Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto en Colombia, en el que doce españoles siguen en paradero desconocido, ha informado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

Albares ha trasladado en un audio remitido a los medios de comunicación sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del español fallecido en el terremoto de magnitud 7,4, que el pasado lunes sacudió el país iberoamericano y ha dejado al menos 265 muertos.

Ha informado, además, de que la cifra de españoles no localizados se ha reducido en las últimas horas de 75 a 12 y ha vuelto a pedir a los que todavía no se han puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio que lo hagan.

Los teléfonos de emergencia consular, tanto en Colombia como en los servicios centrales de Asuntos Exteriores están disponibles en sus redes sociales.

Sobre el primer paquete de un millón de euros de ayuda de emergencia para Colombia dispuesto por España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), el ministro ha asegurado que ya está en marcha.

Esta primera ayuda incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

La cifra de muertos por el terremoto asciende a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, según los datos ofrecidos este miércoles por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Los españoles confían poco en su sistema judicial. Tan poco que lo colocan a la cola de Europa en independencia. En gran medida, por la percibida influencia política. Eso es, al menos, lo que muestran las últimas encuestas sobre la materia. Un 65% de los ciudadanos, según un sondeo reciente de 40dB., considera que en nuestro país existe lawfare. Y solo un 32% ve justas o imparciales las resoluciones sobre asuntos políticos. Un asunto, el de la guerra judicial, que ha marcado buena parte del debate político en la presente legislatura. Desde el Gobierno se han cuestionado abiertamente determinadas investigaciones judiciales. O se han puesto en duda las "distintas velocidades injustificadas" de los jueces.

La justicia, con carácter general, es lenta en nuestro país. Y no se puede negar la existencia de distintos ritmos en la resolución de procedimientos. Tengan o no impacto político y mediático. Sean casos civiles o penales. Pero eso, sostiene un magistrado en conversación con infoLibre, tiene más que ver con el tipo de órgano judicial que lleva el asunto y con la complejidad del mismo que con maniobras políticas. Así, por ejemplo, mientras que en 2023 –último dato disponible– un asunto en procedimiento penal tardaba de media 2,5 meses en resolverse en los juzgados de instrucción de Madrid, en La Rioja ese plazo ascendía a 5,2 meses. Y lo mismo con los pleitos por accidentes laborales: de los 10,4 meses de Euskadi a los 40,9 meses de Andalucía.

El Tribunal Supremo impuso hace solo un mes el castigo más severo a un exministro. La Sala de lo Penal condenó a José Luis Ábalos, extitular de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, a 24 años y tres meses de cárcel por el caso Mascarillas, centrado en los contratos millonarios para la compra de cubrebocas adjudicados en plena pandemia a una sociedad vinculada al comisionista Víctor de Aldama. La más alta instancia judicial se hizo cargo formalmente de este caso el 5 de noviembre de 2024. Es decir, que en veinte meses el Alto Tribunal completó la investigación, celebró juicio y emitió resolución condenatoria contra el exministro, su exasesor Koldo García y el comisionista.

Esos son, más o menos, los plazos en los que se ha movido el Supremo en las últimas causas especiales de las que se ha hecho cargo. Prácticamente dos años duró el procedimiento contra los líderes del procés. O dos años y dos meses se alargó el caso contra el senador de Coalición Canaria Pedro Manuel Sanginés, que resultó absuelto de los delitos de denuncia falsa y falso testimonio. Algo más rápida fue la causa contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz: poco más de un año desde que se asumió por la Sala Penal hasta que se hizo pública la sentencia. O contra el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que se prolongó poco más de un año en el Alto Tribunal –si bien estuvo seis dormida en un juzgado de La Laguna–.

El Alto Tribunal es más un órgano de casación que de enjuiciamiento. Al fin y al cabo, solo es competente para instruir y enjuiciar causas contra miembros de altos órganos del Estado –desde el presidente del Gobierno y ministros hasta diputados, magistrados del Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre otros–. Eso explica la rapidez a la hora de investigar. Y la relativa facilidad para encontrar hueco en el calendario para celebrar, llegado el caso, la vista oral. Al fin y al cabo, no son muchos los procedimientos de este tipo. La memoria de 2024 del Supremo, por ejemplo, solo destacaba las causas contra García Ortiz, Ábalos o el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar por un delito contra la seguridad vial.

El máximo órgano judicial también investigaba hasta comienzos de este mismo año otra de las derivadas del caso Koldo. En concreto, la que salpica a Santos Cerdán, el sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización socialista, por una supuesta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de mordidas. Pero la renuncia del exministro de Transportes al acta de diputado que conservaba hasta el momento dejó la causa sin aforados. Y obligó al Tribunal Supremo a derivarla a la Audiencia Nacional para su continuación. Un cambio de competencia que, según asumían entonces algunas defensas, va a alargar la resolución definitiva del caso.

Un buen ejemplo de ello está en el anteriormente citado caso Mascarillas: mientras que la carpeta de los aforados ya está cerrada en el Supremo, la parte que se quedó en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional por no pertenecer los investigados a altos órganos del Estado aún está bajo investigación. Los tiempos en este órgano judicial nada tienen que ver con los que se manejan en el Alto Tribunal. En algunos casos, los procedimientos se alargan durante años. A finales de enero, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional alertó de una situación "próxima al colapso" y solicitó la puesta en marcha de dos juzgados más de instrucción.

"Está francamente mal, acumula mucho retraso", resume un magistrado. Los juicios, en ocasiones, se están fijando a dos, tres y hasta cuatro años vista. El de Kitchen, una investigación que se inició hace casi ocho años, acaba de quedar visto para sentencia. Y si nada cambia, la vista oral contra el expresidente madrileño Ignacio González por el supuesto amaño de contratos para la construcción y explotación del campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II se celebrará una década después del inicio de las pesquisas. El caso Lezo, de la que forma parte esta pieza separada, empieza ahora a ser enjuiciado. Y aún sigue coleando, más de una década después, el caso Púnica, que persigue al exconsejero y ex secretario general del PP madrileño Francisco Granado.

En diciembre, la Audiencia Nacional dictó sentencia en una de las piezas de este último procedimiento. 11 años después de su inicio. Un tiempo de respuesta que, resaltó el tribunal, "excede" lo "razonable", lo que obligó a los magistrados a aplicar a las condenas una rebaja por dilaciones indebidas. La tardanza, dijo, estaba motivada por, entre otros "déficits estructurales", la "sobrecarga" de macrocausas que acumula la Sala Penal. Entre ellas, Gürtel, que 16 años después de su estallido acaba de celebrar su último juicio. En la velocidad de los procedimientos también influye, por tanto, el tamaño de las causas o la complejidad de las mismas, que en muchos casos requieren de unas comisiones rogatorias a otros Estados que irremediablemente las alargan.

La lentitud en algunas causas contrasta, sin embargo, con la rapidez en otras pocas. El caso de las tarjetas black de Caja Madrid, por ejemplo, quedó resuelto en poco más de dos años, tiempo que pasó desde el inicio de la investigación hasta la sentencia emitida por la Audiencia Nacional –penas que, en algunos casos, corregiría el Supremo a finales de 2018–. Y, sin embargo, el caso Bankia, del que derivó el anterior, se prolongó durante más de ocho años, que es lo que se demoró el primer fallo absolutorio –luego confirmado por el Alto Tribunal– desde el comienzo de las pesquisas.

Y luego están los juzgados ordinarios. Ahí, la velocidad de la causa depende del órgano en la que caiga, del estado en el que se encuentre, de la saturación que afronte, de los medios de los que disponga o de la complejidad y el tamaño del procedimiento. Porque no es lo mismo aquellos con solo un acusado que los que acumulan decenas de ellos. Un ejemplo de esto último lo encontramos en el caso Montoro, con una treintena de imputados maniobrando con un equipo legal de primerísimo nivel para intentar "cargarse", en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, más de siete años de investigación bajo secreto.

Los ritmos también están condicionados por las dificultades con las que se pueda ir encontrando el instructor por el camino. Ahí está el caso de la supuesta estafa de la consultora Sinclair&Wilde al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de medio millón de mascarillas en pandemia, que no termina de despegar por las dificultades para localizar e interrogar al empresario investigado.

En algunos casos también dependen de la diligencia de los investigadores o los propios instructores. Seis meses tardó, por ejemplo, el magistrado Antonio Viejo en autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y cuatro meses tardó el juzgado en remitir a los investigadores copia del procedimiento en el que se indaga si la compra de una sociedad sin valor aparente por parte del empresario podía esconder una comisión encubierta a un directivo de Quirón.

González Amador se sentará en el banquillo por fraude fiscal. Sin embargo, diez meses después del auto de apertura de juicio oral, aún no se ha fijado fecha para la celebración de la vista oral. Se hará, según un escrito remitido a las partes por el Juzgado de lo Penal nº19 de Madrid, "considerando la sobrecarga y circunstancias que pesa" sobre el órgano judicial y "cuando las razones de agenda lo permitan".

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha afirmado ante el juez Santiago Pedraz ser víctima del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del que ha dicho que estaba en su "listado de víctimas", y por tanto también de la trama de Leire Díez.

Por ello, ha considerado que ambos la utilizaron o trataron de implicarla sin que ella conociera el verdadero alcance de sus actuaciones, han informado a EFE fuentes jurídicas.

En su declaración como imputada, que se ha prolongado algo más de hora y media, González ha negado así haber colaborado con ninguna "cloaca" ni haber participado en maniobras para frenar procedimientos judiciales sensibles para el PSOE, el Gobierno o el entorno de Pedro Sánchez.

González, que sólo ha reconocido dos encuentros con Leire Díez para tomar café, ha asegurado que Cerdán sentía animadversión hacia ella y que estaba en su "listado de víctimas", por lo que de haber sabido que la exmilitante socialista se reunió con ella a instancias del exsecretario de organización del PSOE nunca se habría sentado a hablar con ella.

El encuentro que ha dicho González que no reconoce es precisamente el del 20 de diciembre de 2024, que fue cuando a Leire Díez le pusieron una multa de aparcamiento, porque, según ha dicho, ha revisado sus agendas y no le consta que ese día se vieran.

Sí ha admitido un primer encuentro el 30 de septiembre de 2024 en el que Leire Díez le comentó que estaba trabajando como periodista freelance y le felicitó por haber sido nombrada de nuevo directora de la Guardia Civil, lo que le parecía "un regalo de la vida".

Su segundo y último encuentro tuvo lugar, según su versión, el 2 de abril de 2025 y ella lo cortó drásticamente cuando Leire Díez le propuso restituir al comandante de la guardia civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

González ha sido también preguntada por la llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la que hizo ayer referencia en su declaración como imputado el DAO, Manuel Llamas, cuando salió publicada en un medio la dirección de correo de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que aparecía en un informe de la UCO aportado a la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

A este respecto ha relatado que Marlaska le envió la noticia al móvil pero como ella iba en un AVE y en ese momento no tenía mucha cobertura, el ministro llamó al DAO y este ya le informó de que había abierto un expediente por esa filtración.

Según explicó ayer el DAO, Marlaska le comentó que la publicación de la dirección del correo había provocado que este colapsara con mensajes de insultos a Begoña Gómez y este le informó de que ya había abierto una información reservada sobre este asunto al ver que se habían incorporado a ese informe correos ajenos a la investigación, entre ellos de Begoña Gómez, del presidente del Gobierno y de una sobrina menor de edad.

González ha desvinculado también la apertura de los tres expedientes a la UCO de sus cafés con Leire, con la que ha dicho que en esos años solo se intercambió una llamada.

Respecto a la activación del borrado temporal de mensajes, que la UCO vincula a la fecha en la que se ordenó la apertura de una información reservada a raíz de a publicación de unos mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, ha indicado que tiene activada esa misma función con unos 80 contactos que no considera importantes.

El magistrado Santiago Pedraz ha pospuesto hasta este viernes la declaración como imputada de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco del caso Leire. El aplazamiento se debe a que el interrogatorio del teniente general Manuel Llamas, actual director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, se ha prolongado más de lo previsto durante la mañana.

Según la investigación, la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo con Mercedes González "diversas comunicaciones telefónicas" y tres encuentros acreditados, dos el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el tercero el 2 de abril de 2025.

González terminó admitiéndolos en su comparecencia en el Senado el 16 de junio, si bien hizo hincapié en que se limitaron a tomar un café para hablar de asuntos banales.

No opinan lo mismo el juez y la Fiscalía, que le atribuyen a ella y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, a la luz de lo desvelado por la UCO en uno de sus informes, en el que aporta indicios de la presunta implicación de ambos en el objetivo de desacreditar a esta unidad.

La Fiscalía apunta a tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones y "en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares" por orden del DAO "o, en su caso, la directora general de la Guardia Civil".

En el marco de uno de esos expedientes se solicitó a la Jefatura de la UCO un listado de los agentes con relación directa en las investigaciones judiciales concernientes al Gobierno y ello "sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información".

La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díez y sospecha que está detrás de la decisión de que se abriera el 12 de mayo de 2025 la información reservada para investigar si esta unidad era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno publicados en el diario El Mundo.

Publicación que la UCO relaciona con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados.

Constan además comunicaciones telefónicas con posterioridad a que las citadas notas de despacho le fueran entregadas al DAO (29 de abril y 6 de mayo de 2025) y que este manifestara al general jefe de la Policía Judicial que la directora general estaba informada de su contenido.

"Se desconoce, y deberá ser objeto de aclaración en las declaraciones que presten ambos investigados, si en ese momento la directora general de la Guardia Civil había informado ya al DAO de que conocía a Leire Díez y había tenido con ella al menos 3 encuentros, así como un contacto telefónico con ella esa misma mañana", apuntaban las fiscales en el informe en el que pidieron imputar a ambos.

A la Fiscalía también le llama le atención que en una reunión en presencia del ministro del Interior, González tampoco hiciera constar que se hubiera "entrevistado con Leire Díez". 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO del cuerpo, Manuel Llamas, en el caso Leire.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el juez ha citado a ambos a declarar como imputados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia el próximo 16 de julio en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.

Pedraz ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción poco después de que solicitara la imputación de Mercedes González y de Manuel Llamas por esos mismos delitos.

Fuentes de Interior aseguran que el ministro Marlaska "mantiene su confianza" en ambos y que "seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera".

La acusación popular unificada en esta causa, que encabeza el PP, pidió ayer la imputación de ambos y del ex director general del instituto armado, Leonardo Marcos, si bien la Fiscalía no ha reclamado la de este último.

Estas nuevas imputaciones se producen tras las declaraciones que prestaron como testigos la semana pasada varios mandos de la Guardia Civil, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el juez que el DAO Manuel Llamas pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", si bien deslizó que no se sintieron presionados.

Por su parte, Mercedes González compareció el pasado 16 de junio en el Senado donde negó haber participado "jamás, nunca" en ninguna "trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".

Según la investigación, Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo negó en el Senado que en sus breves encuentros con ella se hablase de eso.

En sus informes la UCO apunta a tres encuentros de Mercedes González con Leire Díez el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díaz y sospecha que la exmilitante socialista estás detrás de la decisión de que se abriera una información reservada para investigar si la UCO era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez publicados en el diario El Mundo.

Publicación esta que la UCO relaciona con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados.

"El primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo, resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas", señala el informe.

“La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que, todavía hoy, sigo escuchando. No fue un ruido especialmente fuerte, pero fue definitivo. Quince días antes estaba sentado en una mesa donde se tomaban decisiones que afectaban a todo un país. Quince días después, estaba solo, en nueve metros cuadrados, intentando entender cómo había llegado hasta allí. Ese contraste no es progresivo, es violento”.

Así describe el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán su ingreso en prisión. Y lo hace en el libro La caída: poder, relato y destrucción en la era del juicio político, escrito en buena parte en Soto del Real. Un texto autoeditado y distribuido a través de Amazon en el que se presenta principalmente como víctima de un “juicio político” y en el que plasma su particular visión del poder, la justicia y los medios de comunicación, además de reivindicar el principio de la presunción de inocencia.

Cerdán plantea como principal idea que su caída en desgracia política y judicial se debe a su papel para construir mayorías que parecían imposibles, como la de la investidura de Pedro Sánchez después de las elecciones del 23J. Y pone también el foco en una supuesta operación contra él por ser el encargado de negociar durante estos años con el PNV y con Junts, dos formaciones clave para sustentar al socialismo en el Palacio de la Moncloa.

Pero los silencios y omisiones son también muy elocuentes. No hay ninguna mención a la exmilitante Leire Díez, con la que supuestamente orquestó una operación para boicotear investigaciones judiciales relacionadas con el Gobierno y con el PSOE. Tampoco hace mención al exasesor Koldo García, con el que supuestamente formó parte del entramado para cobrar mordidas por adjudicaciones de contratos de obra pública. Un libro que respira aire de defensa ante los tribunales.

A José Luis Ábalos, su gran compañero durante años en el partido y ahora condenado a 24 años de prisión por el caso Mascarillas, solo lo cita una vez con su apellido en todo el libro. En concreto, lo hace al recordar el momento de la reunión en Ferraz capitaneada por Pedro Sánchez para decidir si se presentaba la moción de censura, que posteriormente marcaría el giro inesperado que ha determinado la política española desde junio de 2018.

Lo que sí quiere dejar por escrito el navarro es su versión de que fue él quien decidió dimitir de su cargo como secretario de Organización el mismo día que se publicó el informe de la UCO sobre sus actividades. Relata que lo leyó en su escaño en el Congreso, durante la sesión plenaria: “El hemiciclo sigue ahí, yo ya no”. “Lo que leo no tiene sentido, interpretaciones sin sustento, afirmaciones que no reconozco y, sobre todo, unos audios que no son conversaciones mías”, afirma.

Según Cerdán, se fue posteriormente a su despacho en la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz y allí tomó la decisión, junto a su equipo, de dejar su puesto orgánico y su escaño en el Congreso. Deja esta idea: “Nadie me pidió la dimisión. Fue una decisión propia, convencido de que era mi obligación, de que era la única forma de poder defenderme”.

En ese momento, prosigue Cerdán, recibió otra llamada de Sánchez para pedirle que fuera a Moncloa. Relata entonces: “Le explico lo que estoy leyendo, que las acusaciones son muy graves, que no las reconozco, que no tiene sentido. Pero también le digo que tengo la decisión de dimitir tomada”.

Pero lo peor, añade Cerdán, no fue la caída “institucional”, sino la “personal, emocional y vital”. Ahí sí expresa su pesar por la decisión del PSOE de que el abogado del partido dejara de representarlo y le comunicara que debía buscar una defensa por su propia cuenta. “Me encontré solo”, escribe, para luego hablar del “golpe definitivo” cuando el Tribunal Supremo ordenó su ingreso en prisión.

“Nadie ha explicado qué pruebas podría destruir ni por qué ese riesgo era real para justificar una medida tan extrema como la entrada en prisión”, se queja Cerdán, quien dice que no quiso ni comprar una televisión en la cárcel para no ver el tratamiento mediático que estaba recibiendo.

Cerdán carga contra el ecosistema de justicia y medios: “La combinación de filtraciones selectivas, investigaciones prolongadas y cobertura mediática masiva genera un entorno en el que la sospecha se transforma en una verdad socialmente aceptada. A partir de ahí, la justicia deja de percibirse como proceso y pasa a convertirse en escenario”.

Su reflexión pasa por esta línea: “Se utiliza la justicia como instrumento de gestión y de comunicación. El objetivo es influir en la opinión pública y generar un determinado clima social, para lo cual se instrumentaliza el derecho dentro de una guerra política mucho más amplia que mi caso”. Con esta apreciación: “Y cuando esto sucede, nadie, y digo nadie, está completamente a salvo”. Para lamentar también que el informe “demoledor” de la UCO sobre él ya se venía anticipando en la prensa desde un año antes de su publicación.

Asimismo, también habla de los momentos elegidos para ir contra él y pone, como ejemplo, la publicación de una noticia sobre el supuesto pago de Víctor de Aldama de una comisión de 15.000 euros en un bar cercano a la sede del PSOE. Esa noticia apareció justo cuando iba a arrancar el congreso federal en Sevilla, en el que Cerdán fue reelegido secretario de Organización. 

Cerdán alimenta en el libro la idea de que su caso forma parte de un juicio político contra él principalmente por haber armado esas mayorías “imposibles”, especialmente a través de su conexión con el PNV, EH Bildu y Junts. Sobre los nacionalistas vascos, cuenta cómo cerró el apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy la noche anterior, aunque se pactó que fuera Aitor Esteban el que anunciara su voto durante la propia sesión plenaria.

Pero, añade el exdirigente socialista, “un antes y un después” de su vida fue la relación con Junts. Fue un encargo directo de Sánchez, pero mucho antes de la investidura. El jefe del Ejecutivo le pidió abrir una vía de diálogo ya pensando que los posconvergentes serían necesarios después de las elecciones generales de 2023. Ese acercamiento se inició con la ayuda del PNV, que sirvió de contacto para que el entonces secretario de Organización se viera con Jordi Turull en Bilbao por primera vez. 

Hubo conversaciones muy discretas durante meses. El otro gran punto de inflexión fue la reunión con Carles Puigdemont en Bruselas, con foto incluida. Para Cerdán, aquel acuerdo “simbolizó un cambio de etapa” porque abrió la puerta a la investidura de Sánchez y a la Ley de Amnistía, “con todo lo que ello acarreaba”. “Todo se puso en marcha aquel día”, dice.

Según Cerdán, “los ciudadanos no votan para el conflicto, sino para que se resuelvan sus problemas”. “Pero esa forma de entender la política tiene un precio. Porque moverte entre posiciones distintas, construir acuerdos y hacer posible lo que otros consideran imposible también genera incomodidad”, remarca.

Por eso, el ex secretario de Organización del PSOE abona esta tesis del juicio político con frases crípticas como que el “contexto” hace que la “caída parezca un hecho aislado, cuando en realidad no lo es”. Y remata: “Es el resultado de una trayectoria, de un rol y de un conjunto de dinámicas que en algún momento convergen y lo hacen sin avisar”.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en la causa que investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno a 25 personas, entre las que figura la presidenta de la Sepi, Belén Gualda.

Otros imputados son el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga Arona; la directora corporativa de esta empresa Rosário Arévalo Sandez; el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el exmiembro del consejo consultivo andaluz y catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo y estrategia en Isdefe, María Teresa Castillo Pasalodos, y el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere Vera.

También, el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi, Julián Mateos Aparicio Priet; el exinterventor general de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Figueroa Teva; el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta; el exconsejero de la empresa Jesús Pérez Rodríguez Urrutia; el director corporativo de Sepi Miguel Ángel Santiago Mesa, y el consejero delegado de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras.

Asimismo, los directivos de Sepi Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra; el letrado de la Junta de Andalucía Fernando Albert Aragon, y el hijo del dueño de Forestalia Antonio José Sánchez Campos.

También figuran como imputados María de la Concepción Ortiz Fuerte; Marcos López Domingo; Fernando Samper Rivas; Roberto Pérez Águeda; Eduardo Pérez Águeda; Carmelo Aznarez Pellicer; Juan Ignacio Fernández-Micheltorena y Mikel Arrarás Abejón.

En una providencia fechada este lunes, Pedraz indica que, tras analizar un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, procede investigar "indicios de criminalidad".

Se trata de la trama que habría presuntamente realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO, que entre otros asuntos incluye el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda.

A cambio de esta gestión percibieron un total de 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera "mendaces" ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones efectuadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.

Pero la decisión de Pedraz amplía el foco de la investigación a otras empresas, y no se limita a los 112,8 millones de euros que recibió Tubos Reunidos.

Para la Fiscalía Anticorrupción, existen indicios fundados de irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas, además de Tubos Reunidos: Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.

Además, la UCO señala el destacado papel que habría desempeñado el que fuera presidente de la Sepi, Vicente Fernández, que "con razón de esta operativa" -sobre Tubos Reunidos- "habría facturado 40.000 euros".

Los agentes sospechan asimismo que en un periodo en el que todavía no se había producido el nombramiento de un nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández "habría continuado de facto actuando como tal", y han constatado "su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones"

Máxima expectación en el Senado. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció en la Comisión de Interior este martes en plena polémica por sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez. Con este mensaje por bandera: "No he participado jamás, nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO ni contra la UDEF ni contra cualquier unidad. Ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna persona".

González, durante una comparecencia que superó las dos horas, precisó que no se reunió con Díez en alguna dependencia oficial de la Guardia Civil y afirmó que nunca ha adoptado alguna medida "contra algún agente de la UCO o de la UDEF como elemento de presión para alterar investigaciones que afectan al Gobierno".

"No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna unidad", añadió la directora de la Guardia Civil, que subrayó a la vez: "Nunca me he reunido con agentes o mandos para interesarme por investigaciones".

“No creo haber faltado a mi deber, he cumplido con dignidad cada una de mis obligaciones”, prosiguió González, que puso en valor su “ética, responsabilidad y trabajo”. 

Asimismo, quiso mostrar su “respeto, admiración y cariño por la Guardia Civil”: “Esta es mi casa”. Para enlazar con esta idea: “No controlo a nadie por la puerta de atrás. Lamento que el cuerpo se haya visto afectado. Mis más sinceras disculpas”. La directora de la Guardia Civil desoyó en todo momento las exigencias de dimisión por parte del PP y de Vox.

González detalló que supo por primera vez de Díez cuando era delegada del Gobierno en Madrid y la exmilitante ocupaba la dirección de Relaciones Institucionales de Correos. Se intercambiaron varios mensajes siempre relacionados con la situación de conflictividad laboral en esa empresa: “Nunca nos conocimos personalmente [en aquella época]” .

Ahí se adentró en los tres encuentros que señala el informe de la UCO cuando ya González estaba al frente de la Guardia Civil. Reconoció que la primera vez fue tras su nombramiento en una cafetería cercana a la sede de la Benemérita: “Nos vimos personalmente, tuvimos un breve encuentro en el que me trasladó su situación laboral y me comunicó que volvía al periodismo como freelance”.

“No me dijo ni dónde ni para quién trabajaba. Nunca habló de alguna investigación en curso. Fue una mera toma de contacto”, relató, para mostrar luego su impresión de que la buscaba para algún tema de relación laboral o para su agenda como informadora.

Señaló que no recuerda el “segundo hipotético encuentro” que aparece en el informe de la UCO: “Ese día y a esa hora estaba reunida en las instalaciones de la Guardia Civil”.

El tercer encuentro se produjo el año pasado, describió González, quien indicó que fue también en una cafetería y que Díez empezó hablándole de la situación de salud de un familiar. En un momento, la exmilitante le plantea que el agente Rubén Villalba —quien se encuentra imputado por corrupción en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Koldo García— vuelva a su anterior destino. La directora de la Guardia Civil rechazó “de plano” esa posibilidad y dio por terminado el encuentro de manera inmediata.

“Desde entonces no volví a mantener ningún tipo de encuentro. Jamás volví a verla”, apostilló, para indicar que los únicos tres encuentros que mantuvo con Díez fueron “cortos” —”no más tiempo de un café”—, y “sin temas predeterminados”. “Nunca me pidió ni frenar ni entorpecer investigación alguna en curso”, remarcó.

Con este resumen final: "Fueron dos cafés, punto. O tés, porque todo el mundo sabe que yo no como ni tomo café”. El paso de González por el Senado no deja ninguna información nueva respecto a la que aportaron fuentes de su entorno tras conocerse el informe de la UCO.

González dijo que ni ella ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mentido sobre su relación con Díez: “No he negado que la conozca. Pero no he mantenido ninguna reunión con Díez para esa supuesta campaña de intromisión y de intentar entorpecer una investigación”.

Asimismo, indicó que “jamás, nunca” se ha visto algún miembro de su gabinete con la exmilitante. Y también manifestó que “jamás, nunca” han salido fondos reservados para pagar a Díez.

Ante las acusaciones de las derechas de influir en la UCO, la directora de la Guardia Civil mantuvo que el teniente general Antonio Balas sigue en su mismo puesto, y lo ha defendido por su labor "escrupulosa".

"Yo he dicho siempre la verdad. Nunca he perseguido a los míos. Nunca he hecho daño a un agente, ni he frenado ninguna investigación. Jamás, nunca. Nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes pueden adornarla con todas las mentiras", resumió González al final de la comparecencia.

Para despedirse con un mensaje contra "la política de la rabia" y la "jauría". Con una llamada al "diálogo": "La democracia no es un juguete, es un tesoro. Debemos protegerlo. Esto tiene que empezar aquí".

No figura como investigada en la causa seguida en la Audiencia Nacional sobre la supuesta trama para "desestabilizar" cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar "en los intereses" del PSOE y el Gobierno. Ni la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, al menos por el momento, su imputación. Pero la investigación del llamado caso Leire Díez ha puesto en una posición delicada a la exdelegada del Gobierno en Madrid y actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Este miércoles comparece en la Comisión de Interior del Senado. Lo hace a petición del PP. Sobre la mesa, tres reuniones con la llamada fontanera, varias investigaciones internas en la Benemérita y un borrado de mensajes que levanta no pocas sospechas.

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporados a la causa seguida en el Juzgado Central de Instrucción nº5 dan cuenta, entre otras cosas, de las maniobras de la trama contra la Guardia Civil. Y, en especial, de la relación entre Díez y González. Los investigadores dan por acreditadas, al menos, tres reuniones entre ambas. La primera, de la que tienen constancia por una nota en el teléfono móvil de la fontanera, se celebró el 30 de septiembre de 2024, un par de semanas después de que la segunda llegase a la jefatura de la Guardia Civil. Uno de los objetivos de este encuentro, sostienen, "habría sido intermediar" para que una asociación de la Guardia Civil pudiera reunirse con la directora para tratar la "equiparación salarial".

No obstante, para diciembre los agentes ya observan "los primeros elementos" de los que "se evidencia" que Díez "estaría haciendo llegar" a González, a la que conocería de tiempo atrás –grabó su contacto en el móvil en junio de 2022– "información derivada de la actividad aparentemente delictiva" que en ese momento "se venía desarrollando" y que "habría tenido como uno de sus objetivos" al Instituto Armado y, más en concreto, a su unidad de élite. Llegan a esta conclusión a raíz de una reunión que mantuvo la fontanera con, entre otros, el capitán Juan Sánchez Yepes, quien dio información sobre la estructura de la UCO, de la que había formado parte durante casi tres lustros. "Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil [...] es de mi confianza", le dijo la fontanera.

El segundo encuentro entre Díez y González fue, siempre según el relato de los investigadores, el 20 de diciembre de ese mismo año. Pocas horas después, la primera trasladaba sus impresiones del encuentro a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "¿Cómo te fue con la Benemérita?", pregunta él. "Con la Benemérita bien. Ya tengo las causas que tenía en papel digitalizadas. Miraré el nombre que me dijiste. Le he comentado un poco por encima lo de los parkings. Me ha dicho que va a mirar pero que ya se lo cobraré [sic] con más detalle. Como le tengo que dar lo de hidrocarburos también si quieres lo preparamos. También le he pedido cosas para Garibaldi", responde ella en varios mensajes.

Las pesquisas sitúan la tercera reunión entre ambas el 2 de abril de 2025. En los meses anteriores constan, según los investigadores, una llamada de 13 segundos realizada por González a Díez o un mensaje de la fontanera al expresidente de la SEPI recordándole su relación con la jefa del Instituto Armado: "Recuerda que tengo amistad con la DG de la GC". Y un par de encuentros de Díez con otro guardia civil: el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo. De ellos, el agente elabora actas, en las que hace constar, entre otras cosas, que Díez daba cuenta a la directora general de los encuentros que estaban manteniendo ambos: "Le trasladó que era un gran profesional, que no estaba solo".

Los investigadores presumen "la realidad" de esta tercera cita entre González y Díez apoyándose en las conversaciones sobre la misma que esta última mantiene con varios interlocutores. "Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo alimentando esa vía", decía la fontanera a uno de ellos. González, según fuentes de su entorno, reconoce tres encuentros. Los dos primeros fueron una "mera toma de contacto" en la que no se habló de nada relacionado con el Instituto Armado. En cuanto al tercero, Díez preguntó si había alguna posibilidad de que Villalba regresara a su puesto de trabajo, algo que González rechazó "de plano", recordándole que estaba investigado y dando por finalizada "inmediatamente" la reunión.

A finales de ese mes de abril, y tras la publicación en El Confidencial de una de las reuniones de la fontanera, la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró una nota de despacho en la que se advertía de las maniobras de Díez para atacar no solo instrucciones llevadas a cabo por la UCO, sino también a sus investigadores, "personalizando acusaciones injuriosas sobre los mismos". Un asunto sobre el que también alertó el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO en otro escrito, en el que ponía de manifiesto que la fontanera presumía de tener "un control absoluto" sobre la directora general de la Guardia Civil. Advertencias que el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, dijo haber puesto en conocimiento de González.

Los investigadores ponen de relieve que la jefa del Instituto Armado era conocedora de lo que estaba ocurriendo, al menos, desde el 8 de mayo. Pese a ello, los contactos siguieron. Un día después, Díez le habría escrito de nuevo jugándose una comida apostando a que las filtraciones del caso Ábalos estaban saliendo de la UCO. En el entorno de Gónzalez han reconocido a la Cadena Ser que esos mensajes llegaron y que se respondieron. Sin embargo, ninguna constancia de ellos queda en el chat de WhatsApp, en el que los agentes destacan dos mensajes automáticos del 11 de mayo. El primero, sostienen, "resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva". En cuanto al segundo, refleja que se ha activado el "borrado automático de mensajes" cada 24 horas en la conversación.

Al día siguiente, según la cronología que se recoge en un informe ampliatorio conocido este mismo lunes, el director adjunto operativo de la Guardia Civil puso en marcha la apertura de una información reservada para investigar la filtración de una serie de mensajes intercambiados entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –comunicaciones que, en realidad, habría desvelado el primero–. Un expediente que se cerró dos semanas más tarde, "sin haberse practicado ninguna actuación" y tras una advertencia del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo-Ábalos, quien avisó de que abriría diligencias contra los responsables si no daban marcha atrás.

No es, sin embargo, la única investigación interna bajo la lupa de la UCO. En sus informes también ponen el foco sobre otras dos informaciones reservadas abiertas. La primera, en diciembre de 2024 por orden del DAO tras la inclusión en un informe aportado a la causa del hermano del líder del Ejecutivo de una cuenta de correo electrónico usada por su esposa. "El instructor de la información reservada concluyó la misma 'sin identificar responsabilidad disciplinaria’ pero sí requiriendo al jefe de la UCO que amonestase verbalmente al analista que, en su calidad de miembro de la Policía Judicial, había realizado el análisis de los correos electrónicos por orden de la autoridad judicial", resalta en su último informe.

En cuanto a la segunda, se incoó en septiembre de 2025 por orden de la directora general de la Guardia Civil tras una noticia aparecida unos meses antes en un diario. Lo hizo al entender que el origen de la información era una filtración de mandos del Instituto Armado y algún integrante de la UCO. Pero un mes después, se archivaron las actuaciones al entender que el artículo no mencionaba que las fuentes tuvieran su origen en la unidad de élite de la Guardia Civil. Sus referencias son ambiguas, tales como 'fuentes conocedoras del conflicto', 'un alto mando', 'fuentes de toda solvencia', o 'es un secreto a voces", resaltó el general instructor cuando dio carpetazo al asunto.

Eso lo están deseando todas las fuerzas mediáticas, políticas y judiciales de la derecha y ultraderecha. Están como locos para imputar a Pésanchez como responsable político en el caso Leire Diez. 

Sin embargo, según la UCO, el hasta ahora único jefe la trama criminal en el PSOE es Santos Cerdán. Pero este niega su implicación en el caso Leire y acusa a la UCO de “destrozar personas”. El ex secretario de Organización del PSOE emite un comunicado en el que defiende que no hay ningún “mensaje o comunicación” que sustente su participación en dicha trama.

El magistrado emérito Martín Pallín estalla contra el caso Leire y deja una frase que sacude España: “si la imbecilidad fuera delito, les impondría la pena máxima”. No es una declaración de un tertuliano ni un comentario improvisado en redes sociales. Todos sabemos que estas palabras son de un magistrado emérito del Tribunal Supremo, una de las voces más reconocidas del ámbito judicial español.

Esta frase, cargada de ironía, esconde una crítica demoledora a lo que, según las investigaciones conocidas hasta ahora, “habría sido una presunta operación destinada a obtener información sensible relacionada con causas judiciales que afectaban al entorno político del PSOE.”

Martín Pallín no solo puso el foco sobre Leire Díez y Santos Cerdán, sino que también abrió una reflexión mucho más profunda sobre los límites entre política y justicia, sobre el deterioro de la confianza institucional y sobre la creciente sensación de que España vive atrapada en una batalla permanente donde tribunales, medios y partidos políticos parecen moverse dentro del mismo campo de combate.

Por otro lado, el exjuez Baltasar Garzón afirma: "Sí existe el lawfare”. (Ya saben, lawfare es el uso estratégico o instrumental de los procedimientos legales y judiciales para atacar, desprestigiar o neutralizar a un oponente. Consiste en utilizar las instituciones de justicia con fines políticos o de interés –judicialización de la política–). “Hay que poner nombre a las cosas para poder evitar que sucedan". El magistrado publica 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (Planeta), un ensayo en el que alerta desde las conspiraciones judiciales hasta las consecuencias que tienen las políticas de Donald Trump o los bulos. 

Y así sucede con el último caso de Leire Diez, que es un buen ejemplo de ello.

Y sigue Baltasar Garzón: "La derecha cree que el poder es suyo y sigue con códigos de la dictadura". El libro reflexiona sobre el auge de la ultraderecha y llama a los progresistas a frenar su avance.

Y en los autos contra el PSOE, vemos demasiadas coincidencias en investigaciones, a la vez, sobre Zapatero, sobre Pésanchez, su mujer, su hermano, sobre el partido socialista, etc.

Continúa Garzón: "Con este sistema judicial no me apetece en absoluto formar parte del ejercicio de la profesión de juez. No cuestiono la sentencia. Ya recurrí al Tribunal Constitucional y no se me hizo caso, pero el comité de derechos humanos de la ONU ha dicho que los efectos se tienen que reparar.” “Si no lo entiende así el Tribunal Supremo, volvemos a un problema grave: la interpretación en materia de derechos humanos de la justicia española es más que cuestionable".

“La presunción de culpabilidad de Zapatero es grave. Si se imputa un tráfico de influencias, habrá que demostrar que ha existido; mientras tanto, deberíamos ser prudentes a la hora de calificar, no por tener relación con Venezuela ya es malo, mientras que tenerla con el señor Donald Trump es palabra de dios". Y en el caso de la imputación a Pésanchez nos parece una medida exagerada. “Y es que las investigaciones de la UCO no son autos de fe”.

Silvia Intxaurrondo: "El teniente coronel Balas está en las investigaciones del hermano del presidente del Gobierno, en la de Leire Díez y en la del FGE. Todo el respeto para su trabajo, pero ha cometido errores de bulto. Es importante también conocer la relación de los investigados, los investigadores... Y también de un historial de ciertos errores en la investigación".

El periodista E. Ekaizer ratifica que “los informes de la UDEF sobre Zapatero son una buena novela de clase B. El auto del juez trata de mejorar la chapuza que es el informe de la UDEF. Una cosa muy ordenada, pero sin indicios…”

Jordi Nieva, experto en Derecho procesal: "…Y que los protagonistas siempre sean los mismos, y que además coincidan en las mismas fechas toda una acumulación de informes. ¿Pero no hay más investigaciones dentro de la UCO? ¿Cómo es posible que se hayan acumulado tantísimos informes con el mismo trasfondo político en las mismas fechas?

En su sede de Ferraz, los socialistas estudian emprender acciones legales contra Leire Díez por el daño hecho al PSOE y a sus dirigentes.

En ese sentido Patxi López ha asegurado que 𝗹𝗼𝘀 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗲𝘀𝘁𝙖́𝗻 “𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗵𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀” y ha calificado toda la controversia del caso Leire como un montaje “mediático-policial”.

Según el dirigente socialista, existe una estrategia orientada a desgastar al PSOE mediante informaciones y acusaciones que, a su juicio, buscan perjudicar políticamente a la formación. 

¿Será verdad? ¿Es una casualidad judicial o doble rasero? Marta Nebot ha sacudido el panorama político español al señalar lo que considera la pieza clave que conecta tres de los casos más controvertidos del momento: el del novio de Ayuso, el de Begoña Gómez y el del hermano de Sánchez. Su análisis ha reabierto un debate incómodo sobre los criterios aplicados en cada investigación y está provocando una auténtica tormenta de reacciones en el ámbito político y mediático.

Javier Aroca es tajante en Mañaneros 360 (TVE 1) con cómo los informes policiales se convierten en titulares antes de ser asumidos por el juez: "No son ni siquiera indicios, es una interpretación de la policía judicial. Faltaría que lo asuma el juez". 

Y añade, advirtiendo: "Se destruye la presunción de inocencia. Esto deberíamos planteárnoslo todos, especialmente los que nos dedicamos a la comunicación".

Joaquim Bosch lanza una advertencia que sacude el debate judicial: “si se filtra, es porque alguien quiere que se filtre”. Bosch puso el foco sobre una realidad que desde hace años preocupa a numerosos juristas: la existencia de una cultura de filtraciones selectivas que puede alterar la percepción pública de una causa mucho antes de que exista una sentencia.

Su advertencia llega en un momento especialmente delicado. Las investigaciones que afectan al entorno del PSOE, incluidas las relacionadas con Begoña Gómez y David Sánchez, ocupan titulares de manera constante y se han convertido en uno de los principales ejes de confrontación política entre Gobierno y oposición.

¿La Justicia es igual para unos que para otros? 

No, y uno de los casos más asombroso y vergonzante es que el magistrado Antonio Viejo, que aparece en las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo, según figura en informes de Asuntos Internos de la Policía, ha mantenido atascada durante medio año la causa que investiga a Alberto González Amador. La pareja de Isabel Díaz Ayuso está investigado por dos presuntos delitos de fraude fiscal, uno de falsificación documental y una rama abierta por corrupción en los negocios y administración desleal. Y este proceso se retrasa desde hace tiempo sin causa especial ni justificada. Está colapsada la investigación, pero no es entendible que una diligencia que se suele resolver en 4 ó 5 días haya llevado más de 6 meses para resolverse, afirma el catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Urías.

El periodista Iñaki Gabilondo afirmó hace tiempo —y en repetidas ocasiones— que "la Justicia en España no es ciega, sino tuerta, y que ve muy bien por un solo ojo: el derecho". Y afirma Gabilondo que una cosa es la independencia —que parece garantizada—, otra es la imparcialidad y otra es que todas las resoluciones judiciales son criticables. Y criticar a jueces no es ir contra la justicia. Y la derecha y ultraderecha le siguen sus consejos al pie de la letra.

Para contrarrestar esto Aznar repite su famosa frase: “El que pueda hacer que haga”. Eso es muy grave, con lo que tiene que callar él. No tiene autoridad moral un tipo que da lecciones sobre cómo hay que actuar frente a la corrupción o sobre la mentira. Él, Aznar, ha sido el mayor mentiroso de este país". Mintió con un atentado para intentar ganar unas elecciones. Él mintió premeditadamente”.

Pero Pésanchez afirma rotundamente: "nunca he conocido ni nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez”. 

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Angel Lozano Heras es socio de infoLibre.

La Fiscalía General del Estado ha informado al juez Santiago Pedraz que en marzo y abril de 2025 el que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se reunió con el abogado Jacobo Teijelo y con la exmilitante socialista Leire Díez, que fue presentada como una "compañera de despacho".

Según informan fuentes fiscales, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, se reunió el 6 de marzo de 2025 y posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril, con este letrado y con Leire Díez —"una mujer que tuvo una intervención menor" y que supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación—.

"El fiscal general del Estado —entonces Álvaro García Ortiz— fue informado a posteriori de ambas reuniones", indican las fuentes, que subrayan que ni Villafañe ni la fiscal Belén López, que estuvo en una de las reuniones, recibieron "indicación alguna" de García Ortiz.

En las reuniones, el letrado informó de "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", y "de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos", y los fiscales entendieron que sus alegaciones estaban "carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

La Fiscalía ha informado además a Pedraz, que investiga la presunta trama para desbaratar procesos judiciales contra el PSOE o el Gobierno, que no se produjo reunión alguna con el abogado Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset —ambos investigados— y tampoco con el letrado del excomisario José Manuel Villarejo, citado como testigo, otros tres nombres por los que también preguntó el instructor a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Para dar respuesta a la solicitud de Pedraz, el Ministerio Fiscal ha informado de lo que a su vez han trasladado los dos fiscales concernidos, puesto que no existe un registro de visitas en la sede de la Fiscalía General del Estado, según han indicado las mismas fuentes fiscales, que subrayan "el espíritu de total colaboración institucional y transparencia que anima a la Fiscalía General del Estado".

También ha detallado la Fiscalía que en los registros de la Secretaría Técnica no existe ninguna denuncia formulada por Teijelo en los años 2025 y 2026, mientras que Leire Díez presentó una contra el fiscal José Grinda el 17 de septiembre de 2025, que se remitió a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y fue archivada el 15 de diciembre de 2026 por no aportarse "indicio alguno" que justificara investigar lo denunciado, más allá de "meras afirmaciones".

Por su parte el exasesor ministerial Koldo García presentó un total de cinco denuncias ante la Fiscalía entre enero y junio de 2025 y todos estos escritos fueron archivados por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o la Fiscalía Provincial de Madrid, según ha trasladado la Fiscalía a Pedraz.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargos las pesquisas del caso Leire han puesto bajo sospecha las relaciones de la exmilitante socialista con la Fiscalía General del Estado, por los mensajes de ésta a otros investigados con alusiones al entonces fiscal general o por los pactos que supuestamente habría ofrecido a acusados en varias causas. Los investigadores no habían identificado, sin embargo, quién era el interlocutor de Díez en el Ministerio Fiscal.

Entre las comunicaciones que destaca la UCO figura por ejemplo un mensaje de Díez al abogado del comisario Villarejo que sostenía "te cuento. Te va a recibir el FGE"; también cómo la exmilitante le dijo a Teijelo que tenían "vía libre" para ir a ver "al FGE" por un tema relacionado con José Norberto Uzal, condenado en un caso de hidrocarburos, y también trasladó a este letrado que le llamarían de "la FGE", o le instó a pedir cita con sus "amigos de FGE".

Además, el 28 de marzo de 2025, Leire Díez aludió en un mensaje al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, a una reunión que iba a tener con la Fiscalía General y que podía hacer que el presidente, según sus palabras, directamente la adorase.

Las dos fiscales anticorrupción del caso Leire Díez, el que investiga los supuestos manejos de la llamada fontanera del PSOE y de otras personas que actuaban con ella para torcer la voluntad de la Fiscalía y de la UCO en las causas por corrupción que afectan al partido y al Gobierno, se han desentendido de los canales internos por los que se comunican habitualmente los miembros del Ministerio Público. En su lugar, han pedido al juez Santiago Pedraz que sea él quien solicite a la Fiscalía General del Estado información relevante para la instrucción.

La petición de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen al instructor de la Audiencia Nacional, y el hecho de que haya sido este quien la curse, ha generado, como mínimo, desconcierto en la cúpula de la Fiscalía. Fuentes oficiales del organismo que dirige Teresa Peramato rechazan pronunciarse sobre aspectos concretos de una investigación en curso y aseguran que actuarán con la máxima colaboración con el juez. Pero algunos fiscales consultados consideran que esa forma de actuar podría trasladar a los ciudadanos una sombra de sospecha sobre la Fiscalía General o, al menos, una falta de confianza de esa fiscalía especial en sus superiores.

El auto notificado el pasado lunes por Pedraz se hacía eco de las diligencias solicitadas por las fiscales del caso. Entre ellas se encontraba una petición de información a la Fiscalía General del Estado "para que informe en relación con el total de las denuncias formuladas por Koldo García Izaguirre [el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos] que hubiera recibido ante dicha institución entre los meses de enero a junio de 2025 y el trámite dado a las mismas". También solicitaba información sobre las "reuniones mantenidas" en la sede de la máxima jefatura del Ministerio Público entre abril de 2024 y junio de 2025 con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, que actuaba junto a ella, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, también imputados y el abogado del comisario jubilado relacionado con las cloacas del Estado José Manuel Villarejo, José García Cabrera. "En el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar, se solicita se informe si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas", añadía.

El principal informe policial de la UCO que consta en el sumario de la causa dedica un capítulo a las supuestas gestiones prometidas por Leire Díez y su grupo con la Fiscalía General. Los agentes reflejan cómo la fontanera y sus supuestos cómplices habría ofrecido a sus interlocutores beneficios en los procedimientos en los que estaban incursos –como en el caso de Villarejo o Francisco Martínez en Tándem o Kitchen–. En otras ocasiones aparece como destinataria de escritos o denuncias de la trama, como los relacionados con la instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, o las denuncias contra la propia UCO y sus agentes. "Desde el punto de vista de la posición estratégica y capacidades de esta supuesta organización", dice el documento policial, sus integrantes tendrían "capacidad demostrada (...) para acceder a esta Fiscalía e incluso, aparentemente, al propio fiscal general del Estado, en ese momento Álvaro García Ortiz", añade.

Varios fiscales consultados aseguran que lo más habitual es que, cuando una fiscalía –la del Supremo, Anticorrupción, la de la Audiencia Nacional o cualquiera de las provinciales– necesita información para una causa que investiga o en la que participa, lo normal es recurrir al fiscal jefe para que se ponga en contacto con su homónimo del departamento al que se requieran los datos a través de un oficio. Esas mismas fuentes aseguran que, de ese modo, la fiscalía que requiere la información la puede aportar directamente al juez a través de sus escritos e informes para que la incluya en la causa. Lo normal, sostienen, hubiera sido que las fiscales anticorrupción hubieran recurrido a los cauces internos del Ministerio Público y solo en el muy hipotético caso de que no consiguieran por esa vía lo solicitado, recurrieran directamente al juez. "Lo contrario parece una muestra clara de desconfianza a los compañeros", dice uno de los consultados. Otros sostienen que esa forma de actuar "lanza sospechas" sobre la cúpula de la Fiscalía en un momento en que la institución se encuentra muy dividida tras la condena del anterior fiscal general por desmentir un bulo.

Anticorrupción también ha pedido a Pedraz que sea él quién exija a otra fiscalía, en este caso la Fiscalía Superior de Extremadura, toda la documentación sobre la denuncia presentada por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada –instrumentalizado supuestamente por el grupo de Leire Díez– contra Biedma, la instructora de la causa abierta en Badajoz contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, por su contratación como responsable de los conservatorios de esa provincia, cuyo juicio ha concluido este martes. Según las fuentes fiscales consultadas, también en este caso hubiera bastado con recurrir a los cauces internos habituales. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dirigida por el fiscal de Sala jefe Alejandro Luzón, depende jerárquicamente, como todas las fiscalías especiales, autonómicas o provinciales, en última instancia, de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y está sometida, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a sus instrucciones.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en el caso Leire Díez, y ha citado como testigo en esta causa a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para el próximo 10 de julio.

El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso EFE, tras solicitarlo el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción y ha llamado a declarar a los 22 testigos que ésta pidió entre el 26 de julio y el 13 de julio. Al día siguiente será el turno de Leticia de la Hoz, a la única que ha citado como imputada tras las últimas diligencias en esta causa.

Narbona aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta en el sumario de esta causa, en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que exmilitante socialista le habla de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

La presidenta del PSOE le respondió en ese intercambio de mensajes que eso "se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día", aunque según precisó ayer no recibió información "de ningún tipo" procedente de Leire Díez.

Narbona ha subrayado este lunes su "máxima colaboración" con la justicia. Contactada por EFE, ha declinado hacer más comentarios y ha incidido en su postura de colaboración con la Justicia en este caso.

Por su parte, a Leticia de la Hoz, a la que defenderá el que fuera abogado del exministro José Luis Ábalos, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, se la investiga por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su declaración relativa a que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz por indicación del comisionista Víctor del Aldama.

A Carmen Pano y a la persona que la llevó en coche hasta las inmediaciones de Ferraz, Álvaro Gallego, tal y como ambos han declarado, Pedraz les cita como testigos el 29 de junio.

Entre la veintena de testigos llamados a declarar figuran también el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y que declaró que Leire Díez le propuso restablecer su honor a cambio de información que perjudicase a la UCO, o el empresario de hidrocarburos Claudio Rivas, imputado en los casos Gaslow y Villafuel junto a Carmen Pano, o el exabogado de Ábalos, José Anibal Álvarez.

A parte de estos testigos, la UCO ya les tomó declaración en dependencias de la Guardia Civil a finales de mayo, al igual que a la abogada Leticia de la Hoz, en su caso en condición de investigada.

Las testificales comenzarán el 26 de junio con dos máximos responsables de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, tras declarar Yuste que el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo ordenó "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano de Pedro Sánchez. En esa jornada también está citado el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

El 7 de julio han sido llamadas una de las fundadoras del medio Crónica Libre, Patricia Isabel Espinar, y Francisco Ortega, un exescolta y extrabajador en Correos que acompañó a Leire Díez en sus citas con Rubén Villalba.

Al día siguiente, declarará Joaquín Parra, empresario de hidrocarburos y expresidente del club de fútbol de Badajoz, a quien el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, habló de corrupción en los juzgados, criticando a la jueza Beatriz Biedma, que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.

El 9 de julio será el turno, entre otros, del empresario Antonio Rodríguez Estepa, que ante agentes de la Guardia Civil declaró que Leticia de la Hoz le trasladó una oferta de beneficios procesales a cambio de aportara información sobre Repsol, la UCO, Antonio Balas y altos cargos de Hacienda.

Al día siguiente, además de Cristina Narbona, están citados José Norberto Uzal, que fue director general de Hafesa, y Rafael Salvador, un agente de la Policía Nacional en Sevilla que se vio con Leire Díez cuando esta buscaba información sobre la juez de los ERE, Mercedes Alaya.

El nuestro, bien ejercido, es oficio de diletantismo. En términos ideales, un periodista ha de ser alguien que cultiva o se interesa “como aficionado y no como profesional” (en definición de la RAE) por todas las artes y por todos los oficios, extendiendo sus precarios saberes en todas direcciones. Hay que saber de ingeniería, geología y clima para hacer una crónica sobre lo que le pasa a la red de alta velocidad, sin ser ingeniero, geólogo ni climatólogo, y saber de derecho procesal para seguir las extraordinarias aventuras de Díez y Balas, sin ser profesor universitario del ramo. Y estos saberes deben ser acumulados, porque la especialización, como siempre insistimos desde aquí, conduce a una concentración en el detalle que tiende hacer de la materia —sea la tectónica de placas o la ley de enjuiciamiento criminal— el factor que todo lo explica. Por eso la dispersión es la única forma de dar con un diagnóstico correcto.

El modelo, siempre hablando en términos ideales, es el conocimiento del doctor House (Hugh Laurie, en la serie homónima) quien, aunque se ha dicho poco, no era un especialista en infecciosas, oncología, alergología, traumatología, urología, ginecología o traumatología, era más bien como el médico del pueblo, al que nada le era ajeno, de un uñero a una tromboflebitis. Como decía la farsa de Carlos Faemino, riéndose de los especialistas: “Y te dice el doctó: yo solo pulmón y corazón, pulmón y corazón. ¡¡¿Y el otro pulmón qué?!! ¡Estudia medicina general, coñiiiio!”. Pues esa caricatura, esa combinación de conocimientos someros pero solventes sobre todas las cosas combinada con una intuición puntiaguda era la virtud de nuestro querido Gregory House, y ese debería ser el propósito del oficio. Y a veces lo es.

Vimos la semana pasada que las cosas se entienden mejor a la que uno abre el plano, en el mes del juicio de la Kitchen —el más grave escándalo político desde el GAL y hasta que se juzgue a Montoro por esa presunta tómbola de leyes para multinacionales que el juez cree que se traía entre manos—, viendo a los aledaños de los que han sido encausados por haber montado una organización criminal dentro del ministerio del Interior tan entusiasmados por reclamar nuestra atención con grandes aspavientos para los quehaceres de José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Díez, David Sánchez o Begoña Gómez. Solo esa sincronía ya debería obligar al respetable a enarcar una ceja.

Sabemos que los lugares comunes y la costumbre son como surcos en el suelo que hacen que toda lluvia venidera se conduzca a su través, y los periodistas somos especialmente vulnerables a esos hábitos. Uno de los tópicos más obvios, exitosos y reafirmados cada semana es el futbolerismo Madrid-Barça con el que interpretamos la política de esta democracia de partidos, una pasión por los colores que acaba conduciendo todo evento a la acequia de la pugna PSOE-PP. En el caso — los casos— que nos ocupa, esta inclinación es muy poco útil porque resta trascendencia a lo que de verdad está pasando, que es gravísimo, que viene ocurriendo desde hace tiempo y que hoy pone en riesgo la viabilidad democrática del país. Que no es una bacteria socialista de las instituciones ni un cáncer popular en las fuerzas del orden. Esos serían los diagnósticos del especialista en infectocontagiosas y el oncólogo, respectivamente. House sabría lo que pasa. Y sí, como siempre, es lupus, es enfermedad autoinmune en la que el cuerpo quiere matar al cuerpo.

Porque las instituciones —las fuerzas y cuerpos de seguridad, la fiscalía, la judicatura…— no están para preservar la viabilidad del Estado sino para defender la democracia y sus reglas. Un frívolo diría que es lo mismo, pero Estado hemos tenido durante más medio milenio —con todo su boato, sus papeles y sus archiperres— y resulta que la democracia hizo pie por aquí cuando el arribafirmante estaba a punto de entrar en la pubertad.

Esa tensión de prevalencia del Estado sobre la ley democrática se transparentó ya en todo lo que ocurrió alrededor del 1 de octubre de 2017 en Catalunya. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra Enric Fossas Espadaler dijo entonces que “al derecho constitucional no se le puede pedir que solucione un gran problema político para el cual no está hecho (…) El derecho ha mostrado sus limitaciones para hacer frente a un desafío lanzado desde los poderes públicos al ordenamiento constitucional”. Instituciones del Estado contra el Estado, eso fue el procés. Tanta razón tenía el catedrático que la persecución del independentismo sacó al Tribunal Supremo de los raíles del derecho constitucional, en un proceso de descarrilamiento muy imaginativo —aunque no muy brillante— en el que hubo que tricotar ganchillo jurídico para encajar los comportamientos de la Generalitat en algún tipo penal. Sin un éxito claro.

Podríamos seguir relatando momentazos de la creatividad de las instituciones para soliviantar el derecho democrático —para los anales quedará aquel canutazo del entonces presidente de la Sala Segunda, Carlos Lesmes, en la soleada plaza de la Villa de París, explicando a los medios por qué el dictamen de la justicia europea que anulaba las cláusulas suelo y obligaba a devolver lo estafado no tendría una aplicación efectiva en nuestro país de desdentados—, pero el caso es que la punta de ese iceberg, que ya había aflorado años ha cuando Interior dio cobijo a un grupito de policías cejijuntos y bastante fascistillas, encabezados por Amedo y Domínguez, para que acabaran con ETA por la vía del “mecagoenmimanto”, es inequívocamente la Kitchen, ese llenapistas, que diría el maestro Guillem Martínez, consistente en disfrazar a un propio de cura y secuestrar a la mujer del contable de Al Capone antes de que entregue sus libros a Elliot Ness. (Quizá haya mezclado dos películas aquí, pero es que escribo esta pieza los viernes, con la urgencia rumbera que ello implica).

No, no asistimos a la pugna del PP para desbancar al PSOE, y si en el puente de mando del PP creen que eso es lo que ocurre, necesitan analistas mejores. O analistas, a secas. Lo que están presenciando ustedes es una guerra devastadora y sangrienta dentro del Estado. Es el Estado contra el Estado. Repasen: el Consejo General del Poder Judicial exigiendo al letrado mayor del Congreso conocer un proyecto de ley que estaba colgado en la web, el Supremo amenazando a la presidencia del Congreso por carta para que ejecutara la sentencia contra Alberto Rodríguez —esos son los escritos cuya lectura, una exquisitez, debería recomendar el expresidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, a sus atentos alumnos en las conferencias—, la UCO del teniente coronel Balas registrando la dirección general de su propio instituto armado, policías grabando a policías, los controles de seguridad del ministerio del Interior dejando pasar por esos arcos, que filtran hasta un cortaúñas, sobres con balas a los despachos de ministros o de la dirección de la Guardia Civil, el Supremo y la fiscalía de Madrid llevándose por delante al fiscal general del Estado… Está por todas partes: es una guerra del Estado contra el Estado. Y siendo más concretos, del Estado Centenario contra el Estado Democrático.

El ejército, los fiscales, la policía, los jueces… componen el sistema inmune del cuerpo democrático para defenderlo de patógenos que supongan un riesgo para él. Grupos terroristas, crimen organizado, corrupción empresarial, agentes financieros extranjeros… Pero, a veces, el sistema inmune se revuelve contra el propio cuerpo. Saben bien los especialistas en trasplantes, que el sistema inmune puede considerar ajeno al órgano trasplantado y atacarlo con furia. Y si no se lo mete en vereda con medicación antirrechazo, matará al paciente.

La democracia fue un trasplante en este centenario Estado y durante un par de décadas la política se preocupó de administrar buenas dosis de fármacos antirrechazo que debilitaran la acción del sistema inmunológico. Pero han pasado muchos años y hoy los leucocitos están desatados devorando hígado, pulmones y cerebro, mientras se hacen tatuajes con la cruz gamada.

Leire Díez es el dedo y Antonio Balas es la luna. Al doctor House no se le habría escapado.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se habría reunido al menos tres veces con Leire Díez, la supuesta fontanera que actuaba a las órdenes de Santos Cerdán para tratar de desactivar causas abiertas al PSOE y al Gobierno. Lo dicen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano del cuerpo policial que investiga los principales casos de corrupción y cuyos agentes, en última instancia, dependen de ella. Al mismo tiempo, varios mandos principales de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, se encuentran entre las víctimas de las maniobras de Díez que se investigan en ese mismo caso. Otro de los perjudicados por las artimañas de la supuesta fontanera y su grupo, según el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, sería el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, del que buscaron información comprometedora para, supuestamente, tratar de torcer sus investigaciones. La UCO es la unidad en funciones de policía judicial en la investigación de la trama y Anticorrupción ejerce la acusación pública en el caso.

El auto por el que Pedraz mandó el pasado 26 de mayo a la Guardia Civil a la sede del PSOE y a la propia dirección general del cuerpo policial para requerir documentación relataba, entre las gestiones supuestamente ilegales de Díez, la promesa de favores al exmiembro de la UCO implicado en el caso Koldo Rubén Villalba. La enviada de Cerdán le ofreció, según las actas que redactó el agente tras sus encuentros con ella, desde un puesto como asesor en la dirección general de la Guardia Civil hasta sufragar su defensa o devolverle la trayectoria profesional truncada por el caso de corrupción en el que estaba incurso. A cambio, Villalba debía proporcionarle información comprometida de mandos de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas o el capitán Juan Vicente Bonilla.

De Villalba, según consta en el sumario, no consiguió nada. Pero sí de otro guardia civil imputado en el caso Hidrocarburos, el capitán Juan Sánchez Yepes. "Mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley", le dijo Yepes a Díez, según el auto del juez de la Audiencia Nacional. "Porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet", añadió. Pese a ello, según el instructor, accedió a informarle sobre la estructura interna de la unidad así como aportando datos de algunos de sus miembros, centrándose sobre todo en el teniente coronel jefe del departamento de Investigación Económica y Anticorrupción del grupo policial, Antonio Balas. "A raíz de esa reunión, el teniente coronel pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", aseguraba el instructor en su resolución del 26 de mayo.

Varios magistrados del orden penal de diferentes tribunales, alguno con varios años de experiencia en la Audiencia Nacional, aseguran que el hecho de que la Guardia Civil y, en concreto, varios responsables de la UCO, fueran las presuntas víctimas del grupo de fontaneros liderados por Díez, podría generar un conflicto de intereses que afectaría a la actuación de esa unidad en funciones de policía judicial en el caso. Esa posible afectación a la apariencia de imparcialidad de los agentes también podría derivarse de que parte de la investigación se focaliza en la máxima responsable del cuerpo, la directora general Mercedes González, a la que por el momento el juez no imputa ningún delito, en relación con el intento de la trama de Leire Díez para que se abrieran expedientes disciplinarios por filtraciones periodísticas a miembros de la UCO.

Los jueces consultados, alguno de ellos con experiencia de varios años en la Audiencia Nacional, recuerdan que en los casos en los que se ven afectados miembros de los diferentes cuerpos judiciales, la investigación se suele encargar a otra fuerza policial. Así se hizo, por ejemplo, en el caso de la fuga de otro antiguo director general de la Guardia Civil (en varios Gobiernos de Felipe González), Luis Roldán, fugado a Laos, donde finalmente fue arrestado, tras su implicación en un caso de corrupción. La investigación de su caso y su detención fue encomendada por la instructora –la actual magistrada del Supremo Ana Ferrer– al Cuerpo Nacional de Policía.

Un caso más cercano en el que también se produjo un conflicto similar fue el caso Faisán, que investigó el chivatazo a un miembro de la red de extorsión de ETA para que no fuera al lugar al que iba a ser detenido en medio del proceso de paz que terminó con la actividad de la banda terrorista. En esa causa, pese a que los principales investigados eran policías, fue ese mismo cuerpo el que investigó, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia puso en duda la imparcialidad del equipo policial investigador. El resultado fue que el instructor del caso, por entonces Pablo Ruz, tuvo que entregar a la UCO todos los informes redactados por la Policía. La unidad de élite de la Guardia Civil, finalmente, validó la investigación de sus compañeros del otro cuerpo de seguridad.

Entre los perjudicados por Leire Díez también aparece en los autos el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La fontanera, según se desprende del sumario del caso y del auto de Pedraz, trató de sobornar con supuestos favores, ascensos o promociones profesionales a otros fiscales que son o han sido subordinados de Luzón, como José Grinda o Ignacio Stampa. Ambos miembros del Ministerio Público, que se negaron a acceder a lo que la fontanera les solicitaba y denunciaron los encuentros en Fiscalía. El caso terminó en manos del juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego, el que lo instruía anteriormente y al que Pedraz ha solicitado la inhibición porque entre los delitos que se imputan, hay uno –delito contra las instituciones del Estado– cuya competencia corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional.

Que Luzón haya sido uno de los supuestos perjudicados por las gestiones de Díez no significa que la fiscalía que dirige, Anticorrupción, no pueda seguir actuando en el caso Leire Díez. Las fuentes fiscales y judiciales consultadas explican que, en caso de aparecer un conflicto de interés, las causas de abstención y recusación solo actuarían sobre la persona afectada. Es decir, si se demostrara que, efectivamente, Luzón ha sido víctima, el deber de abstención recaería únicamente sobre él, y no sobre la fiscalía especial que dirige. En el caso concreto que investiga Pedraz, es Anticorrupción quién actúa como Ministerio Público, pero no es el máximo responsable de ese departamento quien lleva el caso, sino otras dos fiscales de ese mismo organismo.

"Nunca avalé ni nunca tuve información de algo que no hubiera tolerado". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado de manera tajante estar detrás de la trama que investiga el juez Santiago Pedraz que, a través de la militante Leire Díez, habría supuestamente intentado obstaculizar procesos judiciales relacionados con el PSOE.

Sánchez se ha expresado en estos términos ante los periodistas en Tivat (Montenegro), antes de participar en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. Desde allí también ha mandado un mensaje de confianza respecto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien aparece en el sumario del caso por sus reuniones con Leire Díez.

Sánchez ha afirmado que preside un "Gobierno limpio" y ha insistido en su intención de agotar la legislatura y rearmar la mayoría parlamentaria: "No habrá un súper domingo electoral".

Ha defendido que el PSOE siempre ha sido "contundente" y ha pedido dejar trabajar a la Justicia. Asimismo, ha remarcado que los servicios jurídicos del partido están analizando todavía la situación para tomar las decisiones pertinentes.

"Las informaciones que se han conocido en los últimos días nos llena de decepción, preocupación y de indignación. Quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire. Nunca las hubiera tolerado. Quiero ser absolutamente rotundo y que los ciudadanos no tengan ninguna duda al respecto", ha trasladado el presidente.

Para añadir: "Es el momento de la Justicia. Vamos a dejar que trabaje. Hemos actuado con contundencia hasta incluso cuando hemos visto meros indicios en otros casos". "Lo que no voy a permitir es que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de unos muchos tapen e impugnen un proyecto político", ha apostillado, a la vez de criticar la "oposición marrullera".

Y ha manifestado que no ha dado "en absoluto" órdenes a Leire Díez, a la vez que ha mostrado respeto por los informes de la UCO y por la investigación del juez Santiago Pedraz.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias información financiera respecto al PSOE y el PSC de los años 2024 y 2025, así como respecto al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, entre otros, dentro del llamado caso Leire. De este modo, el magistrado atiende a la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en ese sentido, han indicado a EFE fuentes jurídicas.

En un oficio fechado el 1 de junio, la UCO pide que se reclame "información adicional tributaria y bancaria" del partido, de varias empresas, como Zaño Sociedad, propiedad de Zarrías, así como de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en el denominado caso Leire Díez.

Los investigadores quieren así bucear en las cuentas de algunos de los investigados de una supuesta trama que perseguía desestabilizar causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE, presuntamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez y que, según la UCO, habría estado financiada por el partido.

En total, los agentes quieren que la Agencia Tributaria aporte información respecto a casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre las que también figuran empresas de comunicación, el medio 'Crónica Libre' o varias sociedades del abogado Oliver.

La UCO pretende conocer las cuentas bancarias, cobros, disposiciones, rentas, fondos de inversión, valores, seguros, bienes muebles o inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, facturas, donaciones, fondos de pensiones, operaciones intracomunitarias, cajas de seguridad alquiladas, situación tributaria o declaraciones fiscales, entre otros datos.

Y reclama asimismo al juez que pida a las entidades bancarias que aporten "cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases", de 2024 hasta la actualidad, relativas a cuentas corrientes o de ahorro del PSOE, de ocho cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados —más de 60 vinculadas a Ismael Oliver— o del medio 'Crónica Libre', entre otros.

Los agentes también solicitan al juez que reclame a las entidades del Grupo IKI que informen de las "relaciones comerciales" mantenidas con el PSOE y con el PSC en 2024 y 2025, mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago.

La UCO quiere así profundizar en el supuesto pago de 20.000 euros por parte del PSOE que habría autorizado el exdirigente socialista Santos Cerdán al medio 'Crónica Libre' a través de una tercera agencia "enmarcando el pago dentro de una campaña publicitaria" en Cataluña en el marco de las elecciones al Parlament del 2024.

El oficio explica que se han hallado "relaciones económicas" de 'Crónica Libre' con la sociedad IKI Group Communications por 18.125 euros en 2024. Añade, asimismo, que durante el requerimiento de información que la UCO cursó al PSOE la semana pasada "se identificaron operaciones comerciales" del partido con la sociedad IKI Media Solutions. Por todo ello, la UCO ve "necesario profundizar en las operaciones económicas que se pudieran haber mantenido tanto con el PSOE como con el PSC"

Gran parte de lo que estamos viviendo en los procesos electorales, los de aquí y los de fuera, con ese avance imparable de posturas ultras, que piden regresar a tiempos pasados, tiene mucho que ver con lo que estamos descubriendo estos días. Con esos casos de corrupción, de tramas intentando mover hilos para doblegar a poderes como el judicial o el policial a su antojo. Lo uno es consecuencia de lo otro. Y eso deberían de entenderlo quienes insisten en negar lo evidente, en empeñarse en hablar de conspiraciones o de tiempos judiciales pactados. Están alimentando eso que ellos mismos dicen querer frenar.

De todo lo que estamos sabiendo sobre el sumario del caso Leire Díez, que es mucho y muy grave, me llama mucho la atención la normalidad con la que asumen los que participan en la trama que pueden doblegar la voluntad de jueces, fiscales o testigos. Cómo dan por hecho que esto se puede hacer y se hará. Dando a entender que, quizás, esto ha pasado más veces y que no nos hemos enterado.

Casos como el de Leire Díez son el mejor torpedo en la línea de flotación de la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Son el mejor cheque en blanco para todos esos salvapatrias que se están frotando las manos con todo esto y que vendrán a decirnos que con ellos las instituciones no serán asaltadas ni doblegadas. Ni una Gürtel ni un Ábalos en su mejor momento hacen tanto daño como esto que estamos conociendo esta semana. Con un DAO supuestamente pidiendo ponerse de perfil a sus agentes en las investigaciones y a una directora de la Guardia Civil manteniendo supuestamente reuniones periódicas con una mujer que presumía de lo bien que se le daba la fontanería.

Da pavor ver con qué naturalidad hablan de poder manipular informes para perjudicar a una jueza, cómo pueden comprar voluntades de algunos testigos, cómo manejan cifras de dinero para conseguir destruir pruebas. Sin preguntarse si eso será posible, si se aleja una galaxia entera de los valores que dicen defender. Al revés: se jactan de lo bien que se le está dando todo y de lo contento que se va a poner el number one cuando se entere.

Todo esto es grave. Mucho más que robar a espuertas cuando estás en el poder. Y es grave porque es trabajar contra el sistema para salvar tus intereses. Tratando a las instituciones como juguetes a tu antojo, y a los ciudadanos como pobres ingenuos que no se enteran de nada.

Faltan muchas explicaciones y muchas dimisiones. Faltan muchas decisiones políticas para salvar este barco que hace aguas. Y no me refiero al barco del PSOE o al barco del gobierno de Pedro Sánchez, me refiero al barco de nuestra democracia, ésa que ya está herida y que algunos están rematando de la forma más burda.

El levantamiento del secreto de sumario del caso Leire Díez ha puesto en el ojo del huracán a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Y supone un torpedo político, con la derecha apretando para que deje su cargo al frente de la Benemérita por la trama liderada por Santos Cerdán para tratar de torpedear investigaciones judiciales en torno al Gobierno y al PSOE.

González era un nombre desconocido para la mayoría de la sociedad, pero es una figura muy vinculada con el presidente, Pedro Sánchez. Ella ha sido uno de sus grandes apoyos desde el inicio de su carrera política y han caminado juntos en el siempre tumultuoso PSOE de Madrid. No es una persona que se acercara al presidente por su liderazgo en el partido o su salto a la Moncloa, sino que la confianza se labró mucho años atrás en el Ayuntamiento de Madrid.

Ella es una de las personas que mueve con más fuerza los hilos dentro del PSOE de Madrid, enmarcada dentro del grupo de los simanquistas. El propio presidente la eligió para dos de sus anteriores puestos. Cuando era concejala del Ayuntamiento de Madrid, Moncloa la requirió para ser la delegada del Gobierno en Madrid, con una misión muy clara: hacer frente con su estilo directo y punzante a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Y, más tarde, fue reclamada para ocupar la Dirección General de la Guardia Civil, después de la marcha abrupta de María Gámez.

González aparece ahora en el sumario del caso Leire Díez por haber mantenido tres conversaciones al menos con la exmilitante socialista, a la que la UCO sitúa como la número dos de Cerdán en esta supuesta trama contra jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La directora general de la Guardia Civil guarda silencio públicamente desde que se hiciera público el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, aunque desde su entorno se niega que haya participado en cualquier tipo de operación para obstaculizar precisamente las labores del cuerpo.

La UCO sospecha que la directora de la Guardia Civil activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp con Díez. Para la Unidad, la exmilitante “estaría haciendo llegar” a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

González mantiene el respaldo del Gobierno en estos momentos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la defendió de manera cerrada este jueves y negó tener constancia de algún tipo de presión sobre la Unidad Central Operativa: "Vuelvo a decir que no he conocido, y si la hubiera conocido, no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil".

La dirección del PSOE señaló, tras el requerimiento de información de la UCO, que analizaría el sumario, una vez se conociese, y que tomaría entonces las decisiones pertinentes respecto a algunos de los citados en el auto. Por el momento no se ha movido ninguna ficha y Ferraz mantiene en sus puestos tanto a la gerente, Ana María Fuentes, como al responsable de Política Municipal, Juan Francisco Serrano.

El levantamiento del sumario ha puesto también el nombre de González en la primera línea. Ella también fue la líder del PSOE de Madrid ciudad y estuvo a punto de ser nombrada candidata para la alcaldía de la capital, aunque finalmente el PSOE optó a última hora por Reyes Maroto, que era entonces ministra de Industria, Turismo y Comercio. La directora de la Guardia Civil sigue teniendo poder de influencia y consiguió colocar a algunas de sus personas de confianza en la Comisión Ejecutiva autonómica que lidera Óscar López.

En el sumario se recoge una conversación de Díez en la que se vanagloria ante varios interlocutores, entre ellos un excapitán de la UCO, de que González es una persona de su “confianza”. E incluso llega a decir que su siguiente llamada será a la directora general de la Guardia Civil. Además, en uno de los informes de la policía se incluye que la exmilitante fue multada por mal aparcamiento en una de las visitas que presuntamente le hizo a González.

La multa la recibió el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que se la reenvió a Díez en un correo electrónico junto al siguiente mensaje: "He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la directora general de la GC. ¿Te la pago con descuento?".

El jueves por la noche fuentes de la Guardia Civil explicaron la versión de González: “Conoció a Leire Díez en su etapa de delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos”. Esta relación fue “tan solo mediante intercambios de whatsapps, relativos a las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa, que provocaron manifestaciones y concentraciones en sus diferentes sedes”.

Según las fuentes, hasta ese momento nunca había tenido contacto con ella ni la conocía.. Añaden: “Tras su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, Díez se pone en contacto para mantener un primer encuentro en el que le traslada su nueva situación laboral y en el que se limita a contarle que está ejerciendo de freelance, recuperando así su labor en el mundo del periodismo, sin especificar ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid”.

Las fuentes recalcan que este encuentro se realizó en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil: “Se ven personalmente por primera vez, y no se habla de nada relacionado con el trabajo que desempeña este Cuerpo. Tras un encuentro rápido, de apenas unos 15 minutos, la directora entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento”.

“Respecto de un posible segundo encuentro de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero”, señalan desde la Guardia Civil. Y detallan que, pasados varios meses, Díez contacta con la directora “proponiéndole verse, aprovechando que se encuentra en Madrid”. La cita se anula por la enfermedad de un familiar, lo que le obliga a permanecer en Cantabria. 

El relato del entorno de González continúa así: “Esa cita se retoma tiempo más tarde, desarrollándose en las mismas circunstancias que las anteriores, sin alusiones al trabajo de la Guardia Civil, ciñéndose a una conversación sobre su situación familiar, anteriormente mencionada”. Y añaden: “En un momento, Díez le plantea a la directora que tiene que hacerle una petición relativa a su trabajo, preguntándole si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo. Una petición que la directora rechaza de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

Las fuentes precisan que, tras este encuentro, Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil no vuelven a mantener encuentro alguno: “Cuando en los medios de comunicación se hizo pública la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil, la directora general se reunió personalmente con los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado, mostrándoles su máximo apoyo y respaldo, así como su confianza en el trabajo y la labor que estaban desempeñando”.

Por todo ello, el entorno de González afirma que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. Con el mensaje de que la directora general “respeta y admira” a la institución. Además, ella asegura que “jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo, como muestra de su respeto absoluto y confianza a la labor de Policía Judicial”.

El Partido Popular se ha lanzado de lleno contra González tras conocerse el sumario. La vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, opinó que la directora de la Guardia Civil "está tardando en marcharse" por "intentar laminar" a sus propios compañeros, a la vez que reiteró que debe dimitir Grande-Marlaska porque "ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca". 

La vicesecretaria del Partido Popular tachó de “delincuencia de Estado” lo que se está conociendo en el caso Leire Díez porque, en su opinión, se ha utilizado el Gobierno para atacar a los contrapoderes democráticos y se ha perseguido “al que estorba”.

Vox ha ido incluso más lejos y ya ha pronosticado una posible investigación sobre Pedro Sánchez. Su secretario general, Ignacio Garriga, afirmó que hay "sobrados indicios" para que el presidente del Gobierno "se siente ante un tribunal" por los casos que afectan al PSOE: "Esperamos que en los próximos días u horas sea Sánchez el siguiente imputado". Su relato pasa por esta línea: "No estamos ante el caso Leire, ni el caso Ábalos, ni el caso Begoña, ni el caso David Sánchez, estamos ante el caso PSOE, el caso Pedro Sánchez. Es evidente que todas las vías de corrupción acaban en el 'uno' de la Presidencia del Gobierno y en el 'uno' en la Secretaría General del PSOE". 

"Soy una bocazas. Me he llamado a mí misma bocazas un millón de veces". Esta confesión –o quizá mejor, justificación; quién sabe si una suerte de coartada– se la soltó Leire Díez al diario El País días después de la operación comandada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mandó el 27 de mayo a la UCO a la sede central del PSOE. A Ferraz. Y a recabar pruebas contra ella. Si su objetivo, siempre a las órdenes del ex secretario de Organización y también imputado en el caso Koldo, Santos Cerdán, era acabar con los procesos e investigaciones que, desde la cuestionada imputación de Begoña Gómez, ha encadenado su antiguo partido y el Gobierno, el resultado no ha podido ser peor.

Los brazos del aparato del Estado a los que Díez echaba la culpa de actuar en campaña contra su antiguo partido y cuya voluntad trataba de doblegar con supuestas artimañas ilegales –la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y hasta los propios jueces, según la investigación– han terminado volviéndose contra ella y sus compañeros en la supuesta trama que se investiga. Será la Justicia la que decida si ha cometido los delitos que le imputan, pero el sumario retrata a alguien con un carácter desmesurado, que se vanagloria ante sus víctimas de un poder y una influencia exagerada y a los que se dirige con una temeraria verborrea.

El Gobierno y el PSOE han tratado de cortar la hemorragia situando la culpa de todo en Cerdán, una rama ya podada tras su implicación en la trama de corrupción que, junto a José Luis Ábalos y su asesor Koldo orquestaron en el Ministerio de Transportes. Díez, argumentan en el partido, colgaba de él. Pero si se demostrara que el origen de todo estaba más arriba y que actuaba a órdenes de la cúpula, la reputación de los máximos responsables socialistas quedaría muy maltrecha más allá de su hipotética responsabilidad penal.

Porque Díez se enfrentaba con esa peligrosa suficiencia y superioridad a personajes que se las sabían todas y a los que, según los investigadores, ofrecía tratos ilegales. A fiscales, como José Grinda, que se enfrentó a la mafia rusa; o a Ignacio Stampa, que destapó las cloacas del Estado. A guardias civiles especialmente entrenados para detectar cualquier indicio de corrupción. Incluso a personajes especialmente peligrosos para los intereses del PSOE, como el propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, que utilizó recursos del Estado para extorsionar a jueces, fiscales, políticos y empresarios a través de sus famosas grabaciones y otros medios ilegales.

Uno de los pasajes en los que se aprecia esa temeridad se refleja en las actas que el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, redactó tras sus dos encuentros con Díez en los que, supuestamente, le pidió que declarara contra el confidente del caso, Víctor de Aldama. Según el agente, la enviada socialista –que obviamente no midió bien con quién trataba– le aseguró que fue ella la que eligió a los abogados de Ábalos y Koldo y que ella misma diseñaba su estrategia de defensa.

Entre los ofrecimientos que supuestamente hizo a Villalba para lograr su colaboración estaba el de convertirlo en asesor de la directora general de la Guardia Civil. El poder en el seno del cuerpo policial que quiso mostrar en esa reunión, le llevó a decir que el próximo director adjunto operativo (máximo cargo funcionarial) de la Benemérita lo iba a nombrar ella. Ante el agente, Leire Díez se habría atrevido a difamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que señala como responsable del "desgaste" del Gobierno. De varios mandos de la UCO dijo que estaban a sueldo de Repsol y a otros les acusó de fabricar pruebas falsas en la operación Cataluña.

Díez, además, alardea en todo momento de tener en su poder informaciones impactantes. Como pruebas de la supuesta presencia de mandos de la UCO en locales con mujeres prostituidas. O de que, durante algunas de las investigaciones, el cuerpo había recurrido a sistemas de intercepción telefónica supuestamente ilegales. Del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dice que es "afín al PP" y que se convertirá en fiscal general del Estado "cuando Feijóo llegue al Gobierno".

También hace vaticinios que se han demostrado falsos. Como que el caso Mascarillas –cuyo juicio acabó hace unas semanas y en el que Ábalos, Koldo y Aldama se sentaron en el banquillo– no llegaría a ninguna parte. "Sobre Santos Cerdán", escribe Villalba, "tienen plena confianza en él y según ellos no va a caer por más contaminación o informaciones que salgan y le afecten". "Tiene la confianza plena de la estructura", añade. Cerdán pasó casi cinco meses en prisión tras resultar imputado en el caso Koldo.

A Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad del PP y acusado en el caso Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas, le aseguró que la información que le facilitara la enviaría "a los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto". A lo que luego añadió que los que le habían hecho ese encargo "se encuentran en la calle Ferraz [sede central del PSOE] comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz".