Dos jueces distintos –el número 9 de instrucción del Tribunal de Madrid, Arturo Zamarriego, y el número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz– han investigado a la vez durante varios meses la trama presuntamente urdida por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y cuya principal actora era la exmilitante Leire Díez auxiliada por el empresario Javier Pérez Dolset, para tratar de hundir las investigaciones policiales y judiciales que pudieran afectar al PSOE y al Gobierno. Una vez que se levante el secreto de sumario, lo más probable es que la causa acabe en manos de Pedraz. Será así porque el juez de la Audiencia Nacional, que mandó este miércoles a la Guardia Civil a la sede del partido en Ferraz, aprecia un delito cuya investigación y enjuiciamiento corresponde en exclusiva a ese tribunal.

Se trata del delito contra las instituciones del Estado recogido en el artículo 504.2 del Código Penal. Ese precepto castiga con pena de multa a "los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad". Se trata de una de las infracciones contenida en el catálogo que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y cuya instrucción correspondería al Tribunal Central de Instancia –los antiguos juzgados centrales de Instrucción–, en el que Pedraz ocupa la plaza número cinco.

El instructor, según el auto por el que este miércoles ordenó a la UCO practicar un requerimiento de información en la sede federal del PSOE, justificaría la existencia de ese delito por los intentos de la organización formada por Cerdán y Díez de desacreditar a miembros de la Fiscalía Anticorrupción –entre ellos a su fiscal jefe, Alejandro Luzón– así como a integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil. La trama que hasta el momento investigan Pedraz y Zamarriego trató de lograr de dos fiscales y de varios agentes informaciones y declaraciones que pudieran ser comprometedoras para responsables de ambos cuerpos.

Además de ese delito, Pedraz aprecia también el de organización criminal, "plurales delitos de cohecho" –al haber tratado supuestamente de comprar mediante promociones o pagos a fiscales y guardias civiles–, revelación de secretos, inducción al falso testimonio –intentaron conseguir que varios agentes testificaran contra mandos de la UCO–, acusación falsa, falsedad en documento mercantil –al crear facturas para ocultar los pagos a Díez del ex secretario de Organización del PSOE–, prevaricación y tráfico de influencias. Zamarriego, por su parte, limitaba los delitos apreciados al cohecho y el tráfico de influencias. El juez número 9 de Instrucción del Tribunal de Madrid mantiene abiertas sus diligencias sobre estos mismos hechos.

Debido a que la instrucción de Pedraz justifica la competencia de la Audiencia Nacional, lo más probable es que, en los próximos días, cuando se alce el secreto de las actuaciones, el instructor de ese tribunal reclame a Zamarriego su causa. El hecho de que el instructor madrileño haya mantenido abiertas sus diligencias, mientras el juez de la Audiencia Nacional también investigaba, se debe a que aquel desconocía las pesquisas de este, al haberse declarado secretas. En caso de que decida que sigue siendo él el juez competente, deberá ser la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –el tribunal superior a ambos– quien resuelva quién se queda finalmente con el caso.

La organización para tumbar casos judiciales que investiga Pedraz, tal y como se explica en su auto, se deriva de las pesquisas sobre la trama de amaño de contratos públicos también organizada supuestamente por Cerdán y de la que formarían parte Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, así como el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, copropietario de Servinabar junto al ex secretario de Organización y también implicado en el caso Koldo. El caso fue inicialmente asumido por el juez número 6 Antonio Piña, que se encontraba de guardia en ese momento (el pasado diciembre). Después de ordenar las detenciones y registros urgentes mandó el caso a reparto, desde donde se adjudicó a Santiago Pedraz.