Los turistas extranjeros que vayan a Japón este verano tienen motivos para alegrarse. Su poder adquisitivo local alcanzará niveles récord. De hecho, la caída del yen japonés parece no tener ya límites.

A principios de julio de 2026, la moneda japonesa se ha situado en niveles inéditos desde el 17 de diciembre de 1986. El 1 de julio se alcanzó un mínimo de 162,84 yenes por dólar en la sesión bursátil y, tras una ligera subida, una semana más tarde, el 8 de julio, la moneda nipona se situó en 162,71 yenes por dólar.

Hace casi cuarenta años que el dólar no había estado tan caro en el archipiélago. El mundo era entonces muy diferente: el yen se estaba fortaleciendo de forma inédita tras los acuerdos del Plaza de 1985, en los que las grandes potencias de la época se habían puesto de acuerdo para debilitar el dólar. Entre febrero de 1985 y diciembre de 1986, el yen se había apreciado casi un 38 % frente al dólar.

Hoy la tendencia es la contraria. Desde su mínimo de abril de 2025, el yen ha perdido un 13,5 % de su valor y, si se analiza una perspectiva más amplia, se observa una caída vertiginosa desde el máximo histórico del yen, alcanzado el 31 de octubre de 2011, de 75,72 yenes por dólar. La caída alcanza casi el 55 % y la tendencia a la baja parece inexorable.

Para comprender las fuerzas del mercado que arrastran al yen, hay que recordar que, a finales de abril, el banco central del país, el Banco de Japón (conocido por sus siglas en inglés, BoJ), intervino para respaldar su moneda, que había superado los 160 yenes por dólar.

Se habían utilizado nada menos que 11,7 billones de yenes —el equivalente actual a más de 63 mil millones de euros— durante un mes para situar el dólar en 143 yenes al 1 de abril. Pero, a pesar de esta cantidad récord, la tregua duró poco y el yen volvió a caer. El 1 de junio se volvió a superar el umbral de los 160 yenes, lo que puso de manifiesto el carácter temporal e infructuoso de esa intervención.

¿Cómo se explica este movimiento? En primer lugar, existen razones estructurales, lo que se conoce como el carry trade, que consiste en pedir dinero prestado en un país con tipos de interés muy bajos para invertirlo en otro con tipos muy altos. Japón es, desde hace varias décadas, el lugar de préstamo preferido por esos operadores, ya que el Banco de Japón (BoJ) aplica tipos muy bajos para intentar reactivar una economía estancada.

Esas operaciones favorecen una salida de yenes de Japón, ya que el dinero prestado se cambia a otra moneda más rentable. El carry trade ejerce, por tanto, presión a la baja sobre el valor del yen. Pero durante mucho tiempo este fenómeno se vio compensado por el superávit comercial del país y permitía garantizar entradas de divisas. A ello se sumaba la imagen de seguridad que el yen transmite en la región en caso de crisis.

Así, incluso cuando el BoJ redujo su tipo de interés de referencia al 0,1 % a partir de 2009, el yen siguió apreciándose, ya que los operadores buscaban protegerse frente a la crisis de las hipotecas subprime y, posteriormente, frente a la de la zona euro. No obstante, en 2015 el BoJ situó su tipo en terreno negativo, en −0,1 %, lo que aceleró la presión del carry trade. Los flujos de salida de yenes se aceleraron, al tiempo que las tensiones con China mermaban la imagen de seguridad del país.

A partir de marzo de 2024, el BoJ comenzó a subir sus  tipos y el tipo principal de refinanciación se sitúa actualmente en el 1 %. Pero este endurecimiento no ha frenado la salida de yenes, ya que este tipo sigue siendo el más bajo del mundo entre los principales bancos centrales. La diferencia con el tipo de referencia de la Fed, por ejemplo, es de 2,75 puntos porcentuales. Quien quiera realizar un carry trade sigue pues pidiendo prestados yenes y cambiándolos por dólares.

Pero este movimiento no explica por sí solo la actual debilidad del yen. También existen razones coyunturales, en particular el fortalecimiento general del dólar, que se ha apreciado un 2,12 % en seis meses frente a una cesta de seis divisas (euro, franco suizo, libra esterlina, dólar canadiense, yen y corona sueca), frente al 2,91 % del yen por sí solo. La burbuja de la inteligencia artificial (IA) y los tipos de interés relativamente altos atraen capitales hacia Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Japón se ha visto afectado por la guerra en Irán. La mayor parte del petróleo que el país necesita para el funcionamiento de su economía pasa por el estrecho de Ormuz, y el encarecimiento del oro negro ha tenido un impacto directo en la demanda de dólares procedente de Japón. Esto explica en gran medida la caída del yen en abril y, posteriormente, tras la intervención del Banco de Japón a principios de junio.

Pero el yen es fundamentalmente débil por otra razón. Japón se encuentra en una situación de crecimiento débil y elevada deuda. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria a principios de la década de los 90 (favorecida por la subida del yen descrita anteriormente), el país se enfrenta a un importante debilitamiento que se ha acelerado aún más desde la crisis de 2008 y la de 2020. Así, en el primer trimestre de 2026, el PIB en volumen era solo un 1,6 % superior al nivel del primer trimestre de 2019.

La política particularmente acomodaticia del BoJ no ha logrado frenar el estancamiento del país, sino todo lo contrario. Y la razón es que se trata de un problema estructural. Es cierto que Japón cuenta con un importante sector manufacturero, moderno y competitivo, fruto de su “milagro” de los años 1960-1980, pero, en la actualidad, los beneficios de este sector no son suficientes para garantizar el crecimiento y el empleo.

El archipiélago ha desarrollado, en paralelo a esta industria, un amplio sector de servicios muy poco productivo y muy poco rentable que mantiene los salarios bajo presión debido a la falta de ganancias por productividad. Esta lógica alimenta una tendencia subyacente a la deflación, ya que la dinámica salarial es inexistente y la rentabilidad global de la economía es baja.

En este contexto, los beneficios obtenidos por las exportaciones apenas se reinvierten en la economía japonesa, lo que agrava el problema. Además de los bajos tipos de interés, la otra forma de sostener la demanda interna es el gasto público: cualquier Gobierno japonés que se precie lleva más de diez años viéndose obligado a poner en marcha planes de reactivación a gran escala. Pero esos planes no logran corregir una situación agravada aún más por el descenso de la población, que reduce la demanda.

Cada vez más déficit y cada vez menos crecimiento: lógicamente, las cuentas públicas japonesas se han deteriorado considerablemente, lo que ha resultado aún más fácil dado que el BoJ compraba sin cesar esa deuda en los mercados. La ratio de deuda pública sobre el PIB, que era del 54,8 % en 1990, pasó al 153,4 % en 2005 y luego superó el 200 % en 2008. A finales de 2025 se situaba en el 204,4 %.

El país no corre riesgo de quiebra, ya que la deuda está denominada en su mayor parte en yenes y es propiedad del BoJ y de los ciudadanos japoneses. El país también presenta un superávit por cuenta corriente muy holgado. Sin embargo, el déficit público y los planes de reactivación contribuyen a la caída del yen. El Gobierno de Sanae Takaichi, reforzado por una amplia victoria electoral en febrero, anunció así a finales de junio un nuevo plan de reactivación de 3,7 billones de yenes, es decir, unos dos mil millones de euros, para los próximos catorce años.

Al mismo tiempo, el Gobierno se esfuerza por mantener el nivel de vida de los japoneses, que se encuentra bajo presión. Sanae Takaichi prometió reducir el IVA y mantuvo, en plena crisis iraní, las subvenciones a la gasolina. La medida permitió mantener bajo control la tasa de inflación e incluso hacer repuntar los salarios reales. Tras haber retrocedido constantemente desde 2021, los salarios registraron cinco meses de aumento entre enero y mayo. Sin embargo, este repunte de recuperación apenas se refleja en el gasto de los hogares.

Para garantizar la financiación a bajo coste de esta deuda, el Gobierno japonés podría verse tentado a mantener los tipos reales en mínimos y, por lo tanto, a frenar la política de “normalización” del BoJ. Es más: un yen débil garantiza una ventaja competitiva para las industrias exportadoras y, por tanto, para el crecimiento japonés. En junio, el índice Tankan del BoJ, que mide el clima empresarial en el sector manufacturero, mejoró hasta alcanzar su nivel más alto desde 2018.

Sanae Takaichi es conocida por haber defendido durante mucho tiempo una política de tipos bajos y su llegada al poder no ha ayudado al yen. En su hoja de ruta publicada a finales de junio, su Gobierno, que se ha fijado como misión reforzar el crecimiento, señaló que “es extremadamente importante una política monetaria adecuada que respalde la demanda privada mediante la estabilidad de los precios”.

Esas palabras provocaron una nueva caída del yen: si el BoJ no endurece su política, no se detendrá el flujo de salida de yenes. El propio ministro de Política Económica, Minoru Kiuchi, tuvo que intervenir una semana más tarde para asegurar que “no hay absolutamente nada de cierto en los artículos que sugieren que el Gobierno fomenta los tipos bajos”. Pero los mercados tienen tan poca confianza en el Gobierno japonés que, al día siguiente, el yen alcanzó su nivel más bajo en cuarenta años.

En realidad, la situación actual es un callejón sin salida. El yen débil lastra al sector no exportador y a los hogares al encarecer las importaciones de las que Japón depende en gran medida. En abril, el índice de confianza de los hogares se había desplomado casi siete puntos, pasando de 40 a 33,3, algo nunca visto desde la pandemia. Desde entonces, se ha mantenido cerca de ese nivel y en julio se situaba en 33,8.

Lo más preocupante es que las quiebras se han acelerado. Japón es el país de las empresas “zombis”, poco o nada rentables y que dependen de la deuda para sobrevivir. El aumento de los costes derivados de la debilidad del yen, que se suma al de los salarios y al endurecimiento de las condiciones de financiación, no ha podido sino llevar a declaraciones de quiebras. En el primer semestre de 2026, el número de quiebras en Japón fue así el más alto desde 2022, con un aumento del 30 % respecto al año anterior.

Al lado, la recuperación del sector manufacturero, que se beneficia especialmente de la burbuja de la IA, es modesta. En mayo, la producción industrial creció un 0,5 % interanual, un aumento menor de lo previsto que no permite compensar las pérdidas anteriores: en términos interanuales, el descenso es del 1,7 %.

La situación es, por tanto, difícil. El FMI prevé un crecimiento del 0,7 % para Japón este año y del 0,6 % el próximo, es decir, la mitad del modesto crecimiento del 1,2 % previsto para 2025. El yen débil no supone, por tanto, un apoyo para la economía, sino todo lo contrario. Es más, el escaso crecimiento reduce la demanda de moneda japonesa.

Por su parte, los mercados financieros internacionales y los economistas bancarios defienden una política radical a favor del capital financiero: austeridad presupuestaria y subida de los tipos de interés. Este jueves 9 de julio, el tipo de interés a diez años de los bonos del Estado japoneses alcanzó el 2,884 %, un nivel nunca visto desde julio de 1996. Se trata claramente de una presión de los mercados sobre Tokio para obligarle a modificar su política presupuestaria y permitir que el Banco de Japón endurezca los tipos.

Pero una política así sería catastrófica para un Japón que sigue marcado por una lógica deflacionista subyacente. Los dos pilares actuales del débil crecimiento, las exportaciones y la deuda, se verían debilitados, al tiempo que la demanda interna sufriría los efectos de la austeridad y las empresas “zombis” caerían de forma masiva. La clave sigue estando en las ganancias por productividad globales más que en las decisiones de política económica. Y ni los economistas de banca, ni el Gobierno, ni el BoJ disponen de soluciones para responder a este problema.

Mientras tanto, muchos esperan que el yen siga debilitándose bajo la presión de la política expansionista de Sanae Takaichi, la cautela del BoJ y las condiciones internacionales. Las opciones indican que los mercados estiman que hay un 15 % de probabilidades de que el dólar alcance los 180 yenes.

Si el yen siguiera retrocediendo, Tokio podría volver a intervenir, aunque quizá de forma más indirecta, pidiendo, en particular, a los fondos de pensiones y a las aseguradoras —grandes tenedores de títulos en dólares— que repatriaran una parte de ellos. La subida de los tipos de la deuda japonesa podría favorecer este movimiento, aunque el tipo a diez años de Estados Unidos sigue ofreciendo 1,67 puntos porcentuales más que su equivalente japonés.

Pase lo que pase, las intervenciones en el mercado de divisas suelen ser infructuosas cuando persisten las causas de la debilidad de la moneda. Es más, denotan impotencia y pánico, lo que incita a los operadores a vender sus yenes. En resumen, Japón no ha salido del atolladero.

Traducción de Miguel López

Las imágenes que siguen a un desastre natural suelen ir por dos carriles emocionales opuestos. Por un lado, la conmoción ante la destrucción física y el dolor humano. Por otro, las historias de solidaridad espontánea, donde vecinos y desconocidos arriesgan sus vidas para remover escombros y colaboran con recolección y donaciones de insumos médicos, alimentos, ropa, etcétera.

Sin embargo, los recientes terremotos en Venezuela muestran también una realidad incómoda pero recurrente: mientras la gran mayoría se organiza para cooperar, un pequeño porcentaje de la población aprovecha la alteración del orden social para delinquir.

¿Qué lleva a un individuo a saquear un comercio destruido o a robar los escasos bienes de una familia damnificada en momentos de vulnerabilidad extrema? Esta es la pregunta que intentamos responder en este artículo.

Desde una perspectiva criminológica, el auge de conductas delictivas tras un desastre como los terremotos de Venezuela no se explica necesariamente por una “epidemia súbita de maldad”, sino por una alteración drástica del entorno. El modelo idóneo para analizar este fenómeno es la teoría de las actividades rutinarias, formulada por los criminólogos  Lawrence Cohen y Marcus Felson en 1979.

Esta teoría sostiene que, para que ocurra un delito, deben coincidir en el tiempo y el espacio tres elementos esenciales:

En condiciones normales, la sociedad cuenta con una serie de controles sociales: alarmas, policías, iluminación pública y la propia vigilancia de los vecinos (el control social informal). Un desastre natural destruye instantáneamente esta infraestructura de seguridad. Los sistemas eléctricos colapsan, los cuerpos de seguridad se ven desbordados por las tareas de rescate y las viviendas quedan desprotegidas o con los accesos fracturados.

Para el delincuente instrumental, el desastre elimina las barreras del riesgo y maximiza el beneficio. Como señalaron los investigadores Marcus Felson y Ronald V. Clarke en 1998, la oportunidad hace al ladrón: el espacio público, antes regulado, se convierte temporalmente en un escenario de total impunidad.

Esta premisa se ha hecho patente en el caso venezolano, donde el oportunismo delictivo se tradujo en el saqueo de bienes no esenciales en comercios (como televisores y lavadoras) y en la vulneración de hogares destruidos con el único fin de sustraer dinero.

Es fundamental que la psicología social trace una línea divisoria clara entre dos comportamientos que a menudo se confunden bajo la etiqueta genérica de saqueo. Sociólogos del comportamiento en desastres, como Enrico L. Quarantelli, han enfatizado la necesidad de categorizar estas conductas según su motivación real.

De un lado, el saqueo por supervivencia ocurre cuando la ruptura de las cadenas de suministro priva a la población de agua potable, alimentos o medicinas. Aquí la conducta está motivada por la urgencia biológica y la autopreservación. El valor moral de la propiedad privada se suspende psicológicamente en favor del derecho a la vida.

Y hablamos de saqueo oportunista –o delincuencia instrumental– cuando se sustraen bienes de lujo, dinero, electrodomésticos u objetos que no atienden a una necesidad inmediata de subsistencia. Este saqueo busca mitigar el dolor de la tragedia, sino capitalizar el evento para obtener un beneficio económico o material.

En situaciones de colapso, se produce una disolución de los frenos inhibitorios sociales. Los seres humanos regulamos nuestra conducta en gran medida por las expectativas del grupo. Cuando el entorno social se fragmenta y reina la confusión, la percepción de la norma se debilita.

A esto se suma el mecanismo de desconexión moral, que aparece cuando el delincuente oportunista recurre a la justificación moral (“Si no lo agarro yo, lo hará otro”) o a la difusión de la responsabilidad (“Todo el mundo está corriendo y saqueando”). Estas distorsiones cognitivas actúan como anestésicos para la culpa, permitiendo al individuo cometer un acto que, en condiciones normales, probablemente condenaría.

Existe un sesgo arraigado en la cultura popular (alimentado en gran parte por el cine de catástrofes) de que los desastres naturales transforman automáticamente a las sociedades en escenarios de barbarie al estilo de la saga Mad Max. La psicología de los desastres desmiente rotundamente esta premisa.

Las investigaciones sociológicas e históricas demuestran, de forma sistemática, que la norma general tras una catástrofe es el comportamiento prosocial, el altruismo y la resiliencia comunitaria. Los lazos de cooperación suelen fortalecerse de inmediato. Los individuos que deciden aprovecharse de la tragedia representan una minoría estadística muy reducida.

Esto se ha podido observar en el caso venezolano, donde la población civil se ha movilizado para apoyar a los damnificados por el terremoto, llegando a compensar las limitaciones de la respuesta estatal.

Sin embargo, el impacto de esta minoría es asimétrico y profundo. El delito en contexto de catástrofe produce un fenómeno grave de revictimización. Para una comunidad que acaba de perder su patrimonio físico o a sus seres queridos, sufrir un robo o un acto de violencia no es solo una pérdida material: es la destrucción de su último reducto de seguridad psicológica.

Este impacto erosiona la confianza institucional y social, dificultando los procesos posteriores de reconstrucción psicológica y comunitaria. Y, sumado a la participación de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este tipo de conductas delictivas, genera un mayor impacto social y psicológico en la población afectada.

El análisis del caso de Venezuela nos recuerda que la gestión de un desastre natural no puede limitarse únicamente a la atención médica y logística de rescate. Las estrategias de mitigación deben integrar la comprensión del comportamiento humano y los factores de oportunidad criminológica.

Restablecer con prioridad el alumbrado público, implementar patrullajes disuasorios en zonas residenciales evacuadas y asegurar los perímetros comerciales y residenciales vulnerables son medidas de prevención situacional del delito que son importantes para la salud de una sociedad herida junto al suministro de ayuda humanitaria.

Comprender la ciencia detrás de la delincuencia en situaciones de crisis es el primer paso para proteger no solo las estructuras físicas, sino el tejido moral de las poblaciones afectadas.

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Michelle Madeline Cámara Mora es coordinadora del departamento de Criminología y Seguridad, Universidad Camilo José Cela

Marine Le Pen ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Casación con la misma naturalidad con la que los Men in Black apretarían el gatillo de su bolígrafo para borrar la memoria de testigos incómodos. De un solo golpe, su condena por malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios europeos dejaría de existir, a ojos de la líder de los diputados de la Agrupación Nacional (RN).

Así fue cómo la líder de la extrema derecha francesa anunció en el telediario de las 20:00 horas de TF1, el martes 7 de julio, su cuarta candidatura a las elecciones presidenciales.

Un poco antes ese mismo día, había sido declarada culpable, por segunda vez en un año, de haber supervisado un sistema creado para reducir las cargas del Frente Nacional (FN, que pasó a llamarse RN en 2018) mediante la remuneración de los empleados del partido a través de contratos ficticios como asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo. Y condenada, en particular, a un año de prisión efectiva, que podrá cumplir en su domicilio y con una pulsera electrónica.

Aunque a las tropas lepenistas se les había prohibido hablar con la prensa antes de que su jefa se pronunciara, luego pudieron aparecer en todos los programas de radio y televisión para insistir en un argumento destinado a acallar cualquier crítica sobre la probidad de su candidata: al haberse presentado un recurso ante el Tribunal de Casación que suspende la pena dictada por el Tribunal de Apelación de París, Marine Le Pen vuelve a gozar de la presunción de inocencia. Se acabó la discusión.

La diputada de Pas-de-Calais tiene todas las razones para querer hacer olvidar esta resolución judicial. Es cierto que resulta sorprendentemente indulgente en cuanto a la pena impuesta, lo que vuelve a hacer a Marine Le Pen elegible en 2027. Pero es abrumadora en cuanto al fondo.

El Tribunal de Apelación ha insistido en la “especial gravedad” de la malversación de fondos europeos —2,8 millones de euros de dinero público— y ha considerado que este sistema fraudulento ocurrió “bajo el impulso determinante” de la expresidenta del FN y luego de RN y se prolongó “durante más de once años” (de 2004 a 2016). Y todo ello a costa de una “violación de la confianza en la que se basan los electores y que depositan en cada uno de sus representantes”.

El recurso de casación anunciado por Marine Le Pen “no anula la sentencia del tribunal de apelación. Solo suspende sus efectos”, consideró oportuno recordar Ludovic Friat, presidente de la Unión Sindical de Magistrados (USM), el sindicato mayoritario, el miércoles 8 de julio en la cadena BFMTV-RMC.

Pero con este recurso, la hija de Jean-Marie Le Pen gana un tiempo precioso que le permitiría eludir una posible condena definitiva antes de las elecciones presidenciales.

La apuesta es arriesgada. Sobre el papel, su destino judicial podría decidirse ya a principios de 2027. De hecho, un alto cargo del Tribunal de Casación asegura a Mediapart que el máximo órgano judicial se ha puesto ya en marcha para poder pronunciarse antes de la primera vuelta de las elecciones, el 18 de abril. Para ello, habrá que dar prioridad absoluta al examen de los recursos que presentará RN ante la Sala de lo Penal, cuyos plazos habituales suelen oscilar entre uno y dos años.

Si su recurso es desestimado a tiempo, la candidata se vería entonces obligada a llevar una pulsera electrónica y tendría restringidos sus desplazamientos durante los últimos meses de su campaña. No será fácil para el juez de ejecución de penas designado arriesgarse a imponer tales obligaciones a la líder de un partido a las puertas del poder, pero la sentencia del Tribunal de Apelación obliga a cumplir la parte firme de la pena de prisión bajo vigilancia electrónica.

El miércoles, los dirigentes del partido de Le Pen multiplicaron las señales indicando que RN haría todo lo posible para impedir tal escenario y retrasar el plazo más allá de la segunda vuelta. Con un plan en mente: si Marine Le Pen se instala en el Elíseo, estará protegida por su inmunidad presidencial.

“Si se desestimara el recurso, la decisión del Tribunal de Apelación de París pasaría a ser ejecutiva y, por lo tanto, se ejecutaría. Pero durante el mandato presidencial, quedará en cierto modo suspendida por la inmunidad presidencial y solo podrá ejecutarse una vez finalizado dicho mandato”, explicó el 8 de julio, en el plató de TF1, Marie-Suzanne Le Quéau, fiscal general adjunta del Tribunal de Apelación de París.

Las filas lepenistas quieren, por tanto, ganar tiempo. “En cuanto Marine Le Pen pueda presentarse, ya no habrá urgencia para que se pronuncie el Tribunal de Casación. Se entra en un procedimiento normal de casación”, opinó el alcalde de Perpiñán y vicepresidente de RN, Louis Aliot, en BFMTV-RMC. “El caso que se plantea hoy no entra dentro de los procedimientos acelerados”, coincidió el abogado de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, en France Inter.

“Tiene un pie en el acelerador para las presidenciales, quiere llegar lo antes posible, y otro en el freno en lo judicial”, dijo a modo de ilustración Ludovic Friat en BFMTV-RMC. “Es probable que sus abogados presenten múltiples solicitudes en el marco de este recurso de casación.”

Para ralentizar el proceso, la candidata de RN podría, entre otras cosas, presentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que tendría como efecto retrasar el examen de los recursos.

“No estoy jugando una contrarreloj, soy una ciudadana que ejerce sus derechos”, dijo Marine Le Pen el miércoles por la mañana en La Flèche (Sarthe), durante un acto destinado a demostrar la unidad del “binomio” que forma con su posible primer ministro, Jordan Bardella.

La líder ultra está hoy dispuesta a enzarzarse en un pulso con la justicia, aun a riesgo de ejercer presión sobre las instituciones en plena campaña para las elecciones presidenciales. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027”, afirmó el martes por la noche en TF1.

Para el mundo RN, “Marine Le Pen es la más indicada para saber si es inocente o culpable”, tal y como afirmó el diputado Jean-Philippe Tanguy en France Inter, al día siguiente de la condena en apelación de su jefa.

La que fuera número uno del partido, que en el pasado había hecho de su supuesta probidad un argumento de campaña, no considera en absoluto que una condena en apelación por malversación de fondos públicos la inhabilite para 2027. Enfrentando a los magistrados con el pueblo en una retórica trumpista, llega incluso a considerar que “los franceses” serían los únicos “jueces” si esta resolución judicial fuera confirmada como definitiva por el Tribunal de Casación antes de las presidenciales. Todo ello mientras se esfuerza por evitar la etiqueta de “candidata presidencial con antecedentes penales”.

Si Marine Le Pen quiere ganar tiempo, puede presentar en primer lugar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que retrasaría el examen de los recursos de casación. Si el Tribunal de Casación la considera admisible, la QPC se remite al Consejo Constitucional para su examen, lo que lleva varios meses. Los abogados de RN también pueden tomarse su tiempo para presentar sus escritos ante el Tribunal de Casación una vez interpuestos los recursos de casación. En ambos casos, se trata de una forma hábil de posponer una resolución judicial definitiva hasta después de las elecciones presidenciales y de eludir una posible condena penal.

Con o sin QPC, una vez que se le haya sometido el fondo del asunto, la Sala Penal del Tribunal de Casación puede dictar varios tipos de resoluciones. Si los recursos son admisibles, puede examinarlos y, a continuación, desestimarlos sin más. En tal caso, la resolución del Tribunal de Apelación se aplicaría de inmediato, lo que supondría que Marine Le Pen, definitivamente condenada, tendría que llevar una pulsera electrónica durante un período de varios meses a un año. Podría impugnar la ejecución de su pena, pero con posibilidades inciertas de éxito.

En caso contrario, aún quedan varias posibilidades. En caso de casación total con devolución, el expediente de los asistentes parlamentarios europeos de RN sería juzgado de nuevo por otro tribunal de apelación (o por el tribunal de apelación de París con una composición diferente), y todos los acusados gozarían de la presunción de inocencia (contrariamente a lo que se haya podido decir aquí o allá, no se volvería a la sentencia de primera instancia).

En su defecto, la Sala de lo Penal podría dictar una casación parcial, con o sin remisión a otro tribunal de apelación. En teoría, podría, por ejemplo, anular únicamente una disposición relativa a las penas impuestas si considera que carece de fundamento jurídico.

Dado que el Tribunal de Apelación de París se ha esmerado en redactar meticulosamente su sentencia, el escenario de una casación total o parcial no es el más probable. De hecho, el Tribunal de Casación solo juzga el derecho.

Traducción de Miguel López

Donald Trump ha vuelto a colocar a España en el blanco de sus advertencias. Esta vez lo ha hecho acusando al país de ser una “causa perdida”, llamándolo “socio pésimo” y reclamando que se detenga el comercio. El ataque vuelve a partir del mismo punto de fricción que ya ha marcado otros choques con Madrid: el gasto en defensa y el papel de España dentro de la OTAN.

Pero este no es un episodio aislado. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza a España como ejemplo negativo para presionar a sus aliados europeos y reforzar su discurso sobre quién cumple y quién no con sus exigencias militares. Su forma de actuar mezcla el reproche público, la amenaza económica y una puesta en escena pensada para elevar el coste político de la discrepancia.

Por ahora, muchas de esas advertencias hacen más ruido que daño. Algunas no llegan a materializarse, otras se diluyen en un pulso diplomático y varias funcionan más como instrumentos de presión que como decisiones con efectos inmediatos.

Desde que el mandatario republicano empezó su segunda andadura en la Casa Blanca, en enero de 2025, España ha estado en el objetivo de sus críticas, generalmente a consecuencia del gasto militar español. Al terminar el primer año de mandato, amagó con imponer aranceles y llegó a deslizar la idea de una expulsión de la OTAN. Este año 2026, la dinámica no ha cambiado y, a propósito de la guerra en Irán, el tono ha ido subiendo, aunque siempre con más ruido que medidas concretas. Este es un resumen de sus amenazas.

En una de sus primeras medidas y delirios, cuando el presidente republicano salió con un cuadro en la mano con los aranceles que iba a imponer a medio mundo, Trump ya situó a España en el punto de mira. En aquel momento, amenazó al Gobierno con "aranceles del 100%" al encuadrar por error a España dentro de los BRICS (un acrónimo formado con las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que plantearon una divisa global alternativa al dólar para negociar.

En el conflicto surgido entre Airbus y Boeing, el mandatario estadounidense sí impuso aranceles, pero no a España sino a productos europeos (la UE es un mercado único y no se pueden imponer aranceles a un miembro de forma aislada), lo que afectó de manera indirecta a las exportaciones españolas, como el aceite de oliva, el vino, las aceitunas o los productos agroalimentarios. En ese conflicto, que más tarde se resolvió con un acuerdo entre la UE y EEUU, se llegaron a imponer durante unas semanas unos aranceles del 25%.

Con motivo de las reuniones de la Alianza Atlántica, Trump siempre ha tenido palabras gruesas contra España. Hace poco más de un año, en 2025, en la reunión de la OTAN en La Haya, el presidente de Estados Unidos cargó desde el Air Force One —el avión presidencial— contra Sánchez por el gasto en defensa. “España es un problema, la OTAN está teniendo un problema con ellos, y eso es muy injusto para el resto de los socios”, aseveró.

Aunque llevaba meses lanzando advertencias, fue entonces cuando empezó a insistir con más fuerza en que España debía elevar su gasto militar hasta el 5% del PIB. A su juicio, Madrid llevaba años aportando menos de lo que le correspondía: “España ha pagado muy poco. Siempre ha pagado muy poco. O eran muy buenos negociadores, o no estaban haciendo lo correcto”, manifestó. También advirtió de que la Alianza tendría que “lidiar” con el Gobierno español por esta cuestión.

El Ejecutivo respondió exhibiendo una carta entre Pedro Sánchez y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la que defendía que España podía cumplir sus compromisos de capacidades militares con un gasto equivalente al 2,1% del PIB. Rutte, por su parte, consideraba que para alcanzar esos objetivos sería necesario llegar al 3,5%. La solución pactada fue dejar margen a España para estudiar su aportación y cumplir los compromisos sin asumir de entrada el objetivo del 5% reclamado por Trump.

Ya en la cumbre, el presidente estadounidense volvió a señalar a España. En sus redes sociales compartió un artículo de prensa en el que se afirmaba que “España amenaza con hacer descarrilar la cumbre de la OTAN”. Después insistió en que EEUU estaba cerca del billón de dólares en gasto militar y amenazó al Gobierno de Sánchez con “tener que pagar el doble” por no elevar su gasto al 5%. “Es el único país que no va a pagar la cantidad completa. Quieren quedarse en el 2%, creo que es terrible”, afirmó al anunciar que duplicaría los aranceles previstos para España. No pasó.

Ahora, en la última cumbre en Ankara (Turquía) El presidente volvió a la carga contra España al asegurar, durante una reunión junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas".

El presidente estadounidense ha dicho desde la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que "España es un socio pésimo. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", dijo durante la comparecencia junto a un Rutte que defendió "el incremento de gasto militar de España".

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque España "no tiene remedio, son mala gente". Añadió que aunque hay algunos "casos más" de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España "en particular" figura en el grupo de los que "se muestran hostiles".

"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", aseguró.

Horas más tarde, y ya de vuelta en el Air Force One, el presidente rebajó el tono con España y con los socios de la Alianza Atlántica al asegurar que hubo una "unidad tremenda" en la cumbre.

Trump reconoció desde el avión que "tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó el mandatario que no precisó qué importe era ni cuando se producirá. ¿Una nueva medida de presión para atacar a España en unos meses?

Después de amenazar con aranceles, Trump elevó aún más el tono y llegó a amenazar con la expulsión de España de la OTAN. “Quizás deberíais expulsarlos de la OTAN”, dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. “Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados”, insistió el mandatario, que seguía centrando sus críticas en la negativa española a elevar el gasto en defensa.

Trump defendía que a España le había ido bien "gracias a muchas cosas" que se habían hecho en el seno de la Alianza, por lo que no entendía que el Gobierno de Sánchez no asumiera el incremento del gasto militar que reclamaba.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también tuvo que escuchar sus reproches. Trump afirmó ante él que España no era “un compañero de equipo” y le pidió que hablara con Sánchez: “Con la excepción de España, todos están cumpliendo al 100%, y usted podría resolver el problema de España muy fácilmente. Creo que ya lo sabe”, le insistió.

Una vez más, proponía represalias para España así como la expulsión como solución última.

A principios de 2026, se comprometió a "hablar con España". Después de presentar en Davos la Junta de Paz, acompañado por su amigo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y por el ex primer ministro británico Tony Blair, presumió de haber “conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN” para subir el gasto en defensa. “Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse. Todos aumentan al 5% menos España (...). Tendremos que hablar con España”, apuntó.

Durante esta segunda legislatura de Trump en la Casa Blanca, sus acusaciones contra España han girado en torno al comercio, los aranceles y la OTAN. En un encuentro con Volodímir Zelenski, aseguró que "estaba pensando en imponerles un castigo comercial [a España]". Una vez más, Trump utilizaba la amenaza comercial para castigar a un Gobierno al que consideraba "increíblemente irrespetuoso con la OTAN por no asumir el objetivo del 5% del PIB en gasto militar".

La amenaza no tuvo efectos inmediatos. Bruselas recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea y que respondería “apropiadamente” ante cualquier medida contra un Estado miembro. Dos días después, Trump insistió en que España merecía una “reprimenda” por su posición, pero admitió que el asunto dependía de la OTAN y de Madrid. La presión quedó, una vez más, en palabras.

Otro de los focos de tensión fue el uso de las bases de Rota y Morón. Hasta la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), Trump criticó la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que EEUU utilizara esas instalaciones en suelo español para desplegar tropas y apoyar ataques contra Irán. La decisión de Moncloa irritó al presidente estadounidense, que volvió a endurecer su discurso contra España.

Trump amenazó, al igual que hizo en Ankara, con cortar las relaciones comerciales y llegó a sugerir que EEUU podría utilizar esas bases si quisiera. Moncloa mantuvo su posición y, semanas después, cerró también el espacio aéreo a todo avión estadounidense que participara en la guerra de Irán. La medida afectó a operaciones militares y abrió un nuevo frente diplomático con Washington.

La ajustada victoria de Trump en las elecciones de 2024 frente a Kamala Harris —49,91% frente al 48,43%— ya anticipaba una segunda etapa marcada por la polarización. También el final de su primer mandato, con el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, había dejado claro que Estados Unidos seguía profundamente dividido.

Pese a todo, Trump volvió a la Casa Blanca, aunque su popularidad ha ido cayendo desde la toma de posesión. A aquella ceremonia acudió la plana mayor de Silicon Valley, y el presidente llegó a nombrar consejero a Elon Musk, que más tarde abandonaría el Gobierno.

La actuación del ICE, el secuestro y detención de Maduro, el bombardeo a narcolanchas, la guerra de Irán, sus intentos aún sin resultados para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, las amenazas arancelarias, sus bravuconadas sobre Groenlandia o las islas Chagos y su enriquecimiento a través de las criptomonedas no han pasado desapercibidos. Ni entre la opinión pública estadounidense ni entre una comunidad internacional cada vez más crítica con el presidente.

Las amenazas de Trump, tanto a España como a otros países, han funcionado a menudo como herramienta de negociación antes de acuerdos comerciales o diplomáticos. El patrón suele repetirse: lanzar advertencias contundentes para forzar cambios en negociaciones comerciales, militares o energéticas. En algunos casos lo ha conseguido. En otros, como con España o China —que respondió con más aranceles—, no.

En materia de seguridad vial, existe un fenómeno muy conocido: el efecto túnel. Se refiere a un estrechamiento del campo de percepción en situaciones de estrés, lo que conlleva el riesgo de volverse ciego ante el peligro, que ya no lo ves. Y, pum, el accidente.

El efecto túnel ha golpeado de lleno en las últimas horas a gran parte del mundo político y mediático, que en ocasiones parecían alimentarse mutuamente en una discusión digna de Catherine y Liliane (populares sketchs de humor satírico de dos secretarias que comentan la actualidad, ndt) en torno al caso de los puestos de trabajo ficticios de la Agrupación Nacional (RN). En un primer momento se centraron en la inelegibilidad de Marine Le Pen —había sido condenada a cinco años en primera instancia, lo que la inhabilitaba para presentarse a las elecciones de 2027— y, posteriormente, en el uso de la pulsera electrónica a la que finalmente ha sido condenada.

Ahora ya lo sabemos: a diferencia de la primera sentencia dictada en marzo de 2025, la líder de la extrema derecha se libra esta vez de una pena de inelegibilidad que le habría impedido presentarse a las próximas presidenciales, pero el tribunal confirma al mismo tiempo una pena de prisión que deberá cumplir en su domicilio y con vigilancia electrónica. Y, de repente, se arma el revuelo: la única pregunta que se ha planteado durante todo el día del juicio ha sido si podría hacer campaña con una pulsera. ¿Sí? ¿No?

Lo esencial ha quedado relegado a un segundo plano. Por segunda vez en un año, Marine Le Pen ha sido declarada culpable de haber supervisado un sistema de malversación de fondos públicos, que consistió en desviar 2,8 millones de euros de las arcas del Parlamento Europeo para financiar puestos de trabajo ficticios de asistentes parlamentarios.

El abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, resumió someramente la situación en una pregunta que en realidad no lo era: “¿Se puede ser candidato a las presidenciales con una condena en firme por malversación de fondos públicos?”

No todos compartían la misma opinión, a juzgar, por ejemplo, por la declaración en X del exdiputado de RN y mediático abogado Gilbert Collard: “¡Marine Le Pen puede presentarse como candidata! ¡La pulsera electrónica no se lo debe impedir, todo lo contrario!”

Hubo que esperar a la intervención de la propia interesada en el telediario de las 20:00 horas de TF1 para conocer su decisión. Al anunciar que presentaría un recurso ante el Tribunal de Casación —lo que suspende la ejecución de su pena—, Marine Le Pen declaró que se presentará como candidata a las elecciones presidenciales, a pesar de su condena en primera instancia y en apelación. Y a pesar de que el calendario judicial corre el riesgo de impactar violentamente en la campaña electoral.

Así que ahí estamos. El debate público parece tan degradado que no queda claro, en una parte del espacio mediático y político francés, pero también en el seno de RN, que el doble reconocimiento de culpabilidad de una responsable política de primer orden en un escándalo tan grave no sea, en sí mismo, sinónimo de inhabilitación para las elecciones más importantes.

De hecho, muchos comentaristas han preferido ver más bien una muestra de habilidad en la decisión del Tribunal de Apelación de París que, para no ser tachado de “República de los jueces”, ha devuelto la patata caliente al campo RN.

Pero hay otra forma de abordar la situación. ¿No sería eso ya una forma de renuncia de la justicia si llegara a delegar las consecuencias de lo que constata en el delincuente a quien condena? La cuestión se plantea aún con mayor razón cuando el Tribunal de Apelación ha explicado, en un comunicado enviado a la prensa, que la pena de inelegibilidad impuesta a Marine Le Pen se ha reducido drásticamente, en comparación con la sentencia de primera instancia, por respeto a “la libertad de candidaturas, pero también a la libertad de elección del votante”. En su sentencia de 341 páginas, el tribunal justifica la medida invocando la “condición esencial para una expresión verdaderamente democrática del sufragio universal”.

Cabe preguntarse entonces para qué sirve una pena de inelegibilidad, cuya función misma es obstaculizar la libertad de presentarse a unas elecciones, a fortiori al término de un caso que el propio tribunal de apelación ha considerado de “especial gravedad”.

Y es que la inelegibilidad no es un capricho de los magistrados, sino fruto de la voluntad de quienes elaboraron la ley (spoiler: los políticos) para poder neutralizar a quienes han utilizado su mandato para cometer delitos cuya víctima es toda la sociedad.

Eso es precisamente lo que el tribunal de primera instancia había estimado en su sentencia: “La propuesta de la defensa de dejar que el pueblo soberano decida sobre una hipotética sanción en las urnas equivale a reivindicar un privilegio o una inmunidad que se derivaría de la condición de elegido o candidato, violando el principio de igualdad ante la ley.”

Pues el tribunal de apelación ha decidido lo contrario. Esto es válido para Marine Le Pen, que acapara toda la atención, pero también para su expareja, Louis Aliot, actual alcalde de Perpiñán, también declarado culpable, pero que podrá continuar con su vida como político como si nada hubiera pasado, ya que se le ha impuesto una pena de inelegibilidad condicional.

¿Qué tipo de delincuencia, aparte de la de los “cuellos blancos”, se beneficia de hecho de tal privilegio? Todos los días, en todos los tribunales de Francia, a las personas que se han aprovechado de su profesión para cometer delitos se les impide ejercerla, y eso no escandaliza a nadie.

Por el contrario, un político procesado tiene fácil acceso a los platós de televisión y radio para intentar hacer creer que los magistrados que juzgan a los políticos son jueces políticos. Y si estos jueces tienen el descaro de dictar penas de inelegibilidad, es una prueba fehaciente de que actúan en contra de la soberanía popular.

Es absurdo: juzgan a personas que podrían haber cometido un delito y utilizan los instrumentos que la ley (que ellos no votan) les ofrece para reprimir las infracciones constatadas. Pero resulta que en los casos de atentados contra la probidad cometidos en el ámbito político, no es raro que los sospechosos sean… políticos. ¡Vaya sorpresa!

A nadie se le ocurriría preguntarse si un juez que condena a un carnicero acusado de estafa es vegano. Entonces, ¿por qué se razona de forma tan estúpida cuando se trata de delitos de cuello blanco? Quizá porque, en estos casos, no se tienen en cuenta los hechos, sino cómo viven la sanción los encausados. La pasión sustituye a la razón.

Hoy en día resulta difícil no preguntarse si la aparente clemencia de la sentencia de apelación en el caso RN —y los motivos para no impedir que Marine Le Pen se presente como candidata— no es, al menos en parte, el resultado de la inmensa presión que se ejerció sobre los jueces tras la furia política y mediática que siguió a la sentencia de primera instancia.

Conviene recordar la increíble violencia contra los jueces que se desató en 2025, un año marcado también por la condena a Nicolas Sarkozy en el caso libio, lo que suscitó manifestaciones de preocupación por parte de los dos máximos magistrados del país.

Y hay que leer lo que se ha podido escribir aquí y allá estos últimos días a la espera de la sentencia sobre Le Pen. Le Journal du dimanche, propiedad del grupo Bolloré, por ejemplo, ha hablado de la “trampa judicial” tendida a RN, sin prestar mucha atención a los hechos juzgados.

Pero sin duda quien se llevó la palma fue el director del semanario Marianne, Frédéric Taddeï, que comenzó expresando su preocupación por el “poder que se ha conferido a esos jueces”. Antes de expresar su nostalgia por la época del general de Gaulle, cuando “esas famosas violaciones de la probidad se consideraban peccata minuta, aunque solo fuera porque nuestros políticos recurrían a ellas a menudo; pero luego se les ha rebautizado con nombres terribles: corrupción, tráfico de influencias, favoritismo, concusión, conflicto de intereses, asociación ilícita, estafa, malversación de fondos públicos…”.

Nada más lejos de la realidad. La corrupción ya figuraba en el Código Penal de 1810, al igual que la obtención ilícita de beneficios (bajo el nombre de “delito de injerencia”), la asociación ilícita, la estafa o la malversación de fondos públicos, esta última inspirada directamente en el derecho romano. En cuanto al tráfico de influencias, se creó en 1889 para colmar un vacío legal tras la dimisión del presidente Jules Grévy, arrastrado por un caso de tráfico de condecoraciones dos años antes. En la lista de Frédéric Taddeï, solo el favoritismo data de los años noventa.

¿Son peccata minuta las violaciones de la probidad? Leamos más bien al filósofo británico Thomas Paine, que logró la hazaña de ser a la vez una figura de la Revolución Americana de 1776 y diputado de la Convención Nacional en Francia, entre 1792 y 1795: “Es fácil ver que, allá donde faltan las virtudes republicanas, comienza la esclavitud”. Lo escribió en una obra titulada Common Sense (El sentido común). Justo lo que le falta al debate público francés sobre los “escándalos”.

Traducción de Miguel López

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la carga contra España al asegurar, durante una reunión junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas", mientras, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha querido transmitir que "mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU y no es nuestra intención que eso cambie".

El presidente estadounidense ha dicho desde la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que "España es un socio pésimo. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", dijo durante la comparecencia junto a Rutte que defendió "el incremento de gasto militar de España" .

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque España "no tiene remedio, son mala gente". Añadió que aunque hay algunos "casos más" de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España "en particular" figura en el grupo de los que "se muestran hostiles".

"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", aseguró Trump que, además, intentó ridiculizar la actitud futura de España para querer volver a negociar con él: "Ya veremos cuánto les dura la hostilidad cuando llamen diciendo: "Por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor".

Moncloa ha salido al paso de estas declaraciones en materia de comercio al asegurar que entre EEUU y España existe un superávit por parte del país norteamericano, "es decir, que se beneficia más de esa relación que nosotros". Las mismas fuentes han aprovechado para recordar que "la UE es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún Estado Miembro" y que los vínculos económicos "los tejen las empresas privadas, no los gobiernos".

Trump también cargó contra la OTAN con la que no está contento "por lo que hicieron con Groenlandia" y por el hecho de que "no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo: Irán".

El secretario general de la OTAN restó importancia al asunto al asegurar que "la decepción por parte de Estados Unidos en lo que respecta a Irán tiene que ver con casos aislados"

Aunque matizó para "ser justo", que no abordó ese asunto previamente con Rutte. "Creo que si lo hubiera hecho, tal vez las cosas habrían sido diferentes, aunque en realidad no necesitábamos ayuda, pero yo estaba poniendo a prueba la situación. Quería ver si estarían ahí o no, y la respuesta fue la que fue", indicó.

El presidente estadounidense indicó que, en ese contexto de Irán y Groenlandia, habló con Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, pero no con España de quien dijo que "es un caso perdido".

Rutte, en la misma comparecencia, puso de relieve no obstante que hubo unas 5.000 salidas de activos estadounidenses desde bases en territorio europeo y que "se están aplicando todos los acuerdos bilaterales de uso de bases".

"Una vez más, Europa es una gran plataforma de proyección de poder para Estados Unidos", recalcó Rutte que espera que "los aliados reafirmen que Irán nunca, jamás, debe hacerse con capacidad nuclear", dijo, y agregó que también abordarán que el principio de libertad de navegación es "crucial" para los 32 aliados y que el Estrecho de Ormuz debe "volver a abrirse por completo sin restricciones".

El secretario general aliado se refirió también al incremento del gasto militar de los europeos y Canadá y aseguró que "Europa se está equiparando ahora con Estados Unidos" y que ha sido Trump quien "nos anima a hacerlo con mucha firmeza" desde su anterior presidencia.

"Por supuesto, también está la amenaza rusa, que nos obliga a actuar así en el flanco europeo de la OTAN", concluyó.

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles haber mantenido en Ankara una conversación "sin tirantez" y "con absoluta y total cordialidad" con Donald Trump después de las nuevas críticas a España del presidente de Estados Unidos, que afirmó recibir "con calma y paciencia".

Sánchez desveló en la rueda de prensa ofrecida al término de la cumbre de la OTAN esa conversación con Trump horas después de que este asegurara que España es "una causa perdida", "no tiene remedio, son mala gente", y amenazara con cortar toda relación comercial.

Pero pese a esas manifestaciones, Sánchez dijo que solo hubo "buenas palabras y amabilidad" en su charla coloquial con Trump, en la que dijo que hablaron del Mundial de fútbol que se está disputando en Estados Unidos y de otras cuestiones informales.

Entre ellas reveló que hablaron de golf, un deporte del que recordó que es muy aficionado el presidente de Estados Unidos.

La charla, explicó, tuvo lugar cuando coincidieron mientras esperaban para posar para la foto de familia de la cumbre de la Alianza Atlántica junto al resto de líderes.

El jefe del Ejecutivo español dijo que las críticas a España del presidente estadounidense las conoció por los medios de comunicación, con lo que trasladó que en ningún momento se las hizo a él directamente.

Esos ataques, aseguró, los recibe "con calma y paciencia" y también "con cierta normalidad", resaltando que, más allá de las declaraciones, hay unas relaciones bilaterales muy positivas entre España y Estados Unidos.

Tras recordar que España tiene déficit comercial con Estados Unidos, hizo hincapié ante la amenaza de Trump de romper relaciones comerciales con España que ese tipo de relaciones son con la Unión Europea y no de forma individual con cada uno de sus miembros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en Ankara que da por acabado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán, asegurando que "se ha acabado" porque Irán "es basura".

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", aseguró Trump ante la prensa, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza en Ankara.

"Por mi parte, negociar con ellos es sólo malgastar tiempo. Ellos mienten. Estábamos de acuerdo, no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto. ¿Qué les pasa? Están majara", aseguró el presidente estadounidense.

"En mi opinión, esto ha terminado. Creo que los negociadores están perdiendo el tiempo. Ellos, los iraníes, son un grupo de mentirosos", concluyó Trump.

Por otra parte, acusó al régimen iraní de "hacer daño a su pueblo" y aseguró que "hasta ahora han matado a 54.000 personas que estaban protestando".

"Cuando te preguntas por qué los manifestantes no se han hecho con el poder, es porque están muertos. Los han matado. Nadie se hará con el poder. No tienen fusiles, y el otro bando tiene metralletas y los matan", dijo en referencia a las protestas de enero pasado.

Según Trump, Estados Unidos había atacado "con mucha fuerza" la noche pasada, después de garantizarles un periodo de calma por el funeral del líder supremo, Alí Jamenéi, que murió en los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado.

"Les dijimos haced el funeral, y en lugar de eso empiezan a lanzar cohetes contra buques ayer. Así que les dimos duro anoche, muy duro. Ellos juegan sucio, van a por todo el mundo, probablemente hasta yo haya estado en su lista de personas a eliminar", especuló el mandatario.

"Son mala gente. Han matado a miles y miles de nuestros soldados y a cientos de miles de personas inocentes", aseguró Trump, sin aclarar a qué conflicto atribuía el alto número de bajas norteamericanas a manos de Irán, ya que en la guerra iniciada este año solo constan 16 soldados estadounidenses muertos en combate.

"Ahora bien, dejaré que nuestros maravillosos negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, sigan hablando, si quieren, pero yo no lo veo. No me gusta esa gente", concluyó.

Las declaraciones de Trump se producen tras los más recientes intercambios de hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses atacaron Irán anoche en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Irán, a su vez, bombardeó bases que mantiene EE. UU. en varios países del golfo Pérsico como represalia.

Antes de esos ataques, Estados Unidos había revocado la autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida tomada por las agresiones contra buques en Ormuz.

El enigma de los vínculos de dependencia entre la Agrupación Nacional (RN) del dúo Le Pen/Bardella y el sector más radical de la extrema derecha francesa se asemeja a la famosa máxima de El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Todo debe cambiar para que nada cambie.” En efecto, a pesar de las investigaciones judiciales en curso y de las declaraciones públicas sobre un supuesto distanciamiento, la RN sigue enriqueciendo, en condiciones sospechosas, a la denominada “GUD Connection”.

Mientras que la Fiscalía Europea llevó a cabo la semana pasada una oleada de registros en el marco de una investigación sobre las condiciones de adjudicación de contratos por parte del grupo parlamentario de la extrema derecha europea durante el periodo 2019-2024, un nuevo informe oficial del Parlamento Europeo, fechado a mediados de junio, al que ha tenido acceso Mediapart, señala posibles irregularidades financieras atribuibles a RN en un periodo más reciente (2024-2025).

Según nuestra información, este documento de 37 páginas, elaborado por la Dirección General de Finanzas del Parlamento Europeo, se encuentra actualmente en manos de la Comisión de Control Presupuestario, que debe emitir un dictamen el 14 de julio sobre las medidas que deben adoptarse al respecto. Estos nuevos elementos podrían por tanto ser remitidos a la justicia.

Al igual que en la investigación en curso, los hechos descubiertos por los servicios financieros del Parlamento Europeo se refieren a los contratos de comunicación adjudicados por RN, con fondos públicos, a una pléyade de empresas que tienen en común estar en manos de directivos que mantienen vínculos personales y políticos con la “GUD Connection”.

Esta denominación engloba una nebulosa vinculada a antiguos activistas del Grupo Unión Defensa (GUD, antiguo sindicato de estudiantes anticomunistas y de extrema derecha, ndt), entre los que se encuentra su emblemático líder en la década de 1990, Frédéric Chatillon, acusado de alimentar la nostalgia por el III Reich, de frecuentar cada vez más a figuras antisemitas y de defender una proximidad ideológica con dictaduras extranjeras, como la Siria de Bashar al-Assad o la Rusia de Vladímir Putin, por ejemplo.

Frédéric Chatillon, condenado por estafa en el caso de los kits de campaña del Frente Nacional (FN), es también amigo de la infancia de Marine Le Pen, mientras que una de sus hijas mantuvo una relación sentimental con Jordan Bardella.

Según este nuevo informe del Parlamento Europeo, cuyas conclusiones reveló Politico, los contratos firmados por el grupo Patriotas por Europa (PfE) —del que forma parte RN y que preside Jordan Bardella— con cinco empresas (e-Politic, Hermod Communication, Adhocrat, Recless y Citadelle Communication) plantean serias dudas sobre su legalidad.

Los investigadores señalan, entre otras cosas, “numerosas infracciones de la normativa aplicable”, ofertas que deberían haberse “considerado nulas”, empresas que no disponen de los medios “para cumplir el requisito mínimo de capacidad técnica” para la ejecución de los contratos en cuestión, así como pagos “que no se ajustan al contenido real de las facturas”. Estos investigadores expresan “serias preocupaciones en cuanto al cumplimiento del pliego de condiciones” presentado por el grupo parlamentario. Los importes considerados irregulares ascienden a 197.258,48 euros.

Al ser interrogado por los servicios del Parlamento, el grupo de los Patriotas por Europa (PfE) reconoció, en su respuesta del 20 de abril de 2026, la existencia de “incoherencias y lagunas procedimentales” en “la redacción y la firma de los contratos”. También admitió que la “coordinación y la verificación podrían haber sido, en algunos casos, más rigurosas”, aunque lo achacó a un “enfoque muy descentralizado”. No obstante, aseguró “que los contratos se habían elaborado de buena fe”.

Este argumento no ha convencido a los relatores, quienes consideran, por el contrario, que estas “numerosas irregularidades de carácter fundamental […] no pueden ser excusadas ni compensadas por la supuesta buena fe del grupo”. Contrariamente a lo que afirma este último, insisten, no se trata de “una simple diferencia de interpretación de las normas de contratación pública”, considerando que “las irregularidades se derivan, por el contrario, de violaciones de los principios fundamentales que rigen el derecho de la contratación pública”.

La atención de los servicios financieros del Parlamento Europeo se ha centrado, en particular, en el perfil de los directivos de varias de las empresas implicadas: Paul-Alexandre Martin (e-Politic), Mathieu Balavoine (Recless) y Nicolas Goury (Hermod Communication).

Paul-Alexandre Martin, cofundador de la empresa francesa e-Politic (recientemente rebautizada como e-nvictus) junto con Frédéric Chatillon, lleva casi quince años moviéndose entre RN y los grupúsculos de extrema derecha más radicales. Hoy al frente en solitario de la agencia de comunicación, el que fuera número dos del Frente Nacional de la Juventud (FNJ) nunca ha ocultado su amistad con miembros del movimiento neofascista francés y europeo, a pesar de que se supone que debe encarnar una imagen más presentable de la extrema derecha.

En sus redes sociales, Paul-Alexandre Martin, de 36 años, exhibe su cercanía a su mentor y amigo Frédéric Chatillon, veintidós años mayor que él, figura tutelar de la “GUD Connection”. “Paul-Alexandre Martin es un Chatillon baby”, comenta a Mediapart un antiguo allegado de Marine Le Pen. “Se viste como él, se peina como él.”

El joven empresario, cuyas actividades se han ido extendiendo progresivamente a varias empresas en Francia y en el extranjero, también ha mantenido una relación muy estrecha con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes serán juzgados en septiembre por lo penal por el asesinato del jugador de rugby Federico Martín Aramburú en 2022. También comparte sus vacaciones con Logan Djian, exlíder del GUD condenado en múltiples ocasiones por actos violentos, que luce tatuajes neonazis.

Desde su creación en 2014, e-Politic se ha convertido en una pieza fundamental de la comunicación del FN y, posteriormente, de RN, tanto en el Parlamento Europeo como en las campañas electorales en Francia. La agencia también ha dado trabajo a jóvenes militantes del partido que han llegado a ocupar puestos de responsabilidad, como la eurodiputada Julie Rechagneux o François Paradol, actual jefe de gabinete de Jordan Bardella.

Según Le Monde, la empresa de comunicación también ha contratado a Paul-Alexis Husak, un dirigente de la nueva generación del GUD. Tras su paso por los Zouaves de París, el activista fue detenido en 2022 en el marco de la investigación sobre un intento de expedición punitiva en torno a un partido de fútbol entre Francia y Marruecos.

Los perfiles de Matthieu Balavoine y Nicolas Goury, que dirigen respectivamente las empresas Recless y Hermod, no están menos vinculados a ese entorno. El primero es una figura destacada del movimiento identitario de Ruán, portavoz de la Asociación de Apoyo a los Denunciantes (Asla), una organización fundada por dirigentes identitarios para apoyar a los activistas de extrema derecha que son objeto de acciones judiciales.

Balavoine fue condenado en apelación, el 23 de marzo de 2026, a ocho meses de prisión condicional por violencia colectiva tras el ataque a una sede de la asociación SOS Méditerranée en Marsella, en 2018 (condena que ha recurrido en casación). Está casado, además, desde 2025 con una de las hijas de Jildaz Mahé O’Chinal, uno de los amigos más cercanos de Frédéric Chatillon, estrechamente vinculado a los círculos neofascistas italianos.

Nicolas Goury, director de la empresa Hermod, también procede de los círculos identitarios normandos. Delegado departamental adjunto de RN en Sena Marítimo y exasistente parlamentario en la Asamblea Nacional, fue señalado en 2017 por realizar una "quenelle" —un gesto con connotaciones antisemitas popularizado por el cómico Dieudonné— frente a la sede de la CGT en Ruán, de la que había sido expulsado tras afiliarse al partido de extrema derecha.

Se añade que la última empresa contratada señalada por el servicio antifraude, Citadelle Communication, está dirigida por Christophe Boucher, amigo desde hace treinta años de Frédéric Chatillon, con quien había creado una empresa en 2003.

Al ser preguntados por Mediapart, Frédéric Chatillon, Paul-Alexandre Martin, Mathieu Balavoine, Christophe Boucher y Nicolas Goury no respondieron.

El nuevo informe del Parlamento Europeo sobre los años 2024-2025 menciona nada menos que sesenta veces a e-Politic, que facturó 146.444,41 euros durante ese periodo. A esta suma hay que añadir 1.653.012 euros correspondientes a los servicios prestados al grupo Identidad y Democracia (predecesor de Patriotas por Europa), del que formaba parte RN durante la legislatura anterior (2019-2024). En ambos casos, las autoridades de control consideran que no se han respetado las normas de “transparencia” y de “buena gestión financiera”.

En materia de licitaciones, las normas del Parlamento exigen, en particular, una competencia leal y la recepción de un número mínimo de ofertas de empresas. Pero el informe constata que, durante el período 2024-2025, “el grupo PfE no ha cumplido varios de estos requisitos y/o no los ha documentado correctamente”.

Por ejemplo, los relatores dicen haber observado que los proveedores habían facturado al grupo de extrema derecha incluso antes de que concluyeran los procesos de licitación y se adjudicaran los contratos. Lo cual “pone en tela de juicio la credibilidad de la selección de los operadores económicos” y “hace pensar en una distorsión de la competencia”.

Estos nuevos datos se suman a los ya conocidos que justificaron la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía Europea tras la remisión de un informe anterior sobre sospechas de irregularidades que afectaban al grupo Identidad y Democracia.

Este primer informe de 32 páginas, revelado por Le Monde y al que Mediapart también ha tenido acceso, ya alertaba de los “graves problemas de cumplimiento” del contrato firmado con la empresa e-Politic. Su director, Paul-Alexandre Martin, fue además objeto de la serie de registros llevados a cabo el martes 30 de junio, en el marco de las investigaciones en curso por sospechas de malversación de fondos públicos, favoritismo y abuso de confianza.

Otra empresa francesa, denominada Unanime, también ha sido señalada por las autoridades europeas por un contrato de 1,4 millones durante el mismo periodo 2019-2024. Creada en París en 2011, esta empresa fue propiedad de Frédéric Chatillon hasta 2023, antes de que este transfiriera sus participaciones a su holding italiano denominado Edda (el mismo nombre que la hija mayor de Benito Mussolini).

Cuando trabajaba para el grupo de RN, la empresa estaba dirigida además por una tal Sighild Blanc, nieta de dos antiguos nazis franceses, que no es otra que la esposa de Frédéric Chatillon. Fue ella quien firmó, entre otras cosas, varios presupuestos con Identidad y Democracia.

En Bruselas, los servicios de Unanime se centraron en la elaboración (impresión, envío y franqueo) de dos “libros negros”, uno sobre la “gestión de la crisis del coronavirus por parte de la UE” y otro sobre la “calamitosa gestión de la estrategia de vacunación de la UE”, de los que Jordan Bardella se encargó de la promoción.

La empresa también recibió el encargo de la revista del grupo, Vu d’Europe, a pesar de que, según el servicio antifraude, “no disponía de las capacidades técnicas necesarias” para hacerlo por sí misma. Este último señala en su informe que la pequeña estructura francesa “no prestó la mayor parte de los servicios contratados y, por el contrario, recurrió a subcontrataciones en cascada”, sin que ello respondiera, a su juicio, a una “lógica económica”.

Esta cadena de subcontratación hizo que los precios de los servicios prestados se dispararan un 31 % de media. Incluso restando “generosamente” los “honorarios de agencia”, la diferencia sigue siendo superior al 18 %, insiste el informe, que considera que “ninguna de las explicaciones aportadas por el grupo Identidad y Democracia permite subsanar las graves deficiencias constatadas tanto en el procedimiento como en la ejecución del contrato”.

Contactados por Mediapart, Marine Le Pen y Jordan Bardella no han respondido.

El martes 30 de junio, el presidente de RN reaccionó a los registros en las oficinas de sus proveedores publicando en su cuenta de X un mensaje conspiranoico que relacionaba esta noticia judicial con las elecciones presidenciales del año que viene. “Como siempre, los procedimientos judiciales marcan el calendario electoral”, afirmó.

El líder de extrema derecha, sin embargo, no se pronunció sobre los motivos por los que RN mantiene su vínculo con el ámbito de la “GUD connection”, a pesar del riesgo jurídico y reputacional que supone esta asociación.

La investigación de la Fiscalía Europea, que dio lugar a registros en las oficinas de proveedores de la Agrupación Nacional el martes 30 de junio, se abrió por sospechas de malversación de fondos públicos, favoritismo y abuso de confianza.

Paralelamente, RN es objeto de varias investigaciones judiciales. La más lograda se refiere al caso de los puestos de trabajo ficticios en el Parlamento Europeo, que supuso la condena del partido y de varios de sus dirigentes, empezando por Marine Le Pen, en primera instancia. La triple candidata a las elecciones presidenciales fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos firme, a una multa de 100.000 euros y a cinco años de inelegibilidad. La sentencia del Tribunal de Apelación de París se acaba de dictar y la considera culpable, condenándola a tres años de prisión, de los cuales uno en firme, y a llevar una pulsera electrónica durante un año.

El partido de extrema derecha también es objeto de una investigación judicial iniciada en París el 3 de julio de 2024 por sospechas de estafa en el marco de las campañas presidenciales y legislativas de 2022, así como de las europeas de 2024. Este asunto dio lugar a un registro de la sede de RN el 9 de julio de 2025. También está en curso otra investigación en Marsella, relativa a la financiación de candidatos del partido por parte del empresario Pierre-Édouard Stérin.

Por otra parte, según Le Canard enchaîné, la asociación Anticor ha presentado una denuncia, constituyéndose en parte civil, por malversación de fondos públicos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa en banda organizada contra Jordan Bardella, sospechoso de haber presentado una agenda falsa para justificar su actividad en el Parlamento Europeo.

Para terminar, desde 2016, la justicia investiga el dinero ruso del partido.

El informe del Parlamento Europeo señala asimismo que la empresa Hermod Communication firmó un contrato con el grupo de RN a pesar de que dicha empresa había presentado su oferta para la licitación fuera de plazo. Además, el contrato entró en vigor el 3 de octubre de 2024, mientras que se firmó a posteriori, el 23 de octubre de 2024.

Pero eso no es todo: el contrato no lo firmó el grupo de RN (ni su representante), sino el eurodiputado Gilles Pennelle, el mismo que, según Le Monde, habría presentado al director de Hermod como proveedor del grupo en el Parlamento Europeo. Cabe preguntarse si el eurodiputado (y exdirector general de RN) pudo acudir en ayuda del director de Hermod al firmar con su empresa un contrato derivado de una licitación que no había ganado.

Al ser preguntado al respecto, Gilles Pennelle asegura que firmó dicho contrato “tras la adjudicación del mismo”, y no “en nombre del grupo”, sino “para [su] comunicación personal como eurodiputado”. Sin embargo, el contrato, al que ha tenido acceso Mediapart, prevé efectivamente “prestar servicios de redes sociales al grupo PfE” y en él se “designa a Gilles Pennelle como el “grupo PfE’”. Al ser consultado, Nicolas Goury, director de Hermod, no ha respondido.

Traducción de Miguel López

El Tribunal de Apelación de París condenó este martes a Marine Le Pen a tres años de prisión, dos de ellos exentos de cumplimiento, y a 45 meses de inhabilitación, de los cuales 30 quedan en suspenso salvo reincidencia. La pena firme se reduce así a un año de cárcel, que deberá cumplir bajo vigilancia electrónica, y a 15 meses de inhabilitación efectiva, lo que técnicamente le permite presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027.

La líder de la extrema derecha francesa fue condenada además al pago de una multa de 100.000 euros en el caso de los asistentes parlamentarios europeos del antiguo Frente Nacional, hoy Reagrupamiento Nacional (RN). El tribunal confirmó que Le Pen, su partido y otros diez acusados participaron en un sistema de malversación de fondos del Parlamento Europeo destinados a pagar asistentes parlamentarios que, en realidad, trabajaban para la formación.

Horas después de conocerse la sentencia, Le Pen anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo francés y que presentará su candidatura al Elíseo. Lo hizo en el informativo de máxima audiencia de TF1, acompañada por Jordan Bardella, presidente del RN y considerado su sucesor natural.

La dirigente ultraderechista presentó ese binomio como una fórmula de reparto de poder: ella, candidata a la Presidencia de la República; Bardella, aspirante a primer ministro. “Nos complementamos, nos hemos preparado. Yo, para este inminente cargo de presidenta de la República, y Jordan, para el no menos importante cargo de primer ministro”, dijo, antes de definir la alianza como un “tándem ganador”.

La decisión judicial rebaja de forma significativa la condena dictada en primera instancia en marzo de 2025, cuando Le Pen fue sentenciada a cinco años de inhabilitación y cuatro años de prisión. Aun así, mantiene una condena penal por malversación de fondos públicos europeos que marcará inevitablemente la campaña presidencial francesa.

El punto clave será ahora la aplicación práctica de la pena. Un juez de ejecución deberá fijar las condiciones del brazalete electrónico, incluidos el domicilio, los horarios de salida autorizados y las restricciones de movimiento. Esas condiciones pueden ser determinantes para saber hasta qué punto Le Pen podrá desarrollar una campaña nacional antes de la primera vuelta presidencial, prevista para abril de 2027.

Durante la lectura de la sentencia, la presidenta del tribunal subrayó que los responsables políticos deben ser ejemplares en el cumplimiento de las normas. Los jueces dieron por probado que fondos europeos destinados a asistentes parlamentarios fueron desviados para remunerar a empleados que trabajaban para el partido, con un perjuicio económico superior a 2,8 millones de euros.

Le Pen, que niega haber organizado un sistema fraudulento, busca ahora transformar la condena en un argumento político contra lo que denuncia como una persecución judicial. Su margen electoral, sin embargo, dependerá tanto del recurso ante la casación como de las condiciones concretas que se le impongan para cumplir el año de vigilancia electrónica.

La FIFA vuelve a estar en entredicho. El órgano rector del fútbol, una de las organizaciones privadas con más poder en el mundo, ha provocado un escándalo mundial que tiene mucho que ver con la amistad entre su actual presidente, Gianni Infantino, y Donald Trump. Una llamada del presidente estadounidense para criticar una decisión arbitral y la reacción de la FIFA retirando una tarjeta roja al futbolista estadounidense Folarin Balogun es el último episodio de una historia de corrupción, geopolítica y poder. 

El FIFAgate de 2015 fue el gran bochorno de la organización y acabó en la renuncia del entonces presidente, Joseph Blatter, que había gobernado de manera “dictatorial”, como aseguró Michel Zen-Ruffinen, ex secretario general de la FIFA. Pero los escándalos habían comenzado cerca de diez años antes, en 1996. 

El primero fue la cesión a la empresa de patrocinio deportivo International Sport and Leisure (ISL) de los derechos de televisión y marketing. La compañía articuló una red de influencia basada en sobornos a “diferentes delegados de la FIFA y otros de organizaciones dependientes como medios de comunicación y firmas deportivas por más de cien millones de dólares”, aseguró la policía suiza, que se encargó de llevar este primer gran caso de corrupción. 

El caso de ISL lo destaparon en 2012 la cadena británica BBC y uno de sus periodistas estrella, Andrew Jennings, lo que acabó con la dimisión de Joao Havelange, que ostentaba la presidencia de la FIFA durante el episodio —y era presidente honorífico cuando salió a la luz—, Ricardo Teixeira y Nicolás Leoz, miembros de su junta directiva.

Antes, en 2004, la FIFA rompió con Mastercard en favor de Visa, incumpliendo el contrato que tenían con los primeros. La sentencia de la Corte Federal de Nueva York criticó con dureza las tácticas y la naturaleza de los negocios de la organización deportiva y dictaminó el pago de una indemnización por valor de 90 millones de dólares de FIFA a Mastercard.

La corrupción ha continuado en la organización a lo largo de los años, como cuando Blatter —siendo presidente de FIFA— aseguró que “las jugadoras de fútbol en ligas femeninas podrían vestir pantalones más ajustados para ayudar al mercado femenino del fútbol” o como cuando en 2010 se negó a investigar a Ibrahim Chaibou, que arbitró varios partidos amañados.

Tráfico de influencias

Las influencias dentro de la organización siempre han tenido la sombra del amaño y la sospecha. Si en 1994 el Mundial se fue a Estados Unidos gracias a la intermediación y un acuerdo comercial con McDonald’s, el de 2002 se terminó celebrando en Corea y Japón, para explotar el mercado asiático y evitar un conflicto político, y en 2022 viajó hasta Qatar en invierno, rompiendo con la tradición de celebrar el campeonato en verano, con la excusa de “convertirlo en un deporte global que rompiera fronteras”. Más tarde, se demostró que también fue a cambio de dinero.

Fueron precisamente este último, y el de Rusia de 2018, los que pusieron el foco sobre los amaños de FIFA. Michael J. García, director de cuestiones éticas de la Federación, acusó al organismo de llevar a cabo una investigación muy tibia de la selección de aquellas candidaturas en las que hubo compra de votos, como se demostró en 2012 con la dimisión de Mohammed Hammam, quien fuera presidente de la Confederación Asiática de la FIFA, por haber pagado cerca de cuatro millones de dólares a representantes del fútbol africano para asegurar las designaciones de Rusia y Qatar.

La dimisión de Hammam dio inició al FIFAGate cuando en 2015, el Departamento de Justicia de EEUU imputó a altos cargos de FIFA, Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) y Concacaf (Confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y Caribe) dentro de un caso de crimen organizado. Más de dos docenas de dirigentes y asociados quedaron relacionados en un entramado de autoenriquecimiento mediante sobornos vinculados a la adjudicación de mundiales y de derechos televisivos.

La fiscalía estadounidense acusó a 14 personas —nueve autoridades de la FIFA y cinco ejecutivos— de haber recibido o pactado sobornos por unos 150 millones de dólares a cambio de derechos de transmisión, publicidad y patrocinio de torneos y adjudicación de sedes. 

Esta investigación provocó la renuncia de Blatter, que prometió una “profunda reestructuración” dentro del organismo rector, lo que provocó que la FIFA, a ojos de los investigadores, “pasase de ser una organización mafiosa a ser la víctima”, como criticó el ya expresidente, que aseguró que “querían mi renuncia para que todo cambiara”.

Nueva era, pero sin cambios

La elección de Gianni Infantino en 2016 fue presentada como el inicio de una nueva etapa, pero la trayectoria posterior apunta a la vieja opacidad de Havelange y Blatter. 

Si bien es cierto que Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 fueron designadas y promocionadas como anfitrionas del Mundial por la emergente pujanza de sus economías en tiempos de Blatter, Infantino siempre ha presumido de gestión por encima del fútbol como deporte.

Al frente de FIFA, ha conseguido grandes ‘pelotazos’ en favor del negocio, como el Mundial de Clubes o este Mundial de 48 selecciones. Como buen tecnócrata, cuando formó parte de UEFA impuso el penúltimo formato de la Champions League, que disparó los ingresos de la competición, y la Liga de Naciones, que suprimió en Europa los amistosos para que las federaciones comercializaran mejor los derechos de retransmisión con un nuevo torneo.

En este mundial de Estados Unidos, Canadá y México, las polémicas por los derechos de retransmisión han dado paso a otras, en este caso por los precios de las entradas: hay billetes que valen más de 1.000 dólares, y los hospitalities, una especie de todo incluido, llegan a los 33.000.

Pero no son las únicas. Ya sentado en el despacho más importante del fútbol global, Infantino defendió mano a mano con Vladimir Putin y con la realeza qatarí las designaciones para albergar el mundial de fútbol. La comunidad internacional las cuestionó por la vulneración flagrante de los derechos humanos en ambos países, por el sportwashing qatarí y ruso. 

La FIFA justificó la decisión de llevar la competición a Qatar insistiendo en el potencial del fútbol como agente de progreso social, pero las consecuencias mostraron lo inverso: empezando por las muertes de personas que trabajaban en la construcción de los campos en condiciones de semiesclavitud y acabando por el refuerzo de la dependencia del fútbol respecto a capitales estatales autoritarios y monarquías ricas.

En este contexto, aparece la amistad de Infantino con Trump. El presidente estadounidense utilizó los eventos deportivos como el Mundial de Clubes y este Mundial de 2026 como una arena política perfecta para su narrativa nacionalista. 

El último acto de esa relación personal ha sido la llamada a Infantino que Trump destapó y narró al mundo a través de su red social pidiendo que la FIFA retirase la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, máximo goleador de la selección. La medida permitió al jugador disputar los octavos de final contra Bélgica.

Trump admite que llamó para “pedir que se revisara la jugada” porque no le pareció falta, y se ha atribuido incluso un supuesto “buen ojo” para interpretar acciones de juego. Infantino, por su parte, reconoce que recibe y atiende llamadas del presidente de EEUU sobre asuntos relacionados con el Mundial, equiparándolas a los contactos habituales con diferentes jefes de Estado.

Este lunes 6 de julio había mucha gente concentrada ante el juzgado de Niza. Los medios de comunicación y los seguidores habían tomado buena nota de la fecha del juicio contra los influencers Owen C. y Safine H., dos protagonistas del caso conocido como “JeanPormanove”, que toma su nombre del canal de streaming en el que trabajaban.

Esta historia, revelada por Mediapart en diciembre de 2024, adquirió relevancia nacional cuando Raphaël Graven, conocido como “JP”, falleció en directo en la noche del 17 al 18 de agosto de 2025, tras haber sido grabado ininterrumpidamente durante doce días. Era uno de los chivos expiatorios de un grupo apodado “Lokal”, que escenificaba actos de violencia y humillaciones para obtener donaciones de sus seguidores.

Esta muerte, aunque fue atribuida a un infarto y no a una paliza según los resultados de la autopsia, ha conmocionado a una opinión pública aún poco familiarizada con el mundo del streaming. Porque, mientras que YouTube y Twitch se consideran referentes en la difusión de vídeos en línea, existen nuevas plataformas menos conocidas y menos estrictas en materia de moderación que siguen pasando en gran medida desapercibidas. Es el caso de la plataforma australiana Kick, que alojaba el canal JeanPormanove y que hoy es objeto de una investigación independiente, abierta por la Fiscalía de París, en particular por prestación de servicios ilícitos.

Owen C. y Safine H. se han visto ante el juez este lunes 6 de julio por “violencia en grupo sin ITT, violencia en grupo con armas sin ITT, violencia en grupo con armas sin ITT contra menores de 15 años, violencia contra un menor de 15 años sin ITT, abuso de debilidad, incitación al odio y a la discriminación por motivos de discapacidad, incitación al odio y a la discriminación por motivos de orientación sexual, grabación y difusión de imágenes de violencia” (ITT, incapacidad, total o temporal, para realizar actos ordinarios de la vida diaria, ndt) y por “afrenta a una persona depositaria de la autoridad pública”, en relación con un comentario de Owen C. dirigido al alcalde de Drap (Alpes Marítimos), donde se encuentra el estudio de rodaje.

Esta vista es el resultado de una investigación preliminar de un año y medio, iniciada por el fiscal de Niza, Damien Martinelli, el 16 de diciembre de 2024, al día siguiente de la publicación de una investigación de Mediapart sobre el "negocio de la humillación" que se llevaba a cabo en el canal JeanPormanove.

En aquel momento, estos jóvenes streamers de Niza gozaban de una popularidad creciente: 160.000 suscriptores en Kick y miles de espectadores en directo cada noche. Aunque en un principio eran aficionados a los videojuegos, poco a poco fueron desarrollando conceptos —que podrían calificarse de discriminatorios— destinados a burlarse de las capacidades intelectuales de otros participantes, entre ellos Raphaël Graven y Stéphane, apodado “Coudoux”, un hombre con discapacidad bajo tutela.

Owen C., alias “Naruto”, y Safine H. también les infligen violencia física: estrangulamientos, chorros de agua y pintura, zancadillas, puñetazos y descargas eléctricas. Frente a sus pantallas, algunos espectadores les animan por escrito y se burlan de esos cabezas de turco, repitiendo al unísono un vocabulario violento, homófobo y discriminatorio hacia las personas con discapacidad. Y aportan sumas de dinero que oscilan entre los 4 y los 50 euros para que se muestren mensajes en directo.

Raphaël Graven y "Coudoux", aunque en ocasiones amenazaron con abandonar el “Lokal”, siempre se mostraron de acuerdo con esos maltratos, ya fuera ante las cámaras o durante su interrogatorio por parte de las fuerzas del orden en enero de 2025. Aún hoy, Stéphane “Coudoux” se pone del lado de Owen C. y de otros streamers del grupo. “He conocido a un grupo de amigos que están ahí para mí y para ayudarme”, señala en un vídeo de Instagram del 30 de junio de 2026, en el que arremete contra una de las coautoras de las investigaciones de Mediapart (ver último apartado).

Otros participantes también afirmaron haber dado su consentimiento: varios espectadores menores de edad que acudieron a visitar a sus ídolos a las instalaciones del canal en Niza. En un vídeo retransmitido en directo, los streamers adultos les preguntan su edad y, a continuación, les disparan con una pistola de paintball. Es por estas imágenes por las que se les acusa de violencia contra menores de 15 años.

Desde la muerte de Raphaël Graven, Safine y Naruto han tomado decisiones muy diferentes. El primero se ha retirado de la vida pública, tras confesar a RTL su “arrepentimiento” por “no haber sido un verdadero amigo” de “JP”, cuya salud era frágil, y por no “haberle obligado a ir al médico”.

Dispuesto a asumir parte de sus actos, Safine H. parece distanciarse de Owen C. y de otros miembros de “Lokal”, cuyas repetidas declaraciones en los últimos meses denotan más bien una gran incomprensión mezclada con ira, o incluso ganas de enzarzarse en una pelea. “Me he mantenido en silencio durante cuatro meses, hoy vuelvo y me cago en todos vosotros”, dijo enfurecido, por ejemplo, Owen C. en un vídeo de YouTube en enero de 2026.

Aún muy afectado por la muerte de Raphaël Graven, repite que él “formaba parte de la familia”. “Lo único trágico de esta historia es que hemos perdido a JP”, coincide su hermano mayor, Gwen C., en un vídeo del 1 de julio de 2026.

Aunque no figura entre los acusados juzgados el 6 de julio, Gwen C. ha participado en numerosos programas de “Lokal”; él hace, por ejemplo, de presentador en su programa satírico Question pour un golmon (Preguntas a un mongol, utilizando el modo vesre o inversión del orden de las letras, ndt). También fue él quien, dos meses después de la muerte de Raphaël Graven, intentó relanzar un “Lokal 2.0” en su canal de Twitch. Junto con un exparticipante apodado “3Cheveux” y otros nuevos streamers, volvió a escenificar actos de violencia en línea, lo que provocó la apertura de una nueva investigación por delito flagrante el 10 de octubre de 2025 por parte de la fiscalía de Niza, así como la incautación de todo el material informático.

Aunque el tribunal de Niza ha reservado su gran sala de lo penal para esta vista tan mediática, solo hay dos acusados y, hasta la fecha, Mediapart solo tiene constancia de una constitución de parte civil, en la persona de Stéphane “Coudoux”.

No obstante, los numerosos cargos reflejan el carácter polifacético del caso JeanPormanove, en el que se entremezclan varios “temas de sociedad”, confiesa una fuente judicial. Se abordan a la vez las relaciones de dominación entre ciudadanos, la compleja noción de consentimiento cuando se inscribe en un sistema neoliberal lucrativo, las violencias validistas que siguen invisibilizadas y los excesos de la sociedad del espectáculo. La ironía de la historia en este sentido es que ambos acusados llevan varios meses en contacto con productores que aspiran a vender su historia a grandes plataformas estadounidenses de streaming por suscripción.

Desde un punto de vista jurídico, por último, este juicio podría suponer una aportación interesante, ya que la jurisprudencia francesa aún es escasa en materia de responsabilidad de los influencers en la difusión de violencia en línea y la incitación al odio.

Uno de los pocos precedentes es el de Illan Magneron, que se hace llamar “Amine Mojito”. En noviembre de 2022 fue condenado por incitación a la discriminación, la violencia y el odio contra un grupo de personas por motivos de género. La Fundación de las Mujeres había presentado una denuncia seis años antes, cuando el videasta se había hecho famoso por difundir vídeos en Snapchat, en los que azotaba a mujeres.

El Tribunal de Primera Instancia de París consideró que de esos vídeos se desprendía “una impresión de humillación de la mujer, cosificada al estar bajo el dominio y el control del hombre que la golpea, y que además se ríe”, y ello a pesar de que ellas aparecieran en pantalla de forma voluntaria. La justicia también señaló el hecho de que el espectador presenciaba “actos de violencia no simulados, sino reales, ya que los golpes dejaban marcas en los cuerpos de estas mujeres, visibles en pantalla”, y que los hechos eran “graves, dada la violencia transmitida contra las mujeres y la repercusión que tuvieron en Internet”.

lllan Magneron fue condenado a pagar un euro simbólico y a realizar un curso de sensibilización sobre la igualdad entre mujeres y hombres por el tribunal, que tuvo en cuenta el hecho de que llevaba años sin realizar ninguna actividad de retransmisión en directo.

Desde el día en que Mediapart envió preguntas a los protagonistas del canal JeanPormanove, el periódico se ha convertido en un personaje más de sus directos. En una ocasión, Raphaël Graven sostiene un cartel que dice Fuck Mediapart. En otra ocasión, los streamers prometen “pedir perdón a Mediapart en directo” si se alcanza un mínimo de donaciones. Una vez más, un seguidor aparece en el canal y da a entender que ha intercambiado mensajes de voz con la cuenta de Instagram de Mediapart.

Desde la muerte de Raphaël Graven, una de las coautoras de las investigaciones de Mediapart también se ha convertido en una diana. “Acuso a Marie Turcan de haberse ensañado mediáticamente y de haber inventado una historia morbosa, porque todo es falso, y de querer labrarse una carrera a nuestra costa”, espetó, por ejemplo, Owen C. en un vídeo de YouTube en enero de 2026, que ya ha sido visto 610.000 veces. Cada vez que un miembro de “Lokal” menciona a la periodista en un vídeo, decenas de seguidores se dedican a insultarla o amenazarla en redes, o intentan divulgar sus datos personales en un canal de Telegram seguido por 4.500 personas.

El 25 de junio de 2026 se publicó un episodio del podcast Les couilles sur la table (Los cojones sobre de la mesa) producido por Binge Audio, cuyo objetivo era cuestionar las relaciones de dominación machistas y validistas presentes en este grupo de streamers y entre sus seguidores, presentados como "buenos padres de familia". En respuesta, Gwen C. publicó un vídeo en YouTube titulado: “Mis cojones en tu frente”. Un perfecto juego de espejos de lo que precisamente se analiza en el podcast en cuestión.

Traducción de Miguel López

En abril de 2025, tras la condena de Marine Le Pen en primera instancia por malversación de fondos públicos, un allegado a la líder de Agrupación Nacional (RN) hizo suya una cita de El barbero de Sevilla: “Solo tenemos veinticuatro horas para maldecir a los jueces.” Una forma de justificar los virulentos ataques de sus seguidores contra la institución judicial, deseando al mismo tiempo que no duren demasiado.

Aunque se espera la sentencia del tribunal de apelación para el martes 7 de julio, la extrema derecha política y mediática ha reavivado su campaña contra los magistrados. El miércoles 1 de julio, en la cadena LCI, la propia Marine Le Pen recurrió a la teoría de la conspiración para comentar los nuevos registros que se habían llevado a cabo el día anterior en oficinas de proveedores del grupo RN en el Parlamento Europeo, en el marco de otro caso de malversación de fondos.

“Es curioso, esto siempre ocurre en el momento en que puede tener una influencia nefasta”, afirmó la tres veces candidata a la presidencia, cuya cuarta candidatura en 2027 depende de la sentencia del próximo martes. “A pocos días de la decisión del Tribunal de Apelación, el hecho de que se lleven a cabo estos registros no es una casualidad.”

El 10 de junio, el activista neofascista Jean-Eudes Gannat, que lleva años moviéndose entre la política —es concejal de la oposición en Segré (Maine-et-Loire)— y su compromiso con grupos marginales, fue condenado por el tribunal de Angers por injurias e incitación al odio. Poco después de que se dictara la sentencia, el interesado grabó un vídeo dirigido a sus seguidores, con la sentencia en la mano, en el que mencionaba los nombres de los jueces y del fiscal.

“Doy los nombres porque, cuando uno trabaja en la vida, si el trabajo está mal hecho o bien hecho, hay que rendir cuentas, y en Francia los magistrados rinden muy pocas cuentas… por ahora”, advirtió quien también es portavoz de la manifestación neofascista del C9M (Comité 9 de Mayo, un grupúsculo neonazi, ndt). En esa concentración parisina desfiló Gannat en 2025 junto a Marc de Cacqueray-Valménier, figura de la extrema derecha violenta, que luce en la pantorrilla un tatuaje en el que se representa a un juez ahorcado.

En los comentarios a su vídeo, publicado en varias redes sociales, decenas de activistas elogiaron su iniciativa de señalar a esos “jueces rojos”, considerando que “es algo que ahora debe ser sistemático”, mientras que otros difundieron fotos de los magistrados en cuestión.

El 18 de junio, el presidente de la publicación identitaria Frontières, Erik Tegnér, decidió grabarse a la salida del juzgado. Ese día, anunciaba —muy exaltado— a su comunidad su condena a seis meses de prisión condicional por haber divulgado información personal de abogados especializados en derecho de extranjería. “Una auténtica locura”, comentó, antes de exclamar “¡Qué vergüenza!” refiriéndose a los magistrados. El vídeo fue compartido incluso por Elon Musk, quien aviva en X el odio hacia los jueces por parte de toda la extrema derecha europea.

Unos minutos más tarde, Erik Tegnér lanzó una campaña de desprestigio contra uno de los magistrados que lo condenó, Youssef Badr. “Reivindica públicamente su ideología a través de tuits y entrevistas, […] estoy atónito”, dijo todo indignado el presidente de Frontières, refiriéndose también a “los izquierdistas [que] se han infiltrado en la magistratura y han creado un Estado profundo de la inmigración”. Ese fue el inicio de una ola de ciberacoso racista y amenazas contra el magistrado, alimentada por horas de emisión dedicadas al perfil de Youssef Badr en CNews, donde también trabaja Erik Tegnér.

Obligado a cancelar una conferencia ante estudiantes para “no exponerlos a ningún riesgo”, el magistrado presentó una denuncia. Para manifestar su “apoyo total y visceral”, los diputados de izquierdas de Seine-Saint-Denis han publicado un artículo de opinión en el que denuncian “un acto de terrorismo ideológico”. Youssef Badr también ha recibido el apoyo del ministro de Justicia. “Condeno firmemente los ataques racistas y las amenazas de las que es objeto un magistrado de Bobigny en las redes sociales”, escribió Gérald Darmanin en X. “En Francia, cuando no se está de acuerdo con una decisión, se recurre”.

El apoyo del ministro de Justicia no ha impedido que otro medio del grupo Bolloré mantuviera la presión sobre la judicatura. El 28 de junio, Le Journal du dimanche dedicó así su portada a un grupo de WhatsApp que reúne a cientos de magistrados y magistradas movilizados para impugnar los procedimientos disciplinarios iniciados tras el caso Lyhanna, publicando los mensajes que se intercambian y sin ocultar el número de teléfono de uno de los miembros del grupo. Al señalar “la exasperación de los franceses” frente a la institución judicial, el semanario de extrema derecha dedicó, como era de esperar, un artículo a Youssef Badr, “el juez que tuiteaba demasiado”.

Las críticas furiosas, la condena pública y las teorías conspirativas contra la justicia no son exclusivas de los activistas ultrarradicales ni de los medios de opinión. Los dirigentes de RN también se han especializado en ello desde el inicio de los procedimientos que les afectan.

Hace un año, tras la condena en primera instancia, los políticos de RN se plantaron y denunciaron en X “la dictadura de los jueces”, liderada por «tres mulás del derecho [que han] suprimido la democracia”. “Ante la dictadura, el pueblo tiene el deber de levantarse”, escribió el diputado Philippe Schreck, mientras que el eurodiputado André Rougé consideró que la fiscal y la presidenta del tribunal —de quienes dio los nombres— tendrían “que rendir cuentas ante la Historia de Francia” por haber “asesinado la democracia”.

Tras la condena, la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, fue objeto de una campaña de acoso, acusada por los dirigentes de RN de ser una “jueza política” que había decidido impedir que Marine Le Pen se presentara a las elecciones presidenciales. En redes sociales, los numerosos mensajes amenazantes dirigidos contra ella llevaron a la Fiscalía de París a abrir una investigación, que posteriormente se trasladó a Bobigny (Seine-Saint-Denis). Su domicilio quedó bajo protección policial. Contactada por Mediapart para conocer el estado de este procedimiento, la Fiscalía de Bobigny no ha respondido.

Poco antes del inicio de su juicio de apelación, Marine Le Pen volvió a la carga en las páginas de La Tribune dimanche : “La magistrada de primera instancia, Bénédicte de Perthuis, escribió que el objetivo es impedirme no solo presentarme, sino también ser elegida”, había acusado. “Hubo un tiempo en el que uno podía recibir una bala. Hoy en día, recibes una bala judicial. Eso significa tu muerte, en realidad.”

Antes de la decisión del 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París ha creado precisamente un puesto de portavoz, confiado a la magistrada Tania Jewczuk, encargada de realizar una labor pedagógica para intentar luchar contra la avalancha de ataques contra la justicia que se ha convertido ya en algo habitual. “El objetivo es anticiparnos al máximo”, explica a Mediapart. “Hay que preservar la seguridad de los jueces que van a dictar la sentencia y dar explicaciones sobre la resolución que se dicte. Sobre todo, no debemos volver a caer en lo que pudo ocurrirles a los magistrados en primera instancia”.

“Este ambiente es una auténtica locura”, comenta un magistrado, que ha preferido mantener el anonimato para no convertirse él mismo en una diana. “Estos acosos a los magistrados son métodos propios de la mafia, intimidación para que nos lo pensemos dos veces la próxima vez que juzguemos a alguien de ese bando político. Y funciona, de hecho están ganando”.

Traducción de Miguel López

Por un lado, están los discursos grandilocuentes de Europa sobre la “soberanía digital”, sobre la necesaria independencia del Viejo Continente respecto a Estados Unidos y las peroratas sobre el “momento gaullista de Europa”. Por otro lado, hay una capitulación tras otra y la integración silenciosa, pero indudable, de la Unión Europea (UE) en la arquitectura tecnológico-militar estadounidense.

Así, un año después de haber aceptado un acuerdo comercial desequilibrado con Washington, que finalmente fue aprobado por el Parlamento Europeo, Bruselas anunció, el jueves 25 de junio, la adhesión oficial de la UE a la iniciativa Pax Silica. Una firma que integra a los Veintisiete en un régimen de vasallaje avanzado.

Para entender por qué, hay que ver qué es la Pax Silica, una iniciativa puesta en marcha en diciembre de 2025 por Washington y seis de sus aliados más cercanos (Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Israel, Singapur y Australia) en forma de una simple declaración no vinculante destinada a “reforzar las cadenas de suministro” de las industrias digitales, sobre todo la de la inteligencia artificial (IA).

La declaración tiene como objetivo “mejorar la coordinación” entre países “aliados” y “de confianza”. En otras palabras: la iniciativa busca crear una red de confianza para garantizar el acceso a los recursos, las rutas comerciales y los mercados en el ámbito de la IA. En este sentido, no se trata realmente de una inocente declaración de intenciones.

Benjamin Bürbaumer, profesor titular de la facultad de Ciencias Políticas de Burdeos y autor de China/Estados Unidos, el capitalismo contra la globalización (edit. La Découverte, 2024), enmarca esta iniciativa en “una voluntad explícita de Estados Unidos de asegurar por completo la cadena de valor de la IA, desde las materias primas hasta la demanda solvente”. La Pax Silica pretende controlar la “materialidad de la IA”, señala, y, en este sentido, es “complementaria al plan sobre inteligencia artificial puesto en marcha por Washington el año pasado” con el fin de respaldar su capital tecnológico.

La propia expresión utilizada, Pax Silica, lo dice todo: se inspira evidentemente en la Pax Romana y designa una forma de paz imperial, fruto de la dominación de un centro sobre las periferias. Esta paz armada se sustenta, en esta ocasión, en el sílice, un componente fundamental para los semiconductores y, de manera más general, para la economía digital. La promesa de la Pax Silica es, por tanto, la estabilidad y la prosperidad basadas en el dominio conjunto de los actores privados del sector digital y del Estado federal estadounidense.

Antes de explicar las modalidades de este dominio, hay que insistir en este último punto: la era de la IA será una forma de “privatización” de la diplomacia estadounidense, que organiza la centralidad de su sector digital a nivel mundial, pero también de estatización de los grandes grupos digitales que necesitan la fuerza imperial estadounidense para tener acceso a los recursos y a los mercados. La habitual connivencia entre el capital tecnológico y el Estado federal se transforma en una especie de fusión de intereses y de acción. De hecho, este es uno de los puntos más llamativos —aunque implícito— defendidos por el manifiesto de uno de los principales actores de la IA estadounidense, Palantir.

Esta evolución es reveladora del nuevo capitalismo de Estado que se está instaurando en Occidente. Tampoco es casualidad que el hombre que impulsó esta iniciativa, Jacob Helberg, hoy subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, esté muy vinculado a los círculos de la IA, en particular a la “mafia de PayPal”, que controla, entre otros, al gigante Palantir.

El mismo Jacob Helberg, que fue empleado de Google, también fue asesor de Alex Karp, presidente de Palantir. Su marido, Keith Rabois, fue socio del Funders Fund de Peter Thiel, fundador de PayPal y de Palantir. Su padrino de boda en 2018 no fue otro que Sam Altman, presidente de OpenAI. Es decir, Jacob Helberg es un representante de la industria de la IA y, en particular, de su corriente más radical.

Jacob Helberg resumió la visión en la que se basa la Pax Silica: “Si el siglo XX se basó en el petróleo y el acero, el siglo XXI se basará en la computación”. En otras palabras: quien controla la capacidad de utilizar los datos controla el mundo. Para Jacob Helberg, la IA es, por tanto, la base sobre la que se asienta el futuro poder político, militar y económico de un país. La Pax Silica pretende, pues, asegurar ese poder con una doble ambición: frenar el desarrollo de China en materia de IA e impedir la aparición de rivales en el propio bando occidental.

Jacob Helberg lo ha dejado muy claro: la Pax Silica se construye en contra del concepto de soberanía digital. Para él, y de manera muy significativa, tal soberanía conduce a una “mediocridad sincronizada”. A ello opone la “soberanía de la innovación”, en la que cada país desarrollaría su propia especialidad para mejorar el conjunto. Pero el conjunto está, sin lugar a dudas, dominado por un centro, el capital tecnológico estadounidense, en torno al cual debe organizarse esta “innovación”. La visión de Jacob Helberg es una síntesis de la evolución reciente del capitalismo: la competencia conduce a la mediocridad y al estancamiento, mientras que el monopolio conduce al poder y al beneficio.

En un análisis publicado por la Asociación de Washington para el Comercio Internacional (WITA), Uri Gabai explica que la iniciativa pretende organizar el control por parte de Estados Unidos de “puntos neurálgicos” que constituyen la base de la cadena de suministro de la IA. Su estructura es, por tanto, la de una red que se remonta hasta los gigantes estadounidenses de la IA y que tiene como objetivo, por un lado, garantizar la dependencia de los “socios” respecto al centro estadounidense y, por otro, debilitar al adversario chino mediante el control de los nodos estratégicos materiales de la industria.

“Teniendo en cuenta el efecto de escala propio de la IA, el control de estas trabas a la industria supone un obstáculo importante para China y una ventaja para Estados Unidos”, resume Benjamin Bürbaumer. Por ejemplo, la adhesión de Países Bajos, conseguida en junio a título individual, permite asegurar el monopolio crucial del uso de las máquinas de la empresa neerlandesa ASML, que son indispensables para la producción de semiconductores de última generación utilizados en la IA generativa. Pero la adhesión de Grecia, Kazajistán, Chile o Argentina también permite garantizar el acceso a los metales estratégicos para la industria.

China, por su parte, no se ha equivocado, como señala Benjamin Bürbaumer, quien recuerda que el último plan quinquenal de la República Popular tenía como objetivo “dominar las tecnologías clave fundamentales”. Con la Pax Silica, se confirma la lógica de bloques en torno a la IA y, dentro de esta lógica, hay que elegir bando. Eso es lo que pretende imponer Jacob Helberg.

Benjamin Bürbaumer insiste así en “la división del trabajo” interna de la iniciativa. Los veinticuatro países miembros tienen, de esta manera, una función concreta en la valorización del capital tecnológico estadounidense.

Se tienen en cuenta todas las dimensiones de la cadena de producción de la IA: la energía, con los productores de petróleo y gas, como los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Noruega o Canadá (actualmente observador no signatario); las materias primas, en particular los metales estratégicos para los semiconductores producidos en Suecia, Finlandia, Corea del Sur o Taiwán (también observador no signatario); los nodos logísticos o financieros de Panamá, Singapur, el Reino Unido o Filipinas; el software japonés o indio; la maquinaria holandesa, la tecnología militar israelí y los capitales de los Emiratos Árabes Unidos, Alemania o Catar.

En definitiva, así controlan toda la cadena de valor. Y esta red permite controlar a los socios. Para convencernos de ello, tomemos un ejemplo ficticio. Si un país signatario intentara, por ejemplo, diversificar su clientela vendiendo semiconductores tanto a China como a Estados Unidos, ¿qué pasaría? En teoría, la declaración de Pax Silica no se lo impide, pero en la práctica Washington podría considerar que ese socio ya no es digno de confianza y, de facto, podría excluirlo de la cadena logística de la IA estadounidense, obligando a los demás socios que deseen conservar sus mercados en Estados Unidos a seguir su ejemplo. El país en cuestión no tendría entonces más remedio que abandonar el bloque o someterse.

Como resume el economista Evgeny Morozov en un artículo sobre esta iniciativa, “en un mundo monopolístico, la diversificación se asemeja a un suicidio y la única actuación racional es convertirse en un agente acreditado del titular del monopolio”. Con la Pax Silica, añade, “el objetivo de Washington no es exportar productos, sino dependencia”. El carácter no vinculante de la firma —que, al parecer, ha convencido a Francia para que retire su oposición en el seno de la UE— es, por tanto, mera ficción.

Y es que la Pax Silica también tiene una dimensión geopolítica. Al intentar frenar el desarrollo de la IA en China, precisamente cuando este país la convierte en su prioridad estratégica, Washington sabe que se expone a tensiones geopolíticas que resultan aún más evidentes teniendo en cuenta que uno de los nodos clave de la IA es Taiwán, donde se producen la casi totalidad de los semiconductores necesarios para la IA.

La Pax Silica tiene también una dimensión militar fundamental, que queda confirmada por la presencia, como miembro fundador, de Israel, país especializado en intercambios entre la industria militar y la tecnología. Esto confirma dos aspectos: en primer lugar, que la iniciativa defiende la militarización de la IA; en segundo lugar, que su propio desarrollo es la garantía de su propia seguridad como bloque. Una de las ambiciones de la Pax Silica es el refuerzo militar del bloque centrado en Estados Unidos a partir de la IA.

También por esta razón hay signatarios estratégicamente insignificantes para la industria, pero políticamente importantes, como El Salvador, cuyo presidente autoritario, Nayib Bukele, es una referencia política de la nueva extrema derecha proestadounidense de América Latina que acaba de ganar todas las elecciones en el subcontinente.

Queda un último pilar en el conjunto. El centro organiza una forma de competencia interna en su periferia. El concepto de “soberanía de la innovación” de Jacob Helberg refleja ese hecho: el bloque está jerarquizado en función del carácter estratégico de lo que ofrecen los socios de Washington. Países como Israel, Países Bajos o Singapur pueden pues presumir de niveles avanzados de desarrollo y hacerse con una porción mayor del pastel, aunque sigan dependiendo del centro estadounidense.

En cuanto a los demás, les toca a ellos hacerlo igual de bien. Evgeny Morozov considera así que la Pax Silica induce a “un nuevo ciclo de sumisión en el que los Estados compiten no por su independencia, sino por la proximidad” al centro. La competencia se desplaza, por tanto, del mercado mundial al interior mismo del bloque para ponerse al servicio del monopolio. La globalización no desaparece como tal, sino que cambia de naturaleza.

¿Y qué hay de Europa en todo esto? La Comisión Europea se escuda en su comunicado, bastante lacónico, tras el argumento de la “cooperación internacional” y el apoyo a la “competitividad” y a la “soberanía”. Todo ello no es más que una cortina de humo que oculta la verdadera naturaleza de la iniciativa. En realidad, la UE ha cedido ante Washington porque la Pax Silica conlleva un elevado coste por no participar que Bruselas no estaba dispuesta a aceptar. En el plano económico, la no participación amenaza con reducir el acceso a los servicios de IA estadounidenses que ahora se consideran críticos para las empresas. En el plano político, rompe un vínculo de confianza con Washington.

La UE necesita desesperadamente crecer. El colapso industrial alemán y la estabilización del crecimiento del PIB en torno al 1 % anual amenazan los sistemas sociales del Viejo Continente. La perspectiva de ver cómo se abren nuevos mercados en el marco de la Pax Silica y de quedar excluidos de ellos se estaba volviendo intolerable para el Consejo y la Comisión.

Ante las necesidades económicas, el precio a pagar —la dependencia— se considera relativamente bajo. Sobre todo si se tiene en cuenta que, más allá de los discursos grandilocuentes, gran parte de los países de la UE son incapaces de alcanzar la autonomía respecto a Estados Unidos. El reflejo en materia de defensa, al igual que en materia económica, es intentar integrarse en la esfera de influencia estadounidense. El peligro para la seguridad que representa Rusia y el peso del segundo choque comercial con China no pueden sino reforzar este reflejo, que la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca apenas ha modificado. La dependencia de la UE respecto a Estados Unidos no es, por tanto, ningún problema.

Es más, la estrategia de Washington ha consistido en debilitar a la UE centrándose no en una posición de la UE, sino en las posiciones de cada país. Esa es la lógica de la Pax Silica: dar prioridad a los nodos estratégicos y generar competencia dentro del bloque. Como hemos visto, Washington insistió mucho en conseguir la adhesión de Países Bajos. También se abordó individualmente a otros países europeos: los países nórdicos, Alemania y Grecia.

De hecho, para la UE, una firma conjunta se convertía en una cuestión de supervivencia para frenar esta lógica de fragmentación. Pero esta firma “no ha anulado” la de algunos países miembros, lo que refuerza lo que se ha señalado anteriormente: la jerarquización interna del conjunto. De hecho, esa “competencia por la proximidad” de la que habla Evgeny Morozov ya se ha puesto en marcha en Europa, donde cada uno sueña con hacerse con las migajas del monopolio estadounidense. Y ese ha sido un aspecto crucial de la firma conjunta de los Veintisiete.

Francia, por ejemplo, no podía resignarse a renunciar a las inversiones en IA prometidas durante las cumbres Choose France. Sin embargo, permanecer al margen de la Pax Silica significaba, para muchos actores, la posibilidad de trasladar esas inversiones a países “de confianza”. En Alemania, el canciller Friedrich Merz, por ejemplo, busca ahora fabricar armas estadounidenses en su territorio y, en consecuencia, no le quedaba otra que llamar rápidamente a la puerta de la Pax Silica.

Para Benjamin Bürbaumer, “Europa siempre ha ocupado un lugar subordinado en el capitalismo liderado por Estados Unidos, pero con esta adhesión se hace explícita esa subordinación en el ámbito digital”. Y las consecuencias podrían ser importantes. La posición global de la UE en su conjunto es la de un mercado periférico y, como tal, tendrá que amoldarse a los deseos del centro.

Así es sobre todo en materia de regulación. Como subraya Uri Gabai, por naturaleza, “la Pax Silica presupone un entorno permisivo para el desarrollo de la IA”. Es lógico: la estructura tiene como objetivo garantizar un beneficio creciente para el capital tecnológico europeo. Para ello, no solo hay que garantizar una carrera tecnológica hacia adelante que asegure el dominio de la IA sobre los distintos sectores de la economía, sino también asegurarse de que dicho dominio no se vea limitado por la regulación. Aquí es donde la propia participación de la UE resulta fundamental para la Pax Silica; también es necesario controlar los mercados, no solo los recursos.

El año pasado, Donald Trump intentó integrar esta cuestión en las negociaciones sobre aranceles, pero no lo logró. Sin embargo, consiguió una revisión a la baja de la regulación de la IA en forma de “simplificación”, en gran parte gracias al apoyo de la presión ejercida por ciertos grupos como Meta. Pero el interés del capital estadounidense es, sin duda, ir más allá. Y eso es precisamente lo que permitirá la firma de la Pax Silica.

A partir de ahora, la UE tendrá que defender su posición de “socio de confianza” de Estados Unidos, pues depende, por ejemplo, en un 70 % de actores estadounidenses para sus servicios de almacenamiento de datos y va a entrar en una dinámica de dependencia cada vez mayor. Una vez más, en nombre de la estabilidad geopolítica (la “paz”), habrá que ceder en materia de regulación. No cabe duda de que los firmantes directos de la declaración, aquellos que están más integrados en el sistema (y que serán los que más tengan que perder en un enfrentamiento con su mandante estadounidense), se convertirán en los más fervientes defensores de la desregulación.

Lo que llama la atención es que esta firma entra en contradicción con la mayoría de los objetivos declarados de la UE: la autonomía en materia de defensa, la soberanía digital y la regulación de la IA. Los discursos progresistas y posneoliberales europeos se han disuelto ahora en una capitulación incondicional. La firma neerlandesa, impulsada por el primer ministro centrista Rob Jetten —que durante la campaña electoral de principios de año se presentó como un baluarte contra Trump—, es el símbolo de este desastre. La Pax Silica es la tumba concreta de los discursos vacíos de los dirigentes europeos.

Traducción de Miguel López

Es una noche cerrada en la Ciudad de Panamá, pero Mixia Díaz lleva una hora despierta y ya camina a su trabajo: el Cerro Patacón, un relleno sanitario (vertedero controlado) que se creó en 1986 pero pronto se convirtió en el vertedero a cielo abierto más grande del país, a donde va a parar el 40% de los desechos que tiran los 4,28 millones de habitantes y otros miles de turistas. 

Desde lo alto de la montaña de basura se ven los edificios, el Canal de Panamá, los hoteles de lujo. Ahí lejos está Mixia, de 50 años, tez morena, mascarilla negra, lista para buscar qué de todo ese caos se puede reciclar. 

—Me gustaría meterme en la universidad, me fascina lo que es el medio ambiente —dice.

Hace 37 años que se dedica a esto: rescatar de la basura plástico o cartón que alguien tiró, pero que aún se puede transformar en otra cosa. Lo hace para comer y dar de comer a su familia, pero también para que esos desechos no se sumen a un espacio de por sí colapsado. Lo mismo hacen los 2.000 trabajadores y trabajadoras que forman el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá. De esos, al menos 500 trabajan en el Cerro Patacón. 

De la basura que produce, Panamá recicla menos del 10%. Aunque no hay un dato preciso sobre cuánta es esa basura que genera, se sabe que solo de plástico son más de 380 mil toneladas, de las cuales el 89% termina en vertederos, áreas naturales o es incinerada al aire libre. 

El Banco Interamericano de Desarrollo publicó en 2024 un comunicado explicando que ese vertedero "presenta incendios constantes, lo cual genera emisiones de gases tóxicos que afectan a las poblaciones aledañas, además de otras afectaciones en cuerpos de agua y al entorno natural por deficiencias en el manejo de lixiviados. Esta situación es preocupante para el país, pero especialmente para las más de 18.000 personas que viven cerca de esta área".

Mixia es una de esas 18.000 personas. Vive en el barrio La Bendición, en Kuna Nega, una comunidad pegada al vertedero. Se despierta a las cuatro de la mañana, prepara el lonche –como llaman allí a la comida que se lleva para el almuerzo– para su hija, se peina, se viste y sale solo con su riñonera, una gorra y la ropa puesta. Hoy no se pudo bañar, no hay agua en su casa. Hace días. No hay agua tampoco en su barrio.

Su hija está por terminar el tercer año de la escuela secundaria. Algunos días, como hoy en la tarde, Mixia deberá salir del vertedero más temprano para ponerse un jean, una camisa de colores y una vincha (diadema) para asistir a un acto escolar.

Su sueño es que su hija estudie: que sea una licenciada, una ingeniera, dice, un poco agitada por la caminata, y elevando la voz porque justo pasa un camión iluminando el camino en medio del amanecer. 

—Me considero una mujer guerrera, que echa hacia adelante. Es lo que les quiero dejar a mi hija y a mis nietos, que sigan defendiendo al medio ambiente y a todos los recicladores que están aquí en Panamá.

Al llegar al Cerro Patacón, mientras busca con la mirada cartones y plásticos, habla con un compañero sobre el incendio. Fue hace como diez años, concuerdan. En 2013, una nube tóxica causó alarma nacional. Pero ese no fue el único incendio: sólo en 2024, según el Cuerpo de Bomberos de Panamá, hubo ocho en el vertedero.

¿Cuánto mide la galera de reciclaje?, se preguntan. Una hectárea, dice él. No, más, como 10 hectáreas, responde ella. La galera: un cobertizo de techo de zinc y columnas endebles, lleno de agujeros, bajo el que algunos perros flacos buscan qué comer, mientras al lado del hueco los camiones descargan basura. Es el espacio que tienen para hacer la separación de los materiales.

La galera no fue un gesto de buena voluntad: nació como obligación contractual. Así lo establece el Contrato No. 489-2008 entre el Municipio de Panamá y Urbasia Plotosa (URBALIA SA), que contemplaba un "componente social" para ordenar el trabajo de los recicladores que ya trabajaban ahí. 

Según la Autoridad de Aseo, en sus inicios funcionó como un espacio organizado, pero con el tiempo perdió ese orden y se fue deteriorando. Cuando se construyó, tenía baño, agua y luz para los días enteros de trabajo. Pero entonces ocurrieron los incendios. Ahora el sol cae sobre las paredes agujereadas de la galera, los rayos entran y calientan los desechos, los plásticos, la comida. 

—Estamos bajo nuestro propio riesgo, eso hay que tumbarlo. Nos guarecemos del sol y del agua en este techo, pero no tanto del agua porque llueve muchísimo. El baño ya no está. 

Los camiones trabajan cerca. Muy cerca. El ruido del pip pip pip es ensordecedor. Decenas de pájaros bajan y suben a buscar algún desecho para comer. 

Mixia selecciona todo el cartón que puede sostener, camina hacia una camioneta pick up que está dentro del predio y lo mete. Todavía no se llenó, sigue ahí. Cuando se llene de cajas dobladas, lo llevarán a la compañía que les compra el material, lo pesarán y les entregarán unos tickets que consignan el peso total, implorando que la mayor parte esté seca para que no les descuentan 'humedad'.

—Es una rutina cansona, pero nos gusta el trabajo que nosotros hacemos —dice. Mientras, limpia las bolsas de plástico de papeles, de cintas adhesivas, de todo lo que no sea el mismo material. Encuentra un papel que dice "Costa del Este". Se ríe: "Viene de gente de plata". Costa del Este: una de las zonas más “exclusivas” y modernas para vivir en Panamá. Mixia se mete en la bolsa grande y pisa todo el material de adentro, para que se compacte.

Aunque el Ministerio de Ambiente reconoce "los importantes aportes que realizan los recicladores de base a la gestión integral de residuos y a la transición hacia una economía circular", no tiene un censo nacional propio para saber cuántos son, en qué condiciones viven, cómo desarrollan su trabajo, y tampoco tienen idea de qué porcentaje de lo reciclado se produce en los mismos vertederos en manos de los recicladores del Movimiento. 

Varios estudios internacionales hablan del rol de los recicladores de base, de su importancia en el medio ambiente, de lo poco reconocidos que están. Uno es de la Circle Economy Foundation, que dice: "Los recolectores y recicladores informales de residuos asumen gran parte de la labor de gestión de residuos de la región, pero no están integrados formalmente en el sistema de gestión de residuos".

Otro es del Foro Económico Mundial, que dice que los recicladores informales, organizados de manera comunitaria, son responsables de hasta el 50% del material recuperado en la región. 

Para la Red Latinoamericana de Recicladores (Red Lacre), si no existe información acerca de los recicladores en la caracterización de la gestión de residuos en el país, difícilmente existirá reconocimiento y los mecanismos adecuados para su inclusión. Por eso, en 2018 impulsaron el primer censo nacional de recicladores de Panamá, realizado en conjunto entre el Movimiento Nacional de Recicladores con la Universidad de Panamá. Fue el primero liderado por una organización de recicladores en Latinoamérica. Un hito autogestionado. 

Según ese censo, en el 2018 el 56% de los recicladores de ese país ganaba menos de 20 dólares por día. 

Sentado en su escritorio en la Universidad de Panamá, la mirada firme, el cabello y la barba blancos, ocho años después de la publicación de ese censo del que fue parte, el profesor Francisco Farnum dice que la situación se complicó, por problemas de salud de los trabajadores, por falta de acceso al material: "Entonces, si disminuyen los recursos, disminuyen los ingresos. Obviamente que eso no alcanza. Eso es una actividad de hambre".

Una actividad que, cuenta Mixia, en un día muy bueno, cuando llega bastante material que pueda reciclar, llega a hacer 30 dólares estadounidenses. Pero eso como mujer. "Porque los hombres tienen más ventaja porque ellos abren las bolsas y obtienen aluminio, lata, hierro. Tienen más facilidad de ganar más que nosotras. Lo que mejor se paga es el aluminio (latas) y el cobre. Nosotras agarramos plástico y cartón". Un día malo, cuenta, es cuando "no se ve mucha rebusca", y puede llegar a irse con las manos vacías a la casa.

¿Qué hace la universidad entonces? "Nosotros como universidad los estamos apoyando porque queremos que ellos tengan un título universitario que bien podría ser a nivel de técnico, que les permita optar por otro tipo de servicios más allá de rebuscar entre los escombros", explica Farnum, que además es investigador y doctor en Diseño de Proyectos y máster en Ecología Vegetal.

Y da ejemplos: apoyo en una barriada, apoyo en un condominio, asesorías a grupos sociales y hasta escuelas. Eso ya viene sucediendo: integrantes del Movimiento Nacional de Recicladores asesoraron en escuelas a padres, madres y estudiantes sobre cómo manejar los residuos en sus casas. También recibieron un taller de competencias blandas: cómo hablar con otros, cómo manejar conflictos, cómo mostrar su conocimiento…

"Ellos tienen muchas competencias duras: saben diferenciar un material del otro, saben pesar, saben valorar, etcétera. Pero las competencias blandas están totalmente alejadas de la realidad. No se venden como un profesional", dice Farnum.  E insiste en que el objetivo es la profesionalización de los recicladores, que obtengan un título, que los recicladores que se formen en la universidad no trabajen en los lugares de disposición, en los vertederos, sino en los eventos anteriores: "Si logramos eso, yo creo que podemos tener un mejor sistema de reciclaje".

***

Yenny González sale a caminar por las calles de Bogotá después de unas horas intensas de taller que hace la Asociación de Recicladores de esa ciudad sobre la madera plástica. Sale a caminar y las ve: dos mujeres, que podrían ser ella misma y alguna compañera, pero en otro país, que tampoco es el suyo. Son venezolanas buscando en la basura colombiana. 

—Yo hago esto mismo, yo soy de Panamá, pero trabajo en un vertedero —les dice Yenny cuando se acerca. 

—Yo soy de Venezuela, tengo ya un año estando aquí varada, no puedo avanzar, estamos ahorrando, pero tenemos que sacar para pagar el hospedaje donde estamos.

Un dólar equivale a unos 3.500 pesos colombianos. Esto Yenny no lo sabe, pero lo aprende ese día: "Ella decía que era un poco difícil porque la moneda estaba desvalorada y no podían seguir avanzando en su propósito de llegar hasta Estados Unidos".

Lo importante, piensa Yenny, es que mediante el reciclaje estas mujeres venezolanas pudieron ahorrar, pagar el alojamiento, no dormir en la calle. Se sienta con ellas, comparte su comida, se saca una foto. Y entonces le siguen contando: ese día se les está complicando.

—Ay, ayer la vimos difícil, no pagué los cinco dólares, y no llego a pagar hoy, ya nos van a sacar de donde estamos porque no nos podemos atrasar tres días.

Entonces decide darles 20 dólares, que no le sobran. Ellas le agradecen diciéndole que ahí nadie les ha regalado nada, que sólo les toca sufrir, que las miran mal. Yenny las entiende, sabe que por ser recicladora las personas en todos los países las miran con desprecio, pensando que son lo peor, el último eslabón de todo. Pero ella cree que no, que reciclar "es lo mejor que hay en la vida".  Las mujeres aprendieron a reciclar ahí y piensan hacerlo para avanzar hacia Estados Unidos. Yenny les recomienda, entre risas, no hacerlo en Panamá: porque en Panamá no pagan bien. Se saludan con un abrazo.

En 2024 el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá tomó el cargo en una de las secretarías de la Red Lacre, y ella viaja en representación de los recicladores panameños. Por eso, como estas, tiene historias en Perú, en Brasil, y en distintos países de Centroamérica. En el barrio donde vive sospechan de ella, sospechan de los viajes que hace. Cuando sube una foto a su estado de Whatsapp, los vecinos le escriben a su mamá: "Oye, tu hija anda fuera y cómo si ella no trabaja". La madre se detiene en medio de la calle, mira a la persona a la cara y dice: "Ella está en esto que es de recicladores". Entonces todos quieren tener su trabajo. 

Pero su vida no fue siempre así. Yenny entró a trabajar al Cerro Patacón a los 14. Trabajó 30 años ahí. En ese tiempo, un día un camión le rozó la espalda de la nuca hacia abajo. Otro día la tapa de una botella aplastada por otro camión le golpeó la vista. "Así vimos morir a varios", dice. Ahora, sentada a la mesa en el comedor de su casa, con el teléfono que no para de sonar, a los 50 años, es líder del Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá. "Si no fuera por el reciclaje, yo estaría viviendo en la calle o muerta", cuenta.

¿Qué quiere hoy?: "Quiero que el mundo sepa que somos seres humanos que sentimos. Que reconozcan nuestro trabajo como una profesión más, como el albañil, el ingeniero, el carpintero, el doctor". Ese primer día en el Cerro Patacón no se le olvida: un vecino les explicó cómo entrar, era campo abierto con algunas casitas de pallets donde las personas se refugiaban del sol. Un mundo diferente al que estaba acostumbrada, donde su madre no la dejaba ni lavar los platos. 

—Cuando estaba chica yo quería estudiar y ser doctora.

Pero no. Fue recicladora. Hoy se reconoce como una líder. Una líder que conoce a los suyos. Dice que a través del censo que hicieron con la Universidad de Panamá lograron tener una base de datos para saber no sólo que son más de 2.000, sino quiénes son, cómo se llama cada reciclador en cada vertedero, cuántas personas dependen de ellos, cuánto genera al día… Ese es el logro del Movimiento. Pero Yenny no se queda con esos números. Sabe que en el vertedero de Ocu hay una recicladora que se llama Máxima, que tiene 60, que hace unos días cumplió años, que tiene problemas en la vista; en Boca del Toro, a la esposa de un compañero le picó una culebra y dejó tres hijos en orfandad; en Puerto Armuelles, las empresas que localmente se consiguen para que administren los vertederos no dejan entrar a los recicladores; y en el vertedero de Colón solo reciclan hombres, no hay mujeres porque ellos no les permiten reciclar porque "el trabajo es muy duro". 

Todo eso sabe Yenny: "Porque una cosa es que tú digas: 'Sí, existe el reciclador'. Pero, ¿quién es? ¿Quién es?", repite en medio del cacareo intenso de una de sus gallinas. Pero el reconocimiento formal aún no llega. 

En Panamá existe la Ley 33 de Basura Cero desde el año 2018, que tiene la finalidad de priorizar la recuperación y el reciclaje, reconociendo formalmente a los recicladores como actores clave del sistema. Pero eso no ocurre así. Francisco Farnum explica que aunque la ley existe, su implementación práctica es casi nula y ha quedado mayormente en el papel. 

La Autoridad de Aseo, un organismo autárquico del Estado nacional, defiende la trayectoria institucional: el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos permitió "establecer una hoja de ruta", dicen desde el área de comunicación del organismo, y señalan que está en desarrollo un Sistema de Información para la Gestión de Residuos (SIGIRS) para consolidar datos nacionales. Hasta marzo de 2023, la empresa que administraba el vertedero de Cerro Patacón era Urbalia, pero se le venció el contrato y tuvo que pagar una multa por el mal manejo de un millón de dólares. Ese fue el momento en que la Autoridad de Aseo tomó el control, declarando la "emergencia ambiental". 

Según el organismo, desde el segundo semestre de ese año "no se han registrado incendios y actualmente se mantiene una cobertura diaria de los residuos incluyendo medidas de mitigación". Aunque dicen que "se han venido impulsando esfuerzos para mejorar las condiciones operativas, fortalecer la organización de los recicladores y promover una gestión más ordenada e inclusiva", reconocen que "aún existen retos importantes en materia de formalización y condiciones sociales".

Dicen también que el Cerro Patacón tiene una "vida útil de cinco años adicionales sobre terreno debidamente habilitado según la norma (Decreto Ejecutivo 275)", por lo que contemplan la construcción de una nueva tina de vertido –un área de contención habilitada para depositar residuos dentro del vertedero– que se iniciaría el próximo mes.

Joana Abrego, abogada ambientalista del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), explica que como no hay un sistema integral, a pesar de ser los únicos que recuperan material los recicladores son tratados como "intrusos dentro de un vertedero". Se trata, dice la especialista, de una labor de mucho riesgo, porque no cuentan con equipamiento adecuado, y operan donde el material ya está contaminado. CIAM interpuso una denuncia en enero de 2024, días después de otro incendio más que cubrió de humo a la capital, contra el administrador de la Autoridad de Aseo, Rafael Prado; el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; y el ministro de Ambiente, Milciades Concepción. 

La acusación invoca los artículos 399 y 402 del Código Penal —delitos contra los recursos naturales, que contemplan penas de hasta ocho años cuando los desechos vertidos son cancerígenos o ponen en peligro la salud—, el artículo 408 por las emisiones tóxicas, el 304 por delitos contra la salud pública, y el 356 por omisión de los deberes de servidor público. Las abogadas piden que se investigue, se sancione y se indemnice por los daños. A más de dos años de la denuncia, desde CIAM no saben en qué punto está: no hubo notificación de avances, y mientras tanto, los tres funcionarios denunciados ya no ocupan sus cargos.

¿Por qué Panamá no logra una solución a esa emergencia? Mariana Méndez, representante de la Cámara de Reciclaje y del Grupo Vidriero Centroamericano, dice que los recicladores de base son el eslabón más importante de la cadena de reciclaje, que incluso son un "recurso humano especializado" que ayuda a resolver problemas graves de contaminación atmosférica, de suelo y del agua, pero que el país los está desaprovechando: "En Panamá no hemos sabido trabajar con el eslabón más importante de la cadena de reciclaje".

Para ella, y para la Cámara de Reciclaje, ni Yenny ni Mixia ni sus compañeros deberían trabajar en vertederos, sino en centros de acopio con material ya clasificado. Pero cada día, a las 5 de la mañana, Mixia se sube a la chiva, como le dicen al bus en Panamá, que ya va llena. Algunas personas van paradas, sostenidas de la baranda alta, sacudiéndose con cada curva. Hay estudiantes con mochila, trabajadores, y recicladores que van al Cerro Patacón. 

Un día suena un reggaetón a todo volumen, que (le) dice: Trabajando duro lo que tengo es bien merecido.

Mixia mira por la ventana.

El 15 de junio, la Arcom (la autoridad reguladora francesa de la comunicación audiovisual y digital) llamó por fin al orden a CNews por la omnipresencia en su programación de sus obsesiones racistas sobre la inmigración y el islam, y le envió un requerimiento. La Arcom reprocha a la cadena que conceda un espacio desmesurado a una “corriente de pensamiento y opinión”, sin nombrar explícitamente a la extrema derecha. Si no cumple con las normas de pluralismo, CNews se arriesga a sufrir sanciones más severas. Las 28 amonestaciones anteriores, con un total de 631.001 euros en multas, no han surtido ningún efecto. Para Alexis Lévrier, historiador de los medios de comunicación, la Arcom no cuenta, sin embargo, ni con los medios ni con la independencia necesarios para regular un imperio mediático tan poderoso como el de Vincent Bolloré. Profesor titular de la Universidad de Reims (Marne), Lévrier es también uno de los coautores del libro El proceso Bolloré. Los medios del odio ante los tribunales, una obra colectiva del Fondo para una Prensa Libre publicada por la editorial Le Détour.

Mediapart: El jueves 25 de junio, Maxime Saada, presidente del consejo de administración de Canal+, alertó en Le Figaro de la “amenaza”, según él, de “un cierre” de CNews. ¿Es esto señal de cierto nerviosismo del imperio Bolloré ante la Arcom?

Alexis Lévrier: Maxime Saada defiende a su grupo, está cumpliendo con su función. Lo grave no es su artículo de opinión, sino la reacción de Gérard Larcher: el presidente del Senado, invitado en CNews junto a Laurence Ferrari, explica que está totalmente de acuerdo con dicho artículo y arremete contra la Arcom. Aunque afirma que la Arcom es independiente, considera que debería actuar contra Radio Nova y no contra CNews. Llega incluso a criticar la decisión del Consejo de Estado que, en 2024, instó a la Arcom a tener más en cuenta el pluralismo y a aplicar mejor la ley de 1986 [relativa a la libertad de comunicación].

En otras palabras, Gérard Larcher arremete en el mismo programa contra dos contrapoderes. Se trata de un discurso de extrema derecha, pronunciado por una figura clave del Estado, que, por otra parte, se supone que encarna a la derecha tradicional. En el ámbito mediático ya se ha producido la unión de las derechas; más exactamente, la adhesión de la derecha a la extrema derecha. Esta secuencia es prueba de ello.

En su requerimiento, la Arcom denuncia la ”sobrerrepresentación de una corriente de pensamiento y de opinión” sin nombrar claramente a la extrema derecha. ¿Por qué?

La Arcom es una autoridad históricamente bastante débil. Existe el peso del poder político y el de la extrema derecha mediática. Hoy en día, esta última desempeña en el debate público un papel sin precedentes desde la época de la colaboración. Tomemos como ejemplo Frontières: no tienen carné de prensa, es un grupúsculo fascista. Hay que llamar a las cosas por su nombre.

Porque a finales de enero de 2025 se colaron en las oficinas de la Arcom, coincidiendo con la llegada de Martin Ajdari, el nuevo presidente, para infundir miedo. Yo creo que la gente [de la Arcom] tiene miedo. La comisión de investigación sobre el sector audiovisual público se ha convertido en un alegato contra la Arcom. Durante la primera comparecencia de Martin Ajdari, llegaron incluso a atacar a su hijo, fue alucinante. Así que los dirigentes de la Arcom tienen miedo, y con razón. Pero se equivocan al ceder ante ese miedo.

¿Por qué tiene razón la Arcom al tener miedo?

Porque las presiones de la extrema derecha son enormes y porque la Arcom no cuenta con ningún apoyo por parte del poder político. Esto se ve claramente en el propio presidente, que nunca ha apoyado a las redacciones amenazadas por el imperio Bolloré, o en el presidente del Senado. Todo el Ejecutivo ha dado la espalda a la Arcom, que se encuentra sola, al igual que otros pocos contrapoderes que aún perduran: la justicia, el Consejo Constitucional y el Consejo de Estado.

En este sentido, el macronismo es lo que podríamos llamar “el extremo centro”. No son gente de extrema derecha, sino personas que, con su debilidad, allanan el camino para que la extrema derecha llegue al poder.

En febrero de 2025, usted fue objeto de una campaña de ciberacoso y amenazas de muerte. En aquel momento, CNews había puesto su nombre en la picota en directo, porque usted la había criticado en una entrevista concedida a L’Opinion.

Lo que me hicieron a mí, lo hacen constantemente. Es su modus operandi. Lo que me preocupa, más allá de mi caso, es el efecto que esto tiene en la universidad. Tengo compañeros mucho más competentes que yo en estos temas, y cuando les daba a los periodistas sus datos de contacto, siempre volvían a recurrir a mí, porque esos compañeros ya no querían hablar. Ahora sé por qué: he hablado con ellos y han vivido exactamente lo mismo que yo. Y por eso estos compañeros, cuyos nombres no voy a revelar para protegerlos, han dejado de hablar de CNews.

Usted ha presentado una denuncia y ha conseguido que se levante el anonimato de sus acosadores en Internet. ¿Cuál es su perfil?

Son muy diferentes, pero tienen un punto en común: todos son hombres blancos. No son militantes de la RN, sino padres de familia que, tras una pantalla, se permiten este tipo de cosas. Esto me recuerda el final de La peste, de Camus: “El bacilo de la peste nunca muere ni desaparece”. Y ahí está, ha vuelto, y es este ecosistema mediático el que ha permitido su regreso.

¿Ha habido alguna vez, a lo largo de la historia, vínculos tan fuertes entre la extrema derecha y un imperio mediático?

La verdadera comparación no es histórica, sino geográfica: el modelo de Vincent Bolloré es Rupert Murdoch, de quien se dice que se pasó la vida ganando elecciones a las que ni siquiera se había presentado. Porque se trata de alguien que se mantenía al margen de sus medios de comunicación, pero que manipulaba el mundo político, que era capaz de lanzar campañas de prensa contra tal o cual personalidad utilizando, por ejemplo, sus medios sensacionalistas.

Murdoch ha desarrollado auténticos imperios —en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Australia— que tienen una capacidad para moldear la opinión pública muy comparable a la del imperio Bolloré, construido también con la idea de la concentración, horizontal pero sobre todo vertical. Un imperio tan desarrollado, con actividades tan complementarias entre sí y un proyecto ideológico tan manifiesto, es algo que nunca se ha visto en Francia.

¿Tiene la Arcom los medios para llevar a cabo sus misiones, sobre todo frente a CNews?

No, no lo creo. Sobre todo porque si esta autoridad se llama Arcom, y ya no CSA [Consejo Superior de lo Audiovisual], es porque el CSA se fusionó [en 2022] con la Hadopi [para dar lugar a la Arcom]. Con una plantilla que apenas ha aumentado, también debe gestionar la actividad en Internet. Su tarea es de una envergadura considerable. Y, en cualquier caso, el modo de nombramiento de sus dirigentes les impide actuar de verdad. Si se quiere una autoridad reguladora independiente, habría que cambiar el modo de designación.

¿Es un órgano político?

Con algunos dirigentes, entre ellos Roch-Olivier Maistre [presidente del CSA y posteriormente de la Arcom entre 2019 y 2025], se ha hecho un esfuerzo por la independencia, aunque sin duda insuficiente. Hoy en día se ve claramente que se están ejerciendo de nuevo enormes presiones sobre la autoridad reguladora. La novedad es que estas presiones provienen de la extrema derecha o de un poder político que, al igual que Gérard Larcher, quiere ganarse el favor de Vincent Bolloré.

Por eso, las próximas elecciones de 2027 serán una especie de prueba de resistencia para la democracia. Si sobrevivimos a estos innumerables ataques contra nuestro modelo democrático, habrá que retocarlo todo, reformar la ley sobre la concentración de los medios de comunicación de 1986 y refundar la Arcom sobre nuevas bases, dotándola de los medios financieros y, sobre todo, políticos necesarios para su independencia.

Pero, mientras tanto, ¿qué solución queda para contrarrestar la influencia de CNews? ¿Hay que “bloquear” ese canal?

¡Más que nunca! A finales de mayo, Le Monde reveló que, con Xenia Fedorova [la exdirectora del canal ruso RT France], el propio Bolloré está bajo la influencia rusa. [Ella] influye no solo en el tratamiento de la actualidad internacional, sino también en la composición de los platós. Ella es la que decide quién es invitado y quién no. Hay que recordar que Europa ha prohibido RT France y Sputnik, otro medio hostil a Francia.

Esto ya no es competencia de la Arcom: el imperio Bolloré es hoy una amenaza para la seguridad interior y para la propia vitalidad de lo que queda de democracia en Francia.

El partido entre la democracia y el imperio Bolloré se decidirá en los próximos meses, sin duda coincidiendo con las elecciones presidenciales de 2027. Y, llegado un momento, incluso lo que queda del bloque central se verá obligado a tomar una decisión. ¿Cómo salvar la democracia? Hay que empezar por votar y esperar que nuestros futuros dirigentes sean conscientes de lo que nos jugamos.

Traducción de Miguel López

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado luz verde a la exclusión de las mujeres transgénero del deporte femenino escolar y universitario, en un fallo que se suma a la actual embestida internacional contra los derechos de las personas LGTBIQ+. Con una mayoría conservadora de seis frente a tres, los magistrados blindaron este martes las leyes estatales que limitan la participación deportiva en función del género asignado al nacer. La sentencia, que legitima las prohibiciones vigentes en más de una veintena de Estados amparadas en el llamado “género biológico”, no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la agresiva agenda de la nueva Administración de Donald Trump y refleja una ola global de retrocesos institucionales que amenaza con desmantelar décadas de avances sociales.

El caso llegó al Supremo de la mano de Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria de Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho. Ambas atletas trans demandaron a sus respectivos Estados al considerar que su exclusión de las competiciones femeninas resultaba inconstitucional y discriminatoria. Sin embargo, el Alto Tribunal ha dictaminado que estas normativas son plenamente compatibles con la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos financiados con fondos públicos. La decisión tiene un efecto cascada inmediato en el país, ya que afecta tanto a competiciones escolares como universitarias y respalda normativas idénticas ya aprobadas en otros 25 Estados.

Este aval judicial apuntala la ofensiva sistemática desplegada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Uno de sus primeros pasos, fue la firma de una orden ejecutiva que acabó con el reconocimiento legal de las identidades no binarias, estableciendo que únicamente existen “dos sexos” e imponiendo que los documentos oficiales reflejen exclusivamente el género asignado al nacer. Esta directriz vino acompañada de medidas drásticas, como la retirada de los pasaportes con el marcador de género 'X' y una nueva exclusión de las personas trans de las Fuerzas Armadas.

La hostilidad institucional también se ha trasladado al terreno simbólico. Uno de los episodios más tensos se vivió el pasado mes de febrero, cuando la Administración Trump ordenó retirar la bandera arcoíris del Monumento Nacional Stonewall, el mítico enclave de Nueva York donde comenzó la liberación homosexual en 1969. El Gobierno se escudó en unas directrices del Departamento de Interior relativas a la exhibición de banderas no oficiales en terrenos de Parques Nacionales. “Nueva York es el lugar de nacimiento del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+, y ningún acto de borrado cambiará jamás, ni silenciará, esa historia”, escribió aquel día en redes sociales el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. La rápida movilización ciudadana y la oposición de varios cargos públicos obligaron a Washington a dar marcha atrás y reinstalar la bandera. 

A nivel global, se constata una reacción organizada contra el avance de los derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y la diversidad sexual. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino una respuesta reactiva y coordinada con profundos vínculos institucionales e ideológicos. Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la ofensiva contra la llamada “ideología de género”, un concepto construido políticamente para desacreditar y deslegitimar las luchas de los movimientos de mujeres y personas LGBTIQ+. En España, esta retórica ya ha sido impuesta por Vox. El ejemplo más reciente resonó hace unos días en la Asamblea Regional de Murcia durante el debate de una moción de Podemos que exigía aplicar protocolos de atención a alumnos trans. El diputado de extrema derecha Antonio Martínez Nieto llegó a afirmar que “el mayor logro del comunismo ha sido sacar estas conductas del catálogo de trastornos e incluirlas en el de los derechos humanos”.

Al otro lado del Atlántico, en Argentina, el presidente Javier Milei ha llegado a asegurar que estos colectivos buscan imponer que “las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben”, criticando una supuesta inacción cuando “un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo”. Esta escalada discursiva alcanzó su punto culminante en el Foro Económico Mundial de Davos en 2025, cuando el mandatario cruzó una peligrosa línea roja al afirmar que “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”.

Las palabras de Milei en la cumbre suiza no fueron una mera declaración de intenciones, sino la punta visible de una ofensiva institucional que arrancó apenas semanas después de su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023. La presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), María Rachid, advierte de las consecuencias de esta escalada: "Hay una correlación absoluta entre los discursos de odio que provoca el propio Estado y la violencia que nuestra comunidad vive en la vida diaria".

En este sentido, Rachid denuncia que "el desmantelamiento de las políticas públicas en materia de diversidad sexual fue absoluto". El asedio institucional se ha materializado en decisiones drásticas como el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), un organismo clave para la protección de las minorías. A esto se suma el impacto de normativas como la 'Ley de Bases', impulsada en los primeros pasos del Gobierno de Milei, que ha debilitado sustancialmente la protección laboral del colectivo al reformar artículos que amparaban a los trabajadores. "Ahora una empresa si quiere despedir a alguien por discriminación, lo puede hacer pagando la indemnización por despido", alerta la dirigente.

Frente a "la violencia y discriminación que vienen del propio Estado", desde la Federación reclaman "la recreación de un organismo como era el INADI y una ley integral trans" que blinde al colectivo. Un retroceso que, advierten, trasciende las fronteras argentinas. En su rol como presidenta de OLA (Orgullo Latinoamericano), Rachid constata una preocupante tendencia global al señalar que "en muchos países del mundo y también de Latinoamérica donde gobierna la derecha hubo recortes de derechos humanos".

La ofensiva discursiva ha cruzado de nuevo el océano para instalarse en el corazón de Europa, encontrando su principal laboratorio político en Italia. Allí, Giorgia Meloni llegó al poder en 2022 como la cara visible de una coalición conservadora que prometió en campaña defender los “valores familiares tradicionales” y combatir frontalmente lo que su círculo denomina “lobby LGBT”. Una postura que no se ha quedado en meras declaraciones de intenciones, sino que se ha traducido en un bloqueo sistemático al avance de los derechos del colectivo.

Las parejas homosexuales italianas tienen prohibido acceder a la fecundación in vitro y ante la inacción estatal, los ayuntamientos de corte progresista como los de Milán o Turín habían habilitado registros municipales para dar amparo legal a las cerca de 150.000 familias diversas que residen en Italia. Este parche administrativo resultaba vital para que el progenitor no biológico pudiera ejercer derechos básicos sobre el menor, tales como viajar al extranjero, inscribirlo en la escuela, autorizar vacunaciones o disponer de su custodia en caso de fallecimiento de la pareja. Sin embargo, el Ejecutivo de Meloni ordenó a todos los delegados del Gobierno en las regiones que prohibieran estos registros.

La cruzada institucional también se libra en el terreno educativo. En marzo de 2025, el Ministerio de Educación y Mérito de Italia prohibió a todos los centros educativos “el uso de símbolos gráficos de género neutro”. La medida se justificó bajo el argumento de que estos caracteres infringen las normas de la lengua italiana y “comprometen la claridad de las comunicaciones institucionales”.

Pese al asfixiante cerco gubernamental, los tribunales han comenzado a erigirse como el último dique de contención. En mayo de 2025, la justicia italiana marcó un importante hito al emitir un fallo que reconoce legalmente como madres a las parejas lesbianas que han recurrido a la fecundación in vitro en el extranjero, abriendo una grieta de esperanza frente a esta ola reaccionaria.

Frente al retroceso en Estados Unidos y la hostilidad institucional en Italia o Argentina, el mapa europeo arroja un símbolo de resistencia y cambio de ciclo político. Tras 16 años en el poder, la derrota electoral del ultranacionalista Viktor Orbán ha cerrado una de las etapas más oscuras para los derechos LGTBIQ+ en Hungría. Durante década y media, el colectivo fue el blanco prioritario de las políticas de Estado, enfrentándose a la prohibición de la adopción homoparental y a la aprobación de leyes que vinculaban la homosexualidad con la pedofilia. El intento fallido de Orbán de vetar la Marcha del Orgullo provocó un efecto boomerang que sacó a la calle a cerca de 380.000 personas.

Ese clima de represión institucional parece haber llegado a su fin. Este fin de semana, la 31ª Marcha del Orgullo de Budapest se celebró en una atmósfera radicalmente distinta. Pese a un calor extremo que rozó los 38º, decenas de miles de personas cruzaron el centro de la capital hasta el parque Vérmező sin enfrentarse a las trabas legales ni policiales de la época Orbán. “La situación es diferente a la del año pasado en el sentido de que ahora la policía tomó nota del evento de una manera legal. Lo que no ha habido en absoluto este año es miedo”, reivindicó Ede Balogh, portavoz de la organización. La marcha contó además con un importante respaldo, incluyendo la presencia de la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, y del alcalde progresista de la capital, Gergely Karácsony.

Esta profunda brecha política y social queda retratada en el Rainbow Map 2026 de ILGA Europa, que ilustra cómo el escudo legal del colectivo depende drásticamente de la voluntad de los Estados. Mientras España lidera el ranking continental de protección con un 89%, los estragos de las políticas restrictivas hunden a la Italia de Meloni (24%) y a la propia Hungría (23%) en la franja de mayor vulnerabilidad. Un mapa que sirve de recordatorio de que los derechos conquistados son frágiles y que la diversidad sigue siendo castigada a escasos miles de kilómetros, con regímenes como Rusia y Azerbaiyán ocupando el último lugar de la tabla al garantizar apenas un 2% de los derechos humanos.

Los grandes incendios irán a más y serán cada vez más graves. Esto es lo que reconocen en privado esta misma semana altos cargos de la Comisión Europea en Bruselas ante el inicio de la temporada de verano con fuegos que ya afectan a Galicia y Castilla y León, a Portugal o a Francia. Tras un 2025 histórico por lo destructivo de las llamas, con un millón de hectáreas quemadas en toda la UE, el continente se prepara para otra temporada que apunta a ser dramática.

Bruselas realizará su mayor despliegue de medios con casi 800 bomberos de 14 países situados estratégicamente en áreas de alto riesgo en Chipre, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal. La UE también pondrá a disposición de los Estados miembros 22 aviones contra incendios y cinco helicópteros de la flota comunitaria, “listos para ayudar a los países bajo presión, porque la temporada de incendios se ha vuelto más larga, llega antes y es más destructiva”. El operativo más grande del Mecanismo de Protección Civil desde que en 2022 se decidió apostar por este despliegue inicial.

La primavera, según el sistema de satélites europeos Copernicus, ha sido la tercera más cálida desde que hay registros, seguida de una ola de calor excepcionalmente temprana en Europa occidental durante mayo y de nuevos episodios de calor extremo aún más intensos en las últimas semanas. El caldo de cultivo perfecto para un verano de incendios, como los que aparecían en las imágenes del fotoperiodista Brais Lorenzo con las que acaba de ganar el World Press Photo Award y que han protagonizado una exposición en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Delante del vicepresidente de la Eurocámara, el rumano Nicolae Stefanuta, o la jefa de la Unidad europea de Reducción de Desastres y Riesgos de Naciones Unidas, Natalia Alonso Cano, Lorenzo señalaba: “Empecé a trabajar en el 2010-2011 siguiendo los incendios y cuando se producía uno de 300 o 500 hectáreas era tratado mediáticamente como un gran incendio forestal, de grandes dimensiones. Por poner en contexto, el verano pasado en Galicia se estaban produciendo cuatro o cinco incendios simultáneos de más de diez mil hectáreas. Soy testigo directo de cómo ha evolucionado esta situación”.

Bruselas reconoce abiertamente esta nueva realidad de grandes incendios, favorecida por el calentamiento global, el abandono del medio rural y el cambio en los usos del suelo, que ha reducido la biodiversidad de los bosques, haciéndolos menos resistentes. La Estrategia Integrada de Prevención y Gestión publicada en marzo por la Comisión Europea reconoce la necesaria preservación de población rural para apoyar acciones concretas a nivel territorial, como la reducción de la erosión de los suelos o la mejor restauración de las superficies quemadas.

“Estamos ante un reto de civilización”, señala un alto cargo de la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario. “Tenemos que incrementar la conciencia entre la población y a todos los niveles de las autoridades” sobre las políticas de acción climática y de preservación medioambiental, añade.

En Bruselas hablan de “planes integrales en el manejo de tierras, sobre la gestión de los bosques, con más biodiversidad para ser más resistentes al cambio climático y a los incendios” y no sólo en los medios técnicos y materiales que la Comisión pone a disposición de los Estados miembros para labores de extinción. Priorizar la prevención sin descuidar la gestión de los fuegos.

Desde Naciones Unidas, Natalia Alonso Cano lo explica claramente: “Europa es el continente que más rápido se calienta, así que estamos ante una combinación de factores y la solución no es simple”. Con estas palabras, Cano coincide con uno de los mensajes claves de la Comisión: “Necesitamos la financiación antes de los desastres y no después. Por supuesto la inversión en los equipos de extinción es importante, pero la inversión en prevención es rentable porque salva vidas y ecosistemas a posteriori”.

Este miércoles el Parlamento Europeo, a iniciativa de Los Verdes, debatirá en Estrasburgo sobre la necesidad de reforzar la preparación de la UE para proteger a la población frente a las olas de calor y la próxima temporada de incendios forestales. Con el recuerdo muy vivo entre los eurodiputados de las llamas y de los pueblos calcinados en sus impactantes fotografías, el fotoperiodista Brais Lorenzo pide que no vuelva a “ocurrir el colapso estructural fruto de décadas de abandono del medio rural vivido en Galicia en 2025, en el que los vecinos lucharon prácticamente sin medios en aldeas despobladas donde no llegó un equipo de extinción”.

En esta labor se presenta como fundamental el sistema de satélites Copernicus, contribuyendo a mapear la evolución de los incendios y su extensión para facilitar las labores de los bomberos. Sus científicos son conscientes del contexto en el que se mueven, con un calentamiento global acelerado que está desatando fenómenos climatológicos extremos y, por eso, uno de sus objetivos es acelerar el seguimiento que hacen de los fuegos para informar cada tres horas y no ocho a las autoridades competentes.

En España, los bomberos forestales se distribuyen en varios niveles y categorías distintas. Los estatales forman un cuerpo profesionalizado agrupado en las BRIF, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, distribuidas por las comunidades autónomas y dependientes del Ministerio de Transición Ecológica. Son posiblemente la élite, que entrenan todas las mañanas dos horas y media y que luego pueden encontrarse un dispositivo contra un incendio sin haber descansando ese mismo día. Estos bomberos que entran al corazón de las llamas desde helicópteros con kilos de equipo y material encima.

Las Comunidades Autónomas cuentan con sus propios bomberos, también profesionalizados, pero en estos cuerpos las condiciones laborales son peores. En Galicia, los de la Xunta denuncian que sólo una parte son personal fijo mientras parte del cuerpo sufre contratos laborales discontinuos o trabaja en bases con deficientes condiciones de duchas, zonas de descanso o limpieza de sus equipos. En circunstancias excepcionales o en apoyo ante grandes catástrofes el Estado decide desplegar a la UME, la Unidad Militar de Emergencias.

En nuestro vecino Portugal la situación de los bomberos forestales es más precaria. El cuerpo de Sapadores Florestais, que depende de las autoridades públicas, está profesionalizado pero sus labores principales son la prevención a lo largo del año y no tanto la extinción de los incendios, en la que también se involucran durante el verano. Sin embargo, el 90% de los efectivos que apaga los fuegos está compuesto por voluntarios, que reciben una remuneración mínima y operan en regímenes comunitarios de manera similar a la Protección Civil española.

La voluntariedad entre los bomberos también está muy presente en Francia ya que representan la mayoría de los efectivos que lucha contra los incendios en verano. Sólo se les exige tener al menos 16 años y gozar de una buena salud física. Complementan a los cuerpos de bomberos de los departamentos regionales dependientes del Ministerio de Interior, funcionarios públicos por oposición con buenas condiciones salariales. Igual que en España, Francia tiene un cuerpo de bomberos militares profesionalizado para situaciones de emergencia o gravedad.

El voluntariado masivo es la columna vertebral de los bomberos alemanes, igual que en Austria, en contraste con la evolución hacia la profesionalización vivida en España, donde al igual que en Italia o Noruega hay regímenes especiales de jubilación a edades tempranas, a diferencia de Finlandia o Dinamarca, donde los luchadores contra los incendios pueden llegar a retirarse a los 65 años.

Caracas (Venezuela).– “Nos plantamos delante de las excavadoras, subimos a las máquinas y les quitamos las llaves a los conductores…”. Karina Castro, de unos treinta años, lo perdió todo el miércoles por la noche con el derrumbe de su edificio. Junto con una decena de vecinos supervivientes, hartos de esperar ayuda, lo apostó todo el domingo por la tarde: “Veíamos pasar esas máquinas de camino al club de playa, donde están los ricos con sus yates. Era inaceptable que no nos ayudaran”.

Al final, consiguieron que los operarios de la maquinaria les echaran una mano. “Sabemos que ellos no tienen la culpa, pero los necesitábamos para mover una losa. A mano, era imposible”, añade. Los vecinos de este complejo de viviendas sociales, instalados en campamentos improvisados frente a las ruinas de su edificio, estuvieron retirando los escombros a mano durante cuatro días. Formaron cadenas humanas para rebuscar entre los escombros e intentar encontrar supervivientes. “Al final, llegaron grupos de rescatistas mexicanos, franceses y americanos, y nos dijeron que no debíamos volver allí, que era demasiado peligroso”, nos dice, agotada.

La joven está enfadada. “¡Durante cuatro días, cuatro!”, insiste, “no vimos a nadie del Gobierno, ni bomberos, ni Protección Civil, ni militares. Quizá con su ayuda hubiéramos podido salvar a mi prima, que está enterrada ahí abajo. O quizá no, nunca lo sabremos”. Con sus ojos clavados en las ruinas, queda en silencio.

Antes, ese mismo día, Karina Castro se había desplazado a la morgue improvisada al aire libre, en el puerto de La Guaira, a los pies de enormes silos de hormigón visibles a kilómetros de distancia. Allí se acumulan los cadáveres a la espera de ser identificados.

“La gente estaba tranquilamente en sus casas; obviamente, nadie llevaba el carnet de identidad en el bolsillo", dice la joven. "Así que tuve que entrar allí y mirarlos uno por uno hasta encontrar a mi prima. Los cadáveres están en el peor estado que te puedas imaginar”. Se le hace un nudo en la garganta: “El olor es horrible allí. ¿Lo hueles? Se me ha impregnado en la ropa”.

Su ira y su desesperación son compartidas por los damnificados de la región de La Guaira y de la capital. Frente a las ruinas de lo que era un hotel en Catia La Mar, hay dos mujeres sentadas en la acera. “No puedo irme”, cuenta Marisela, “mi hermana estaba aquí, trabajaba en la cocina”.

A Marisela le gustaría poder recuperar su cuerpo. “Han llegado unas miniexcavadoras; las ha pagado el dueño del hotel”, explica, “pero cuando pedimos que cavaran un poco más para encontrar a mi hermana, el conductor de la máquina me pidió 500 dólares”. Incapaz de desembolsar tal suma, Marisela tuvo que ver cómo se marchaba la máquina.

Desde entonces no se mueve de la acera, sin dejar de mirar los escombros: “Si alguna vez llega una excavadora para despejar los escombros, quiero ver si encuentran a mi hermana”. Una semana después del terremoto, Marisela no se hace ilusiones. Espera que saquen un cadáver, al que le gustaría enterrar en una “sepultura digna”.

Muchos cadáveres acabarán en fosas comunes. Su vecina, que le hace compañía, cuenta que entre su marido y ella sacaron los cuerpos de sus suegros. “Aquí hay que hacerlo todo uno mismo, no hay que esperar ayuda del Gobierno”, dice con amargura. Son sobre todo los vecinos y vecinas, personas particulares, quienes trabajan entre los escombros, sin equipo, con un simple trapo tapándose la boca.

Jesús es un joven que se considera un “topo”, por cómo se cuela por los huecos entre la chatarra y el hormigón. “Nunca había hecho esto antes, pero en seis días he adquirido experiencia; incluso he trabajado con los americanos”, dice con una risa un poco nerviosa. Un rescatista profesional que le acompaña comenta: “Aquí, en Venezuela, no tenemos material. La gente está frustrada porque hemos tardado en llegar, pero sin vehículos ni gasóleo, ¿qué queréis que hagamos?”.

Pasan los días y, mientras las posibilidades de encontrar supervivientes son ya prácticamente nulas, el cansancio y la frustración se acumulan y cada vez hay más altercados entre la población y las fuerzas del orden.

En redes sociales, los vídeos lo documentan. En un lugar, un padre desesperado que ha perdido a sus hijos le grita a un joven militar con la mirada perdida: “¡Suelta el arma, joder, y ven a ayudar!”. En otro, los equipos de rescate interpelan violentamente a un agente de policía que bloquea el paso en una carretera en mal estado.

La tensión va en aumento, en un clima de desconfianza frente a un Gobierno corrupto que gran parte de la población considera ilegítimo. “No voy a dar nada a los funcionarios, ni una prenda de ropa, ni una botella de agua”, exclama una joven en el centro de donaciones de la Universidad Central. “Esa gente son unos ladrones, no vamos a empezar a confiar en ellos ahora. Por eso he decidido donar aquí y no en un organismo gubernamental”.

Beat von Däniken, responsable de la cooperación suiza, considera, sin embargo, que “el Gobierno está haciendo esfuerzos, [y que] hay que evitar politizar la situación”. Este extrabajador humanitario, que ha intervenido en varias ocasiones en zonas afectadas por catástrofes naturales, ha podido mantener una conversación con el viceministro de Protección Civil, a quien le ha “sugerido algunas cosas” y ha sido “escuchado”.

“El Gobierno también ha facilitado la entrada de los equipos internacionales al territorio”, afirma. Más de 3.000 socorristas extranjeros están trabajando sin descanso entre las ruinas. “Ningún país está preparado para un desastre de esta magnitud. Suiza tampoco lo estaría”, añade Von Däniken.

Muchos venezolanos consideran no obstante que la catástrofe resulta más difícil de gestionar debido a que el Estado ya estaba debilitado. “Hace años que el hospital está desbordado. No hay camas suficientes, a veces faltan medicamentos, no hay personal suficiente”, confiesa Julia, enfermera de cuidados intensivos, que intenta llegar al pueblo de Naiguata, al este de la región de La Guaira, donde vive su madre con sus dos hijos pequeños.

Lo ha perdido todo en el terremoto, pero da las gracias “al cielo” por haber salvado a su hijo y a su hija, de 9 y 10 años. “Como enfermera de cuidados intensivos, gano 200 bolívares, es decir, 25 céntimos de dólar. ¿Te imaginas quién quiere seguir trabajando en estas condiciones? Yo lo hago por convicción, pero además trabajo con pacientes privados”.

El sistema sanitario público de Venezuela está en crisis. Más de la mitad de los quirófanos no funcionan y las infraestructuras están en mal estado. “Al principio de la catástrofe” —cuenta Julia—, “los heridos empezaron a llegar a los dos únicos hospitales de La Guaira. Pero, muy pronto, ya no fue posible acogerlos”.

En un hospital público de Caracas, donde se atiende a cientos de heridos, un traumatólogo explica a Mediapart que “necesita más equipos de radiología quirúrgica”. “Sin estos aparatos”, detalla, “no puedo operar a tantos pacientes como me gustaría. Nuestro hospital se ha renovado algo últimamente, pero partíamos de un punto tan bajo que aún queda mucho por hacer”.

Por último, surgen preguntas sobre la construcción de los edificios venidos abajo. “¿Cómo es posible que se hayan derrumbado como castillos de naipes?”, se pregunta una vecina, que busca el edificio de su hermana por las calles de Catia La Mar. Lanza una mirada horrorizada a los pequeños complejos de viviendas sociales de Playa Grande: “Mira cómo se han ido abajo. Parece que estuvieran construidos con poliestireno”.

Lleva años siendo cuestionada la calidad de las construcciones de la “Gran Misión Vivienda”, un programa social puesto en marcha en 2011 por Hugo Chávez para dar vivienda al mayor número posible de personas. Pero, en la región de La Guaira, la destrucción es total, mucho más allá de las viviendas sociales.

“No hay duda de que hay edificios, algunos de alto standing, que se han construido sobre terrenos inestables”, analiza un arquitecto de Caracas que prefiere mantener el anonimato. “Y desde luego sin cumplir las normas antisísmicas. Edificios así, de más de quince plantas, construidos sin ningún tipo de control, solo se han podido levantar a base de mordidas”.

Traducción de Miguel López

En el verano de 2019, BNP Paribas anunció su decisión de romper relaciones con un sector muy criticado en Estados Unidos: las empresas de gestión de prisiones privadas. El periódico belga De Standaard reveló entonces que varios bancos habían prestado 600 millones de dólares al grupo Geo, encargado por la Casa Blanca de la detención de migrantes sin papeles. BNP aportó 43 millones de dólares.

En aquel momento, el presidente Trump acababa de aplicar una cruel política de separación de familias, conocida como “de tolerancia cero”, que había generado un amplio movimiento de boicot, en el que se instaba a los grandes bancos a distanciarse de las prisiones del ICE (la policía federal de inmigración) y, por tanto, de los grupos Geo y Corecivic, acusados de mantener a los migrantes en condiciones de detención inhumanas.

En un comunicado, el mayor banco francés prometía, ya desde el primer mandato de Trump, “no comprometerse en nuevas líneas de financiación en este sector”.

Sin embargo, según la investigación de Mediapart, el BNP no mantuvo mucho tiempo esas buenas intenciones. Tras la elección de Trump, el mayor banco francés y otros inversores galos intentaron obtener beneficios en bolsa apostando masivamente por los resultados de Geo en 2025. Entre esos inversores se encontraba Capital Fund Management (CFM), uno de los principales fondos de inversión franceses. Entre BNP y CFM apostaron varios millones de dólares.

Estos inversores no son los únicos que han apostado por el 'efecto Trump'. En Wall Street, el valor de las acciones del grupo Geo se disparó más de un 40 % a finales de 2024, tras su reelección. Era de esperar: el candidato republicano había convertido la inmigración en el eje central de su última campaña presidencial. Pero, al final, las plusvalías no se materializaron en la medida esperada.

Por otra parte, según los datos presentados en Estados Unidos por el BNP y otros inversores franceses ante el “guardián” de la Bolsa, la Securities and Exchange Commission (SEC), el BNP también desempeñó en 2025 un papel de facilitador ante un importante acreedor del grupo Geo. El banco también prestó, de forma ocasional, dinero a Geo a través de bonos gestionados por una de sus filiales de gestión de activos.

Al ser consultados, ni BNP Paribas ni Capital Fund Management han querido comentar sus operaciones, aunque plantean interrogantes: BNP Paribas afirmaba públicamente en 2019 que quería “garantizar” una “concordancia” entre sus políticas internas y las “prácticas” de sus clientes.

Volvamos a finales de 2024. Para el grupo Geo, la llegada de Trump es una oportunidad de oro. Stephen Miller, influyente asesor de la Casa Blanca y artífice de la política anti inmigración del Gobierno, no lo oculta: pretende expulsar, a largo plazo, a un millón de extranjeros cada año. Necesita camas. George Zoley, director general de Geo, se felicita con cada nuevo contrato firmado: “Es una oportunidad sin precedentes para ayudar al Gobierno federal a alcanzar sus prioridades”.

Los primeros contratos no tardan en llegar. En febrero de 2025, apenas unos días después de la toma de posesión de Trump en Washington, Geo anuncia la reapertura del Delaney Hall (1.000 camas). Este centro de detención de Newark (Nueva Jersey) pretende ser un engranaje estratégico en la maquinaria del Gobierno: se supone que acogerá a los migrantes detenidos por el ICE en la región de Nueva York. De los 500.000 inmigrantes detenidos por el ICE en 2025, casi todos acabaron en un centro propiedad de Geo o de su principal competidor, Corecivic.

A pesar de las quejas recurrentes, Geo (que gestiona diecinueve centros de detención para el ICE) y Corecivic (que gestiona al menos una decena) registrarán una facturación colosal en 2025. Casi 5 mil millones de dólares (4,3 mil millones de euros) en total.

En la bolsa, los inversores no han pasado por alto estas apetecibles perspectivas financieras. BNP Paribas, por ejemplo. Justo tras la reelección de Trump, a finales de 2024, el banco francés compró un gran volumen de acciones de Geo (alrededor de cien mil). “La idea es comprar las acciones a un precio bajo y revenderlas a un precio alto”, resume Bianca Tylek, una exbanquera que ahora investiga sobre la industria penitenciaria estadounidense.

Para BNP y el resto de inversores, estos títulos pueden, en efecto, generar beneficios gracias a las plusvalías. También pueden dar lugar al pago de dividendos. Estas compras de títulos también podrían haber beneficiado a Geo, al aumentar su capitalización bursátil. Pero, finalmente, la cotización de la acción no dejará de bajar en 2025.

Si a principios de año rondaba los 30 dólares, a finales del tercer trimestre había caído a 20 dólares. BNP y CFM, el fondo francés, parecen, por tanto, tener prisa por vender. De las 350.000 acciones que poseía en el primer trimestre, el banco ya solo tenía 223.000 en el segundo, y luego ninguna en el tercero.

Por su parte, Capital Fund Management compró o gestionó 400.000 acciones de Geo al inicio de la presidencia de Trump, en un momento en que empezaban a dispararse las detenciones de inmigrantes (con o sin papeles). Tres meses más tarde, se produce de nuevo una reducción drástica: CFM vende prácticamente la mitad. A día de hoy ya no le queda ninguna.

En la actualidad, la participación de BNP Paribas en el capital de Geo se estima en algo menos de un millón de dólares (es decir, menos de 35.000 acciones). Los demás bancos franceses, Natixis y Crédit Agricole, poseen o gestionan relativamente pocas acciones en el sector, pero Crédit Agricole ha invertido más de 2 millones de dólares en la deuda del grupo Caci, un proveedor de servicios al que el ICE ha adjudicado recientemente contratos por valor de más de 69 millones de dólares para suministrarle sistemas de comunicación.

El Crédit Agricole precisa a Mediapart que no posee acciones de prisiones privadas “por cuenta propia”. “Amundi, filial del grupo”, añade, “ha excluido esos valores del universo de inversión de sus fondos de gestión activa y de sus ETF ESG [fondos cotizados de inversión socialmente responsable – ndr].”

BNP Paribas también ayudó a Geo a obtener financiación, tanto directa como indirectamente. De hecho, en 2025 recibió algo más de 266.000 dólares en comisiones por actuar como corredor de bolsa, es decir, por facilitar las transacciones de un fondo de inversión colectiva, el Lord Abbett Bond Debenture Fund, que posee —entre otros— 50 millones de dólares en bonos emitidos por Geo y Corecivic.

Para Lord Abbett, una gran sociedad de gestión de activos, esos 50 millones no son más que una gota de agua en una cartera diversificada de inversiones, pero para Geo y Corecivic, esos bonos (títulos representativos de una deuda) son esenciales: emitir deuda “permite obtener capital a un tipo de interés más bajo”, recuerda a Mediapart el profesor de finanzas Matthew Ross, de la Western Michigan University.

Además, al adquirir la gestora de activos AXA Investment Manager, el propio BNP Paribas ha adquirido deuda emitida por Geo. Las cantidades en cuestión, algo menos de 100.000 dólares, son insignificantes en comparación con los millones que se mueven en el sector. Pero también en este caso ponen en duda los compromisos reales de BNP Paribas. Sobre todo porque los datos de acceso público no permiten cuantificar el conjunto de las inversiones realizadas en Geo o Corecivic.

El grupo Geo indica, a través de un portavoz, que está “orgulloso del papel que ha desempeñado durante cuarenta años para apoyar la misión del ICE. […] Nuestros servicios de apoyo son supervisados por el ICE, incluido el personal de la agencia presente in situ”.

“Los servicios de apoyo [a los migrantes] prestados por Geo”, añade el portavoz, “incluyen acceso a atención médica veinticuatro horas, visitas […], acceso a bibliotecas generales y jurídicas, servicios de traducción, comidas supervisadas por un dietista (respetando las dietas religiosas y específicas), así como instalaciones de ocio y la posibilidad de practicar [su] religión.”

Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones de medio mandato, Stephen Miller y la Administración Trump parecen haber cambiado de estrategia. Los políticos conservadores en campaña deben ahora evitar la expresión “expulsión masiva”. La muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis ha marcado profundamente a la opinión pública.

La Administración persigue ahora a los migrantes de forma discreta, cortándoles el acceso a todo tipo de servicios federales: la asistencia sanitaria a través de clínicas públicas, el acceso a la vivienda, a los permisos de trabajo, etc. Por su parte, Geo y Corecivic están presionando al Congreso para que los bancos dejen de excluirlos. De hecho, algunos, como Wells Fargo, están volviendo a trabajar con ellos.

A principios de junio de 2026, en las celdas del Delaney Hall, varias decenas de migrantes detenidos realizaban una huelga de hambre para denunciar sus condiciones de detención. Era “horrible, horrible”, cuenta una ex inmigrante sin papeles que estuvo en una prisión gestionada por el grupo Geo.

También se acaba de nombrar a un nuevo director financiero en Geo. El agraciado, un tal Shayn March, recibió su ascenso en abril. Algunos lo conocen bien en París: Shayn March fue empleado de BNP Paribas.

Traducción de Miguel López

A la cuarta ha sido la vencida. Tras quedarse a las puertas del poder en 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori ha sido finalmente elegida presidenta de Perú. La población peruana ha tenido que esperar tres semanas tras la votación para conocer los resultados oficiales. Según estos, Fujimori se impone finalmente con un 50,13 % frente al 49,86 % del candidato de izquierdas Roberto Sánchez, lo que supone una diferencia de solo 50.000 votos de un total de casi 20 millones de votantes.

La larga espera para conocer los resultados se ha convertido en norma en el país andino. En la primera vuelta del 12 de abril, cuyos resultados no se proclamaron hasta más de cinco semanas después, el recuento ya había sumido a Perú en la incertidumbre.

Keiko Fujimori ha ganado por un estrecho margen como la candidata de la continuidad y el orden en un país fracturado por una profunda desconfianza, en el que se han sucedido ocho presidentes en una década y donde la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de la población.

Frente a ella, el candidato de izquierdas Roberto Sánchez se presentaba como heredero del maestro Pedro Castillo —elegido en 2021, destituido en 2022 y actualmente en prisión— y abogaba por una ruptura con el modelo económico liberal vigente desde la década de 1990. Falló por poco y ha dado a entender que no reconocerá los resultados.

Keiko Fujimori, licenciada en Administración en Estados Unidos, creció entre los bastidores del poder, asumiendo el papel de “primera dama” a los 19 años tras el divorcio de sus padres. De hecho, tanto para sus partidarios como para sus detractores, Fujimori sigue siendo inseparable de la figura de su padre.

Alberto Fujimori (1938-2024), presidente entre 1990 y 2000, es considerado por algunos sectores de la población como un héroe que derrotó a las guerrillas, controló la hiperinflación de los años noventa y modernizó el país. Otros, en cambio, recuerdan sobre todo sus condenas a ocho y veinticinco años de prisión, respectivamente por corrupción y crímenes contra la humanidad. Este controvertido legado le garantizaba, al mismo tiempo, una base electoral sólida y un profundo rechazo por parte de una parte del electorado.

“Estoy tan triste y decepcionada”, nos dice por teléfono Carolina Salazar, una joven activista de izquierdas. “Si los peruanos quieren esto, es la democracia, tendré que aceptarlo, pero me dan miedo estos cinco años que vienen y que ella se mantenga en el poder cada vez más tiempo.”

Su madre, que se llama igual, reacciona de forma opuesta: “Estoy muy contenta, por fin nos vamos a librar de los matones que siembran el terror. Mi hija no lo entiende, pero para mí, Fujimori es sinónimo de prosperidad y paz.” José Ángel, taxista de Lima, opina lo mismo: “Gracias a él hay tantos coches en Perú, nos hemos desarrollado, y estoy seguro de que Keiko hará lo mismo.”

En el sur andino, la victoria de Fujimori se siente de una manera especialmente dolorosa. Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, en la región de Puno —que agrupa a las familias de los manifestantes asesinados durante las protestas de 2023—, espera, junto con otros, poder impugnar lo que él califica como “unas elecciones robadas”. Se muestra consternado: “Keiko era lo peor que nos podía pasar.”

Para el politólogo Franck Renato, la llegada de Fujimori al poder puede interpretarse como “la consolidación electoral de una organización política que ha mantenido una presencia competitiva durante más de tres décadas”. De hecho, Fujimori fue diputada entre 2006 y 2010, y su partido, Fuerza Popular, siempre ha mantenido una fuerte presencia parlamentaria desde su creación en 2011.

Ideológicamente, esta victoria también marca el regreso del fujimorismo a las riendas del país, con especial énfasis en la cuestión de la seguridad. “Durante la campaña electoral, mantuvo un discurso típico, basado en el orden y los servicios sociales”, observa el politólogo Eduardo Dargent. Ella “se ha convertido en la candidata de la continuidad económica que tranquiliza al sector empresarial, sobre todo en la capital”, añade.

La nueva presidenta gobernará ante un Parlamento que ha vuelto a ser bicameral después de treinta años. Esto le permitirá evitar los enfrentamientos institucionales entre el Ejecutivo y el Parlamento, que han sido habituales durante la última década. Keiko Fujimori puede contar con 41 diputados y diputadas (de un total de 130) en la cámara baja y con 22 senadores y senadoras (de un total de 60) en la cámara alta. Al no disponer de mayoría absoluta, necesitará el apoyo de otras fuerzas políticas para gobernar.

Los retos son considerables: inseguridad, pobreza, conflictos sociales relacionados con la industria minera y los hidrocarburos, o incluso el anuncio de la llegada a la costa peruana de un episodio de El Niño especialmente intenso. La nueva presidenta tomará posesión de su cargo el 28 de julio, día de la fiesta nacional.

Traducción de Miguel López