El PP echa el resto para frenar la regularización: tribunales, trabas administrativas y presión en Europa

El Partido Popular ha decidido librar una batalla contra la regularización extraordinaria de migrantes por todos los frentes: judicial, burocrático y europeo. Tras la aprobación de la iniciativa en el Consejo de Ministros el pasado martes, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha puesto en marcha una ofensiva múltiple, coordinada con las autonomías, en la que se mezclan recursos judiciales, la amenaza con acudir a Bruselas y la utilización de los propios cuellos de botella administrativos para intentar paralizar o ralentizar la medida.

El PP también está dando la batalla a nivel discursivo. Feijóo tachó de "inhumana, injusta, insegura e insostenible" la medida en un encuentro con los parlamentarios del partido en el Congreso y el Senado pese a que en abril de 2024 la formación conservadora aprobó que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovía la regularización, respaldada por más de 700.000 firmas, siguiera su curso en la Cámara Baja. Feijóo se posicionó en el bloque del sí movido por la presión de la Iglesia católica y de algunos sectores empresariales que requieren de mano de obra, con la vista puesta en la inmigración europea pero, sobre todo, en la latinoamericana. 

Este jueves, el líder de la oposición señaló en un foro celebrado por el elespañol.com que  la iniciativa “va en dirección contraria al mayor control acordado por todos los países de la Unión Europea” y que, por tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un “traidor” a Europa. Días antes, tras la reunión del comité de dirección del partido, la vicesecretaria Alma Ezcurra anunció que el PP no dejaría pasar “ninguna” vía política, parlamentaria o jurídica, ni siquiera en Bruselas, para combatir el decreto.

Ocho autonomías del PP ya han decidido que recurrirán

En el aspecto judicial, al menos ocho autonomías se preparan ya para ya para recurrir el recurso contra el real decreto, según ha avanzado el diario El Mundo. A la Comunidad de Madrid, Baleares y Comunitat Valenciana se le sumarán Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Por su parte, Extremadura y La Rioja, todavía no han tomado la decisión. Y solo una, Andalucía, se desmarca por ahora. Su presidente, Juanma Moreno, no discrepa de sus compañeros de partido, pero no quiere que la cuestión impacte en la precampaña andaluza.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso fue la primera en anunciar el recurso y la petición de suspensión cautelar bajo la tesis de que el eventual aumento de población regularizada podría “colapsar” los servicios públicos madrileños. “No queremos que nadie muera en la puerta de un hospital”, señaló. “Estoy en contra de regularizar sin control y, encima, a personas con antecedentes penales [es un bulo, en caso de que un migrante que ha delinquido pida la regularización, quedaría automáticamente fuera de este proceso]. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventar los servicios públicos”, argumentó en la sesión de control al Gobierno el pasado jueves. En otras ocasiones, lo ha vinculado directamente a un intento de alterar el censo electoral, otro bulo de la presidenta autonómica. 

La Comunitat Valenciana y Baleares insistieron en la misma desinformación. El president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, acusó al Gobierno de regularizar a inmigrantes por cálculo electoral y, en una línea muy similar a la de Ayuso cuando habla de “mover los censos”, lo achacó a un “tema electoral”. Sin embargo, lo cierto es que los migrantes regularizados no podrán votar en las próximas generales y autonómicas. Por su parte, la presidenta balear, Marga Prohens, aseguró que la regularización era “irresponsable” y que provocará “un nuevo efecto llamada”, un concepto recurrente para la derecha.

En Cantabria, la presidenta María José Sáenz de Buruaga describió la regularización como  una “temeridad” y “el mayor coladero de la historia”, insistiendo igualmente en el efecto llamada, el negocio de las mafias y la necesidad de una inmigración vinculada al empleo y al cumplimiento de la ley. Con el expresidente José María Aznar en La Moncloa se llevaron a cabo 453.891 regularizaciones.

La burocracia como freno

El poder territorial del PP también les permite dar la batalla a nivel burocrático. Los barones conservadores denuncian que el decreto provocará caos, pero de ellos dependen gran parte de los resortes administrativos. Es el caso de la Comunidad de Madrid. La única oficina que expide el certificado de memoria de la tarjeta de transporte, uno de los documentos para acreditar la permanencia continuada exigida por el decreto, no contratará a más personal. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, el colegio profesional de trabajo social de Castelló ya ha alertado de sobrecarga por los informes de vulnerabilidad

Desde el PP denuncian el posible colapso de servicios sociales, sanidad, vivienda o consulados, pero al mismo tiempo organizaciones sociales y profesionales recuerdan que el decreto precisamente obliga a tramitar certificados, citas y acreditaciones de vulnerabilidad a través de una red administrativa que requiere refuerzo. La saturación en el sistema es una preocupación que trasladó en su informe el Consejo de Estado.

El colapso de las administraciones y la falta de citas en Extranjería llevan años siendo denunciados por asociaciones sociales y antirracistas. Hasta el punto de que ha surgido un entramado ilegal dedicado a vender estas citas por un valor de hasta 1.000 euros, aprovechándose de la desesperación de los solicitantes y las trabas de la burocracia española.

La vía de Bruselas

El Gobierno se prepara para la batalla política y judicial de la derecha contra la regularización de migrantes

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El Partido Popular también está tratando de elevar el conflicto más allá del marco interno para presentarlo como un problema para el espacio Schengen y para la confianza entre socios europeos. Tras el anuncio de la medida, el pasado mes de enero, el líder del PP aprovechó una cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) para tratar de lograr una respuesta unitaria contra la decisión del Gobierno de Sánchez, pero no logró más que un compromiso genérico contra la “legalización masiva de inmigrantes ilegales”.

Ante sus socios lo formuló como un choque con el Pacto europeo de Migración y Asilo y las recomendaciones europeas y lo envolvió en un catálogo que incluía presión sobre los “servicios públicos”, tensión en el “mercado de la vivienda”, “problemas de convivencia” y, sobre todo, el “efecto llamada”.

El líder del PP también se topó con una rápida respuesta de Bruselas que dejó claro que el Gobierno estatal es quien tiene la “responsabilidad” para tomar la decisión de regularizar a personas migrantes. Así se manifestó el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, considerado entre los partidarios de la mano dura contra la acogida, que sí aludió concretamente al caso español. Brunner dejó claro que es el país el que “tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal” para “ver si hay necesidad de mano de obra”: “Es lo que está haciendo España”, dijo.