El asunto ha tenido ocupados a algunos dirigentes del movimiento, con la ayuda de los buscadores y la inteligencia artificial. Y estuvieron indagando, medio en bromas medio en serio, en los precedentes históricos. ¿La reunión de comienzo del curso político 2011 del Partido Socialista en La Rochelle, a pocos meses del regreso de la izquierda al poder? ¿Las grandes concentraciones de la derecha posgaullista en la cima de su gloria? Esas están superadas, si nos atenemos a los recuentos de La Francia Insumisa.

Con una asistencia declarada de 10.000 personas en el mitin final de Jean-Luc Mélenchon el domingo 23 de agosto, La Francia Insumisa (LFI) se jacta de haber organizado las universidades de verano más grandes jamás vistas en el país. No tiene sentido enzarzarse en una costosa batalla de cifras, ya que no cambiaría nada en lo esencial: a ocho meses de las elecciones presidenciales, el inicio del curso político del movimiento “insumiso” se ha convertido en una nueva demostración de fuerza.

Durante cuatro días, del 20 al 23 de agosto, la décima edición de los “Amfis” —nombre con el que se conocen las jornadas de inicio de curso que organiza cada año LFI en esta misma época— se caracterizó por su gran variedad. Había de todo y en abundancia: gente, jóvenes, ponentes, debates, conferencias y camisetas de la selección francesa de fútbol con el lema “Mélenchon 27”.

Dirigentes y parlamentarios, por supuesto, y también alcaldes, entre ellos el de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Bally Bagayoko, recibido como un héroe. También hubo invitados externos destacados, empezando por el empresario Matthieu Pigasse y la presidenta del grupo ecologista en la Asamblea Nacional, Cyrielle Chatelain, quienes mostraron tales puntos en común con Jean-Luc Mélenchon que cuesta imaginar que no se sumen a su campaña de aquí a abril.

Todo ello ha alegrado, como es lógico, a los dirigentes de LFI que competían por encontrar los adjetivos más elocuentes para describir el momento. “Es histórico”, susurraba, por ejemplo, el sábado, sentado a orillas del lago de Aiguille, el diputado Éric Coquerel. A sus 67 años, el diputado por Seine-Saint-Denis contempla todo esto recordando los primeros pasos de la aventura mélenchoniana, hace dieciocho años, incluso antes de que naciera LFI: “Hoy nos damos cuenta de que hemos creado un movimiento de masas”.

Más aún que el número, la característica más llamativa de estas jornadas en el departamento de Drôme radicaba, para el movimiento, en algo relativamente difícil de definir. Un sentimiento difuso, contagioso entre los simpatizantes insumisos, vertiginoso también porque es inédito: el de que la victoria está al alcance de la mano, más que nunca.

“Escuchad a la gente: hemos pasado de ‘Resistencia’ a ‘Vamos a ganar’”, señala Manuel Bompard, el director de campaña. “La gente tiene la sensación de que se han alineado los astros”. Pero ¿no es ese el fervor natural del inicio de la carrera, el que marca cada comienzo de campaña? “No, en 2022 fue diferente”, responde Éric Coquerel. “En aquel momento, nos decíamos: ‘Hay un resquicio, no es imposible’. Ahora estamos varios peldaños más arriba”.

Jean-Luc Mélenchon no hizo nada, en su discurso de clausura del domingo, para frenar este optimismo creciente. «Sí, señoras y señores que nos estáis escuchando: ahora, para nosotros, no solo como un objetivo, sino ya como una expectativa impaciente, la victoria es posible”, afirmó el candidato. “Está llegando a su fin el reino neoliberal del cada cual a lo suyo y de la irresponsabilidad ecológica. Por eso, la responsabilidad de esta posible victoria nos obliga a actuar.”

Las brasas de la esperanza sobre las que sopla Jean-Luc Mélenchon no provienen ni de un ímpetu descontrolado ni de la embriagadora camaradería que genera un regreso exitoso a la política. Para el candidato "insumiso", el optimismo que surge en sus filas reviste un doble interés estratégico. Por un lado, permite captar nuevos votantes, ampliando la base social en la primera vuelta. “La fuerza atrae a la fuerza”, repite a menudo Mélenchon. En otras palabras, cuanto más impulso toma la dinámica, más posible se hace la victoria; cuanto más posible parece la victoria, más se decide el electorado indeciso a votar a Mélenchon… alimentando así la dinámica.

Por otro lado, en un plano más táctico, afianzar en la mente de la gente la idea de que el voto “insumiso” es la única alternativa progresista capaz de llegar a la segunda vuelta contribuye a desestabilizar a las demás formaciones de izquierda, que ya se encuentran en muy mal estado. “Ya está en la mente de todos: Jean-Luc Mélenchon es el candidato de la izquierda”, resume Paul Vannier, diputado de LFI y responsable electoral del movimiento.

Es precisamente porque la campaña de Jean-Luc Mélenchon arranca con tal impulso por lo que se está intensificando la presión en Los Ecologistas para empujar a Marine Tondelier a retirar su candidatura, según estiman los estrategas de LFI. El segundo objetivo es “completar el banquillo”, según uno de ellos, con los aspirantes procedentes de la izquierda socialista, incluso antes de octubre y de la designación formal de uno de ellos.

La estrategia está funcionando bien, a juzgar por la parálisis en la que parecen estar sumidos socialistas y ecologistas. A modo de símbolo, el editorial de Le Monde instaba el viernes a “los ecologistas y los socialdemócratas a recuperarse urgentemente para ofrecer una alternativa de izquierdas”, mientras que el de La Tribune dimanche se mostraba aún más explícito: “¿Quién va a parar a Mélenchon?” En la derecha, Gérald Darmanin metió la pata en La Voix du Nord a principios de semana: “Creo que el señor Mélenchon superará el 20 % en la primera vuelta”, pronosticó el ministro de Justicia.

Los “insumisos”, habituales outsiders, se encuentran en una posición tan favorable que casi resulta traicionera. “No hay que cometer, sobre todo, el error de Alain Juppé y otros, es decir, hacer una campaña de segunda vuelta antes de haber pasado la primera”, advirtió Manuel Bompard durante una conferencia. Y, al mismo tiempo, la ecuación no es exactamente la misma de siempre: ahora se trata, aunque los dirigentes de LFI no lo digan abiertamente, de evitar polémicas y ataques, y de dejar que el éxito de los grandes actos surta efecto.

Por eso Jean-Luc Mélenchon hizo en Châteauneuf-sur-Isère lo mismo que había hecho en Saint-Denis, a principios de junio: un Mélenchon que sigue el guión al pie de la letra, fiel a la línea que defiende desde hace años, pero sin florituras, sin excesos, sin deslices ni frases efectistas que pudieran eclipsar al resto y acaparar por sí solas horas de emisión en los canales de noticias 24 horas. El líder de LFI leyó fielmente su texto, como hace ya en cada uno de sus mítines.

De su discurso hay que destacar lo que Éric Coquerel denomina “la necesidad de aunar la radicalidad y la capacidad de gobernar”. En cuanto al fondo, LFI sigue denunciando “la colusión total” entre el bando presidencial y la extrema derecha, critica las propuestas de Gabriel Attal sobre los "nómadas" y las de Édouard Philippe sobre la inmigración en Mayotte, arremete contra la ley “Duplomb-veneno” y exclama: “¡Que se vayan todos!”

Pero el tono es más moderado, se han dejado de lado algunos temas espinosos y se ha puesto el énfasis en demostrar que La Francia Insumisa estará dispuesta a aplicar sus propuestas. Durante el fin de semana, Clémence Guetté, coordinadora del programa, habló extensamente ante la prensa sobre el papel de los “frigios”, esos 80 altos funcionarios que preparan en secreto el posible ejercicio del poder por parte de LFI.

En el escenario, Jean-Luc Mélenchon criticó la intención de Gabriel Attal de importar a Francia el spoil system estadounidense —es decir, la sustitución de los directores de las Administraciones por cuadros más alineados políticamente con el poder del momento—. En su lugar, Mélenchon, exministro de Lionel Jospin, rindió un inesperado homenaje a la alta función pública, al “Estado republicano, su deber y el honor de servirlo”.

Del mismo modo, la parte del discurso dedicada a la transición ecológica, con la que se inauguró la intervención, dejó de lado los grandes principios para centrarse en las medidas concretas. La creación de las ecorregiones, su delimitación a partir de la “cuenca hidrográfica de los ríos”, sus amplias prerrogativas —desde el agua hasta los bosques, pasando por el aire, los suelos y la salud medioambiental— y su posible poder normativo, suponen un paso considerable en el camino hacia la descentralización. “El cambio climático abre una era totalmente nueva para la civilización humana”, argumentó Mélenchon, prometiendo en consecuencia “cambiar la naturaleza del Estado”.

La esperada adhesión de los Ecologistas a su campaña podría suponer un hito importante en la batalla por el liderazgo de la izquierda. Los discursos de LFI intentan ya imponer en el panorama político el relato de un duelo entre la izquierda rupturista y la extrema derecha, reduciendo a los sucesores de Emmanuel Macron y a los últimos socialdemócratas al papel de árbitros, cuando no de meros figurantes.

“Francia, entre la espada y la pared, en cada colegio electoral, en cada conciencia, hará Historia, la gran Historia”, predijo Jean-Luc Mélenchon al concluir su intervención. “¿Qué principio de acción la impulsará? ¿Cada uno por su cuenta o todos juntos? ¿El supremacismo racista o el colectivismo? Respondamos a la llamada de esta gran lucha.”

Traducción de Miguel López

Zohran Mamdani ha logrado un pequeño milagro: enseñar a los neoyorquinos una nueva palabra francesa (que en español sería "domicilio secundario", ndt). El martes 18 de agosto, unos 30 seguidores del alcalde se concentraron frente al ayuntamiento para mostrar su apoyo al proyecto de Pied-à-Terre Tax, un impuesto adicional destinado a las segundas residencias de lujo.

En medio del bochorno estival, la pequeña concentración tuvo lugar con ocasión de un pleno del ayuntamiento dedicado a su puesta en marcha. Entre los asistentes se encontraban miembros de los Socialistas Demócratas (DSA), la principal organización socialista de Estados Unidos, a la que pertenece Zohran Mamdani, pero también de la asociación de ayuda a los migrantes Make the Road, así como representantes locales progresistas.

Todos insistieron en la urgencia de que los más acomodados contribuyan en mayor medida, ante la pauperización de las clases medias neoyorquinas y los recortes del Gobierno de Trump en los programas de ayuda alimentaria, de sanidad y de vivienda.

“Los ultrarricos ganan más dinero que nunca, pero las desigualdades de ingresos en nuestra ciudad nunca han sido tan grandes”, denuncia un organizador, flanqueado por pancartas con los lemas “Gravad a los ricos” y “Invertid en Nueva York”. “Tienen poder. Mucho poder. Pero el movimiento que estamos construyendo es aún más poderoso”, quiere creer.

La medida, ya anunciada oficialmente el 15 de abril por Zohran Mamdani y por la gobernadora, Kathy Hochul, consiste en aplicar un recargo progresivo —del 0,8% al 1,3%— a las segundas residencias cuyo valor supere los 5 millones de dólares y cuyos propietarios no residan principalmente en Nueva York. El Ayuntamiento estima que esta medida podría reportar unos 500 millones de dólares al año.

El día del anuncio, Zohran Mamdani aprovechó una conferencia en la universidad pública CUNY, junto a los economistas Joseph Stiglitz y Gabriel Zucman, para desmontar el “mito” de una fuga masiva de millonarios y multimillonarios sometidos a impuestos adicionales. Recordó que las anteriores subidas de impuestos en el Estado de Nueva York no habían tenido un efecto disuasorio significativo.

“¡Lo que observamos es que ahora tenemos más millonarios!”, afirmaba. “Frente a todo el debate sobre el éxodo imaginario de los más ricos, debemos hacer frente a un éxodo muy real en esta ciudad: el de las clases populares.”

Como era de esperar, en un municipio que cuenta con 123 multimillonarios, la reacción fue inmediata. El alcalde presentó su medida en un vídeo grabado frente a un edificio de Central Park donde se encuentra el ático de 238 millones de dólares propiedad de Ken Griffin, fundador del fondo Citadel y residente en Miami. Este multimillonario se ha convertido, en el mensaje de Mamdani, en el símbolo de un “sistema injusto”. El interesado respondió amenazando con renunciar a un proyecto de rascacielos de gran envergadura en Manhattan.

La aplicación del recargo también suscitó rápidamente polémica. El 11 de agosto, un juez de Staten Island, el único distrito republicano de Nueva York, ordenó su suspensión tras recibir una demanda de varios propietarios que impugnaban, entre otras cosas, la publicación de datos relativos a más de 900.000 inmuebles que podrían verse afectados. Algunos denunciaron una vulneración de su privacidad.

Es el caso de Scott Galloway, un profesor de la Universidad de Nueva York muy mediático y, sin embargo, partidario de Zohran Mamdani, que se indignó al ver que su nombre y la dirección de una de sus propiedades aparecían en esos datos. “El alcalde Mamdani toma una fuente legítima de ingresos fiscales y la convierte en una especie de orden de búsqueda”, afirmó en un podcast.

Otra de las quejas planteadas en la demanda es el envío de cartas a 17.000 propietarios que el ayuntamiento supone sujetos al recargo. Algunos afirman haber recibido estas notificaciones por error y deben presentar justificantes para demostrar que realmente viven en su vivienda. De lo contrario, podrían verse obligados a pagar el recargo.

La decisión del juez de Staten Island ha sido suspendida posteriormente por un tribunal de apelación, lo que permite al ayuntamiento seguir adelante con la aplicación de la medida. Pero el litigio no ha terminado ni mucho menos: el ayuntamiento y los indignados propietarios volverán a verse las caras en los tribunales el 31 de agosto.

El martes 18 de agosto, el Pleno municipal examinó las condiciones de aplicación del recargo. La administración de Mamdani no intervino, alegando los procesos judiciales en curso. Una ausencia criticada por la presidenta del consejo municipal, Julie Menin. Pero para los defensores del impuesto reunidos frente al ayuntamiento, este pleno del consejo constituye sobre todo un intento político de desacreditar una medida fiscal controvertida.

“Es legítimo organizar un pleno y preguntarse cómo mejorar este dispositivo”, afirma Brian Romero, candidato demócrata a la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York por el oeste de Queens, un distrito multicultural y popular. “Lo que no apoyo es intentar utilizar todo tipo de maniobras para retrasar la aplicación de este impuesto, cuando los neoyorquinos están sufriendo y necesitan tanto esos recursos.”

En su circunscripción, cita las colas cada vez más largas ante los bancos de alimentos, el acceso reducido a la asistencia sanitaria y el aumento del número de personas sin hogar para ilustrar las consecuencias del aumento vertiginoso del coste de la vida y de los recortes federales. Sin embargo, reconoce que los 500 millones de dólares que se espera recaudar gracias al Pied-à-Terre Tax no bastarán para resolver estos “problemas sistémicos”.

De ahí la necesidad, según él, de ir más allá e instaurar un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios o aumentar los impuestos a las grandes empresas. El problema es que el alcalde de Nueva York no tiene competencias en materia fiscal. El Estado de Nueva York, en cambio, sí las tiene. Pero la idea no entusiasma mucho a Kathy Hochul, una demócrata moderada que aspira a ser reelegida gobernadora en noviembre.

Traducción de Miguel López

Lo que empezó con Mamdani como una sorpresa empieza a parecerse a una tendencia. Tras su victoria en Nueva York, el ala progresista del Partido Demócrata ha seguido sumando triunfos. Abdul El-Sayed se impuso en las primarias al Senado en Michigan, uno de los grandes estados bisagra del país, y Angie Nixon acaba de dar la sorpresa en Florida, donde se ha hecho con la candidatura demócrata al Senado en un bastión republicano donde el antisocialismo lleva años formando parte del discurso político.

El fenómeno supone un cambio notable en un país donde el socialismo permaneció durante décadas relegado a los márgenes de la política institucional. Democratic Socialists of America (DSA), fundada en 1982, fue durante años una organización minoritaria, hasta que las campañas de Bernie Sanders y la posterior irrupción de Alexandria Ocasio-Cortez ampliaron su espacio. Hoy supera ampliamente los 100.000 afiliados y a mediados de agosto las candidaturas respaldadas por DSA acumulaban al menos 61 victorias electorales durante este ciclo, frente a 54 derrotas.

El avance tiene además un marcado componente generacional. En Nueva York, tres de cada cuatro votantes de entre 18 y 29 años apoyaron a Mamdani. Su campaña condensó varios rasgos que aparecen ahora, con diferencias, en otras candidaturas progresistas. Manejan los códigos de las redes, movilizan a miles de voluntarios, recurren a pequeñas donaciones y colocan en el centro asuntos cotidianos como la vivienda, los salarios, el transporte o la sanidad.

Más que una conversión repentina al socialismo, detrás de estas victorias aparece primero un descontento con el propio sistema político y con la dirección demócrata. “Lo que abre la puerta es el malestar, no la doctrina”, resume Gabriela Ortega, politóloga y directora de estrategia en ALEPH. A su juicio, existe una “crisis de legitimidad” entre una generación que ha dejado de confiar en el sistema sin haber abrazado necesariamente una nueva etiqueta ideológica.

Ortega apunta a un cambio significativo dentro de las propias bases demócratas. La última encuesta de CBS News/YouGov, realizada en agosto, muestra que el 58% de los demócratas tiene una opinión positiva del socialismo, frente al 32% que valora favorablemente el capitalismo. Además, un 53% ve de forma positiva que un político demócrata se defina como “socialista democrático”, frente a solo un 12% que lo percibe negativamente. El apoyo es especialmente elevado entre los demócratas más jóvenes y progresistas.

José Manuel Corrales, profesor de Economía, Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Europea, observa además una recuperación de la política de clase. El socialismo democrático estaría funcionando, según el experto, como “un vehículo político e identitario para la frustración material” frente a unas élites vinculadas a las grandes fortunas. De ahí la búsqueda de una “coalición multirracial de clase” capaz de reunir a jóvenes cualificados pero precarizados, trabajadores de los servicios y comunidades inmigrantes.

La ruptura con la vieja política también se ve en la forma. Los vídeos de Mamdani tienen poco que ver con un anuncio electoral convencional. En ellos, el alcalde de Nueva York habla directamente a cámara, utiliza humor y referencias culturales, recorre las calles y explica sus propuestas con los códigos propios de TikTok, Instagram o YouTube.

El último ejemplo lo ha dado esta misma semana. Después de recibir críticas por circular en bicicleta sin casco, Mamdani convirtió el despiste en contenido. Publicó un vídeo en el que recogía algunos comentarios, asumía el error y terminaba estrenando un casco. La pieza superó millones de reproducciones y transformó una pequeña polémica en otra oportunidad para reforzar su imagen de cercanía.

Para Álex Comes, director de LaBase y consultor político, la novedad no está simplemente en que los políticos hayan llegado a TikTok, sino en que algunos han entendido que estar en una plataforma y saber qué decir y a quién hablarle son cosas diferentes. Su consultora denomina “estrategia invertida” a esa lógica. En lugar de producir primero un mensaje político convencional y adaptarlo después a internet, el contenido nace directamente desde el ritmo, el lenguaje y los códigos de cada plataforma.

Mamdani llevó además esa adaptación al terreno cultural. Ortega recuerda que publicó piezas en hindi, urdu y español y llegó a explicar el voto preferencial utilizando vasos de mango lassi y referencias a Bollywood. No se trataba solo de traducir un mensaje, sino de conseguir que distintas comunidades se reconocieran dentro de la campaña.

Pero las redes son solo el comienzo. Mamdani acompañó su enorme visibilidad digital con una maquinaria de voluntarios que recorrió millones de puertas. El-Sayed construyó también una extensa red de activistas y recorrió Michigan durante meses. “Las redes sociales no votan, sino que movilizan”, resume Corrales. La campaña digital no sustituye al trabajo sobre el terreno, sino que lo alimenta. Como explica el profesor, “un ‘me gusta’ se convierte en una conversación de diez minutos en el felpudo de un vecino”.

La batalla se libra también en el dinero. Algunas de estas victorias han llegado frente a adversarios respaldados por decenas de millones de dólares de organizaciones externas.

En las primarias demócratas de junio de 2025 para elegir candidato a la alcaldía de Nueva York, los super PAC, organizaciones que pueden recaudar y gastar dinero sin límite para apoyar o perjudicar a candidatos, gastaron unos 30 millones de dólares y casi nueve de cada diez dólares se destinaron a favorecer a Andrew Cuomo o a perjudicar a Mamdani. El socialista se apoyó en la financiación pública y en una base muy atomizada, por lo que, poco antes de las primarias, el 95,9% de sus donantes eran pequeños contribuyentes.

Michigan llevó ese choque todavía más lejos. Haley Stevens contó con una avalancha de gasto externo, incluida una fuerte inversión vinculada al lobby proisraelí AIPAC. Según AdImpact, la publicidad favorable a Stevens alcanzó los 64,7 millones de dólares frente a los 7,4 millones destinados a El-Sayed. El progresista convirtió precisamente esa intervención en un argumento contra la influencia de los grandes intereses privados.

Mientras tanto, su campaña mostró mayor capacidad para captar aportaciones individuales. Solo en el primer trimestre recibió 1,9 millones de dólares a través de ActBlue frente a los 788.000 de Stevens. Comes subraya que estas candidaturas han sabido incluso convertir su desventaja económica en una prueba de autenticidad y autonomía frente al poder, integrando la forma de financiarse dentro del propio relato electoral.

Toda esa maquinaria tendría poco recorrido sin un mensaje reconocible. Mamdani construyó su campaña alrededor del coste de vivir en Nueva York con propuestas sobre alquileres, transporte o guarderías. El-Sayed ha colocado la sanidad y la lucha contra el poder de las grandes corporaciones entre sus prioridades, mientras Nixon ha hecho de los cuidados y la desigualdad algunas de sus principales banderas.

Pau Canaleta, experto en comunicación política de la Universitat Oberta de Catalunya, sitúa ahí buena parte de la conexión con los jóvenes. Acceder a una vivienda, pagar los estudios, encadenar empleos precarios o llegar a fin de mes forman parte de su experiencia cotidiana. “Les están hablando de aquello que están viviendo cada día”, sostiene. Por eso considera que, aunque los nuevos formatos facilitan el contacto, “el centro de gravedad no son las formas, sino el fondo”.

Comes introduce además otra diferencia con una parte de la comunicación demócrata de los últimos años. Frente a campañas construidas fundamentalmente alrededor del miedo a Trump, estos candidatos intentan ofrecer una expectativa positiva. No solo piden movilizarse contra alguien, sino por la posibilidad de cambiar aspectos concretos de la vida cotidiana.

En cambio, Palestina ocupa un lugar diferente. Ortega cita un análisis del Searchlight Institute sobre los contenidos de Mamdani que encontró referencias a precios y asequibilidad en el 78% de sus anuncios y vídeos, mientras Gaza aparecía aproximadamente en el 2%. Para la analista, esto muestra que el coste de la vida fue el verdadero centro del mensaje, mientras Palestina funcionó más como un marcador de credibilidad ideológica, especialmente entre los jóvenes progresistas.

En Michigan esa cuestión adquirió mayor protagonismo. El-Sayed hizo de sus críticas a la ayuda militar estadounidense a Israel y a la influencia de AIPAC una de sus diferencias con Stevens. Corrales considera que Palestina ha actuado como un “catalizador ético” capaz de reforzar la conexión con una parte de las nuevas generaciones.

Pese al éxito cosechado, ganar unas primarias demócratas no equivale a conquistar al conjunto del electorado. Ortega recuerda que en las generales entran en juego independientes y votantes menos ideologizados, entre los que la etiqueta socialista sigue generando más rechazo que muchas de sus propuestas concretas. Es decir, medidas como reforzar la sanidad pública, intervenir en vivienda o gravar más a las grandes fortunas pueden suscitar bastante más apoyo que la etiqueta de “socialista democrático”. 

Michigan será probablemente el principal laboratorio. El-Sayed tendrá que demostrar que la coalición que le permitió derrotar al establishment puede ampliarse en uno de los estados más disputados del país, mientras Nixon afrontará un reto todavía mayor en Florida.

Lo que sí parece exportable, apunta Ortega, es la arquitectura de campaña formada por una agenda económica concreta, un adversario reconocible, una comunicación digital nativa y una organización territorial capaz de transformar entusiasmo en votos. La nueva izquierda ya ha demostrado que puede derrotar a candidatos mejor financiados y movilizar a los jóvenes.

Animal político incombustible, Luiz Inácio Lula da Silva se ha embarcado, a sus 80 años, en su séptima campaña electoral y aspira a un cuarto mandato presidencial. Dotado de un don especial para conectar con los más desfavorecidos sin renunciar al pragmatismo ideológico, el presidente de Brasil se enfrenta en el otoño de su vida a un doble desafío: frenar la injerencia de Trump en las elecciones de octubre y batir en las urnas a Flávio Bolsonaro, primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años en prisión domiciliaria por planear un golpe de Estado contra Lula tras perder por la mínima en los comicios de 2022.

Para enterrar políticamente al clan Bolsonaro, Lula ha echado mano de un arma que podría resultar infalible: un fervor nacionalista que se aprecia en cada una de sus intervenciones públicas y asoma a lo largo y ancho de su programa electoral. Sin abandonar su preocupación por las políticas sociales para reducir la desigualdad y proteger el medio ambiente, la defensa de la soberanía nacional se sitúa como una de las prioridades en el documento de 84 páginas titulado “Directrices para el programa de transformación de Brasil: un país soberano, democrático, desarrollado, sostenible y creativo”. En el capítulo dedicado a la soberanía, se aboga por una política exterior independiente y un rechazo férreo a la subordinación a intereses extranjeros, una referencia velada a la embestida regional de Estados Unidos. Se apuesta además por fortalecer la industria de defensa y dotar a las Fuerzas Armadas de una mayor capacidad para salvaguardar el territorio y los recursos naturales del país. Ante la amenaza estadounidense, la coalición progresista que encabeza Lula pretende profundizar las relaciones con el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), los países del denominado Sur Global y el Mercosur.

La campaña electoral, que en Brasil se prolonga durante un mes y medio, arrancó el pasado 16 de agosto. Un día después, Lula viajaba a la desembocadura del Amazonas, donde la empresa Petrobras ha hallado un nuevo yacimiento petrolífero. “Un país que posee petróleo de esta calidad no permitirá que nadie lo toque. Esto es soberanía nacional”, se felicitó el mandatario de izquierdas. Con la apelación constante al sentimiento nacionalista, Lula espera captar votos entre la legión de indecisos que todavía duda sobre los beneficios y perjuicios de la subordinación a Washington.

La imposición de aranceles a Brasil por parte de Estados Unidos ha enrarecido las relaciones entre ambos países. Trump aprobó un primer tarifazo del 50% nada más llegar a la Casa Blanca en 2025 y hace apenas un mes su Administración ordenó nuevos impuestos del 25% sobre algunas importaciones brasileñas. El Gobierno brasileño no ha dudado en aplicar el principio de reciprocidad, una respuesta que ha generado una aceptación mayoritaria en la ciudadanía. El Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula junto a otros sindicalistas en 1980, ha aprovechado la guerra tarifaria para atacar a Flávio Bolsonaro. El senador y candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL), de 45 años, viajó a finales de mayo a Washington para reunirse con Trump cuando ya se vislumbraba el castigo arancelario. Ese encuentro fue visto por la izquierda como una traición al país. El PT lanzó entonces una campaña en redes sociales —el Tariflávio— que se hizo viral y obligó al senador a dar explicaciones sobre su postura al respecto. Flávio dijo entonces que le había pedido al mandatario estadounidense un aplazamiento del nuevo tarifazo hasta después de las elecciones de octubre. Fue peor el remedio que la enfermedad. Las encuestas muestran un rechazo generalizado de la opinión pública a lo que se considera una agresión comercial de Washington. Casi la mitad de los entrevistados por la consultora Quaest relacionaron a Bolsonaro con esa medida.

Como ha sucedido en las más recientes citas electorales en Latinoamérica, los comicios brasileños estarán marcados por la influencia que pueda ejercer Trump en el electorado al respaldar al candidato que según la Casa Blanca cumple con los parámetros establecidos en su Estrategia de Seguridad Nacional. La injerencia norteamericana ya ha comenzado. Paralelamente a la guerra arancelaria, Washington quiso enviar a dos asesores del Departamento de Estado para cuestionar la viabilidad de las urnas electrónicas, una estrategia que Jair Bolsonaro ya puso en práctica hace cuatro años y que le costó su inhabilitación política. En el Palacio de Itamaraty, sede de la avezada diplomacia brasileña, se echaron las manos a la cabeza y negaron el visado a los asesores estadounidenses. Sin embajadores en Washington ni en Brasilia, ambos países mantienen sus relaciones bilaterales bajo mínimos. Para echar más leña al fuego, a finales de julio la Administración Trump prorrogó la “emergencia nacional” en Brasil, una declaración que sitúa al país sudamericano como una amenaza y abre la puerta a la aplicación de sanciones.

La intromisión de la Casa Blanca ha sido denunciada por varios medios de comunicación, incluso de tendencia conservadora. En un artículo publicado hace unos días en el diario O Estado de S. Paulo, la veterana columnista Eliane Cantanhêde advirtió sobre las consecuencias que tendría un triunfo electoral de Bolsonaro: “Existe el riesgo de que se entregue Brasil en bandeja a Estados Unidos”. Para Cantanhêde, la cercanía política de los Bolsonaro con Trump encaja con los planes de Washington para que Brasilia pase a formar parte de la órbita de Estados Unidos. Sería la guinda de la tarta que tanto ansía Trump para tener un control casi total de América Latina.

Las encuestas favorecen de momento a Lula, que concluye sus cuatro años de mandato con una economía en crecimiento, un descenso de la pobreza y el desempleo en mínimos históricos. Un sondeo reciente de Quaest proyecta un resultado ajustado para la segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre si ningún candidato supera el 50% en la primera cita, prevista para el 4 de octubre. Lula se sitúa ligeramente por delante de Flávio (43% frente a 40%). En 2022 la diferencia final con Jair Bolsonaro fue de tan sólo 1,8 puntos.

Con un discurso de mano dura contra el crimen organizado y propuestas económicas ultraliberales, Flávio Bolsonaro se presenta, ante todo, como agente vindicador de su padre, a quien sin duda tratará de indultar si llega al Palacio del Planalto. El valido de Trump, de quien espera un respaldo decidido durante la campaña, todavía está recuperándose de la caída de su popularidad tras las revelaciones periodísticas que lo relacionan con el mayor fraude bancario de la historia de Brasil. Un audio publicado en mayo por el medio Intercept Brasil desveló una conversación entre Flávio y Daniel Vorcaro, ex-CEO del Banco Máster (la entidad bajo la lupa de las autoridades), en la que el candidato presidencial le pedía 24 millones de dólares para realizar una película biográfica sobre su padre. Lula, por su parte, también se ha visto afectado por las investigaciones que involucran a uno de sus hijos, Fábio Luís da Silva —conocido como Lulinha—, en un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.

A la ofensiva soberanista, Lula ha sumado en su programa electoral otra de las banderas tradicionales de la derecha, una reformulación de la política de seguridad, con una mayor coordinación a nivel federal. Los sondeos coinciden en que la inseguridad ciudadana es la mayor preocupación de los brasileños. La cercanía de Flávio Bolsonaro y su hermano Eduardo a la Casa Blanca propició que recientemente Trump designara como grupos terroristas a las dos organizaciones del crimen organizado más poderosas de Brasil: el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital, una decisión a la que se opone Lula, pues podría implicar una intervención militar estadounidense.

Aunque la caracterización de títere al servicio de Estados Unidos que la izquierda le ha endosado a Bolsonaro debilita su campaña, la ultraderecha brasileña, apoyada por grandes grupos empresariales y buena parte del influyente lobby evangélico, cuenta con pólvora suficiente para disputar una batalla cerrada contra Lula. La izquierda sigue muy por detrás en la capitalización de las redes sociales, herramienta que en Brasil ha sido determinante para alimentar el antipetismo, un sentimiento que ha echado raíces en todas las clases sociales y que presenta a los dirigentes del PT como ladrones, con campañas de bulos y desinformación constantes.

Pero también hay en el país un robusto frente antibolsonarista. En la retina de muchos brasileños todavía están muy vivas las imágenes de enero de 2023, cuando una turba de seguidores del líder ultra se concentró en Brasilia e irrumpió en el Congreso y otras sedes institucionales. Replicaban así la toma del Capitolio por los seguidores de Trump dos años antes. Jair Bolsonaro tramaba desde hacía meses una conspiración contra Lula si perdía las elecciones y se veía obligado a dejar el poder. La justicia lo condenó a 27 años de prisión por orquestar un golpe de Estado y hoy en día, con 71 años, cumple la pena en su casa por razones de salud. Esas credenciales antidemocráticas, sin embargo, no le han hecho perder apoyos. Tras varios tiras y aflojas con los pesos pesados de la derecha brasileña, en especial con Tarcísio de Freitas, el influyente gobernador de São Paulo, el patriarca del clan logró encumbrar a su hijo Flávio como la nueva némesis de Lula.

“La tensión es constante… Estoy en medio de la guerra… Quiero volver a casa”. Las palabras de Ravi (nombre ficticio) se ven interrumpidas por los cortes de conexión, constantes a bordo del petrolero en el que lleva varios meses trabajando sin descanso, a la entrada del estrecho de Ormuz. Contactado por Mediapart por teléfono el 13 de agosto, este indio de 45 años, originario de Calcuta, es uno de los seis mil marinos que se encuentran actualmente bloqueados en este paso estratégico controlado por Teherán.

“Estas cifras se han elaborado a partir de las peticiones de ayuda de los marinos que se ponen en contacto con los sindicatos”, precisa Mohamed Arrachedi, coordinador de la red del mundo árabe de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). “Pero algunas tripulaciones no tienen conexión y están aisladas del mundo exterior”. En otras palabras, el número de marinos bloqueados en el estrecho es probablemente mayor.

La ITF es la mayor organización mundial del sector del transporte y representa a más de un millón de marinos en todo el mundo. Al inicio de la guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero de 2026, según la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de Naciones Unidas, se encontraban bloqueados en el estrecho unos 20.000 marinos.

Desde entonces, la ITF ha recibido más de 3.200 peticiones de ayuda de marinos bloqueados en este canal situado en el golfo Pérsico. Cada llamada suele referirse a varios marinos de la misma nacionalidad, precisa Mohamed Arrachedi. Se desconoce a cuántas nacionalidades pertenecen los marinos retenidos en el estrecho. Es probable que la mayoría sean indios, pero también hay filipinos, etíopes, sirios, indonesios y esrilanqueses.

En los últimos seis meses, las tripulaciones han visto en varias ocasiones cómo se desvanecían sus esperanzas de regresar a casa. Por el momento, todos los anuncios de alto el fuego y de acuerdos de paz han fracasado.

Tras la firma, el 17 de junio, de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, parte de los buques pudo abandonar el estrecho, pero apenas tres semanas después se reanudaron los intercambios de disparos. El plazo de sesenta días establecido por el protocolo de acuerdo expiró el 17 de agosto.

La guerra no es la única responsable de la pesadilla que viven estos marinos, que siguen bloqueados en el estrecho. “Hay barcos que no han podido cruzar porque no han conseguido los permisos necesarios. Pero también hay armadores sin escrúpulos que se niegan a repatriar a sus marinos”, denuncia Mohamed Arrachedi. Y lo que es peor: varios buques han seguido llegando al estrecho tras el inicio de la guerra, impulsados por armadores ávidos de beneficios.

Es el caso del petrolero en el que trabaja Ravi. Tras varios intentos infructuosos de contacto, contó a Mediapart, en un mensaje de voz, que había embarcado el 4 de febrero de 2026 desde el puerto de Galle, en el sureste de Sri Lanka, con destino a la isla de Kharg, en Irán.

Una vez cargado de petróleo, el petrolero descargó parte de la mercancía en Singapur, antes de poner rumbo a Hong Kong. “Durante el viaje, el capitán del barco nos preguntó si estábamos de acuerdo en volver a Irán. La guerra ya había comenzado. La mayoría de los marineros nos negamos”, afirma.

Una parte de la tripulación, todos ellos indios, pudieron desembarcar durante una escala en Sri Lanka y ser repatriados a sus hogares. Los demás, que llevaban meses sin cobrar, no tuvieron más remedio que zarpar de nuevo hacia un destino desconocido. Hace un mes, el capitán le prometió a Ravi que podría desembarcar durante una escala en los Emiratos Árabes Unidos y volver por fin a casa. Pero eso no ocurrió.

A pesar de sus súplicas y de una carta dirigida a la agencia india de manning (una empresa especializada en la contratación y dotación de marinos a bordo de buques), a la que ha tenido acceso Mediapart, en la que explica que no “quiere navegar en una zona de guerra”, el armador aún no ha organizado su repatriación. El motivo es que “quiere ganar cada vez más dinero.”

Para algunos armadores sin escrúpulos, el cálculo es sencillo: es mejor mantener al marino a bordo y obligarle a trabajar que gastar el dinero necesario para su repatriación u organizar su relevo, una operación costosa y complicada, sobre todo en tiempos de guerra.

En teoría, explica Mohamed Arrachedi, el armador tiene la obligación de hacerse cargo de la repatriación de los marineros que se nieguen a trabajar en zonas de guerra. En colaboración con las autoridades portuarias y los armadores, el sindicato ha organizado la repatriación de más de setecientos marineros desde el inicio del conflicto.

Si los marinos aceptan trabajar en zonas de guerra, el armador normalmente debe pagarles una prima de riesgo. No solo es raro que se paguen estas primas, sino que muchos armadores deducen ilegalmente de los salarios de los marinos los gastos necesarios para su repatriación. “Los armadores también deben garantizar el abastecimiento y el relevo de las tripulaciones, cuyos contratos no pueden superar los once meses consecutivos”, detalla además Mohamed Arrachedi.

Pero las tripulaciones bloqueadas en Ormuz denuncian contratos prolongados, salarios impagados desde hace meses y falta de víveres. “La comida no es buena. No puedo dormir bien. Mi salud se resiente. Ya no puedo trabajar. Ayudadme”, implora un marino etíope en un mensaje enviado al sindicato.

En otro mensaje al que ha tenido acceso Mediapart, un marino de la misma nacionalidad, pero que trabaja en otro buque, afirma que el capitán le ha privado de comida como represalia por sus peticiones de repatriación: “¿Cómo voy a sobrevivir a bordo sin comida?”, se pregunta preocupado.

Ravi confiesa que tiene miedo a trabajar en plena zona de guerra. De hecho, al menos dieciocho marinos han perecido en Ormuz a causa de los ataques. La mayoría son indios. La última víctima se remonta al 18 de agosto: un ingeniero murió en un ataque a un buque frente a las costas de Omán, según un comunicado en X de United Kingdom Maritime Trade Operations. Su nacionalidad e identidad no se conocen.

“Debemos tener presente que se trata de personas inocentes formadas para ejercer su profesión y no para luchar”, declaró el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, el 26 de julio, precisando que “los buques no están equipados para defenderse de misiles o drones”.

Para Mohamed Arrachedi, los conflictos “proporcionan a los armadores un pretexto perfecto para no asumir sus responsabilidades”. En este sector opaco y desregulado son muy habituales los abusos. Antes de la guerra en Irán, el teléfono del sindicalista ya sonaba día y noche, saturado de llamadas de marinos en apuros.

Cada año, ante la indiferencia general, son abandonados en todo el planeta cientos de buques con sus tripulaciones a bordo. Se trata de un fenómeno en fuerte aumento, especialmente desde la pandemia del covid-19. En 2025, la Organización Internacional del Trabajo registró 6.223 marineros abandonados, frente a los 4.726 de 2024 y los 1.983 de 2023.

Un barco se considera abandonado cuando el armador ya no puede o no quiere pagar a la tripulación, las provisiones o las reparaciones necesarias para la seguridad del carguero. A veces desaparece literalmente tras una sociedad pantalla y deja de contestar al teléfono.

En ocasiones, los marineros quedan atrapados a bordo de auténticas bombas flotantes que transportan cargamentos peligrosos. Cabe recordar que la tripulación del Rhosus, que transportaba el nitrato de amonio responsable de la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, permaneció atrapada a bordo durante casi un año, con esa carga explosiva.

Desde el inicio del conflicto en Irán, la ITF ha organizado la repatriación de cinco tripulaciones consideradas abandonadas en el estrecho. La impunidad que rodea a estos abusos se explica en parte por el sistema del “pabellón de conveniencia”: armadores que optan por enarbolar el pabellón de países con normativas muy laxas en materia de derecho laboral.

Ese es el caso de la mayoría de los buques actualmente bloqueados en Ormuz, “pero también hay buques que enarbolan pabellones nacionales que han ratificado el convenio de la OMI”, precisa Mohamed Arrachedi.

La OMI actualiza cada año una “lista negra” de los peores pabellones. El barco en el que se encuentra Ravi enarbola el pabellón de Curazao, utilizado con frecuencia por flotas fantasma para eludir las normativas medioambientales y las sanciones internacionales.

Uno de los casos más delicados que gestiona actualmente la ITF en Ormuz se refiere a una tripulación cuyos marinos, en su mayoría etíopes, llevan quince meses sin cobrar y cuyo buque habría sido alcanzado por un ataque. Mediapart no ha podido verificar esta información.

“El barco se incendió, pero, gracias a Dios, sobrevivimos. Al comienzo de la guerra, todos los tripulantes iraníes regresaron a casa. Ya solo quedamos tres a bordo. Después de Dios, usted es la única persona que nos queda”, escribió uno de ellos al sindicato a principios de agosto.

La lista de tripulaciones abandonadas puede consultarse en esta base de datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Traducción de Miguel López

Cuando recibió su segunda Palma de Oro en mayo, el director Cristian Mungiu expresó su preocupación por el estado de nuestras “sociedades fracturadas y radicalizadas”, y por la brecha cada vez mayor entre conservadores y progresistas, que, según él, se han vuelto incapaces de dialogar y ponerse de acuerdo.

Desde su presentación en Cannes, Fjord, que se estrena ahora en cines, parece que provoca exactamente el efecto contrario al que se había fijado como objetivo: suscita reacciones muy polarizadas, ya que el cineasta rumano de 58 años expone en ella, de forma incómoda, las zonas grises de un tema ultrasensible, la protección de la infancia en Europa.

Unos días antes de recibir la Palma de Oro, Mungiu, originario del este de Rumanía, muy cerca de Moldavia, había precisado el rumbo demiúrgico que marcaba a su cine, en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter: “Las películas se han vuelto demasiado políticas en los últimos diez o quince años, limitándose a confirmar los ‘buenos valores’ [progresistas —ndr]. Debemos contrarrestarlo con películas que nos permitan expresar dudas sobre los valores contemporáneos. Es una forma de cultivar la democracia”.

¿Consigue Fjord "cultivar la democracia”? ¿O se trata, bajo el pretexto de una agenda política ultraambiciosa, de una simple "Palma de la derecha" como sugieren algunas voces?

La película narra el asentamiento de una familia binacional (padre rumano, madre noruega) y numerosa (cinco hijos), los Gheorghiu, en un pueblo situado a los pies de un fiordo nevado de Noruega. Cuando una profesora observa moratones en el cuerpo de la mayor, los niños son colocados en familias de acogida.

Se abre una investigación de los servicios sociales, lo que allana el camino para un juicio. Los Gheorghiu se encuentran con que van a ser juzgados por las autoridades, no por sus actos, sino por sus convicciones religiosas ultraconservadoras. Sin desvelar el espectacular final, el padre también se enfrenta a una pena de prisión, en un segundo juicio que, por el momento, es solo hipotético.

Mungiu afirma haber realizado una síntesis de varios casos mediáticos ocurridos a lo largo de la década de 2010, todos ellos situados en los países escandinavos, desde una familia polaca en conflicto con las autoridades danesas hasta una familia india en conflicto con el Estado sueco. Pero se inspiró sobre todo en el caso de Ruth y Marius Bodnariu, en Noruega en 2015: a la pareja (marido rumano, esposa noruega) se le retiró la custodia de sus cinco hijos tras una primera denuncia.

El caso había suscitado una ola de indignación por parte de colectivos de extrema derecha, que denunciaron “secuestros” de niños. Se celebraron manifestaciones en varios continentes, organizadas por activistas convencidos de que eran los valores de los Bodnariu, cristianos evangélicos, los que estaban en el punto de mira de un Estado, Noruega, conocido por su progresismo.

El cineasta rumano, que ya se alzó con el oro en Cannes en 2007 (Cuatro meses, tres semanas y dos días, una historia sobre un aborto ilegal a finales de la era Ceaușescu), dice que eligió Noruega como escenario por motivos de claridad: “La historia podría tener lugar en cualquier otro país nórdico”, afirma en el dossier de prensa. “Vistos desde la distancia, los países nórdicos parecen estar a la vanguardia de los valores progresistas, por lo que resultaría más fácil comprender lo que está en juego en el conflicto si estallara en esta región del mundo".

En Cannes, parte de la prensa anglosajona criticó la mala elección del momento por parte del presidente del jurado, el surcoreano Park Chan-wook, quien, en estos tiempos de trumpismo y auge de la extrema derecha, habría actuado de forma muy poco acertada al otorgar la Palma de Oro a una película que examina las debilidades de las democracias liberales. Algunos críticos estadounidenses incluso habían expresado su incomodidad ante una “película MAGA”, en referencia al movimiento ultrarreaccionario de apoyo a Donald Trump.

Otros vieron en ella un largometraje manipulador que, bajo la apariencia de un himno a la complejidad y los matices, cae en un relativismo dudoso entre el progresismo y el conservadurismo. En resumen, un tema inflamable propicio para que lo aproveche la derecha más radical. “El verdadero juicio al que lleva la película, lejos de reflejar ningún tipo de equilibrio, no es más que el desmontaje sistemático de la sociedad woke”, se lee en los Cahiers du cinéma. “Fjord se mantiene lo suficientemente ambiguo de principio a fin como para prestarse finalmente a una instrumentalización por parte de la extrema derecha”, añade Libération.

Por el contrario, y sin que sea ninguna sorpresa, los medios de derechas, desde Le Figaro hasta Le Point, pasando por Valeurs actuelles, han elogiado la última obra de Mungiu, que, según ellos, hace gala de infinitas sutilezas para “desentrañar las fracturas ideológicas de Occidente”.

¿Qué pasa exactamente en la pantalla? Es difícil negar que el cineasta rumano demuestra empatía a la hora de filmar el drama que atraviesan los Gheorghiu. Aunque solo sea porque las estrellas internacionales de la película —Sebastian Stan y Renate Reinsve, muy convincentes en una especie de angustia sobria— encarnan a la pareja ultraconservadora. Cuando la policía arranca una confesión al padre, se muestra a la familia como víctima de una justicia noruega poco preocupada por los derechos de defensa.

Por el contrario, los dos papeles femeninos que reflejan los entresijos del modelo noruego —la profesora que presentó la denuncia y la investigadora del Barnevernet, los servicios de protección de la infancia noruegos— parecen mucho más insulsos y monolíticos.

Y cuando los defensores de los Gheorghiu se indignan, al considerar que Noruega defiende mejor los derechos de los pueblos indígenas, en particular los de los saami, que los derechos de las minorías religiosas, a veces da la impresión de que es el propio cineasta rumano quien se expresa directamente, por la insistencia con la que se repite este argumento a lo largo de toda la película.

Pero Fjord también logra tejer otras tramas subyacentes, empezando por la relación incipiente entre las hijas de ambas familias, que alejan el largometraje de las aguas de una película tipo tesis, para adentrarse en los terrenos de un cine más conmovedor.

En el fondo, Mungiu da, sin embargo, la impresión de cultivar la vaguedad, más que la complejidad, al describir los entresijos del sistema de protección de la infancia en Noruega, que no es más que un telón de fondo sobre el que el cineasta proyecta un conflicto de valores. Aquí es donde la cosa se complica: a veces faltan escenas mejor documentadas para formular una crítica convincente del sistema.

Pero es aún más frustrante si se tiene en cuenta que las controversias suscitadas por el modelo noruego, que se esbozan en Fjord, constituyen un tema de debate apasionante, sobre todo si se compara con la situación en Francia, donde la cuestión de las “acogidas abusivas” y las deficiencias de la asistencia social a la infancia vuelven a surgir con regularidad en el debate público.

A grandes rasgos, los sistemas de protección de la infancia de ambos países comparten numerosos puntos en común. En particular, el hecho de que los servicios sociales intervengan en las familias en cuanto se denuncian casos de maltrato a las autoridades. Pero, a diferencia de Francia, Noruega nunca ha sido condenada por permitir que un niño muriera a manos de sus padres.

Aunque se acepta que el modelo noruego ha logrado prevenir mejor la violencia intrafamiliar, el país ha sido condenado en más de veinte ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulnerar el derecho a la vida privada y familiar de los justiciables. “En Noruega existe una especie de omnipotencia de los servicios sociales, o al menos un exceso de poder y de medios”, opina el abogado Grégory Thuan Dit Dieudonné, del Colegio de Abogados de Estrasburgo.

Este abogado ha conseguido que el TEDH condene en varias ocasiones tanto a Francia como a Noruega en asuntos relacionados con la protección de la infancia. “En Noruega, las decisiones de acogida son opacas y extremadamente complicadas de impugnar”, prosigue, lamentando una “influencia excesiva de los servicios sociales sobre los jueces”, que se supone deben controlar la regularidad del procedimiento.

“Es importante señalar que, en la mayoría de estos casos, el TEDH no consideró injustificada la decisión inicial de acogida —es decir, la retirada del menor en sí misma”, matiza Marit Skivenes, jurista y profesora de la Universidad de Bergen, en Noruega. “Las críticas se centraban esencialmente en los acontecimientos posteriores a dicha decisión: el régimen de visitas, los esfuerzos de reunificación familiar y la falta de motivación o justificación por parte del tribunal".

Grégory Thuan Dit Dieudonné, protagonista de uno de los grandes casos que conmocionó al país, subraya, sin embargo, que el sistema noruego ofrece “pocas posibilidades a los padres de restablecer un vínculo de calidad con su hijo”, una vez ordenada la acogida. Además, el país ha sido condenado por tratar injustamente a familias migrantes, cuyos principios educativos se consideraban incompatibles con las normas de la sociedad.

Y es sin duda ahí donde Fjord revela su verdadera carencia. Una vez transcurridas las casi dos horas y media, no sabes casi nada de lo que piensan los hijos de la familia Gheorghiu sobre las condiciones de su acogida. A los menores se les sigue tratando aquí como objetos, situados en el centro de un procedimiento judicial que, al igual que en el guion, apenas se les pide su opinión. Hasta tal punto que el público nunca les oirá comentar la educación estricta a la que están sometidos.

Sin embargo, la película conserva algunas escenas en las que los adolescentes logran eludir el conflicto político que libran los adultos: unos raros momentos de ternura que el propio director parece haber olvidado durante su estruendosa campaña promocional.

Hemos intercambiado correos electrónicos con Marit Skivenes durante la primera quincena de agosto de 2026.

Traducción de Miguel López

En tiempos más normales, el incidente habría acaparado toda la atención del mundo financiero. Ver cómo un hedge fund —un fondo especulativo que busca obtener una rentabilidad positiva en cualquier circunstancia— se hunde en dos días tras haber perdido más de 30.000 millones de dólares en un mes, incluso en Wall Street, donde ya solo se cuenta en miles de millones, no es algo anecdótico. Sin embargo, la caída del fondo Situational Awareness, creado hace apenas dos años por Leopold Aschenbrenner —presentado en su momento como un gurú de la inteligencia artificial—, apenas ha dado que hablar en el mundo financiero.

Es cierto que el rescate relámpago organizado por Citadel permitió evitar una catástrofe. Citadel recompró con carácter de urgencia una gran parte de la cartera de Situational Awareness a precio de saldo. Los financieros, aliviados, aplaudieron la iniciativa y compraron masivamente acciones de Citadel, que subieron un 6% en un solo día, para agradecerle su intervención. Había mucho en juego.

Todo está tan inextricablemente entrelazado en estos mercados financieros, convertidos en una especie de casinos permanentes que alimentan sin cesar la burbuja cada vez más gigantesca de la IA, que todos dependen de todos. Situational Awareness es un ejemplo perfecto.

Su cartera se concentraba en un número bastante reducido de empresas del sector de la IA. Había construido sus posiciones con un apalancamiento considerable, gracias a montañas de dinero prestado por fondos de crédito privado, que, a su vez, se habían endeudado fuertemente con los grandes bancos y con los bonos del Tesoro estadounidense como garantía de toda esta estructura de deuda.

Tranquilizados por esa solución, todos han vuelto a sus costumbres. El pequeño mundo de Wall Street ya solo tiene un tema de conversación: la próxima salida a bolsa de Anthropic, la empresa más destacada del sector tras el lanzamiento al mercado de su potentísimo modelo Mythos, hasta el punto de asustar a su creador y a sus usuarios.

Banqueros, operadores bursátiles y gestores de fondos ya se frotan las manos. Se prevé que la operación sea aún más gigantesca que la de SpaceX en primavera: podría alcanzar entre 1,7 y 2 billones de dólares.

Pero OpenAI, el competidor de Anthropic, también está en esa carrera. El creador de ChatGPT lleva mucho tiempo preparando su salida a bolsa. Está reestructurando toda su organización y apartando a los últimos responsables —¿demasiado rebeldes?— que participaron en sus inicios. Su director, Sam Altman, y sus banqueros apuntan alto para su salida a bolsa. Al menos tanto como Anthropic, si no más.

¿Quién se impondrá, Anthropic u OpenAI? La contienda apasiona a los financieros y todos empiezan a hacer sus apuestas. Curiosamente, casi nadie parece cuestionar las valoraciones anunciadas, superiores al PIB de tres cuartas partes de los países del mundo. Nadie se pregunta si los mercados financieros, ya saturados de deuda, pueden absorber cantidades tan colosales.

Pero no han faltado las alertas en las últimas semanas, tanto de los bancos centrales como de los economistas y de los propios mercados financieros, advirtiendo sobre esta burbuja de la IA que supera con creces todos los precedentes históricos. Los índices bursátiles estadounidenses han perdido más del 20% respecto a su máximo histórico. La Bolsa de Seúl, arrastrada de lleno por este frenesí en torno a la inteligencia artificial, se ha desplomado más de un 40% en una semana. Pero todo parece volver a la normalidad.

“Mientras la orquesta siga tocando, hay que seguir bailando”, explicaban algunos financieros al inicio de la crisis financiera de 2008. Los actores financieros parecen aferrarse de nuevo a ese dicho. Para la gran mayoría de ellos, la debacle que afectó al sector de la IA a principios de verano no fue más que un simple tropiezo. Otros no quieren perderse bajo ningún concepto la oportunidad de obtener ganancias fáciles, aunque sea por última vez, convencidos de que sabrán retirarse a tiempo si las cosas se tuercen.

Los propios grandes actores financieros alimentan esta creencia. Esta semana, Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs y KKR —es decir, algunos de los mayores grupos financieros estadounidenses— han anunciado la creación de un nuevo vehículo dotado con 500.000 millones de dólares junto con el fabricante de chips Nvidia, para ayudar a las empresas de IA a adquirir los superchips, de precio desorbitado, diseñados por el grupo de semiconductores.

En los mercados, las apuestas concentradas en un número muy reducido de valores son más descabelladas que nunca. El volumen de transacciones de los fondos cotizados en bolsa (en inglés exchange-traded fund, ETF) —que se han convertido en las herramientas preferidas para la especulación sobre la IA gracias a un fuerte efecto palanca— asciende ahora a 64.000 millones de dólares al día, frente a los 24.000 millones de principios de 2025, según los cálculos de Bloomberg. “Todo esto es insostenible”, predicen los analistas financieros.

El economista estadounidense Charles Kindleberger, especialista en las crisis del capitalismo occidental, ha documentado exhaustivamente, sobre todo en su libro Manias, Panics and crashes (2011), las crisis a lo largo de los siglos, basándose en los trabajos de Hyman Minsky. Desde la locura de los tulipanes en Ámsterdam en el siglo XVII hasta la crisis financiera de 2008, el mecanismo es siempre el mismo. Al no obedecer a ninguna racionalidad, contrariamente a lo que sostiene la economía clásica, los mercados bursátiles alternan entre la euforia extrema, que alimenta las burbujas, y el pánico, que provoca las crisis.

Pero hay un momento concreto en este ciclo. Tras alcanzar su máximo, los mercados financieros comienzan a bajar y luego se detienen un momento: entre quienes piensan que lo peor ya ha pasado, que la corrección ha puesto los contadores a cero y que todo volverá a ser como antes, y quienes empiezan a asustarse, las fuerzas se equilibran durante un breve lapso de tiempo, antes de que la burbuja estalle de verdad.

Quizá sea este breve momento de respiro el que están viviendo actualmente los mercados bursátiles.

De hecho, tras la aparente calma en la superficie, en las profundidades hay fuertes turbulencias. Los analistas, incluso en los bancos más importantes como JPMorgan, llaman a la prudencia. La volatilidad en los mercados, motor de la especulación, ha caído a sus niveles más bajos, señalan. Pero, en lugar de verlo como una vuelta a la normalidad, interpretan este descenso como la señal de salida de los inversores, que se marchan de puntillas.

En los mercados de deuda se acumulan las tensiones. Los fondos de crédito privado que han alimentado la especulación se enfrentan a solicitudes de retirada difíciles de reembolsar. Cada vez son más los que se alejan de la alta tecnología para volver a la “vieja economía”. Está repuntando rápidamente  la tasa de impago de los créditos concedidos a las empresas —supera el 11%— y muchas deudas pasan a la categoría de junk bonds (bonos basura).

Entre muchos inversores parece cundir el malestar, como ha señalado esta semana Nicolai Tangen, director del fondo soberano noruego. Sin embargo, el directivo tenía todos los motivos para estar satisfecho: su fondo, uno de los más grandes del planeta con 2,3 billones de dólares en activos, acababa de registrar los mejores resultados de su historia: 150.000 millones de dólares de beneficios en el primer semestre. Pero en lugar de alegrarse expresó más bien sus temores por el futuro debido a “la extrema concentración” de su cartera en unas pocas grandes empresas, a la IA y a las “valoraciones” del sector.

Unas valoraciones que han alcanzado niveles sin precedentes. Aunque el sector de la alta tecnología y el digital cayó un 20% a principios de verano, los indicadores bursátiles más utilizados, empezando por el PER (price earning ratio, obtenido al dividir el precio de cotización por el beneficio neto por acción), han alcanzado cifras históricas. Hoy en día, se sitúan de media en 41,2. A modo de comparación, alcanzaban los 25 en el punto álgido de la burbuja de Internet en el año 2000.

Pero esta vez es diferente, explican algunos financieros. Para ellos, el momento actual se asemeja más a la revolución del ferrocarril o de la electricidad que a la burbuja de Internet. La IA es portadora de las mismas transformaciones —quizá incluso más profundas— que las revoluciones industriales anteriores. A diferencia de la burbuja de Internet, añaden, las inversiones en IA se basan en activos reales: infraestructuras, centros de datos y centros de producción de energía. Todas ellas son inversiones físicas que permanecerán pase lo que pase. Basándose en este razonamiento, el fondo Situationnal Awareness llevó a cabo toda su estrategia hasta el colapso.

Desde hace unos meses, algunos observadores, escépticos ante las promesas de los gigantes digitales, han empezado a hacer cuentas. La escalada de inversiones en centros de datos, producción de energía y otros ámbitos solo puede conducir a la creación de un exceso de capacidad y a gastos imposibles de amortizar. Según el semanario The Economist, el sector debería alcanzar al menos una facturación acumulada de 2,3 billones de dólares al año para obtener un retorno de la inversión.

Pero existen numerosos obstáculos para rentabilizar la IA. En primer lugar, los primeros usuarios se han acostumbrado a que las herramientas de inteligencia artificial sean gratuitas y se muestran reacios a pagar. En segundo lugar, una vez superados los primeros momentos de descubrimiento y asombro, el uso de las herramientas de inteligencia artificial se estanca o incluso disminuye en muchas empresas.

Además, los gigantes digitales deben hacer frente ahora a una competencia china que no habían previsto. En contraposición a sus modelos propietarios y de pago, los grupos chinos ofrecen herramientas casi igual de eficaces y gratuitas. Un argumento de peso para muchas empresas, sobre todo en los países emergentes, pero no solo allí.

Un tanto desconcertados por estos argumentos, los inversores han acogido con entusiasmo los últimos resultados de OpenAI y de Anthropic, que siguen al alza. Para ellos, esto es la prueba de que los gigantes digitales son capaces, tal y como no han dejado de proclamar, de obtener beneficios cada vez más sustanciales gracias a la IA.

Más allá de estos argumentos, los inversores que apuestan por la IA tienen una convicción muy arraigada: los gigantes digitales, gracias a su avance tecnológico, su poderío financiero y su cuasimonopolio mundial, no pueden hundirse. Ningún viento en contra puede hacerlos zozobrar, ni siquiera sacudirlos.

El futuro dirá si estos titanes de la IA, más allá de los cambios tecnológicos, económicos e incluso civilizatorios que anuncian, también pueden reescribir los ciclos financieros y romper con la sucesión de burbujas y crisis bursátiles. Si es que esta vez es realmente diferente.

Traducción de Miguel López

Meta afronta desde el pasado martes uno de los mayores juicios de su historia por los posibles daños de sus redes sociales, Facebook e Instagram, a la salud de los menores. La compañía ha sido demandada por varios estados que exigen cambios en el diseño y funcionamiento de las aplicaciones y compensaciones económicas cuya cuantía no han concretado, aunque han admitido que podrían rondar los 200.000 millones de dólares. Meta, por su parte, calcula que las sanciones máximas podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares, una cifra que utiliza para argumentar que la reclamación es desproporcionada. La cuantía final, en caso de condena, corresponderá al tribunal. 

Los demandantes acusan a Meta de diseñar e implementar funciones en Instagram y Facebook destinadas a fomentar un uso compulsivo entre niños y adolescentes, pese a conocer los posibles daños para su salud física y mental. También sostienen que la compañía recopiló datos personales de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en contra de la legislación federal. Meta niega las acusaciones. 

El juicio, que se celebra en el tribunal federal de Oakland (California), está previsto que dure entre cuatro y seis semanas. Se enmarca, además, en una oleada mucho más amplia de litigios: Meta, TikTok, Google y Snap afrontan más de 3.000 demandas individuales de jóvenes y familias que atribuyen a sus productos un carácter adictivo y daños a la salud mental. 

Este es uno de los mayores retos judiciales para Meta, que este mismo año ya ha sufrido importantes reveses en casos relacionados con la protección de menores. En Nuevo México, las condenas y medidas económicas impuestas a la compañía ascienden a 942 millones de dólares; y, en Los Ángeles, un jurado declaró responsables a Meta y YouTube en un caso sobre adicción a las redes y concedió seis millones de dólares en daños a la demandante. Meta ha anunciado recursos contra esas decisiones. 

El juicio tiene su origen en el litigio iniciado en 2023 por los fiscales de 29 estados del país. En esta primera vista participan California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que sostienen que la empresa diseñó e implementó funciones perjudiciales en sus plataformas que generan adicción en menores de edad y vulneró leyes federales y estatales, incluida la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA).

Rob Bonta, fiscal general de California, declaró antes de comenzar el juicio: “Una de mis funciones más importantes como fiscal general es proteger a nuestros hijos de cualquier daño. Tal como alega nuestra demanda, Meta prioriza las ganancias sobre la seguridad de los niños y viola constantemente las leyes de protección al consumidor”.

Ya ante el tribunal, la fiscal general adjunta de California Megan O'Neill sostuvo en sus argumentos iniciales: "El modelo de negocio de Meta se puede resumir en cuatro pasos sencillos: enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público (...) Meta se aprovechó del funcionamiento del cerebro de los menores".

Arturo Béjar, exingeniero de seguridad y exasesor de bienestar de Meta, dio la razón a los demandantes, declarando que informó en numerosas ocasiones acerca de los fallos de seguridad de las aplicaciones exponiendo su caso personal.

Su hija, usuaria de Instagram, recibió un mensaje de contenido sexual y no consiguió denunciarlo por ningún cauce a través de la aplicación: “Los jóvenes estaban sufriendo daños a un ritmo extraordinariamente alto”, aseguró ante el tribunal.

Por su parte, los abogados de la multinacional rechazaron las acusaciones. Paul Schmidt, abogado, aseguró que la compañía “discrepa rotundamente” y defendió las medidas adoptadas para proteger a los menores, entre ellas la eliminación de 600.000 cuentas creadas por usuarios menores de 13 años. También pidió al jurado que mantuviese “la mente abierta”.

Se espera que a lo largo del juicio presten declaración Adam Mosseri, responsable de Instagram, y Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta.

La forma en la que están diseñadas las redes sociales puede favorecer un consumo compulsivo de contenido, según sostienen los demandantes y distintos reguladores. Funciones como el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones o los sistemas de recomendación personalizados se encuentran precisamente en el centro de las investigaciones sobre el diseño de estas plataformas. 

En 2018, Aza Raskin, creador del scroll infinito, comparó este tipo de mecanismos con la droga: "Es como si estuvieran tomando cocaína y la rociaran por toda la interfaz, y eso es lo que te mantiene con ganas de regresar una y otra vez". 

También en Europa se ha estrechado el cerco regulatorio. El 10 de julio de 2026, la Comisión Europea concluyó preliminarmente que el diseño adictivo de Instagram y Facebook incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA). Y unos meses antes, el 29 de abril, la Comisión ya había concluido preliminarmente que Meta incumplía la DSA por no adoptar medidas suficientes para impedir el acceso de menores de 13 años a Facebook e Instagram, pese a que esa es la edad mínima establecida por las propias plataformas. 

El resultado del juicio de Oakland puede convertirse en un punto de inflexión en la batalla judicial y regulatoria por la protección de los menores en las redes sociales. Más allá de las sanciones económicas, una de las principales incógnitas es si el tribunal obligará a Meta a modificar algunos de los mecanismos con los que Facebook e Instagram buscan mantener la atención de sus usuarios.

Precisamente frente a un lugar conmemorativo dedicado a las víctimas del terrorista Mohammed Merah fue donde cuatro personas decidieron hacer saludos nazis. La noche del sábado 8 de agosto, el grupo fue visto cerca de una sinagoga de Sarcelles (Val-d’Oise), frente a una placa que conmemora a las víctimas del atentado contra la escuela judía Ozar Hatorah de Toulouse, el 19 de marzo de 2012.

Dos jóvenes de 19 años, un franco-ucraniano y un ruso, fueron detenidos y posteriormente juzgados el martes 11 de agosto en Pontoise por apología del terrorismo. Ambos reconocieron haber realizado esos gestos: uno fue condenado a seis meses de prisión adaptada, y el otro a ocho meses de prisión efectiva, con mantenimiento en prisión preventiva hasta su expulsión del territorio francés.

El suceso se produce pocos días después de un incidente ocurrido en el Museo de la Resistencia y la Deportación de Besançon, donde dos personas realizaron el mismo gesto, el lunes 3 de agosto, ante la bandera del Tercer Reich. El museo ha registrado cuatro casos en 2024, cinco en 2025 y ya doce este año. “Cada vez que se comprueban los hechos, se presenta una denuncia, ya se trate de personas mayores de edad o menores”, señala Christine Werthe, adjunta a la Ciudadela, que gestiona el museo.

Por parte del ministerio público, Isabelle Rollet, vicefiscal de la República en Besançon, confirma que los hechos denunciados en el museo dan lugar sistemáticamente a una investigación. Los dos implicados fueron interrogados por los hechos más recientes a principios de agosto. El expediente debe remitirse ahora a la fiscalía, que decidirá las medidas a adoptar en función del perfil de los implicados.

Según las circunstancias, el saludo nazi puede dar lugar a un proceso por apología de crímenes contra la humanidad o incitación al odio racial, con penas que pueden alcanzar los cinco años de prisión y una multa de 45.000 euros. A pesar de este marco penal, el gesto reaparece con regularidad en los espacios públicos e incluso parece estar normalizándose.

Para Stéphane François, historiador de las ideas y especialista en extrema derecha, esta banalización va de la mano de “un racismo y un antisemitismo sin complejos” que ocupan un lugar cada vez mayor en el espacio público. Las reacciones suscitadas recientemente por la llegada de varios miles de exiliados marroquíes a Ceuta constituyen un nuevo ejemplo de ello.

El 31 de julio, en Madrid, la activista de extrema derecha Isabel Peralta realizó un saludo nazi durante una concentración frente a la embajada de Marruecos. Coreó “Muerte al invasor”, y fue grabada, con el brazo extendido, entre los aplausos de sus seguidores. Luego, ella misma difundió el vídeo en las redes sociales, unos días después de que se confirmara su condena a un año de prisión por incitación al odio durante manifestaciones anteriores.

Sin ningún tipo de reparo, el saludo nazi y los comentarios racistas también se hacen patentes fuera de las concentraciones de la extrema derecha. En abril, durante un banquete del “Canon français” en Caen, que reunió a más de 4.000 personas, un periodista de France Inter presente en el lugar informó de comentarios racistas, entre los que se encontraba el eslogan “El cerdo hace huir”, en referencia a los musulmanes, así como un gesto similar al saludo nazi.

La referencia al nazismo ya no se limita necesariamente al exterminio de los judíos. Tras la guerra, las corrientes neonazis ampliaron progresivamente esta visión a la defensa de una supuesta “raza blanca” y, con ella, a la denuncia de la inmigración. “Ahora, el objetivo también son los árabes y los negros”, explica Stéphane François, autor de El ocultismo nazi (ediciones CNRS, 2020).

En Guiche, en los Pirineos Atlánticos, este cambio de enfoque se puso de manifiesto en los hechos ocurridos durante la noche del 14 al 15 de marzo, en una fiesta organizada con motivo del partido Francia-Inglaterra. Dos hombres que llevaban camisetas con la inscripción “Gendarmería” se grabaron a sí mismos alardeando de haber “atrapado a tres moros”, y uno de ellos terminó el vídeo haciendo un saludo nazi ante la cámara.

Mariel Garrigos, fiscal de la República en el tribunal judicial de Bayona, indicó a Mediapart que se había identificado a los dos hombres. Serán juzgados el 8 de septiembre ante el tribunal correccional de Bayona por incitación pública al odio o a la violencia y por llevar ilegalmente un uniforme.

Nicolas Lebourg, investigador y autor del libro ¿Han sobrevivido los nazis? (editorial Seuil, 2019), también constata que el gesto “se está poniendo de moda”. Un punto de inflexión fue el gesto realizado por Elon Musk el 20 de enero de 2025, durante la concentración organizada con motivo de la segunda toma de posesión de Donald Trump. Por mucho que Musk haya negado cualquier intención nazi y haya hablado de un gesto malinterpretado, resulta difícil separarlo del resto de sus posturas, él que, en particular, ha multiplicado las declaraciones a favor de la “raza blanca”.

En noviembre de 2023, el CEO de Tesla ya había respondido “Has dicho la pura verdad” a un mensaje antisemita publicado en su red social X, que acusaba a la población judía de favorecer la llegada de “hordas de minorías” para sustituir a la población blanca occidental. Unos meses más tarde, a finales de diciembre de 2024, rebautizó su cuenta de X como “Kekius Maximus” y adoptó como foto de perfil una versión de Pepe the Frog, que luego se ha convertido en un símbolo de la derecha alternativa (alt-right) estadounidense.

Emmanuel Casajus, investigador de la Universidad Paris-Cité y especialista en los códigos de los movimientos nacionalistas, ve en Musk una mezcla de “tecnofuturismo”, “supremacismo blanco” y “cultura troll”, a lo que se suma un lado “ultramegalómano”. El saludo de enero de 2025 se inscribe, según él, en “toda una ideología de la cultura geek”. El gesto no tardó en difundirse por Internet y convertirse en un meme (contenido ampliamente difundido y adaptado en la red), con imágenes generadas por inteligencia artificial, referencias a la Antigüedad romana o incluso guiños a 4chan, un foro estadounidense muy visitado por la extrema derecha.

Para Nicolas Lebourg, es precisamente esta posibilidad de jugar con el significado del gesto lo que alimenta la ambigüedad. “Se puede hacer un saludo nazi y decir que quien diga que es un saludo nazi es un imbécil”, explica el historiador. Antes de la aparición de estas culturas en las redes, las referencias se asumían de forma más directa y eran más difíciles de utilizar en contra de quien las denunciaba.

“Hay que entender que, para ellos, todo eso es una broma”, explica Emmanuel Casajus. “Pero no hay que olvidar que el humor es la mejor forma de banalizar”. Una defensa que recuerda a la ya esgrimida en torno a la “quenelle”, un gesto popularizado por el humorista Dieudonné M’Bala M’Bala.

Aunque sus simpatizantes lo presentan como un simple gesto humorístico o provocador, la justicia lo ha sancionado constantemente por su connotación antisemita cuando se realizaba ante lugares o símbolos vinculados a la comunidad judía.

Por su parte, el historiador Stéphane François se niega a considerar el saludo nazi como un gesto desprovisto de significado político. No faltan ejemplos. En febrero de 2025, durante la CPAC (Conservative Political Action Conference) en Washington, Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, concluyó su discurso con un saludo nazi. En el mismo estrado, el actor y activista mexicano de extrema derecha Eduardo Verástegui también reprodujo el gesto.

En Francia, Anthony Thoma, antiguo compañero de candidatura del partido Reconquista en las elecciones municipales de Mulhouse, fue condenado el 30 de julio a tres meses de prisión condicional por un saludo nazi realizado el 8 de marzo durante una manifestación por los derechos de las mujeres. Negó haber querido hacer ese gesto, a pesar de que se encontraron en su teléfono y en su ordenador varias imágenes relacionadas con la Alemania nazi. En Finisterre, Jean-Yves Queinnec, que fue candidato del Frente Nacional, abandonó por su parte una conferencia de la Liga de los Derechos Humanos en mayo de 2024 haciendo un saludo nazi y gritando Heil Hitler, tras pronunciar un discurso dirigido contra los inmigrantes.

El legado del nazismo no solo se refleja en los gestos y los símbolos, sino también en los discursos. Se manifiesta, en particular, a través de una reescritura de la historia, como cuando Elon Musk volvió a recordar el domingo 9 de agosto que Hitler habría sido un "socialista de extrema izquierda". Y esta batalla no se libra únicamente en el terreno histórico: también afecta a la forma en que concebimos la economía y el poder. A medida que los fracasos del neoliberalismo alimentan las críticas, una parte del capital busca ahora en la extrema derecha una respuesta alternativa, aunque ello suponga retomar ciertos resortes de la economía fascista.

Traducción de Miguel López

El Ejército de Israel admitió este miércoles por primera vez haber perpetrado el ataque en enero de 2024 contra el vehículo de la niña Hind Rajab que acabó con su vida y la de su familia en Gaza, y anunció que ha abierto una investigación penal por los disparos de militares israelíes contra el vehículo y la ambulancia que fue a asistirlo.

"Las conclusiones de la investigación indican que las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) dispararon contra un vehículo que se acercaba a ellas", recoge un informe de las fuerzas armadas sobre este y otros cuatro ataques conocidos internacionalmente, que identifica el coche como el de los familiares de la niña de cinco años, los Hamada.

Es la primera vez que el Ejército, que hasta ahora sostenía que no había tropas en la zona del ataque, reconoce con una investigación haberlo perpetrado.

A raíz de un reporte elaborado por el Mecanismo de Investigación y Evaluación del Estado Mayor (FFAM) de Israel, el informe explica que la Fiscalía Militar ordenó abrir una investigación penal a la luz de estos hallazgos, que llevará a cabo la División de Investigación Criminal de la Policía Militar.

La Fiscalía Militar tomó decisiones sobre otros cuatro ataques, entre ellos los bombardeos contra el convoy de World Central Kitchen (WCK, la ONG del chef español José Andrés) en abril de 2024 en el que murieron siete trabajadores.

En este último caso, el informe desvela que la Fiscalía decidió no abrir una investigación penal ni tomar más medidas contra los involucrados más allá de las ya ejecutadas.

Son los cinco primeros ataques sobre los que la Fiscalía Militar toma una decisión del total de 150 investigaciones que se han completado. Un oficial de las fuerzas armadas indicó a EFE que hay "cientos" bajo revisión, sin especificar la cifra.

El Ejército de Israel admite que disparó contra el vehículo de la niña e incide en que su presencia allí contravenía una orden militar a los residentes de esa zona de la ciudad de Gaza (norte). Cinco personas murieron en el tiroteo inicial y dos sobrevivieron: Hind y su prima, Layan Hamada (15 años).

"En las horas inmediatamente posteriores a los disparos, tras una llamada telefónica a las autoridades de rescate, en la que las dos chicas participaron y luego solo Hind, se coordinó el movimiento con una ambulancia de la Media Luna Roja Palestina para evacuar las bajas", recoge el informe.

Cuando el texto alude que Hind continuó la llamada sola, no explica a que Layan murió en un segundo tiroteo contra el coche. Según la investigación de Forensic Architecture, antes de que en conexión telefónica se escuche la oleada de disparos que presuntamente la mató, Hamada dice: "Están disparándonos, tengo el tanque al lado".

Pese a la coordinación alegada por las fuerzas armadas, cuando la ambulancia de la Media Luna Roja llegó a socorrerlas, se disparó un misil contra el vehículo, matando a dos paramédicos.

Aunque el Ejército no reconoce explícitamente este bombardeo, sí lo incluye junto al tiroteo del vehículo como los indicios que llevan a abrir una investigación penal.

El coche, un Kia Picanto, tenía 335 agujeros de bala, según el estudio de Forensic Architecture. Hind Rajab permaneció más de tres horas al teléfono hasta que se perdió la conexión.

La Fiscalía Militar también decidió abrir una investigación penal por la emboscada de las tropas israelíes contra varias ambulancias de la Media Luna Roja, un camión de bomberos y un coche de la ONU en Tal al Sultán (sur de Gaza) en marzo de 2025.

"Las tropas en el terreno, que se encontraban en posición de emboscada, dispararon contra un vehículo que identificaron como perteneciente a Hamás", alega el texto.

Primero, las tropas dispararon contra un convoy de cinco ambulancias (señalizadas e iluminadas) de la Media Luna Roja. Quince minutos después abrieron fuego nuevamente contra el camión de bomberos y la ambulancia que llegaron para asistir a las primeras víctimas.

Cuando llegó un último vehículo, perteneciente a la UNRWA, dispararon de nuevo. En total murieron 15 personas entre rescatistas y paramédicos, de las cuales el Ejército sostiene que seis pertenecían a Hamás.

Por lo ocurrido, el Ejército cesó del cargo al vicecomandante de Reconocimiento de la Brigada Golani (un conocido grupo de infantería) y reprendió al comandante de la 14ª Brigada del Ejército.

"Tras constatar que los disparos realizados durante el incidente suscitan una sospecha razonable de conducta delictiva, se ha decidido que la Policía Militar inicie una investigación penal sobre el incidente", recoge el comunicado.

El informe del Ejército evalúa también dos ataques de las tropas a Médicos Sin Fronteras: uno contra una de sus sedes en Jan Yunis en 2024, en el que murieron dos de sus trabajadores; y otro contra uno de sus convoyes en la ciudad de Gaza en noviembre de 2023.

En ninguno de los casos, pese a reconocer "muertes trágicas" o una actuación de las tropas sin la debida información, se abrió una investigación penal.

Seudónimo: “ZeroBytes”. Motivación: “El dinero y la búsqueda del poder”. Dos piratas informáticos que se identifican como franceses revelaron, el miércoles 12 de agosto, que en el mes de junio se habían hecho con cientos de miles de datos fiscales de particulares y empresas sustraídos a la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFIP) francesa, y que ahora los tenían en venta. Al parecer, ya se habría producido una transacción con “dos compradores” por “varios miles de euros”, según indicó ZeroBytes a la AFP el lunes 17 de agosto. Los hackers precisan que “los datos siguen en venta”.

Tal y como confirmó el 14 de agosto un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas francés, en total se extrajeron los datos de 678.000 particulares y empresas para su reventa. “De los cerca de 700.000 […] afectados por este robo de datos, casi la mitad son particulares”, precisa además el ministerio a Mediapart.

A partir de ahora, todas estas personas y entidades serán informadas por la DGFIP, cuyo contacto debe comenzar “lo antes posible”, según indicó el primer ministro, Sébastien Lecornu, al término de una reunión del comité interministerial de crisis, convocada el lunes 17 de agosto por la tarde. Durante esta reunión, Matignon (sede de la oficina del primer ministro, ndt) también solicitó “una auditoría exhaustiva” a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi) y “la aceleración del plan de seguridad de los sistemas de información del Estado”, ya anunciado a finales de abril.

Además de estos datos fiscales, el dúo ZeroBytes, que en el pasado reivindicó ataques contra Intermarché y la Federación Francesa de Balonmano, afirmó el 15 de agosto en la web French Breaches (especializada en documentar fugas de datos en Francia) haber pirateado, en julio, el servidor profesional de datos catastrales que recoge información sobre los bienes inmuebles de la población francesa. Al parecer, se habrían sustraído los datos de más de dos millones de propietarios. En su comunicado, el Ministerio de Finanzas confirma “la consulta de datos catastrales”, pero no la cifra mencionada por los piratas informáticos.

El sábado 15 de agosto, la Fiscalía de París anunció la apertura de una investigación por “extracción fraudulenta de datos” y “asociación ilícita” y, al día siguiente, los senadores socialistas han exigido una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer este ataque informático a gran escala, que afecta a datos especialmente sensibles.

Por parte de los funcionarios de la DGFIP, “está creciendo una enorme indignación”, precisa a Mediapart Solidaires Finances publiques, el principal sindicato de la DGFIP. Este último ya había alertado a la dirección, en junio, sobre los riesgos de “piratería informática, suplantación de identidad o phishing dirigido”. Pero no sirvió de nada.

¿Qué datos se han robado y cómo? ¿Cuándo se informó a la Administración y qué advertencias se formularon antes de que se revelara el ataque informático masivo? Mediapart hace un repaso de lo que los senadores socialistas califican hoy como “el ciberataque más grave de nuestro país”.

Se trata de datos fiscales “como la base imponible de referencia, el coeficiente familiar o el tipo de retención en origen”, indica Finanzas. En el caso de las empresas, se trata de “su razón social o su SIREN [sistema de identificación del registro de empresas – ndr]”. El Ministerio de Finanzas asegura, por su parte, que los espacios personales de la web oficial “no se han visto comprometidos”, ya que no han conseguido las contraseñas ni los datos de acceso.

En cuanto a los datos catastrales, Finanzas hace referencia a “datos relativos a las direcciones y las superficies de los bienes inmuebles”, calificando, según Libération, su “grado de sensibilidad inferior” al de los datos fiscales. “¡Es increíble que digan eso!”, reacciona Sandra Demarcq, secretaria general de Solidaires Finances publiques, contactada por Mediapart. “El catastro es un enorme fichero que recoge información relacionada con el patrimonio de las personas: quién es propietario de qué, cuántos metros cuadrados tiene, pero también la dirección. ¡No son datos menos sensibles!”

Sandra Demarcq identifica “dos tipos de amenazas” tanto para los particulares como para las empresas. “Si te ves afectado, corres el riesgo de recibir correos electrónicos falsos o llamadas falsas haciéndose pasar por la Dirección General de Finanzas Públicas. La información será tan precisa —con tu renta fiscal de referencia, por ejemplo— que podrá parecer creíble.” Y añade: “Podrían pedirte que actualices tu IBAN o anunciarte una devolución para así conseguir tus datos bancarios”, advierte la sindicalista.

Su compañero Benjamin Gandouin, secretario nacional de Solidaires Finances publiques responsable de cuestiones informáticas, advierte también sobre un cruce de datos, procedentes de otras filtraciones “como datos médicos”, que da lugar a “una selección muy precisa y personalizada” de los intentos de estafa. También teme que haya amenazas “de chantaje o extorsión” por parte de personas con acceso a los ingresos fiscales de referencia y a las direcciones postales de los contribuyentes acomodados.

Estas preocupaciones las comparte la CGT de Finanzas Públicas, la segunda fuerza sindical de la DGFIP, que se hace muchas preguntas. “Como funcionarios de Finanzas, estamos sometidos a un estricto control y vigilancia —lo cual es normal— y disponemos de medios de acceso a los datos muy limitados”, comenta Fanny de Coster, secretaria general del sindicato. “Un funcionario no puede consultar cualquier perfil fiscal sin arriesgarse a una sanción disciplinaria. ¿Y los piratas informáticos han podido acceder a los expedientes? Eso nos cabrea mucho.”

Según ha admitido el propio ministerio, los ciberdelincuentes tuvieron acceso al sistema de información de la Dirección General de Finanzas Públicas en junio y julio a raíz de “la suplantación de las credenciales de un funcionario de la DGFIP y de un tercero autorizado”. Estas intrusiones, subraya el comunicado oficial, se detectaron en su momento y la DGFIP asegura haber tomado las medidas necesarias: “interrumpió inmediatamente el acceso a todas las cuentas utilizadas en los incidentes identificados”, precisa el Ministerio.

El problema es que, al parecer, nadie se percató entonces de que se habían sustraído cientos de miles de datos de particulares y empresas. “Los controles de acceso realizados en esa ocasión no permitieron detectar que estas intrusiones habían dado lugar a robos de datos, debido a la sofisticación del ataque”, justifica el ministerio.

“En el mejor de los casos, es una mentira; en el peor, ¡es incompetencia total!”, alega un funcionario de la DGFIP que prefiere permanecer en el anonimato. “¡Preferiría que fuera una mentira!”, reacciona Fanny de Coster, de la CGT de Finanzas Públicas. “¡Porque sería realmente muy preocupante que no se hubieran enterado de nada!”, dice toda alarmada, y lamenta además que tanto los sindicatos como el conjunto de empleados hayan sido informados de este ataque informático… a través de la prensa, después de que ZeroBytes reivindicara el ataque.

“Estamos convencidos de que la dirección estaba al corriente del robo de datos y no informó al público, a pesar de que la ley le obliga a hacerlo en caso de fuga de datos personales”, afirma por su parte Sandra Demarcq, secretaria general de Solidaires Finanzas Públicas. De hecho, se debe notificar a la CNIL en un plazo de setenta y dos horas cuando se detecta una violación. “Si el ataque informático no se hubiera reivindicado el 12 de agosto, ¡nadie se habría enterado! ¡Ni los usuarios ni los funcionarios!”, se indigna la sindicalista. Al ser consultado por Mediapart, el Ministerio lo desmiente rotundamente: “Es inexacto afirmar que la administración conocía desde hacía dos meses la existencia de estos robos de datos sin comunicarlo”.

En el sindicato Solidaires Finances publiques están muy indignados porque sus miembros alertaron, ya el 18 de junio, a la Dirección General de Finanzas Públicas sobre los riesgos “a muy corto plazo” de filtraciones tras violaciones de datos ya sensibles. A principios de junio, “Tchap”, el servicio de mensajería segura del Estado, fue pirateado antes de que se produjera una filtración de datos en el portal France Services, reivindicada a mediados de junio. “En nuestra opinión, los piratas informáticos obtuvieron las identidades de los funcionarios públicos en Tchap y, a partir de ellas, pudieron infiltrarse en France Services”, explica Benjamin Gandouin, secretario nacional del sindicato. “Alertamos de que esas dos filtraciones estaban sin duda relacionadas y de otras posibles violaciones”, añade.

El correo dirigido a la Dirección de Finanzas al que ha tenido acceso Mediapart indica, en efecto, que es probable que se vean afectados funcionarios de la DGFIP y que la filtración del portal France Services “podría facilitar intentos de piratería, suplantación de identidad o phishing selectivo”.

Sandra Demarcq insiste: “Era una alerta grave sobre lo que podía suceder, pero en julio recibimos una respuesta lacónica en la que se nos decía que todo estaba bajo control y que no se había producido ninguna filtración de datos importante”. Y añade, con amargura: “La Dirección General de Finanzas Públicas siempre nos trata con condescendencia y nos acusa de querer generar ‘polémica sindical’. Nunca se toma en serio nuestras reivindicaciones ni nuestras alertas sobre nuestra seguridad informática”.

La pasada primavera, la DGFIP detectó además una importante filtración de datos en el fichero Ficoba, que recoge todas las cuentas bancarias abiertas en entidades francesas, con el resultado de 1,2 millones de cuentas afectadas. “Ya fue una suplantación de identidad lo que provocó esta violación”, precisa Benjamin Gandouin. “¡Hubo una gran crisis y un plan de acción con medidas de seguridad supuestamente reforzadas! Así que realmente no entendemos cómo se ha llegado a esto. ¡Es algo sin precedentes, esta vez es una crisis monumental!”, concluye.

En un mensaje publicado en X el sábado 15 de agosto, David Amiel, ministro de Acción y Cuentas Públicas, indica que la DGFIP “al igual que muchos servicios públicos”, repele a diario numerosos ataques. Pero reconoce que se han producido fallos en materia de protección. “En este punto, debemos ser sinceros: el Estado arrastra ciertas ‘deudas técnicas’ durante décadas, y nuestras directrices deben actualizarse con mucha mayor rapidez”.

El asunto está adquiriendo ahora un cariz político. Thierry Cozic, senador socialista por Sarthe y vicepresidente de la Comisión de Finanzas, reclama, en Le Figaro, una comisión de investigación parlamentaria en cuanto comience el curso político “para aclarar las numerosas zonas de sombra que sin duda aparecerán próximamente sobre lo que parece un saqueo sistemático del colador digital en que se ha convertido Francia”. También lamenta que la administración tributaria haya “esperado a que el pirata reivindicara públicamente la filtración para informar”.

El partido Agrupación Nacional sigue la misma línea: “¿Por qué el Gobierno no informó a finales de junio? ¿Por qué hubo que esperar a la reivindicación malintencionada del 12 de agosto?”, pregunta en la red social X su diputado Jean-Philippe Tanguy. Bruno Retailleau, el candidato presidencial del partido Los Republicanos, promete por su parte construir “una auténtica fortaleza digital” para “proteger los datos de los franceses”.

En la DGFIP, el sindicato Solidaires estará atento: “Es impensable que, a raíz de esta crisis, se busquen responsabilidades individuales”, advierte Sandra Demarcq, preocupada por que se culpe a los funcionarios tras esta fuga masiva de datos. “Esta crisis se debe a la falta de medios y a los recortes presupuestarios. Todo esto es culpa de los sucesivos gobiernos, en particular desde la llegada al poder de Emmanuel Macron. El único presupuesto que han destinado ha sido para desarrollar la inteligencia artificial”.

La CGT de Finanzas Públicas concuerda: “Sabemos muy bien que el riesgo cero no existe”, subraya Fanny de Coster. “Incluso con más recursos, siempre sería posible que se produjeran fugas. Pero no vamos a dejar de lado todas las decisiones presupuestarias y políticas tomadas en los últimos años”.

Traducción de Miguel López

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para lograr la paz.

"No hay conversaciones ni diálogos en curso, ni programados, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El Estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas", afirmó el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social.

Estas declaraciones, que reflejan la falta de una negociación oficial para acabar con la guerra, llegan un día después de que Trump asegurara que existía un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump confirmó las negociaciones con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, al margen de funcionarios y mediadores del Gobierno iraní, y aseguró a su vez que los ayatolás "deberían izar la bandera blanca de la rendición".

Respecto al Estrecho de Ormuz, Trump insistió en la idea que ya adelantó la semana pasada de que debería pasar a ser territorio estadounidense.

Este martes posteó en su red social una fotografía en la que se ve un mapa del Estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán. En la imagen, un círculo rodea el Estrecho de Ormuz bajo la leyenda "NUEVO territorio de Estados Unidos", acompañada de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

La guerra con Irán, que empezó el pasado 28 de febrero tras la ofensiva de EE.UU. e Israel y que está a punto de cumplir seis meses, se ha convertido en un conflicto enquistado sin que, por el momento, las negociaciones abiertas en varias ocasiones hayan conseguido avances significativos o un acercamiento en las posturas de las partes.

Una semana después del terremoto en Colombia, la gestión del nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella, empieza a verse marcada tanto por los problemas de coordinación y las polémicas como por la propia respuesta a la emergencia. A la movilización de miles de efectivos y los anuncios para atender a los damnificados se han sumado cambios de criterio sobre la llegada de ayuda internacional, trabas a algunos equipos extranjeros de rescate y una comunicación cada vez más centralizada en la figura del presidente.

El seísmo deja ya 289 muertos y más de 4.000 heridos, además de decenas de desaparecidos. Durante estos días, De la Espriella ha recorrido algunas de las zonas más afectadas, ha supervisado operativos y anunciado ayudas y medidas para afrontar una reconstrucción que empieza a convertirse en el otro desafío de su Gobierno.

Las polémicas llegan después de que, en las primeras horas posteriores al terremoto, el Ejecutivo aprovechara para ejecutar varios de sus principales giros en política exterior, entre ellos el acercamiento a Israel y la ruptura con la República Saharaui. Superado ese primer episodio, la atención se ha desplazado ahora hacia cómo ha administrado De la Espriella la emergencia durante su primera semana en el poder.

Uno de los principales focos de controversia ha sido la recepción de ayuda internacional. En las primeras horas, las autoridades colombianas trasladaron que el país disponía de suficientes equipos nacionales de búsqueda y rescate y que las necesidades se concentraban principalmente en alimentos, medicamentos, material sanitario y otros suministros.

El criterio fue cambiando a medida que avanzó la emergencia y acabaron abriendo la puerta a la llegada de grupos especializados de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, mientras otros ofrecimientos permanecían pendientes de autorización.

El caso de México evidenció especialmente las dificultades de coordinación. El Gobierno de Claudia Sheinbaum puso a disposición de Bogotá un equipo militar especializado en búsqueda entre estructuras colapsadas, pero los rescatistas no recibieron inicialmente autorización para desplazarse. Días después, la presidenta mexicana explicó que Colombia les había solicitado una certificación adicional.

Desde el Gobierno colombiano trataron entonces de desvincular al nuevo Ejecutivo de la negativa inicial. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló a Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el Gobierno de Gustavo Petro y todavía en el cargo cuando se produjo el terremoto. Pava había firmado una comunicación señalando que Colombia no necesitaba activar equipos internacionales de búsqueda y rescate porque las capacidades nacionales eran suficientes.

El exdirector reconoció la existencia del documento, pero defendió que respondía a la información disponible en aquel momento. También aseguró posteriormente que, cuando preguntó por posibles ofrecimientos procedentes de México y Chile, le comunicaron que no existían propuestas de ayuda de esos países.

La explicación del nuevo Gobierno, sin embargo, no acaba de resolver todo el episodio. Pava ya había sido sustituido cuando Sheinbaum explicó públicamente que sus rescatistas continuaban sin viajar porque Colombia exigía otra certificación. Las trabas al equipo mexicano, por tanto, se prolongaron después del cambio en la dirección de la UNGRD.

Las dudas sobre quién coordinaba la ayuda exterior también llegaron desde China. Su embajador en Bogotá reclamó públicamente y con carácter urgente que el Gobierno identificara a un interlocutor para organizar la asistencia ofrecida por Pekín. El Salvador, pese a la cercanía política de Nayib Bukele con De la Espriella, también explicó inicialmente que Bogotá había comunicado que no necesitaba rescatistas ni personal sanitario.

El terremoto sorprendió además al nuevo Gobierno en plena transición. De la Espriella llevaba apenas tres días como presidente y varios organismos clave continuaban bajo responsables nombrados por Petro, entre ellos la UNGRD. En ese escenario, el presidente fue concentrando progresivamente la dirección política y también el relato público de la emergencia. Después de las primeras intervenciones de responsables técnicos y miembros del Ejecutivo, la Presidencia pasó a protagonizar los principales balances y anuncios.

De la Espriella ha multiplicado desde entonces sus desplazamientos a las zonas afectadas, donde ha anunciado ayudas, visitado centros de coordinación y mantenido encuentros con damnificados. También ha colocado a la primera dama, Ana Lucía Pineda, en un lugar destacado dentro de la campaña destinada a canalizar donaciones privadas. La estrategia ha permitido al presidente proyectar una imagen de presencia permanente sobre el terreno, aunque algunas de esas apariciones han generado el efecto contrario al buscado.

Ya durante las primeras horas del terremoto, De la Espriella fue criticado por aparecer sonriente, saludar y lanzar besos antes de una comparecencia sobre las consecuencias del seísmo, unas imágenes que rápidamente circularon por las redes sociales.

A esa escena se ha sumado ahora otra. Durante una visita a Quibdó, una de las zonas afectadas por la catástrofe, el presidente apareció repartiendo balones de fútbol entre los vecinos, algunos con el lema Defensores de la patria. Las imágenes volvieron a desatar críticas por la elección del gesto en una región donde numerosas familias continúan pendientes de recibir ayuda y recuperar sus viviendas. En uno de los vídeos difundidos en redes se escucha incluso a una mujer cuestionar lo que había llevado el mandatario: “¿Y balón es que trajo?”.

Con las operaciones de búsqueda entrando en una nueva fase, la prioridad empieza ahora a desplazarse hacia la atención a los damnificados y la reconstrucción de las zonas destruidas. El terremoto ha dejado decenas de miles de viviendas destruidas o dañadas, además de colegios, centros sanitarios e infraestructuras afectadas. Las dificultades son especialmente graves en zonas rurales y aisladas del Chocó y del Pacífico, donde el acceso complica la llegada de recursos.

De la Espriella ha anunciado una emergencia económica para movilizar fondos, subsidios para las personas que no puedan regresar a sus hogares y diferentes planes para reconstruir viviendas e infraestructuras. También ha buscado financiación exterior y asistencia de organismos internacionales.

La llegada de esos recursos abre ahora una segunda etapa de la crisis. Si durante la primera semana las principales controversias estuvieron relacionadas con quién podía acudir a ayudar, quién tomaba las decisiones y cómo comunicaba el presidente sus actuaciones, la reconstrucción obligará al Gobierno a demostrar su capacidad para convertir los anuncios en ayudas efectivas.

“Mucha gente se pregunta: ¿por qué Lula quiere otro mandato más? Pues os lo voy a decir: ¡mientras siga vivo, no voy a dejar de luchar!”, afirma el presidente en ejercicio, de pie en medio de una multitud congregada en el estadio de São Bernardo do Campo, en el corazón del antiguo triángulo industrial paulista.

Tras una infancia marcada por la miseria en el noreste del país, Lula creció aquí. Aunque en una época se desinteresó por la política, luego se sumergió en ella para el resto de su vida. Bajo un sol abrasador, repasa sus años de juventud, rinde homenaje a los compañeros y compañeras asesinados y recuerda sus políticas pasadas.

Cinco décadas antes, siendo un joven sindicalista encaramado a una mesa, arengaba en este mismo estadio a los huelguistas sublevados contra la dictadura militar. La escena, inmortalizada en una foto icónica, marcó el inicio de su lento ascenso al poder. Al lanzar aquí su última campaña, Lula quiere recordar este legado a los votantes: “Debo evitar exponer mi cabeza al sol por motivos de salud, pero quiero quitarme el sombrero ante vosotros, que me acompañáis desde hace tanto tiempo.”

Bajo ese sombrero que no se quita desde que padeció un cáncer de piel, su cabello canoso se ha vuelto más escaso, mientras que su voz ya no tiene el alcance de antaño. Da igual, el viaje al pasado cautiva a Reinaldo, presente en la asamblea de los huelguistas. “Había más barro, menos estructura, pero la lucha continúa hoy. Tras todos los retrocesos, hace falta un cuarto mandato. No pensaba que tuviera que volver a votar por él, pero es el único que queda en la izquierda.”

Sus planes para el futuro quedan un poco relegados a la nostalgia, pero Lula esboza de todos modos un programa, en el que aboga por invertir en educación, en la explotación de las tierras raras y en la lucha contra la inseguridad. Insiste en este último tema, esencial para intentar recuperar terreno frente a la extrema derecha. Pero, como es habitual en él, enseguida abandona el teleprompter y se va por las ramas para deleite de los militantes del Partido de los Trabajadores (PT), que han venido desde lejos para el acto.

El partido ha dado la voz de reunión; se trata de mostrar fuerza en este inicio de campaña. “Hay que motivar a los nuestros, queremos al Lula luchador, no la versión peace and love; va a ser una campaña en la calle, dice entusiasmado Igor, un antiguo afiliado siempre dispuesto a plantar cara. “Solo hay que reorientar el discurso para unir fuerzas en la segunda vuelta.” En estas elecciones que se anuncian reñidas, volver a movilizar a su base también permitiría al partido reducir la abstención, tradicionalmente más alta entre los seguidores de Lula.

A sus 80 años, Lula quiere, en cualquier caso, demostrar que aún sabe luchar. Enérgico en el escenario, dramatiza y domina el espacio. Sabe que su actuación es objeto de un minucioso examen. Desde hace varios meses, su equipo hace todo lo posible para evitar que su edad sea un tema de debate, temiendo el “efecto Biden” y multiplicando los vídeos en los que aparece haciendo deporte para contrarrestarlo. “Es su último baile, está al final de su carrera, pero sigue estando en muy buena forma”, dice admirado Berenildo, venido desde São Paulo.

Pero el desgaste del poder es evidente, y el cansancio de verle participar en su séptima campaña presidencial afecta a una parte del país. El antipetismo, ese sentimiento de rechazo hacia el PT que nació al mismo tiempo que su partido, ha crecido a raíz de diversas crisis, pasando de las élites a contagiar a una parte importante de la sociedad.

“Es un odio auténtico, un sentimiento visceral; detestan a este Gobierno, haga lo que haga”, resume Francisco Fonseca, profesor de la PUC (Universidad Pontificia Católica) y de la FGV (Fundación Getulio Vargas) de São Paulo. Más allá de ese electorado irrecuperable, el tercer mandato de Lula no ha entusiasmado a nadie y está lejos de los picos de popularidad alcanzados en el pasado.

“En 2022, los innumerables errores de Jair Bolsonaro [el expresidente de extrema derecha, condenado por intento de golpe de Estado —ndr] le permitieron conquistar la mayoría de un electorado que, sin embargo, se había desplazado en gran medida hacia la derecha desde 2018”, analiza Creomar De Souza, director de Dharma Politics. “Ahora que lleva cuatro años en el poder, se le juzgará por su mandato. Tiene cosas que demostrar, pero hay una desilusión generalizada en el país.”

Estos cuatro años han estado marcados por algunos escándalos de corrupción —su hijo, en particular, es sospechoso de tráfico de influencias—, tensiones con un Congreso cada vez más voraz, ávido de desmantelar la legislación medioambiental, y luchas en el seno de su Gobierno.

Lula también ha cometido errores estratégicos, como un impuesto muy impopular sobre las importaciones de productos de bajo precio, mientras que el endeudamiento crónico de los hogares ha obstaculizado uno de los pilares de su modelo de desarrollo, que apuesta por el acceso al crédito de los más pobres para que participen en la sociedad de consumo. No obstante, se ha puesto en marcha un programa específico de renegociación de la deuda que podría servir para recuperar a algunas de las personas decepcionadas.

Aunque tiene un talento natural para comunicarse con las clases populares, Lula está, a pesar de todo, cada vez más desfasado, sobre todo en lo que respecta a las redes sociales y a los cambios en el mundo laboral, reconoce Vivianne, presente en el estadio: “La izquierda va muy a la zaga en Internet. Seguimos contando con la movilización en las calles y con los jóvenes en las universidades. Pero tenemos en frente a una extrema derecha que propone un modelo que seduce a muchos jóvenes de los barrios populares.”

Entre el fuerte rechazo hacia Lula y el que se siente hacia el clan Bolsonaro, un pequeño porcentaje de indecisos va a decidir el resultado de estas elecciones. Desde este punto de vista, la campaña descontrolada de su adversario favorece al presidente saliente. “La mejor forma de ganarse a los indecisos es hacer lo menos posible y dejar que a Flávio Bolsonaro se le crucen los cables”, opina Creomar De Souza.

El equipo de campaña del PT ha anunciado, además, una agenda por el momento mucho menos cargada que en 2022. Sin haber perdido a los evangélicos, fieles seguidores de Jair, los deslices del hijo han enfriado su entusiasmo y sus líderes, muy atentos a su base, están mucho menos comprometidos con el clan. Aunque Lula no supo acercarse a ellos durante su mandato, puede esperar beneficiarse de estos vínculos ahora más distendidos.

Pero el candidato del PT tampoco está a salvo de meteduras de pata. También tendrá que resistir las ofensivas del bando contrario, que podrían reavivar el pánico moral avivado por el padre de Bolsonaro. La extrema derecha, partidaria de las noticias falsas, ahora potenciadas por la IA, que ya ponen en duda la legitimidad de las futuras elecciones, sigue siendo dominante y pionera en el ámbito digital, y podría exacerbar las tensiones o incluso fomentar nuevos actos de violencia.

En la escena política, Lula sigue defendiendo sus argumentos. Ha sabido enderezar el rumbo del país tras los desvaríos golpistas de los años bolsonaristas, ha frenado la deforestación en la Amazonía, no tiene nada de qué avergonzarse en su balance económico y cuenta con algunas reformas en su haber, entre ellas una rebaja de impuestos para las clases medias. Sin embargo, carece de un mensaje lo suficientemente contundente para impulsar su campaña, sin tener que recurrir constantemente a su mejor baza: la exaltación de sus mandatos anteriores.

La aparente reconciliación con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y la aprobación en mayo en la Cámara de Diputados de una reforma histórica para la reducción de la jornada laboral, podrían ayudarle a poner de relieve un proyecto muy popular, mucho más allá de su base. Sobre todo, el acercamiento de este líder político y varios de sus colegas envía una señal clara: para los expertos en política, aunque la campaña se perfila muy reñida, Lula sigue siendo el favorito.

Con siete partidos en su coalición, frente a los diez de 2022, ha sabido unir a toda la izquierda frente a una derecha muy dividida, y es el único que cuenta con un vicepresidente, Geraldo Alckmin, procedente de otro movimiento político. De este modo, disfruta de un mayor tiempo de propaganda televisiva que sus adversarios, una baza importante para llegar a los votantes menos interesados.

A pesar de todo, el hombre ha cambiado desde la década de 2000: más aislado, menos afable; Creomar De Souza ha percibido en él “un cambio tras su encarcelamiento. Se muestra mucho menos dispuesto a confiar en los demás y mucho menos abierto a un diálogo amplio”. Sus asesores más cercanos se cuentan con los dedos de una mano. Y dos de ellos han tenido que distanciarse recientemente, a raíz de las sospechas sobre su implicación en varios casos.

La sombra de Donald Trump, con sus sospechas de injerencia, también se cierne sobre estas elecciones, mientras el jefe de Estado del gigante sudamericano dirige uno de los últimos gobiernos progresistas de la región. La negativa brasileña a conceder visados a dos miembros del Departamento de Estado estadounidense, sospechosos de venir a preparar un expediente acusatorio contra el sistema electoral brasileño, las tensiones en torno al reciente nombramiento de un embajador del mundo MAGA y la imposición de aranceles aduaneros han exacerbado las tensiones.

Según Francisco Fonseca, “Lula está logrando, por el momento, sacar partido de estas presiones, denunciando las incursiones del clan Bolsonaro en el bando trumpista. La defensa de la soberanía es un eje importante de su estrategia”. En un país donde los presidentes salientes suelen tener ventajas, el PT, creado para conquistar la presidencia, cuenta, por última vez, con su figura tutelar e indestronable para alzarse con la victoria.

Traducción de Miguel López

En este verano de 2026, el panorama político de América Latina ha adquirido un matiz aún más azul —si consideramos que ese es el color de los conservadores—, con la toma de posesión de dos presidentes de extrema derecha: Keiko Fujimori en Perú el 28 de julio y, diez días después en Colombia, Abelardo de la Espriella, un abogado sin experiencia en política, apodado 'El Tigre'.

La ceremonia de toma de posesión del colombiano, celebrada el viernes 7 de agosto en Cali, puso de manifiesto hasta qué punto responde al estilo trumpista, tanto en la forma como en el fondo. En cuanto a la forma, exhibe una imagen y un estilo caracterizados por la exuberancia, el mal gusto y el espectáculo. En cuanto al fondo, reproduce —adaptándolo a las condiciones locales— un modelo estadounidense que propicia el triunfo de un nacionalismo cristiano abiertamente hostil a los derechos universales y al multilateralismo.

Abelardo de la Espriella, recién convertido al catolicismo, reúne a su alrededor a católicos conservadores y a evangélicos. Se trata de la misma coalición que, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe (jefe de Estado de 2002 a 2010), había propiciado el rechazo del referéndum sobre los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con el argumento de que defendían una “ideología de género”, una terminología conservadora para referirse a los estudios de género.

Incluso antes de tomar posesión de su cargo, De la Espriella invitó a los miembros de su futuro Gobierno a un “retiro espiritual” a las afueras de la ciudad de Barranquilla, en la costa del Caribe, donde se encuentra su gabinete y donde tiene previsto instalarse para gobernar.

Abelardo de la Espriella y sus ministros rezaron mucho, vieron escenas de la vida de Jesús recreadas mediante inteligencia artificial y escucharon a un sacerdote y a un pastor. Se repartieron Biblias. “Para construir una gran nación, hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”, declaró el presidente electo, de 48 años, al final de la jornada, a pesar de que Colombia es un Estado laico. La Constitución de 1991 derogó la de 1886, que establecía el catolicismo como religión de Estado, en favor de una separación oficial entre Iglesia y Estado.

Para dejar bien clara su voluntad de ruptura, De la Espriella organizó su toma de posesión fuera de la capital, Bogotá, un bastión tradicional de la izquierda. Así pues, fue en Cali, en el suroeste, donde convocó al Congreso y recibió a invitados de todo el mundo, entre los que se encontraban el rey Felipe VI de España y el representante de Trump, el fiscal general Todd Blanche.

Allí se pudo ver a las figuras latinoamericanas de esta ola reaccionaria: el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa, el hondureño Nasry Asfura y el paraguayo Santiago Peña. Una ausencia destacada fue la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, una de las fuentes de inspiración de la Espriella, quien envió a su número dos, Félix Ulloa, que explicó a los medios colombianos que “el presidente Bukele viaja muy poco porque está centrado en los asuntos internos de El Salvador”.

Pero, aunque Bukele no estuviera presente, su influencia no por ello es menos real. De la Espriella ha hecho suyo el discurso de seguridad del “caudillo” salvadoreño. Dice que quiere construir “megacárceles”, diez en total, para luchar contra los “bandidos”, precisamente cuando, el domingo 9 de agosto, recomenzaron los enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas disidentes de las FARC, especialmente en el Cauca, cerca de Cali.

Cuenta con el apoyo militar de Estados Unidos, aliado tradicional de Colombia, y de Israel, país con el que ha restablecido las relaciones diplomáticas, que habían sido rotas por su predecesor de izquierdas Gustavo Petro tras la ofensiva militar israelí en Gaza.

El proyecto inicial de Abelardo de la Espriella para su ceremonia de investidura consistía precisamente en prestar juramento en un cuartel, con el fin de mostrar su voluntad de restablecer el orden en un país devastado por la violencia de los grupos guerrilleros y paramilitares, en un contexto de narcotráfico. Pero Gustavo Petro, que en ese momento aún era comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se opuso a ello.

Abelardo de la Espriella logró eludir esta prohibición e impuso en el último momento al programa previsto una secuencia de “invocaciones y alabanzas”, que situó justo después de la entrega de la banda presidencial por parte del presidente del Congreso. Apagaron las luces para dar paso a ese momento de fe extrema, marcado por la intervención de un rabino, un pastor y un obispo. Abelardo de la Espriella aprovechó para retirarse y dirigirse a los militares para pronunciar su discurso. Una intervención culminada con un “¡Viva Cristo Rey!”.

Abelardo de la Espriella también podría haber alabado en su discurso al “rey Trump”, pues su llegada al poder coincide, de hecho, con la voluntad de Washington de recuperar el control del subcontinente. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reactivado la “doctrina Monroe” y ha dejado clara su voluntad de controlar el “patio trasero” latinoamericano, ya sea a través de aliados como De la Espriella o imponiendo su voluntad a gobiernos hostiles.

Esto se ha podido observar de forma espectacular en Venezuela desde principios de año. Desde el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su encarcelamiento en Nueva York, acusado de tráfico de drogas, se ha establecido un “protectorado”. Gracias a la ayuda de la presidenta Delcy Rodríguez, Washington gestiona el petróleo, las finanzas y el comercio exterior. Una especie de “Maga-chavismo” totalmente sorprendente.

“Es una auténtica novedad político-militar que, sin embargo, no deja de suscitar interrogantes sobre la nueva política económica de apertura, la dinámica de un Gobierno tutelado, el papel de las Fuerzas Armadas y del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), así como el de la boliburguesía [burguesía bolivariana, los que se han enriquecido con el régimen chavista —ndr]. Un equilibrio manifiestamente inestable e incierto”, escribía en marzo en la web Nueva Sociedad el economista venezolano Manuel Sutherland.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, descendiente de una familia cubana e hispanohablante, es la pieza clave de la estrategia de Trump en el subcontinente. El presidente incluso había sugerido a principios de año que podría enviarlo a Caracas para gobernar el país. Su entorno había aclarado de inmediato que se trataba de una broma. Pero, de facto, tal y como ha destacado el New York Times, el secretario de Estado ya gobierna Venezuela desde Washington.

Para el “virrey” Rubio, sin embargo, el panorama no estará completo si Cuba no sigue el mismo destino. Evidentemente, por razones personales, ya que su familia es originaria de la isla, pero también para vengarse de la afrenta que supuso la victoria de la revolución castrista en enero de 1959. Para ello, a Washington le gustaría replicar la experiencia venezolana, pero eso no parece tan sencillo.

El viernes 7 de agosto, el New York Times señalaba la dificultad que tiene la administración de Trump para encontrar, dentro del poder cubano, líderes tan conciliadores como Delcy Rodríguez. La situación, añadía el diario, se asemeja más a la de Irán, donde quienes podrían sustituir a los actuales dirigentes no se caracterizan precisamente por su voluntad de conciliación.

El NYT reveló que la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, había creado un grupo de trabajo dedicado a Cuba, “una señal de que la Administración Trump ha puesto en marcha medidas destinadas a llevar a cabo una campaña de presión más concertada contra el Gobierno cubano con el fin de obligarlo a realizar los cambios exigidos por el presidente Trump”.

Dado que las negociaciones celebradas entre febrero y mayo no dieron ningún fruto, Estados Unidos intensificó su presión, además del bloqueo impuesto a la isla, sobre los suministros de petróleo. Impusieron sanciones a Gaesa, un consorcio controlado por los militares. Creado en la década de 1990, sus actividades abarcan el turismo, las importaciones, las telecomunicaciones y las zonas francas. Raúl Castro, de 95 años, hermano de Fidel Castro (1926-2016), quien dirigió Cuba hasta 2018, fue imputado en mayo por un tribunal de Miami.

Los únicos países que se resisten a este torbellino reaccionario y que no están incluidos en la recién creada coalición de Trump, The Shields of the Americas (El Escudo de las Américas), son México, Uruguay y Brasil. En este último se celebrarán elecciones en octubre de este año. Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño saliente y candidato a la reelección, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.

Pero el apoyo de Trump, a quien Flávio Bolsonaro visitó en junio, podría resultar contraproducente debido a los nuevos aranceles estadounidenses anunciados en julio y a las amenazas de Washington contra el popular método de pago Pix (que elude los sistemas Visa y Mastercard). Si, a sus 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a ganar, Brasil seguirá siendo un punto rojo rodeado de azul en el mapa del subcontinente.

Traducción de Miguel López

Estados Unidos ha puesto su ojo, su cartera y sus cañones en América Latina, un territorio que siempre ha considerado como su patio trasero. Nueve meses después de aprobar la Estrategia de Seguridad Nacional, Donald Trump hace caja en su protectorado de Venezuela mientras marca con una cruz los países en los que va sumando aliados que replican el guion del populismo reaccionario. La injerencia de Washington en la región se despliega sin sutilezas y conlleva contrapartidas económicas y comerciales. El caso más evidente es el del petróleo venezolano, un suculento negocio para la Casa Blanca desde que ordenó el secuestro de Nicolás Maduro en Caracas a principios de año.

Trump no lo pudo expresar más claramente la semana pasada en Las Vegas. “Al vencedor le pertenecen los despojos”, llegó a decir en referencia al gigantesco botín de guerra incautado, las mayores reservas de crudo del planeta: “Estamos tomando mucho petróleo de Venezuela. Miles de millones de barriles de petróleo. Como saben, fue una guerra de 48 minutos y pagamos esa guerra con lo que obtuvimos de allí, muchas, muchas veces más. Es la vieja forma de hacerlo, ¿verdad?”.

La agresión militar contra Venezuela, ejecutada en la madrugada del 3 de enero, descabezó al régimen chavista e impuso una sucesión con la exvicepresidenta Delcy Rodríguez como interlocutora privilegiada. Washington pasó a controlar con mando a distancia el jugoso negocio petrolero del país. Según cálculos del diario Financial Times basados en registros de la plataforma de seguimientos marítimos Kpler y estimaciones de precios de materias primas de la compañía Argus, Estados Unidos habría recaudado ya unos 13.000 millones de dólares procedentes de la venta de crudo venezolano. El dinero de la factura petrolera se administra a través del Departamento del Tesoro, según una orden ejecutiva aprobada en enero. Aunque en principio esos ingresos deben ir destinados a la estabilización económica de Venezuela, la Casa Blanca no ha suministrado información al respecto, una falta de transparencia que han denunciado varios congresistas demócratas.

Mientras en Venezuela se afianza el régimen de protectorado, Estados Unidos ha ido moviendo sus piezas en el tablero latinoamericano durante todo el año para cumplir lo expuesto en la Estrategia de Seguridad Nacional. El denominado corolario Trump o doctrina Monroe —una revisión de la consigna “América para los americanos” que hiciera célebre el presidente James Monroe en 1823— resume en pocas líneas el interés de Washington en controlar Latinoamérica: “Tras años de descuidos, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental. Para proteger nuestra patria y nuestro acceso a puntos clave de la región, negaremos a nuestros competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas […] o de poseer activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”.

Sin mencionar a China, el objetivo último de la nueva política norteamericana con respecto al “hemisferio occidental” es expulsar al gigante asiático de un territorio que Washington considera una extensión de sus fronteras. Durante las últimas décadas, Pekín se ha asentado en la zona con grandes inversiones económicas y un intercambio comercial que no ha parado de crecer. Trump quiere cortar esos lazos y para ello precisa de la colaboración de gobiernos aliados.

Para reafirmar su posición de fuerza, el Departamento de Estado publicó el martes un vídeo en la red X en el que repasa los “hitos” de la Doctrina Monroe desde sus inicios para frenar la recolonización del continente por parte de las potencias europeas hasta la caída de Maduro. No es casual que la presentación del material propagandístico haya corrido a cargo del embajador norteamericano en Panamá, Kevin Marino Cabrera. Al iniciar su segundo mandato en enero de 2025 Trump no ocultó su deseo de retomar el control del canal de Panamá y frenar la expansión china en ese país, una idea que nunca ha desechado por completo.

“La Doctrina Monroe ha moldeado la política exterior de EEUU durante más de dos siglos”, señala el Departamento de Estado en un mensaje en el que se resaltan las declaraciones hechas en su día por Trump: “Bajo nuestra estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”.

En el documento aprobado en diciembre se advierte de que Estados Unidos “alentará” la llegada al poder de partidos y movimientos políticos afines a sus intereses en materia de control migratorio, combate al narcotráfico y una política de libre mercado que favorezca a las empresas estadounidenses. El intervencionismo se ha erigido en un arma fundamental para implantar la hegemonía política, económica y comercial de Washington.

Poco antes de que se aprobara la Doctrina Monroe, Trump ensayó la fórmula en Argentina. Javier Milei estaba contra las cuerdas en octubre de 2025 tan sólo unas semanas antes de que se celebraran las elecciones legislativas de medio mandato. Sin reservas de divisas en el Banco Central, la oposición peronista se frotaba las manos ante una inminente debacle electoral de La Libertad Avanza, el partido del histriónico presidente argentino. La Casa Blanca intervino rápidamente girando un préstamo de 20.000 millones de dólares a Buenos Aires, una maniobra que cambió el rumbo de la campaña.

Otro ensayo más se produciría semanas después en Honduras, laboratorio del juego sucio que la Casa Blanca aplica en la región. El apoyo de Trump al ultraconservador Nasry 'Tito' Asfura fue decisivo en su triunfo electoral. “¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura como presidente!”, escribió el mandatario norteamericano en su red social unos días antes de los comicios. Al mismo tiempo, la Administración estadounidense indultaba al expresidente derechista Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.

En los primeros días de 2026 Trump resucitaba la denominada diplomacia de cañoneras de Monroe. Cientos de aeronaves bombardeaban Caracas mientras un comando de la Delta Force secuestraba a Maduro y su mujer, Cilia Flores, en una operación relámpago. Fue una maniobra a la antigua usanza, como dijo Trump la semana pasada, un golpe de Estado de manual, como los perpetrados por fuerzas locales apoyadas por la CIA en la Guatemala de Jacobo Arbenz en 1954 o en el Chile de Salvador Allende en 1973.

Al expresidente colombiano Gustavo Petro no hizo falta derrocarlo. Su mandato expiraba este año y Estados Unidos decidió esperar pacientemente hasta la celebración de elecciones en mayo y junio. Tanto la candidata del uribismo, Paloma Valencia, como el ultra Abelardo de la Espriella encajaban en el perfil demandado por el Departamento de Estado. De la Espriella barrió a la derecha tradicional en la primera vuelta y se impuso más tarde al progresista Iván Cepeda por un estrecho margen de votos. Petro y Cepeda denunciaron la injerencia de la Casa Blanca en el proceso electoral. Admirador de Trump, donante de su campaña y nacionalizado estadounidense, el flamante presidente de Colombia es un clon criollo de su mentor republicano. Tras tomar posesión de su cargo el pasado 7 de agosto, recibió el primer regalo de Washington: un cheque de mil millones de dólares para políticas de seguridad.

Previamente había entrado en el club otro socio estratégico: Perú. La victoria de la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (ya fallecido y quien fuera condenado por delitos de lesa humanidad), fue mucho más ajustada que la obtenida por De la Espriella. Keiko derrotó al izquierdista Roberto Sánchez gracias a los votos de los peruanos residentes en el extranjero. Tanto Colombia como Perú han confirmado su participación en el Escudo de las Américas, el ambicioso proyecto militar de Trump para combatir al crimen organizado.

Con los triunfos electorales de Fujimori y De la Espriella, el mapa de América Latina ha quedado trufado de gobiernos de derecha y extrema derecha afines, en mayor o menor medida, al ideario trumpista. El Salvador (Nayib Bukele), Panamá (José Raúl Mulino), Costa Rica (Laura Fernández), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña), Argentina (Javier Milei), Chile (José Antonio Kast) y Bolivia (Rodrigo Paz) han mostrado su sintonía con el magnate republicano.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, centran ahora sus esfuerzos en la isla que ha desafiado a Estados Unidos desde 1959. El ilegítimo bloqueo petrolero impuesto por Washington a Cuba se prolonga ya durante varios meses y ha dejado al país al borde del abismo. Como en el caso venezolano, el interés de la Casa Blanca es tanto político como económico. Si La Habana cae, Trump y Rubio brindarán por el fin de la Revolución y también por el reparto del negocio turístico para las empresas norteamericanas (tras la fuga obligada de las españolas), entre otros “despojos” que arrebatarán a los vencidos.

Mientras Cuba se tambalea y sus gobernantes hacen malabares para abrazar la vía vietnamita como mecanismo de supervivencia, en el Despacho Oval se preocupan ya por la verdadera joya de la corona latinoamericana: Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva aspira a un cuarto mandato en octubre. Su rival será Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por golpismo. La Casa Blanca debe hilar fino para aupar al candidato de la ultraderecha sin que el sentimiento nacionalista encumbre aún más a Lula, como ocurrió con la guerra de los aranceles.

América Latina no ha sido ajena al tsunami trumpista que sacude medio mundo y que las redes sociales y determinados medios de comunicación se encargan de propagar. La pobreza y la desigualdad, verdaderos obstáculos para el progreso de los países latinoamericanos, han dejado de ser asuntos prioritarios en las agendas públicas. Ahora, la seguridad y el control migratorio ocupan ese espacio, un marco emocional claveteado hasta la extenuación en la esfera de la opinión pública por los epígonos latinos del inquilino de la Casa Blanca. Así se explica que un depredador de los derechos humanos como Bukele, que ha encarcelado en El Salvador a cientos de inocentes en su lucha contra las pandillas, sea considerado un ejemplo a seguir.

La izquierda, mientras, se repliega en los dos reductos progresistas que resisten en Latinoamérica: México y Brasil. Desde algunos púlpitos mediáticos y think tanks se achaca en parte el auge de la extrema derecha al supuesto fracaso de los gobiernos de izquierdas precedentes. Sin embargo, si bien la corrupción ha sido transversal a uno y otro lado del espectro político, las transformaciones sociales fueron una realidad, con mayor o menor intensidad, en el Brasil de Lula, la Venezuela de Chávez, la Argentina de los Kirchner, el Ecuador de Correa y, más recientemente, en el México de López Obrador y Sheinbaum y la Colombia de Petro.

De momento, el oleaje ultraconservador parece imparable. La doctrina Trump cabalga a rienda suelta en América Latina.

“Nací en Jerusalén y crecí en Gaza. […] Como creo que todos sabéis, la población de Gaza lleva seis meses sufriendo un genocidio brutal. Y la población de Palestina lleva setenta y cinco años sufriendo una ocupación brutal”.

El 13 de abril de 2024, Saint Levant, alias Marwan Abdelhamid, electriza el codiciado festival californiano de Coachella. Tras unos diez minutos de concierto, el cantante se dirige al público reunido bajo la carpa Gobi, en medio del desierto al este de Los Ángeles (Estados Unidos). “No soy solo yo quien está en el escenario, es todo el mundo árabe”. Ante él, las banderas palestinas ondean sobre las cabezas, algunas cubiertas con una kufiya, y resuenan los vítores. “Nosotros, los palestinos, sabemos bien lo que es la resiliencia: volveremos y reconstruiremos”. Y la música vuelve a sonar.

Saint Levant es hoy “un símbolo de la resistencia palestina”, señala el diario libanés L’Orient-Le Jour, que destaca cómo la violencia de la represión israelí tras el 7 de octubre cambió brutalmente el estatus de quien hasta entonces era considerado un lover boy de moda. Ahora aprovecha todo el espacio mediático a su alcance para defender su tierra natal, que abandonó en 2007, cuando solo tenía 7 años.

“Su música se ha convertido en un grito de guerra para los defensores de la causa palestina”, insiste Cyril Sauvageot en su crónica La BO du monde en France Inter. “A medida que la guerra en Gaza se recrudecía, su discurso se endureció y sus intervenciones se volvieron más apasionadas. [… ] Políglota, es capaz de alternar en una misma canción el inglés, el francés y el árabe, lo que confiere a su música una dimensión universal”.

Tras un segundo EP titulado From Gaza with Love (2023), Saint Levant lanzó su primer álbum en la primavera de 2024, Deira, que toma su nombre del famoso hotel construido por su padre en Gaza, a orillas del mar. Las bombas del Ejército de Israel acababan de destruir el establecimiento, muy conocido entre los enviados especiales internacionales. El disco se abre con On This Land, a dúo con el grupo gazatí Sol Band.

“No hemos elegido vivir esta vida en el extranjero”, dice Saint Levant en inglés, y concluye, desafiante, su estrofa: “¿Creéis que podéis censurarnos?”. Sobre una melodía cautivadora de laúd, Sol Band añade en árabe: “Nunca olvidaremos a nuestros mártires y en mi patria siempre me encontrarás / Aunque bloqueen la plaza, aunque nos roben nuestro hogar, la tierra sagrada de Jerusalén”.

Saint Levant no es ni mucho menos el único artista exiliado que lleva la voz de Palestina por todo el mundo. En Deira, por ejemplo, invita al jovencísimo MC Abdul, que se dio a conocer ya en 2019, con 11 años, con su rap en inglés inspirado en Eminem. “Palestina lleva décadas ocupada / Es nuestro hogar desde hace siglos […]. Mis abuelos fueron expulsados y obligados a marcharse al campo de refugiados de Gaza / Nada ha cambiado. Nunca han podido volver”, clama en su freestyle Palestina, grabado en la primavera de 2021 entre las ruinas, consecuencia de los recientes bombardeos israelíes. Ahora afincado en Los Ángeles, sigue narrando las penurias y los sueños de Gaza.

Poco después del 7 de octubre de 2023, la cantante palestino-chilena Elyanna publicó en sus redes sociales Olive Branch, una balada pacifista dirigida en árabe a la tierra de su infancia: “Me faltan las palabras, ¿qué más puedo decir? / Mis lágrimas se han secado, mi corazón está destrozado / Estoy lejos, pero rezo por ti / Te envío paz, como una rama de olivo”.

En sus cuentas de TikTok e Instagram, cada una con más de un millón de seguidores, sus publicaciones están salpicadas de emojis de sandía —símbolo de resistencia a la ocupación de los territorios palestinos—, así como de palomas, ramas de olivo y corazones blancos. A quien apodan la “Rihanna árabe” por su voz, utiliza el término “Palestina” cuando se refiere a Nazaret, ciudad del norte de Israel donde nació en 2002, en el seno de una familia cristiana.

Para los palestinos y palestinas, la resistencia musical en el exilio comenzó ya con la Nakba, la “catástrofe” de 1948. Más de la mitad de quienes vivían en el territorio de Palestina bajo mandato británico abandonaron entonces sus tierras, voluntariamente o por la fuerza.

Al año siguiente, el Estado de Israel ocupó el 78% de la Palestina bajo mandato británico, mientras que Egipto tomó el control de la Franja de Gaza y Jordania el de Jerusalén Este y Cisjordania. “Al no poder ya acceder a sus propios territorios, el Gobierno palestino se trasladó íntegramente a El Cairo a finales de octubre de 1948 y se convirtió en un Gobierno en el exilio, desprovisto de base territorial”, resume el artículo de Wikipedia.

Palestina se erigió desde entonces como un elemento central del panarabismo en pleno auge, símbolo de la necesaria lucha contra el colonialismo y la ocupación extranjera. “En nombre de nuestra unión, levántate, oh lucha, y dile a los sionistas agresores que la bandera del mundo árabe ha encontrado sus estrellas desde el año 1948”, proclama, por ejemplo, la famosa canción Sawt al-Gamâhîr, escrita por el egipcio Hussein El Sayed, mientras que sus compatriotas cantantes, Mohammed Abdel Wahab y Abdelhalim Hafez, exaltan el espíritu nacionalista. Desde Beirut, la maronita Fairuz canta Volvemos con una orquestación de los hermanos Rahbani.

La tendencia cobra aún más fuerza durante la Guerra de los Seis Días, en 1967, que provoca una nueva ola de éxodo. “Las ocupaciones de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza por parte del ejército israelí, vividas como auténticas tragedias, serán una nueva fuente de inspiración”, subraya el investigador y activista Emmanuel Dror. Fairuz dedica un álbum a la ciudad santa (Jerusalem in My Heart), que se abre con La flor de las ciudades, una sublime endecha que evoca sus mezquitas, iglesias y sinagogas. El disco se cierra con Algún día volveremos: el regreso se menciona ahora en futuro, señal de que esa perspectiva se aleja.

En El Cairo, la derrota de los ejércitos árabes sienta mal y se alzan algunas voces disidentes para criticar a Nasser y apoyar a los “hermanos” palestinos. “Oh, palestinos, quiero ir y estar con vosotros, con las armas en la mano”, exclama el cantante Cheikh Imam, acompañado de su laúd árabe, en Oh, palestinos. “La canción se hizo tan popular que, cuando el joven Yasser Arafat visitó El Cairo en agosto de 1968, insistió en reunirse con el jeque, que se la cantó”, cuenta el historiador palestino-estadounidense Joseph Massad.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), creada en 1964, se impone entonces y deja su huella en la resistencia cultural —y, por tanto, musical— que acompaña a su lucha armada. La OLP, expulsada de Jordania tras el sangriento Septiembre Negro de 1970, se instaló en el sur del Líbano, y fue allí donde se produjo el primer videoclip palestino, rodado por el pintor Ismaïl Shammout, su director del departamento de artes y cultura nacional. La joven cantante Zeinab Shaath, de 17 años, interpreta con una simple guitarra y una kufiya al cuello, The Urgent Call of Palestine, una balada al estilo de Joan Baez.

Es el sencillo del único disco (un EP) publicado por el departamento cultural de la OLP. Los poetas Mou’in Bsissou, Mahmoud Darwich y Abd al-Wahhab al-Bayati escribieron las letras de los otros tres temas (Resist, I Am an Arab, Take Me Back to Palestine). Cantar en inglés, en un estilo folk de moda en Occidente, tenía como objetivo, por supuesto, dar visibilidad a la lucha más allá del mundo árabe y de los países socialistas, que eran entonces los dos principales apoyos y altavoces de la OLP.

Tras la guerra de Yom Kippur se acelera el reconocimiento internacional de la OLP: la organización es admitida por las Naciones Unidas como miembro observador en 1974 y designada “única y legítima representante del pueblo palestino”. Ese mismo año, el sello estadounidense Folkways —fundado por un judío asquenazí en Nueva York— publica así la recopilación Palestine Lives! Songs from the Struggle of the People of Palestine (1974).

“Lo que se escucha en este disco es un eco —el eco de una fase crucial de la larga lucha del pueblo palestino”, se puede leer en el libreto. Este disco reúne canciones revolucionarias de la OLP, popularizadas por las emisoras móviles que recorrían Jordania y las emisoras de propaganda instaladas en El Cairo, el Líbano, Irak y Siria. “[Estas canciones] se dirigían tanto a los palestinos de la diáspora como a los que vivían bajo la ocupación”, precisa Joseph Massad.

En este disco figura, entre otras, Beladi (Mi patria), el nuevo himno de Palestina, atribuido a los miembros de Fatah en Amán. “El pueblo ha decidido liberarte / De las manos de los opresores […] / Aunque el camino sea largo y difícil / La victoria es nuestro único destino / Marcharemos bajo las balas / No temeremos a la muerte”.

A lo largo de la década de 1970 se publicaron otros discos del grupo de la OLP en sellos discográficos activistas de Europa Occidental, que también editaban a artistas comprometidos de renombre como Mustafa al-Kurd. En cambio, Abu Arab, a pesar de ser considerado el “poeta de la revolución palestina” y de estar muy vinculado a la OLP, nunca consiguió que se publicara nada suyo fuera del mundo árabe, a pesar de haber grabado más de 300 canciones a lo largo de seis décadas de una carrera desarrollada íntegramente en el exilio, después de ser expulsado junto a los suyos durante la Nakba.

En las ciudades de la Cisjordania ocupada, surge una pequeña tendencia rockera a finales de los años 60 y principios de los 70. Estos grupos cantan sobre todo en inglés, para imitar a sus ídolos. Pocos nombres han pasado a la historia, al no haber podido grabar discos: no había ni estudios ni discográficas, y ese repertorio occidental no contaba con el favor de la OLP como para poder grabar con sus aliados.

Los Al-Bara’em (los brotes) son una excepción, con su rock melancólico de influencias orientales y tintes psicodélicos. Una especie de prefiguración del sonido palestino “moderno”, híbrido, que florecerá durante la década siguiente. “Tras el Septiembre Negro de 1970, parece que Al-Bara’em se dedicó por completo a la interpretación de composiciones originales en árabe”, relata Sama’an Ashrawi, hijo de uno de los miembros, quien les dedicó un documental.

Este giro quizá les salvó del olvido, antes de que la aventura llegara a su fin en 1976, tras una década de actividad, cuando casi todo el grupo se marchó a Estados Unidos, agotado por el acoso de las autoridades israelíes. Sama’an Ashrawi ha rescatado cuatro canciones de Al-Bara’em, que ha publicado en YouTube. Títulos con nombres evocadores: Camino, Paz, Revolucionario, Amanecer.

Una vez en Estados Unidos, solo un miembro de Al-Bara’em siguió haciéndose oír, mientras trabajaba en el taller de zapatería que su hermano había abierto en Míchigan. Acompañado de una guitarra o un laúd árabe, George Kirmiz se convirtió en una de las voces palestinas más escuchadas por los suyos gracias a las copias y recopias piratas de sus casetes.

Su canción Mi nombre es el pueblo palestino (1981) se escuchó por todas partes, desde los campos de refugiados hasta las manifestaciones, a lo largo de los años 80, y en YouTube se pueden encontrar multitud de versiones y reinterpretaciones. Su adaptación del poema Carné de identidad de Mahmoud Darwish también ha pasado a la historia, como evocación de la opresión impuesta por Israel a los árabes que viven en su territorio. Los cinco álbumes autoproducidos de este siriaco nacido en el barrio armenio de Jerusalén son otros tantos ejemplos de un llamamiento al sumud (resistencia).

En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para erradicar el “Fatah Land” de la OLP, con el apoyo de milicias cristianas. Esta guerra sangrienta conmocionó a los palestinos, pero también a la opinión pública internacional. El grupo Sabreen (los pacientes), con sede en Jerusalén Este, lo evoca en su segundo álbum La Fumée des volcans, que sale a la venta en casete. Aunque este soporte barato y reproducible hasta el infinito libera algo la producción musical palestina, su audiencia apenas traspasa los territorios ocupados e Israel.

Nada que ver con la repercusión alcanzada por los artistas libaneses, con Marcel Khalifé y Ahmed Kabour (con su éxito Ounadikom) a la cabeza, que abogan por la causa del pueblo palestino frente a Israel, cuyo ejército también ocupa su país, sumido en una guerra civil. Sus canciones dan la vuelta al mundo y su estilo, que combina influencias orientales y occidentales, inspira el repertorio palestino.

Desde Beirut, Julia Boutros, cristiana maronita como Marcel Khalifé, reaviva la llama del panarabismo a finales de 1987 con ¿Dónde han ido a parar los millones?, acompañada por la siria Amal Arafa y la tunecina Sawsan Hammami.

“Dios está con nosotros, él es el más fuerte / Es más grande que los hijos de Sión […] / El fuego de la revolución se hace más fuerte / Somos los vencedores”. La letra recuerda el ímpetu nacionalista de los años 50 y se convierte en la banda sonora de la primera Intifada, que partió de la Franja de Gaza. He aquí una versión de este gran éxito difundida en su momento por la televisión iraquí.

En Jerusalén Este, Sabreen lanza el precioso álbum La muerte del profeta. Es el comienzo del reconocimiento internacional, que permitirá al grupo financiar la creación de un centro homónimo en el barrio de Sheikh Jarrah. El estudio Sabreen rápidamente se convirtió en un lugar imprescindible para los músicos palestinos de todo Oriente Próximo. Cerrado en 2022, el espacio ha reabierto y hoy intenta sobrevivir.

El grupo Al-Fajr ("el amanecer"), exiliado en Kuwait, sigue los pasos de Sabreen. “Por un lado, estaban las cosas autorizadas por la OLP, que eran ultranacionalistas y defendían abiertamente la revolución y la resistencia”, recuerda el guitarrista Bashar Shammout. “Por otro lado, había grupos como el nuestro y Sabreen que tenían un enfoque diferente. Nos preguntábamos: ‘¿Cómo transmitir de manera sutil nuestro mensaje de afirmación de la identidad palestina?’”.

Durante la primera Intifada, Israel persiguió a las voces palestinas disidentes. Como la de Riad Awwad, un joven electricista que grabó en su casa, junto a sus hermanas, una cinta titulada Intifada 87, en la que expresaba su deseo de libertad sobre geniales bases musicales improvisadas con el sintetizador. “En las calles, en las granjas, en las fábricas, lucharé, lucharé, lucharé, lucharé para liberar a mi pueblo y mi tierra”, canta en Soy de Jerusalén.

La policía confiscó rápidamente las 3.000 copias que sacó y Riad acabó en la cárcel, tal y como cuenta la reedición del sello Ma’Jazz Project. En aquella época, el famoso compositor palestino Suhail Khoury también fue encarcelado durante seis meses, después de haber sido torturado.

“Tras la primera Guerra del Golfo y los acuerdos de Oslo de 1993, el ‘proceso de paz’ anuncia una nueva era”, prosigue Emmanuel Dror. Como muchos, Sabreen cree que la paz es posible, tal y como narra su disco Les Colombes approchent (Se acercan las palomas, 1994). En 1996 y luego en 1998, una veintena de artistas se reunieron para cantar juntos El sueño árabe, un proyecto financiado por el acaudalado príncipe saudí Al-Walid ben Talal al-Saoud, siguiendo el modelo de lo que el Egipto de Nasser producía anteriormente para ensalzar la unidad árabe.

“Aunque la noche sea larga, el amanecer acabará llegando”, profetiza el tema que suena sin cesar en los países árabes durante la segunda Intifada… Como para conjurar el mal de ojo, mientras Oriente Próximo vuelve a sumirse en el caos. La represión armada de Israel se endurece, Ariel Sharon comienza la construcción de un inmenso muro de separación con Cisjordania y la colonización se acelera. En cuanto a los palestinos, se dividen entre partidarios de Fatah y de Hamás.

En este contexto sombrío, el rap se impone como el nuevo repertorio contestatario de la juventud palestina, revelador de los cambios culturales de una Palestina que ahora mira hacia el mundo entero. “Somos los negros de Israel […]. Vivimos bajo una ocupación física y mental”, proclama en 2005 Tamer Nafar, del grupo pionero de esta vigorosa escena, DAM, acrónimo de Da Arabian MC’s.

DAM, originario de Lod, un barrio pobre y cosmopolita de Tel Aviv, rapea sobre la rebelión en árabe y en hebreo —”para informar al otro bando”—, proclamando su vinculación tanto con la resistencia de antaño como con el rap “consciente” americano. En 2001, un amigo difundió sin su conocimiento su tema ¿Quién es el terrorista? en el ya desaparecido foro arabrap.net. Un mes después, el archivo MP3 se había descargado un millón de veces: los medios internacionales calificaron al grupo de “portavoz de una generación sacrificada”.

Sus letras son, en efecto, explícitas: “¿Cómo voy a ser yo el terrorista si vosotros me habéis quitado mi tierra? […] Nos matáis como matasteis a nuestros antepasados / Sois el testigo, el abogado y el juez / Si sois mis jueces, seré condenado a muerte / […] Me haces callar y gritas: “¿Pero dejáis que los niños lancen piedras?” […] Oprimís, matáis, nosotros enterramos […] / Y seguiré defendiéndome, / aunque me llaméis terrorista”.

Un cuarto de siglo después, DAM sigue siendo imprescindible, pero sufre de lleno las consecuencias de la guerra en Gaza. “Antes daba unos 160 conciertos al año. Desde el 7 de octubre, solo he dado dos”, se lamentaba Tamer Nafar en otoño de 2025, aunque su grupo nunca ha podido actuar en el enclave. Hoy en día, la polifacética escena del rap palestino está presente en todas partes, tanto en los territorios ocupados como en Israel. Gracias a Internet, su audiencia traspasa con creces las fronteras de Oriente Próximo.

En la primavera de 2021, los MC Daboor (de Jerusalén Este) y Shabjdeed (de Ramala) compusieron el himno de la Intifada de la unidad, Il est temps (Ya es hora), que arrasó en YouTube, acumulando rápidamente varias decenas de millones de visualizaciones. Aún hoy, este tema con su letra y su ritmo frenético, sigue enardeciendo a la juventud palestina allá donde se encuentre.

La diáspora tampoco se queda atrás, desde la península arábiga hasta Estados Unidos, pasando por Europa. “Pueden quitarnos nuestras tierras, pero nunca nos quitarán nuestra voz”, denuncia, por ejemplo, Shadia Mansour. Afincada en Londres, la “primera dama del hip-hop árabe” lleva mucho tiempo luchando contra la ocupación de Palestina. A principios de la década de 2010, su éxito Al-kufiyyeh 3arabeyyeh, que destaca el kufiya como símbolo de la lucha contra el imperialismo, hizo vibrar a los círculos pro-palestinos.

Pero no solo está el kufiya: el dabke es el otro pilar de la identidad y la resistencia de Palestina. Tras la Guerra de los Seis Días, la OLP convirtió este baile colectivo levantino en una valiosa herramienta de su propaganda cultural. “Cuando golpeamos el suelo con los pies [al bailar el dabke], estamos diciendo que, por mucho que nos hayan dispersado, Palestina siempre permanecerá bajo nuestros pies”, confesaba hace unos años el folclorista Abou Hani.

“El dabke es nuestro pogo”, compara por su parte 47Soul. Este colectivo formado en Amán, que reúne a palestinos de diferentes lugares, lo ha convertido en la base de su “shamstep”, contracción de “dubstep” y “al-Sham” (el Levante, en árabe). Una fusión que se asemeja al estilo del sirio Omar Souleyman.

“Queremos contar la historia de la división de Palestina, de la Nakba de 1948 y de la diáspora, centrándonos especialmente en el Levante”, precisan sus miembros, que cantan en inglés y en árabe. El número 47 también es simbólico: en aquella época, Palestina aún existía y “en 1947, uno podía coger el coche y circular libremente de Damasco a Jerusalén, a Beirut y a Amán”.

“Mientras el resto del mundo se muestra indeciso, los palestinos no tienen más remedio que continuar la lucha… y componer canciones”, concluye Emmanuel Dror. Como la superestrella Mohammed Assaf, ganador de la edición de 2013 de Arab Idol, que creció en un campo de refugiados de Jan Yunis: “Levanta la cabeza […], Gaza llama, ¿y quién la oye? […] Tomad mi sangre y traedme la libertad […]. Aunque la injusticia se intensifique, protegemos su tierra”, exclama en enero de 2024 en Gaza la orgullosa.

Poco después del 7 de octubre de 2023, el cantante pop israelí Elkana Marziano reinterpretó irónicamente en hebreo uno de los mayores éxitos de Mohammed Assaf, Mi sangre es palestina. Toda una afrenta para los palestinos, ya que esta canción se convirtió, desde su lanzamiento en 2015, en “un himno de la resistencia”, que “sigue sonando por los altavoces en las manifestaciones de todo el mundo y ha servido de banda sonora a cientos de miles de vídeos de TikTok”, recuerda The New Arab.

Se desató una tormenta en las redes sociales, en la que se denunciaba la apropiación de este símbolo. “Primero nuestra tierra, ahora nuestra música”, comenta, por ejemplo, Hamzah, un gamer palestino-estadounidense con 10 millones de seguidores. Sin embargo, unos meses antes, esta canción había desaparecido temporalmente de todas las grandes plataformas de streaming. Las sospechas se centraron en la presión ejercida por el grupo sionista We Believe in Israel, muy activo ante los gobiernos y las empresas occidentales contra “el antisemitismo”.

En cambio, Infierno y caos, la canción belicista del dúo israelí de drill Ness & Stilla, nunca ha sido objeto de ninguna medida a pesar de su letra extremadamente violenta. “Todas las unidades de las FDI se preparan para desatar el infierno y el caos sobre vosotros / ¡Uno, dos, fuego!”, dice el estribillo. Se identifican objetivos concretos: los líderes de Hamás, Hezbolá y las Brigadas Al-Qassam —todos ellos asesinados desde su lanzamiento a mediados de noviembre de 2023—, así como Bella Hadid, Dua Lipa y Mia Khalifa.

Ambos raperos prometen además destruir “a los hijos de Amalek”, una referencia bíblica que originalmente designaba a los enemigos de los judíos, pero que la derecha radical israelí utiliza para referirse a los partidarios de Hamás y, por extensión, a todos los palestinos y palestinas (así como a quienes les apoyan). Esta canción, que tuvo una gran acogida, fue número uno en todas las listas de éxitos de Israel en 2024. En el mundo árabe, numerosos medios de comunicación la calificaron de "genocida".

“La letra puede parecer dura. Se hace eco del sentimiento de una parte de la juventud israelí, señala Cyril Sauvageot, en France Inter. “Una generación que aún no había nacido cuando se firmaron los acuerdos de Oslo y que no ha conocido más que a Benjamin Netanyahu en el poder”. De hecho, han pasado más de tres décadas y las palomas de la paz que evocaba entonces el grupo palestino Sabreen no han dejado de alejarse a medida que las crisis se han agravado y se han acumulado las muertes.

Con motivo del 70º aniversario de la Nakba, Fairuz se lamentaba en ¿Hasta cuándo, Señor?. Pero la tendencia no se ha invertido, sino al contrario. A pesar de las desilusiones, algunos artistas se niegan a tirar la toalla. Como los raperos de DAM: “La música no puede detener una máquina de guerra, pero tiene un papel, por pequeño que sea”.

Traducción de Miguel López

Las dos casas se encuentran alejadas del pueblo de Qusra, encaramadas en lo alto de una colina de laderas algo escarpadas, según se aprecia en las imágenes grabadas por un periodista palestino desde lo alto al otro lado de un pequeño valle. Una de ellas se parece a la mayoría de las casas de Cisjordania, de cemento gris y tejado plano.

La otra es lujosa y espaciosa, como muchas de las residencias construidas por familias palestinas que han vivido y trabajado durante años en el extranjero y que luego se han construido la villa de sus sueños con su relativa fortuna. De hecho, pertenece a un palestino con nacionalidad estadounidense.

Las vistas hacia el norte de Cisjordania desde allí son, sin duda, impresionantes. Las vistas de los asentamientos, construidos en forma de arco alrededor de Qusra y de las localidades palestinas circundantes, son, sin lugar a dudas, menos agradables para los habitantes de la pequeña localidad. Saben desde hace mucho tiempo que estos asentamientos y la ideología expansionista suponen un peligro para sus parcelas y sus hogares. Ya se han producido agresiones, sin que tuvieran repercusión más allá de Cisjordania y de los círculos activistas.

Pero esta vez el ataque de los colonos está despertando interés fuera de allí. Hay que decir que, incluso a la luz de la limpieza étnica que se está llevando a cabo en Cisjordania, este caso es excepcional. Desde el domingo 9 de agosto, varias decenas de colonos sionistas religiosos están sitiando las dos casas, aislando a sus habitantes del mundo exterior. Han instalado un puesto avanzado bajo un toldo frente a la verja de la vivienda más grande, en la carretera que la une al pueblo, cortando todo el tráfico.

Allí rezan y duermen. Intentan por todos los medios ahuyentar a las familias cortando el agua y la electricidad, impidiendo el abastecimiento de víveres e instaurando un clima de terror. Pero estas saben perfectamente lo que ocurriría si se van: nunca podrán volver, algo que ocurre con frecuencia.

Desde octubre de 2023, “Israel ha desplazado por la fuerza a 64 comunidades palestinas en su totalidad y, parcialmente, a otras 15 más, lo que supone más de 4.800 personas, entre ellas más de 2.300 menores”, subraya la organización israelí de defensa de los derechos humanos B’Tselem.

La organización ha recogido el testimonio de Aïcha Abou Rida, que vive en una de las dos casas: “Estamos rodeados por los colonos, pero aguantamos. Con la ayuda de Dios, no abandonaremos nuestras casas, pase lo que pase. Aunque nos corten el agua y la electricidad, aguantaremos […]. A pesar de sus repetidos ataques, que tienen como objetivo expulsarnos, si Dios quiere, nos quedaremos en nuestras casas, aunque tengamos que perder la vida”, afirma.

Este intento de los colonos de expulsar a familias palestinas de sus hogares para erigir un puesto avanzado tan ilegal como los propios asentamientos se ha convertido en algo habitual en Cisjordania. Pero en este caso, varios sucesos han atraído cierta atención internacional, aunque muy escasa.

Varios periodistas israelíes del diario Haaretz fueron agredidos por los colonos cuando intentaban llegar a las propiedades asediadas. Atacar a los profesionales de los medios de comunicación se ha convertido en algo bastante habitual por parte de los colonos o del ejército israelí, pero hay que reconocer que estas violaciones del derecho a informar tienen más repercusión cuando se trata de compañeros israelíes.

Además, los vídeos grabados por los dos periodistas israelíes y por otras personas, entre ellas periodistas extranjeros y activistas, han demostrado una vez más la connivencia entre una parte del ejército israelí y los colonos. El más impactante muestra a militares rezando junto a los agresores a los que se suponía que debían expulsar. Al tratarse de una zona declarada militar, esto permite a los soldados impedir el acceso a periodistas, activistas y otros observadores, pero también debería prohibir la presencia de colonos.

Pero la nacionalidad estadounidense de una de las personas asediadas permitió interpelar a la Casa Blanca y acusar a la embajada en Jerusalén (durante el primer mandato de Donald Trump, la embajada americana se trasladó desde Tel Aviv, sede de la inmensa mayoría de las representaciones diplomáticas, a Jerusalén) de incumplir su obligación de defender a un conciudadano y sus bienes.

Bastante molesto, el embajador Mike Huckabee, a pesar de ser un ferviente partidario de la política de anexión de los territorios palestinos y de apoyar al movimiento de los colonos, se vio obligado a reaccionar. Negó ser indiferente a los acontecimientos de Qusra e incluso calificó a los agresores de “terroristas israelíes” y sus actos de “criminales”.

El jueves 13 de agosto, a última hora de la mañana, según testigos presenciales entrevistados por Mediapart, el ejército desplegó 1.200 soldados en la localidad de Qusra. Allí confiscó dieciséis viviendas para convertirlas en puestos militares provisionales y hizo referencia en X a unas “misiones de defensa” para “mantener la seguridad y proteger la zona”. Contactado el ejército israelí, en el momento de publicar este artículo no ha respondido a las peticiones de aclaración de Mediapart.

Los residentes palestinos temen no poder regresar a sus hogares. Y con razón: unos días antes, en presencia de varios miembros del Gobierno de Netanyahu, el ejército israelí expulsó a la familia Hamad de su vivienda en la localidad de Arraba, cerca de Jenín, para instalar allí a soldados con vistas a la inauguración de un nuevo asentamiento.

“El ejército israelí tiene los medios para imponer un bloqueo a pueblos palestinos enteros, e incluso a ciudades, para demoler decenas de casas, arrancar cientos de olivos y desplazar por la fuerza a decenas de miles de personas. ¿Cómo es posible que el simple hecho de impedir que unas pocas decenas de colonos asedien a una familia palestina en un pueblo en el que los israelíes ni siquiera están autorizados a estar resulte una tarea tan imposible para el ejército?”, se pregunta, con falsa ingenuidad, la organización Breaking the Silence, que vigila la actuación del ejército israelí.

La indignación del embajador americano, al igual que la de las cancillerías occidentales, no es más que de fachada. Porque todo el mundo conoce la respuesta a la pregunta de Breaking the Silence. Ya ha quedado demostrada en numerosos informes, como el de Haaretz de diciembre de 2025 o el de Amnistía Internacional de junio de 2026.

Así lo resume Yair Dvir, portavoz de B’Tselem: “La violencia de los colonos es una violencia de Estado. Es responsabilidad del Estado, está armada por el Estado. Cuenta con el apoyo del ejército. Se trata de una política de Estado que observamos bajo muchas formas diferentes”, explica a Mediapart. “La mayor parte de la violencia es, en realidad, obra del ejército, y no de las milicias. A menudo vemos al ejército participar en los ataques o proteger a los colonos, y disparar contra los palestinos que intentan defenderse.”

Y añade: "Avi Bluth, el comandante en jefe de Cisjordania, se jacta de los vínculos que mantiene con los colonos y de la magnitud de las ‘reparaciones’", según sus propias palabras. “Estamos matando a palestinos en Cisjordania como no lo habíamos hecho desde el inicio de la ocupación en el 67”, afirma. “Se jacta de la coordinación entre el ejército y los colonos para la construcción de cientos de granjas por toda Cisjordania. No se trata, por tanto, de la ideología de una persona u otra, sino del sistema y del objetivo del mismo, que es la limpieza étnica y el desmantelamiento de la sociedad palestina”.

A finales de julio, el mismo Avi Bluth firmó 15 órdenes de expropiación de tierras palestinas en la zona A, que se supone que está bajo el control total de la Autoridad Palestina. El objetivo era permitir la continuidad entre dos asentamientos israelíes.

Las protestas de un puñado de reservistas, que están firmando estos días una “Carta de reservistas contra el terrorismo judío”, parecen bastante minoritarias, incluso insignificantes.

Por toda Cisjordania se repite el mismo patrón, día tras día, noche tras noche. En los últimos días, el pueblo de Taybeh ha sido principalmente el blanco de esas acciones. También ha sido declarado zona militar y también allí, al amparo de esta orden, el ejército israelí impide el acceso a periodistas y activistas. Como si el objetivo fuera evitar que haya testigos. Además, allí los colonos atacan y siembran el terror. Y también allí, los habitantes palestinos, desprovistos de toda protección, se las arreglan como pueden.

Aunque el ejército israelí acabe desalojando a los colonos de Qusra y levante el asedio, no quedará nada resuelto y el macabro juego de la limpieza étnica se reanudará en cuanto se desvanezca la atención internacional.

“Conocemos este patrón desde hace años. Se repite sin cesar”, prosigue Yair Dvir. “En cuanto hay algo de presión internacional, Israel intenta hacer creer que está actuando. Pero la mayoría de las veces, y probablemente esto se repetirá también aquí, en cuanto el ejército se retire, los colonos volverán a instalarse”. Sin temor alguno.

Los colonos, que tienen una fuerte presencia en todos los niveles de la administración civil y militar israelí, tienen en sus manos el destino de la coalición de Benjamín Netanyahu. Más allá de eso, ningún partido político capaz de obtener o formar una mayoría tras las elecciones legislativas de octubre de 2026 les planta cara.

Traducción de Miguel López

Knyholav era una editorial próspera. Fundada en 2016 por Svitlana Paveletska, una madre harta de encontrar tan poca literatura infantil en ucraniano para su hijo, la empresa se benefició de su posición de pionera. Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, se disparó el interés del público por los libros en ucraniano.

Esta intrépida pequeña editorial, que solo publicaba en ucraniano, vio cómo su facturación prácticamente se duplicaba cada año. Su catálogo se ha diversificado y ampliado, y el número de nuevos títulos publicados cada año ha pasado de unos 20 a 90 en 2025. “Este año teníamos previsto publicar 110 títulos nuevos”, señala el director general, Maksym Prazdnikov, desde su oficina en un centro de negocios de Kiev.

Una salva de misiles balísticos rusos ha hecho añicos esa ambición. En la noche del 18 al 19 de julio, un inmenso almacén situado en Bilohorodka, al oeste de la capital, quedó completamente destruido por un ataque. Knyholav alquilaba una parte de los 120.000 metros cuadrados para albergar su stock. Quedaron reducidos a cenizas unos 200.000 ejemplares.

Esa misma noche, también resultó afectada una planta de la imprenta Konvi, una de las tres más grandes del país. Los daños son considerables: resultaron dañados unos 350.000 libros y desaparecieron uno 250.000 libros de texto recién salidos de las rotativas.

Ese día sombrío para el mundo editorial no es el primero desde 2022. En 2024, un ataque devastó la imprenta Factor-Druk, con sede en Járkov, causando la muerte de siete empleados e hiriendo a otros 21. Allí ardieron decenas de miles de libros. En junio de 2025 quedaron destruidos por un bombardeo el almacén y las oficinas de la editorial Ukrainskyi Priorytet.

Pero desde principios de este verano se ha multiplicado por diez la intensidad de estos ataques y el balance es enorme: Rusia ha destruido cerca de diez millones de libros ucranianos en seis semanas. Estas destrucciones masivas son una de las manifestaciones de una nueva fase de la guerra, a veces apodada “guerra de los almacenes”, un duelo de ataques de largo alcance entre Ucrania y Rusia. Una violenta escalada muy lejos del frente, que apenas se mueve.

Moscú nunca ha dudado en atacar objetivos civiles al bombardear instalaciones de almacenamiento o medios de transporte. Pero Kiev dispone ahora de los medios para hacer lo mismo en territorio ruso, gracias a su producción nacional de drones.

Al tiempo que siguen debilitando la industria petrolera rusa —cuya capacidad de refinado se ha reducido en más de un tercio—, las fuerzas ucranianas multiplican desde mediados de julio las operaciones contra Wildberries, el equivalente ruso de Amazon. En la noche del lunes 10 al martes 11 de agosto, unos artefactos explosivos ucranianos volvieron a dañar un almacén de esa empresa en la región de Vorónezh. En total, han sido alcanzadas más de una veintena de instalaciones del gigante del comercio electrónico.

Kiev espera así asestar golpes a la economía rusa. El Gobierno ucraniano acusa además a Wildberries de ayudar al régimen a eludir las sanciones internacionales. Por su parte, Moscú se ha lanzado a una campaña de ataques indiscriminados contra la retaguardia, lanzando un número sin precedentes de misiles balísticos, más difíciles de interceptar. Esta campaña está resultando bastante exitosa dado que Ucrania se enfrenta a una escasez de munición para los Patriot, los únicos sistemas de defensa antiaérea eficaces.

El sector editorial de Ucrania sufre los efectos de forma muy directa. En la noche del 2 de julio, BookChef perdió 800.000 libros en la destrucción de un gigantesco almacén propiedad de la empresa Denka Logistics, al oeste de la capital. “Era casi la totalidad de nuestras reservas”, señala Yevhen Shyrynos, responsable editorial.

En otro ataque desaparecieron casi 100.000 ejemplares. “Unos 900.000 libros en total. Todo nuestro inventario. Ya no nos quedan libros en nuestros almacenes”, lamenta Yevhen Shyrynos, quien se declara “devastado”: “Todo ese trabajo realizado a lo largo de los años se ha reducido a cenizas en tan solo unas horas”.

BookChef, fundada en 2017, publica obras de ficción y no ficción tanto ucranianas como extranjeras. Entre otras cosas, ha publicado traducciones de la novelista francesa Valérie Perrin, del escritor Jean-Christophe Grangé o de Jean-Paul Sartre. Las pérdidas directas relacionadas con los ataques ascienden a 125 millones de hryvnias (unos 2,5 millones de euros), frente a una facturación anual de 370 millones de hryvnias (7,15 millones de euros) en 2025.

El 1 de agosto fue el día más negro. Un centro logístico del grupo RNK-Ranok, en Járkov, quedó devastado por un incendio provocado por la explosión de varios drones del tipo Shahed. Quedaron carbonizados aproximadamente ocho millones de libros, entre ellos libros de texto. La dirección de este gigante del sector denunció “un ataque deliberado contra un almacén de libros”. “Hitler estaría celoso”, exclamó furioso su director, Viktor Kruhlov, en un mensaje publicado en las redes sociales.

Knyholav perdió varios miles de ejemplares almacenados allí. En total, la editorial, cuyo nombre es una contracción de “libros” y “amor”, calcula que se han convertido en humo unos 220.000 libros; le quedan 170.000. Su director, Maksym Prazdnikov, elogia la solidaridad mostrada por sus socios comerciales. Algunas imprentas se han ofrecido a darle prioridad para que la empresa pueda reponer sus existencias, pero, a pesar de todo, tendrá que rebajar sus expectativas. Solo se prevé que salgan al mercado 85 nuevos títulos este año.

“El impacto será muy fuerte, pero no tenemos más remedio que seguir trabajando”, confiesa Maksym Prazdnikov. “El problema es encontrar un lugar donde almacenar nuestros libros con total seguridad”, añade Yevhen Shyrynos, de BookChef. “El oeste de Ucrania es más seguro, pero carece de almacenes adecuados”.

Más allá de su coste económico, hay voces que señalan el significado político de esta campaña de ataques rusos. “Una editorial es una institución que contribuye directamente al desarrollo de la cultura y la identidad”, recuerda Dmytro Kuleba, que fue ministro de Asuntos Exteriores durante los primeros años de la invasión y que publica en Knyholav. Rusia no reconoce la identidad ucraniana, ataca monumentos y destruye libros. […] Todo esto debe considerarse parte de una estrategia, de una limpieza cultural”.

A finales de julio, el jefe de la administración presidencial ucraniana, Kyrylo Budanov, denunció “un genocidio cultural” que perpetúa persecuciones que se remontan a varios siglos: “Fue precisamente en julio de 1863 cuando el Imperio ruso publicó la circular Valuev, que prohibía la publicación de la mayoría de las obras en lengua ucraniana. 13 años más tarde, el ukase de Ems estuvo a punto de aniquilar la edición ucraniana. El objetivo siempre ha sido el mismo: privar a los ucranianos de su lengua, su cultura, su educación y su memoria histórica”.

Maksym Eristavi, autor del exitoso libro Russian Colonialism 101 (edit. IST Publishing), añade a esta genealogía la década de los 90, cuando el mercado ucraniano se vio inundado de libros rusos, mientras que los elevados impuestos aplicados a la edición en Ucrania hacían que los precios de esas obras fueran prohibitivos. “Para mí, que crecí en una Ucrania independiente, encontrar un libro en ucraniano en una librería o una biblioteca era toda una misión. Pero el mayor reto era poder permitírmelo”, escribió en un artículo publicado a principios de agosto.

Esta “vieja estrategia del Imperio ruso y de la Unión Soviética” no solo va dirigida contra Ucrania, añade Yevhen Shyrynos: “Moscú ha intentado acabar con las identidades de sus vecinos en los países bálticos, en Asia Central y en el Cáucaso […]. No es un problema exclusivo de Ucrania”.

Traducción de Miguel López

Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto en Colombia, en el que doce españoles siguen en paradero desconocido, ha informado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

Albares ha trasladado en un audio remitido a los medios de comunicación sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del español fallecido en el terremoto de magnitud 7,4, que el pasado lunes sacudió el país iberoamericano y ha dejado al menos 265 muertos.

Ha informado, además, de que la cifra de españoles no localizados se ha reducido en las últimas horas de 75 a 12 y ha vuelto a pedir a los que todavía no se han puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio que lo hagan.

Los teléfonos de emergencia consular, tanto en Colombia como en los servicios centrales de Asuntos Exteriores están disponibles en sus redes sociales.

Sobre el primer paquete de un millón de euros de ayuda de emergencia para Colombia dispuesto por España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), el ministro ha asegurado que ya está en marcha.

Esta primera ayuda incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

La cifra de muertos por el terremoto asciende a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, según los datos ofrecidos este miércoles por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.