de favores".

Por otra parte, Pano ha asegurado que la casa que adquirió la empresa de su hija en La Alcaidesa (Cádiz) por orden de Claudio Rivas era un regalo de este último al exministro por sus gestiones para conseguir la licencia de Villafuel, un inmueble que se le ofreció al ministro como alquiler con derecho a compra.

Ella en un principio pensó que la compra obedecía a "una inversión", pero después se dio cuenta de que "era para el señor Ábalos". "Aldama dice que el tema de la operadora se va a conseguir y que el ministro quería una casa", ha subrayado la testigo.

Entre esas presuntas gestiones del exministro estaría la reunión en Industria con Juan Ignacio Bidart, el jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, presuntamente para abordar la licencia de hidrocarburos.

Pano ha dicho que desconoce quién gestionó la reunión, pero allí les estaba esperando Koldo García, que estuvo presente en el encuentro del que "Rivas salió bastante satisfecho", y ha indicado que Bidart les manifestó que pasasen la documentación al asesor y después él "se lo haría llegar".

Sin embargo, "cuando Ábalos cesa y viendo que no se estaba cumpliendo lo que se había dicho con la obtención de la operadora, Rivas decide que, como solo ha pagado tres mensualidades, hay que echarle", por lo que "ordena hacer esa orden de desahucio", es decir, "en teoría el desahucio es porque no pagaba, pero a eso se añadió que no se estaba consiguiendo el tema de la operadora".

El tribunal también ha escuchado a la hija de Carmen Pano, Leonor, administradora de la empresa que alquiló a Ábalos el chalé de Cádiz.

En su declaración, ha afirmado que tanto ella como Claudio Rivas entendían que conseguir la licencia para Villafuel dependía de la continuidad en el Gobierno de Ábalos, a quien Aldama llamaba "el padrino".

Ha dicho que ella nunca tuvo contacto con ministro o asesor, pero que Claudio Rivas -que era quien realmente mandaba en su empresa- le dijo que comprase el citado chalé en Cádiz "para invertir" y ella "no preguntaba", y también ha resaltado la relación "estrecha" que Aldama, que fue su pareja, decía que tenía con Ábalos.

Preguntada por las conversaciones con su pareja que obran en el sumario, ha lamentado el tono "soez" de algunas, aunque ha reconocido que cuando dijo que en el Consejo de Ministros "se ha enfrentado el putero al guapo", se refería a Ábalos contra Pedro Sánchez, según le dijo Aldama.

Y también ha ratificado que Aldama le dijo que Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, entregó a este empresario y a Koldo García 500.000 euros en su casa.

Claudia Montes ha querido dejar claro en el Tribunal Supremo que el exministro Jose Luis Ábalos, con quien hablaba a diario como "amigo y militante" del PSOE, jamás le dijo que había maniobrado para que fuera contratada en la empresa pública Logirail: "A mí nunca él me dijo 'Claudia te he enchufado'", recoge EFE.

Montes ha testificado este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

La mujer ha relatado al tribunal que desconoce si Ábalos la enchufó o no para acceder a Logirail, porque el exdirigente socialista nunca se dirigió a ella en esos términos. 

"José Luis no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado', eso no me lo ha dicho", ha afirmado la testigo, que ha precisado que no quiere ser falsa porque se está demostrando que hicieron algo por detrás, pero ni Ábalos ni Koldo le mencionaron nada al respecto.

En este sentido, ha relatado que se limitó a contarle su situación a Ábalos, "como a cualquier amigo y compañero de partido", de que "como madre soltera necesitaba trabajar", por lo que el exministro le pasó enlaces de Logirail y ella, al percatarse de que "había puestos para todo" y de que "podías elegir" en la plataforma Infojobs, postuló para el de encargada. Le llamaron de Madrid, le hicieron una entrevista telefónica y le llamó el gerente del norte.

Ahora bien, ha asegurado que los currículum que envió a Koldo no eran falsos. "Se dice en el informe de la UCO que se modificó. Pero son iguales. No hay estudios puestos de más", ha agregado.

Montes ha comentado que al poco de acceder tuvo un problema que era más bien un asunto entre dos superiores del que informó a Ábalos y a Koldo, porque este último le dejó claro que "era su jefe".

En concreto, por la ubicación de su oficina, ya que ella estaba en un sitio sin ordenador, sin escritorio y de cara a la pared, lo que hacía era "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y leer", pero siempre en su horario laboral y sobre temática de trenes, porque "quería saber todo en lo referente a los trenes", de manera que "en ningún momento" dejó de ir a trabajar.

Montes, que trabajó en Logirail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022, ha señalado que la despidieron por burofax "sin motivo alguno" mientras se encontraba de baja por acoso laboral.

Por otra parte, preguntada sobre si fue colaboradora de la UCO en el caso de las mascarillas, ha contestado que cuando se entera de lo que está pasando en su empresa sobre supuestas prácticas corruptas, dio cuenta al presidente asturiano, Adrián Barbón, y a los dos ministros que han sucedido a Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Y al ver que nadie le hacia caso, llamó a la UCO: "Me atiende un comandante y me dice que tiene en cuenta mi información pero que no lo puede meter en la causa y que lo metería en otra investigación".

El ex director gerente de Logirail José Ángel Menéndez ha contado que cuando fue informado de que Claudia Montes "no iba a trabajar" a la oficina, "sin ninguna justificación que le avalara", decidió "iniciar el proceso para un expediente sancionador", como a cualquier otro trabajador, porque "incumplía de forma grave el convenio" y podía ser sancionada con el despido. Sin embargo, cuando ese expediente se iba a abrir, Menéndez fue cesado y su sustituto Oscar Gómez decidió "no continuar" con ello.

Ahora bien, el exgerente sí que ha descartado irregularidades en su contratación porque su currículum llegó de forma legal a través de Renfe, que era un proveedor de Logirail. La mujer reunía los requisitos básicos, no los específicos, por eso se la dio formación.

Un testimonio que se contradice en parte con el de Óscar Gómez, quien ha dicho que desconocía dicho expediente disciplinario, y ha justificado las ausencias de Montes porque no tenía un lugar de trabajo "adecuado", al estar cerca de unas escaleras.

Entonces, adoptó la decisión de encontrar un nuevo espacio y de adecuar su contrato al servicio que estaba prestando lo que implicaba subirle de categoría, un ascenso que ella ha justificado por su "esfuerzo, trabajo y muchas horas extras".

El testigo, que ha dicho que le consta que después Claudia Montes fue a trabajar, ha rechazado haber recibido indicaciones de Ábalos o su asesor en torno a esta mujer, y ha reconocido que, en el acto de conciliación tras su despido, ella denunció haber sufrido bullying, algo que no había manifestado mientras trabajaba en la compañía.

Seis horas dan para mucho. Sobre todo, cuando se trata de un juicio mediático. Y el primer asalto en el Tribunal Supremo del llamado caso Mascarillas, centrado en la compraventa de material sanitario por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, da buena cuenta de ello. La sesión ha servido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para alejarse todo lo posible de la trama que se está enjuiciando. Y al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para reforzar una defensa que, sin embargo, se ha visto resquebrajada por momentos por el flanco de Jéssica Rodríguez, examante del que fuera hombre fuerte del PSOE.

El juicio arrancó con algunos minutos de retraso. En la agenda, alrededor de una decena de testigos previstos. Pero la sesión no se inició con ninguno de ellos. Comenzó con los testimonios de Armengol y Torres. Hasta el último momento se intentó que ambos tuvieran que sentarse frente a magistrados, Ministerio Público y abogados. Sin embargo, el tribunal permitió que ambos compareciesen por escrito. Ha sido la lectura de esas testificales la que han marcado el inicio de una vista oral que se prolongará durante todo el mes de abril. Y la que ha provocado la primera protesta de las defensas, que se han quejado por no haber podido interrogarles.

El interés de ambos testimonios radicaba en la entrada de la trama en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, cuando Armengol y Torres eran presidentes autonómicos. Ambos se han esforzado por marcar distancias con los tres acusados –Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama– y con Soluciones de Gestión. "Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna", ha dicho Armengol. Del mismo modo, han insistido en que ni dieron orden ni presionaron para adjudicar contratos a la compañía de la trama. Sí ha reconocido Torres que se interesó por uno de eso expedientes tras un mensaje del exasesor de Ábalos avisando de unos "incumplimientos contractuales". Eso sí, cuando el mismo ya estaba adjudicado y como hizo con otros expedientes.

Una vez completado el trámite de la lectura de los escritos, comenzaron a desfilar por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo los diferentes testigos. Dos de estas declaraciones sirvieron a exministro y exasesor para reforzar sus defensas. Víctor Ábalos, hijo del primero, rechazó tajantemente en diferentes ocasiones haber actuado como una suerte de testaferro de su padre. Y Joseba García, hermano del segundo, ha negado que acudiera a República Dominicana a recoger dinero en efectivo de la trama, tal y como sostienen los investigadores en sus informes. El primero de ellos no está siendo investigado en ningún procedimiento. El segundo, sin embargo, sí que se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la parte del caso Mascarillas que no ha estudiado el Alto Tribunal.

"Yo no soy custodio del dinero de nadie. Todo lo que he dado a mi padre es de mis ingresos", ha aseverado Ábalos. En relación con las transferencias de dinero que hizo a su padre, en concreto los 23.379,10 euros que la Guardia Civil ha acreditado en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, ha explicado que 20.000 euros son un préstamo que le hizo. "Con un contrato elevado a público, nada opaco", ha afirmado. Del mismo modo, ha negado en diferentes ocasiones haber tenido un teléfono encriptado o haber hablado en clave con alguno de los acusados. Y cuando le han preguntado por el uso de la palabra "café" en algún mensaje recibido de Koldo García, se ha limitado a decir que era una petición del exasesor para que le trajera café de Colombia, donde el hijo de Ábalos desarrollaba trayectoria profesional.

Joseba García, por su parte, se ha esforzado en justificar sus viajes a República Dominicana, los ingresos recibidos en su cuenta y el efectivo que localizaron en los registros de su casa. Y lo ha hecho con la ayuda de la abogada de su hermano –que también es la suya en la Audiencia Nacional–, que es la única a la que ha respondido ampliamente. García se ha negado, por su condición de investigado en otro procedimiento, a responder a las preguntas del resto de partes. "No le voy a contestar por consejo de mi letrada, lo siento", ha repetido una y otra vez. Una negativa a declarar que minutos antes protagonizó otro de los investigados en la Audiencia Nacional: Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama.

Algunas partes intentaron, una y otra vez, tirarle de la lengua. Sobre todo el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. "No voy a contribuir a este espectáculo", se ha terminado resignando el abogado del PP, que dirige la acción popular. En el largo interrogatorio dirigido por la letrada Leticia de la Hoz, el hermano del exasesor ha explicado que viajó a República Dominicana en dos ocasiones por amor y por negocios, pero nunca para recoger dinero de la trama. También ha rebatido al fiscal en relación a los "224.000 euros sin justificar" en sus cuentas señalando que ningún ingreso recibido tiene que ver con Aldama o con los contratos bajo la lupa. Y ha asegurado que la mayor parte del dinero en efectivo que se encontraron en su domicilio era, en realidad, del club de motos al que pertenece.

García también habló de Jéssica Rodríguez, quien ha protagonizado la primera tarde del juicio. Ha sido con la examante de Ábalos con quien el tribunal ha retomado esta primera sesión tras el parón para comer. Durante más de dos largas horas se le ha preguntado, fundamentalmente, por su relación con Ábalos, por el pago del alquiler del lujoso apartamento en el que estuvo viviendo en el centro de Madrid –que, según la investigación, habría abonado principalmente Aldama a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano– o por su contratación en las empresas públicas Ineco o Tragsatec.

Sobre el piso, ha señalado que no sabía quien lo estaba abonando, aunque tampoco le importaba demasiado. "Nunca he sido una persona que vaya a hacer ese tipo de preguntas porque no hay necesidad de hacerlas", ha señalado. Durante su declaración, Escolano ha confirmado que él se hizo cargo de este gasto a petición de Aldama, su "socio, amigo y hermano". Y que dejó de abonar cuando se le indicó. "Si se me decía que no pagara ese piso, pues yo encantado", aseveró el empresario, quien ha resaltado el carácter "inconformista" de Rodríguez.

Durante su declaración ha confirmado que, incluso cuando la relación entre ambos había acabado, el exministro le hacía algunos regalos. Ha hablado de un móvil. También del pago de la matrícula de la universidad. O de una transferencia de 600 euros: "Mi gato se rompió la pierna, era un gasto muy elevado y él quería ayudarme". Y, del mismo modo, ha sentenciado que Ábalos nunca pagaba. "Yo al señor Ábalos no le he visto pagar nunca”, ha afirmado. Y ha ejemplificado: "Si quería un paquete de tabaco era el señor Koldo quien hacía esa compra".

Sobre su contratación en Ineco y Tragsatec, donde cobró 43.978 euros entre 2019 y 2021, ha confirmado que nunca llegó a trabajar. "Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer", ha resaltado. Algo que, ha deslizado, el exministro sabía: "El señor José Luis Ábalos estaba al tanto de todo". Cuando acabó su contrato en la primera empresa, actualizó su contrato para dar el salto a la segunda, una etapa de la que, dijo, no recuerda prácticamente nada. "Si cambiaba de empresa era porque el señor Ábalos así lo habría gestionado". Un paso de trabajadores de Ineco a Tragsatec que, ha explicado luego el que fuera máximo responsable legal de Tragsa, no era "habitual".

Contrataciones sobre las que también han declarado responsables de ambas empresas. Araceli Arigita, responsable de personal de Ineco, ha dicho que el fichaje de Rodríguez no siguió el procedimiento habitual. Y la responsable del proyecto al que se incorporó luego en Tragsatec ha relatado las presiones sufridas para que dejara "en paz" a la expareja de Ábalos, a la que no paraba de perseguir para que fichara en el trabajo, algo que no hacía.

El juicio del caso Mascarillas ha arrancado con las testificales de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Los dos han comparecido por los contratos sanitarios suscritos por los Gobiernos de Baleares y Canarias, que ambos presidieron, con Soluciones de Gestión, la firma que se encuentra en el epicentro de la trama. Y lo han hecho por escrito. Ambos testigos han asegurado que nunca dieron "orden" o ejercieron "presión" alguna para efectuar "compra" o suscribir "contrato" alguno. Unas declaraciones que han precedido a las de Víctor Ábalos, hijo del exministro, quien ha negado ser el "custodio" del dinero de su padre: "Todo lo que le he dado era de mis ingresos".

La causa se centra en los contratos de mascarillas que organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces controlado por José Luis Ábalos, adjudicaron en lo peor de la pandemia a Soluciones de Gestión, firma cuyos intereses "promovía" el empresario Víctor de Aldama. El instructor dio por acreditado que Ábalos, su asesor Koldo García y Aldama "convinieron" que, aprovechando el cargo del exdirigente socialista en el Gobierno, "podrían favorecer" a cambio de "beneficio económico" la contratación de empresas "cuyos intereses captaría y promovería" el empresario, quien al mismo tiempo tendría "acceso preferente" a la Administración.

Como pago, la Fiscalía Anticorrupción recoge entregas periódicas de dinero en efectivo al asesor, la compra de un chalet para "uso y disfrute" del exministro o el abono de la renta de un piso que utilizaba una expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, que también habría sido contratada, al igual que otra mujer de su "círculo personal", en una empresa pública. Para Ábalos y García, que se encuentran en prisión provisional, el Ministerio Público solicita 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, frente a los siete años que solicita para el empresario, que se encuentra en libertad por su colaboración con Fiscalía.

La primera declaración leída en la sala ha sido la de Armengol. En ella, la expresidenta balear ha comenzado exponiendo la delicada situación sanitaria en la que se encontraba su territorio en aquellos primeros compases de la pandemia. "Había dificultades adicionales de suministro por su carácter insular", ha señalado, al tiempo que ha recordado que en esos momentos el mercado estaba completamente roto. No obstante, ha querido dejar claro desde el primer momento que desde la Presidencia no se realizaban contrataciones ni se transmitían indicaciones de a quién se debía contratar: "Cualquier contacto u oferta que llegase se derivaba al Servicio de Salud, encargado de evaluar las propuestas recibidas".

"Nunca hubo orden o presión para efectuar compra o contrato alguno", ha apuntado Armengol. Algo en lo que también ha insistido Torres: "No di orden ni formalice nada a favor de la mercantil". El ministro, no obstante, ha afirmado que sí que hizo "seguimiento" a ese expediente de contratación. Eso sí, en un momento posterior a la adjudicación y tras ponerse en contacto con él García exponiéndole que había un "incumplimiento de condiciones contractuales", que existían "compromisos pendientes", en relación a la contratación con Soluciones de Gestión. Seguimientos que, ha explicado, también realizó en otros expedientes.

Armengol ha explicado que "no recuerda", seis años después, "todas las comunicaciones que se produjeron en aquellos momentos". Por ello, no descarta que entre las personas con las que mantuviera contacto pudiera estar García, a quien conocía como "asesor" del Ministerio de Transportes. "Ahora bien, lo que sí puedo decir con absoluta seguridad es que [de recibir algún mensaje] lo habría remitido inmediatamente al órgano o departamento responsable de la contratación", ha señalado. Y en cuanto a su relación con Ábalos en aquellas fechas, ha explicado que los únicos contactos que mantuvieron fueron referidas a "cierre de puertos y aeropuertos".

Una vez leídos ambos escritos de declaración, y tras un intento fallido de suspender el juicio por parte de la defensa de García y las quejas de las defensas por no haber podido interrogar a los dos primeros testigos, se ha sentado frente al tribunal Víctor Ábalos, hijo del exministro. Durante su testifical, ha negado en diferentes ocasiones haber tenido un teléfono encriptado o haber hablado en clave con alguno de los acusados. En relación al uso de la palabra "café", que los investigadores interpretan como una petición de inicio de una comunicación segura, se ha limitado al significado recogido en la RAE. "Cuando Koldo se refiere a café, es el originario de Colombia. Me encargaba café", ha explicado. Un país en el que, ha dicho, él ha trabajado.

"Y cuándo usted le decía 'voy a encender', ¿se refería a la cafetera?", ha insistido con ironía uno de los abogados, a lo que él ha señalado que esa respuesta hay que encuadrarla en un contexto en el que él utiliza el WhatsApp en el ordenador. Buena parte del interrogatorio al hijo de Ábalos se ha centrado, precisamente, en tratar de dilucidar si ejerció como una suerte de guardián del dinero de su padre. Algo que él ha negado en repetidas ocasiones: "Yo no soy custodio del dinero de nadie". Y ha asegurado que los fondos que le transfirió a su padre eran suyos. "Todo lo que le he dado es de mis ingresos, de mi cuenta", ha señalado, haciendo referencia, por ejemplo, a un préstamo que le hizo de 20.000 euros: "Todo con contrato, nada opaco".

Parte de la sesión matutina ha estado marcada también por la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional, que ha llevado a alguno de los testigos a negarse a responder a las preguntas planteadas al encontrarse imputados en dicho procedimiento. Es el caso del empresario Ignacio Díaz Tapia, socio de Víctor de Aldama. O de Joseba García. El abogado del exasesor de Ábalos ha evitado responder a las cuestiones planteadas por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Y solo ha querido contestar al abogado del exministro y, sobre todo, a la letrada Leticia de la Hoz, que le representa tanto a él como a su hermano.

Una parte del largo interrogatorio planteado por su defensa se ha centrado, por un lado, en los viajes realizados por Joseba García a República Dominicana, desplazamientos en los que, según los investigadores, habría recogido dinero en efectivo de la trama. Dijo, por un lado, que los hizo por un motivo personal: conocer a la persona que todavía es su pareja. Y, por otro, por negocios, si bien solo uno acabó "cuajando". En esos viajes, ha reconocido haber hecho a Aldama el favor de recoger un sobre. En cuanto a su contenido, ha hablado de documentación. "¿Lo abrió?", le preguntó la letrada. "Jamás, no soy un chismoso", ha zanjado.

El testigo también ha hablado sobre su relación con Jessica Rodríguez, a la que pagó "una o dos" mensualidades del alquiler de un piso. O de sus conversaciones con contratada por la empresa pública Ineco, para la que trabajó, según ella mismo dijo en la instrucción. O de sus ocho reuniones con Aldama, que los investigadores creen que fueron para entregarse dinero pero que él enmarcó en la compra de un vehículo. "Y para reclamarle los arreglos del mismo", ha querido aclarar García, quien durante su declaración también ha dicho que acudió en un par de ocasiones a Ferraz, sede del PSOE, a recoger sobres con dinero en metálico para su hermano.

Buena parte de la declaración ha girado también en relación al patrimonio familiar. Al fin y al cabo, como recordó el fiscal Anticorrupción en las preguntas que le fue planteado, "tiene usted en sus cuentas sin justificar 224.000 euros". En este sentido, la abogada le ha ido recitando una serie de nombres asociados a algunos ingresos. "¿Alguna está relacionada con Aldama y los contratos de mascarillas?", ha preguntado la letrada, a lo que él ha respondido de forma negativa. Y, del mismo modo, ha tratado de justificar el efectivo que se encontró en el registro de su domicilio. Ochocientos euros, ha dicho, eran suyos. Y otros 5.000, ha completado, del club de motos del que forma parte.

La magia de los esquizofrénicos ritmos de la justicia ha permitido que coincidan en estos días los juicios orales de la Operación Kitchen y del caso Koldo-Ábalos-Aldama. Tal coincidencia facilita portadas y telediarios en los que se “empatan” ambas corrupciones, se cocina la salsa del “todos son iguales” y se incentiva en unos cuantos grados la antipolítica, con la satisfacción indisimulada de la extrema derecha antisistema. De ese riesgo advertía este lunes aquí mismo la politóloga Cristina Monge: todo demócrata debe ser implacable contra la corrupción, pero no debe aceptar que esa justa intolerancia hacia cualquier corrupción se convierta en “un ejercicio de antipolítica, porque ni todos son iguales ni todos los casos son lo mismo”.

¿Cómo se come que la trama Kitchen (incompleta) se siente en el banquillo ¡trece años después de conocerse! y el (gravísimo) trapicheo de mascarillas del trío de Transportes sea juzgado a los dos años de la detención de Koldo? Se dirá que tal diferencia de tiempos se debe a la gran complejidad de la primera causa y a la sencillez de la segunda. Pero es más fácil creer en la santísima trinidad que descartar el hecho de que la esencia de la Kitchen es precisamente la obstrucción de la justicia por todos los medios, incluidos los que aportaba la mismísima cúpula del ministerio del Interior y de la Policía; o la ya experimentada capacidad del PP y sus servicios jurídicos para dilatar las causas en las que se ve involucrado el partido (que se lo pregunten al juez Pablo Ruz, instructor de la primera causa de la Gürtel, la de los discos duros destrozados a martillazos…). 

Déjenme incluso que sea malpensado: ¿cómo habrá influido en la investigación de la Kitchen el hecho de que su instructor fuera Manuel García-Castellón, el mismo juez que mantuvo durante más de dos años una causa abierta contra el núcleo dirigente de Podemos sin una sola prueba (ver aquí), pero facilitando día sí día también portadas y tertulias que debatían en torno a documentos más falsos que un euro de madera? Sí, es el magistrado que concluyó que el ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy se había dedicado a espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a intentar robarle documentos que podían implicar al partido por financiación ilegal y salpicar a sus dirigentes en diferentes delitos. Pero es el mismo magistrado que se negó a ampliar la investigación de la Kitchen a la cúpula del PP o a los ‘habitantes’ de la Moncloa, donde “reportaba” el ministro Jorge Fernández Díaz de forma permanente. Deberán acudir a declarar como testigos Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno; María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, o Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno. Pero sólo como testigos, puesto que García-Castellón decidió perimetrar la investigación al departamento de Interior, como si este hubiera actuado como una especie de comando independiente tanto del resto del Gobierno como del partido al que toda la trama se dedicó a proteger.

El caso es que todas estas obviedades (documentadas y comprobables) permiten que hoy Feijóo, Ayuso y compañía repitan con enorme displicencia que “esto es algo de hace trece años” (ver aquí), y se quedan tan panchos, sin responder a la pregunta siguiente: ¿y por qué la trama político-policial-mediática seguramente más grave –en mi opinión– que ha afectado a la democracia en estas últimas cuatro décadas ha tardado trece años en ser juzgada? ¿Quizás porque esa trama consistía precisamente en obstruir a la justicia? ¿Quizás porque desde el propio Partido Popular y el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy se hizo todo lo que se pudo por dilatar esa causa? Mienten descaradamente cuando dicen –o insinúan– que en todo caso ya se pagó el precio político de “los errores de Fernández Díaz y su número dos” cuando Rajoy fue sacado del Gobierno por la moción de censura que ganó Pedro Sánchez en 2018. Hacen la trampa de meterlo todo en la misma coctelera, olvidando que aquella moción se tramitó por una sentencia que no tenía nada que ver con la Kitchen, sino con la Gürtel, la que incluía los papeles de Bárcenas en los que figuraba un tal “M. Rajoy” cobrando sobres en efectivo, la que condenaba al PP por beneficiarse “a título lucrativo” de todo un entramado de financiación irregular que pasaba por el manejo de dinero negro para el reparto de sobresueldos a sus dirigentes o para pagar la sede nacional del partido (la misma que hoy mantiene Feijóo, pese a aquel anuncio de venta inmediata que hizo Pablo Casado en un ataque pasajero de ética política, como el que tuvo –y le honra– al denunciar la millonaria comisión por mascarillas del hermano de Ayuso, lo que le costó la presidencia del PP). 

Como también apuntaba Cristina Monge, no se trata de comparar la “gravedad” de unos y otros casos de corrupción. Allá cada cual con la calificación que le merezcan. Se trata –si somos mínimamente objetivos– de analizar el contenido de cada trama, su objetivo, sus consecuencias y también la reacción que ha merecido en el partido al que afectaba. No comulguemos con ruedas de molino: la Kitchen consiste en toda una cúpula de Interior y de la Policía dedicadas a ocultar pruebas de los chanchullos financieros del partido político de Gobierno, y el caso Koldo-Ábalos-Aldama se refiere –de momento– a un trapicheo millonario de contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. ¿Grave? Gravísimo a mi juicio, y por tanto merecedor de las condenas que procedan para Koldo, Ábalos, Aldama…, también aplicables a todos aquellos que se lucraron de manera absolutamente especulativa con la contratación de partidas de mascarillas, guantes, etc, en las distintas administraciones. No hace falta dar nombres. Pero no hay rastro alguno de financiación ilegal del PSOE en toda la trama en la que participaban Ábalos, Koldo y Aldama, ni con las mascarillas ni con los contratos públicos por los que también está imputado Santos Cerdán.

Lo innegable a día de hoy es que Ábalos fue expulsado del PSOE, mientras Jorge Fernández Díaz (el ministro con “un ángel de la guarda que se llama Marcelo”) solo fue suspendido de militancia en 2021 y hoy sigue perteneciendo al PP. Del mismo modo que Mariano Rajoy continúa disfrutando todos los honores en el partido y en las campañas de elecciones generales, como los disfruta José María Aznar, el del “sí a la guerra”, el presidente con más ministros imputados y encarcelados. Resulta inimaginable en cualquier otra democracia con la que queramos homologarnos que políticos con la ‘mochila’ de Aznar o de Rajoy pudieran seguir paseándose por los Hormigueros respectivos. Pero en este país nuestro el ecosistema mediático tiene un sesgo diestro anterior a la época de la desinformación y los bulos. Vemos hoy mismo cómo cabeceras de la aún llamada prensa seria fuerzan casos sin sostén documental alguno para intentar establecer una especie de “equilibrio” o “equidistancia” entre corrupciones de distinto signo. 

Si no lo escribo, reviento: a la vista de actuaciones judiciales como la condena sin pruebas del fiscal general del Estado García Ortiz o la investigación descaradamente prospectiva de Peinado contra Begoña Gómez, ¿se imaginan qué habría sido del Gobierno de coalición actual si en algún momento hubiese aparecido un documento en el que un tal “P. Sánchez” firmara la percepción de un sobresueldo en negro? “La hoguera, la hoguera, la hoguera”, como cantaba Javier Krahe.

P.D. Este lunes hemos conocido algunas encuestas con un estribillo común: el ascenso de Vox parece frenarse, lo cual beneficia al PP, mientras el PSOE rentabiliza el ‘no a la guerra’ y la negativa de Pedro Sánchez a actuar como “vasallo” de Trump. Pero si se observan las transferencias de voto, las ganancias del PP vienen de Vox como las del PSOE vienen del espacio a su izquierda. No hay novedades en las fortalezas y debilidades de cada bloque. Hoy por hoy, las derechas extremas o extremadas suman mayoría, mientras las izquierdas no podrían repetir coalición ni siquiera con apoyos nacionalistas. Hay materia para un próximo análisis, pero los datos cantan: ni hay una “derechización” en España, como presumen diferentes voces –el bloque conservador suma unos 12 millones de votos, los mismos que en 2011 sumaban PP y la UPyD de Rosa Díez (ver aquí)–, ni está escrito que las izquierdas no puedan reeditar coalición de Gobierno. Todo depende de lo que hagan en estas próximas semanas las fuerzas a la izquierda del PSOE y de si aquellas y este entienden que un futuro de progreso democrático exige gestionar la realidad de un Estado plurinacional. Con todas las consecuencias.

El exasesor ministerial Koldo García ha lanzado el último intento para tratar de frenar el juicio que arranca el próximo martes en el Tribunal Supremo por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas, al denunciar ante el Tribunal Constitucional la vulneración de una serie de derechos, según informa EFE.

Tras agotar toda la vía de recursos ordinarios contra la negativa del Supremo a enviar la causa a la Audiencia Nacional, ahora la defensa de Koldo García, una semana antes del inicio del juicio, ha recurrido en amparo ante el tribunal de garantías.

Lo hace al considerar que la resolución del pasado 3 de marzo en la que el Supremo cerraba la puerta a las cuestiones previas que planteó la defensa, entre ellas que el juicio se celebrase en la Audiencia Nacional, vulnera una larga lista de derechos fundamentales, como el de un proceso con todas las garantías o el del juez ordinario predeterminado por la ley.

"La solución jurídicamente ortodoxa y respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado del señor Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional", argumenta la letrada Leticia de la Hoz en su recurso, al que ha tenido acceso EFE.

En su recurso, pide al TC que acuerde la suspensión de la ejecución del mencionado auto antes de entrar al fondo del asunto, "para garantizar" que su pronunciamiento en sentencia, que tardará en dictarse, "no se convierta en ilusorio".

Una vez más, la abogada defiende que, al renunciar al escaño el exministro José Luis Ábalos, también acusado en este procedimiento, dejó de disfrutar del aforamiento que tienen los diputados y, en ese momento, el Supremo perdió la competencia para enjuiciar los hechos.

Según su criterio, todo el caso debería derivarse a la Audiencia Nacional, donde arrancó en 2024 la investigación por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas en pandemia, y continúa la parte de la causa que no se refiere a la presunta intermediación de Ábalos y, por conexión, su exasesor Koldo García y el comisionista, Víctor de Aldama.

Esta pretensión de la defensa de Koldo ya ha sido desestimada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo. La última el pasado viernes, cuando rechazó la admisión a trámite del incidente de nulidad que interpuso contra el auto que desestimaba sus cuestiones previas.

El Supremo se opuso a remitir la causa a la Audiencia Nacional tras la renuncia del exministro José Luis Ábalos como diputado, que se produjo tras acordar el auto de apertura de juicio oral contra él, que es el que fija la competencia del Supremo, aunque 'a posteriori' el aforado deje de serlo, como es el caso.

El Tribunal Supremo ha rechazado poner en libertad al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García antes del juicio por el caso de las mascarillas, que arranca el próximo 7 de abril, precisamente porque el "riesgo de fuga" persiste ante la "proximidad" de la vista oral.

Las defensas de Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, pidieron al Supremo su puesta en libertad ante la "inexistencia de riesgo de fuga" y para asegurar "su pleno respeto al derecho de defensa" en el juicio, por la dificultad que supone prepararlo junto a sus letrados si siguen en prisión.

Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a su excarcelación al subrayar que "la inminencia del juicio oral unida a la gravedad de las penas solicitadas incrementan el riesgo de fuga".

Y ahora el alto tribunal señala que "procede denegar la pretensión deducida" alegando que "la proximidad del señalamiento del juicio" hace que persista "el riesgo de fuga".

Asimismo y en cuanto a la necesidad que alegan las defensas de preparar el juicio, el tribunal recuerda que ya "expresó su acuerdo con las alegaciones de los acusados, en orden a la necesidad de espacios y tiempo para la preparación del juicio y la realización de la prueba que va a desarrollarse, testifical, pericial y documental"

Por tanto, "como dijimos, los interesados deberán dirigirse al centro penitenciario en el que están internados, para que los mismos, en aplicación del ordenamiento vigente, habiliten espacios y tiempo para facilitar el derecho de defensa".

Anticorrupción pide 24 años para el exministro y 19 años y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicita 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 7 de abril el comienzo de la vista oral contra el exministro Jose Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista de la trama Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia, según recoge EFE.

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que desestima todas las cuestiones previas planteadas por las defensas del exministro y su exasesor por lo que ambos, junto a Aldama, se sentarán en el banquillo de los acusados.

El Supremo les juzgará por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicita 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por riesgo "extremo" de fuga.

El Tribunal Supremo ha aceptado citar a más de 75 testigos en el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y a Víctor de Aldama, entre los que no figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres.

El tribunal ha admitido todas las testificales propuestas por la Fiscalía y por Víctor de Aldama y ha rechazado varios de los solicitados por los otros dos acusados y por la acusación popular, que aspiraba a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, y la exministra de Industria Reyes Maroto.

El Supremo rechaza citarlos "dada la falta de relación con el objeto del proceso y la innecesariedad de sus testimonios para el esclarecimiento de los hechos imputados".

Ábalos y Koldo querían que testificase el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el segundo incluía en su propuesta al president de la Generalitat, Salvador Illa, y a la exdirectora del CNI Paz Esteban, pero el tribunal tampoco accede a llamarlos.

Entre los testigos admitidos figuran, además de Torres y Armengol, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz; el director general de la Policía, Francisco Pardo; así como ex jefes de Gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y varios empresarios y familiares y allegados de los acusados.

El asesor fiscal del bar Franky de Pamplona, Miguel Moreno Purroy, ha reconocido este martes que emitió facturas a Acciona que "no respondían a una prestación real" porque se lo pidió el exasesor ministerial Koldo García, según informa EFE.

El informe de la UCO recoge que este bar situado en Pamplona emitía facturas ficticias a nombre de Acciona para que Koldo García cobrara ese dinero. "En lo que a mí respecta, el informe está muy bien documentado", ha declarado.

Moreno Purroy comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha señalado que actuó, entre los años 2016 y 2018, para ayudar a Koldo García y que se "equivocó", pero también ha negado formar parte de "una trama corrupta". 

"La tarjeta de visita de Acciona me la entregó Koldo García. Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba en mal momento económico y él no tenía dificultad para que Acciona pagara alguna factura", ha dicho, antes de apuntar que se trata de facturas que en total "no ascienden a más de 8.000 euros".

Moreno Purroy ha señalado que el "circuito pactado" entre Koldo García, el gestor del bar, Francisco Javier Lorente, y él mismo consistía en emitir una factura falsa a Acciona, cobrar el dinero en la cuenta del bar y entregar el dinero en efectivo a Koldo García. Tal y como ha explicado, no tiene "duda" de que la tarjeta de Acciona se la entregó el exdirectivo de la compañía en Navarra, Fernando Merino, a Koldo, para que se emitieran las facturas con esos datos. 

El asesor fiscal o contable del establecimiento ha señalado que estos pagos comenzaron por el "mal momento" económico por el que pasaba Koldo García. Según ha expuesto, no sabía que iba a ser algo sostenido en el tiempo. "Él nos plantea una (factura) y la hacemos. Luego nos plantea otra y así hasta cinco", ha contado. 

Una de las facturas, de 2.700 euros, fue cargada a la UTE Recajo, en la que estaba Acciona, y la ingresó Moreno Purroy en una de sus cuentas, no en la del bar. Posteriormente, se lo entregó en efectivo a Patricia Uriz, pareja en aquel momento de Koldo. También ha señalado que él no estuvo presente en ninguno de los demás pagos en efectivo a Koldo, por lo que no puede dar fe de ellos. Tampoco tuvo contacto con Merino más allá de enviarle por correo las facturas y no hizo más facturas falsas, según ha asegurado.

En el turno de Geroa Bai, su portavoz Pablo Azcona ha preguntado por la empresa Xamena, de la que Moreno Purroy es administrador único, y el compareciente no ha querido responder por "no estar relacionado con el objeto de la comparecencia". Posteriormente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha incidido en el tema y Moreno Purroy ha respondido que esta empresa, constituida en 2017, solo ha hecho una obra privada de viviendas en una parcela de Milagro.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en un nuevo informe a una participación directa de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el contrato de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo.

La UCO ha remitido un nuevo informe al juez del caso Koldo, al que ha tenido acceso EFE, que analiza los dispositivos que le fueron intervenidos a Pardo de Vera, entre otros, en los registros que se decretaron en relación a la investigación de presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, así como los de otros investigados.

A la luz de lo investigado, la UCO deduce que su implicación en los contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión para Adif y Puertos del Estado fue mayor de la que expuso en su testimonio de ese 21 de febrero de 2024, en el que, recuerda la Guardia Civil, como testigo estaba obligada a decir la verdad.

Los investigadores han constatado que Pardo de Vera intercambió mensajes con el exasesor de Ábalos, Koldo García, "con carácter previo" a la adjudicación del contrato y detectó además comunicaciones entre ambos relativas a la entrega de determinadas cantidades de mascarillas.

Hasta este momento, la implicación de Pardo de Vera se circunscribía a su condición de presidenta de Adif cuando su Consejo de Administración adjudicó el contrato por 12,5 millones de euros.

En cambio, los investigadores consideran ahora que Koldo intervino en la selección de la empresa a la que representaba Víctor de Aldama e hizo efectiva la contratación a través de Pardo de Vera, en una dinámica que "guarda coherencia" con la expuesta en informes sobre los amaños en obra pública.

Pese a ello, en su declaración en sede policial, Pardo de Vera declaró que no conocía al adjudicatario del contrato de mascarillas y, preguntada sobre si Koldo García intercedió, dijo que no lo sabía pero que en ese tema y otros muchos el asesor era "muy insistente" y contactó con ella en "numerosas ocasiones", según destaca la UCO.

La UCO desvela además como la expresidenta de ADIF propuso al exministro José Luis Ábalos que hablara con una abogada de su confianza una hora después de testificar ante la Guardia Civil por los contratos de mascarillas, un día después de la detención de Koldo García el 21 de febrero de 2024.

Ábalos reaccionó con sorpresa y le preguntó si la recomendación de esa letrada -la abogada del Estado Rosa María Seoane, que fue Secretaria General de Adif- era para él, y tras contestarle ella afirmativamente, el exministro respondió: "No estoy en la investigación que se sepa".

El informe de la UCO señala además que el examen de los dispositivos electrónicos incautados a Pardo de Vera puso de manifiesto que "parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado", lo que ha llevado a los investigadores a analizar información presente en terminales asociados a otros investigados.

Los investigadores apuntan además al papel jugado por ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda, también investigado, y que según la UCO habría seguido instrucciones del Ministerio de Transportes e intercambiado mensajes con el titular de Soluciones de Gestión Íñigo Rotaeche, un contacto que le fue facilitado a Koldo García por Pardo de Vera.

Según la UCO, Pardo de Vera se valió de Miranda "para la gestión de material sanitario". Ambos intercambiaron mensajes un mes después de la detención de Koldo García, a raíz de informaciones periodísticas sobre un contrato, cuando Pardo de Vera preguntó a este alto cargo cómo había podido firmar ella un contrato menor.

"Debe ser el contacto que te pasaron cuando estábamos buscando suministro de geles y guantes en plena pandemia", le dice éste, que también le da explicaciones tras declarar ante el juez.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que declarar el próximo 2 de marzo en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado para dar explicaciones, según el PP, sobre su posible vinculación con el "dudoso" rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra.

Fuentes de este partido han informado a EFE de que Zapatero ha sido convocado para esa fecha por la mesa de la comisión, en la que el grupo popular tiene mayoría para tomar decisiones, que se ha reunido este jueves de forma telemática.

De forma previa, para los días 25 y 26 de febrero, han sido citados a comparecer el presidente de la compañía Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el "posible testaferro de Zapatero", Julio Martínez Martínez, conocido como Julito.

Los tres estaban incluidos en el listado de próximos comparecientes de la comisión Koldo desde diciembre y tenían pendiente la fijación de una fecha para sus declaraciones ante los senadores. Esta comisión de investigación ha celebrado ya un centenar de comparecencias en los veinte meses que lleva abierta, por lo que la de Zapatero será la número 103.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha expuesto en un comunicado que Zapatero ha sido citado por su grupo parlamentario porque "está de sospechas de corrupción hasta las cejas".

En el Senado, ha añadido García, el expresidente del Gobierno y exlíder socialista "tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narcodictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello".

Según cree, "tras las presiones de Zapatero", que habría cobrado por "asesorías fantasma", el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros.

Comprar a cien y vender a noventa. Un negocio en apariencia ruinoso, pero que en un país como España proyecta una lucidez enternecedora. ¿Cómo es posible que en otros lugares de inteligencia capitalista más aguda no hayan visto las oportunidades de esta operativa? Quizás porque el capital gira sobre una cinta de Moebius y lo que ayer estaba en el lado oscuro hoy, sin moverse, nos aparece en el lado luminoso. La inmoralidad resulta compatible con la ética del capital, fundada en el afán de lucro, sobre todo en un país donde confundimos la creación de riqueza con la creación de ricos. 

Ahí tienen a Víctor Aldama. Es el empresario modelo, el amigo fiel y cómplice a quien se le abren las puertas de todos los círculos, de todas las emisoras de radio y televisión, incluso de alguna fiscalía. Es el corrupto en paradigma que hoy comercia con su palabra, puesta en almoneda para atacar y defenderse, para mentir y desmentir. Aldama ha reconocido haber infringido varios preceptos del Código Penal y en todos ellos dejó memoria amarga de él. Dada su catadura, podría ser cierto lo que afirma, o podría no serlo. ¿Tendrá algún as en la manga? Es posible, pero no lo parece. Escúchenlo bien; en realidad, no dice nada, amaga pero no da, insinúa pero no aporta, amenaza pero no cumple, insulta y es jaleado, denigra y lo aplauden. 

La compra de hidrocarburos en un depósito fiscal está exenta de IVA. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Lo compramos por cien y lo vendemos por noventa. ¡Gran idea! En la venta, por supuesto, le incluimos el impuesto, así que cuando lo vendemos recibimos del comprador noventa más el 21% del IVA; en total, 108,90 euros. Y luego, ¡touché!, nos olvidamos de la declaración tributaria y no ingresamos el IVA en el Tesoro Público. De repente, se obra el milagro: compramos por cien, vendemos por noventa y ganamos 8,9 euros. Y al mismo tiempo, regamos el país de gasolina barata. ¿Qué más podemos pedir? Que acudan todas las jerarquías, potestades, tronos, principados y dominaciones de la delincuencia a postrarse ante este glorioso genio empresarial. Según las noticias publicadas en prensa, la Audiencia Nacional le investiga por haber defraudado con este sistema cerca de doscientos millones de euros. Volvamos a decirlo: doscientos millones. Pueden ustedes apostar a que en sus últimas entrevistas faranduleras, ninguno de sus corifeos le ha preguntado dónde tiene el dinero, ni le ha echado en cara, en cálculo poco complejo, la cantidad de sueldos de médicos o pensiones de jubilación que podrían pagarse, escuelas que podrían construirse o raíles que podrían tenderse con este dinero. En cualquier país serio este hombre estaría en la cárcel; aquí está en las televisiones, dando clases.   

Víctor Aldama no está en la cárcel porque ha llegado a una componenda con la Fiscalía Anticorrupción; un pacto de caballeros. La Fiscalía le concede la libertad, le deja en la calle y le rebaja notoriamente la petición de penas. ¿A cambio de qué? No, desde luego, de que devuelva lo defraudado. Nunca lo hará. Entonces, ¿qué ha aportado el bueno de Aldama al fiscal, cuando los hechos están sustancialmente documentados? Pues no se sabe muy bien, la verdad. Desde luego, para el desbroce de la trama en torno a José Luis Ábalos, que parece que era el objetivo, no ha aportado gran cosa, al menos por ahora. 

Empezaré por un dato claro: lo descubierto hasta la fecha nos aporta indicios reveladores de que José Luis Ábalos es un corrupto, un delincuente de manual que avergüenza a los servidores públicos y cuya deriva personal espanta a quienes confiaron en él. Basta leer el escrito de acusación contra Ábalos para caer en la pura desazón, repasando la ristra de corruptelas que el fiscal desgrana. Es obvio que, de ser ciertos los hechos imputados, Ábalos debería ser castigado y expulsado de la vida pública con gran bochorno de sus camaradas. No hay paliativos. 

Por si fuera poco, los mensajes cruzados con Koldo, personaje turbio y áspero donde los haya, provoca una repugnancia que rompe todos los puentes, al verlos comerciando con mujeres y hablando de ellas con tanta vileza. Es posible que estas conversaciones, machistas y misóginas, no constituyan ningún delito, pero provocan tal rechazo que comprometen el éxito de cualquier línea de defensa que intentaren. Y es que, ante ellas, la gente no solo se tapa la nariz; se tapa los oídos. 

Sin embargo, la niebla de turbidez no debería ocultar la realidad de las cosas. Y es que la lectura del escrito de acusación del fiscal, en un análisis objetivo y sereno, junto con la tristeza, nos deja un poso de intriga. Ábalos se nos presenta como un corrupto de baja estofa, con un perfil torrentiano y grosero, responsable de unas prácticas desde luego ilícitas, pero más bien mezquinas, delicuescentes, cutres de pacotilla. Y la pregunta nos surge: ¿esto es todo? Ábalos colocó a su novia Jessica en empresas del ministerio, donde le pagaron sin tener que ir a trabajar; una trama de empresarios corruptos y amigotes le pagó una semana en un chalet de Marbella, le ofreció una casa en la Línea de la Concepción sin cobrarle el alquiler (según el fiscal, le quitaron las llaves al poco de dejar el ministerio) y le puso un apartamento a Jessica en el centro de Madrid. Aparte de eso, Aldama afirma que entregaba diez mil euros mensuales a Koldo, que éste repartiría con su jefe, para garantizarse la cercanía del ministro y contar con información privilegiada de contrataciones públicas, especialmente de material sanitario en la pandemia. Todo esto es políticamente catastrófico, jurídicamente delictivo, materialmente grave, no lo pongan ustedes en duda. Ahora inspiremos un par de veces y preguntémonos: ¿eso es todo? ¿Dónde están los millones?

En estos tiempos complicados que nos ha tocado vivir, no convendrá poner la mano en el fuego por nadie. Es posible que Ábalos haya recibido mucho más dinero de la trama corrupta, pero el dinero no ha aparecido por ninguna parte, y no hay prueba de que exista. Y la Fiscalía y el Tribunal Supremo empiezan a estar preocupados. La reflexión de Leopoldo Puente al dictar su auto de prisión, diciendo que Ábalos pudo haber recibido mucho dinero “tal vez en metálico, tal vez depositado en cuentas de terceros que hasta el momento no han sido halladas” resulta elocuente y decepcionante. Con un “tal vez” no se mete a nadie en la cárcel. 

En fin, así somos. Todo el mundo sabe dónde está el ático de González Amador, otro ejemplo de ética empresarial, comprado con dinero cuyo origen es bien conocido a estas alturas. Sin embargo, nadie sabe dónde está el ático de Ábalos, ni mucho menos el de Cerdán. Y empieza a asentarse la idea de que tal vez no existan, que realmente no tengan nada; comienza a barajarse la posibilidad de que Ábalos se dejara arrastrar por una corrupción de tres al cuarto, que desde una perspectiva política es tan devastadora como cualquier otra, pero que jurídicamente debería ser puesta en perspectiva ante otras más severas. 

En este sentido, en su escrito de acusación el fiscal calcula el perjuicio para la ‘res publica’ causado por la extraña pareja, Ábalos y Koldo, y les conmina a indemnizar estos daños. No llegan a 44.000 euros; se corresponden al salario de Jessica que las empresas le pagaron sin ir a trabajar. ¿Realmente no hay más perjuicio público en toda esta trama? ¿Y para desmontar este estaribel se liberan los grilletes de quien defraudó cinco mil veces esta cifra, permitiéndole pasearse por las televisiones con la vitola de ser socio del fiscal y adalid de la lucha contra la corrupción? ¿Cuál es el objetivo final del trato con Aldama? No lo entiendo; necesito creer que hay algo más, algo que no se conoce. 

Por cierto que, en relación con este dinero, resulta interesante, por novedosa, la decisión del fiscal de no reclamárselo a Jessica, que fue quien lo recibió. Entiendo que la idea del fiscal es presentar a esta mujer como una víctima y no como una receptadora irregular de fondos públicos. Este enfoque hubiera necesitado de un cierto desarrollo argumental, que el escrito de acusación no nos ofrece. 

En fin, como se advierte, el asunto está lleno de aristas, de luces y sombras. En la sombra están Ábalos y Koldo, braceando en un piélago de cochambre; en la luz está Aldama, convertido en héroe popular no se sabe muy bien por qué. En la ‘dramatis personae’ de esta tragicomedia, Víctor Aldama se nos presenta como el titiritero del resto. Pero no se confundan: el trato que se le da a Aldama dice más de nosotros mismos que de él; las alfombras que la derecha y la Fiscalía le tienden a su paso hablan a gritos de la degradación de nuestra vida política y judicial, que parece vanagloriarse de haberse dejado embaucar por este delincuente confeso.

Más allá de todo esto, de lo que no existe duda es de que el Tribunal Supremo condenará a Ábalos y a Koldo, y los condenará a una pena muy severa. Los dioses tienen sed, como nos recordaba Anatole France, y el devastador juicio contra el Fiscal General (que curiosamente ha terminado por deteriorar más a la institución juzgadora que a la juzgada) los ha dejado todavía más sedientos.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella contra el exdirigente del PSOE Santos Cerdán por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

La jueza que investiga la querella de Hazte Oír había aplazado la declaración de Cerdán al 24 de marzo para dar tiempo a que la Audiencia resolviera el recurso de la Fiscalía contra la apertura de la causa, al que se había adherido el exsecretario de Organización socialista y que se iba a deliberar este mismo lunes.

Dice la Sala que "no puede sustentarse que el querellado haya faltado sustancialmente a la verdad" en su comparecencia ante la comisión parlamentaria, por el hecho de que se mencione la existencia de una reunión entre el exasesor Koldo García y Cerdán en un informe de la UCO a partir de una grabación y en un artículo periodístico, "cuyas conclusiones no pueden servir de base para fundamentar la existencia del delito que se denuncia".

Y ello, continúa en su auto, porque "no constituyen, tal información y el informe policial, una realidad material incontestable, para contrastarla con lo manifestado por el querellado en la comisión y derivar, de ello, que el citado haya faltado sustancialmente a la verdad".

Los magistrados entienden que "la mentira se interpreta como una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación y exigir la veracidad del testigo en una situación que le compromete penalmente, como así ha sucedido con el querellado con posterioridad a su comparecencia ante la Comisión de investigación del Senado, sería forzarle a renunciar a su derecho a defenderse y a la presunción de inocencia, que deben tener primacía". Por tanto, añade el auto, "los hechos sobre los que se ha fundamentado la querella carecen de relevancia penal".

La titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 24 (antiguo Juzgado de Instrucción 24) admitió a trámite la querella ante los indicios de una "desviación clara" entre lo que declaró en el Senado y "la realidad material" de los hechos.

En su opinión, había indicios de que mintió cuando dijo que no habría contactado con Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

La Fiscalía, sin embargo, se mostró contraria a abrir causa al rechazar que Santos Cerdán pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad", que inciden sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes". EFE

La Mesa del Congreso de los Diputados ha desestimado este martes la petición de indemnización solicitada por el exdiputado y exdirigente socialista José Luis Ábalos al encontrarse suspendido de sus derechos y obligaciones al renunciar al acta, según informa EFE. 

Según han informado fuentes parlamentarias, la decisión se ha tomado atendiendo el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que consideran que no procede dicha indemnización, que en su caso rondaría los 52.000 euros. 

Ábalos, en prisión por su presunta implicación en el caso Koldo, había pedido a la Mesa del Congreso que se le indemnizara tras dejar su escaño. 

Los letrados del Congreso señalan en su informe que el que fuera ministro de Transportes se encontraba suspendido de sus derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de diputado en el momento de renunciar al acta de diputado. En este sentido, recuerdan que ninguno de los miembros de la Cámara que fueron suspendidos en el pasado recibió la indemnización de pensiones parlamentarias. 

Destacan además que la Mesa del Congreso ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de diputados adoptados abarcaban la totalidad de los citados derechos y prerrogativas, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad. 

La indemnización por cese, añaden los letrados, tiene por objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario. 

De ahí, subrayan, que la misma sea incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso. Ese es el motivo por el que, en el pasado, dos exparlamentarios perdieron la indemnización por cese como consecuencia de sobrevenir una situación de incompatibilidad por percepción de pensión pública, recuerdan. 

Por último, apuntan que Ábalos no ha declarado que no vaya a percibir ningún otro ingreso durante el tiempo en el que, en su caso, recibiera la indemnización como exparlamentario. De hecho, los letrados señalan que el exministro ha indicado que tiene la intención de acceder a la jubilación y remarcan que la pensión de jubilación es "expresamente incompatible" con el reconocimiento de la indemnización.

El exdirigente socialista Paco Salazar ha asegurado este jueves en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que nunca vio el "Peugeot" con el que Pedro Sánchez recorrió el país buscando apoyos en las primarias del PSOE de 2017 ni participó en Bancal de Rosas, la agrupación que aprobó su precandidatura, según recoge EFE.

Salazar ha afirmado que lleva cerca de ocho meses sin hablar con Sánchez, desde que fue apartado del partido y del Gobierno por las denuncias de acoso sexual en su contra.

En el arranque de su comparecencia en el Senado, Salazar ha contestado a las preguntas de la senadora de UPN María Caballero y ha subrayado que nunca llevó temas de financiación de aquella precandidatura a las primarias, aunque le consta, ha dicho, que Bancal de Rosas tiene documentación de todos los ingresos que recibió y se pueden fiscalizar.

En aquella época él tenía responsabilidades en Dos Hermanas (Sevilla) y se desplazaba en su tiempo libre a Madrid, donde, cuando coincidían, se alojaba con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que viajaba a la capital desde Navarra.

Ha señalado además que "nunca" ha "tratado" con el empresario Antxón Alonso, dueño de Servinabar y presunto socio de Cerdán.

El exdirigente socialista también ha asegurado que actualmente no trabaja para el PSOE ni en la campaña electoral de Aragón, ni en ninguna otra, desde que dejó sus responsabilidades orgánicas en el partido hace siete meses.

Salazar lo ha afirmado así en sus respuestas a los representantes del grupo Mixto, María Caballero (UPN) y Ángel Pelayo Gordillo (Vox), los primeros en interrogarle en su comparecencia en la comisión del caso Koldo.

Sobre su reunión en diciembre con la candidata socialista aragonesa, Pilar Alegría, entonces ministra, desvelada por una fotografía que publicó Artículo 14, Salazar ha explicado que no tuvo relación con trabajos para el partido. "Se interesó por cómo estaba mi familia, mis hijos, mi madre y mi mujer", ha dicho Salazar sobre lo que habló con Alegría.

Para el PSOE no ha trabajado "ni de manera directa ni indirecta" desde que dejó sus responsabilidades en Ferraz en julio, ha asegurado.

Sobre sus relaciones con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del partido, ha indicado que no era a quien tenía que reportar, sino a otros responsables. No obstante, ha reconocido que ha "trabajado años con el presidente, obviamente se crea un vínculo".

La senadora del PSOE Lirio Martín ha echado en cara este jueves las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente socialista, denuncias que el considera falsas ya que "siempre ha respetado" a las compañeras con las que ha trabajado.  

Martín ha asegurado que el exdirigente socialista "erró en su comportamiento" con sus compañeras de partido y de la Moncloa, que ha tildado de "inadecuado", al tiempo que ha recordado que el PSOE sancionó a Salazar después de conocer estas denuncias anónimas en elDiario.es y por tanto no podrá darse de alta de manera automática como militante de la formación.  

Las denunciantes, ha dicho la senadora, "de acuerdo con su relato", fueron objeto de un machismo "intolerable", y sufrieron unas conductas "incompatibles con la militancia" en el PSOE, ha defendido.  En esa línea, ha aseverado que hacía su intervención "con el dolor y la indignación" que puede sentir como socialista, como mujer y como militante y feminista y "dando la cara" por las mujeres denunciantes.  

"Señor Salazar, usted erró en su comportamiento. No tuvo un comportamiento adecuado hacia mis compañeras de partido, se lo tengo que reprochar, lo lamento mucho y espero que usted también lo lamente", ha proseguido.  

En ese momento, el presidente de la comisión, el senador del PP Eloy Suárez, le ha pedido ceñirse al objeto de la investigación, el caso Koldo, y dejar de "machacar" a Salazar con este asunto, pero la socialista ha querido proseguir su alegato y el popular le ha quitado el turno de palabra, lo que ha levantado la protesta del grupo socialista.  

A renglón seguido, Salazar ha pedido poder responder a las palabras de la socialista y ha incidido en que "en todo el tiempo" en el que ha tenido "responsabilidades" en el partido y en la Moncloa ha "respetado como profesionales y como mujeres" a todas las compañeras con las que ha trabajado.  

Posteriormente, a preguntas de la senadora del PP Rocío Dívar ha negado que ningún cargo del PSOE le exigió la dimisión cuando se conocieron las denuncias en su contra y que trasladó su dimisión al secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien, ha dicho, tenía una relación "de afecto" pero no era un amigo personal.

El exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y presidente del PSN, Bernardo Ciriza, ha señalado este martes que invitaba a Santos Cerdán a las reuniones con el Ministerio sobre obras públicas por su "posición de referencia en el PSOE", donde ostentaba "la Secretaría de Organización y era diputado por Navarra".

Ciriza comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha explicado que "no preparaba" las reuniones con Cerdán y que le contaba lo mismo que a los grupos parlamentarios forales.

Además, ha negado que quisiera "controlar" la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate cuando propuso que el director general de Obras Públicas formara parte de la mesa. La obra fue adjudicada a la UTE formada por Osés Contrucción, Acciona y Servinabar, que según un informe de la UCO sobre el caso Koldo, era de Santos Cerdán al 45%.

Ciriza ha explicado que cuando se reunían con el Ministerio hablaban de todas las infraestructuras y que cada vez que iban, avisaban a Cerdán, que era diputado navarro. "Es parte del trabajo de un diputado en Cortes". También ha aclarado que no participó en todas las reuniones.

Sobre la dinámica de los encuentros, el exconsejero ha indicado que era él quien llevaba "la voz cantante desde Navarra" y que la actuación de Cerdán "era normal, discreta".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, en un turno que ha estado marcado por la bronca con el exconsejero, ha preguntado si es consciente de que "permitió que la trama estuviera perfectamente informada", ante lo que Ciriza le ha acusado de "tergiversar" y ha aseverado: "Entonces no sabíamos" lo que se conoce ahora.

"Si lo hubiera sabido, seguro que no (hubiera invitado a Cerdán). No es cuestión de arrepentirse, sabiendo lo que sé ahora, no lo hubiera llevado", ha respondido.

Ciriza ha negado que quisiera controlar la mesa, cuando Esparza le ha preguntado por un correo electrónico del director de Obras Públicas en el que se menciona que el consejero quería introducirlo en la mesa.

También ha mostrado su confianza en el director general Pedro López, recientemente cesado tras el reparo suspensivo de Intervención al modificado de 8,5 millones en la obra, y todos los miembros de la mesa de contratación. "Confío plenamente en las 8 personas que estaban en la mesa de contratación. No hubiera cesado a López Vera", ha dicho.

Sobre el presidente de dicha mesa, a quien se le prorrogó su vida laboral más allá de los 70 años, Ciriza ha dicho que no era su hombre "en ningún sitio". "Y por lo que yo sé, no era el hombre de nadie. Los ocho eran independientes. Yo de la mesa no he hablado nunca con el director general. He sabido lo de las puntuaciones cuando lo ha sabido todo el mundo", ha dicho sobre la polémica sobre el orden de votación.

Ciriza ha negado que fuera el responsable de la adjudicación, ya que el proceso se cerró cuando él ya "no estaba". "Yo soy responsable del trabajo y esfuerzo que ha hecho la consejería para que Europa no sancione. No soy responsable de lo que hablara en la mesa, de las discrepancias, de lo que cada uno votó con libertad, ni de lo que varios gobiernos no hicieron", ha apuntado.

El juez Arturo Zamarriego, que investiga a Leire Diez por presuntamente tratar de influir en procedimientos judiciales ha cambiado su criterio inicial de permitir la personación en la causa del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama y el magistrado Manuel García Castellón, ya jubilado, al estimar que, como defiende la Fiscalía, no son perjudicados, según informa EFE.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el magistrado estima un recurso de Leire Díez contra la decisión que dictó el pasado 4 de noviembre, en la que aceptaba incluirles en el procedimiento en condición de víctimas o perjudicados por "la búsqueda de información y difusión de la misma respecto a ambos perjudicados" con el presunto objetivo de desacreditarles.

La principal investigada en la causa recurrió al entender que ninguno era perjudicado y la Fiscalía argumentó que efectivamente no concurrían los requisitos legales, según explica el juez en el auto en el que concluye que este criterio es el acertado.

El juez Zamarriego explica que la única relación que tiene con esta causa Víctor de Aldama -investigado en el caso Koldo y por un presunto fraude un hidrocarburos- es la manifestación del guardia civil Rubén Villalba, quien señaló que había tomado notas de las reuniones mantenidas con Leire Díez en marzo de 2025.

Para su letrado esto seria objeto de un delito de revelación de secretos, pero el magistrado concluye que "dichos hechos no guardan relación con los que motivaron la incoación de la presente causa" y lo que pretende es "ampliar la misma a la existencia de un delito de revelación de secretos", por escuchas entre él y su abogado en prisión.

En cuanto al juez jubilado Manuel García Castellón, Zamarrigo explica que en el escrito presentado por su letrada "no hay concreción de ningún hecho que avale su condición de perjudicado" en este proceso, "más allá de indicar que, de diversos artículos periodísticos, se desprendería que la referida investigada presuntamente difundió informaciones presuntamente falsas y todo con la finalidad de menoscabar el honor y la buena e intachable imagen del mismo". "Resulta evidente que dicho menoscabo, de tener en su caso relevancia penal, sería un presunto delito de injurias, ajeno al objeto de la presente causa", añade.

Recientemente el juez del órgano que ahora se denomina Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Plaza número 9 (antiguo juzgado de instrucción 9) también rechazó -como dijo la Fiscalía- las personaciones solicitadas por el exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García porque, explicó, se limitan a argumentar que Leire Díez "habría manifestado tener bajo su control la defensa jurídica de los denunciantes, investigados en otros procedimientos judiciales, pero aportando solo noticias.

Arturo Zamarriego tiene previsto tomar declaración el próximo lunes como testigos en este proceso -en el que están investigados Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolser y el periodista Pere Rusiñol por presunto cohecho y tráfico de influencias- al exdirigente socialista Santos Cerdán, del actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, y del empresario Alejandro Hamlyn.

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha citado al exdirigente socialista Francisco Salazar para que comparezca el jueves 5 de febrero y a la secretaria de Estado para Iberomérica y el Caribe, Susana Sumelzo, el día siguiente, el viernes 6 de febrero, según recoge EFE.

Fuentes del PP han informado este jueves de estas citaciones e indican que Salazar, además de haber dejado sus cargos en el PSOE y en la Moncloa por acusaciones de abuso sexual, podría estar implicado en amaños de los avales de las primarias socialistas en las que Pedro Sánchez fue elegido secretario general por segunda vez.

En cuanto a Sumelzo, quien estaba citada en principio para el lunes 2 de febrero pero la cita fue aplazada por un viaje oficial, tendrá que contestar el día 6 sobre las ayudas públicas a la empresa aragonesa Forestalia, ha apuntado el PP. La comparecencia de Sumelzo, que fue diputada por Zaragoza entre 2011 y 2024, tendrá lugar en el último día de la campaña electoral al Parlamento de Aragón.

Con las comparecencias de Salazar y Sumelzo la próxima semana se alcanzará el centenar de las celebradas en la comisión del caso Koldo en sus veintidós meses abierta.

Paco Salazar renunció a ocupar el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización y a su puesto en el gabinete del presidente en La Moncloa, el pasado 5 de julio tras de la denuncia de varias mujeres del partido de comportamientos "abusivos" cuando era su jefe.

Todo salió a la luz después de la publicación de las testimonios en una noticia de elDiario.es, en la que varias mujeres del PSOE aseguraban que, entre otras cosas, "se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote". A raíz de estas primeras denuncias más mujeres comenzaron a denunciar comportamientos abusivos por parte de varios políticos del partido socialistas y del PP.

Pese a la gravedad de los hechos relatados, el PSOE mantuvo las denuncias sin tramitar durante cinco meses y ambas llegaron a desaparecer del sistema interno, sin que las denunciantes recibieran apoyo, información ni respuesta. Solo tras las revelaciones de elDiario.es Ferraz reactivó los expedientes, alegando un “error informático”.