La actriz Elisa Mouliaá ha negado ante el juez Arturo Zamarriego que quisiera calumniar al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, que presentó una querella contra ella por haber dicho que él extorsionó a testigos en la causa en la que el político está acusado de agredirla sexualmente, informa EFE.

Igualmente Mouliaá ha asegurado que no tenía intención de sustraerse a la actuación judicial del magistrado, que ordenó la semana pasada su detención tras no comparecer el día 15 por tercera vez para declarar en esta causa.

La actriz alegó en las dos primeras ocasiones que estaba de baja y que no debía coincidir con Íñigo Errejón en el Juzgado y en la tercera citación, el día 15, comunicó que estaba trabajando en Emiratos Árabes.

Finalmente, Elisa Mouliaá se ha presentado voluntariamente en la mañana de este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para declarar por la querella por supuestas calumnias a Errejón, cuya abogada ha pedido al juez que la obligue a comparecer cada quince días en la sede judicial al considerar que ha tenido una actitud de obstrucción a la Justicia.

A su salida de la sede de los juzgados de Madrid Elisa Mouliaá ha explicado que ha decidido acudir "de forma voluntaria", para lo cual ha dicho que ha tenido que cancelar un contrato de trabajo, y ha lamentado el, a su juicio, "trato tan desproporcionado" que ha sufrido tras acreditar una baja médica y un viaje de trabajo y ha insistido en que nunca quiso obstruir la acción de la justicia.

"Al fin y al cabo esta querella es por haber puesto dos tuits en los que acusaba a Errejón de haber amañado la declaración de dos testigos" –en la causa por agresión sexual– porque en ese momento yo pensaba que fue así", ha manifestado.

Y ha abundado: "Vi un vídeo de la declaración de un testigo diciendo que había estado hablando con Errejón y que le había preguntado cuál era el plan". Pero ha reconocido que se pudo haber confundido.

Mouliaá ha estimado que está siendo víctima de "una persecución" por haber denunciado "a una persona con poder" y ha aclarado en referencia a Errejón: "Yo no he destrozado la carrera de nadie, él dimitió antes de que yo hablara por unas denuncias previas y lo único que he hecho ha sido proteger a las mujeres y hacer el bien común por deber moral".

Por ello ha insistido en que es objeto de una investigación a su juicio desproporcionada. "Es un castigo a la víctima por haber denunciado al sistema y a un poderoso, lo que supone la domesticación al final de las mujeres para que no denuncien a sus acosadores, para que nos quedemos en casa calladas, para que tengamos miedo y para que no salgamos a la palestra", ha dicho.

"Y no me he presentado hasta hoy como no se ha presentado tampoco el novio de Ayuso, al que le han aplazado la declaración más de cuatro veces", ha puesto como ejemplo.

En todo caso ha dicho que ha pedido disculpas al juez por no haber comparecido los días en los que fue citada.

Loli Gómez está a punto de quedarse en la calle. Una resolución judicial acaba de confirmar su expulsión de la vivienda de acogida en la que reside desde hace dos años, a la que llegó por encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema. Loli fue una de las muchas víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que dejó en ella una herida irreparable que todavía supura. 

La víctima atravesó las puertas del recurso residencial, un piso compartido de tres habitaciones, debido a una situación de extrema vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales de su localidad, Torrelavega (Cantabria). El Ayuntamiento, más de dos años después, considera que los hechos que la llevaron a cumplir los requisitos para entrar en la vivienda se han extinguido.

Pero lo cierto es que todo sigue igual para ella. Hasta principios de 2024, la víctima residía en un piso que había heredado de su madre, cuya titularidad comparte con sus hermanos. El mal estado de la casa, sin embargo, comprometía su seguridad: era necesaria una reparación integral que la víctima no podía asumir económicamente. Hace dos años, el consistorio ordenó "el desalojo de la vivienda" debido a la "situación de deterioro y peligrosidad del inmueble", tal y como dejó plasmado en un expediente al que ha accedido este diario. Es el propio Ayuntamiento quien asume la "ejecución subsidiaria de las obras de reparación", dada la imposibilidad de la víctima de costearlas. 

Loli, según consta en el mismo informe, "se encuentra en exclusión social" debido al "estado de su vivienda y la carencia de recursos". Así que es derivada al recurso de acogida de manera temporal y como solución parcial durante el tiempo que duren las obras. Pero estas nunca se llevaron a cabo: "Ni han empezado, hace un año precintaron la vivienda y un mes después quitaron el precinto. Pero nada de obras", asiente hoy la afectada. 

Pese a ello, el consistorio considera que la víctima ya no se encuentra en una situación de riesgo. Lo argumenta apoyándose en el informe de una trabajadora social, quien entre los motivos para acreditar esa supuesta mejora de su contexto económico incluye asuntos como su relación con "una escritora que de forma puntual le presta apoyo económico", las charlas en las que ha participado en los últimos años debido a su paso por el Patronato de Mujeres y la "perspectiva de que sea reconocida como víctima del franquismo y obtener la correspondiente compensación económica". 

Loli asegura que ni obtiene remuneración alguna por los actos en los que participa, ni existe ninguna previsión de que el estatus de víctima se vaya a materializar en el corto plazo en una indemnización económica. Las víctimas del Patronato han obtenido el perdón y el reconocimiento simbólico de los poderes públicos, pero están lejos de conseguir los derechos por los que llevan años peleando.

Los argumentos del gobierno municipal también incluyen la posesión de una vivienda en propiedad, pero se trata de la misma casa de la que fue expulsada debido a unos daños estructurales que todavía a día de hoy no han sido reparados. La administración le reprocha que no ponga a la venta la casa, pero no tiene en cuenta que la operación requeriría del visto bueno del resto de propietarios. Igualmente, indica que la víctima "ha rechazado alternativas habitacionales voluntariamente". 

Lo cierto es que los servicios municipales le plantearon la posibilidad de acceder al alquiler de una habitación por 320 euros al mes. Pero las cuentas, explica al otro lado del teléfono, no salen. "Con unos ingresos de 480 euros mensuales y un gasto fijo de 156 en medicinas, ¿con qué como?", se pregunta. Loli se encuentra en situación de discapacidad, por lo que buena parte de sus ingresos van a parar a gastos médicos.

La entrada en la vivienda de acogida tenía carácter temporal, un plazo que se fue prorrogando en varias ocasiones. Ahí es donde se aferra ahora la justicia para avalar el desalojo: incluso el mantenimiento de una eventual situación de vulnerabilidad, zanja el tribunal, no justifica el uso indefinido de un recurso habitacional cuya naturaleza es temporal por definición. Pero tampoco hay sobre la mesa ninguna alternativa para Loli. Aunque su intención es recurrir la decisión de los jueces, si la justicia no le da la razón la única opción que tiene es volver a la casa familiar, a pesar de su mal estado y de los riesgos que entraña para su integridad.

La situación de vulnerabilidad por la que transita la víctima es indisociable de su paso por la institución franquista. Si bien las supervivientes han sido reconocidas como tal, las investigadoras que han estudiado la historia y raíces de los reformatorios creen que hacen falta más pasos hacia una reparación real del daño. "Los símbolos son importantes y ellas lo vivieron como una especie de acto de catarsis colectiva, pero es preciso un cambio en la Ley de Memoria Democrática para incluir oficialmente una reparación económica", decía recientemente la historiadora Carmen Guillén. "Les partieron la vida, condicionaron su futuro y no les dejaron estudiar", denunciaba.

En ese mismo extremo se detiene Loli. "El primer psiquiatra que me ingresa en el internado, con 12 años, lo hace para que yo prosiga mi formación. Pero eso no sucedió, nunca tuve estudios", lamenta. Así que los obstáculos laborales que ha tenido que enfrentar desde entonces están directamente ligados a lo sucedido dentro de los centros. 

Pero no todos los daños que arrastra son visibles. El Patronato reservaba un lugar especial para las chicas embarazadas. De todos los centros maternales, el más importante fue el de Nuestra Señora de la Almudena, conocido popularmente como Peñagrande. Ahí fue a parar Loli tras las violaciones perpetradas por su progenitor. A ella nadie le preguntó quién era el padre, ni si había sido producto de una agresión sexual. Lo que sí recibió fueron insultos y vejaciones constantes. Loli tuvo dos hijos siendo todavía menor de edad. Nacieron en democracia, pero la institución aún se mantenía con vida y las religiosas que regentaban los centros le obligaron a darlos en adopción. 

La víctima se pregunta de qué manera habría cambiado su futuro si no hubieran hipotecado su infancia y juventud dentro de las paredes de una institución que además mermó su salud mental, dejando secuelas que persisten hasta la actualidad. También se cuestiona la utilidad del perdón público por parte de los responsables, si al mismo tiempo le son negadas las condiciones mínimas para poder cerrar las heridas.

Las investigadoras que han decidido dedicar su tiempo y trabajo a desentrañar las raíces del consumo de prostitución, se han topado tradicionalmente con un muro infranqueable. Ni estudios, ni encuestas, ni prácticamente análisis capaces de dimensionar la magnitud de un fenómeno poco estudiado. Esta semana, el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se han aliado para tratar de arrojar algo de luz a la situación y aportar información precisa, gracias a la Encuesta Nacional de Salud Sexual. Y las cifras son claras: el 26,65% de los hombres encuestados han pagado a una mujer en situación de prostitución para mantener relaciones sexuales alguna vez en su vida. 

El sesgo de género es evidente: ellas no consumen prostitución, en prácticamente ninguna circunstancia e independientemente de su contexto. Solo un 0,3% de las encuestadas dice acceder al sexo de pago, un porcentaje anecdótico y residual.

La encuesta permite trazar el perfil del cliente de prostitución en España, a partir de los microdatos que proporciona y que han sido analizados por infoLibre. Por grupos de edad, la tendencia es clara: son las generaciones de hombres mayores quienes más acostumbran a consumir prostitución. Concretamente, los hombres que tienen entre 65 y 74 años son los que reconocen con mayor frecuencia haber pagado a una prostituta (41,6%), seguidos de los mayores de 75 años (38,9%). 

Conforme la edad disminuye, el consumo de prostitución también lo hace, pero las cifras continúan siendo llamativas. El 33,7% de los hombres de entre 55 y 64 años admiten haber accedido a la prostitución, igual que el 28,9% de aquellos que tienen entre 45 y 54 años y el 24,9% de los que cuentan con edades entre los 35 y los 44 años.

Los hombres jóvenes presentan las tasas más bajas de consumo de prostitución. El 13,3% de los varones de entre 25 y 34 años dice haberlo hecho al menos una vez en la vida, e igualmente el 4,1% de aquellos cuyas edades oscilan entre los 20 y los 24 años. Pero hay un ligero repunte entre los más jóvenes: el 7,8% de los que tienen entre 16 y 19 años dicen haber pagado a una prostituta para tener sexo. Cabe destacar que el 5% de los hombres encuestados señala que su primera experiencia sexual fue con una prostituta. 

En casi todas las franjas de edad, los clientes de prostitución han llamado a la puerta de los burdeles en más de una ocasión, excepto en el caso de los más jóvenes (16-19 años y 25-34 años), quienes en mayor medida describen un acceso aislado y puntual a la prostitución. La mayoría de los entrevistados (21%) asegura que el momento en el que pagó por última vez por mantener relaciones sexuales fue hace más de cinco años.

Si el cliente de prostitución es fundamentalmente un hombre de edad avanzada, cobra sentido que la encuesta sitúe a los jubilados y pensionistas (40%) como aquellos que más frecuentan la industria de la prostitución, solo por detrás de situaciones de inactividad sin especificar. En el reverso, los estudiantes (4,9%) son los que menores tasas presentan.

Por debajo de la media se encuentran profesiones como militares y cuerpos policiales (12,3%), así como profesionales, científicos e intelectuales (17,1%). Y por encima, el grupo de oficiales, operarios y artesanos (29,7%), junto al de operadores de instalaciones y máquinas ensambladoras (30%)

La encuesta permite aproximar la lupa a algunas circunstancias de interés, como la religión de los encuestados. Los hombres católicos presentan las mayores tasas de consumo de prostitución: así lo afirma el 30,7% de los no practicantes y el 30,2% de los practicantes. En el extremo opuesto, son los agnósticos (21,1%) y los ateos (21,4%) los que en menor medida dicen haber pagado a mujeres en contextos de prostitución. En un término medio, se sitúan los creyentes de otras religiones (26,4%) y los que no se identifican con ninguna creencia (26,2%).

En una escala de autoubicación ideológica, los hombres que presumen de posiciones más a la extrema derecha son también quienes más reconocen consumir prostitución (29,6%), pero las diferencias respecto a quienes se sitúan más a la izquierda son irrisorias (29,4%). Siendo el uno el extremo más progresista, aquellos hombres que se ubican en la categoría dos y tres son los que presentan tasas más bajas de consumo de prostitución (19,1% y 19,5% respectivamente).

La encuesta evidencia que es en las localidades pequeñas donde existe un mayor consumo de prostitución. El 29,5% de los hombres encuestados que ha pagado por mantener relaciones, pertenece a municipios con menos de 50.000 habitantes. Por el contrario, los territorios con un menor consumo de prostitución (21,5%) son los que tienen entre 100.001 y 400.000 vecinos. 

En cuanto a la pornografía, la encuesta refleja que el 71,8% de los hombres accede a contenidos pornográficos, siendo en este caso una tendencia mayoritaria entre los más jóvenes. En este caso, las dinámicas se invierten: los hombres menores de 35 años son quienes más porno consumen, una práctica que va descendiendo de forma progresiva conforme aumenta la edad de los entrevistados.

El 28,1% de las mujeres afirma haberse visto forzada a realizar prácticas sexuales no deseadas. Es decir, casi tres de cada diez mujeres reconocen haber sufrido violencia en el marco de sus relaciones sexuales. Es uno de los resultados que arroja la Encuesta Nacional de Salud Sexual, publicada este jueves por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de la segunda edición del análisis global, tras más de quince años.

¿Y qué sucede con los hombres? El 13,6% admite haber tenido la sensación de obligar a su pareja, en alguna ocasión, a realizar prácticas que no quería hacer. Pero ellos también señalan haber sufrido experiencias violentas en el marco de sus relaciones, especialmente cuando sus parejas sexuales son otros varones. El 12,8% de los hombres encuestados aseguran que ellos mismos también se han sentido forzados, si bien el porcentaje se dispara en el caso de los hombres homosexuales y bisexuales, con porcentajes superiores al 39%. La inmensa mayoría de los entrevistados –9.009 personas mayores de 16 años– entiende que el hecho de forzar una práctica sexual es una forma de violencia.

El consentimiento tiene un peso clave en el análisis. El 27,6% de los hombres está de acuerdo con que algunas personas "necesitan que se les insista para tener relaciones sexuales", un porcentaje que cae al 20% cuando son ellas las interpeladas. Más de la mitad de los hombres (54,3%) cree que existe el deber de terminar un encuentro sexual una vez aceptado, si la otra persona quiere. Las mujeres, en cambio, difieren de la afirmación: el 60,5% de las encuestadas está en desacuerdo con el supuesto compromiso de llegar hasta el final siempre que ya se haya iniciado el encuentro. 

"Aunque ambos sexos rechazan mayoritariamente la coerción explícita, los hombres son más tolerantes con formas sutiles de presión sexual, y son las mujeres quienes declaran haberlas sufrido en mucha mayor medida", concluye el estudio.

El 27,5% de los hombres entrevistados reconoce haber consumido prostitución: el 17,9% dice haberlo hecho más de una vez. La encuesta revela que el 18,8% de quienes mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal en contextos de prostitución no utilizaron preservativo.

El acceso a la pornografía lleva también el sello masculino. En el último año, el 72% de los hombres han visto porno, un porcentaje que se desploma hasta el 25% en el caso de ellas. El 25,4% de los varones lo hace semanalmente, el 14,5% cada mes y el 26,5% con menos frecuencia. La ministra de Sanidad, Mónica García, cree que los resultados en este epígrafe no deben derivar en discursos "alarmistas", pero sí ponen sobre la mesa la "importancia de la educación afectivo sexual", por delante de "los algoritmos y las pantallas". 

"El 91% de la población quiere que haya educación sexual y afectiva en los colegios", ha destacado la ministra, contraponiendo el apoyo mayoritario de la población a "los debates" en torno al pin parental. La encuesta evidencia que la principal fuente de información sexual proviene del colegio (29,2%), seguida muy de cerca por las madres (26,5%) y la propia experiencia (24,2%).

Un vistazo a los datos desagregados por la ideología de los encuestados desliza también resultados interesantes. El consenso en torno a la necesidad de implementar estrategias de educación sexual en las escuelas es mayoritario entre quienes se sitúan más a la izquierda (96,9%), una tasa que decrece conforme los encuestados se confiesan más conservadores, pero que también recibe apoyo por parte de los entrevistados de la extrema derecha (77,4%).

El juez que investiga a la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón ha ordenado que sea detenida y puesta a disposición judicial, tras no comparecer el lunes por tercera vez, estando ya advertida de que podría ser arrestada.

En un auto dictado este martes, el juez Arturo Zamarriego recuerda que ha citado en tres ocasiones a la actriz, quien ha demostrado "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede acordar su detención" y puesta a disposición del juzgado para ser oída en declaración.

Luego Mouliaá quedaría en libertad, salvo que estuviera privada de la misma "por otra causa o motivo legal", dice el auto, que precisa que la orden de busca y captura estará vigente durante cinco años.

Además, el juez pide que se investigue "si la reiterada incomparecencia de la investigada pudiera constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial", mediante lo que se denomina deducción de testimonio, que se remite al Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla para su reparto.

La actriz está siendo investigada por supuestas calumnias contra el exdiputado Íñigo Errejón, quien denunció que ella le había acusado de extorsionar a dos testigos de la causa abierta en 2024 contra él después de que ella le denunciara por presunta agresión sexual.

A la puerta de los juzgados, este lunes, la abogada de Mouliaá, Yurena Carrillo, reveló que habían solicitado el viernes al juez que su clienta pudiera declarar por videollamada, pero que no ha recibido respuesta: "O sea, no lo ha considerado", afirmó.

La actriz, en la red social X, explicó, un día antes de la declaración, que está trabajando en el extranjero.

"El que está procesado por abuso sexual es Errejón (denunciado por muchas mujeres más) Yo tengo que declarar por haber denunciado que pactó con dos testigos. Mientras tanto, me encuentro trabajando en el Mar Rojo y he acreditado documentalmente que estaré en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas", escribió la actriz.

Aun así, agregó que intentaría comparecer por videollamada si "técnicamente" era posible. "Curioso país aquel en el que la atención mediática se centra en la denunciante mientras la causa principal sigue pendiente de resolverse. Venga", criticó en su mensaje en X.

En el auto, Zamarriego que expone que "la citación para ser oído es una resolución judicial con un marcado carácter coercitivo", según expone el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que "la orden de comparecencia se podrá convertir en una causa de detención si el citado no comparece, ni justifica causa legítima que se lo impida".

"En el presente caso, la investigada ha manifestado reiteradamente su voluntad de no comparecer en los distintos llamamientos que se le han efectuado. Tal hecho supone una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede acordar su detención y puesta a disposición de este Tribunal de Instancia", concluye.

La letrada de Mouliaá en esta causa, Yurena Carrillo recurrió la decisión del juez de obligarla a declarar en persona, bajo medidas cohercitivas, primero ante el propio juzgado y luego ante la Audiencia de Madrid, y hoy ha trascendido que el magistrado ha admitido a trámite este segundo recurso y lo ha trasladado a las partes para que aleguen lo que consideren antes de enviarlo a la Audiencia.

Si el profesor de un colegio religioso se dirige a su grupo de alumnos advirtiéndoles de la amenaza que entraña sentir atracción hacia personas de su mismo género, prometiéndoles redirigir su deseo e instándoles a cortar sus relaciones íntimas, es posible que a ojos de la justicia no sea autor de un delito. Tampoco quien en una misa vincule la transexualidad con el infierno, el mal y la inmoralidad. Ni aquellos que promocionen remedios sin aval científico para aliviar los supuestos males que colman el corazón de los homosexuales. La Comisión de Igualdad del Congreso deberá decidir este miércoles si pone remedio a esta situación, tipificando las mal llamadas terapias de conversión como un delito en la legislación española. Sucederá tres años después de que la conocida como ley trans se quedara a medio camino, prohibiéndolas sin perseguirlas penalmente.

En febrero del año pasado, llegaron dos iniciativas al Congreso. La primera partía de los colectivos sociales y fue rubricada por todos los grupos parlamentarios de la izquierda, salvo el Partido Socialista. Los de Pedro Sánchez decidieron semanas después registrar su propia iniciativa, dirigida a introducir las terapias de conversión en el Código Penal. Esta última fue dando pasos hasta aterrizar este miércoles en la Comisión de Igualdad. 

Con el avance de la proposición socialista, los grupos que firmaron la primera salvaron el grueso de su contenido vía enmiendas, explica en conversación con este diario el autor de aquella otra iniciativa, el abogado y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro. Las enmiendas llevan en negociación desde el verano pasado y a día de hoy se ha trabajado de forma conjunta en una transaccional, pensada para incorporar "lo más importante". 

Castro cree fundamental que la propuesta legislativa ponga negro sobre blanco una "definición en negativo" de las terapias. Es decir, "lo que no son y no pueden ser", como los "tratamientos afirmativos del género", aquellos que sean "exploratorios y no estigmatizantes", a los que acceden las personas trans durante su proceso. El letrado apuesta, además, por incluir una referencia expresa al consentimiento –es decir, perseguir las terapias incluso cuando cuenten con el visto bueno de la víctima– y eliminar la necesidad de que exista una "afectación a la integridad física o psicológica", pues se trata de consecuencias "inherentes al tipo", entiende el jurista.

La primera proposición incluía medidas sociales y económicas, como alternativas habitacionales y ayudas para las víctimas, pero al tratarse la actual de una reforma estrictamente penal, este tipo de cuestiones se han quedado fuera. "Entendemos que lo prioritario ahora es aprobar la ley", asiente el abogado.

El artículo 17 de la ley trans prohíbe la "práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas". La introducción de las mal llamadas terapias en la norma fue un hito para el colectivo, pero enseguida se reveló absolutamente insuficiente.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBIQ+, recuerda que la propia naturaleza administrativa de la ley trans limitó, en su momento, las ambiciones del colectivo. "Aunque estén prohibidas, la sanción es una multa", asiente. A su juicio, es preciso ahora dimensionar el problema y dar un paso más hacia su persecución penal. "La mayoría de los espacios donde se ejercen tienen la capacidad de hacer frente a esas multas", en parte porque tienen "apoyo financiero de fundaciones privadas" y están integradas en "estructuras que pertenecen a redes internacionales ultras". 

Castro pone el foco en las víctimas: "Si no está en el Código Penal, es porque no es un delito y por tanto los perjudicados no tienen la condición de víctimas", una traba absoluta a la hora de acceder a una protección real y garantista. "Tiene que haber un delito que legitime sus derechos como víctimas", completa.

Para el letrado, la tutela administrativa "no funciona porque es dispositiva", las consejerías de cada comunidad deciden "si quieren o no iniciar un expediente sancionador y las víctimas no tienen derecho a recurrir esa decisión, porque en realidad no son víctimas", añade. La potestad sancionadora es en realidad "una prerrogativa de los poderes públicos", pero no tanto un derecho de las personas afectadas. 

En ese contexto, no existe la obligación de comparecer, no hay una investigación a fondo y no siempre se recaban las pruebas necesarias, un extremo fundamental porque se trata de "violencia que tiene lugar casi siempre en espacios privados, revestida de una supuesta libertad ideológica o religiosa". Las sanciones, con la legislación actual, son "meramente pecuniarias, ni siquiera se acuerda el cierre del negocio, ni se impide la práctica posterior de las conductas sancionadas", por lo que no hay sobre la mesa prácticamente ningún "elemento disuasorio para que los perpetradores dejen de hacerlo", advierte el abogado.

En la Comunitat Valenciana, cinco exalumnos denunciaron al que fuera su profesor en el colegio concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs. Aseguraban que el religioso había mantenido a lo largo de los años una estrategia milimétricamente pensada para corregir la orientación sexual de los adolescentes a los que se dirigía, también en su puesto en el centro diocesano de orientación familiar Mater Misericordia. La Fiscalía abrió diligencias en julio de hace ahora dos años y, meses después, denunció al profesor, al entender que los hechos podían ser constitutivos de un delito de odio.

En enero del año pasado, el Ministerio de Igualdad anunció su intención de abrir un expediente contra siete diócesis por promocionar cursos y talleres que prometían "recuperar" la heterosexualidad tras "encuentros" con Jesucristo. Así lo decidió después de una denuncia interpuesta por la asociación que preside Castro. Se trata de la primera denuncia al amparo de la ley trans estatal. Igualdad todavía no ha iniciado expediente sancionador, afirma el abogado, porque al tratarse de una norma de nueva implantación, los tiempos no son todo lo ágiles que sería deseable. 

En Navarra, el centro Vida Nueva ha sido denunciado después de que el diario Newtral destapara las prácticas ejercidas en el seno de lo que las víctimas han acertado a calificar como secta, marcada por un clima de control y anulación de la voluntad, la práctica de supuestas terapias para infligir tortura sobre las internas y la eventual realización de exorcismos para liberarlas de los "demonios" de la homosexualidad.

Y a principios del presente mes de junio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la investigación de Elena Lorenzo, conocida como coach de identidad, por toda una serie de artículos y vídeos en los que no solo patologiza la homosexualidad, sino que promociona acciones correctivas. "El auto es importante, porque indica que cualquier acompañamiento que proponga una corrección de la homosexualidad es inherentemente contrario a la dignidad de las personas y, por tanto, podría ser delito", afirma Castro.

A nivel internacional, el escenario no es precisamente alentador. A mediados de mayo, la Comisión Europea manifestó su intención de instar a todos los Estados miembros a "prohibir las prácticas de conversión" para que las personas del colectivo puedan vivir su vida "libres de violencia". No obstante, se trata de una mera recomendación que echará a andar el año que viene, pero no aterriza ninguna estrategia en materia de políticas públicas para garantizar que la recomendación sea realmente efectiva. Según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 24% de las personas LGBTIQ+ de la Unión Europea ha sido víctima de este tipo de prácticas.

Y en Estados Unidos, punta de lanza del avance reaccionario, el Tribunal Supremo anuló el pasado mes de marzo la prohibición de las terapias de conversión en menores en el Estado de Colorado. El fallo daba la razón a una terapeuta cristiana que impugnó la ley que vetaba estas prácticas. Precisamente otra de las investigaciones abiertas en suelo español va dirigida contra la organización estadounidense Courage International. La entidad cuenta con delegaciones en España y ha sido señalada por practicar terapias para "restaurar la orientación sexual", replicando los doce pasos de Alcohólicos Anónimos y adaptándolos a la anulación de la homosexualidad. Castro presentó una denuncia contra la organización, actualmente pendiente de incoación.

El comité clínico que en la Comunidad de Madrid tiene la última palabra sobre los abortos a partir de la vigésima segunda semana de gestación y siempre que el feto esté afectado por una enfermedad muy grave, rechaza ya un tercio de las peticiones que evalúa. La tasa, correspondiente al año pasado, es la mayor registrada en la región en los últimos cinco años. 

Para entenderlo hay que echar un vistazo a la interrupción por causas médicas, lo que incluye distintas situaciones contempladas en la norma. Entre ellas, la detección de anomalías fetales incompatibles con la vida, recogidas en un "dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención", o también cuando se detecte en el feto una enfermedad "extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico". 

Dicho comité, también según la ley, estará compuesto por un "equipo pluridisciplinar" formado por "dos integrantes del personal médico especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra", teniendo la paciente la posibilidad de elegir a uno de estos especialistas. 

Según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, en el año 2021 al comité llegaron 37 peticiones de mujeres que querían interrumpir su embarazo por estos motivos, en un estado avanzado de gestación y atravesadas por un pronóstico demoledor. Ocho de ellas obtuvieron una evaluación desfavorable. Es decir, el 21% se topó con la negativa de los expertos. El año pasado, los casos examinados se incrementaron hasta los 42 y los que fueron rechazados ascendieron a 14: un tercio del total (33,3%). En lo que va de año, han sido aprobados cuatro y rechazados tres. Un escenario que denuncia Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid: "Asistimos a un aumento de los casos rechazados, la situación va cada vez a peor".

Jordi Baroja es director adjunto de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius. A sus puertas han llamado centenares de mujeres en los últimos tres años, en el marco de la campaña Més 22. Se trata de mujeres que han recibido la negativa del comité clínico de su comunidad, o a quienes los propios profesionales han recomendado intentarlo en otro territorio, ante la previsible dificultad de conseguir el visto bueno de los miembros del comité que les correspondería inicialmente. 

"Atendemos a una media de una o dos mujeres cada semana, habitualmente son situaciones que han pasado las 22 semanas y hay algún tipo de anomalía fetal", expone al otro lado del teléfono. Muchas de ellas, comenta, se topan con un "laberinto y no saben bien qué hacer, otras tienen información previa de que el comité no les va a tender la mano". La asociación les asesora y les acompaña, también les explica que a partir de la semana vigésima segunda "su cuerpo ya no es suyo, sino que depende de un comité clínico". 

Baroja insiste en aclarar que, a falta de datos globales, no detecta una comunidad concreta con mayores tasas de rechazo y desplazamiento posterior, sino que muchas veces se trata de un "mal endémico", casi siempre producto de la propia redacción legislativa y de su interpretación posterior. Determinar la viabilidad de un embarazo cuando existe una enfermedad "incurable o extremadamente grave es algo tremendamente subjetivo", sostiene. 

"No hay consenso ni entre los comités sobre cuáles son las patologías que deberían entrar en esa categoría", añade. En algunas comunidades es prácticamente imposible que se acepte la interrupción del embarazo cuando existe síndrome de Down o acondroplasia, pone como ejemplo, pero en otras esos mismos supuestos sí son aceptados, así que existe una disparidad palpable. 

En ese punto sitúa el foco José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). En primer lugar, la ley contempla dos situaciones distintas en su articulado. Por un lado, habla de "anomalías fetales incompatibles con la vida" recogidas "en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista"; por otro lado, contempla toda "enfermedad extremadamente grave e incurable" que debe estar confirmada por un comité clínico. "Algunas comunidades entienden que es el mismo supuesto y que ambos deben pasar por el comité", cuando en realidad es la segunda de las situaciones descritas la que debe cumplir con ese requisito", sostiene el experto. "Ese es el primer filtro limitativo".

Si existe una enfermedad "incompatible con la vida", no sería necesaria la evaluación de un comité, porque existe un diagnóstico previo y se trata de datos objetivos, añade Bosch. Un extremo que algunas comunidades no tienen en cuenta. En el caso de las enfermedades incurables, se trata de situaciones con un mayor margen de interpretación, por lo que se introduce el filtro del grupo de expertos. Un equipo de profesionales a los que se presupone rigor científico, apuntala el jurista, pero que en ocasiones están marcados por "valoraciones éticas o morales". Y por eso, añade el experto, en algunas comunidades incluso los médicos que tratan con las mujeres aconsejan llamar a la puerta de otro comité.

Cuando esto sucede, muchas mujeres van a parar a la asociación de Baroja. "Hemos visto un mismo caso que ha sido rechazado en una comunidad y después aprobado en otra distinta", lo que demuestra, asiente, que se trata de un asunto "muy subjetivo". Aunque el marco normativo no lo indica expresamente, la ley no prohíbe que cualquier mujer active un comité de otra comunidad. Cataluña está entre las primeras opciones, sospecha el portavoz de la organización, porque el trámite se puede realizar por internet, mientras que en otros territorios es "mucho más laberíntico". 

En cada comunidad debe existir, al menos, un comité clínico en un centro de la red sanitaria pública, cuyos miembros son designados por las autoridades sanitarias competentes. En Madrid, la actual composición mantiene a dos de los miembros ya presentes en el anterior comité clínico, Manuel Sánchez Luna y Miguel Ángel Huertas. El tercer integrante es Santiago Ignacio Lizarraga, actual jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Gregorio Marañón. 

Lizarraga, denuncia Morales, formó parte del cuadro médico de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, "asumiendo un código deontológico totalmente ligado al Opus Dei". Según su propia página web, todos "cuantos trabajan en la clínica han de actuar de acuerdo con las normas de la ética profesional, conforme a las enseñanzas morales de la Iglesia Católica". La diputada lamenta que a día de hoy "no es posible saber a ciencia cierta" si alguno de ellos es objetor de conciencia.

La orden de renovación se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a mediados de febrero, precisamente antes de que la justicia obligara a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso a poner en marcha el registro de objetores que exige la ley. Este extremo no es anecdótico, pues ninguno de los miembros del comité podrá figurar en el registro, ni en la actualidad ni en los últimos tres años, tal como introdujo la reforma a la Ley del Aborto. Pero Madrid no tiene registro, así que no hay forma alguna de saber si alguno de los componentes del comité es objetor. 

El requisito incorporado por la reforma "es elemental", opina Bosch. A juicio del experto, resulta clave que el comité no esté "atravesado por la ideología" de los profesionales que lo integran. Pero sin registro, las autoridades podrán designar a quienes consideren sin tener este elemento en cuenta. Por el momento, el plazo de consulta pública ha finalizado ya, "pero no hay previsión alguna de cuándo se aprobará la orden", denuncia la parlamentaria socialista. 

A todo ello se suma una gran barrera en lo que respecta a los derechos de las mujeres: la falta de información. "Hay un desconocimiento generalizado entre las mujeres en cuanto a tener un médico designado por ellas en el comité clínico", percibe Bosch. Un desconocimiento que el experto achaca, en todo caso, a los poderes públicos y a quienes asesoran a las mujeres en todo el recorrido.

Evitar que el pitido que marca el final del partido preceda a una explosión de violencia contra las mujeres. Es el objetivo que persiguen las organizaciones que han puesto en marcha campañas de sensibilización y prevención de cara al Mundial de fútbol 2026. Expectantes y ansiosas de celebración, millones de personas recorrerán durante algo más de un mes los tres países que serán sede del gran evento deportivo a partir del próximo jueves: Estados Unidos, México y Canadá. Con este telón de fondo, hay quien ha puesto la mirada en el entramado de violencia que muchas veces pasa desapercibido en medio del tumulto. 

"Mientras el Mundial 2026 se promociona como símbolo de orgullo internacional, turismo y desarrollo económico, las violencias contra las mujeres continúan ausentes de gran parte de la conversación pública", señala la red de organizaciones que ha diseñado la campaña feminista en México. 

No es la primera vez que entidades de todo el mundo ponen la lupa sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en los grandes eventos deportivos. En julio de hace ahora ocho años, el Centro Nacional para la Violencia Doméstica del Reino Unido confeccionó una campaña poniendo el foco en esa violencia oculta. "Mientras la fiebre del fútbol se extiende por todo el planeta, muchos prefieren no enfrentarse a la incómoda verdad que ensombrece el deporte favorito del mundo", trazaban sus autores. Y advertían: la violencia contra las mujeres y la Copa del Mundo "están estrechamente relacionadas".

La afirmación venía sostenida con datos concretos. El estudio ¿Puede relacionarse el Mundial de fútbol de la FIFA con un aumento de la violencia doméstica?, publicado por la Universidad de Lancaster (Reino Unido), analiza incidentes de violencia machista denunciados a la policía en el noroeste del país durante los mundiales de 2002, 2006 y 2010. El informe, pionero en la materia, concluye que el riesgo relativo de violencia machista aumenta un 26% cuando la selección inglesa gana o empata, un porcentaje que se dispara hasta el 38% en caso de derrota. El mismo análisis detecta un incremento del 11% durante el día siguiente al partido, independientemente del resultado.

No se trata de un escenario excepcional. Según un informe elaborado en 2023 por ONU Mujeres, "en todo el mundo, las denuncias policiales por violencia doméstica aumentan" durante grandes eventos deportivos y en algunos territorios "el incremento es superior a un tercio".

El análisis feminista lleva tiempo estudiando el impacto de los llamados factores estresantes en contextos de violencia de género. A las causas estructurales que alimentan la violencia, se suman una serie de detonantes situacionales muy concretos que pueden desencadenar episodios de violencia extrema. Ocurre, por ejemplo, durante las vacaciones estivales, en situaciones de mayor convivencia y en momentos de ola de calor. El verano no es la causa principal de la violencia, pero sí puede dispararla.

Con las grandes competiciones deportivas ocurre algo similar. "Existe una constatación objetiva, documental y científica de que hay un incremento", asiente el médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente. Para empezar, introduce, por el simple hecho de que se produce una enorme concentración de gente, como sucede en otros grandes eventos de ocio.

"La concentración alrededor de la celebración es una especie de exaltación de las masculinidades" en un contexto de "hombres competitivos, famosos y que buscan enfrentarse unos con otros para salir victoriosos", perfila el exdelegado. Si en un contexto de ocio masivo, como festivales, fiestas populares y ferias se activan puntos violeta y campañas específicas porque se produce una "exaltación de la masculinidad, en una convocatoria en la que precisamente esa masculinidad está en el centro la alerta debe ser mayor".

En ese punto concreto se detiene el análisis Grandes eventos deportivos y violencia machista: una reivisión sistemática, cuyas autoras examinan la literatura científica existente y aterrizan cómo los grandes eventos deportivos pueden funcionar como elemento de riesgo en aquellas situaciones en las que ya existen dinámicas previas de abuso.

Lorente aprecia, partiendo de esa base, dos factores clave que pueden tener incidencia directa en los índices de violencia machista: las dinámicas de grupo y el alcohol. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el consumo nocivo del alcohol como uno de los factores de riesgo en lo que respecta a la violencia machista: "El consumo excesivo de alcohol contribuye a la comisión de actos violentos, incluido un mayor riesgo de violencia de pareja y agresión sexual", señala la organización.

El artículo Fútbol, alcohol y violencia machista, analiza datos relativos a llamadas policiales durante ocho años en Reino Unido, concluyendo que "los partidos de fútbol cambian la dinámica en lo que respecta a la victimización por violencia machista el día del partido". Según el análisis publicado hace dos años, la violencia se disipa durante el encuentro deportivo, pero alcanza su punto máximo entre ocho y diez horas después. El motivo es que "los partidos comienzan más temprano y el agresor se encuentra bajo los efectos del alcohol", existiendo por tanto un "aumento acumulativo general de la violencia".

Las grandes competiciones deportivas "siguen siendo eventos liderados por masas de hombres heterosexuales" que son copartícipes de las "lógicas del ganar y perder", expone la doctora en género y especialista en violencias sexuales Bárbara Tardón. "A la masculinidad hegemónica le encanta competir, pero no soporta perder", afina. Y en ese contexto, los grandes eventos deportivos y "las frustraciones respecto a las expectativas son detonantes del ejercicio de la violencia en pareja o en entornos de ocio". Surge entonces una suerte de cóctel perfecto, no porque la competición deportiva sea por sí misma causa de la violencia, sino porque "se concibe el disfrute de ese evento deportivo en base a un sesgo de género liderado por la masculinidad hegemónica".

Y ahí entra en juego el grupo. El ejercicio de la violencia se ve alimentado por escenarios de celebración, éxtasis y entusiasmo compartido, en los que se produce un "reconocimiento entre iguales, la tendencia a seguir lo que hace el grupo y la sensación de que se diluye la responsabilidad", expone el médico forense. Durante el Mundial de Rusia de 2018 se sucedieron una serie de episodios específicos de acoso a las mujeres periodistas que cubrían el evento. La violencia fue entonces muy visible, con besos, tocamientos y comentarios por parte de aficionados ante las cámaras y la complicidad de quienes lo presenciaban.

Otro ejemplo relacionado con la desinhibición de los agresores está en el caso de la agresión sexual perpetrada por Luis Rubiales contra Jennifer Hermoso. La defensa del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol no dudó en utilizar la euforia y la alegría como baza para desacreditar a la víctima. "No se gana un mundial todos los días", llegó a afirmar el condenado durante el juicio.

"Hablar de descontrol es una de las estrategias para justificar la violencia", expone Lorente. Algo así como el hombre "al que se le va la cabeza o que no supo controlarse". Coincide Tardón: "Forma parte de la excusa recurrente de la ideología patriarcal para justificar por qué se agrede a las mujeres". En ese marco, es habitual una "reinterpretación y manipulación" del contexto, de manera que "cuando se pierde, agreden porque están frustrados; y cuando ganan, porque están eufóricos", ignorando que en realidad "son ellos los que eligen ejercer esa violencia". 

"Las impresionantes esposas y novias de las estrellas", "las mujeres más estilosas" o "las mujeres de los futbolistas europeos más buscadas en la red", son algunos de los mensajes que difunden medios de comunicación al calor de los grandes eventos deportivos. "Son ambientes especialmente propensos a la cosificación y la sexualización de las mujeres, incluso antes de que empiece el campeonato", analiza Lorente, quien sitúa como ejemplo más claro el tratamiento mediático en torno a las denominadas wags –término con el que se conoce a las mujeres y novias de los futbolistas, por su acrónimo en inglés–. "Ahí se les empieza a dar un valor añadido a las mujeres en función de la satisfacción de los hombres", sostiene el exdelegado.

El estudio Tratamiento informativo de las esposas y novias (wags) de los deportistas en la prensa digital deportiva española, concluye que en los cuatro diarios digitales españoles con mayor número de lectores, "existe un desigual tratamiento entre mujeres y hombres", no solo a nivel cuantitativo, sino también cualitativo. Ellas son definidas "por su vida sentimental y esfera privada, presentándolas con patrones de feminidad tradicional basados en la belleza y el apoyo al varón", pero también como "mujeres fatales". Ellos, en cambio, "representan un ideal de masculinidad hegemónica", expresado en el "reconocimiento de sus logros deportivos y adjetivos que alaban su profesionalidad".

Este mismo año volverá a ser protagonista la paraguaya Larissa Riquelme, quien en el Mundial de 2010 fue bautizada por los medios como La novia del Mundial, haciéndose internacionalmente conocida. Hoy, los medios celebran su regreso a las gradas sin cuestionar el sentido, las raíces y las connotaciones de aquel sobrenombre.

La deriva machista no es intrínseca a los ambientes masculinizados, pero lo cierto es que tradicionalmente el mundo del fútbol sí ha estado íntimamente ligado a estereotipos de género y expresiones misóginas. También a pequeña escala: a mediados de mayo, un club de fútbol valenciano celebró la victoria de su equipo juvenil, en el que participan menores, con una stripper en el polideportivo municipal. Tardón cree que el análisis feminista no puede "obviar una realidad: que determinadas disciplinas deportivas están atravesadas por una estructura patriarcal" y eso tiene consecuencias. Ante ese escenario, la experta apuesta por "transversalizar políticas de género en el deporte" y evitar así que las mujeres no solo se queden fuera de ciertas competiciones, sino que además puedan formar parte de los espacios de celebración sin miedo a ser violentadas, invisibilizadas o sexualizadas.

Gustavo Fuentes, director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), ha sido imputado como presunto autor de delitos de agresión y acoso sexual, según ha adelantado esta semana elDiario.es. La víctima relata episodios de violencia sostenida en el tiempo –con tres agresiones específicas en 2013, 2021 y 2023– y humillaciones a los ojos de todos, según acreditan sus propios compañeros. Y las empresas responsables de velar por la seguridad de su trabajadora se excusan aludiendo a la existencia de protocolos de prevención a los que jamás llegó ninguna denuncia. 

Así lo señaló el martes Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) mediante un comunicado: su protocolo de actuación contempla "mecanismos de actuación aplicables" a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas, como es el caso de la productora. ADM es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía y que está, además, asociada a la RTVA. El ente público, su principal comprador institucional de contenidos, subraya que no le "consta" la presentación de ninguna "denuncia interna" en relación con los hechos publicados. 

Por su parte, la productora ha decidido suspender al presunto responsable, basándose en "los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones" y solo una vez los hechos quedaron en manos de la justicia. Es decir, cuando el daño llevaba más de una década instalado en el entorno laboral. 

Ambas entidades presumen de sus protocolos, pero ¿han sido útiles para la víctima? Esa es, precisamente, una de las cuestiones que con más insistencia plantean desde los sindicatos. Todas las empresas, con independencia del tamaño de su plantilla, tienen la obligación legal de establecer medidas de actuación, protección y prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo. La no adopción de estas medidas supone una infracción del ordenamiento jurídico. 

La ley de igualdad de 2007 obliga a las empresas a "promover condiciones de trabajo que eviten" el acoso sexual y por razón de sexo, un imperativo que años después quedó ampliado a la necesidad de impedir todo tipo de "delitos y otras conductas contra la libertad sexual", gracias a la conocida como ley del solo sí es sí. Además, España ratificó en el año 2022 el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El principio obliga a todos aquellos que lo suscriban a adoptar medidas de prevención, protección, control y reparación frente a estas conductas. 

Samuel Ortega, secretario de Organización en la sección sindical de UGT en RTVA y miembro de la Comisión de Igualdad de Canal Sur, recuerda la responsabilidad del ente público en lo que respecta a aquello que sucede en el seno de las empresas que prestan servicios para la televisión autonómica. En ese contexto, destaca que los miembros de la Comisión de Igualdad "siempre" han pedido, sin éxito, acceder y examinar los protocolos vigentes en las compañías que están en su órbita. 

"Es importante poder ver qué formación existe, cuáles son las medidas contempladas, quiénes son los miembros de los comités de denuncia y saber si la gente está informada", incide. Sin todos esos elementos, la mera existencia de los protocolos se revela insuficiente. 

"Si el protocolo no funciona, lo que hay que hacer es ponerlo a funcionar". Habla Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres de Comisiones Obreras (CCOO). Pero, sobre todo, asiente en conversación con este diario, la responsabilidad de las empresas debería ser "preguntarse por qué no ha funcionado el protocolo" y no excusar su inacción en la falta de denuncias, especialmente cuando la obligación de toda compañía pasa, en primer lugar, por la prevención y la detección. "Las mujeres no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos y como podemos", recuerda la responsable sindical. Señalar directamente a la ausencia de denuncias no solo parece ser una "excusa de alguien que no quiere involucrarse", sino que además "sitúa la responsabilidad en la víctima". 

Coincide Glòria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. "Volvemos a cargar todo el peso en la víctima", lamenta, una dinámica que pese a ser señalada constantemente por las expertas feministas sigue siendo dolorosamente frecuente. En oposición, la jueza cree importante "integrar en las empresas la obligación de que la denuncia no recaiga solamente en la víctima", en parte porque las mujeres no siempre encuentran una respuesta ágil, garantista y respetuosa en los mecanismos trazados por la propia compañía. 

Poyatos cree que, en términos generales, asistimos a un "cumplimiento más formal que real respecto a la legislación" en materia de prevención del acoso y la violencia sexual, lo que "dificulta mucho la detección y la toma de decisiones para impedir que la salud de las trabajadoras se vea afectada". Las empresas, completa, deben desarrollar una "diligencia activa en materia de prevención, no actuar como meras espectadoras", más aún en casos como el presente, cuando se trata ya no solo de salud laboral, sino de un posible delito.

"Cualquier espacio en el que una mujer interactúe con un hombre tiene que ser valorado desde un punto de vista de prevención de la violencia sexual a la que se expone", añade la jurista, por lo que el deber de las empresas pasa por saber "valorar ese riesgo que existe en los puestos de trabajo" con el fin de poder evitarlo. 

Las conductas denunciadas por la reportera de la productora sucedían a ojos de la mayoría. Los comentarios sexistas, misóginos y discriminatorios los pronunciaba el presunto agresor en público, sin pudor alguno y ante el silencio cómplice de quienes escuchaban, según se ha publicado este miércoles. Pese a que la violencia trascendía del ámbito privado, nadie activó los protocolos.

Uno de los testimonios recogidos por elDiario.es señala directamente al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, como conocedor directo de las conductas denunciadas. El relato recogido parece evidenciar que la violencia era conocida no solo por compañeros y superiores de la productora, sino por cargos de responsabilidad dentro de la propia televisión autonómica. 

El protocolo de RTVA, consultado por este diario, indica que "en caso de hallarse implicado personal laboral de una empresa externa que esté prestando un servicio" para la cadena, se aplicarán "los medios de coordinación necesarios para llevar a cabo la investigación y adoptar las medidas más idóneas y urgentes que den solución al problema planteado y eviten su repetición". 

"La sociedad no puede mirar para otro lado, tiene que hacer red, formar, concienciar y hacer llegar a todas las personas trabajadoras el mensaje de que es necesario tener los ojos puestos en todas las compañeras", exclama Carolina Vidal. Si hay una herramienta para terminar con la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, más allá de la existencia necesaria de los protocolos, esa no es otra que "la presión de la plantilla", concluye la sindicalista.

"Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano?". Las palabras fueron pronunciadas por el papa León XIV este lunes en la sede de la soberanía popular, la misma cámara que hace 17 años se unió para consagrar legislativamente el aborto como un derecho irrenunciable de las mujeres. Ya entonces, la Iglesia católica se consolidó como la principal voz discordante en el avance de los derechos reproductivos, situando la interrupción libre del embarazo como enemigo a batir. Casi dos décadas después, las palabras del pontífice resucitan un debate que se creía resuelto en suelo español, alentado por un contexto internacional de avance reaccionario que busca resucitar viejos fantasmas.

El movimiento feminista que ha peleado tradicionalmente por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se encontró respaldado, allá por el año 2009, por el consenso social. Trazar una ley garantista y amplia no era una batalla residual, sino una demanda de la mayoría. Frente a ese sentir mayoritario, se situó la Iglesia. La Conferencia Episcopal dijo de la ley que era "objetivamente incompatible con la recta conciencia moral" y comenzó a hablar de "ideología abortista y de género".

Los obispos reforzaron su narrativa en defensa de "quienes tienen derecho a nacer" y también escenificaron una supuesta preocupación por las mujeres que necesitaban apoyo para no ser "víctimas del aborto". Advertían de los peligros de confundir "la injusticia con el derecho" y no dudaron en sostener algunas de las pancartas que así lo expresaron en las calles. La ley del aborto de 2010 salió finalmente adelante y colocó a España en la vanguardia de los derechos reproductivos. A pesar del avance legislativo, los líderes religiosos no han adaptado su discurso a la realidad social de su tiempo, y ante cada mejora en el plano político, como la reforma de la ley aprobada hace ahora tres años, han vuelto a sacar las garras.

Aquellos argumentos han sido gasolina para los grupos antiabortistas, los mismos que todavía hoy se sitúan frente a las clínicas de interrupción del embarazo para hostigar, amedrentar y violentar a las profesionales y mujeres que deciden atravesar sus puertas, desafiando la legislación vigente. El Código Penal contempla como delito el acoso frente a estos centros privados, en un contexto en el que abortar sigue sin ser un derecho garantizado en la red de hospitales públicos. 

Pero si hoy existe preocupación por las palabras de León XIV, aplaudidas por el grueso de los parlamentarios, es por el telón de fondo en el que se enmarcan. El discurso de buena parte de los líderes políticos a nivel internacional pasa por cuestionar o arrinconar el aborto como derecho. Ya no se trata solo de rosarios, sino también de políticas públicas.

España se resiste al retroceso, pero desde hace años emergen cíclicamente intentos de cuestionar lo que es hoy un derecho consolidado. Sucedió en diciembre de 2024, al calor de la cumbre antiabortista celebrada en el Senado, en la que líderes ultras de todo el globo se dieron cita para clamar contra la "perversidad" del aborto. En aquel enclave participó el exministro del Partido Popular Jaime Mayor Oreja, un habitual en la difusión de los mensajes ultracatólicos contra el aborto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha decidido dejar en vilo a millones de madrileñas que en los últimos años asisten atónitas a un retroceso que ya no es meramente discursivo, sino material. Madrid es la única comunidad que se ha opuesto firmemente a cumplir la legislación, poniendo resistencias a la creación de un registro de objetores tildado por la presidenta regional como "lista negra". En paralelo, la líder conservadora acaba de aprobar el proyecto de ley para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, una apuesta política que tiene mucho que ver con los postulados de la Iglesia.

Pero si hay un partido que defiende sin matices las tesis antiabortistas, ese es Vox. La formación de Santiago Abascal plantea, como eje central de su proyecto político, "el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural". Los ultras son los responsables de exportar iniciativas idénticas a las puestas en marcha en otros países europeos, como la perversa propuesta de escuchar el latido fetal dirigido a las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo.

En la actualidad, tanto la derecha como la extrema derecha se han dado la mano a la hora de plantear enmiendas a la totalidad contra la reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitucional. Todas ellas fueron rechazadas. 

En el Congreso, a la intervención del papa le siguió un sonoro aplauso. Pero fuera de sus pasillos, no fueron pocos quienes se pusieron en guardia y advirtieron de los riesgos que conlleva normalizar un discurso diametralmente opuesto a los derechos de las mujeres.

Teresa Sáez reconoce preocupación. "Me parece una incoherencia", asiente la activista feminista al otro lado del teléfono, permitir tal negación de los "derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, sobre todo en un contexto en el que toda una legislación lo avala". Es, a su juicio, peligroso. Especialmente teniendo en cuenta un contexto internacional que se empeña en "volver a llevarnos al punto de partida, a reabrir debates de hace 40 años".

Para la feminista Alicia Miyares, la posición expresada por el papa es sencillamente "doctrinal" y sigue la línea fielmente reproducida durante años por la Iglesia. No obstante, sí cree que existe una negación sistemática de las mujeres y sus derechos por parte de los líderes religiosos. "La Iglesia no se siente cómoda con las mujeres, existe una omisión constante y dentro de su seno están en una posición de subordinación", analiza. 

La cuestión no tiene tanto que ver con la posición expresada por el pontífice, sino con el silencio posterior y sus implicaciones a nivel político. El movimiento feminista se pone en guardia, igual que lo hizo ante la gran amenaza de retroceso protagonizada por el Partido Popular durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2014, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso recuperar el espíritu de la ley de supuestos de 1985, obligando a las mujeres a justificar su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.

Entonces, feministas como Alicia Miyares pusieron rumbo a Madrid, decididas a llenar las calles. El llamado Tren de la libertad congregó a decenas de miles de mujeres que se manifestaron para pedir la retirada del anteproyecto de ley con el que Mariano Rajoy quería modificar la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo y también la dimisión del entonces ministro de Justicia. Consiguieron ambas demandas.

Cada vez que sobrevuela una amenaza de regresión, las feministas se atrincheran en la movilización que pasó enseguida a ser un hito histórico del movimiento. "En materias como estas, estamos fuertes para volver a hacerlo", dice convencida Teresa Sáez. Aunque la activista reconoce que el feminismo no está "permanentemente organizado", sí cree que mantiene intacta la capacidad de responder ante un asunto clave como el derecho al aborto. "Vivimos en el día a día de las mujeres y sabemos que nos va la vida en ello", asiente. 

En un documento escrito a mano, con tinta azul y letra menuda, las monjas Adoratrices decían de Pilar que era una "joven de familia normal y buena moralidad", que presentaba una "conducta irregular" sin ningún "desliz moral", pero moviéndose con "cierta independencia", regresando "tarde a casa" y tratando con "chicos melenudos". Ese fue el motivo por el que acabaría internada en el Patronato de Protección a la Mujer. Aquel escrito, fechado en octubre de 1970, es uno de los pocos que han llegado a manos de las supervivientes. Hoy, tanto ellas como las investigadoras que siguen el rastro de esta opaca institución piden que las congregaciones religiosas hagan públicos todos los archivos a su disposición. Es una cuestión de justicia, reclaman, pero también la única forma de que mujeres como Pilar puedan escribir su historia.

Podemos ha solicitado, con motivo de la visita del papa León XIV a España, la entrega de toda la documentación en poder de las congregaciones religiosas que gestionaron los centros del Patronato durante más de cuatro décadas, así como todos los archivos relacionados con el robo de recién nacidos.

Es una de las reclamaciones que llevan formulando las supervivientes desde que dieron el paso de verbalizar sus relatos de violencia mientras estaban encerradas en la institución franquista, operativa hasta mediados de los 80, ya en democracia. "Las congregaciones establecieron el compromiso público de que nos lo iban a entregar, pero no lo han hecho". Habla Consuelo García del Cid, víctima del Patronato y una de las primeras mujeres en investigar y compartir públicamente lo sucedido en los centros.

En junio del año pasado, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) celebró un acto de perdón a las víctimas, en el que se cerraron distintos compromisos. Los religiosos dijeron entonces estar dispuestos a "esclarecer la verdad" con la "máxima transparencia y colaboración", ofreciendo respuesta a quienes "buscan conocer su historia personal". Prometieron también llevar a cabo una "revisión histórica y análisis crítico" de lo sucedido, impulsando una "reflexión hacia el interior" de sus archivos para poder "analizar con objetividad el impacto del Patronato de Protección a la Mujer" en la propia historia de las congregaciones.

Hace casi un año de aquello y las supervivientes siguen esperando. "Las Misioneras de María Ianua Coeli nos dijeron que cuando entró en vigor la Ley de protección de datos, compraron una trituradora de papel y destruyeron todo. Las Adoratrices nos han dado algún documento suelto, con fechas de entrada y salida. Y las Hijas de la Caridad ni contestan a nuestros correos", afirma García del Cid. "¿Se están burlando de nosotras?", se pregunta.

La víctima insiste en que el acceso a los expedientes serviría para "demostrar cuánto tiempo" permanecieron en los centros, probar el "trabajo gratis" que allí se desempeñaba y los detalles de "un sistema penitenciario oculto" que pasó desapercibido durante demasiado tiempo. "Para muchas de nosotras, nuestras vidas y nuestro futuro estuvieron marcados por el paso por estos centros", clama García del Cid. "Es nuestra historia".

Si alguien sabe bien el valor de los expedientes, son las investigadoras que desde hace años han tratado de arrojar luz sobre las raíces de los reformatorios franquistas. Una de esas personas es María Palau, coautora de Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato (Libros del K.O., 2026). "Esa documentación es privada y por tanto tenemos un acceso prácticamente imposible, aunque es una pieza fundamental del puzle porque nos permitiría completar el discurso de los verdugos, un discurso patriarcal, misógino e impregnado de nacionalcatolicismo, pero que nos ha permitido ir uniendo puntos para dibujar esa verdad", sostiene la periodista en conversación con infoLibre.

A su juicio, el acceso a los archivos es clave no solo para recuperar la historia del Patronato de Mujeres, sino también para dar forma a los muchos relatos individuales de las supervivientes. Cuando las congregaciones se resisten a compartir los expedientes, en realidad les están "negando gran parte de su identidad", lamenta la escritora. 

Coincide Carmen Guillén, autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Planeta, 2026). "En esta historia hay un vacío documental", expone al otro lado del teléfono. Lo sabe a ciencia cierta: la doctora en Historia Contemporánea lleva más de diez años buceando en las escasas fuentes documentales existentes para tratar hacer memoria en torno al Patronato. 

Guillén cree fundamental crear una comisión oficial de investigación que implique "la apertura total de los archivos, incluidos los eclesiásticos". La historiadora subraya que la Junta Nacional del Patronato conservaba hasta 1.186 cajas de documentación, pero una inundación sufrida en el archivo donde almacenaban redujo aquella cifra a 31. Las investigadoras han tenido siempre que "bucear en los márgenes" para construir el relato de lo allí sucedido. Acceder a los archivos y expedientes, clama la experta, "ayudaría a cubrir muchos huecos en esta historia". 

España tiene un espejo en el que mirarse: Irlanda. Las llamadas Lavanderías de las Magdalenas fueron instituciones gestionadas por congregaciones religiosas a las que iban a parar niñas y adolescentes pobres, en situación de vulnerabilidad o simplemente ajenas al orden moral dominante. Irlanda ha desarrollado políticas públicas de memoria y reparación hacia las víctimas, investigando lo sucedido, compensando económicamente a las supervivientes y reconociendo su responsabilidad en la violencia que recayó sobre ellas. 

Aunque las supervivientes han sido reconocidas como tal, las investigadoras creen que hacen falta más pasos hacia una reparación real del daño. "Los símbolos son importantes y ellas lo vivieron como una especie de acto de catarsis colectiva, pero es preciso un cambio en la Ley de Memoria Democrática para incluir oficialmente una reparación económica", asiente Guillén. "Les partieron la vida, condicionaron su futuro y no les dejaron estudiar", denuncia.

En este extremo se detienen todas las voces consultadas. "Muchas compañeras están al borde del desahucio, mientras las congregaciones siguen funcionando en terrenos regalados por el dictador", destaca García del Cid.

Las niñas internadas en aquellos centros fueron explotadas laboralmente, desarrollando trabajos forzados y sin remunerar como tónica general. Las víctimas también piden que se reconozcan esas labores como años cotizados, para lo que es preciso el acceso a los expedientes y a los libros de contabilidad, esclareciendo así las ganancias obtenidas. Y en ese sentido, demandan también una "investigación sobre las empresas que se beneficiaban con el trabajo forzado de las internas". 

Aquellas mismas niñas que ingresaban por desviarse de la doctrina de la época no solo fueron vejadas, explotadas y violentadas, sino que muchas de ellas llegaron embarazadas y nunca más volvieron a saber nada de sus bebés. "Dentro del complejo entramado institucional que generó el Patronato de Protección a la Mujer, pocos espacios resultan tan difíciles de abordar como los centros maternales", escribe en su libro Carmen Guillén. A medida que el alcance de la institución fue extendiéndose, la "atención a mujeres solteras embarazadas se consolidó como una de sus áreas centrales". Y en ese contexto se produjeron, escribe la historiadora, "procesos de adopciones forzadas y separación sistemática entre madres e hijos".

Un fenómeno que no es exclusivo del Patronato. "El robo de recién nacidos se desarrolló a través de múltiples elementos institucionales y sociales que funcionaron de forma continuada desde la Guerra Civil hasta la década de los 90", expone la investigadora, con "maternidades, hospitales y clínicas privadas" como los "escenarios principales de este proceso", mientras que los registros civiles "jugaron un papel crucial en la legalización del delito al permitir la inscripción fraudulenta de los recién nacidos como hijos biológicos de otras familias". Lo que Guillén llama "arquitectura de la desaparición" fue sostenido por "médicos, religiosas y funcionarios", quienes garantizaron "la eficacia del robo y también su ocultamiento durante décadas".

Las expertas creen que en lo que respecta a los bebés robados, todo está por hacer. Piden la aprobación de una ley nacional y bancos de ADN para la identificación de los niños y niñas "robados en las maternidades del Patronato" y arrancados también "en otras maternidades públicas y privadas".

Las batallas pendientes tienen, en realidad, mucho que ver con el presente. Porque aquellas dinámicas que han sido normalizadas e ignoradas durante décadas, tienen impacto todavía hoy. Lo explica Guillén: es importante, a su juicio, revisar todas las situaciones actuales que puedan seguir "reproduciendo esquemas basados en misoginia y discriminación por razón de etnia, condición social o discapacidad", especialmente ligadas con "retiradas de custodia, con las madres protectoras y con la violencia vicaria". Eso conlleva, en muchos casos, la vigilancia de los "centros regentados por las mismas órdenes religiosas que atienden a mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad", destaca la escritora. 

Palau recuerda que la estela de la institución no desapareció con la extinción de los centros, sino que hábilmente se valió de la desmemoria para ir tomando otras formas. "Esas monjas siguen ocupando los mismos espacios. No se hacen cargo de internas, pero sí de mujeres en situación de vulnerabilidad y tenemos indicios que nos llevan a pensar que el trato puede estar siendo similar". 

La periodista entiende que transformar el sistema de servicios sociales supone "un trabajo enorme", pero también cree que es clave ir dando pasos hacia otro modelo. Un primer impulso puede estar en revisar los requisitos que permiten a las congregaciones acceder a fondos públicos, para establecer la imposibilidad de acceder a ayudas públicas mientras no faciliten toda la documentación de la que disponen.

"Puede que ahora tu prioridad sea otra. Puede que ahora no sea tu momento. Pero ese momento llegará". La promesa interpela a aquellas mujeres decididas a buscar la información –a veces escasa, a veces confusa– sobre una técnica cada vez más popular: la congelación de óvulos. La vitrificación es una realidad para miles de mujeres que cada año deciden dar el paso de acudir a una clínica, pese a la información parcial, las muchas dudas que todavía pesan sobre esta práctica y los gastos que conlleva. La mayoría se topa con una industria volcada en ofrecer soluciones aparentemente rápidas e infalibles, pero con mucha letra pequeña.

La preservación de la fertilidad es el tipo de ciclo que "más ha aumentado en los últimos años, con una progresiva reducción de la edad media a la que tiene lugar", pasando de los 38 años a los 35, recoge la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) en el documento Hoja de ruta para una reproducción saludable y planificada. 

Según los datos recopilados anualmente por la entidad, el número de mujeres que congelan sus óvulos se ha ido multiplicando progresivamente a lo largo de los años. En 2010, primer ejercicio en el que existe registro, fueron 129 las que tomaron esta decisión, mientras que en 2023 la cifra escaló hasta las 7.158 mujeres que accedieron a la prestación. Estas mujeres, aquellas que eligen congelar óvulos por motivos que no son estrictamente médicos, constituyen el 79,8% del total de usuarias que acceden al servicio.

Pero ¿cuáles son los motivos que les empujan a hacerlo? Un artículo firmado por la socióloga Sara Lafuente, publicado en la revista científica BioSocieties en 2024, analiza las connotaciones sociales en la decisión de congelar óvulos, a partir de entrevistas con profesionales y usuarias. Lafuente pone el foco en aquellas mujeres que entrevén en la preservación una herramienta útil para ganar tiempo, pero también se detiene en esta técnica como síntoma de un contexto social que pone muchas trabas al desarrollo pleno de una crianza en condiciones.

Las entrevistadas hablan de elementos determinantes en su decisión, como la falta de una pareja estable, la precariedad laboral, la crisis habitacional o la falta de políticas sociales encaminadas a facilitar la conciliación. La congelación de óvulos se ha ido configurando, a juicio de la autora del análisis, como una suerte de parche para sortear obstáculos que tienen más que ver con políticas públicas y con el contexto socioeconómico que con decisiones libres. 

Al otro lado del teléfono, la socióloga se detiene en las raíces que empujan a las mujeres a decidirse por la congelación de óvulos y el peso del contexto tanto cultural como socioeconómico. Muchas de las pacientes que entrevistó para su trabajo reconocen haber retrasado "la maternidad no necesariamente porque haya una decisión consciente" encaminada a priorizar el trabajo o el ocio, sino por cuestiones como "la soledad, las condiciones económicas, el problema con la vivienda y porque saben que hoy tener hijos para las mujeres trabajadoras conlleva un coste" en distintos ámbitos que no siempre es asumido desde una perspectiva pública y comunitaria. 

Ocurre entonces que la congelación de óvulos llega a "muchas capas sociales" en comparación con otros países, por lo que existen mujeres que acceden a ella asumiendo el coste que implica, aunque suponga un esfuerzo significativo. Para Lafuente, no deja de ser una "solución individual, a través del mercado, para dar respuesta a problemas que no han sido resueltos desde lo colectivo".

En su libro Sueños y vasijas (Consonni, 2024), la periodista June Fernández hace una aproximación a la lógica mercantilista que envuelve a la preservación de la fertilidad. "La expansión de los mercados reproductivos se ha basado en tres hallazgos científicos del siglo XX: la fecundación in vitro (el óvulo es inseminado fuera del útero), la ovodonación (se implanta en el útero de una mujer un embrión fecundado en el óvulo de otra mujer) y la crioconservación de gametos y embriones (una técnica para almacenar material biológico congelados)", escribe. La demanda de estas técnicas, añade la autora, "se multiplicó gracias a dos cambios sociodemográficos: el retraso de la edad de reproducción y la visibilización de modelos familiares distintos al encabezado por parejas heterosexuales".

En ese sentido, "la mercantilización de la reproducción coincidió con la expansión del neoliberalismo en los años ochenta y noventa". Según la escritora Layla Martínez, autora de Gestación subrogada. Capitalismo, patriarcado y poder (Pepitas de calabaza, 2019), "estos servicios se presentaron de entrada como procedimientos médicos para lograr legitimación social, pero pronto pasaron de la lógica sanitaria a la lógica de mercado. Así, el neoliberalismo demostró que era capaz de comercializarlo todo, incluida la capacidad de crear vida".

En España, agrega la investigadora, "hay una confianza desmedida en la reproducción asistida como una solución". Una confianza que se construye alrededor de la "creencia de que cuando llegue el momento será una opción fácil", pero la realidad es que "no es nada fácil, ni garantista y la gente se encuentra con procesos costosos, largos y difíciles que no siempre funcionan". 

Coincide la ginecóloga Victoria Marcos. "Lo peligroso es que el marketing sea incorrecto. Una congelación de óvulos aumenta las posibilidades de embarazo, pero no lo asegura", reflexiona en conversación con este diario. Aunque matiza que algunas clínicas "son muy sensatas", la profesional sí cree problemático que otras tantas perfilen un panorama de garantía total según el cual la congelación de óvulos servirá, por sí misma, para garantizar poder tener hijos, "cuando la realidad es que no es así".

La Sociedad Española de Fertilidad señala el coste del proceso como el "principal obstáculo". Los precios oscilan entre los dos mil y los cuatro mil euros por ciclo, a lo que deben sumarse otros 300 o 400 euros anuales de mantenimiento de los óvulos preservados, según los cálculos de la misma entidad. A estas cifras pueden añadirse alrededor de otros mil euros, el coste del tratamiento previo a la extracción para estimular la producción ovocitaria.

La organización reclama "el desarrollo de políticas públicas que hagan asequibles estos tratamientos para las ciudadanas, erradicando así problemas de inequidad". Pero, además, los profesionales destacan que una vez que se consigue acceder al proceso, "puede ser altamente estresante a nivel físico y emocional", así que para "reducir al máximo el malestar que sufren muchas pacientes, deberían crearse rutas asistenciales pautadas que aseguren, por defecto, el máximo grado de comodidad posible para las pacientes".

La Seguridad Social únicamente se hace cargo del coste de la prestación en el caso de enfermedades que afecten de alguna manera a la fertilidad, pero el simple deseo de posponer la maternidad –el principal motivo por el que las mujeres recurren a la vitrificación– hace que el impacto económico sea asumido íntegramente por la paciente. 

El Partido Popular se sumergió de lleno en esta cuestión el año pasado, cuando en su ponencia política planteó financiar el servicio con fondos públicos. "No tener un hijo no puede ser una cuestión económica", señalaban entonces los conservadores. "Miles de españoles no pueden formar una familia porque las circunstancias económicas, políticas e incluso sociales se lo impiden", añadían los de Alberto Núñez Feijóo. La Xunta de Galicia es la única comunidad que, desde este año, incorpora el servicio en su red pública también para las mujeres de entre 30 y 35 años sin prescripción médica.

En el debate sobre el peso de la sanidad privada entran en juego diversos elementos. "En el Estado español ha habido históricamente un protagonismo muy fuerte del sector público en casi todos los ámbitos, pero no en la reproducción asistida", introduce Lafuente. En este terreno, el liderazgo del sector privado es indiscutible y existe además una "industria muy fuerte caracterizada por un problema: la compra de clínicas por parte de fondos buitre". Gigantes como el fondo de inversión KKR, con intereses en la Palestina ocupada, están detrás de clínicas dedicadas a la fertilidad. 

A día de hoy, analiza la socióloga, no existe ningún sistema encaminado a "poner coto a cuál es el formato de acumulación en el sistema privado", por lo que el hecho de que existan "fondos de inversión que buscan generar beneficios de forma muy rápida en el ámbito de la medicina es problemático en sí mismo". Como resultado, apuntala la investigadora, "es muy difícil saber si los tratamientos responden a un coste beneficio basado en la salud o a una cuestión puramente económica".

Para Lafuente, el debate no tiene tanto que ver con cuáles son las técnicas actualmente presentes en la privada que debe absorber la Seguridad Social, sino si las instituciones están en condiciones de ofrecer soluciones alternativas desde una perspectiva de políticas públicas. "La congelación de óvulos, aunque en muchos casos es útil, no deja de ser una respuesta que nos ha dado el mercado", zanja. 

Pero hay otra cuestión que rodea a la congelación de óvulos y que inquieta profundamente a las mujeres: las limitaciones a la hora de descongelar los preembriones o gametos femeninos. La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, vigente desde hace dos décadas, plantea la posibilidad de destruir los ovocitos o preembriones siempre como última opción, por detrás de su uso por la propia mujer o su cónyuge, la donación con fines reproductivos o la investigación. 

El cese de la conservación solo puede aplicarse una vez haya finalizado el plazo máximo de conservación previsto por la ley y si no se ha elegido antes otro destino. Para ello, además, es necesario que la paciente presente dos informes de especialistas diferentes y ajenos a su clínica, capaces de avalar que no reúne los requisitos adecuados para el embarazo. Es decir, un laberinto burocrático para las mujeres. ¿Y si la paciente deja de pagar el mantenimiento? Entonces el material pasa a ser propiedad del laboratorio.

El destino final de los óvulos y preembriones está, por tanto, sujeto a una serie de condiciones que limitan la decisión autónoma de cada mujer, una situación que no se produce respecto a la congelación de semen. Es esta asimetría la que quiere corregir ahora el Partido Socialista. La formación presentó el pasado mes de abril una proposición de ley para tratar de eliminar los obstáculos a la hora de decidir en torno a la conservación del material.

Su finalidad, según expone el grupo parlamentario, pasa por "equiparar la normativa de crioconservación de ovocitos con la del semen, reforzando la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre el destino de sus propios gametos". La legislación vigente, reseñan los socialistas, impide que la mujer decida "por sí sola poner fin a la conservación de sus ovocitos", su decisión queda "condicionada por una validación externa".

Lafuente lo encaja como un avance encaminado a corregir una "normativa profundamente paternalista", pero cree que es también una oportunidad perdida para revisar igualmente las condiciones en el caso de los preembriones. La diputada socialista Margarita Martín defendió en sede parlamentaria su iniciativa no solo para "reforzar la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus ovocitos", sino también persiguiendo el propósito de "abrir el camino para abordar con seriedad la situación de los preembriones crioconservados".

Un total de 22 mujeres han sido asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas en lo que va de año. El balance que deja la violencia machista a las puertas del ecuador de 2026 hace saltar las alarmas de quienes acostumbran a examinar las estadísticas: los feminicidios han aumentado un 83% respecto al año pasado. "Estamos en un momento de rearme patriarcal", señalan las voces expertas. 

El Ministerio de Igualdad convocó el lunes el comité de crisis precisamente para analizar la acumulación de casos en los últimos meses, entre ellos el asesinato de una niña menor. En lo que va de año, han sido tres los menores asesinados en casos de violencia de género contra sus madres, la peor cifra de la serie histórica a estas alturas del año.

"La concentración de casos obedece a distintos factores, pero estamos ante una situación extraordinaria que muestra un aumento preocupante de los feminicidios". Habla Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. El experto considera necesario el análisis riguroso de una situación de extrema urgencia, huyendo de relatos alarmistas. "El resultado de una concentración como la actual es consecuencia de algo, no tiene que ver con el azar", afirma en conversación con este diario.

Lorente menciona cuestiones clave, como el factor individual y las características particulares de cada caso, pero también enarbola un enfoque global al plantear elementos culturales, contextuales y sociales presentes en cada feminicidio. "Cada caso individual se ve influido por un contexto relacional, familiar, laboral y social donde los factores individuales se pueden potenciar o minimizar", razona. El momento actual resulta, además, especialmente sensible porque precede a una época tradicionalmente crítica para las víctimas: los meses estivales, en los que el periodo vacacional, la convivencia y el calor tienen impacto en la violencia machista, con un incremento sostenido de las cifras. 

Graciela Atencio, investigadora y cofundadora de la web Feminicidio, recuerda que prácticamente todos los años asistimos a "una explosión de casos", pero alerta de que "cada vez hay menos distancia entre una acumulación y otra", un factor que resulta a su juicio "muy significativo". En lo que va de año, se han celebrado ya cuatro comités de crisis, una herramienta pensada para analizar los errores del sistema tras acumulaciones de cinco asesinatos o más en el periodo de un mes. Todos los meses, salvo en abril, las instituciones han tenido que reunirse para estudiar los fallos estructurales a la hora de proteger a las mujeres. En todo 2025 fueron tres los comités de crisis convocados.

"El feminicidio es el resultado de una violencia machista multicausal, así que debemos ver cuáles son los otros elementos presentes en la sociedad que producen este aumento de los asesinatos", sugiere la experta.

Las voces consultadas encuentran una explicación plausible en el aumento de los discursos de odio y la normalización de un rechazo casi militante a las políticas de igualdad. Lorente lo percibe así en las redes sociales, pero también en los programas de máxima audiencia. "Hay un clima de agresividad y violencia" que funciona no solo como caldo de cultivo, sino como aliciente para los agresores, expresa el exdelegado. 

Los hombres que ya están insertos en la violencia "entienden que aquello que les pasa es producto de las denuncias falsas y de la perversidad de las mujeres", mensajes que calan en la población general, pero que tienen especial impacto entre aquellos socializados en la violencia contra las mujeres. Y hay más: para el exdelegado, ese clima propenso a la difusión de mensajes negacionistas permea también en aquellos agentes que deben brindar protección a las mujeres. "Si tú como juez, como forense o como policía estás inmerso en ese debate, acabas minimizando la situación de riesgo", afina. 

Atencio habla directamente de un "momento de rearme patriarcal" marcado por la "negación de la violencia machista y el envalentonamiento colectivo del machismo y la misoginia", una atmósfera que se expone sin disimulo "en redes sociales y se traslada a la vida real", coincide la periodista.

Ambos expertos inciden en un extremo que consideran fundamental: alertar sobre el repunte de feminicidios debe servir para reclamar más políticas públicas, no para revertir las conquistas en igualdad. Es ahí donde radica la diferencia entre la perspectiva feminista y el discurso abanderado por la reacción ultra. 

Los primeros son críticos con el sistema porque creen que existe un amplio margen de mejora en beneficio de las mujeres. Los segundos, en cambio, impugnan las políticas de igualdad porque son genuinamente negacionistas de la violencia machista. 

Vox es la máxima expresión de ese sentir. El partido de extrema derecha volvió a exigir la derogación de la ley contra la violencia de género la semana pasada en el Senado. La senadora ultra Paloma Gómez no dudó en instrumentalizar la vida de las víctimas para exigir recortes en la lucha contra la violencia machista. Cargó contra medidas que "han evidenciado sus limitaciones", reprodujo un marco ficticio de denuncias falsas y denunció el supuesto "riesgo penal" que recae sobre los varones como consecuencia de la legislación vigente.

Ante una situación de crisis, sin embargo, los expertos apuestan por reforzar las medidas, destinar más recursos y definir estrategias garantistas para las mujeres. "Habría que activar campañas públicas que inunden las redes para contrarrestar estos discursos, además de preparar a toda la población ante esta situación de emergencia global", asiente Atencio. 

Si los expertos insisten en la importancia de poner en marcha más políticas públicas y destinar más recursos a la lucha por la igualdad, es porque la estrategia contra la violencia ha demostrado dar sus frutos. Una mirada amplia a las cifras oficiales así lo atestigua: el número de feminicidios se ha reducido un 32,4% desde el año 2003. Si la media de crímenes mortales durante los primeros diez años de la estadística era de 66 asesinatos al año, durante la segunda década la cifra cayó hasta los 52. Un descenso progresivo que da cuenta del impacto de la legislación y las medidas dirigidas a la prevención, la detección y la protección de las mujeres. 

Con el paso de los años, además, las víctimas de violencia machista han sentido cada vez más confianza para acudir a las autoridades: las denuncias han pasado de 135.539 en el año 2009 a 204.342 en 2025, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otra parte, las llamadas al 016 han escalado desde las 15.715 en 2007 hasta las 130.257 consultas registradas el año pasado.

"Violencia física y sexual generalizada y sistemática". Es la denuncia de la Global Sumud Flotilla, después de que sus activistas fueran detenidos por las fuerzas israelíes. Los abogados de la flotilla han documentado "niveles de violencia extrema", entre los que se encuentran "acoso y abusos sexuales" sistematizados contra las personas detenidas, una realidad que viene a constatar el ejercicio de la violencia sexual como política de guerra contra la población palestina.

"Los miembros de la flotilla detenidos han denunciado abusos sexuales y eso se corresponde con denuncias de otros detenidos y detenidas palestinas. Nosotros confirmamos que Israel utiliza la violencia sexual como arma de represión", explican desde Amnistía Internacional. Una tendencia, añade la organización a preguntas de este diario, que lleva décadas produciéndose y que se corresponde también "con el sistema de apartheid que lleva a cabo el Estado de Israel contra la población palestina". 

A la violencia sexual ejercida por parte de las fuerzas israelíes se suma la impunidad de la que gozan los agresores, producto de la permisividad y connivencia de un régimen político que avala la violencia como eje central de su estrategia colonial y consecuencia también del miedo paralizante que atraviesa a las víctimas. El pasado mes de marzo, la Procuraduría General Militar de Israel decidió retirar los cargos a cinco soldados acusados de agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar israelí de Sde Teiman, después de que se filtrara un vídeo constatando la violación.

La activista palestina Jaldia Abubakra sostiene que el ejercicio de la violencia sexual no solo no es motivo de condena, sino que se trata de una medalla más entre las fuerzas israelíes. "Venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo: la violencia sexual se ha utilizado siempre para intimidar y abusar de la población palestina", señala en conversación con infoLibre. 

"Lo hemos visto en las cárceles sionistas, durante las detenciones e interrogatorios", expone la activista, quien insiste en que la mayoría de las víctimas "no quiere dar testimonio, ni nombres concretos, porque estigmatiza a las personas que son violentadas". Abubakra recuerda el caso de Rasmea Odeh, quien denunció torturas y violencia sexual por parte de las fuerzas israelíes ya en los años 70.  

En febrero de 2024, Naciones Unidas ponía la lupa sobre la violencia que las fuerzas israelíes ejercían sobre mujeres y niñas palestinas. Sus expertos hablaban de informes en los que se acreditaba la existencia de violencia sexual durante las detenciones, testimonios directos sobre humillaciones y situaciones degradantes, pero también dinámicas como el traslado a la fuerza de menores separados de sus familias.

Meses después, un análisis elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los civiles recurren a violencia sexual y de género en todos los territorios palestinos ocupados. "La frecuencia, prevalencia y gravedad de los delitos sexuales y de género perpetrados contra los palestinos desde el 7 de octubre en los territorios palestinos ocupados indican que formas específicas de violencia sexual y de género son parte de los procedimientos operativos de las fuerzas de seguridad de Israel".

El uso de la violencia sexual como arma de guerra ha quedado ampliamente respaldado con el paso del tiempo. Otro informe, elaborado por la misma comisión en marzo del año pasado, pone negro sobre blanco el uso de la violencia "sexual y reproductiva" contra la población palestina "como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación", incluyendo la "destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva".

Según el análisis internacional, la "amplia gama de violaciones" documentadas son en realidad "un elemento clave en el maltrato de los palestinos y son parte de la ocupación ilegal y la opresión de los palestinos como grupo". Las pruebas reunidas por la comisión dan cuenta además del aumento exponencial de esta forma específica de violencia en los últimos años. 

Otro informe reciente, publicado el pasado mes de abril por la organización West Bank Protection Consortium, alerta sobre el uso de la violencia sexual por parte de los colonos como mecanismo articulado para propiciar los desplazamientos. Según el análisis, más del 70% de los hogares de personas palestinas desplazadas por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania señalan al terror sexual como factor clave en su decisión de abandonar su tierra.

"Israel es un ente violador". Habla Irene Zugasti, coautora del libro Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio (Akal, 2026). Israel incorpora "consciente y deliberadamente la violencia sexual como parte de su política de guerra y genocidio", lo que supone una escalada respecto al ampliamente estudiado ejercicio de la violencia sexual como herramienta de guerra en los conflictos armados.

Israel, sostiene la periodista e investigadora, ha ido más lejos. "Con los sucesos de Sde Teiman se comprobó cómo mandos militares sionistas y todo un sistema judicial y político protegieron a los perpetradores, perfectamente identificados, e incluso turbas de gente fueron a pedir su liberación", apunta. El mensaje, por tanto, es claro: "No es que se hiciera la vista gorda ante el delito de forma tácita, es que se explicitó claramente que era un ejercicio de violencia tolerable e incluso encomiable". Se pasa así de "práctica tolerada a doctrina". 

Y por eso la violencia sexual también recae sobre hombres palestinos. "Tiene que ver con los objetivos políticos de esta violencia, pues se considera una humillación y una deshumanización contra quien la sufre", personas que después cargan con "el estigma y el trauma, buscando también quebrar su comunidad". 

Pero Israel "no solo viola y tortura en prisiones", abunda Zugasti, también lo hace "en los domicilios que arrasa cuando hace redadas aleatorias en los campos de refugiados, cuando obliga a desnudarse y humilla a quienes tienen que atravesar los checkpoints y cuando las fuerzas israelíes se graban en TikTok humillando y riéndose de la ropa interior de las mujeres palestinas".

La violencia sexual, machista y reproductiva contra las palestinas debe enmarcarse además en un contexto muy concreto: el del genocidio y la limpieza étnica. El citado informe de Naciones Unidas concluye que esta forma específica de violencia no solo ha aumentado en los últimos años, sino que se está perpetrando en todo el territorio palestino ocupado "como una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino".

La politóloga Carolina Bracco, doctora en Culturas Árabe y Hebrea, profundiza en ese extremo en su artículo Violencia sexual y reproductiva en Palestina: las mujeres como blanco estratégico del genocidio. "El genocidio en Gaza debe ser comprendido como la fase más reciente de un proyecto colonial de asentamiento que, desde sus orígenes, tuvo como objetivo la eliminación de la población originaria palestina con el fin de garantizar la supremacía judía sobre el territorio", escribe la investigadora. 

Bracco enmarca el ejercicio de la violencia sexual como una práctica sistémica que hunde sus raíces en "una Nakba continua, iniciada en 1948 y jamás interrumpida". El objetivo, insiste la autora, "era reemplazar a la población existente, sentando las bases de un orden colonial cuya lógica eliminatoria continúa operando hasta el presente".

Coincide Abubakra. La palestina recuerda que en el marco del genocidio en Gaza y Cisjordania se han venido implantando "controles militares donde se dejan tiradas a embarazadas en los checkpoints, desangrándose y perdiendo muchas de ellas a sus bebés". La activista insiste también en el carácter histórico y estructural de esta forma específica de violencia. Recuerda las palabras de la exministra de Justicia Ayelet Shaked, quien hace más de diez años llamó abiertamente a disparar a mujeres palestinas embarazadas porque "dan a luz a pequeñas serpientes". En 2009, soldados israelíes encargaron camisetas con el dibujo de una mujer palestina embarazada bajo el lema "un disparo, dos muertes".

"En tanto reproductoras de la vida y de la continuidad nacional, las mujeres palestinas han sido históricamente construidas por el régimen colonial como amenazas demográficas. En este marco, la violencia sexual, obstétrica, física y simbólica ejercida contra ellas ha sido una práctica persistente y estructural", escribe Bracco. "Su finalidad es intervenir sobre la reproducción de la vida palestina y quebrar su continuidad en el tiempo".

La académica gazatí Hala Shoman habla de reprocidio para referirse al modo en que Israel es responsable de "perpetrar la violencia eliminatoria colonial mucho antes del 7 de octubre de 2023". Se trata, en sus propias palabras, del "ataque sistemático contra las capacidades reproductivas de un grupo, tanto biológicas como sociales, como estrategia deliberada de aniquilación". "No es simplemente un elemento del genocidio, sino una táctica central de género que instrumentaliza la violencia, tanto rápida como lenta, para atacar a la población actual y al futuro".

Abubakra lo resume así: "Perseguir a las mujeres palestinas es una política de la entidad sionista, porque son ellas las que dan vida a la resistencia". 

El Ministerio de Igualdad no termina de deshacerse de la que ha sido su mayor crisis hasta la fecha: los fallos en las pulseras de protección contra maltratadores. Cada error puntual, cada brecha en el sistema y cada alerta para las mujeres trae de vuelta los ecos de aquel terremoto que sacudió al departamento hace meses. Ha sucedido esta semana después de que un hombre se quitara la pulsera que portaba y se dirigiera a su víctima para intentar agredirla, en el municipio de As Neves (Pontevedra). 

Las víctimas que han depositado su confianza en las autoridades conviven con el miedo cada vez que un nuevo caso evidencia los fallos que existen en el sistema. A día de hoy existen 4.330 dispositivos activos que monitorizan los movimientos de los agresores machistas. Pero ante cada grieta, emerge de nuevo la pregunta clave: ¿qué están haciendo las instituciones para enmendar los errores?

La respuesta que ofrece el departamento de Ana Redondo es taxativa: mejorar el sistema. Y para cumplir con este cometido, mayo ha sido un mes clave. El actual contrato para la gestión del servicio llega a su fin, así que el ministerio se ha puesto manos a la obra para encontrar un responsable capaz de desarrollar la herramienta con todas las garantías. 

La sorpresa saltó hace unos días, cuando el departamento anunció su intención de volver a conceder el contrato –una decisión que es provisional– a las mismas empresas que estaban detrás de los fallos detectados meses atrás: Vodafone y Securitas.

¿Cuáles son las razones por las que Igualdad decide confiar de nuevo en ellas? Según la cartera, tanto los requisitos exigidos por la Administración como las mejoras propuestas por la unión temporal de empresas suponen un salto cualitativo en el servicio. El nuevo acuerdo introduce términos que contribuyen a "reforzar la fiabilidad y la eficacia del sistema", abunda Igualdad. 

A principios de febrero, el departamento sacó a licitación un contrato más amplio y con condiciones más estrictas para la gestión del servicio, con un presupuesto que supera los 111 millones de euros (111.100.438,80 euros) para tres años, ampliables a cinco. Tan solo un mes después, la Mesa de Contratación analizó las dos grandes propuestas que se ajustaban a las demandas trazadas: una liderada por Orange y Verisure; otra por Vodafone y Securitas. La segunda candidatura se erigió como la líder, muy por encima de sus competidores, obteniendo la máxima puntuación en la evaluación técnica.

Según concluyeron los técnicos, la unión de empresas incluyó en su oferta "destacadas medidas de protección" para garantizar el funcionamiento de los dispositivos, con materiales "concebidos para soportar golpes, arañazos y desgaste diario, resistencia alta frente al agua y al polvo, sensores de temperatura corporal y distintas capas de seguridad para detectar cualquier intento de manipulación". Algunas de las fallas detectadas en años anteriores tenían que ver precisamente con el deterioro de las pulseras cuando se sumergían en agua y sus escasas garantías a la hora de evitar manipulaciones, tal y como ha sucedido esta semana en el caso de As Neves.

Otro de los cambios introducidos atañe al corazón mismo de la herramienta: los dispositivos se incrementarán hasta un total de 17.660, pero además ya no se tratará de pulseras, sino que en su mayoría serán tobilleras. Igualdad argumenta que esta clase de aparatos tienen una "mayor dificultad para ser manipulados". La unión de empresas también mejorará la batería de los móviles, dispositivos de control, rastreo y comunicación que portan tanto el agresor como la víctima y que son imprescindibles para el funcionamiento del sistema.

Eso sí, en un documento público de preguntas y respuestas, la Administración indica a los licitadores que los nuevos dispositivos serán "compatibles" con los que ya existen a día de hoy. En el caso concreto de los móviles, "una parte de ellos se seguirá utilizando, independientemente de si son dispositivos más antiguos". Los que están en funcionamiento, añade el órgano de contratación en una de las respuestas, "no tienen que cumplir necesariamente los requisitos del pliego que está en licitación actualmente, pero son del ministerio, son válidos y aún tienen tiempo de vida útil. Los nuevos estarán más actualizados y tienen que cumplir las especificaciones del pliego". 

La oferta de Vodafone y Securitas incluye también la definición de "protocolos específicos de resolución de contingencias e incidencias operativas del servicio", una cuestión especialmente relevante dada la crisis que estalló en el seno del ministerio hace meses. 

Hoy, la unión temporal de empresas detalla las medidas a aplicar ante la gestión de incidencias, tanto en la instalación de los dispositivos como en los "casos de caída o degradación de la plataforma, picos de demanda y eventos concurrentes, contingencias climatológicas y de movilidad, indisponibilidad de recursos humanos, contingencias de seguridad física y ciberincidentes". Las soluciones propuestas, valoran los expertos, son "adecuadas y coherentes", si bien "no se detalla en qué medida permiten reducir los tiempos de respuesta y resolución".

Garantizar una respuesta ágil ante cualquier tipo de eventualidad cobra especial relevancia dado el contexto. El 11 de noviembre de 2025, el servicio sufrió una caída durante doce horas que hizo saltar todas las alarmas, tanto de la Administración como de las víctimas. A principios de marzo, Igualdad anunció que sancionaba a Vodafone con una multa de 25.285 euros como responsable de este fallo. 

El sistema de seguimiento telemático lleva meses en el foco no solo por esta grieta registrada en noviembre, sino por las múltiples incidencias sostenidas en el tiempo desde que la unión temporal de empresas se hiciera cargo del servicio, hace ahora dos años. Todo comenzó durante el proceso de migración de datos entre la anterior adjudicataria y la actual. En ese momento, un error en el volcado de información provocó diversas absoluciones y sobreseimientos en los tribunales, con un impacto material y simbólico en las víctimas. 

A ese fallo se sumaron otras disfunciones técnicas, relacionadas con cuestiones como la durabilidad de las baterías, la manipulación de los dispositivos por parte de los agresores y los saltos aleatorios de las alertas, elementos que han tenido un peso importante en el nuevo contrato. Igualdad trató entonces de atemperar los ánimos, subrayando que el sistema era garantista, aunque no infalible. Ahora, el ministerio trata de hacerlo cada vez más eficaz dándole una segunda oportunidad a los responsables de la mayor crisis del departamento.

Un agente de la Policía Nacional, suspendido de empleo y sueldo desde hace un año, fue detenido este viernes tras haber sido señalado por un intento de sumisión química contra una mujer en un contexto de ocio. Tan solo un día después, fueron hallados tres cadáveres en lo que se investiga como un nuevo caso de violencia de género. El principal sospechoso es un agente de la Guardia Civil que habría acabado con la vida de su mujer y su hijo. Y también el fin de semana fueron detenidos tres policías canadienses como presuntos autores de una agresión sexual en Barcelona.

La acumulación de casos de violencia machista con agentes de la autoridad involucrados hace saltar las alarmas de quienes llevan tiempo advirtiendo sobre la violencia estructural que se instala en los cuerpos de seguridad y sobre su impacto en la vida de los grupos más vulnerables. La reflexión en torno a la violencia ejercida por las fuerzas del orden cobró especial relevancia tras la denuncia contra el exjefe de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez, pero no es la primera vez que la lupa se sitúa sobre aquellos a quienes se presupone garantes del bienestar de las mujeres.

El Ministerio del Interior no cuenta con un registro concreto sobre el número de asesinatos machistas cometidos por agentes en activo o retirados, según confirman fuentes del departamento a infoLibre. No obstante, algunos casos han ido trascendiendo mediáticamente. En los últimos tres años han sido al menos siete los feminicidios perpetrados a manos de miembros de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, una cifra de peso teniendo en cuenta que los agentes y los militares apenas representan en torno al 0,7% de la población.

Pero no solo se trata de los crímenes mortales. El año pasado, seis agentes de policía fueron investigados por acceder al sistema de seguimiento VioGén para consultar información privada sobre una víctima que resultó ser la expareja de un compañero denunciado por malos tratos. Y hace cinco años, el Tribunal Supremo condenó a un agente de policía por espiar a mujeres que conocía por internet para así chantajearlas.

A nivel interno, la Policía Nacional cuenta desde hace un lustro con un protocolo de actuación contra la violencia machista, en funcionamiento desde principios de 2022. "El procedimiento se inicia cuando tiene lugar la apertura de un atestado policial o procedimiento judicial por violencia de género", indican fuentes de Interior. Los casos registrados han pasado de 61 a 121 en cuatro años, si bien no siempre el agresor es policía.

No es casualidad que el sector policial sea el segundo más señalado por las mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia institucional machista, solo por detrás del judicial. Según los datos recopilados por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) en su segundo informe, el año pasado la policía fue reportada por el 11,5% de las mujeres encuestadas como una institución especialmente violenta. "Este dato confirma la relevancia de analizar el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los itinerarios de protección frente a las violencias machistas", concluyen las expertas. 

El problema no es exclusivo de España. En marzo de 2020, el Centro para la Justicia de las Mujeres (CWJ) presentó una denuncia formal alegando que las fuerzas del orden en Reino Unido no estaban respondiendo adecuadamente a los casos de violencia doméstica en los que estaban implicados agentes de la policía. Un informe oficial publicado hace dos años constató que las víctimas tienen miedo a no ser creídas o a que la policía tienda a proteger a sus compañeros en casos de violencia machista con agentes involucrados. El mismo estudio concluye que algunos agresores utilizaron su posición, sus conocimientos y su poder para intimidar a la víctima o disuadirla a la hora de denunciar. 

Cuando la violencia de género echa sus raíces en entornos con agentes de las fuerzas de seguridad implicados, entran en juego elementos determinantes para las mujeres: no solo opera una desigualdad de poder propia de la violencia machista, sino también una posición institucional de ventaja para el agresor, marcada por el manejo de armas de fuego, el acceso a datos sensibles, el conocimiento del sistema, el ejercicio de una autoridad desmedida y la presencia de redes corporativas que dificultan la denuncia. 

Pero el análisis de las dinámicas propias de los cuerpos policiales pasa necesariamente por el estudio de su estructura, origen y funcionamiento como institución. "Los actos de discriminación en los cuerpos de seguridad, o su habitual uso excesivo de la fuerza, no son realizados por ovejas negras que pueden ser identificadas y expulsadas redimiendo así a las fuerzas del orden, sino que están institucionalizados, forman parte constitutiva de las actuaciones policiales", escribe la investigadora Nuria Alabao en este artículo.

Tatiana Romero, historiadora y activista antirracista, comparte diagnóstico y parte de una base concreta: "La función de los cuerpos de seguridad es ejercer la violencia de la que el Estado mismo tiene el monopolio. El nacimiento de la policía está totalmente relacionado con el disciplinamiento de los cuerpos y por tanto hablamos de personas cuyo hacer cotidiano es el ejercicio de la violencia". Si su función formal pasa por el "ejercicio de la violencia como núcleo de su trabajo, lo extraño sería que fuera de ahí no fuesen violentos", expone al otro lado del teléfono.

El debate sobre la violencia como herramienta propia de las fuerzas policiales ha estado tradicionalmente presente en lo que respecta al trato hacia las personas migrantes. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

Este análisis está íntimamente relacionado con el ejercicio de la violencia machista en el ámbito privado. "Desde una perspectiva feminista antirracista y anticolonial los cuerpos de seguridad del Estado jamás serán un aliado porque son los mismos que históricamente han ejercido y ejercen violencia hacia las comunidades migrantes y racializadas, tanto mujeres como hombres, personas trans y disidencias sexuales", escribe en este texto la doctora en Derecho y Ciencias Políticas Florencia Brizuela.

Tatiana Romero añade que la Policía como institución no solo no ha pasado por un proceso de democratización, sino que además está atravesada actualmente por una total "ausencia de control", producto de un proceso de "fascistización de la reproducción social", lo que conlleva, según ella, un "ejercicio desmedido de la violencia en sus funciones". En ese contexto, continúa la historiadora, la "impunidad" normalizada en cuanto al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad resulta especialmente nociva, porque los agresores "van a entender que esa impunidad es extensible a la violencia que ejercen en sus ámbitos privados". 

Hace casi medio siglo, Adolfo Suárez era designado presidente del Gobierno. Y hace cuatro décadas, Ariadna (nombre ficticio) se convirtió en víctima de violencia sexual del mismo hombre que todos elogiaban, según denuncia hoy. La proximidad de los actos de homenaje al expresidente acelera las pulsaciones de su víctima, decidida a romper con el silencio que ha pesado sobre ella durante años. Con ese propósito ha remitido esta semana tres cartas a sendos actores clave: el Ministerio de Igualdad, el de Justicia y a la reina Letizia. "Merezco vivir en paz", escribe en las misivas, a las que ha tenido acceso infoLibre.

Ariadna se dirige a todos ellos tratando de expresar los motivos de su silencio y las razones que la llevan a buscar hoy reparación. Solo tras un proceso "terapéutico largo y difícil", se apresura a detallar, la víctima pudo "entender lo ocurrido, procesar el trauma y compartirlo públicamente". En ningún caso, aclara, "ha sido un silencio libre y voluntario, sino condicionado por unos daños psíquicos ocasionados por una figura política de mucho poder en nuestro país, que me impedían hablar sin temor".

La víctima denunció al expresidente, fallecido hace doce años, en diciembre de 2025. Lo hizo a sabiendas del nulo recorrido penal de la causa, pero con la certeza de que sus vivencias debían salir del ámbito privado y agotar todas las vías a su disposición para reclamar justicia. El caso fue archivado según lo previsto, pero la denunciante confía en que existen todavía otras puertas a las que llamar para conseguir una reparación simbólica del dolor con el que ha cargado durante décadas. 

En la carta dirigida a la reina expresa su "preocupación personal ante la proximidad de los actos conmemorativos previstos, a partir del próximo mes de julio de 2026, con motivo del cincuenta aniversario del nombramiento de quien fuera mi agresor como presidente del Gobierno de España". Una fecha marcada en el calendario que despierta en ella "un temor real a experimentar una nueva forma de invisibilidad y revictimización".

El fallecimiento de Suárez, uno de los líderes indiscutibles de la Transición, no supuso para su víctima un bálsamo, sino todo lo contrario: su muerte no hizo más que "aumentar su ensalzamiento por parte de los diferentes gobiernos y las instituciones públicas", por lo que el daño "lejos de cesar perdura a día de hoy".

Ariadna está convencida de que la búsqueda de justicia no pasa exclusivamente por los tribunales. Y es esa convicción la que le empuja a reclamar medidas de reparación que reconozcan el daño sufrido, sin negar "la relevancia histórica y política que muchas personas atribuyen" al acusado. "No es mi intención cuestionar dichas valoraciones, si bien debería tenerse en cuenta que la memoria pública también convive con experiencias de dolor en las que no ha habido justicia ni reparación, como la mía", escribe.

La víctima se apoya en la ley del solo sí es sí para reclamar la reparación como "un derecho fundamental en el marco de obligaciones de derechos humanos". Ariadna y su equipo jurídico defienden que el texto legal debe tener efectos materiales en casos como el suyo, por lo que exige acciones concretas "al igual que se está avanzando en la reparación de las víctimas de los abusos sexuales por parte de la Iglesia católica en delitos prescritos y cuyos agresores han fallecido".

A Justicia e Igualdad les plantea la posibilidad de trabajar hacia una "declaración pública o acto institucional" que contribuya a restituir su "dignidad como persona y como mujer", además de instarles a la adopción de "medidas de memoria, sensibilización y prevención que eviten la repetición de situaciones similares". Cree que su caso puede servir a otras muchas mujeres como ella. 

A los ministerios de Félix Bolaños y Ana Redondo les propone también la valoración de "medidas de reparación complementaria, incluida, en su caso, una compensación económica acorde con los daños sufridos y su prolongación en el tiempo".

Las alarmas de la denunciante saltaron gracias a un curso organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). "En conmemoración del 50 aniversario del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, este curso realiza un análisis del principal protagonista de la Transición", describe la universidad. El evento se celebrará durante tres días y constará de diversos paneles, en los que no participa ninguna mujer experta.

La previsión del acto removió a la víctima y le hizo pensar, tal y como narra a este diario, en los otros muchos homenajes que estaban por venir. Así que decidió que era el momento de activar todos los mecanismos a su alcance e interpelar a las instituciones.

Ariadna conoce bien las secuelas que deja la revictimización, por eso desde que dio el paso de verbalizar públicamente su caso señaló dos elementos como principales obstáculos en su proceso de recuperación: la serie Anatomía de un instante y el aeropuerto de Madrid bautizado con el nombre de su presunto agresor.

El pasado mes de enero, la víctima tuvo un primer encuentro con la ministra de Igualdad, precisamente para poner sobre la mesa esas dos losas que pesan sobre ella. La cita, sin embargo, no dio los frutos esperados. A lo largo de una hora, la denunciante deslizó la necesidad de poner en marcha medidas de reparación, pero no encontró en aquella reunión ningún compromiso real por parte de las instituciones.

Pero Ariadna no ceja en su empeño. Rechaza volver a enterrar lo sucedido en la intimidad de su hogar, así que pide abrir un "espacio de diálogo institucional" para abordar su caso desde "una perspectiva de justicia reparadora".

Andrés tenía vigente una orden de alejamiento cuando asesinó a puñaladas a su expareja. Ocurrió este martes, a plena luz del día, en la vía pública y bajo la mirada atónita de los vecinos de Figueres (Girona). El agresor había sido detenido por maltrato y amenazas. El lunes se celebró un juicio rápido, el acusado reconoció los hechos y aceptó los seis meses de prisión impuestos por la justicia, pero eso no le impidió seguir hostigando a su víctima. Horas después fue arrestado de nuevo por lesiones y quebrantamiento de condena. Tras quedar en libertad, acabó con la vida de la joven.

Este último caso de violencia de género se suma a otros que se han concentrado en apenas unos días. El sábado, un hombre asesinó a su mujer y a su hijo, antes de quitarse la vida, en la casa cuartel en la que residían en Dolores (Alicante). El lunes, otra mujer fue asesinada por su marido en Arguedas (Navarra) y un joven acabó con la vida de su madre y su padrastro tras un tiroteo en El Ejido (Almería), un crimen que se investiga como violencia de género y vicaria. Tan solo un día después, un varón mató a la bisabuela de su expareja, en Loja (Granada). Cinco mujeres, un hombre y un joven han sido asesinados en contextos de violencia machista en solo cuatro días. 

En lo que va de año, el número de feminicidios en pareja o expareja confirmados asciende a 20. En ocho de los casos registrados existían denuncias previas: el 40% del total. Un porcentaje muy por encima de la media global. En toda la serie histórica, la tasa de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tras haber dado el paso de denunciar es del 22,4%. Con ese telón de fondo, el caso de Figueres ha abierto una grieta en la ya deteriorada confianza de las víctimas en un sistema que vuelve a demostrarse ineficaz.

A Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, este último caso le recuerda a otro similar registrado el pasado mes de abril en Córdoba. El agresor había sido denunciado apenas dos días antes de cometer el feminicidio y la víctima fue incluida en el sistema, pero con riesgo medio. Él desobedeció las medidas de protección y terminó con su vida. "El sistema falla conceptualmente. Cuando tenemos una tasa tan alta de homicidios con denuncia previa, podemos afirmar que la denuncia no está siendo una fuente de protección y seguridad", sostiene el exdelegado. 

Las voces expertas detectan elementos de peso en este último caso, particular por su atrocidad, pero con patrones comunes a otros feminicidios registrados en el pasado. La abogada María Naredo se detiene en la rapidez de los procedimientos, los llamados juicios rápidos, muchas veces incapaces de evaluar rigurosamente una situación de riesgo y actuar en consecuencia. "La justicia sigue sin entender que la violencia va escalando y se comporta basándose en ciclos", sostiene la letrada, por lo que valorar sin contexto un episodio aislado de violencia puede conllevar una evaluación parcial del problema. "Muchas veces no se dan las bases para que la víctima cuente la globalidad de la violencia, no se evalúa el cuadro completo, sino una parcela ínfima y eso lleva a imponer penas rebajadas", sostiene. 

Para Naredo, si bien la protección debe ser "máxima e inmediata", la investigación ante una denuncia por violencia machista "no puede saldarse con una pena de conformidad de seis meses de prisión", sino que debe ir más allá y explorar toda la violencia sufrida en su conjunto. 

Isaac Guijarro, cofundador del despacho Olympe Abogados, pone por delante que los fallos del sistema tienen responsables directos: "En este caso han fallado los jueces y las juezas que decidieron no dictar prisión provisional a pesar de haber quebrantado la orden de alejamiento y pese a sus numerosos antecedentes". A su juicio, la desobediencia ante las medidas impuestas por la justicia debería haber sido suficiente indicador para constatar su "desprecio absoluto a la administración de justicia" y por tanto el riesgo que pesaba sobre la víctima.

El abogado insiste en que "no son fallos puntuales", sino déficits que se reproducen de manera habitual. En la administración de justicia las fallas afloran prácticamente a diario, asiente Guijarro. "El hecho de no adoptar medidas cautelares o no acordar prisión provisional pese al quebrantamiento de una medida pasa cada día", porque existe una tendencia a "minimizar el riesgo, el dolor y las secuelas psicológicas en las víctimas en favor de no restringir las libertades del agresor". Verbalizarlo es, a su entender, el punto de partida para corregirlo: "Minimizarlo y no reconocer que se está haciendo mal y que tenemos un sistema tremendamente deficiente impide reparar todas las disfuncionalidades que existen", lamenta. 

En marzo de este mismo año, un hombre asesinaba a su expareja a tiros en plena calle. El agresor, que contaba con licencia de armas de uso deportivo, se desplazó hasta el centro de trabajo de la víctima y acabó con su vida de varios disparos a primera hora del día, en Zaragoza. El verano pasado, otro hombre le quitaría la vida a su pareja ante la mirada de los viandantes en Marbella (Málaga). El agresor la golpeó hasta matarla en una calle próxima a su trabajo. Meses antes, en febrero de 2025, otra mujer era asesinada en Langreo (Asturias) por su pareja, en la vía pública. La apuñaló delante de varios testigos. 

Los feminicidios en la vía pública no son los más habituales, pero existen. El año pasado, según el balance anual confeccionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 4,3% de los crímenes mortales tuvieron como escenario central la calle, un porcentaje idéntico al registrado el año anterior y que se ha mantenido prácticamente inmutable en el último lustro.

Miguel Lorente recuerda que el asesinato en la vía pública es una anomalía en criminología, pero uno de los elementos diferenciales de la violencia machista. "Es un crimen moral, así que el agresor tiende a asumir las consecuencias y actúa con total indiferencia, porque normalmente se va a entregar o a quitar la vida, así que no le importa exponerse", asiente el médico forense. "No tiene sentido desde el punto de vista criminal, pero en violencia machista sí pasa". 

Pero además, agrega María Naredo, asesinar en plena calle es la máxima expresión de "la escalada de la violencia". Al principio, abunda la jurista, la violencia machista tiende a producirse en la "intimidad y de manera más sutil, primero con violencia psicológica o de control, después con maltrato físico", pero el hecho de que el agresor "cometa un acto de tal gravedad en la calle nos habla de una escalada en la cual ha habido muchos incumplimientos por parte de las instituciones", remata.

"Bujarras de mierda". Es el insulto homófobo que dirigieron dos hombres en Santiago de Compostela a otros dos jóvenes con los que se cruzaron fortuitamente por las calles empedradas de la capital gallega. Uno de ellos decidió cruzar la línea de la violencia verbal, encarándose a los desconocidos. En un vídeo compartido por redes sociales, cualquiera puede apreciar cómo el agresor volvió a emprenderla con el joven que sostenía el móvil para grabar: "Maricón de mierda", lanzó instantes antes de golpearle. Ocurrió esta semana, poco antes del Día Internacional contra la LGTBIfobia y prácticamente al mismo tiempo que España recibía el mayor de los aplausos por ser el país número uno en la defensa de los derechos del colectivo.

Un estudio confeccionado por la organización ILGA Europa y publicado este martes elogia el desarrollo de las políticas españolas, pero advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Mientras las leyes avanzan, el odio sigue presente en las calles.

Lo sabe bien Inés. La violencia llegó a su vida, cuenta en conversación con infoLibre, buscando piso por Madrid. "En una entrevista con el casero, me dijo que no quería a personas trans en su casa". En ese momento, tuvo que decidir si "decir la verdad sobre su realidad y quedarse sin casa" o sencillamente ocultarse. "Tuve que mentir, porque la situación no era la ideal", asiente. Inés es una persona no binaria, pero la necesidad de buscar un techo, en un contexto de crisis habitacional, le empujó de vuelta a un armario que había decidido abandonar. 

Inés pasó más tiempo del necesario pensando en cuáles serían los motivos de aquel señalamiento discriminatorio. Por su cabeza transitaron muchas preguntas: "¿Cuál es la diferencia entre una persona trans y otra que no lo es? ¿Qué piensa este hombre que son las personas trans? ¿De dónde viene ese odio?". Todas quedaron sin responder. 

La situación descrita por Inés no es excepcional. Las personas de entre 25 y 34 años que pertenecen al colectivo expresan con asiduidad ser víctimas de este tipo de discriminación: el 45% de las encuestadas para el informe Estado del Odio 2026 hablan de la denegación del alquiler por su orientación sexual o su identidad o expresión de género tras haber interectuado en redes sociales con inmobiliarias o propietarios de una vivienda.

El mismo análisis pone cifras a esa contradicción entre normativa y realidad. Mientras España es reconocida internacionalmente como el mejor país para el colectivo, más de la mitad de las personas que pertenecen a él (54%) asegura haber sido víctima de algún tipo de discriminación. Concretamente, el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia.

La comunidad LGTBIQ+ no cuenta ni siquiera con la garantía de poder caminar con seguridad por las calles. Casi un tercio de las personas que afirman haber sufrido una agresión señalan la vía pública como escenario de violencia, tal y como sucedió esta semana en Santiago de Compostela. El centro de trabajo y los espacios de ocio son citados por el 13%, el entorno familiar por el 11% y el transporte público por el 9%. 

Alicia, madre de una niña trans adolescente, asegura percibir un viraje hacia situaciones especialmente virulentas en los centros escolares. "Estas realidades han pasado de ser invisibles a convertirse en el foco de atención, pero de forma muy negativa a consecuencia de los discursos de odio que se escuchan en la política, los medios y las redes", denuncia. 

En los colegios hay "un aumento de las violencias verbales y una vuelta al armario", lamenta la madre, parte del colectivo Chrysallis. "Muchos peques que eran visibles, ahora están cambiando de centro ante el aumento de la hostilidad porque los compañeros reproducen los discursos que escuchan en la televisión y que sus padres repiten".

"Estamos en el momento de mayor avance legislativo, pero en nuestra vida cotidiana seguimos experimentando situaciones de acoso, discriminación y violencia". Habla Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. "Nuestra vida sigue plagada de odio y no basta con tener una legislación aprobada", subraya.

Iglesias y sus compañeros se han concentrado este martes frente a las puertas del Congreso para exigir un acuerdo estatal contra los discursos de odio: "Toda esta violencia está legitimada por una ola de discursos de odio, así que es necesario erradicar el problema desde la raíz".

Las cifras oficiales avalan su preocupación. Según los datos recopilados por el Ministerio del Interior, los delitos de odio con base en la discriminación por orientación sexual o identidad de género son los segundos más numerosos, solo por detrás del racismo y la xenofobia. El año pasado fueron 539 los hechos conocidos por las autoridades, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Y, sin embargo, las personas del colectivo se encuentran con un muro institucional a la hora de denunciar los hechos. Inés ni siquiera se lo planteó. Cuando su casero expresó sin titubear que no quería a personas trans en su casa, la joven sencillamente enmudeció. El desequilibrio de poder y la certeza de que difícilmente iba a obtener reparación le llevaron a no tomar medidas. "Era su palabra contra la mía", asiente hoy. 

En casi tres años, el conocido como Servicio Arcoíris (028) ha registrado un total de 31.313 atenciones, la mayoría a través del propio teléfono, pero otras también vía chat o correo electrónico. Según la información que maneja la Federación Estatal, el 65% de las personas que sufren algún tipo de ataque opta por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acude a alguna asociación especializada. 

Ahí es donde se detienen las activistas. "El colectivo LGTBIQ+ carga con una mochila muy pesada, porque tiene que confiar en la protección de quienes hasta hace poco les perseguían", reflexiona Iglesias. Aunque la portavoz confía en que el sentir mayoritario camina hacia un horizonte de compromiso, señala que entretanto las entidades especializadas tienen la tarea clave de construir espacios seguros para dar cobijo a todas las víctimas. Para Inés, contar con una organización a la que poder llamar le sirvió para no sentirse sola. "La soledad te hunde, porque no sabes cómo seguir", comparte. "Saber que hay personas que han vivido lo mismo que tú y que te pueden escuchar es un apoyo fundamental".

Pocos sabían qué era una persona intersexual antes de ver en pantalla grande a José Luis López Vázquez interpretar a Adela en Mi querida señorita, la película de 1972 en la que una mujer descubre, tras acudir al médico, que legal y biológicamente es un hombre. Quienes la vieron entonces tampoco salieron del cine con una idea muy clara de lo que era la intersexualidad: el largometraje ni siquiera la nombraba.

Más de medio siglo después, el desconocimiento sigue siendo enorme. La película está otra vez está en cartelera —o en el salón de casa gracias a Netflix—, en una nueva versión con Alana S. Portero como guionista. Y esta vez con una diferencia fundamental: las personas intersex ocupan el centro del relato y la realidad se nombra por fin por su nombre.

La I de LGTBIQ+ es quizá la sigla más desconocida de todas y, sin embargo, ser intersex es más común de lo que parece: alrededor del 1,7% de la población presenta alguna variación intersex, una proporción similar a la de las personas pelirrojas. La intersexualidad engloba una amplia gama de variaciones biológicas en las características sexuales corporales que no se ajustan a lo que se entiende tradicionalmente como hombre o mujer. Por ejemplo, pueden presentar características sexuales que no encajan en las categorías binarias tradicionales, patrones hormonales que no se corresponden con un sexo concreto o una disidencia entre los órganos internos y externos. 

Tal es la falta de información que incluso hay quienes ni siquiera saben que lo son. Algunos lo averiguaron ya en su edad adulta. Otros jamás lo sabrán, por las intervenciones quirúrgicas que se les hicieron desde pequeños. “No hay casi información de lo que es ser intersex. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, aunque todavía hay poca, es de más calidad. Pero todavía no hay espacio para la intersexualidad, está todo basado en el binarismo”, cuenta a infoLibre Cira López Salvago, investigadora y experta en intersexualidades. 

Hasta hace poco, lo que se hacía cuando nacía un bebé intersex era, por procedimiento habitual, una operación quirúrgica que modificaba los genitales del menor. Esta decisión la tomaban entre los médicos y los padres que, por falta de conocimiento y ese sentimiento de “así le irá mejor”, aceptaban que se hiciera lo que los activistas intersex tachan de “mutilación”. Los problemas llegan en la edad adulta, con complicaciones médicas derivadas de esa operación o la posibilidad de que su género —su identidad— no se correspondiera con el sexo —los órganos sexuales—. 

“Se sigue tratando como una patología. Y así ha sucedido con todas las letras del colectivo. Primero se patologiza y luego, con la lucha, se consigue avanzar. Consiste en intentar separar todos los cuerpos entre macho y hembra. Por lo tanto, la intersexualidad se presenta como algo que hay que arreglar y que tiene que caber en una de estas dos casillas”, argumenta Ariana A. Celorio, miembro del grupo del año temático intersexual de la FELGTBI+, activista intersex y escritora, en conversación con este medio. 

Esta forma de patologización tiene varias derivadas, explica López Salvago. La primera es que el concepto de intersexualidad ha caído siempre bajo el marco de la medicina. La segunda es la visión binaria que existe en la sociedad española, afincada desde los tiempos de Franco. La mujer y el hombre, no hay más. “La corporalidad intersexual es una contestación al sistema cisheteronormativo. Son cuerpos que rompen las normas”, cuenta López Salvago. Y para la experta, esto ha tenido una consecuencia muy clara: la estigmatización. “Estos dos elementos han hecho que la intersexualidad esté envuelta en un halo de alarma, de escándalo e, incluso, de monstruosidad”, recalca. 

Sin embargo, en los últimos años el asunto ha comenzado a cambiar tanto en lo social —basta ver el regreso de Mi Querida Señorita— como en el plano legislativo. La ley trans de 2023 incluyó medidas para avanzar en la despatologización de las personas intersex y limitar las intervenciones médicas no consentidas. El texto prohíbe la modificación genital en menores de 12 años, pero introduce una excepción: permite esas intervenciones cuando existan “indicaciones médicas” para proteger la salud de la persona, a juicio del personal sanitario. Y ahí, advierten las activistas, está el problema. Muchas operaciones se han presentado durante años como “médicamente necesarias” sin que existiera una urgencia vital real, según un informe elaborado por ILGA Mundo en 2023. 

“Cuando esto se deja en manos de profesionales, se parte de la idea de que la ciencia y la medicina son neutrales, como si hubiera un diagnóstico objetivo y libre de valores. Pero la decisión de un médico no está exenta de prejuicios ni de valores morales. Actúan, en teoría, 'por humanidad', pensando que la persona intersex sufrirá si no se adapta a una norma corporal concreta. Entonces, justifican la intervención diciendo que quieren evitarle un sufrimiento futuro. Pero eso implica asumir que hay una única forma válida de cuerpo. Y ahí hay un problema”, recalca Rafael Cáceres-Feria, antropólogo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a infoLibre. 

El personal sanitario no tiene por qué conocer las realidades intersex, puesto que no se incluye en el temario de la carrera. De aquí nace esta forma de tratarlo, como si fuera un problema, según indica el antropólogo. “En la Facultad de Medicina se enseña una visión concreta del cuerpo y del sexo. Y ahí no entra la intersexualidad. En el fondo, manejan la misma lógica binaria que el resto de la sociedad: hombre o mujer”, expone Cáceres-Feria.

Aunque no todo es negativo. “Se siguen realizando mutilaciones, pero cada vez hay más personal de la salud concienciado”. La solución, por lo tanto, estaría en esto mismo: la concienciación. “No basta con que sepan del tema los ginecólogos o los urólogos; tiene que saber todo el personal sanitario. Hacen falta protocolos específicos y una educación que les haga ver que no somos una patología”, concuerda Celorio. 

Precisamente, la falta de información es lo que ha provocado la invisibilidad de las personas intersex, apunta Celorio. También las agresiones contra ellos. “En los colegios”, relata la activista, “la mayoría de niños intersex sufren más acoso y bullying porque el resto no sabe cuál es su realidad. Que no se sepa nada sobre ti hace que seas más fácil de agredir”, cuenta. 

Y esto se traduce en la edad adulta. Las personas intersexuales son las que sufren más discriminación, según revelaba el informe de Estado del Odio LGTBIQ+ 2025, elaborado por la FELGTBI+. De hecho, el estudio indica que el 100% de los encuestados intersexuales habían sufrido situaciones de discriminación.

Algo que parece que acaba teniendo efecto. En un estudio publicado en PLOS ONE, una revista científica editada por la Public Library of Science, un 21,1% de los encuestados —todos intersexuales— declaraba tener una salud mental “mala”. El 32,5% la calificaba de “aceptable”, pero la gran mayoría (un 62,6%) declaraba tener ansiedad. Los motivos, según el estudio, pasan por la vergüenza, el estigma, la baja autoestima y la insatisfacción con el sistema sanitario. 

“Las personas intersex están más discriminadas, principalmente por el gran desconocimiento que hay. Sigue siendo una realidad poco conocida y poco explicada. Además, la intersexualidad introduce una dimensión corporal dentro de la diversidad sexual, que tradicionalmente suele entenderse solo desde la identidad de género o la orientación sexual. Incorporar esta dimensión corporal exige salir de marcos tradicionales y comprender una realidad que muchas veces no se enseña ni se visibiliza. Sin educación, referentes o ejemplos cercanos, resulta difícil entenderla, y por eso no me extraña que el colectivo intersex sea uno de los más discriminados”, zanja López Salvago.