“Estamos ante un dilema y es estresante. Algunos dicen que hay que irse. Otros piensan que Francia sólo amenaza con destruir la jungla para asustarnos”, suspira Salomon, sentado con las piernas cruzadas, en una tienda de color blanco, en el asentamiento de Calais. En vísperas del desmantelamiento “completo” de la jungla, este ingeniero, llegado de Asmara a finales de septiembre, reflexionaba en voz alta. “¿Merece la pena irse un tiempo, regresar a Calais después y buscar cobijo en algún sitio, o es mejor pasar al plan B, dirigirse a Alemania o a los Países Bajos?”. Y añade: “Si nos piden que nos vayamos, nos iremos. Si nos obligan a subirnos a un autobús, subiremos al bus. Volveremos. Volveremos incluso por la frontera española. Cosas más difíciles hemos hecho, como cruzar Eritrea, escondidos, hasta la frontera. O atravesar el desierto entre Libia y Sudán”. Acto seguido rectifica: “No esperaremos a que nos lleven. Nos las arreglaremos para irnos antes del lunes negro”. El lunes negro, este 24 de octubre, el Estado francés comenzaba a desmantelar y a desalojar a los 8.143 habitantes de la jungla, de ellos 1.294 menores no acompañados.

Cuando llegó a Italia, a Salomon le tomaron las huellas dactilares, lo que le convierte en susceptible de ser devuelto a ese país, en virtud del Reglamento de Dublín. La mayoría de los exiliados en el campamento son dublineses, como él. El Estado ha dado a entender que devolverá, a los países europeos donde dejaron sus huellas digitales, a aquéllos que permanezcan en las inmediaciones de Calais, pero que dejará tranquilos a los que se suban a los autobuses fletados con destino a los Centros de Acogida y Orientación (CAO), primera etapa para conseguir el asilo en Francia.

En la tienda, Salomon escucha lo que ocurre fuera. Se escuchan gritos. “Es un dougar”. Un atasco. La palabra, de una lengua de Sudán, ya ha pasado a formar parte del argot que se habla en una zona de la jungla. Cuando el tráfico se ralentiza, migrantes, por lo general muy jóvenes, intentan entrar en los camiones. Por la noche, los ralentizan lanzando piedras o ramas de árboles a los camiones o incluso cortando la circunvalación con troncos o barras de hierro. Esta práctica, peligrosa, eficaz cuando no se tienen medios para pagar a las mafias, surgió en 2015, a medida que el acceso al puerto y al túnel se complicaba. Se trata de una práctica utilizaba por apenas unos cientos de exilados, de los varios miles que viven en el campamento. A menudo se producen enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes migrantes, en las inmediaciones de la circunvalación vallada, en esa tierra de nadie denominada “zona de los cien metros”, el espacio vacío impuesto por la prefectura que se sitúa entre la jungla y la circunvalación. Durante largos minutos, la entrada del campamento permanece bajo una nube de gases lacrimógenos. Casi todas las noches, Salomon trata de cruzar en camión hacia Inglaterra. Lo intenta sin ayuda de las mafias, en una estación de servicio, en compañía de una pareja de amigos, Tomas y su mujer embarazada de cinco meses, Helen. Se trata de un método poco eficaz; hay que esperar oculto durante horas antes de atisbar la llegada de un camión y a ellos enseguida se les ve. Se niega a participar en los asaltos de camiones en la circunvalación, dice, para ahorrarle a la joven de 25 años los peligros de la autovía. “A veces tengo la impresión de que lo que vivo es una locura, de que se trata de una película americana”.

En lo que va de año, diez personas, entre ellas un niño de 14 años, han muerto, en la carretera o arrollados por un tren, según las cifras que el bloguero de Calais Philippe Wannesson recoge en el blog Passeurs d'hospitalités. De los 16 sucesos graves, los 5 últimos han sucedido en las cuatro últimas semanas. Un exiliado murió arrollado por un tren al que pretendía agarrarse en Loon-Plage, cerca de Dunkerque, el 14 de octubre. El 9 de octubre, un coche impactó contra un hombre y una mujer eritreos. El hombre falleció. “Eran hermanos”, dice Salomon. El miércoles pasado, un adolescente eritreo de 16 años, arrollado en un intercambiador que conduce a la circunvalación portuaria, fue trasladado al hospital con las dos piernas rotas y la pelvis fracturada, según la prensa local.

Hasta el último momento, Salomon tiene intención de poner en marcha el plan A: dirigirse a Inglaterra. Porque, al contrario de lo que afirmó François Hollande el 26 de septiembre en su visita a Calais, la frontera sí es porosa. En la noche del 12 al 13 de octubre, “siete eritreos cruzaron”, cuenta Salomon. “En las tres semanas que llevo aquí, pasan dos o tres eritreos al día de media. Una vez, fueron 30 personas de golpe”. Según la asociación L'Auberge des migrants, en la actualidad, consiguen llegar a Inglaterra “una media de 30 personas al día”, de todas las nacionalidades.

¿Por qué Inglaterra? Este ingeniero domina el inglés, lengua en la que ha trabajado. Y tiene miedo de perder el tiempo. “Desde que salí de Eritrea, he gastado más de 4.000 euros. Quiero trabajar lo antes posible y devolverlo. Venir a Europa es una inversión”. ¿Y Francia? Sacude la cabeza. “Nunca he oído decir que se esté bien en Francia. Entre los eritreos –que representan aproximadamente el 15% de los residentes en la jungla, según la ONG Refugee Rights– muy pocos se decantarían por Francia, según Salomon. “Entre el centenar que conozco aquí, ninguno. Supongo que hasta el último momento intentarán pasar”. Dice sentirse “triste” desde el anuncio de las expulsiones. “Es un obstáculo. Si tus proyectos se paran, estás triste”. En la superficie de la tienda, hay grafiti en tigriña, realizados por un eritreo que consiguir llegar a Inglaterra. “No nos esperábamos un reto semejante”, se puede leer en el primer grafiti. Y el segundo dice: Habtom está estresado”.

Campamentos “informales”

Según un sondeo de la ONG Refuge Rights, “el 59,21% de las personas interrogadas [en el asentamiento] tienen intención de permanecer en Calais o de dormir en la calle si se desmantela el campamento”, la cifra asciende al 69,23% en el caso de los menores. Algunos residentes en la jungla ya son demandantes de asilo, otros tienen el estatus de refugiado, pero vivían en el campamiento a falta de algo mejor. El Tribunal Administrativo rechazaba la demanda de asociaciones, que querían evitar el desmantelamiento del campamento hasta que no se hallase una solución para los expatriados que no quieran subir a los autobuses con dirección a los CAO porque, consideran, volverán después. “La falta de soluciones, cuyos primeros efectos vemos ya, puesto que se están produciendo desplazamientos a otros sitios (París, Bélgica...), llevará inevitablemente a reconstruir asentamientos todavía más precarios”, denunciaban estas asociaciones en un comunicado conjunto.

Al final del camino de dunas, junto a la jungla, a la entrada de lo que los exiliados llaman Salam –espacio de cuidado, de distribución de alimentos, de duchas y de acogida para parte de las mujeres–, se encuentra Elies, de 33 años, un afgano de ojos oscuros. Cuando tenía 19 años, pasó unos días en Calais tras el cierre de Sangatte, a finales de 2002. Asegura que sobrevivió durante unos días “en una pequeña jungla”, antes de alcanzar Inglaterra. En 2007, fue expulsado a Afganistán, a Jalalabad, donde durante un tiempo trabajó como taxista. Pidió un préstamo de 10.000 euros para regresar a Europa, ocho años después. “No volveré a Inglaterra, no estoy loco”. Esta vez, ha pasado diez meses en la jungla, ante la falta de alojamiento para los demandantes de asilo, “porque en París, bajo los puentes, es imposible”. Cuenta que, cuando llegó a Calais, se presentó a un policía, que le mostró el camino a la jungla. Aquí, recibe una ayuda estatal de 340 euros mensuales, a la espera de que se estudie su demanda de asilo, y gasta parte del dinero en el campamento. “La ducha en los hammams cuesta 3 euros. Es mucho mejor que la ducha del Salam, que sólo dura 6 minutos”. Vive angustiado por lo que pueda pasar, dice que duerme mal. Va todos los días a la escuela del camino de las dunas, pero va de una dependencia a otra. Y no estudia. “Diez meses es demasiado”, reconoce, pero dejar un sitio familiar y unos rostros conocidos le preocupa todavía más, “Ir a una ciudad como Lyon, Marsella o Lille, estaría bien pero, ¿a un pueblo? Tengo miedo a estar lejos de todo. Me gustaría trabajar en una tienda, aprender francés”.

¿Existen ya nuevas junglas, como sucedió tras el cierre de Sangatte? Todo el mundo se lo pregunta. El ministro del Interior Bernard Cazeneuve intenta evitarlo, como su predecesor Nicolas Sarkozy, de ahí la presencia policial en el asentamiento.

En Norrent-Fontes, jungla que existe desde 2008, próxima a la última estación de servicio de la A26, estos días hay unas 300 personas en el campamento. El número fluctúa porque son muchos los que se dirigían a Calais a intentar el paso por última vez, en vísperas del desmantelamiento. El pasado 12 de octubre, el Tribunal Administrativo de Lille rechazó el desmantelamiento solicitado por el alcalde independiente Bertrand Cocq por razones urbanísticas. En ausencia de “solución concreta y sostenible de realojamiento”, echar a los exilados a las carreteras les hace vulnerables. Un exiliado sudanés Mohammed Omar, de 26 años, murió el pasado lunes, en el campamento, a manos de cuatro eritreos. La Fiscalía de Béthune les imputa un “homicidio por razones étnicas” y están en prisión. Según la asociación Terre d'errance, “se pegó a las mafias varias veces y los traficantes quisieron hacerle pagar la insubordinación y le golpearon hasta la muerte”.

En Steenvoorde, cerca de la A25 en dirección a Dunkerque, hay un campamento “informal”, según Damien Defrance, presidente de Terre d'errance Steenvoorde. Desde que el campamento, cuyos orígenes también se remontan a 2008, fue desmantelado el 11 de julio, resulta imposible montar una tienda o construir una cabaña, ya que la Gendarmería vigila la zona. Así que, los exilados – eritreos y sudaneses fundamentalmente– se conforman con el “centro de día” de la parroquia. A eso de las ocho de la tarde, los exiliados, con una lona o una manta bajo el brazo, se dispersan por el bosque para dormir, nunca en el mismo sitio para no despertar sospechas y tratar de probar suerte en el área de servicio de Saint-Laurent de las inmediaciones. El 11 de julio, fueron trasladados en autobús a los CAO. “No les obligamos, se les invitó a subir y no se opusieron”, dijeron entonces fuentes de la Subprefectura de Dunkerque a la prensa local. “No están detenidos, se les ofrece cobijo”. Volvieron. “Hasta donde yo sé, todos. Unos sesenta migrantes, la mitad se bajó del autobús en la primera parada y volvieron, no pidieron asilo”, dice Damien Defrance. “Tengo la impresión de que alrededor de una decena, sino más, piensa solicitar asilo porque están hartos de vivir así. Esto puede tener un efecto bola de nieve, pero cada vez que uno o dos llega a Inglaterra, los otros se ponen a la espera”.

En el campamento de Calais, un bidoun, un beduino apátrida de Kuwait, resume su plan: “He pagado 9.000 libras (10.079 euros) con garantías, espero luz verde [de la mafia]. En resumen, subimos al autobús, nos lavamos, descansamos y volvemos”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Siguiendo el plan activado el 29 de marzo de este año, los 28 sellaron con Turquía un pacto que sacudiría las conciencias de los ciudadanos europeos. Todos los inmigrantes que cruzaran irregularmente las fronteras griegas dos días después de la firma de este acuerdo serían deportados a Turquía. La decisión se produjo después de que Europa viera durante un año un éxodo masivo de ciudadanos de Oriente Medio sin precedentes. Grecia fue la puerta de entrada de 856.723 inmigrantes durante el 2015, según ACNUR. Como contrapartida a las masivas deportaciones que se preveían después del tratado, la Unión Europea se comprometió a recolocar en sus países el mismo número de sirios que fueran deportados. Seis meses después de la firma de este acuerdo que pretendía reducir el flujo migratorio que trascurría en las aguas del mar Egeo, el propio tratado podría estar naufragando.

Los flujos migratorios se han reducido un 90% desde la firma del tratado, una de las metas que quería conseguir la Unión Europea. Con las fronteras griegas selladas después del cierre de la ruta balcánica en febrero, Grecia sigue albergando a más de 60.000 refugiados. Un número que incrementa poco a poco porque las llegadas, a pesar de los esfuerzos de los europeos para crear una Europa más hermética, persisten. Las autoridades griegas informaron el pasado martes 4 de octubre que se habían registrado en un solo día 280 nuevas llegadas, una cifra que empieza a normalizarse desde finales de agosto. ACNUR alertó sobre este incremento en agosto y especialmente en septiembre. En uno de sus informes destacaba que entre el 12 y el 18 de septiembre, 731 personas habían zarpado desde las costas turcas rumbo a Grecia de forma irregular, 682 más que la semana anterior.

Menos deportaciones de las deseadas

A los 14.000 refugiados que se encuentran atrapados en las islas del Egeo se les restringe la libertad de movimiento, no pueden llegar a la Grecia continental, porque desde las islas deben ser deportados al país vecino. El acuerdo garantizaba las deportaciones a Turquía convirtiendo la silueta de las costas de las islas en los barrotes de una prisión. La deportación se debía producir después de dar cauce a las peticiones de asilo, tramitadas desde los centros de detención y registro de las islas que albergan refugiados. Estos procedimientos legales están ralentizando la implementación del acuerdo. Los deseos de los firmantes de devolver de inmediato a los solicitantes de asilo no se pueden satisfacer. Primero deben dar cauce a los trámites de asilo, aunque se hayan convertido en una mera formalidad después de marzo. Alrededor de 1.000 sirios –3.000 han solicitado ya protección general en suelo griego a las islas después del tratado– han visto sus reclamaciones rechazadas y están apelando esa decisión, según datos del 28 de septiembre de la Comisión Europea. 

Sólo 578 personas han sido enviadas a Turquía desde la implementación del tratado. Por ello, las islas se han ido congestionando a lo largo de estos meses. Los procedimientos legales se procesan con extrema lentitud. Giorgos Kyritsis, portavoz del gobierno griego para la crisis de refugiados, explica a Esglobal que les hace falta personal, sobretodo intérpretes para hacer las entrevistas a los solicitantes de asilo. Asimismo, subraya que “Grecia tiene ciertas limitaciones, estamos conciliando con la crisis de refugiados y por otra con las estrictas medidas del tercer rescate”. Según fuentes oficiales, el Servicio de Asilo Europeo (EASO), que es el organismo responsable de hacer la primera criba de los refugiados, solo ha enviado 28 de los 400 oficiales a las islas que había prometido.

Las islas griegas dejaran de ser progresivamente una prisión para inmigrantes

Sobre las islas griegas recae la presión de un tratado que no ha conseguido impedir que las balsas llenas de familias sigan arrastrándose sobre la arena de las playas helenas. Alrededor de 14.000 migrantes se alojan en instalaciones de las islas griegas diseñados para dar cabida a solo 7.450 personas. La tensión en estos territorios fronterizos crece. Por un lado, debido a las precarias condiciones de los campos que albergan refugiados, que exceden de su capacidad máxima, así como por el temor realista de los refugiados a ser deportados. "He observado durante mucho tiempo los peligros que conlleva este tratado, que significa, en esencia, el encarcelamiento de personas en la isla, y esto no puede seguir así”, expresó recientemente el alcalde de Lesbos, Spyros Galinos, en unas declaraciones a Euronews.

Por otra parte, estas islas también han visto crecer el número de manifestaciones xenófobas. El alcalde de la célebre isla griega alertó en esta misma entrevista sobre el peligro de que la extrema derecha ponga remedio a la saturación de las islas. “No sólo existe una gran cantidad de malestar entre los refugiados, sino también entre la comunidad local. También hay voces extremas que están tratando de revolverlo”, comentó. Por todo ello, concluyó la necesidad de descongestionar las islas “tan pronto como sea posible, de inmediato”. Ante las islas convertidas en una olla a presión, el Gobierno central ha optado por trasladar a los migrantes a la parte continental. Según fuentes del Ministerio de Políticas de Migración, se llevará a cabo en fases con la transferencia de un pequeño número de personas y todas ellas deberán haber visto sus solicitudes de asilo aceptadas. Ello empieza a poner en duda la vigencia de la espina dorsal del tratado: devolver a todo inmigrante que llegue a Grecia desde Turquía de forma irregular.

La eterna enemistad entre Grecia y Turquía

A lo largo de estos meses, las autoridades griegas y turcas han tenido que colaborar estrechamente para sincronizar deportaciones, facilitar información sobre el tránsito en el Egeo y el estado de las costas turcas. Una nota de prensa emitida el pasado junio por la Comisión Europea recordaba que “las patrullas continuas por parte de las autoridades turcas y griegas son un factor importante en la prevención de los migrantes que cruzan el mar Egeo”. Sin embargo, la cooperación que exige el acuerdo entre ambos países es todo un reto. Estos dos territorios comparten una historia de desencuentros. Desde la caída del Imperio Otomano en 1823, la relación entre los dos estados ha estado marcada por varias disputas territoriales, incluso después que ambos se unieran a la OTAN el 1952. Buena parte del desacuerdo llegó el 1974, después que Grecia intentara integrar Chipre dentro de sus fronteras, lo que culminó con la ocupación turca del norte de la isla.

Lo que se disputa es la soberanía del mar Egeo y los derechos que nacen de la propiedad de sus aguas, parte de sus islas, su espacio aéreo y su plataforma continental. La pelea por este territorio que contiene más de 2.400 islas, mayoritariamente griegas, ha estado a punto de hacer estallar un conflicto armado dos veces, en el 1987 y el 1996. Las diferencias están aún por resolver aunque se encuentren en un relativo periodo de paz. Como muestra de ello, durante un encuentro con dirigentes locales turcos que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que el Tratado de Lausana (1923), que delimitó las actuales fronteras griegas y turcas, "fue presentado como una victoria" y obligó a Turquía a "ceder islas a tiro de piedra" de sus costas. Estas declaraciones causaron rápidamente un terremoto a Grecia. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, no tardó en reunirse con el Consejo de Seguridad y de Política Exterior. El jefe del Gobierno afirmó en un comunicado tras el encuentro que "la crítica al Tratado de Lausana, que estableció clara y definitivamente las relaciones greco-turcas y el régimen que rige el mar Egeo y sus islas, constituye un peligro para las relaciones bilaterales y para la región".

El comunicado de Erdogan encendió todas las alarmas en el país vecino sin que, por el momento, se hayan paralizado las devoluciones programadas a Turquía. Según el profesor griego de universidad Sotiris Roussos, especialista en las relaciones entre Grecia y Oriente Medio, la contundente declaración del primer ministro turco puede ser principalmente de “consumo doméstico”. Según él, el presidente y líder del partido Justicia y Desarrollo (AKP) intentaría reforzar su retórica nacionalista. En este sentido, cuando declaró abiertamente su descontento con el Tratado de Lausana, Erdogan no se olvidó de recalcar que en caso de que los autores del golpe contra Turquía el julio pasado hubieran tomado el poder, las relaciones entre el Estado y otros países se hubiera deteriorado. No obstante, Roussos no descarta la proyección internacional que tienen estas declaraciones. A su parecer, de alguna forma Erdogan “reta los bordes de la Unión Europea en tanto que amenazan las fronteras de un estado miembro” en un momento en el que Turquía está preocupada por la emancipación de los territorios kurdos en Siria y debe jugar fuerte para avanzar su proceso de integración a la Unión Europea.

Para Turquía, el problema del Egeo no termina con Grecia, sino con las tropas de la OTAN que patrullan en aguas turcas y griegas con el objetivo de “hacer frente al tráfico ilegal de personas”. Los términos de esta misión de la OTAN que tocaba las sensibilidades territoriales entre ambos países del Egeo se acordaron el pasado 25 de febrero, bajo el consentimiento de los dos. Para aliviar tensiones, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dejó claro en un principio que “los griegos y los turcos no operaran ni en las aguas territoriales ni en el espacio aéreo del otro”. Aunque el febrero pasado los turcos aceptaron dicha intervención, el pasado setiembre requirieron a la OTAN la retirada de dichas tropas debido “a la drástica reducción de llegada de migrantes a Grecia”. Sin embargo este no era el único motivo, los turcos añadieron que la presencia de estos buques de guerra en aguas disputadas genera aún más tensiones entre Grecia y Turquía.

Fin del tratado sin Turquía más cerca de la integración europea

Turquía decidió cargar con el peso de la crisis migratoria refugiados porque la Unión Europea le ofrecía a cambio algo con lo que había soñado desde hacía años: dar más pasos para integrarse en la Unión Europea. Turquía es un candidato a la adhesión comunitaria desde 2005, pero a corto plazo parece una meta poco razonable. Hay tensiones que deben resolverse, como por ejemplo el conflicto en la isla de Chipre o la defensa de los derechos humanos en Turquía. El retroceso de los derechos y libertades en Turquía preocupa especialmente a los europeos después del golpe de estado del pasado julio, que se saldó con 20.000 detenciones y más de 100.000 purgados de sus empleos. Inmediatamente después de la intentona del pasado verano, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresaba en una entrevista publicada en un periódico austríaco su preocupación por el desarrollo político en Turquía remarcando que cualquier paso hacia la restauración de la pena de muerte, medida que Ankara contempla, llevaría a la ruptura de las negociaciones.

Los europeos no son los únicos que amenazan con romper el acuerdo de marzo. Erdogan ha alertado en varias ocasiones que él también está dispuesto a abandonar el pacto si los europeos no otorgan visados a los ciudadanos turcos. Al hilo del tratado entre la Unión Europea y Turquía, la UE se comprometía a “dar cumplimiento de la hoja de ruta de la liberalización de visados” con el objetivo de “levantar los requisitos de visado para los ciudadanos turcos a finales de junio el año 2016”. Los europeos, por su parte, no han cedido ya que la entrada en vigor de la exención de visados depende, en gran parte, de la reforma de la Ley Antiterrorista, para ponerla en línea con los estándares europeos.

Ankara se ha negado a modificar la normativa. El dirigente turco quiere ganar la batalla lanzando un ultimátum. "Octubre es un mes importante en las relaciones con la UE. La libertad de visados debe entrar en vigor este mes. Pero la actitud de la UE es de no querer cumplir con la palabra dada a Turquía. Ellos sabrán. Las relaciones son de un bando que hace promesas y otro bando que cumple las suyas", denunció Erdogan en un reciente discurso recogido por el diario Hürriyet.

Al margen de los debates políticos en las altas esferas, los principales afectados por el acuerdo viven en sus propias carnes el incumplimiento del tratado. El acuerdo no podría existir sin la asunción de que Turquía, que acoge a tres millones de refugiados, es un país seguro para ellos, motivo por el cual los europeos acordaron ceder seis billones de euros a sus socios para garantizar los estándares de vida mínimos de aquellos que no podían llegar a suelo europeo o fueran devueltos. En contraste, Turquía ni siquiera les ofrece la protección internacional que requieren. Diversos informes de Amnistía Internacional demuestran que a finales de 2015 y principios de 2016 refugiados fueron devueltos a Afganistán, Irak y Siria. Estos datos son una muestra de la debilidad de las bases y los términos de un acuerdo cuyas tensiones políticas pueden hacerlo naufragar más pronto de lo esperado.

Frente a un éxodo migratorio sin precedentes, los países europeos constatan el auge de los movimientos xenófobos, cuyos discursos están cada vez más presentes en la esfera pública. Así lo ha constatado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe anual (disponible en este enlace) sobre las perspectivas de las migraciones internacionales, hecho público este lunes 19 de septiembre, en el que insta a los Gobiernos a coordinar sus acciones.

“Dejar que los países hagan frente individualmente a la afluencia masiva de migrantes, como ha sucedido recientemente con la crisis de los refugiados, no permite resolver los problemas de manera adecuada”, apunta Stefano Scarpetta, responsable del área de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de esta institución internacional, integrada por 35 países, entre los más ricos del planeta. “Debe reforzarse la cooperación internacional, de modo que cada país contribuya a título individual”, añade, precisamente el mismo día que se celebra en Nueva York una cumbre de la ONU sobre la acogida de migrantes y de refugiados.

Los datos referidos a 2015 son fiel reflejo del cambio migratorio al que el continente europeo ha tenido que hacer frente en el último año y medio. En total, alrededor de 4,8 millones de personas emigraron a un país de la OCDE, es decir un 10% más que en 2014, lo que hace que la curva supere el pico alcanzado en 2007, antes de que la crisis económica mundial influyese en la ralentización de la movilidad.

Cuidado, no obstante, con las lupas deformantes: la fuerte alza del número de refugiados en Europa, si bien es muy visible y muy palpable en la opinión pública, sólo representa en realidad una parte relativamente pequeña de la inmigración total.

Las migraciones por motivos familiares y en virtud de la libre circulación en el seno de la UE representan, cada una, un tercio del total de las migraciones permanentes. Un nuevo migrante de cada tres procede de un país de la OCDE (la emigración de países como Rumanía, Bulgaria, Italia y Francia aumentó considerablemente en 2014); uno de cada 10 procede de China y uno de cada 20, de India, según el informe.

También crecen las migraciones temporales, sobre todo la movilidad interempresariales y la deslocalización de trabajadores en los países de la zona. Polonia es un país particularmente atractivo: se ha convertido en el principal destino de trabajadores temporales –en 2014 se expidieron 387.000 permisos de trabajo, más del doble de los trabajadores temporales admitidos en Estados Unidos en ese mismo periodo–. La mejora general del empleo en los países analizados ha favorecido las migraciones por razones laborales, según la OCDE, que recuerda que en 2015, el crecimiento estimado del PIB era del 2%.

Entre los tres millones de estudiantes, el 23% procedían de China. Los migrantes constituyen hasta el 8% del alumnado que cursa estudios superiores: el 13% de estos tienen nivel de máster y el 22%, doctorado. De aquéllos que cuentan con estudios de tercer ciclo, un 55% los realizaron en el ámbito de las ciencias o de la ingeniería.

La guerra y la represión han tenido repercusiones humanas de una magnitud desconocida. El conflicto en Siria y los conflictos políticos en el Cuerno de África han derivado en el exilio de cientos de miles de personas. Las demandas de asilo alcanzaban la cifra récord de 1,65 millón en los países de la OCDE, es decir el doble de 2014, de ellos 1,3 millones sólo en los países europeos. Los sirios copan casi el 25% de estas demandas; los afganos, el 16%. Gracias a la política voluntarista de la canciller Angela Merkel, Alemania se situaba en primera línea: se registraban 44.000 demandas y más de un millón de predemandas. Según la Oficina Federal Alemana de Estadística, este país acogió un 50% de nuevos migrantes más que el año anterior. En cuanto a Suecia, el país nórdico recibía el mayor número de personas en proporción a su población (1,6%).

Además de Alemania y Suecia, la mitad de los países para los que existen cifras ha visto aumentar las llegadas legales de migrantes, como Austria (+12%), Dinamarca (+16%), Irlanda (+17%), País Bajo (+13%) o Suecia (+7%). Por el contrario, Francia, lo mismo que Suiza y Reino Unido, vivían este periodo histórico sin conocer cambios notables: las entradas permanecían estables.

Aunque el impacto real no haya sido el mismo en el conjunto de los países, las opiniones públicas, gracias también a las declaraciones de los líderes políticos, están crispadas. “La confianza de los ciudadanos en la capacidad de su Gobierno a la hora de gestionar las migraciones tiende a desaparecer”, señala Stefano Scarpetta, que recalca cuales son “las preocupaciones comúnmente compartidas”, a saber: las migraciones están fuera de control: los inmigrantes agravan la presión sobre servicios públicos como el alojamiento social, la sanidad y la educación, en detrimento de las poblaciones instaladas en esos países; la inmigración beneficia a los ricos, los pobres se convierten en competidores; los inmigrantes rechazan integrarse y están en contra de los “valores” de las sociedades de acogida.

Y es que los argumentos racionales no cuajan, como señalaba recientemente a Mediapart. “Numerosos trabajos de la OCDE muestran que las migraciones en general producen efectos positivos a medio y largo plazo sobre las finanzas públicas, el crecimiento económico y el mercado del empleo. Pero este mensaje no cala. La opinión pública se preocupa del efecto a corto plazo de los flujos migratorios elevados, en particular de los flujos de refugiados y algunos perciben las migraciones como una amenaza para su bienestar económico y social y para su seguridad”.

Por muy fundados que sean, los razonamientos demográficos y macroeconómicos “caen en saco roto”; parecen demasiado abstractos y elitistas para convencer de forma generalizada, reconoce no sin razón la OCDE, que insta a los Gobiernos a “hallar mejores argumentos, más tangibles, para luchar contra las voces anti-inmigración”.

“Nueva generación de políticas migratorias”

La organización interestatal aconseja a los responsables políticos que tengan en cuenta que el impacto de las migraciones no es igual para todo el mundo en todo el territorio: las personas más afectadas son los más desfavorecidas, porque los inmigrantes se concentran casi siempre en regiones y zonas urbanas concretas. Allí donde los problemas se plantean verdaderamente, los poderes públicos deberían redoblar su presencia. “Aunque suceda rara vez, en algunas circunstancias, la llegada de numerosos migrantes poco cualificados a una región puede tener localmente un impacto negativo que afecte a las perspectivas de empleo de residentes poco cualificados ya residentes en la zona. Reforzar los servicios públicos locales, ya presionado por el aumento del número de inmigrantes, y velar por que se aplique el salario mínimo y se apliquen estrictamente otras reglamentaciones del mercado del trabajo, forman parte de lo que sería una respuesta política eficaz”, insiste la OCDE.

Para evitar que los ciudadanos tengan la impresión de que la inmigración es un fenómeno incontrolable e incontrolado, los Estados deben demostrar su capacidad de respuesta y de coordinación, según la organización. “Necesitamos una nueva generación de políticas migratorias adaptadas a los desafíos del siglo XXI. Estas políticas deben ser a la vez globales y locales”, resume el responsable de la dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales.

“En el momento actual, tenemos la impresión de que los flujos migratorios deciden políticas y no a la inversa”, opina Jean-Christophe Dumont, responsable de asuntos migratorios. “Para dejar de sufrir, el político debe anticipar los choques, por inesperados que sean. A día de hoy, la presión ejercida por la opinión pública es tal que casi no existe lugar para la acción. Sin embargo, hay que tomar conciencia de la situación: la inmigración es un hecho; la movilidad forma parte de nuestra vida; los franceses nunca han emigrado tanto; en 2014, 123.000 ciudadanos [del país vecino] se instalaron en el extranjero, lo que supone un aumento del 17% en un año”, continúa, antes de concluir: “La cuestión hace tiempo que ya no es: 'cómo impedir la inmigración', sino 'cómo hacer para que cada uno se beneficie social, económica y humanamente'”.

Según la OCDE, las respuestas que permiten gestionar las crisis existen pero están muy poco explotadas. El informe sugiere recurrir a las vías paralelas legales, indispensables para reducir los flujos regulares: la concesión de más visados humanitarios, el desarrollo de programas de apadrinamiento privado o la entrega de más permisos de residencia por razones laborales, familiares y de estudios. Pese a los riesgos que corren los exiliados en su huida de las bombas, estas vías de acceso se han desdeñado hasta la fecha: en los últimos cinco años, sólo se concedieron 18.200 permisos de trabajo a ciudadanos sirios (cuando hay casi dos millones de sirios de 18 a 59 años desplazados a países fronterizos); en el curso del mismo periodo, solo 15.300 jóvenes sirios obtuvieron un visado de estudiante, es decir, menos del 10% de los estudiantes universitarios sirios desplazados; durante este tiempo, más de 72.000 sirios se beneficiaron del reagrupamiento familiar, un porcentaje “bastante débil” a la vista de las necesidades.

Por último, las políticas de integración deben complementar de inmediato las políticas de acogida, insiste la OCDE, convencida de que la aceptación por parte de la opinión pública será más fácil en la medida en que los refugiados, convertidos ya en inmigrantes, trabajen y participen de la vida económica, social y política local.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Con más de 60.000 refugiados varados en Grecia, el país se enfrenta al reto de escolarizar a los hijos de los solicitantes de asilo. En las decenas de infraestructuras precarias habilitadas para su estancia, las posibilidades de escolarizarse son limitadas. Por ello, el Ministerio de Educación griego comunicó recientemente la voluntad del gobierno de comenzar a ofrecer cursos a los niños refugiados. El plan es facilitar la “vuelta al cole” a los 22.000 hijos de inmigrantes y refugiados retenidos en Grecia, integrándolos en la escuela pública mediante un programa especial. Este modelo de integración ha sido rotundamente rechazado esta semana por dos escuelas, cuyas asociaciones de padres y tutores no sólo se han mostrado reacias a aceptar a los 420 niños migrantes y refugiados pertinentes sino que amenazan de forma tajante con ocupar la escuela si finalmente se matriculan.

Dos colegios de los municipios vecinos de Oreokastro y Paleokastro, ambos situados al norte de Grecia, fueron elegidos para impartir lo que se llaman las “clases de acogida”. Es decir, lecciones especiales para los refugiados más pequeños cuyo horario es diferente al de los estudiantes griegos, ya que estas clases, que aún están por empezar, se realizarían entre las 2 del mediodía y las 6 de la tarde.

La asociación de adres y tutores de los colegios llamados “Quinta Escuela de Primaria Oreokastro” y “Primera Escuela de Primaria de Paleokastro” emitieron un inquietante aviso, que apenas llegaba a las cuatro líneas, en el que alertaban a las autoridades de que se procedería a la ocupación del recinto escolar si se integran niños refugiados en las clases elementales. En esta declaración de intenciones, no se pueden leer las razonas que fundamentan una decisión que plantean como irrebatible. Fotini Kitsiou, presidente de la Asociación de Padres y Tutores de la escuela Paleokastro, afirmó ante la prensa local que los padres estaban principalmente preocupados por la salud de sus hijos, así como el cumplimiento de las normas sanitarias y de vacunación.

El gobierno apuesta por la integración

El ministro de Educación, Nikos Filis, reaccionó rápidamente ante las amenazas lanzadas por estos padres de ocupar la escuela y afirmó que bloquear la matriculación de los nuevos estudiantes migrantes "no era aceptable y no es representativo de la sociedad griega". Asimismo, aprovechó para desmentir las acusaciones que habían hecho las asociaciones de padres sobre la situación sanitaria de los pequeños que han llegado a Grecia huyendo de la guerra y el hambre. Aseguró que el Estado, junto con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CCPE), ha tomado todas las medidas para que los niños tengan las vacunas necesarias. Por ello, el ministro de Educación concluyó que “no hay ninguna razón de peso, solo hay prejuicios". En este sentido, el presidente de Médicos del Mundo, Nikitas Kanakis, a través de una publicación en su cuenta de Facebook, asegura que los niños refugiados de la región tienen cobertura sanitaria y han sido vacunados.

Una decisión con motivaciones racistas

Katerina Karanikolau es una de las pocas madres de la quinta escuela de primaria de Oreokastro que se opuso a impedir la integración los inmigrantes a la escuela regular. InfoLibre ha podido hablar con ella mediante conversación telefónica. Esta mujer de mediana edad destaca que “no es casualidad que el anuncio no se moleste en aportar ninguna razón de fondo que pretenda justificar la decisión”. A su parecer, la decisión de los padres tenía como pretexto la salud de sus hijos, pero añade que “sin duda hay motivos políticos e ideológicos más profundos”.

Según la organización no gubernamental griega Deporta el Racismo, el anuncio de la asociación de padres indica que ésta “se mueve en una dirección peligrosamente racista”. En esta misma línea se podría mover el alcalde de Oreokastro, Asterios Gavotsi, que se mostró inequívocamente a favor de no dejar entrar a los refugiados en las aulas de su pueblo. En un vídeo que ha salido a la luz recientemente, Gavotsi aparece conversando con una decena de ciudadanos e incita implícitamente a los oyentes a emplear la violencia contra los migrantes. Por todo ello, la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Tesalónica ha abierto una investigación por un supuesto crimen racista, que se centra en la decisión de la asociación de Padres y Tutores de Oreokastro y las chocantes declaraciones del alcalde que aparecen en el vídeo.

Una polémica que no ha sensibilizado a toda la población

Hasta la semana pasada, para muchos griegos era difícil señalar en un mapa las localidades de Oreokastro y Paleokastro. La polémica ha ocupado las primeras páginas de los diarios griegos y ha conseguido sacudir la opinión pública, pero no ha conseguido posicionarla con unanimidad en contra de los hechos. A raíz de los eventos producidos este semana, se produjo la dimisión de Tsolakidis Athanasios, el presidente de la Unión de Asociaciones de Padres y Tutores del Municipio de Oreokastro, órgano jerárquicamente superior al que tomó la decisión de no permitir el acceso de los pequeños refugiados en sus centros. En su carta de dimisión confirma haberse encontrado en el punto de mira de la polémica y no haber sido capaz de gestionarlo. Al hilo de las declaraciones publicadas por el medio local News 247 con anterioridad a su dimisión, se mostraba partidario de integrar a los inmigrantes en el sistema educativo griego.

La cuestión llegó a las altas esferas del Estado y la prensa también puso los focos en la opinión del partido de la oposición, Nueva Democracia. El coordinador de la política de inmigración del partido, Vassilis Kikilias, aprovechó para denunciar la incapacidad de la actual coalición gubernamental de izquierdas Syriza-Anel para hacer frente a la crisi migratoria. Kiklias habló de la necesidad de proveer “hospitalidad” a los refugiados, pero no denunció los hechos. La peligrosa ambigüedad con la que jugó Nueva Democracia, partido conocido por su mano dura contra los migrantes durante sus mandatos, fue precisamente lo que Syriza-Anel resaltó ante la prensa: "¿Es tan difícil para Nueva Democracia hablar sobre el caso debido y condenar las actitudes y las incitaciones a la violencia xenófoba?", dijo su portavoz ante la prensa esta semana.

La noticia sensibilizó a otras asociaciones de padres. “¿Queremos una escuela que fomente el miedo y el odio?”, se pregunta la asociación de padres y tutores de Sykies, región vecina a Oreokastro y Paleokastro, en una declaración emitida esta semana. Según el texto, el centro escolar de Sykies aceptará los niños refugiados que no sean “bienvenidos” en la escuela en Oreokastro. Este grupo de padres argumenta que, a pesar de las adversidades económicas, la sociedad griega debe dar a todo el mundo una lección de solidaridad y humanidad. Con una abrumadora carga emocional, el texto lanza un mensaje de fraternidad a los inmigrantes de la zona: "Vamos a abrazar a los hijos de los refugiados, como si fueran los nuestros. Ellos son nuestros hijos".

“Si no fuera por mi familia, volvería a Síria, aquí [en Grecia] no me siento tratado como un ser humano”, explica Yousef Rima desde un centro de alojamiento para refugiados de Atenas. Yousef desea poder viajar a Alemania, donde piensa que puede trabajar y escolarizar a sus hijas. Agarrando a su pequeña entre sus brazos, insiste que viene a Europa para poder proveerles la educación que en Homs, Síria, ya no podían recibir.

“Su escuela [señalando a su hija] fue bombardeada, yo mismo recogí los escombros”, añade el padre de dos hijas de cinco y siete años. Sin embargo, este septiembre ni su hija podrá volver a la escuela ni él podrá disponer de un salario para satisfacer sus necesidades básicas. Permanecen atrapados en Grecia, país que retiene a más de 58.000 refugiados, y la única esperanza es confiar en que la burocracia europea les abra las puertas.

Sin embargo, la incerteza y la arbitrariedad están marcando los limitados mecanismos legales a través de los cuales se les abre la posibilidad de poder continuar su viaje hacia el centro del continente europeo.

Los refugiados no quieren quedarse en Grecia

Grecia se convirtió el pasado febrero en una prisión para los solicitantes de asilo que llegaban desde las costas turcas. Los países balcánicos decidieron sellar sus fronteras dejando, a día de hoy, a más de 58.000 migrantes varados en Grecia que huyen de la guerra y el hambre de Oriente Medio y el norte de África. Los campos que albergan a refugiados, generalmente en condiciones de extrema precariedad, se han convertido en habitáculos donde sus residentes permanecen en un estremecedor estado de espera. La gran mayoría de de los afectados, solicitantes de asilo, denuncian que la situación en la que viven es inhumana.

Yousef, de 36 años, recalca que, para tener una vida digna, deben ser considerados “personas” en Europa. “Un ser humano no sólo necesita dormir o comer sino que necesita estar sano, tener la mente sana y ello pasa por trabajar en algo que les llene y curar las heridas de la guerra”, explica el refugiado. Grecia, herida tras una larga y dolorosa crisis económica, que ha dejado más de un 23% de paro y un 36% de personas en riesgo de exclusión social según datos oficiales, nunca sería el país europeo escogido para iniciar una nueva vida. “A veces tengo la sensación de que estoy en un país pobre [refiriéndose a Grecia], los hospitales no funcionan y encontrar trabajo es imposible”, declara el refugiado. Asegura que sus recursos económicos se han agotado, por lo que huir en un país con perspectivas laborales es una prioridad.

Un total de 3.493 solicitantes de asilo han sido reubicados desde Grecia en otros Estados miembros de la UE desde que el programa se puso en marcha, en noviembre del 2015. Otras 656 personas tienen previsto viajar en septiembre, según informa la prensa local. Sin embargo, estas cifras solo representan un pequeño porcentaje de los más de 58.000 que siguen esperando su turno para salir del país helénico. Las opciones que tienen para abandonar el primer país europeo que pisaron son pocas. Tras el cierre de las fronteras vecinas, solo pueden seguir su largo viaje desde Grecia a través del programa de reubicaciones de la UE, dirigido por la Oficina Europea de Asilo Servicio (OEAA) junto con el Servicio de Asilo griego, y el procedimiento de reunificación familiar, para los que tengan familiares que ya hayan solicitado la protección internacional en otro país de la Unión Europea.

Los solicitantes solo pueden dejar constancia de su preferencia por el país en el que quieren ser recolocados, pero, en muchas ocasiones, el resultado final es aleatorio. Antonis Spazis, abogado griego especializado en derechos humanos, explica que el número de plazas que se abren en los distintos países europeos varía de un día a otro. “Su vida depende de la decisión del funcionario griego de turno que coge la solicitud del solicitante de asilo y selecciona un país que tenga una plaza abierta aquel día”, subraya el letrado.

La última decisión recae en los Estados miembros, que deben estar dispuestos a aceptarlos. Si el solicitante se niega a ir al Estado al que finalmente ha sido seleccionado, su única otra opción legal es solicitar asilo en Grecia, lo que implica residir en este país.

Spazis, encargado de asesorar a migrantes y facilitar la comunicación entre el Estado griego y el Estado español, cuenta que asesores legales y refugiados “desconocen los criterios a través de los cuales los funcionarios al mando escogen un determinado país o, en el peor de los casos, deniegan la petición de reubicación”. “Nos hemos encontrado con casos en los que el estado de recepción ha negado el traslado sin exponer las razones de dicha negativa” , explica. Por ello, el experto legal concluye que el proceso es sumamente arbitrario y carece de las garantías legales básicas a través de las cuales los afectados pueden hacer valer sus derechos.

La burocracia europea genera incertidumbre entre los refugiados

Los trámites están llenos además de barreras burocráticas que dificultan el traslado inmediato al lugar de residencia deseado. El padre y los dos hermanos de Mohammed Tamim residen actualmente en Alemania y él espera ser reubicado desde febrero. Tamim es un doble refugiado, su familia huyó de Palestina antes de que naciera y se instaló en un campo de refugiados de Yarmouk, en Siria. La guerra en ese país le ha forzado a tomar, otra vez, el camino del exilio que un día ya hicieron sus padres. Un largo viaje que lamenta no saber cuándo terminará. Para este chico de 17 años el proceso de reunificación familiar le parece aún más complicado que el otro procedimiento alternativo, la reubicación.

“He tenido que recopilar un montón de información para probar que soy menor de edad y que mis parientes son realmente mi familia”, exclama Tamim. Destaca los impedimentos con los que se ha encontrado para obtener la documentación que le piden las administraciones de Grecia y Alemania. En concreto, se queja de las dificultades para recopilar todo el papeleo desde Siria, país que lleva inmerso más de cinco años en un conflicto bélico. Afirma que tuvo que contratar los servicios de un abogado en Damasco y pagar 2.000 euros a un funcionario sirio para recibir su libro de familia en Atenas. Sin este papel oficial, el menor no podía reencontrarse con su familia en Alemania. Han pasado tres meses desde que envió su petición con la documentación adjunta, pero aún no ha recibido ninguna respuesta por parte de las administraciones correspondientes.

Tamim tuvo la suerte de ser asesorado por su familia desde la distancia y recibir el respaldo de ONG. Sin embargo, la desinformación y la falta de asesoramiento legal predominan en los campos de refugiados en Grecia. Según la abogada de extranjería Aggeliki Nikolopoulou, “los refugiados no conocen sus derechos, algunos optan por la reubicación cuando podrían acogerse a la reunificación familiar, pero nadie les informa, es un caos”. Asimismo denuncia que, en ocasiones, se les deniegan sus peticiones de protección internacional pero ni siquiera saben que deben exigir constancia escrita de dichas negativas con el fin de que que puedan recurrir a un abogado para que les tramiten los recursos pertinentes. “La información es una de las herramientas esenciales para ejercer sus derechos y los migrantes en Grecia están gravemente desproveídos de ella”, lamenta la abogada.

La incertidumbre inunda los campos de refugiados esparcidos por toda Grecia. La mayoría de los migrantes llegados antes del 20 de marzo, que son los que pueden acogerse al programa de reubicación, no saben cuándo les van a dar luz verde a sus peticiones. El proceso consta de varias entrevistas, y entre las fechas de una cita y otra pueden transcurrir meses. Salah Afrin, un joven de 25 años que ha huido de Alepo, en Siria, se registró como solicitante de asilo y aspira a ser reubicado. No obstante, hace tres meses que se prerregistró como tal, y aún debe superar dos entrevistas más, cuyas fechas no puede apuntar en su agenda. Está impaciente por llegar a otro país europeo y continuar su carrera de Derecho, pero es consciente de que este sueño está pedniente de una larga lista de espera. Su solicitud de reubicación camina lentamente, tanto, que con frecuencia se desespera. Cuando acude a la ayuda de los teléfonos de contacto para recibir noticias de su procedimiento, nadie le aclara qué día le concertaran su segunda cita para estar más cerca de Irlanda o España, países que marcará como primera y segunda opción en su solicitud para ser reubicado.

Los que no podrán llegar a otro país europeo

Pero no todos ellos podrán conseguir ser trasladados a otro país de la Unión Europea. En primer lugar, la normativa de la UE ha restringido el acceso a refugiados de determinadas nacionalidades fijándose en la media de solicitudes de asilo aceptadas en la UE según la nacionalidad en cuestión. Así sólo tendrán la posibilidad de ser seleccionados dentro del programa aquellos refugiados de nacionalidades que cuenten con una tasa de aceptación de asilo del más del 75 %. Esta fórmula ha excluido a afganos y buena parte los iraquíes, que representan alrededor del 25% y el 15% de los refugiados en Grecia, según ACNUR. Esto significa que para muchos de los inmigrantes la única alternativa para evitar la deportación es conseguir el asilo en Grecia y, por ende, construir en este país del Mediterráneo su nueva vida.

Asimismo, sigue siendo una incógnita el futuro de las más de 12.000 personas que aún siguen atrapadas en las islas después de que la Unión Europea subscribiera en marzo el pacto con Turquía, a quienes se les niega el acceso al programa de reubicación y padecen más dificultades para conseguir el asilo en Grecia. El acuerdo entre la UE y Turquía firmado en marzo de 2016 y puesto en práctica un poco más tarde tiene como objetivo frenar la ola de migración a Europa.

Turquía, a cambio, debía recibir un fondo de ayuda de seis millones de euros para mejorar las condiciones de los migrantes y refugiados atrapados en las islas y conseguir, asimismo, la liberación de visados para sus ciudadanos. Sin embargo, los europeos no quieren conceder los visados que Ankara exige, por lo que Turquía amenaza con romper el acuerdo en octubre si los europeos no ceden. Esto podría abrir de nuevo el flujo de migrantes desde Turquía. Este agosto las llegadas ya han llegado a sus cifras más altas, lo que ha encendido de nuevo las alarmas en Grecia.

La presión social provocada por la fotografía de Aylan, el niño sirio que murió ahogado en una playa turca cuando intentaba llegar con su familia a Grecia, hizo que los líderes europeos se comprometieran a principios de septiembre de 2015 –sobre el papel, al menos– a poner más medios para dar protección a los demandantes de asilo provenientes de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea que llevaban meses llegando de forma masiva a las costas de Grecia e Italia o malviviendo en campamentos en Turquía o Líbano.

Los Veintiocho tardaron varias semanas en ponerse de acuerdo para reubicar (desde Grecia e Italia) a algo 160.000 personas en dos años, cuando ACNUR ya estimaba entonces que más de 410.000 habían cruzado el Mediterráneo sólo en los ocho primeros meses de 2015 (ahora son 1,2 millones). De ahí que las ONG insistieran en que esas actuaciones no darían una solución real a la crisis. Un año después las cifras parecen dar la razón a las organizaciones humanitarias. 

De hecho, los datos oficiales ponen en evidencia la incapacidad de Europa incluso para acoger a los refugiados a los que se había comprometido. En conjunto, la cifra total de reubicados alcanza los 4.473. El compromiso era acoger a 160.000, así que el porcentaje de acogidos apenas alcanza el 2,8% sobre el total. España, por su parte, sólo ha acogido a 474 personas de las 17.680 acordadas. Es decir, un 2,7%. 

Algo mejor parece estar funcionando el mecanismo de reasentamiento de refugiados directamente desde Turquía o Líbano. Hasta el pasado 13 de julio (últimos datos disponibles) eran 8.268 las personas reubicadas de un total de 22.000 a las que se habían comprometido los Estados miembros. 

Nuevos contingentes 

Un portavoz del Ministerio del Interior confirma a infoLibre que "llegarán nuevos contingentes a España", aunque no especificó en qué fecha. Señala, además, que la comisión interministerial –Exteriores, Interior, Defensa, Sanidad y Servicios Sociales, Justicia y Educación– creada para coordinar la llegada del cupo que se comprometió a acoger el Estado español "sigue trabajando" y declina dar más detalles sobre cuáles son las causas de este retraso.

Fuentes comunitarias aseguran que la Comisión lleva meses urgiendo a los Estados miembros a que cumplan sus compromisos y aceleren la reubicación de solicitantes de asilo para aliviar la presión sobre Italia y Grecia, donde más de un millón de personas siguen atrapadas esperando poder seguir su camino hacia el norte de Europa.

A juicio de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la organización más importante entre las que se ocupan de la protección de los refugiados, las autoridades europeas están actuando con una "pasividad flagrante" en este proceso. "Sólo se mueven a golpe de tragedia y lo hacen de forma insuficiente", señala a este periódico Ramiro Muñiz, portavoz del área de Incidencia de la ONG.

Según los cálculos de la organización, al ritmo actual, los países europeos tardarían 43 años en cumplir con las 160.000 reubicaciones desde Grecia e Italia que se comprometieron a realizar en dos años. Muñiz recuerda que, hace un año, CEAR ya advirtió de que el mecanismo era "insuficiente" y lamenta que, doce meses después, se haya puesto de manifiesto que la UE "no ha sido capaz ni ha tenido voluntad" para atajar este drama humanitario. En este sentido, CEAR reprocha a los líderes europeos que "siguen tomando decisiones más preocupados en impedir la llegada de solicitantes de asilo que en ofrecerles un lugar de acogida digna".

El acuerdo UE-Turquía

La política de acogimientos se vio sacudida por el acuerdo suscrito en marzo entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y Turquía para expulsar a ese país a "todos los nuevos migrantes" que llegaran a las costas de Grecia sean refugiados o emigrantes económicos.

Los líderes preveían con ese pacto sellar la ruta del mar Egeo con devoluciones exprés y que Europa acoja únicamente a tantos sirios como haya expulsado. El objetivo era también mostrar que el viaje legal y seguro hacia Europa es más eficaz para los demandantes de asilo que arriesgar su vida en el mar. Desde entonces, tal y como confirma un portavoz de la Comisión Europea, 1.219 sirios han sido reasentados en países europeos y 484 personas de varias nacionalidades han sido retornadas a Turquía "tras no haber solicitado asilo".

Algo más de cinco meses después de su puesta en marcha los datos evidencian que este acuerdo no ha acabado con los intentos de los refugiados provenientes de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea y de los migrantes económicos de huir de la guerra, la inseguridad o el hambre. Y es que el cierre de la ruta del Egeo –el número de personas que llega cada día a las islas griegas ha pasado de más de 700 a alrededor de 100– consiguió reducir las llegadas a Grecia pero no acabar con otras rutas.

Una de esas rutas inseguras es la que va directamente a Italia desde la costa turca bordeando las islas griegas. Mientras que en julio de 2015, 23.186 personas llegaron a Italia por mar, en el mismo periodo de este año fueron 23.552.

De hecho, un informe reciente de la Organización Internacional para las Migraciones alerta de que la crisis migratoria "persiste". Y ofrece cifras preocupantes: en el año 2015 y en la primera mitad de 2016, más de 6.600 refugiados y migrantes se ahogaron o desaparecieron en el Mediterráneo después de que sus barcos naufragaran en el trayecto hacia Europa. Ese documento revela, además, que muchos de los cuerpos nunca son identificados y que las familias en el lugar de origen jamás se enteran de lo que ocurrió a sus seres queridos.

Críticas de las ONG 

El acuerdo UE-Turquía fue recibido por las más severas críticas por expertos en derechos humanos y ONG, que cuestionan que Turquía sea un país "seguro" para los refugiados. De hecho, la ONG Amnistía Internacional (AI) ha venido documentando en sus informes anuales viene documento el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país. AI insiste en que no cree que Turquía pueda ser considerado como "país seguro", debido al tratamiento a los migrantes y refugiados, ya que "ha devuelto a refugiados a Siria" y "no cuenta con un sistema de asilo en pleno funcionamiento".

Este fue el acuerdo que llevó el pasado junio a Médicos Sin Fronteras (MSF) a rechazar el dinero que recibe de la UE y de los Gobiernos de los Veintiocho (114,7 millones de euros en 2014) en señal de protesta. "No podemos aceptar dinero de una institución que está haciendo tal despliegue de crueldad", dijo entonces a infoLibre el presidente de MSF España, José Antonio Bastos. La ONG que mantiene tres buques de salvamento en el Mediterráneo y equipamientos sanitarios en Grecia, Turquía, Siria y sus países vecinos (Jordania, Turquía, Líbano, Irak), entre otros lugares.

Para CEAR, la respuesta del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan al fallido intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio con auténticas purgas en el Ejército y en otros sectores –especialmente el judicial y el educativo– y cierres de medios de comunicación evidencia las carencias de ese país en relación al respeto a los derechos humanos. "A día de hoy hay más razones, si cabe, para denunciar este acuerdo", sentencia Muñiz. 

Si hay un lugar en el que, como decía el escritor Eduardo Galeano, se diga adiós a los sueños, ese es Elliniko. Bebés que duermen separados del suelo solo por lonas y colchas; madres que reconvierten tarros en los que un día ACNUR repartió mosquiteras en bañeras improvisadas para sus pequeños; personas con movilidad reducida que, sin sostenerse en brazos ajenos, no podrían ir al baño o familias apiñadas que aspiran a convertir las telas que cuelgan aquí y allá en paredes con las que recobrar una intimidad perdida tiempo atrás.

De ella se vieron privadas en un día a día que, en muchos casos, va ya para seis meses en este rincón de Europa que está a tiro de piedra del centro de Atenas. De espaldas al bullir de la ciudad en plena temporada turística, más de 3.000 personas residen en estas condiciones en el que, de ser aeropuerto internacional primero y punto neurálgico de las Olimpiadas de 2004 después, se ha reconvertido en campo no oficial para la acogida de refugiados. Pero Elliniko no es un campamento cualquiera. Es, a juicio de cooperantes y voluntarios, de los peores de Grecia, si no el peor. En él se busca, pero cuesta encontrarlo, el rastro de la voluntad de “devolver unas condiciones de vida dignas” a los refugiados a la que el comisario europeo de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, apeló en abril, cuando anunció una partida de 83 millones de euros para mejorar su atención en Grecia.

El infierno, en Atenas

“Esto es…es el infierno”. Se le resiste el calificativo a Carla, cooperante que ofrece alternativas de ocio a los cientos de niños que pueblan el campamento. Conoce Elliniko desde su apertura en febrero cuando, cerrada la ruta balcánica, el gobierno heleno hacía piruetas para acoger a las 57.000 personas que alcanzaron sus costas ese mes. Pese a su experiencia en el campo, durante esa pausa lanza una nueva mirada a las instalaciones, en las que se advierten los efectos de la guerra en Oriente Medio y de las políticas de asilo y acogida de la UE.

En esta ojeada Carla verá tiendas, la mayoría tipo iglú, que se acomodan en una isleta con dos piedras como todo amarre o que se apretujan en lo que un día fue el túnel que surtía de portaequipajes a los pasajeros del aeropuerto, hasta once millones al año. Recalará también en una camiseta de Hello Kitty tendida en una verja y en un cobertizo improvisado en el antiguo servicio de limusinas que apuntala la ironía junto a un cartel que ha sobrevivido al paso del tiempo en el vestíbulo principal con su eslogan Caring for More.

Concluida la panorámica, de la que escapa el interior del aeropuerto y las áreas de acogida de los estadios de hockey y béisbol que se sitúan a la espalda, a Carla se le quiebra la voz para, ya repuesta, dar forma a su impresión. “No hay organización, no hay actividades para niños…es que no hay nada. Están atrapados como animales, como criminales”. Europa, concluye, “les ha olvidado”.

¿Por qué escapan? 

Rohim, de 25 años, es de los que piensan que ojalá Europa y otras potencias lo hubieran hecho. “¿De quién se obtienen las armas que destrozan Afganistán, Pakistán, Iraq…? ¿Por qué escapamos?”, cuestiona antes de explicar que el mero hecho de hablar inglés es un problema en su Kabul natal. “Si los talibanes se enteran, estás muerto”. Su gesto, ahora duro, se dulcifica al imaginar su país en paz. ¿Volverías entonces? Claro, responde, “un país es como una madre”.

Y la suya la perdió este estudiante de literatura inglesa en la antesala de Europa, cuando acariciaba un sueño que se quebró cuando lo hizo una patera que nunca llegó a su destino, Lesbos. “Algunos salvavidas funcionaron, pero otros…”. Otros no lo hicieron y, así, su madre murió en el Mediterráneo como lo han hecho más de 4.000 personas este año, según la Organización Internacional para las Migraciones. Aunque no reside en Elliniko, Rohim hace y deshace el camino desde otro campo para visitar a la poca familia que le queda. “Y porque prefiero comer aquí”, alude a las tres comidas al día que organizaciones humanitarias reparten en el campamento, no sin arremeter contra las condiciones de aseos y duchas que, en los estadios, cuentan al menos con un agua caliente que no corrió en invierno en las ocho duchas para más de mil personas habilitadas en la terminal.

Con Dinamarca como destino dorado, tal vez se aventure pronto hacia su tercer intento de cruzar la frontera. “No le tengo miedo a nada porque lo he perdido todo”. Esa entereza a fuerza de golpes se achica en Gul Afrooz. A sus 65 años, esta afgana que perdió uno a uno a sus cinco hijos pensó que la historia se repetía con su nieta, de dos años y medio, cuando se le escurrió de los brazos y quedó sepultada bajo los pasajeros que atiborraban la lancha en la que viajaron a Grecia.

Tocada tierra, la moneda cayó ahora sí de cara para esta familia mermada por la violencia, que se reencontró y vive ahora en la terminal de salidas de Elliniko. Si se puede llamar suerte a estar ubicadas junto a dos ventanas y cerca de las puertas por las que el aire aligera una atmósfera que, edificio adentro, se torna irrespirable, Gul Afrooz y su nieta Zainab la tienen. Lo hacen, pese a habitar un área cuyas deficiencias no pasan inadvertidas ni al Gobierno, que en abril ya abogaba por su pronto desalojo. Sin embargo, hay quien todavía piensa que Elliniko marcha y que las necesidades de quienes lo habitan están cubiertas. ¿Comida, salud, ropa…todo? “Todo”, zanja un coordinador de las instalaciones que emplea mucho más tiempo en un circunloquio en el que se pierde una respuesta para la que un sí o un no bastaba. ¿Es este el campamento más duro? “Unos tienen unos problemas, otros tienen otros…”.

De vuelta a la terminal, la palabra inhumano salta en cambio a la boca de todo aquel al que se inste a definir la vida entre sus muros. Junto a ellos, la anciana y su nieta pasan sobre el suelo unas noches que a la cabeza de familia le pesan cada vez más. “Envejezco día a día; siento mucho dolor”. Un día después, está tumbada en la calle con el rostro contraído. ¿Está bien? Sus ojos graves responden con elocuencia. Su salud empeora y, así, su temor crece. “¿Qué voy a hacer con mi pequeña, quién tomará su mano? Ese es mi problema…”.

Es el miedo que la azota mientras se apaga en un campo en el que convergieron caminos hasta entonces paralelos. Para familias como las de Shah, ex Policía afgano, y la de Attaullah, que trabajó para empresas estadounidenses y alemanas en Kunduz, las sendas se cruzaron antes, en la atestada patera en la que llegaron a Grecia poco después de que las fronteras de Macedonia y Serbia se sellaran, pero antes de la entrada en vigor del controvertido acuerdo para devolver a Turquía a los solicitantes de asilo que llegaran tras el 20 de marzo. En las islas, penúltimo paso de un periplo desde Afganistán que, de media, dura 52 días, el joven Attaullah, al que la energía le bulle, emprendió una carrera contra el tiempo para llegar al continente cuanto antes, mejor. Gracias a eso fue a parar al estadio de béisbol y no a la terminal de Elliniko donde, un día después, condujeron a los compatriotas con los que compartió lancha que, explican, huyeron tras sufrir persecuciones, torturas y abusos.

Acceso restringido a los campos del sueño olímpico

Entre el viejo aeropuerto en el que se apiñan cientos de familias y los estadios que, junto a cuatro carpas, operan como campamentos, las diferencias, por nimias, se palpan. Lo hacen, por ejemplo, con un puesto de Policía que controla todos los accesos salvo los de la terminal y que manda de vuelta a la calle a una religiosa que, documento del Gobierno español mediante, trataba de constatar las posibles carencias del campo. La situación no se resuelve “con políticas de verjas”, afeó en junio el primer ministro griego, Alexis Tsipras, la actuación de ciertos países europeos y la lentitud de las reubicaciones. Sin embargo, concertinas a ras de suelo flanquean el pasillo que conduce a los estadios, para cuyo acceso tienen luz verde menos de una decena de organizaciones.

Tenso porque los agentes no le quitan ojo un miembro de una de ellas asegura que faltan manos para atender las tres áreas, si bien considera que las restringidas presentan mejores condiciones. Lo cree, por ejemplo, porque sobre la misma arena del pabellón en la que hace justo 12 años Cuba y Australia se disputaban la medalla de oro olímpica de béisbol se han habilitado tiendas más robustas y espaciosas.

Más de 140 tiendas instaladas sobre la arena que hace 12 años acogió la prueba olímpica de béisbol.

Bajo un sol de justicia que cae sobre el campo para tornarlo inhabitable, las tiendas alternativas no han podido borrar del paisaje los iglús, que siguen poblando el interior de las instalaciones. Mantas y sacos salpican también las gradas en las que un joven que vive solo en el estadio quema, teléfono en mano, las horas que le faltan para probar suerte y, si viene de cara, dejar Grecia atrás. Más allá, en un espacio minúsculo, un matrimonio con cinco hijos pide ayuda ante la mala salud del padre, al que le fue trasplantado un riñón hace años y que, como la anciana o como Zardine, que podría padecer una dolencia cardíaca, se debilita a pasos de gigante. No muy lejos se encuentra el espacio en el que Attaullah, que tanto corrió por llegar, vive con su mujer, su hija y un bebé de días.

Recién nacidos, al raso

Tres, exactamente, habían pasado desde el nacimiento del pequeño cuando su madre y él recibieron el alta para que, por sus propios medios, regresaran al campo. Desde entonces, el recién nacido duerme, como todos, sobre el cemento de una suerte de chabola que alterna alfombras de ACNUR en el suelo con una lona de la misma entidad como único techo. Impotente ante una falta de recursos que le impide comprar siquiera una cuna, al joven padre, que suma a la experiencia en este campo otras previas en Turquía y, de niño, en Karachi (Pakistán), la espera le quiebra.

“Estoy cansado. Esto no es vida para un bebé”. Antes de venir, prosigue, “pensaba que Europa tenía humanidad. Pero ahora, estamos en estas tiendas y…”. La desesperanza, hilaría con esa frase inconclusa, hace mella. De nuevo en la terminal, sus sensaciones se contagian a Nashrullah y su mujer. A menos de un mes de dar a luz sabe ya que su destino no será otro que una tienda apretujada en un espacio en el que el aire pesa. “No tenemos ni dinero ni a dónde ir ¿qué podemos hacer?".

Granjeros cuya propiedad quedó en el fuego cruzado entre talibanes y fuerzas gubernamentales, sus vivencias tejen una historia de vida compartida, en su esencia, por muchos de los que pueblan el campo. El relato lo completan los resultados de un estudio realizado por ACNUR en las islas griegas, que arrojó que 7 de cada 10 afganos que llegan lo hacen a causa de la guerra, porcentaje que escala al 92% entre los sirios. Esta es precisamente la única nacionalidad que supera en solicitantes de asilo en Europa a Afganistán, país del que la mayoría partieron con la intención de encontrar un nuevo hogar más allá de Grecia.

“Asesinatos, luchas, bombas; en casas, tiendas, escuelas…”. La exposición de los motivos para partir la perfila una afgana que vive bajo un soportal en el que, más allá, hace lo propio un anciano que pasa de setenta. “No vinimos a hacernos ricos. Vinimos a salvar nuestras vidas y las de nuestros hijos”, ahonda la mujer del ex Policía, Khudai, sobre un conflicto que solo en lo que va de año supera las 5.000 víctimas entre fallecidos y heridos.

Pese a ello, toma el testigo Nasrullah, a Europa, asegura, ninguno de ellos le importa, como no lo hace, agrega, la situación que atraviesan. “Nadie debería vivir así; con este calor, esta suciedad…”. Su visión no es subjetiva pues la comparte el propio Centro para el Control de Enfermedades griego que, tras analizar 16 campos, abogó por su “cierre total” al constatar, entre otros aspectos, su falta de ventilación y acumulación de desperdicios, así como la mala calidad de los alimentos repartidos a los refugiados.

Sin seguridad en la jungla

A esta lista quienes habitan en Elliniko suman un problema más: la tensión creciente en un centro que un cooperante llega a tildar de jungla. En ella, el peso de un tiempo que se escurre llega a convertir la pérdida de un móvil en una mecha capaz de prender la tensión en minutos. “No estamos a salvo”. La impresión de Khudai se torna coral y, de hecho, se plasma en un escrito remitido por oenegés a las autoridades griegas, a las que urgen a activar protocolos de seguridad que prevengan una violencia que se cobró en julio la vida de un chico de 16 años.

En el epicentro de la terminal, donde carteles del Duty Free presiden lo que hace las veces de mezquita, Samiullah, de 24 años, rebusca en su móvil la foto del fallecido. “Era mi amigo, ¿sabes?”. Como lo era el autor de retratos y dibujos que, como ocurre con los agujeros, salpican una pared en la que, junto a la bandera de Afganistán, se aprecian estrujados entre un puño o bordeados por una Europa amurallada los contornos de un país del que emana la sangre. La mano que volcó sobre el papel esos sentimientos contenidos seguirá haciéndolo, si puede, en las calles de Francia, en las que duerme desde que dejó atrás un campamento del que muchos optan por escapar. “Este está en Alemania, él y su mujer han vuelto a Afganistán…”. Señala, uno a uno, los rostros de una foto de grupo que captó un instante de su travesía a Europa, tras la que la añoranza a su madre le pesa como una losa. “Pienso en ella cada día y cada noche”, desliza antes de hacer un quiebro. “Los europeos sois muy afortunados, ¿sabes?”, interpela. “Tenéis buenas políticas. Podéis salir de vuestros países y regresar tranquilamente”, continúa hasta alcanzar el contraste que busca. “Si lo hago yo, al día siguiente soy hombre muerto”.

Tiendas de campaña se agolpan en lo que fueron las puertas de embarque del aeropuerto.

El cruce de caminos en el que vive conduce, sobrepasados los aseos en los que el agua corre a raudales por el suelo, a las antiguas puertas de embarque. En ellas, las colas que locales y turistas formaron antaño las replican ahora tiendas apretadas entre las que, como hurgando en el pensamiento del joven, se descubre al son de un deslizar de sábanas una pintada en la pared. Sobre dos corazones y en colores muy vivos, en ella se lee “te echo de menos, mamá”.

En liza consigo mismo para aplacar la nostalgia, el joven estudiante de derecho se centra estos días en planear su partida a Alemania, sin ver problema alguno en cruzar ilegalmente la frontera después de haber lidiado con los talibanes o Daesh. “Lo intentaré una vez y otra y otra…”, anticipa desde Elliniko, donde solo los pocos que como él o Rohim conservan algo de dinero aspiran a quedar a merced de traficantes que, por entre 800 y 3.000 euros, les muestren las rendijas de unas fronteras selladas.

Torturados y enfermos, sin opción a la reubicación

Se diría que son los afortunados de un campamento en el que solo hay margen para otras dos opciones, entre ellas deportarse uno mismo, como lo llama Attaullah, a quien la idea le ronda la cabeza pese a abocarle a una muerte casi segura en Afganistán. Que se baraje esta posibilidad se empieza a digerir cuando se constata que supervivientes de la tortura o la violencia en ese país, así como personas con necesidades de atención médica, se ven privadas del derecho a la reubicación más allá del territorio griego.

Pese a que casos como estos encajen en los colectivos vulnerables que podrían optar al realojo, su nacionalidad opera como sesgo que, hoy por hoy, impide a todo afgano aspirar a esta alternativa. Un representante de ACNUR en el noroeste griego censura esta política que, considera, orilla al individuo para, sea cual sea su situación, rechazar su reubicación si su país no llega al 75% de peticiones de asilo reconocidas, como ocurre por ejemplo con Siria. Cincuenta mil refugiados “no son un problema ni aquí ni en ninguna parte”, añade la misma fuente antes de apuntar que lo que sí es un problema es “la política de fronteras que se cierran”. Por ella, una tercera y última vía se abre para quienes viven en Elliniko: el asilo en Grecia, posibilidad que no entusiasma y para la que acaba de finalizar el pre registro abierto a los más de 47.000 refugiados que siguen en su territorio continental.

Es lo que le queda a quienes no les queda nada. La frase emana de Gul Rooz, mujer embarazada que vive con su familia a los pies de la carretera y que clama para que Europa responda a los “olvidados” que siguen atrapados en Atenas, como ella o como Nasrullah. Seca en él toda ambición, reúne a duras penas fuerzas para encontrarle el rastro y pedir a Europa que reabra sus puertas. “Es nuestro deseo y por él seguiremos aguantando en estas tiendas”.

El hilo del que pende la vida

Acceso a la terminal de Elliniko, pendiente de privatización.

Pasadas las ocho, el sol empieza a caer frente a Elliniko y los tonos rojizos que se cuelan por soportales, túneles, ventanas, gradas y cualquier recoveco en el que se agolpan las tiendas parecen tirar del hilo del que pende la vida. Grupos en corro departen junto a iglús que se ensanchan tanto como lo haga una familia. Un niño empuja una camioneta hacia unos contenedores de los que sobresale la basura; mientras otros dos, que más que caminar gatean, remueven los pedazos de cemento que se han desprendido de la carretera junto a unos adolescentes que juegan a voleibol entre gritos y risas. Sus sonidos no llegarán a oriundos y turistas que, a minutos en coche, apuran los últimos rayos de sol en playas como la de Glyfada.

Quedarán también mitigados por el zumbido de los coches que cruzan la avenida Posidonos desde la que, tal vez, las miradas se posen sobre Elliniko cuando lo que resuene sean las máquinas que hagan del lugar un nuevo El Dorado del urbanismo ateniense en cuanto se materialice una privatización que, aun lentamente, avanza. En este impasse en el que podría producirse el desalojo del campo, que se plantea ahora para septiembre, los que se arriesguen a avanzar o a retroceder serán, junto a los sueños, los únicos que continúen viajando desde un aeropuerto cuyos miles de habitantes seguirán aguardando una llamada de embarque a algún lugar que parece no llegar nunca a esta terminal de espera. ___________

Fotografías de Rosabel Rodríguez.

Un imponente edificio se levanta en el centro de Atenas. Tiene siete plantas y, a cien metros de distancia, se puede leer en su fachada: “Hotel City Plaza”. Parece de todo menos un hotel convencional: la ropa cuelga de forma desordenada de los balcones, no hay botones, los niños parecen haber tomado el control del edificio, gritan y corren escaleras arriba y abajo y las paredes de su recepción están plagadas de carteles reivindicativos. No hay clientes ni trabajadores, sólo pueden encontrarse activistas y voluntarios que trabajan codo a codo con sus huéspedes. Tampoco se puede hablar de turismo o placer. Los que habitan en este recinto turístico no buscan un descanso, sino un refugio en Europa.

Una red de académicos, activistas y ciudadanos griegos ocuparon el 22 de abril del 2015 un prominente hotel abandonado en el centro de la capital griega para proveer ayuda a migrantes y refugiados. A día de hoy, son 386 las personas que se hospedan en este agradable hotel que había permanecido cerrado durante siete años y que las autoridades locales no parecen tener prisa en desalojar.

Migrantes sin fecha de salida

Grecia fue una puerta de entrada para más de 850.000 refugiados en 2015. Desde febrero, con el cierre de la ruta balcánica, el país se convirtió en una prisión; los migrantes no pueden seguir su camino porque sus vecinos sellaron sus fronteras. A su vez, los llegados después del 20 de marzo del 2016, después de la entrada en vigor del tratado entre la Unión Europea y Turquía, tienen más dificultades para obtener permisos que legalicen su estancia temporal y se encuentran encerrados en sórdidas prisiones de las islas del Egeo.

A partir del 8 de junio de 2016, el Servicio de Asilo Griego, en colaboración con Acnur, empezó a repartir tarjetas de asilo válidas para un año, permitiendo a los refugiados residir legalmente en Grecia y tener acceso a servicios. Según Acnur, solo 1.970 solicitantes de asilo habían sido recolocados el 29 de junio. Este pre-registro es solo el punto de partida para que en un futuro los migrantes puedan completar sus solicitudes de asilo, acogerse a los programas de recolocación y reunificación familiar. La mayoría no saben cuándo podrán continuar su trayecto.

Una alternativa a los campos oficiales

El barrio ateniense de Exarcheia, célebre por ser el barrio joven y bohemio de la capital, dispone de cuatro edificios ocupados y autogestionados que dan cobijo a refugiados. Algunos de ellos se crearon inmediatamente después de que la oleada de refugiados llegara a la capital, en setiembre de 2015. Los espacios que en un principio simplemente proveían ayuda para que los refugiados tomaran de nuevo su camino, se convirtieron después del cierre de fronteras en una nueva residencia casi permanente. En ese contexto, hace tres meses tuvo lugar la ocupación del Hotel City Plaza, que se encuentra a unos cinco minutos de Exarcheia y acoge, con diferencia, a más migrantes que ningún otro edificio de la capital. “Aquí los refugiados tienen lo que el gobierno no les ofrece: comida, privacidad, solidaridad y acceso a la ciudad”, explica el activista Nasim Loami desde el otro lado del mostrador de la recepción del hotel.

A día de hoy, son 57.193 los migrantes que permanecen encallados en el país heleno. La mayoría de ellos se hospedan en decenas de campos militares que el gobierno griego ha habilitado para su estancia, todos alejados de los centros urbanos. En estos campos los migrantes suelen dormir bajo tiendas de campaña; la asistencia médica y la comida a veces escasean. Sin embargo, esto no es lo único que diferencia este proyecto de los campos oficiales. Para Loami, “es obvio que las condiciones son mejores aquí [refiriéndose al hotel City Plaza], pero la cuestión principal es que en el hotel disfrutan de todos los beneficios de la ciudad”.

Un grupo de personas reunidas en el interior del Hotel City Plaza en Atenas. | FACEBOOK

Encontrarse en una ciudad que no descansa, con más de tres millones de habitantes, permite a los refugiados acceder con comodidad a los servicios básicos, desde hospitales a servicios legales. Esa es la razón por la cual dos jóvenes sirias, que bajan risueñas las escaleras, han optado por el hotel. Aseguran que pasar las noches aquí les permite dirigirse a diversas entidades benéficas por las mañanas, recoger el dinero de sus familiares y buscar asesoramiento legal. Describen con una sonrisa cada uno de los rincones de la ciudad que han podido descubrir como dos turistas y las personas que se han encontrado por el camino. Para ellas, este ha sido el primer paso para integrarse en la sociedad griega.

La capital de Grecia no ofrece más alternativas para los refugiados en esos momentos que no sean sus calles o el campo improvisado en el antiguo aeropuerto de Elleniko, que acoge a alrededor de 1.000 personas, sobre todo afganos. En este campo, el hacinamiento y la falta de instalaciones de saneamiento convierten la vida en un auténtico martirio. “Muchas personas, incluyendo niños, mujeres embarazadas y personas de edad avanzada, están durmiendo en tiendas de campaña fuera del edificio para buscar algún grado de privacidad”, reporta un reciente informe de Amnistía Internacional. Estas precarias condiciones hacen que la tensión entre ellos crezca; a mediados de julio una pelea colectiva entre migrantes causó un muerto y tres heridos graves. Los desencuentros entre migrantes, a menudo de distintas nacionalidades, son muy frecuentes en los campos oficiales.

Hotel en lucha

Sin embargo, iraníes, iraquíes, palestinos y otros conviven pacíficamente en el recinto hotelero ateniense. El clima de cooperación y ayuda mutua que se respira no deja espacio para la violencia. “Aquí todos somos iguales, no hay nadie que sea más importante que otro”, explica un refugiado del Kurdistán sirio, Kawa Horo, mientras observa una exposición de fotografías que alegra las paredes del comedor. Las imágenes que contempla el joven kurdo son fotografías donde aparecen rostros de los huéspedes del hotel y voluntarios. En ellas, se puede observar la diversidad que impera en esta gran casa y también su unidad.

Su retrato favorito es el de una manifestación organizada por migrantes y refugiados que recorrió el centro de la capital helénica. Cuatro carritos encabezaban el bloque, detrás suyo se ven decenas de manos alzadas, bocas abiertas que congelan gritos y pancartas que piden la apertura de fronteras. Con optimismo, Horo comenta que “lo mejor que podemos enseñar a los niños es que ellos también tienen derechos”.

City Plaza no es sólo un espacio para proveer ayuda inmediata a los refugiados sino que se ha convertido en uno de los centros de lucha de los derechos de los migrantes. En colaboración con una coordinación de sindicatos de profesores local, activistas y refugiados han conseguido que alrededor de 60 niños puedan asistir a partir de septiembre a la escuela.

El funcionamiento del proyecto pretende ser democrático. Una vez por semana se llevan a cabo asambleas en el comedor. En medio de una cacofonía de griego, inglés, árabe y persa, se solucionan los problemas logísticos del hotel. Los huéspedes comparten las responsabilidades para la limpieza, suministro de comidas y seguridad. En este recinto todo se organiza colectivamente. Se ofrecen excursiones para visitar la ciudad, clases de idiomas y se proporcionan recursos para encontrar trabajo. Algunos de sus huéspedes han conseguido su primer salario en Europa trabajando en cafeterías o en el campo. El hotel ha sido capaz de convertir la pesadilla de encontrarse retenido en Grecia en un viaje más llevadero.

Escondiéndose dentro de un ferry es como el egipcio Nasim Sarhan, pseudónimo que usamos para proteger su identidad, consiguió salir de Lesbos y pisar Atenas tras cuatro meses atrapado en la isla de Lesbos, territorio de 80.000 habitantes que había recibido 517.000 personas entre enero de 2015 y enero de este año, según ACNUR. Su huida le ha permitido continuar su viaje a Italia y evitar la deportación a Turquía. Después del tratado que subscribieron la Unión Europea y Turquía, la isla no ofrece muchas otras alternativas. La privación de movimiento con la que viven ahora los migrantes retenidos en ella, es decir, la prohibición de huir de la isla, convierte a Lesbos en algo cada vez más parecido a una prisión mientras que las condiciones de vida de los migrantes allí son cada vez más precarias.

La barca con la que Nasim y otras 40 personas cruzaron el Egeo atracó en la costa de Lesbos a mediados de febrero. En aquel momento, los llamados hotspot, centros de registro de inmigrantes, permitían a los recién llegados disponer de un documento de estancia temporal mediante el cual podían permanecer un tiempo en Grecia. Así, podían moverse sin problemas de las islas a tierra firme.

No obstante, a Nasim no le entregaron nunca dicha documentación ya que, de una forma casi arbitraria, en febrero, a algunas nacionalidades se les empezó a no expedir el permiso de estancia temporal, por lo que no podían subirse al ferry hacia Atenas. Aunque no se dispone de datos oficiales, podrían ser centenares los migrantes los que se encontraron en esta situación, según las organizaciones humanitarias.

A los que no se les daba dicha documentación eran egipcios, paquistaníes, marroquíes... nacionalidades que se encuadran en el perfil de migrante económico, que, a diferencia de los recién llegados con estatuto de refugiado, son todas aquellas personas que se mueven de sus países por conveniencia personalconveniencia personaly como resultado de una decisión tomada libremente, según la Organización Internacional para las Migraciones. Grecia es, desde el año pasado, el principal punto de entrada para los refugiados que huyen de las zonas de guerra como Siria, Afganistán e Irak, pero hasta marzo era también la principal puerta de entrada de migrantes de otros países de Oriente Medio y del Norte de África.

De lugar de acogida a prisión

A partir del 20 de marzo, con la puesta en marcha del acuerdo entre los 28 países de la Unión Europea y Turquía, la situación en Lesbos dio un giro de 360 grados de la noche a la mañana. El emblemático sitio que había sido un lugar de acogida se convirtió en una gran prisión con la entrada en vigor del tratado. El polémico acuerdo considera a cualquier persona que entra en territorio griego de forma ilegal como un “migrante irregular”, lo que implicaría su posterior deportación a Turquía.

Así, desde finales de marzo nadie puede obtener el permiso para coger el ferry hacia Atenas, a menos que se le reconozca el derecho de asilo en Grecia, algo que el propio tratado impide con cierta ambigüedad. El foco mediático de ese antes y después se dirigió a los refugiados de Lesbos. Pero lo que obviaron los medios fue la situación de los migrantes económicos, que se quedaron atrapados en la isla.

Para ejecutar este nuevo sistema de acogida temporal e inmediato regreso a Turquía, a partir del 20 de marzo Grecia empezó a retener a todos los migrantes que llegaban a sus costas y a trasladarlos a los centros de registro de islas como la de Chios, Samos, Lesbos, que se transformaron en centros de detención. Aunque Nasim Sarhan había llegado en febrero, antes de que se hubiera suscrito el acuerdo, no podía acreditar su fecha de llegada porque nunca fue registrado debido a su nacionalidad egipcia. No disponer de fecha de entrada después de la entrada en vigor del tratado implicaba sujetarse a las nuevas reglas y por lo tanto, tarde o temprano, sería arrestado.

El encarcelamiento

La ley griega establece ahora que todos los migrantes que llegan a estos centros de detención sólo pueden permanecer allí 20 días. El objetivo del encarcelamiento es precisamente el registro del migrante, tal y como confirman fuentes oficiales del Gobierno. Nashim, a mediados de abril, fue detenido por la policía y llevado al centro de detención de Moria, en Lesbos. Asegura haber pasado más de 20 días allí hasta ser finalmente registrado y haber obtenido la documentación que necesitan los internos para poder salir del recinto. Sin embargo, esos papeles son insuficientes para abandonar la isla. Los papeles que Nashim guarda consigo confirman que estuvo 40 días encarcelado en Moria. Esto podría llegar a ser una práctica tan habitual como ilegal. infoLibre ha obtenido testimonios que confirman que las detenciones duran mucho más de 20 días. Por el contrario, fuentes oficiales del Gobierno niegan que se esté dilatando el período de detención más días de lo legalmente permitido.

Aunque la Unión Europea ha prometido el envío de medios humanos para desarrollar tareas relativas a la ejecución del tratado en las islas, esa ayuda ha llegado con cuentagotas, según Giorgos Kyristis, portavoz del comité gubernamental para la crisis de refugiados. Grecia no dispone de los medios necesarios para agilizar los trámites de registro y las peticiones de asilo como se esperaría, aunque Kyristis niega que se esté reteniendo a los migrantes más tiempo del necesario.

Según fuentes de organizaciones humanitarias, cientos de migrantes han solicitado asilo, pero las peticiones son examinadas por los funcionarios a un ritmo muy lento, teniendo en cuenta que son más de 3.000 los detenidos en esos centros, según las autoridades locales. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo comenzará a desplazar unidades móviles por todo el país a partir de este mes, por lo que el proceso es probable que se acelere a partir de ahora.

La vida en el centro de detención de Moria

El otro gran problema son las condiciones de salubridad y alimentación que ofrecen centro de detención como el de Moria. Según Nashim, la comida escasea por lo que “se pasa hambre, la gente adelgaza y padece anemias”. La situación podría asemejarse a la de otros recintos oficiales para migrantes, donde la ayuda ofrecida por el Estado griego es mínima. “Una vez cerraron las fronteras vecinas, teníamos que proporcionarles más ayuda a los refugiados que se quedaron atrapados en Grecia. Lo teníamos que hacer con un sector público duramente golpeado después de seis años de austeridad, con menos personal y con menos fondos”, aseguraba Kyristis en una reciente entrevista para infoLibre.

En estos centros los voluntarios tienen el acceso restringido por lo que las provisiones de comida y productos de primera necesidad deben ser prestados directamente por militares y policía, quienes custodian estos recintos. Algunas ONG decidieron ofrecer sus servicios dentro de estos recintos, como Médicos del Mundo y Praksis, que prestan su ayuda en Moria. Otras organizaciones humanitarias, como Médicos sin Fronteras, decidieron mantener su actividad fuera del centro de detención como muestra de rechazo al encarcelamiento.

“Últimamente la policía se ha puesto muy violenta con los voluntarios y las asociaciones”, asegura Nashim. Algunas ONG se están retirando de Moria y esto asusta a sus internos, quienes no pueden confiar en que el Estado griego les proporcione lo mínimo necesario para vivir. “La policía ya ha empezado a repartir la comida y, tanto la calidad como la cualidad es muy mala”, confirma Nashim.

Lesbos, el final del trayecto

Salir de la llamada prisión de Moria es posible una vez se recibe la hoja de registro. Pero escapar de la isla por las vías legales no es una opción plausible a menos que la tramitación de la solicitud de asilo sea aceptada. Los migrantes económicos tienen las puertas cerradas a esa opción. Por ello, optar por las vías ilegales para salir de la isla es la única opción que tienen si no quieren ser devueltos a Turquía. “Cuando subí al ferry, me armé de valor y pensé que no tenía nada que perder, estar en Moria me llevaría a Turquía”, explica Nashim.

La desesperación crece entre los solicitantes de asilo de Siria o Irak, pero aumenta aún más entre los migrantes económicos, con pocas o nulas posibilidades de obtener dicha protección internacional. A lo largo de las últimas semanas se han acelerado las protestas violentas en Moria. Recientemente, a raíz de una pelea entre afganos y paquistaníes, se produjeron disturbios dentro del recinto, que terminaron con 15 personas heridas y con la evacuación parcial. Human Rights Watch advirtió el mes pasado que la policía no protegía a los refugiados durante las oleadas frecuentes de la violencia en los centros de detención de las islas.

"Hay una gran cantidad de gente irritada en el centro de Moria" aseguró el alcalde de la isla, Spyros Galinos , al diario griego Kathimerini después de este violento incidente. Y apuntó que estos sucesos no cesarían porque “los que están allí [en Moria] están al límite”, añadió.

Este lunes 20 de junio está marcado en el calendario como el Día Europeo del Refugiado, en un marco de rotundo fracaso de las políticas europeas respecto a la acogida de quienes buscan amparo tras las fronteras de los países miembros.

Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España ha reubicado, con los datos actualizados a día 14 de junio, a un total de 124 refugiados –el proceso de reubicación consiste en dar refugio a los migrantes desde Grecia e Italia, mientras que el procedimiento de reasentamiento, por el contrario, trata de dar hogar a los migrantes desde cualquier país del mundo–.

El municipio madrileño de Torrelodones se alza como uno de los ayuntamientos que el pasado mes de mayo se prestaron a acoger a la veintena de refugiados eritreos llegados a suelo español. En concreto, de los seis que han sido reubicados en Madrid, dos han sido destinados a Rivas Vaciamadrid y cuatro a Torrelodones. La acogida de refugiados en la localidad, sin embargo, no se limita a esos cuatro: un total de 15 asilados políticos han encontrado hogar en el territorio.

De los 124 reubicados en España, 40 proceden de Italia y 84 de Grecia. El camino hasta las 16.000 reubicaciones a las que se comprometió España para antes del 2017, no obstante, semeja no sólo distante, sino también pedregoso. En el año 2015, de hecho, el país rechazó siete de cada diez solicitudes de asilo y refugio, según un informe publicado el pasado jueves por CEAR.

Pese a los datos negativos, el 10 de junio la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que serán recibidas un total de 200 personas reubicadas desde Grecia y otras 200 reasentadas desde Turquía, en un plazo de tres meses. A estas 400 personas se sumarán otras 285 en los próximos 15 días, según sostuvo Sáenz de Santamaría, reasentadas desde el Líbano.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Torrelodones ha organizado este domingo una jornada de mesas redondas –que moderará el director editorial de este diario, Jesús Maraña– con el objetivo de informar sobre las posibilidades que tienen los municipios de España para acoger a los refugiados, y para compartir su experiencia al respecto. En el acto se leerá, además, el manifiesto publicado por infoLibre en el que un grupo de juristas insta a presidentes y alcaldes a que se rebelen contra el pacto entre la UE y Turquía en materia de refugiados, acordado el pasado 18 de marzo.

La labor del Ayuntamiento

Elena Biurrun gobierna la localidad gracias al partido Vecinos por Torrelodones, una formación creada en el año 2007 por un grupo de ciudadanos sin experiencia en política, pero sí en movimientos vecinales. Ese mismo año, con tan sólo tres meses desde su formación, se presenta a las elecciones municipales y consigue superar al PSOE con el 23% de los votos, convirtiéndose en el principal partido de la oposición. Vecinos por Torrelodones aprovecha los cuatro años de mayoría absoluta del PP en el municipio para desarrollar su estrategia política, hasta que en el 2011 Elena Biurrun es investida como alcaldesa.

En noviembre del 2015 el Ayuntamiento firma un convenio [consultar documento aquí] con Cruz Roja por el cual el Consistorio cede a la ONG tres viviendas municipales para la acogida. "El objetivo era que Cruz Roja gestionara en función de las directrices marcadas por el Gobierno y con las subvenciones prestadas por el Ministerio", comenta Biurrun en conversación telefónica con infoLibre.

Pese al acuerdo, los meses se suceden y España no recibe ninguna remesa de refugiados procedentes de Siria, por lo que las casas permanecen vacías. Cruz Roja decide entonces actuar, y pide en marzo ampliar el convenio, de modo que éste no contemple únicamente a refugiados sirios, sino a todo aquel que tenga la consideración de refugiado político.

"En mayo Cruz Roja nos avisa de la llegada de una primera familia ucraniana, y a partir de ahí la labor del Ayuntamiento es empadronarles y escolarizar a los tres menores que venían, para la integración con otros niños", explica Biurrun, quien incide en que este trabajo parte de los servicios sociales y municipales de las concejalías de Juventud y Deportes. "En paralelo, Cruz Roja se encarga de organizar todo lo relacionado con las casas, pero dejando a los refugiados margen para integrarse", señala.

“Si hay voluntad, se puede”

Raquel Antón es la responsable de integración social de Cruz Roja en Torrelodones, y una de las principales encargadas de llevar a cabo el trabajo de acogida en coordinación con el Gobierno municipal. "Tenemos tres pisos que ha cedido el Ayuntamiento y hay 15 personas refugiadas, de las 16 plazas de las que disponemos", relata en declaraciones a este diario.

"Lo que hacemos es gestionar las ayudas que nos proporciona el Ministerio", apunta. "Los vamos a recoger, les presentamos el entorno, cubrimos sus necesidades de manutención, higiene, limpieza…", resalta Antón, al tiempo que destaca también las actividades que están desempeñando con el fin de que los migrantes "se puedan integrar", especialmente mediante la formación en español.

Aunque Raquel Antón lamenta que "a algún vecino le ha costado" aceptar la llegada de los refugiados, admite que en general ha existido "un gran recibimiento por parte del Ayuntamiento y los Servicios Sociales", facilitando de este modo la integración de las familias en el vecindario. "A día de hoy tenemos tres voluntarias que están haciendo cursos, y que han surgido de aquí, de Torrelodones", presume, para enseguida añadir que "si hay voluntad, se puede".

En cuanto a la organización de la ONG, Raquel Antón señala que actualmente son dos las encargadas del trabajo: ella, que cumple el rol de trabajadora social, y otra compañera, que es mediadora social.

El objetivo fundamental es, sostiene, que los refugiados "puedan hacer vida normal, eso es lo que se pretende". Para ello colaboran con otras asociaciones vecinales que les ayudan a organizar actividades de tipo cultural, aunque "la idea no es tanto qué actividad desarrollamos, sino que sirva para que se integren".

En España, el programa en materia de refugiados contempla una primera fase –en la que se encuentran actualmente los migrantes ubicados en Torrelodones– de seis meses de duración, que precede a una segunda y última etapa en la que los asilados están preparados para desenvolverse de forma completamente autónoma, una vez encuentren empleo y piso de alquiler, "porque su situación ya es legal", explica Raquel Antón. Pese a procurar la plena autonomía de estas familias, la trabajadora social subraya que, en ese último fin de ciclo, la ONG "seguirá apoyando" a los migrantes para garantizarles una nueva vida en condiciones lejos del conflicto y la miseria que dejan a sus espaldas.

Madrid Foro Empresarial, Cruz Roja Española, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem presentaron este jueves una campaña destinada a sensibilizar al ciudadano madrileño para acoger e integrar a los refugiadosrefugiados que están llegando a la Comunidad de Madrid. Consta de varios spots de concienciaciónspots que se expondrán a partir del próximo lunes en las pantallas exteriores del Palacio de la Prensa, del cine Callao y de Gran Vía y antes de las proyecciones de películas del primer edificio. Además, se ha impulsado la web www.refugiadosmadrid.com para que los interesados puedan obtener más información acerca de la acción y ofrecer su colaboración a las asociaciones impulsoras.

La campaña se denomina Gracias a ti. Somos Madrid y su plato fuerte consta de varios vídeos con los que, en palabras de los organizadores, pretenden concienciar de la necesidad de que los madrileños reciban con los brazos abiertos a los solicitantes de asilo que recalen en la región. Los montajes, de 10 o 20 segundos, serán visibles para todo aquel que pase por Callao y se proyectarán desde el próximo lunes 20, Día Mundial de los Refugiados, hasta mediados de agosto. Muestran imágenes de personas intentando llegar a Europa, de la destrucción en Siria comparada con la tranquilidad de la capital, con frases como "Ayúdales a encontrar refugio" o "¿Tú no harías lo mismo?". Su objetivo es informar brevemente de la situación de aquellos que huyen de la guerra y tocar la fibra sensible del público. "Es importante el conocimiento, porque el desconocimiento produce miedoel desconocimiento produce miedo", aseguró la responsable territorial de Accem en Madrid, Marinela Ifrim. "El proceso de acogida es largo (…) y va en paralelo a que tenemos que facilitar la convivencia" entre madrileños y refugiados, ya que "tarde o temprano van a vivir en barrios normalizados".

La importancia de la integración en el proceso de acogida, y lo vital del papel de los madrileños en dicho proceso, fue igualmente puesto en valor por la coordinadora de Marketing de CEAR, Verónica Cheble, y por la presidenta de la Asamblea de Madrid de Cruz Roja, María Dolores Casteleiro. "Para la inclusión de los refugiados en nuestra sociedad es muy importante la información", aseveró Cheble. Casteleiro, por su parte, incidió en que la difusión de los vídeos pretende que "las personas vean los procesos de migración como una oportunidad y no como una amenaza". Una oportunidad de escuchar sus historias, de entenderlos y de verlos como "amigos cercanos, no como enemigos".

Por su parte, uno de los fundadores de Madrid Foro Empresarial, Juan Carlos Falantes, destacó el esfuerzo de las organizaciones implicadas en un trabajo "que nos tiene que comprometer socialmente", y declaró que la campaña no ha tenido coste ya que se ha realizado gracias al altruismo de los participantes. El presidente de la asociación de empresas, Hilario Alfaro, afirmó que la integración "pasa por el empleo". "¿Por qué no intentamos que una persona que sea refugiada pase a ser empresario? ¿Por qué no le acompañamos en ese camino?", se preguntó.

586 refugiados en junio

Según datos del Ministerio del Interior aportados por Madrid Foro Empresarial, a finales de junio España acogerá a 586 refugiados. Se trata de un reubicamiento de 150 personas procedentes de Grecia y 50 de Italia, y de un reasentamiento –personas que nunca llegaron a la UE– de 285 personas de Líbano y 101 de Turquía. Supone el 26,6% del total de acogimientos previsto por el Gobierno. En dos años se prevé la llegada de 9.323, según la organización. Una reacción "lenta", en palabras de Falantes, por parte del Estado español y toda Europa. "Fuera de lo que debería ser la sensibilidad de Europa, de la Comunidad Económica Europea". 

Madrid Foro Empresarial se define como un equipo de empresarios, directivos y profesionales "comprometido en revitalizar la actividad económica de Madrid, e impregnar de ilusión a la sociedad madrileña, generando bienestar y empleo", según reza su página web. Entre sus objetivos se encuentran "mejorar la imagen de los empresarios y su función social" y "contribuir a diseñar una región más justa, transparente y habitable".

Aforo completo. Así fue el revelador inicio que, a más de 20 minutos de la hora estipulada, abrió el acto en apoyo a los refugiados que tuvo lugar este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y que reunió a nombres del mundo de la cultura, el periodismo y la política con un mismo fin: la defensa de los migrantes que tratan de llegar diariamente a suelo europeo huyendo de países marcados por la guerra y la miseria.

La reverberación del salón que recibió a centenares de personas, hizo si cabe más solemne la apertura de la cita, una oda bajo forma de performance que combinó danza, música e interpretación, a quienes buscan cobijo en el seno de una Europa inmóvil.

El Gran Wyoming, presentador del acto junto a la escritora Almudena Grandes, inauguró el turno de intervenciones recalcando que "no es un acto de reivindicación", sino una llamada para recordar a los asistentes la manifestación convocada en Madrid el próximo 20 de junio, Día Mundial del Refugiado.

"No es una crisis de los refugiados, es un síntoma más del mundo en el que nos han metido", subrayó Wyoming. "Hemos convivido con las imágenes de los hechos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y siempre nos hemos preguntado cómo era posible que estas cosas pudieran suceder", lamentó, para después añadir que "los que estamos aquí queremos decir que nos negamos a estar en este mundo concreto que han fabricado para nosotros". El presentador remató esta primera parte pidiendo un minuto de silencio por las víctimas de la matanza perpetrada el pasado domingo en Orlando.

Almudena Grandes recordó, mediante la lectura de un relato que plasmaba la vida de refugiados llegados al continente europeo, que "hace años podían llamarse Paco, María, Dolores, y podían ser nuestros abuelos". De este modo introdujo la siguiente intervención, la del también escritor Benjamín Prado, quien acompañado por un violinista puso voz a las historias de aquellos que huyen de las balas, en alusión a los miles de refugiados que llegan actualmente a los países europeos, pero también en referencia a quien "podría apellidarse Cernuda, Jiménez o Alberti".

Manifiesto por un cambio de rumbo

Uno de los pilares de la cita fue la lectura del manifiesto S.O.S. Refugiados. Refugio por derecho: Europa a la deriva, a cargo de los periodistas Ignacio Escolar, Nativel Preciado, José María Calleja, Leila Nachawati, Laura Piñero y Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. El documento es un grito contra el tratado sobre migrantes firmado por la Unión Europea y Turquía el pasado 18 de marzo, una declaración tachada por los asistentes de "vergonzosa e ilegal".

Tras ellos llegó el turno del mundo de la cultura, de la mano del cantautor Alejo Stivel, quien prestó su voz para versionar el himno de Silvio Rodríguez, Ojalá. Otros rostros, como los actores Tristán Ulloa, Jorge Sanz, Juan Diego Botto y Silvia Marsó, los músicos Joaquín Sabina, Ana Belén, Miguel Ríos y Víctor Manuel, o el poeta Luis García Montero, estuvieron presentes mediante vídeos en los que denunciaban la actitud de una Europa sorda ante los derechos humanos de los refugiados, e incidieron en la marcha convocada para el próximo 20 de junio.

Darle voz a quien no la tiene

El ecuador del acto estuvo protagonizado por mujeres que han sido violadas ante los ojos de sus hijas, jóvenes llegadas a las aguas del Mediterráneo, periodistas de Ruanda amenazados de muerte, niñas que esperan cruzar la frontera de Alemania tras días en los campos de refugiados... Estas y otras historias, reales, con nombre y apellidos pero representativas de decenas de miles similares, fueron narradas gracias a más de una veintena de artistas –los actores Juan Diego o Juana Acosta, entre otros–, políticos –José Manuel López o Ángel Gabilondo, portavoces de Podemos y del PSOE respectivamente en la Asamblea de Madrid– y sindicalistas como Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, y José María Álvarez, de UGT, que dejaron de lado su propio protagonismo para otorgarles a ellos la voz que les fue arrebatada. Todas las historias, con un final común: "Nos vemos el día 20 en la manifestación".

A continuación, el actor Carlos Olalla, otro de los conductores del acto, reflexionó sobre "el cinismo con el que nuestros representantes se refieren" a los refugiados: "Les niegan el refugio, pero los tratan como tal". Añadió Olalla que "son muchos los Aylanes que se están ahogando en nuestras aguasAylanes" y pidió que "no seamos cómplices de este genocidio", para enseguida dar paso a la cantautora Rosa León, quien interpretó Al alba acompañada por los coros de un público emocionado ante los acordes compuestos por Luis Eduardo Aute.

A continuación, el actor Pepe Viyuela relató su experiencia en los campos de refugiados del Kurdistán, en representación de la ONG Payasos sin fronteras, que se dedica a recorrer territorios "inhóspitos donde nadie quiere estar". Viyuela aprovechó la ocasión para homenajear al mundo del circo como "hogar de acogida de quienes son diferentes".

El actor, además, protagonizó una actuación –"voy a hacer lo que mejor se me da: el payaso"–, ataviado con el único atrezzo de una chaqueta de traje, una maleta y unos zapatos de payaso, y con la poderosa arma del humor como principal aliada para acercar la realidad demoledora que padecen quienes tienen que huir de sus hogares en busca de refugio.

Por el cierre de los CIE

"Los Centros de Internamiento de Extranjeros son nuestros Guantánamos particulares". Con estas palabras se refirió Carlos Olalla a los centros donde aún hoy son llevados los migrantes que llegan a la península, y que en ocasiones han sido víctimas de prácticas denunciadas en numerosas ocasiones por asociaciones en favor de los derechos humanos.

En este sentido, Almudena Grandes destacó la labor de la asociación Campaña por el cierre de los CIE, en defensa de los extranjeros que se encuentran en los espacios de internamiento abiertos en territorio español.

Tras dos horas desde que la advertencia de aforo completo marcara el arranque –y dejara fuera a un centenar de personas, que pudieron seguir el acto a través de una pantalla gigante–, los presentadores agradecieron a asociaciones, partidos políticos, instituciones y personalidades que prestaron su apoyo para organizar y participar en una cita que sumó la voz y la fuerza de quienes rechazan las políticas europeas que "ahogan cada día a decenas de miles de migrantes". Porque "hoy son ellos, pero ayer fuimos nosotros".

La organización Plan B Europa organizó este jueves un acto en Madrid para visivilizar las consecuencias del tratado de la UE-Turquía. Según este acuerdo, todos los inmigrantes irregulares, incluidos los refugiados sirios, que pisen suelo griego desde el pasado 20 de marzo, son deportados a Turquía.

Concentrados desde las 19:00 horas en la Plaza de Colón, la organización comenzó su marcha hasta el Congreso de los Diputados, pasando previamente por la Puerta del Sol. La comitiva realizó una performance, portando una barca cargada de lo que simulaba los cuerpos de todos los refugiados que han fallecido en aguas del Mediterráneo. 

"Según cifras oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va de año, cerca de 200.000 personas han intentado cruzar las fronteras de Europa huyendo de la guerra y la miseria, y alrededor de 2.000 han perdido la vida en el mar", según explicó una nota de prensa de la organización.

"Lo que queremos es llamar a la movilización y poner sobre la mesa que estas políticas xenófobas de la Unión Europea están causando una masacre, cada vez hay más muertos", manifestaron los miembros de la asociación. Según PlanB Europa, este tratado, lejos de paliar la crisis de los refugiados, "está provocando que se abran otras vías de entrada que causan cada vez más muertos en el Mediterráneo", añadieron.

Además, desde la organización responsabilizan directamente al Estado y a Rajoy por haber firmado el tratado. "Deberían ver o, por lo menos, hacerse una idea, de lo que están provocando", añadieron. 

Esta movilización, según explicó la organización, es un llamamiento para acudir a la marcha que tendrá lugar el próximo 28 de mayo por "una rebelión democrática de los pueblos de Europa", en la que varias columnas movilizadas por diferentes causas confluirán en la Puerta del Sol. Una de ellas, Welcome refugees, se manifestará contra el acuerdo firmado entre la UE y Turquía.

Según la jornadaMovilidad, Migración o Refugio ¿Solidaridad o Fortaleza Europa?, organizada por Equo y que tuvo lugar este miércoles en Madrid, el texto solo ha generado consecuencias problemáticas. Entre ellas, la falta de seguridad de Turquía, donde se han dado casos de niños refugiados que han sido víctimas de abusos sexuales.

Por ello, Plan B Europa solicita que la Unión Europa acoja a todos aquellos refugiados solicitantes de asilo. "Cuando la gente huye por sus vidas, Europa debe simplemente abrir sus brazos, rechazando con firmeza la xenofobia y el racismo. Es una cuestión humanitaria, rechazamos la militarización y exigimos la reducción drástica del gasto en armamento y defensa", aseveraron.

Alrededor de 5.450 kilómetros, cinco veces la distancia que separa Madrid de París, es lo que ha recorrido un joven afgano desde Kabul (Afganistán) a Atenas (Grecia), país del que no puede salir legalmente. Ali Shawkat, de 21 años, cuenta la cadena de traficantes por la que ha pasado para poder cruzar Afganistán, Pakistán, Irán y Turquía de forma clandestina. El reto que tiene ahora en sus manos es continuar su interminable travesía hacia Austria. El cierre definitivo de la ruta balcánica ha provocado que las pocas alternativas que se le ofrezcan para llegar a su destino sean caras y pongan su vida en riesgo. Más de 90% del millón de inmigrantes irregulares que llegaron a la Unión Europea en 2015 utilizaron los servicios de los traficantes en algún momento durante su viaje, según Europol.

En el alto de un cerro en el centro de la capital griega, bajo la sombra de la bella Acrópolis, hablamos con Ali Shawkat. Mientras conversamos, un contraste inquietante rodea a Ali en el corazón de Atenas. Sin recelo, observa cuidadosamente cómo los jóvenes griegos de su misma edad se toman felizmente un respiro tras la ajetreada actividad diaria en la capital. A diferencia de ellos, Ali deberá esconderse una noche más dentro de un saco de dormir en un campo improvisado que acoge a 2.680 refugiados en el puerto de la capital griega, pensando que, mañana, quizás será el día en que pueda encontrar el camino para salir de Grecia.

Una explosión en la provincia afgana de Gazni, centro de actividad talibán, marcó un antes y un después en la vida de Ali. En este incidente que se produjo en la primavera de 2015, dos de sus cuatro hermanos perdieron la vida. Esta tragedia le empujó a empezar una vida más segura en otro lugar. Dejó su trabajo ese verano. Desde entonces, se concentró en reunir el dinero que necesitaba para pagar los servicios de los traficantes que se encontraría por el camino. “Todo el dinero que he recogido son préstamos de amigos. Algunos me dejaban 250 euros, otros 400. Es dinero que prometí devolver cuando finalmente llegara a Austria”, narra angustiado.

50.000 solicitantes de asilo atrapados en Grecia

Es muy común haber recibido el apoyo económico de familiares y amigos en forma de préstamos. No poder devolver esas cantidades se convierte en una pesadilla más del escenario infernal que viven los recién llegados a Europa. Más de 50.000 solicitantes de asilo están actualmente atrapados en Grecia y muchos de ellos comienzan a ver que tal vez toda esta inversión ha sido en vano. Un tortuoso viaje se esconde tras las imágenes de las miles de caras cansadas, los migrantes y refugiados que, amontonados con maletas, mantas y tiendas de campaña, malviven en los puntos más remotos de Grecia.

La primera pesadilla del infierno particular de Ali Shawkat fue superar el primer tramo del viaje, de Afganistán a Irán. Aunque entre estos dos países se extiende una larga frontera de 936 km, la ruta que le ofrecieron los traficantes al joven de 21 años, a cambio de 500 dólares por trayecto, pasaba por Pakistán, al sur de Afganistán. Se trataba de una ruta de 10 días a pie por zonas áridas. Recuerda haberla hecho con 30 personas, pero no todas ellas tenían las mismas condiciones físicas. "Soy joven y podía aguantarlo —dice mostrando su cuerpo esbelto—, pero con nosotros había familias con niños, personas mayores".

Él y el numeroso grupo de desplazados que le acompañaban lograron cruzar la frontera iraní-paquistaní de forma clandestina, a pesar de los esfuerzos de Teherán por mantener el paso fronterizo bajo permanente vigilancia. Ali Asghar Mirshekari, gobernador de la región de Sistán-Baluchistán —demarcación territorial fronteriza con Afganistán—, recordaba este mes de enero la necesidad de extremar precauciones en la frontera con Pakistán "a fin de prevenir la actividad de los traficantes y extremistas que arruinan la paz entre los dos países [refiriéndose a Pakistán e Irán]".

Una vez llegó en la región de Bazmas, al sureste de Irán, les tocaba mover ficha de nuevo, o lo que es lo mismo: dejar su vida en manos de otros traficantes hasta llegar a Turquía. "Un traficante nos pedía 350 euros [a diferencia de los 600 que acabaron pagando], pero sabíamos que la ruta que ofrecía era más peligrosa", relata Ali. Escoger a los traficantes adecuados, confiar en que su ayuda no será una emboscada para asaltarlos, ponderar los costes y los peligros de cada una de las ofertas que llegan se convierte en una decisión de suma trascendencia.

Señalando con detalle cada uno de los tramos de su viaje con la ayuda de Google Maps, recuerda victorioso la travesía de 25 días en territorio iraní. Las marcas de las ampollas son pruebas fehacientes de cómo desafiaron ríos y montañas durante entre 15 y 10 horas diarias. Esquivaban a cualquier precio los núcleos urbanos para evitar correr el riesgo de ser interceptados por la policía iraní. "Es un juego arriesgado, los agentes nos podían disparar", exclama Ali.

Son varias las denuncias reportadas por la prensa internacional sobre la represión que sufren los inmigrantes afganos en manos de los agentes de seguridad iraníes. Hablan de detenciones, palizas, tortura  e incluso de disparos. Las deportaciones son el pan de cada día. Durante el año 2015, un total de 544.016 afganos regresaron a su país: la cifra contempla tanto los que lo hicieron voluntariamente como los que fueron obligados, lo que representa un incremento de 306.392 personas con respecto al año anterior, según los datos de la Dirección de Afganistán de los Refugiados y Repatriación.

"Una vez llegamos a Turquía, sabíamos que habíamos superado la peor parte del viaje, que era Irán. No podía creer haber llegado a Estambul. Pasamos allí una noche, antes de hacer camino hacia Esmirna [ciudad situada en la costa este de Turquía]. Me gustó mucho, agradecí poder tener un día de ocio", comenta con cierta nostalgia mientras revisa las fotos de aquellos días. Con 1.800 dólares pudo travesar Turquía, esta vez en coche, hasta llegar a la costa. Allí le tocaba dar un paso arriesgado: subirse a una barca para llegar a la costa griega, a la isla de Lesbos.

De las 181.673 personas que han cruzado el Mediterráneo este 2016, 1.261 personas han perdido la vida, según ACNUR. Estas aterradoras cifras que llegan a Europa son bien conocidas por los que emprenden estos viajes. "Me pasé todo el trayecto pensando en el momento de llegar a través del mar. Sabía que había tal vez un 20% de posibilidades de no sobrevivir y aun así lo hice", confiesa el joven afgano.

Nuevas rutas

El año pasado, el 87% de los 900.000 migrantes que hicieron camino a Europa lo hicieron a través de Grecia. Sin embargo, esos porcentajes ya están cambiando debido al acuerdo sellado entre Turquía y la UE, destinado a detener el flujo de inmigrantes ilegales a Grecia desde Turquía a cambio de beneficios económicos y políticos para Ankara.

Ese tratado, junto con el cierre de la ruta balcánica, ha abierto nuevas vías con destino a Italia, principalmente con barcos de origen libio. Más de 350.000 personas que huyen del conflicto y la pobreza han llegado a la costa italiana en embarcaciones procedentes de Libia desde el inicio de 2014. Fue el propio ministro de Interior Alemán, Thomas de Maizière, quien aseguró días atrás que "la ruta de los Balcanes es una cosa del pasado” mientras señalaba a Italia como el nuevo objetivo principal de los migrantes, según la agencia Reuters. Todos los focos están puestos en Libia. Un asunto que ya ha llegado a la agenda del G5, quienes contemplaron, en una reciente reunión en Hanover, la posibilidad de que la UE y la OTAN trabajen juntas frente a la costa del país para erradicar “las redes de contrabando de refugiados de África”, la misma operación que ya está en marcha en el Egeo entre Turquía y Grecia.

Al margen de las nuevas rutas que se ofrecen a los migrantes que aún no han llegado a territorio europeo, los más de 50.000 solicitantes de asilo que están en Grecia siguen en permanente estado de espera para continuar su viaje. Aquellos que disponen de libertad de movimiento, que son los registrados en las islas griegas antes de la entrada en vigor del tratado de la Unión Europa y Turquía, no se resignan a quedarse en Grecia sin fecha de salida, aunque de momento todo apunta a que las fronteras terrestres del país heleno permanecerán selladas de forma indefinida. Tras el cierre definitivo del límite con Macedonia en febrero, Yannis Mouzalas, ministro de Inmigración, comunicó que las previsiones del Gobierno griego son que los refugiados seguirán atrapados en el país durante dos o tres años.

El único mecanismo legal que les queda a los recién llegados es confiar en el denominado Programa de Recolocación, un esquema establecido el septiembre pasado mediante el cual se pretendía distribuir a los 160.000 solicitantes de asilo a diferentes países de la Unión. De acuerdo con cifras dadas a conocer por la UE, a mediados de abril sólo 208 refugiados habían sido reubicados desde Grecia a otros países desde el 16 de marzo. La incertidumbre, la ausencia de información, las dificultades y restricciones que, en función de su nacionalidad, padecen para culminar la solicitud de asilo con éxito e ingresar en el programa de recolocación son las principales razones por las cuales les solicitantes de asilo y migrantes económicos optan, de nuevo, por rutas ilegales para llegar a su destino.

Con las fronteras cerradas, se abren las puertas para los traficantes

Los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Grecia, Macedonia y Albania se reunieron a mediados de abril con el objetivo de forjar acuerdos “para hacer frente a la crisis migratoria”, decisiones que se traducen en blindar las fronteras griegas. El creciente control de los lindes terrestres del país ha ido de la mano del incremento de los precios que ofrecen los traficantes para huir de él. Según informa Ali, estos pueden llegar a los 2.500 euros. Una de las opciones que barajan es zarpar desde el extremo este de Grecia rumbo a Italia. Una opción que Ali destaca como especialmente peligrosa ya que, según explica, implica “meterse dentro de la carga de un ferry”.

La otra opción que estudia este afgano es escapar a través de los bosques de Macedonia, áreas fuertemente custodiadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad, quienes responden con dureza contra aquellos que intentan retar la prohibición de llegar al país.

El tunecino Mourad Hassin intentó cruzar la frontera seis veces. En marzo, le pedían 700 euros para llegar a Serbia y 1.600 euros para llegar a Austria desde Atenas. Sus ahorros no le permitían pagar esas cantidades, así que por 150 euros compró un pasaporte falso que más tarde la policía griega interceptó. Ahora, desde París, Mourad narra a infoLibre cómo él y un amigo, con la ayuda de su astucia y el GPS del móvil, intentaron burlar la frontera de Macedonia sin la ayuda de traficantes. “Los bosques del sureste de Macedonia están llenos de policías y están muy bien equipados. Disponen de perros y de aparatos que les permiten vernos de noche”, cuenta Mourad.

Asegura que guardará en su memoria las marcas físicas y psicológicas que les dejó la policía de Macedonia una de las seis veces que fracasó en el intento de entrar clandestinamente. “Fue la tercera vez que lo intentamos. Nos pasamos tres días andando, no teníamos ni comida ni agua. Nos sentíamos muy débiles. Y luego nos encontraron [la policía], llegó un punto en el que ya no teníamos fuerzas para correr. Nos golpearon mucho, mucho. No podía andar, tuve que ir al hospital y me pasé 15 días allí hasta que fui deportado nuevamente a Grecia”, cuenta Mourad.

Sin embargo, el estado de alerta no termina al llegar a Serbia. Justo cuando Mourad y su compañero de viaje cruzaron la frontera siguiendo las vías del tren, les secuestraron. “Nos pidieron que les diéramos todo lo que llevábamos encima. Mi compañero les dio el dinero que guardaba como un tesoro pero yo tenía solo dos euros. Mi amigo consiguió huir pero yo seguí retenido. Yo les dije que en Belgrado un amigo mío les daría el dinero. Cuando llegamos allí, escapé”, explica aún tembloroso.

Las redes criminales se han adaptado rápidamente al aumento sin precedentes del número de migrantes irregulares que han llegado a la Unión Europea desde 2014, según reporta un informe publicado el febrero pasado por la Oficina Europea de Policía (Europol). Una amplia gama de actividades criminales han surgido en torno a la crisis migratoria. Entre estas, destacan la falsificación de documentos, la corrupción policial, la explotación sexual de los menores no acompañados y la mano de obra forzada para hacer que los migrantes paguen las deudas a las redes de contrabando. Este informe estima que el volumen total de euros facturados en negocios asociados al contrabando de personas hacia y dentro de la UE, sólo en el 2015, es de entre 2,5 y 5 millones de euros.

El fracaso en el funcionamiento del mecanismo ideado por la Comisión Europea para atajar la actual crisis de refugiados ha forzado al brazo ejecutivo de la UE a proponer un nuevo dispositivo que fue aprobado este miércoles por el colegio de comisarios de la UE y que propone sanciones para los asilados y países que no cooperen. Se trata de un mecanismo correctivo que se activaría si algún Estado recibe un 50% más de las demandas que puede asumir.

Las cifras oficiales reflejan que el actual plan está totalmente bloqueado. De hecho, de las más de 188.000 personas que los Veintiocho se han comprometido a acoger, los países europeos han recibido a 7.238. Sin embargo, Bruselas reconoce que la propuesta de reforma del Sistema de Asilo Común presentada este miércoles es solo "una respuesta a medio plazo para futuros retos migratorios". Los tiempos, en cualquier caso, están por determinar porque la iniciativa tiene que ser pactada entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo. 

La propuesta, que incluye cambios de calado en el código que regula qué país tiene que tramitar las peticiones de asilo, pivota en dos sentidos. Por un lado, incluye multas de hasta 250.000 euros por cada refugiado que un Estado miembro se niegue a acoger. Ese dinero tendría que ser abonado al país que finalmente acoja a esta persona. Y, por otro, establece sanciones para los solicitantes de asilo que se nieguen a ser registrados en el país al que llegan, así como la pérdida de ciertos derechos de acogida si se desplazan de forma irregular dentro de la UE. De esta forma se intenta evitar que los refugiados se nieguen a hacer su solicitud en el país de llegada y se muevan por el territorio europeo intentando llegar a Alemania y Suecia, los países en principio más favorables a sus intereses. 

En cualquier caso, la principal novedad es que los refugiados se enfrentan a sanciones o, directamente, castigos, en el caso de no cumplir lo que marcan los protocolos. Así, la propuesta es que se les obligue a hacer la petición de asilo en el país de entrada a la UE y no en el que ellos prefieran. El texto contempla quitarles los derechos de asistencia en territorios donde no deben permanecer (excepto las urgencias médicas) o examinar sus expedientes de asilo de manera acelerada, lo que podría conducir a un rechazo.

El pago por la no participación en el sistema de reparto ya se había ofrecido como posibilidad en el marco del mecanismo temporal vigente en la actualidad. No obstante, es la primera vez que se establecen cuantías tan altas; que se determina un período límite de 12 meses en el que los países pueden permanecer al margen del sistema; y que se permite no participar sin tener que demostrar ciertas circunstancias como, por ejemplo, un nivel elevado de desempleo en el país.

La propuesta, además, es que los repartos de demandantes se hagan sin tener en cuenta el nivel de desempleo de cada país, como ocurría hasta la fecha. Las variables a tener en cuenta pasarían a ser únicamente PIB, población y esfuerzos previos de acogida. Lo que la Comisión Europea defiende es que este nuevo mecanismo correctivo puede permitir a los países que reciben una mayor carga –como está pasando actualmente en Grecia e Italia–repartir la carga la carga con sus socios comunitarios. De hecho, la propuesta es que este plan se pueda activar cuando algún Estado reciba un 50% más de las demandas que puede asumir.

Incapacidad de la UE 

El plan ideado en las cumbres y reuniones de ministros de países europeos celebradas en los últimos meses para dar solución a la crisis de refugiados y que está vigente en la actualidad pivota sobre dos aspectos principales: la reubicación en un plazo de dos años de 106.000 de las personas provenientes de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea que han llegado en los últimos meses a las costas de Grecia e Italia y el reasentamiento directamente desde países extracomunitarios –lugares en conflicto y Turquía, principalmente– de 82.000. 

Los datos oficiales constatan el fracaso de este proyecto. En el balance oficial de la Comisión Europea [se pueden consultar aquí] figura que, hasta este martes, la comunidad europea sólo había reubicado a 1.441 personas: 565 desde Italia y 876 dese Grecia. Apenas un 1,4%. Los reasentamientos están funcionando un poco mejor, pero tampoco las cifras son demasiado esperanzadoras, pues sólo ha habido 5.797 acogimientos, un 7% de los previstos. 

Una fuente comunitaria señala a infoLibre que entre las causas de este retraso está el mal funcionamiento de los llamados hotspots, los centros –ubicados en Grecia e Italia– en los que los migrantes son registrados y donde se declara si tienen o no derecho de asilo. El compromiso inicial es que, tras una entrevista, se decrete su traslado al resto de países de la UE en un plazo de dos meses y en función del el idioma y los lazos familiares, culturales o sociales. En esos puntos, las personas que no se reconocen como refugiados pueden ser devueltas a sus países de origen. Esta misma fuente también alude a cierta responsabilidad de los propios solicitantes de asilo, que declina pedir asilo en Grecia o Italia con la esperanza de que se abran las fronteras y poder trasladarse por sus propios medios a los países en los que desean quedarse. 

Acuerdo UE-Turquía

Además, la Unión Europea suscribió el pasado marzo con Turquía un acuerdo para intentar frenar de golpe la oleada de llegadas a Grecia de los refugiados provenientes de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea y de los migrantes económicos que huyen de la guerra, la inseguridad o el hambre. Ese pacto preveía sellar la ruta del mar Egeo mediante la devolución exprés de migrantes y refugiados y que Europa acoja únicamente a tantos sirios como haya expulsado. Por el momento han sido 120 las personas con nacionalidad siria reasentadas a Europa desde Turquía, mientras que las expulsadas a ese país han sido 386. 

Sí es cierto que se han reducido las entradas por el Egeo. Desde el 20 de marzo –fecha de entrada en vigor del acuerdo– 8.670 personas han atravesado en pequeños botes los nueve kilómetros que separan la ciudad turca de Ayvalik con el norte de la isla griega de Lesbos. Todas las personas que llegan a Grecia son acogidas en Moria en un campo de refugiados que, según certificó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un informe reciente, se ha convertido en un "centro de detención" donde estas personas "no tienen libertad ambulatoria ni de movimiento" y están bajo control policial y militar. Allí se las registra, se les identifica con una pulsera con un número de registro y se les entrega un documento por el que se les comunica que están detenidas por haber entrado de forma ilegal en Grecia. Después sí pueden pedir asilo. 

En los primeros 19 días de marzo –es decir, antes de la entrada en vigor del acuerdo– las entradas por el Egeo fueron 26.878. En febrero habían sido 56.335 y en enero 61.602. No obstante, las ONG, en general muy críticas con este pacto, siguen reclamando a las instituciones europeas que habiliten vías legales y seguras para que estas personas puedan solicitar asilo sin perder la vida en el intento. Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española, señala que el éxito de la cooperación entre Turquía y la UE debe ser medido "en términos cualitativos", en el sentido de que" los derechos de los migrantes sean respetados y satisfechas sus necesidades humanitarias", y no cuantitativos, es decir, en el descenso del número de personas que cruzan el mar Egeo.

El pasado mes de marzo saltaron todas las alarmas. El número de inmigrantes llegados a las costas italianas se disparaba respecto al año anterior. Más de 9.600 personas alcanzaron territorio europeo a través de la ruta del Canal de Sicilia frente a los casi 2.300 que lo hicieron en marzo de 2015, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Este significativo aumento se producía tras el cierre de la ruta de los Balcanes y el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para expulsar a los refugiados que lleguen a Grecia después del 20 de marzo. Con el aumento del flujo de migrantes en una mano y el acuerdo con Turquía en la otra, Italia empezó a temer un cambio de ruta de los refugiados para llegar a Europa a través del Mediterráneo central. El Ministerio del Interior italiano, tal y como recoge en un artículo el diario La Repubblica, ha estimado que este año llegarán a las costas del país 270.000 migrantes, casi el doble que los 150.000 de 2015.

Durante el mes de abril se han sucedido numerosas operaciones de salvamento en el Canal de Sicilia en las que eran rescatadas miles y miles de personas en solo dos o tres días. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en los últimos 15 días (hasta el 27 de abril) han llegado a Italia 4.095 personas.

En total, en lo que llevamos de año, la cifra supera los 27.200, mostrando un flujo constante en sintonía con el del año anterior, cuando en el mismo periodo arribaron 26.200 personas. No obstante, en este último mes el número de inmigrantes y refugiados llegados al territorio italiano se ha reducido aproximadamente a la mitad respecto a 2015. Así, por el momento, la tendencia que parecía dispararse después del mes de marzo se ha moderado en las últimas semanas.

Tomasso Fabbri, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Italia, considera que “con el cierre de la ruta de los Balcanes, el Mediterráneo central es hoy una de las pocas posibilidades para las miles de personas que buscan refugio en Europa” y, aunque todavía es demasiado pronto para observar un efecto inmediato, “es posible que el cierre de esa ruta tenga consecuencias sobre los flujos procedentes del Mediterráneo central”.

Para el portavoz en Italia de la OIM, Flavio Di Giacomo, “el cierre de la ruta balcánica y el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía no ha tenido todavía ningún tipo de efecto sobre los flujos migratorios italianos”. Subraya que el aumento registrado en marzo se explica por las altas temperaturas, el empeoramiento de la situación en Libia (desde donde parte el 90% de los inmigrantes que llegan a Italia) así como por la falta de seguridad de las personas procedentes de países subsaharianos que han viajado hasta Libia.

Además, entre las nacionalidades de los llegados a Italia no se encuentran todavía sirios. La procedencia continúa siendo mayoritariamente la de los últimos años: Nigeria, Gambia, Senegal, Mali, Eritrea, Somalia o Sudán. Este año, a diferencia de los anteriores, hay más personas que proceden de Egipto: 2.000 frente a las 200 de 2015.

Que el número de inmigrantes llegados a Italia se duplique dependerá de la apertura de una nueva ruta para los refugiados que les traiga al país transalpino, así como de la situación en Libia y del asentamiento del nuevo Gobierno de unidad nacional. Lo que se sabe por ahora es que el flujo actual está compuesto “por personas del África subsahariana que escapan de guerras o persecuciones de regímenes políticos u otras huidas por motivos diversos: seguridad, como es el caso de algunos nigerianos que escapan de Boko Haram, motivos económicos o ligados a la extrema pobreza o incluso por el cambio climático”, nos cuenta el portavoz de la OIM.

Cuando estas personas dejan sus países de origen no tienen un plan migratorio claro, sino que deciden la próxima etapa durante el viaje. Su destino por tanto no es desde un primer momento Italia, Alemania o los países del norte de Europa, como puede ocurrir con otros refugiados. Di Giacomo sostiene que los subsaharianos deciden ir hasta Libia “porque creen que allí encontrarán algún trabajo fácilmente” pero cuando llegan se dan cuenta de que la situación no es como esperaban: “A menudo son víctimas de violencia, sobre todo por motivos raciales, ligados al color de su piel, por lo que nada más llegar a Libia pueden ser encarcelados sin motivo o trabajar sin ser pagados. Muchas veces estas personas no son capaces de volver a sus países de origen, porque el viaje es demasiado peligroso, y por tanto la única solución para encontrar protección es atravesar el mar para llegar a Europa”.

Médicos Sin Fronteras reanudó la semana pasada las operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central. El jefe de misión en Italia nos explica que las cifras registradas en los últimos meses muestran cómo “la falta de canales seguros y legales junto a la llegada del buen tiempo” está provocando que “miles de personas sigan poniendo en riesgo sus vidas en el mar”. “En ausencia de un mecanismo adecuado de búsqueda y salvamento proactivo en el Mediterráneo, no teníamos otra opción que reactivar nuestras operaciones para ofrecer asistencia médica a estas personas”, explica Fabbri.

Una nueva ruta más larga, peligrosa y cara

Las organizaciones humanitarias, basándose en experiencias pasadas, saben que con el cierre de la ruta de los Balcanes se abrirá una nueva más larga y peligrosa para los refugiados. La del Mediterráneo central es de hecho la más peligrosa y mortífera. De las 1.244 muertes en el Mediterráneo en lo que va de año, 851 se han producido en el Canal de Sicilia. Hace dos semanas 500 personas morían en un naufragio, entre Libia e Italia, después de que los traficantes intentaran trasladar a los migrantes de una embarcación más pequeña a otra de mayores dimensiones donde ya viajaban cientos de personas, según los testimonios de los 41 supervivientes recogidos por la OIM y la Acnur.

Flavio Di Giacomo nos explica que con el cierre de la ruta de los Balcanes, que fundamentalmente pasa por tierra (el trayecto por mar era más pequeño), las otras rutas que desde Turquía conectan con Europa prevén recorridos por el mar muy largos. “Cuantas más rutas por el mar existan, más riesgo de muerte y de naufragios habrá”, afirma. No se puede saber por el momento cuántos de los 50.000 sirios atrapados ahora mismo en Grecia decidirán cambiar de ruta para llegar a Europa y por dónde lo harán. La hipótesis es que vayan a Libia o Egipto y de allí se dirijan a Italia o que partan directamente desde Turquía. El portavoz en Italia de la OIM sostiene además que en este momento “es muy probable que aumenten los precios de los traficantes” y añade que “el flujo migratorio actual de sirios cuenta con menos recursos económicos, ya que la generación más rica escapó de la guerra en los últimos años”.

Desde MSF denuncian por su parte la situación de los refugiados sirios bloqueados en Grecia, “sin acceso a una adecuada asistencia humanitaria”. “En Idomeni, donde operan nuestros equipos, más de 10.000 personas continúan viviendo en tiendas, sin acceso a mecanismos de asilo, con escasa información y en condiciones higiénicas desastrosas”, nos cuenta Tomasso Fabbri, quien sostiene que “en Idomeni, Lesbos y otros puntos de la ruta balcánica donde MSF ofrece asistencia a estas personas” han podido ver “las trágicas consecuencias que esta crisis humanitaria creada por Europa ha producido en la salud física y mental de los migrantes y solicitantes de asilo”.

El periódico italiano Il Corriere della Sera recogía en un artículo del pasado 28 de marzo declaraciones del portavoz de la Comunidad de Sant'Egidio en Sicilia, Emiliano Abramo, que evidencian cómo muchos sirios ya están planeando un cambio de ruta: “El boca a boca entre los migrantes es rápido. A nosotros nos consta que muchísimos sirios atrapados entre Grecia y Turquía están ya llamando a sus compatriotas en Italia para informarse sobre como cambiar de ruta y llegar a Libia. Y lo mismo están haciendo los traficantes. (…) Desde los puertos libios ya desde este momento me consta que una marea humana está lista para partir, con la llegada del buen tiempo y el mar en calma”.

Un nuevo muro en la Europa de Schengen

Semanas atrás Austria anunció la construcción de una barrera y de controles fronterizos en el paso del Brennero, en la frontera con Italia, a partir del próximo 1 de junio, con tal de evitar la entrada de refugiados a su país. Esta decisión responde al temor de un aumento del número de migrantes tras el cierre de la ruta de los Balcanes. Viena estimó que 300.000 personas podrían llegar a Italia este año, el doble de las 150.000 del anterior. El anuncio se producía con las elecciones presidenciales a la vista, celebradas el pasado 24 de abril y que dieron la victoria en la primera vuelta a la ultraderecha.

El jefe de la policía tirolesa, Helmut Tomac, ha anunciado el inicio de las obras para la construcción de una barrera que limite, en caso de necesidad, el acceso a los inmigrantes procedentes de Italia. Una red metálica de 370 metros de largo y cuatro metros de alto en la parte central. Las autoridades de Austria pretenden además realizar controles en los trenes y las carreteras italianas. El ministro del Interior, Angelino Alfano, ha dejado claro que no permitirán controles de la policía austriaca “en nuestros trenes y en nuestro territorio” y que será Italia la encargada de reforzar la presencia de las fuerzas del orden en trenes y carreteras.

La respuesta del primer ministro, Matteo Renzi, no se hizo esperar: “La hipótesis de cerrar el Brennero va descaradamente contra las reglas europeas, además de en contra de la historia, la lógica y el futuro”. La construcción de este muro para impedir la entrada de inmigrantes también preocupa a la Comisión Europea. Así, el próximo 5 de mayo el presidente Jean-Claude Juncker viajará a Roma para reunirse con el primer ministro italiano.

No obstante, la reunión mantenida el pasado jueves en Roma entre los ministros del interior italiano y austriaco, Angelino Alfano y Wolfgang Sobotka, ha evitado “por ahora la explosión de una crisis y el cierre del paso del Brennero”, tal y como declaró el titular italiano tras el encuentro. “¿Es una decisión definitiva? No. Dependerá también de nosotros evitar que Austria opte por el cierre. Dependerá de nosotros y de nuestra eficiencia evitar una crisis”, apuntó Alfano, que señaló los posibles daños bilaterales de cerrar la frontera: “Sería un daño enorme al turismo austriaco, a nuestras importaciones y exportaciones y al tránsito de personas por razones de trabajo”. “La preocupación de Austria es que lleguen muchos refugiados desde Libia, nuestra posición es que nosotros estamos gestionando con gran eficiencia la frontera marítima y no prevemos que en la frontera del Brennero haya riesgos”, declaró el ministro del Interior italiano, quien subrayó además que “el derecho de circulación en Europa debe ser libre y seguro”.

Alemania también apoya la postura de Austria: todo dependerá de que la gestión italiana de los flujos sea eficiente. Los ministros del Interior alemán y austriaco se reunían este viernes en Potsdam (cerca de Berlín) y han coincidido en señalar que Italia es quien debe contribuir al mantenimiento del espacio Schengen. El ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, declaró que tras el cierre de la ruta de los Balcanes, los refugiados se están dirigiendo hacía la ruta alternativa de Libia para llegar a Italia. “En la frontera norte de Italia no se puede repetir una situación como la de la ruta de los Balcanes el otoño pasado", sostuvo.

Acuerdo con Libia para frenar el flujo migratorio

El Gobierno italiano ha enviado su propuesta para solucionar la crisis migratoria a la Unión Europea. El plan, llamado Migration Compact [ver en PDF], se basa en dar ayudas a los países africanos de origen o tránsito de los refugiados con el compromiso por parte de estos de ayudar a frenar los flujos hacia Europa. Para financiar este plan, Matteo Renzi propone la emisión de eurobonos, iniciativa que no cuenta con la aprobación de Alemania.

El plan de inmigración italiano prevé la cooperación de todos los países de la Unión Europea para un control eficaz de las fronteras, reducir el flujo de inmigrantes, gestionar las repatriaciones así como un mayor empeño en la lucha contra los traficantes de seres humanos. El primer ministro italiano considera que “el acuerdo UE-Turquía es el primer intento de iniciar una cooperación a gran escala con un tercer país”, tal y como puede leerse en la carta enviada días atrás a los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo. El titular de Interior italiano sostenía tras la reunión con su homólogo austriaco que ambos apoyan la idea de alcanzar con Libia un acuerdo siguiendo el ejemplo del firmado con Turquía: “Imagino centros en el territorio creados expresamente para distinguir y dividir a quien tiene derecho a la hospitalidad, por ser refugiado, y quien no”.

Para MSF “la propuesta de considerar a Libia como un tercer país seguro donde los migrantes puedan ser reenviados no es aceptable, tratándose de un contexto altamente inestable donde la seguridad no se puede garantizar”. “Proponer un sistema de repatriaciones hacía Libia, además de cuestionable desde el punto de vista jurídico, es cínico y deshumano y demuestra hasta que punto Europa –y en este caso Italia– ha perdido completamente el contacto con la realidad”, afirma el jefe de la misión de MSF en este país.

La estabilización de la situación en Libia, como principal país de tránsito, es para Italia una prioridad estratégica de primer orden si se quieren controlar los flujos de inmigrantes y refugiados. Así, en el Migration Compact Italia propone que los esfuerzos de la ONU y de la UE se destinen a apoyar la gestión en el territorio libio de los flujos migratorios, garantizando la seguridad, contrastando el negocio del tráfico de personas y también a través de “una cuidadosa selección” para distinguir entre refugiados e inmigrantes económicos. Esto a la par que se implementan medidas de reasentamiento para las personas que necesitan protección internacional y de retorno para los inmigrantes irregulares.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha aplaudido la propuesta italiana a través de una carta dirigida al primer ministro: “Aprecio mucho tu iniciativa, lo que confirma la necesidad de un enfoque europeo al tema de la inmigración, tal y como he defendido desde mi elección como presidente de la Comisión”. “Como tú, estoy convencido de que solo una Europa más fuerte frente a la actual crisis de refugiados nos ayudará a manejar los flujos migratorios hacia Europa y volver a un pleno funcionamiento del sistema de Schengen”, ha escrito Juncker.

De hecho la Unión Europea ya se estaría preparando para esto. El semanario alemán Der Spiegel publicaba este viernes que Europa estaría trabajando en una solución que pasa por la creación de centros de detención para inmigrantes y refugiados en Libia gracias a un acuerdo con el nuevo Gobierno de Faiez Serraj. Según recogía este periódico, se prevé que este verano lleguen a Italia desde Libia 200.000 personas, mientras que otras fuentes citadas por el diario alemán hablarían de medio millón.

En 2010 la Unión Europea firmó un acuerdo por valor de 50 millones de euros con el líder libio Muamar Gadafi con el compromiso de frenar el flujo de inmigrantes hacia Europa durante tres años. Además, en 2007 Gadafi y el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi alcanzaron un acuerdo para luchar contra la inmigración clandestina en el que se contemplaban “devoluciones en caliente” a Libia sin antes verificar si se trataba de solicitantes de asilo o no.

Refugiados y solicitantes de asilo en los márgenes del sistema

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras concluye en un estudio reciente llamado Fuera de lugar que al menos 10.000 refugiados y solicitantes de asilo viven en Italia fuera del sistema de recepción, sin asistencia por parte de las autoridades y con un acceso limitado a la atención médica. El informe nace como fruto de una investigación realizada en 2015 sobre las condiciones de vida de las personas que viven en los asentamientos informales que existen por todo el territorio italiano. MSF subraya que la mayoría de ellos son solicitantes de asilo y titulares de protección internacional que llevan viviendo en estas condiciones meses e incluso años. Según la organización, esto se produce por las deficiencias del sistema de recepción y las políticas de integración social italianas.

“El sistema de acogida en Italia no dispone de un número de plazas suficientes para hacer frente a la demanda: en 2014 y 2015, de las casi 150.000 peticiones de protección internacional presentadas en Italia, solo se han puesto a disposición 30.000 plazas en centros de acogida ordinarios a las que se añaden otras 80.000 en centros de acogida extraordinarios o de emergencia”, sostiene el jefe de misión en Italia, quien añade que esta situación “hace que los centros de primera y segunda acogida en este momento estén saturados”. Y cita el ejemplo del centro de primera acogida de Borgo Mezzanone (en la región de Apulia, en el sur del país), con una capacidad oficial de 640 plazas y en el que se encuentran ahora mismo más de 1.000 personas.

Los problemas continúan una vez finaliza el período de acogida, tal y como nos explican desde MSF: “Las personas se encuentran a menudo en la calle, sin ningún instrumentos para una real inclusión social (no hablan italiano, no tienen contactos en el territorio y no tienen trabajo), acabando muchas veces en asentamientos informales donde las personas están condenadas a vivir en una condición de marginalidad extrema social y económica”.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) documenta en un informe presentado este miércoles en Madrid la "vulneración sistemática" del derecho al asilo en Grecia tras la entrada en vigor del acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía que prevé sellar la ruta del mar Egeo mediante la devolución exprés de migrantes y refugiados. El informe [consultar en PDF, aquí] fue elaborado tras una misión de observación del equipo de la ONG, que estuvo del 17 al 23 de marzo en la isla de Lesbos, actualmente, el punto de recepción de refugiados más importante; y en Atenas, donde hay instalados campos de refugiados en el puerto de El Pireo y en el complejo olímpico de Ellinikó. 

Desde el 20 de marzo –fecha de entrada en vigor del acuerdo– todas las personas que llegan a Grecia son acogidas en Moria en un campo de refugiados que, según CEAR, se ha convertido en un "centro de detención" donde estas personas "no tienen libertad ambulatoria ni de movimiento" y están bajo control policial y militar. Allí se las registra, se les identifica con una pulsera con un número de registro y se les entrega un documento por el que se les comunica que están detenidas por haber entrado de forma ilegal en Grecia.

En el "centro de detención" de Moria no hay ninguna oficina para pedir asilo. La única opción que tienen las personas que quieren solicitar protección internacional es pedir una cita a través de una llamada por Skype, aunque el servicio sólo está activo durante hora al día, lo cual hace "inaccesible" la posibilidad de tener una cita para la mayoría de las personas que lo han intentado, según documenta el informe. 

La ONG cree que esas detenciones "atentan íntegramente contra el derecho de asilo más fundamental y los principios de la Convención de Ginebra que todos los Estados europeos han ratificado" porque actualmente no existe ninguna vía segura de entrada a la UE con el objetivo de solicitar asilo que no sea esta, calificada de ilegal. Antes de la entrada en vigor del acuerdo, tras el pertinente registro, estas personas recibían un documento mediante el que se les autorizaba permanecer en Grecia por  un periodo de seis meses que era renovable.

Sin asistencia legal 

Por otro lado, la ONG señala que el desconocimiento del mecanismo de reubicación es total por parte de los refugiados, los voluntarios y la mayoría de las ONG. Y denuncia que no hay constancia de que se ofrezca asistencia legal a estas  personas, ya sea para solicitar protección internacional, para  acogerse al programa de reubicación, para solicitar reagrupación o para los procesos de expulsión. La ONG muestra su preocupación por el hecho de que en la isla de Lesbos no estén actuando organizaciones especializadas en derecho de asilo o en asistencia legal. 

El informe también califica de "especialmente preocupante" la situación de los menores no acompañados, que proceden principalmente de Irak, Afganistán, Paquistán y Marruecos. Los menores sirios suelen ir acompañados por familiares, si bien el informe sí documenta casos de niños de esa nacionalidad que han perdido a sus padres y familiares en los naufragios. La ONG subraya que, desde la entrada en vigor del acuerdo UE-Turquía, 170 niños se encuentran retenidos en el centro de Moria y se desconoce cuál va a ser su futuro.

CEAR también cuestiona la definición de Turquía como país "seguro". Y recuerda que Amnistía Internacional ha documentado expulsiones a  gran escala de refugiados a Siria desde la provincia de Hatay, confirmando  que es una práctica habitual aplicada tanto a adultos como a niños y mujeres embarazadas. Subraya, además, que apenas un 10% de los cerca de tres millones de refugiados que están actualmente en Turquía viven en alguno de los 22 campos de refugiados existentes. El resto, asegura el informe, se encuentran en entornos urbanos "en situación de desamparo y desprotección". 

Asimismo, critican que el programa de reubicación sólo se ofrezca a personas de Siria, Eritrea, Irak y Somalia. Aquellos procedentes de otros países, incluido Afganistán, quedan excluidos. Según CEAR, esta discriminación supone una vulneración del artículo tres de la Convención de Ginebra que prohíbe expresamente la discriminación por país de origen. Por otro lado, las personas que no pueden acceder al proceso de reubicación debido a su nacionalidad, tienen como única opción solicitar asilo en Grecia.

En este sentido, la ONG recuerda que a día de hoy Grecia cuenta con 51.601 refugiados en su territorio, ya sea en campos o en tránsito, por lo que no puede hacer frente sola a esta realidad. A esto se suma que desde el año 2011 se han considerado que Grecia no cumple con los estándares mínimos del procedimiento de asilo en materia de acogida, tal y como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El camino hacia Europa  

Antes de llegar a Europa, los refugiados han tenido que pasar una dura travesía. La labor de las mafias turcas se inicia en la plaza Taksin de Estambul, donde los refugiados contactan con los traficantes. Los que tienen más posibilidades económicas compran pasaportes falsos e intentan llegar a Europa por avión desde América Latina –principalmente vía Brasil– si bien esta vía es extremadamente cara y ha descendido "considerablemente" desde el primer trimestre de 2015, según documenta CEAR. Necesitan llegar con pasaporte falso porque España, ante las primeras llegadas  de familias sirias tras el comienzo del conflicto, introdujo en septiembre  de 2011 la exigencia del visado de tránsito para las personas de esa nacionalidad. 

Como esta vía es muy cara, la mayoría ha venido optando por la ruta del mar Egeo, que es la que ahora se pretende sellar con el acuerdo UE-Turquía. Los refugiados que toman esta opción viajan desde Estambul hasta la ciudad costera de Izmir donde se alojan en hostales –en una de las calles principales de esta ciudad la ONG ha contado hasta 25 establecimientos dedicados a este negocio– donde suelen esperar un par de semanas hasta el día en que se organiza su partida.

Ante la falta de vías legales y seguras para llegar a Europa CEAR lamenta que las personas que buscan refugio acaben pagando a las mafias en torno a 2.000 euros por atravesar en pequeños botes los nueve kilómetros que separan la ciudad turca de Ayvalik con el norte de la isla griega de Lesbos. Los chalecos salvavidas se consideran un extra y por tanto tienen un precio aparte.

El ferry oficial que hace ese mismo trayecto y que los refugiados, al estar en una situación administrativa irregular no pueden coger, cuesta cinco euros. La ONG alerta de que para evitar los dispositivos de vigilancia de Frontex que bloquean esta ruta por el norte, actualmente la mayoría de entradas se están produciendo por el sureste de la isla. Y eso a pesar de que el recorrido, que es de 21 kilómetros, entraña un mayor riesgo de que se puedan ir a la deriva por estar más expuestas a mar  abierto y a corrientes más peligrosas. 

El trabajo de las ONG 

En su informe, CEAR pone en valor el trabajo de ONG españolas como Proemaid, Proactiva Open Arms y Bomberos en Acción –también de otras irlandesas, holandesas o griegas– que estaban cubriendo las necesidades de salvamento de emergencia más cercanas a la costa de Lesbos que se llevan  produciendo en la isla desde que empezaron las llegadas más intensas. Frontex, la Agencia Europea de Vigilancia en Fronteras, sólo hace labores de salvamento en situaciones de "máxima urgencia". Esa tarea la están realizando los guardacostas griegos –que cuentan con varias fragatas y patrulleros– y las ONG. 

La ONG denuncia que desde la entrada en vigor del acuerdo UE-Turquía los voluntarios ya no tienen acceso a las personas cuando llegan a las costas. Lo habitual es que se persone la policía en la playa y que el traslado al centro de detención de Moria se haga de forma inmediata, sin permitir a las ONG ofrecer un cambio de ropa, secado o avituallamiento mínimo, como venía haciéndose habitualmente hasta antes del acuerdo. 

Entre tanto, las cifras oficiales siguen poniendo de manifiesto el fracaso del mecanismo de  reparto en la acogida de personas refugiadas que se  encuentran en Grecia y en Italia donde se produjeron más del 95% de las llegadas por  mar (844.000 a Grecia y más de 152.000 a Italia). En el caso de España, han  sido únicamente 18 personas las reubicadas de las cerca de 16.000 comprometidas sin  haberse puesto en marcha, hasta el momento, ningún otro nuevo contingente para su  acogida a pesar de que a principios de marzo, el Ministro del Interior en funciones,  anunciaba que España arrancaba uno nuevo conformado por 150 personas desde  Grecia, 32 desde Italia completando el grupo inicial de diciembre que quedó  incompleto y 285 reasentados desde Turquía.

El acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía para intentar frenar de golpe la oleada de llegadas a Grecia echó a andar este lunes con la expulsión de alrededor de 200 personas que fueron trasladadas en tres ferries desde las islas griegas de Lesbos y Quíos rumbo a la ciudad turca de Dikeli. 

Ese pacto prevé sellar la ruta del mar Egeo mediante la devolución exprés a Turquía de todas las personas llegadas a suelo europeo desde el pasado 20 de marzo que no tengan derecho a "protección internacional". Funcionarios europeos –a través de un procedimiento de urgencia muy cuestionado por la ONU y las ONG, que alertan de una erosión de garantías– serán los que, en cuestión de días, determirán qué personas tienen derecho a asilo. Normalmente los procedimientos de asilo se suelen alargar durante meses. 

Punto angular de este acuerdo es la consideración de Turquía como "tercer país seguro" a pesar de que no ha firmado el primer protocolo de la Convención de Ginebra y de que informes recientes de organizaciones como Amnistía Internacional vienen denunciando que los 2,5 millones de personas refugiadas que se calcula que acoge este país están "cada vez más expuestas individualmente a la detención arbitraria y la expulsión". Esta ONG también ha probado la devolución de refugiados a Siria por parte del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.

Académicos y juristas expertos en derechos humanos reclaman a los alcaldes y presidentes de comunidades autónomas –los representantes públicos más cercanos a los ciudadanos– que "se rebelen" contra este acuerdo. Critican que este pacto hace posible que refugiados, desplazados e inmigrantes "sean considerados cifras de un trueque que tiene como objetivo dejar de ver el problema en tierra europea", al tiempo que censuran la "falta de coherencia" de este pacto con los principios de la propia UE y el respeto a las obligaciones legales internacionales.

Firma esta petición si tú también crees que regidores y presidentes autonómicos tienen que rebelarse contra este acuerdo. ¡Actúa!

Qué leer

- UE: de Bartertown al bazar turco y Los que no son nadie (en el Día Internacional de los Refugiados), de Javier de Lucas, en Al Revés y al Derecho. 

- La UE ante los (in)refugiados, de Martín Alonso, Lino Veljak y Staša Zajović, en Ctxt. 

- ¿Qué hacer con los refugiados?, de Sami Naïr, en El País. 

- Informe 2015: las personas refugiadas en España y Europa, de CEAR. 

Qué ver

- Vídeo: El debate de la 1: La crisis de los refugiados, en RTVE. 

- ‪Documental: 'Open the border!': Migrants chant and clap as children placed on railroads in Greece‬‬, de Emma Aiden. 

- Documental: El drama de los refugiados en Serbia y Macedonia, de Jorge Bernal. 

Qué hacer

- Coordinarse a nivel local con organizaciones cívicas para exigir a las autoridades locales y autonómicas una respuesta política clara, de acciones además que de palabras, contra la aplicación del Acuerdo UE-Turquía. 

- Organizar y llevar a cabo concentraciones, manifestaciones y actos públicos de rechazo contra el Acuerdo. 

- Tomar conciencia de que aquellos partidos políticos y organizaciones sociales que apoyan la política de la UE en materia de refugiados e inmigración actúan contra las leyes y atentan contra el principio básico de respeto a la dignidad de las personas. 

En un primer momento, Idomeni, en Grecia, cerca de la frontera con Macedonia, sólo era un campamento de tránsito con capacidad para acoger a 1.500 personas. Desde el cierre de la ruta de los Balcanes, a principios de marzo, se ha transformado en un campamento de acogida, pese a no contar con los medios necesarios. Tras un mes de bloqueo, un olor nauseabundo planea alrededor del perímetro oficial donde se concentran los servicios que ofrecen las ONG. La falta de instalaciones sanitarias no ayuda: “Idomeni no es un campamento, es una zona fronteriza en la que se hacinan 10.000 personas, entre ellas, al menos 4.000 niños, en condiciones humanitarias y sanitarias terribles”, se indigna Babar Baloch, portavoz del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Suleimán viene de Siria. Este hombre aguarda, delante de la tienda de Médicos sin Fronteras, los medicamentos que necesita para sus hijos. “Paso la mitad del día esperando: al menos dos horas para poder ducharme, lo mismo para recibir algo de comida”. Sin embargo, a pesar de que las jornadas transcurren en condiciones insufribles, son muchos los que prefieren esperar aquí la eventual reapertura de la frontera.

Y pese a todo, saben que han tenido la suerte de entrar en la Unión Europea antes del 20 de marzo. Esa fecha fatídica marcó la entrada en vigor del acuerdo firmado dos días antes entre los veintiocho y Turquía, que prevé la deportación de los exiliados a suelo turco y que tiene como consecuencia, mientras se materializan las expulsiones, el bloqueo de los recién llegados detrás de las alambradas de espino, en las islas griegas.

El centro del campamento, situado en torno a la vías del tren, se ha convertido en una suerte de ágora donde se intercambian noticias. Allí se organizan las manifestaciones, en las que algunos enarbolan durante el día, ante las cámaras de televisión, pancartas en las que se denuncia el acuerdo con Turquía y la “traición” de Angela Merkel.

Ismael, que luce un bigote cuidado y visera y roza los cincuenta años, llegó a Idomeni hace casi un mes. Días atrás puso rumbo al campo de “reubicación” de Nea Kavala, situado a una quincena de kilómetros de Idomeni y concebido para descongestionarlo. Si embargo no se quedó: “Desde luego las condiciones son mejores allí, pero no soportaba verme encerrado entre alambradas y vigilado, día y noche, por soldados. Preferí volver. Al menos, aquí estoy en la primera línea”, dice. Este sirio, ¿cree en la posibilidad de ser reubicado en un país de la UE? “Sólo Dios lo sabe”, responde. Sin embargo, mientras espera, es en Idomeni donde hay que estar, “por si al final pasa algo”.

La inmensa ciudad improvisada vive al ritmo de los rumores. “Hemos oído que la frontera se abriría [...] y que la Cruz Roja y 500 periodistas de todo el mundo nos acompañarían”, explica un refugiado sirio. A mediados de marzo, la distribución de pasquines firmados por un misterioso grupo de voluntarios alemanes llevó a más de mil exiliados a atravesar un río, de aguas crecidas, en Chamilo, localidad próxima a Idomeni, para dirigirse a Macedonia. En la otra orilla les esperaba el Ejército. Todos fueron devueltos inmediatamente a Grecia tras ser violentamente agredidos.

Una nueva valla

Tesalónica (Grecia). Mientras tanto, en una zona aislada del puerto de Tesalónica, los obreros se afanan por instalar la valla que va a rodear el nuevo campo que está a punto de abrir sus puertas. Un primer grupo de un centenar de refugiados acaba de llegar: han sido transferidos en ferris desde la isla de Chios a Kavala, después en autobús hasta Tesalónica. Los refugiados llegados a las islas antes del 20 de marzo han sido transferidos rápidamente al continente para dejar sitio a los llegados a partir de esta fecha, susceptibles de ser devueltos a Turquía. Ya en Tesalónica, los refugiados teóricamente pueden pedir su “reubicación” a un país de la Unión Europea, un proceso de duración y de resultado incierto. De momento apenas hay 2.000 plazas para toda Grecia.

Este campamento de “reubicación” es el cuarto en abrir sus puertas en el Norte de Grecia, después de los de Nea Kavala, Herso y Diavata. “El campamento de Idomeni está saturado, por lo que hace falta más espacio para acoger a los refugiados que siguen llegando”, explica Fotini Keletsoglou, portavoz de la ONG Praksis. “Nadie sabe cuánto tiempo van a permanecer abiertos estos campamentos”, añade. El Gobierno de Tsipras trata de “aliviar” la zona fronteriza de Idomeni. “El problema es que los refugiados no quieren permanecer mucho tiempo en Tesalónica. No creen lo que se les dice, quieren ver con sus propios ojos la frontera cerrada, la barrera”, lamenta Odysseas Chiliditis, de la ONG Symbiosis.

Para él, ayudar a los refugiados es algo personal. Hace un siglo, su abuelo vivió cuatro años “en un campamento como éste”, cuenta, después de ser expulsado de Asia Menor. Tras la guerra greco-turca, se autorizó el intercambio de población en virtud del Tratado de Lausana, de 1923. Más de un millón de cristianos de Anatolia tuvieron que salir de sus tierras mientras que medio millón de musulmanes de Grecia emprendían el camino inverso.

En el campamento de Diavata, donde 2.500 personas conviven en un cuartel militar situado entre un cementerio y el acceso a la autopista de las afueras de Tesalónica, un centenar de afganos aprovechan la presencia de periodistas para organizar una protesta y reclamar la apertura de las fronteras. No tendrán ninguna posibilidad de poder beneficiarse de una “reubicación” en los países de la UE. “Desde que nací no he tenido la suerte”, cuenta Ahmad, un adolescente pelirrojo de 16 años y tez clara. “Los talibanes me secuestraron. Mi padre vino a buscarme pero tuvo que darles dinero para que me dejasen libre. Después, vendió todos nuestros bienes para pagar este viaje. Estuvimos a punto de ahogarnos en alta mar. No tenemos nada en Afganistán y no quiero ni pensar que nos vayan a devolver a Turquía. Quisiera poder llevar la vida normal de un chico de mi edad, ir a la escuela, hacer deporte... pero por lo visto no es posible”, lamenta.

“No hay dónde ir”

Kozani (Grecia). “Los primeros refugiados llegaron por casualidad. Kozani está lejos de todo, apartado de los principales ejes de comunicación”, explica Giannis Kostarelas, responsable de comunicación del Ayuntamiento. “Sin embargo, el 22 de febrero, debido a una huelga de agricultores en contra de la reforma de las pensiones, todas las carreteras que llevaban a Idomeni quedaron bloqueadas, con lo que tres autobuses quedaron atrapados en un área de descanso de la autopista, cerca de Kozani”. El Ayuntamiento alojó a estos refugiados en el gimnasio de la ciudad, que es grande. Acto seguido, se impuso la solidaridad: los habitantes trajeron comida y ropa. “Los primeros refugiados se fueron al cabo de unos días pero ahora, tras el cierre de las fronteras, vemos bien que la gente se quede porque ya no hay dónde ir”, explica Giannis.

Ahora el gimnasio acoge a 500 personas, en su mayoría sirios y yazidíes de Irak. En el vestíbulo, en un televisor, el canal Al Jazira repite en bucle las mismas informaciones: la ruta de los Balcanes está cerrada, el campamento de Idomeni se encuentra atestado... Las noticias disuaden a aquéllos que quisieran acercarse a la frontera. De momento Kozani parece un buen lugar donde esperar… Un yazidí trata de explicar que, para él y para su familia, dar media vuelta es imposible y muestra su inquietud: ¿Podrán evitar ser expulsados a Turquía?

Diferentes equipos de voluntarios se han organizado para preparar y distribuir comida y limpiar las instalaciones. Decenas de habitantes de la ciudad se han movilizado, aunque los refugiados también han creado por sí mismos distintos equipos. Tres sirios –orgullosos de los chalecos amarillos de “refugiados voluntarios” que portan, en los que se puede leer escrito en rotulador negro “Me gusta Grecia”– velan por que se mantenga el orden en la fila que han formado los que esperan el reparto de comida caliente; los que hablan algo de inglés han sido ascendidos a intérpretes.

Los médicos y enfermeras que se ocupan del pequeño dispensario improvisado en los vestuarios también son voluntarios, y prestan atención sanitaria al término de sus respectivas jornadas laborales. El Gobierno ha abierto campamentos en todo el norte de Grecia, pero en Kozani la iniciativa la ha promovido el Ayuntamiento, que no recibe apoyo ninguno de las autoridades centrales, ni de las ONG internacionales o del Acnur. El esfuerzo sólo es posible gracias a la solidaridad de los ciudadanos. “El Norte de Grecia resultó muy castigado durante las Guerras Mundiales y la guerra civil. La población sabe lo que es ser refugiado. ¿Cómo podrían sustraerse a su deber de humanidad?”, espeta Giannis. El Ayuntamiento y los voluntarios se disponen a organizar la estancia de los refugiados. “Si se quedan tendrán que poder trabajar, que los niños sean escolarizados, pero no sabemos qué hacer, no recibimos consigna ninguna de las autoridades. ¡Tenemos que inventarlo todo nosotros mismos!”, agrega.

Konitsa (Grecia). La localidad de Konitsa se encuentra encaramada en las montañas de Pindo. El marco podría ser idílico si la crisis no hubiese hecho estragos, también aquí. La mitad de la población se fue a las principales ciudades y en la calle principal se suceden los escaparates vacíos. Tampoco se ven muchos paseantes.

Sin embargo, es a esta pequeña localidad de montaña –comunicada con Ioánina, capital de Epiro, por una deficiente carretera alpina–, donde el Gobierno heleno envió, el pasado 11 de marzo, a 162 refugiados sirios, inmediatamente después de haber desembarcado, en el puerto de El Pireo. Todos coinciden: “Nos metieron en autobuses, sin saber dónde nos llevaban. Pensábamos que nos dirigíamos a la frontera de Macedonia. El recorrido duró mucho tiempo, mucho, después nos vimos aquí”. Los refugiados han sido alojados, de forma digna, en un amplio centro de alojamiento dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ahmad, un adolescente de Damasco que viaja con su tío, hace de guía improvisado. Cada familia dispone de una habitación individual y los trabajadores, ayudados por voluntarios, sirven tres comidas variadas al día. En la avenida que lleva al edificio, los activistas han colgado banderolas: “Solidaridad con los refugiados: ¡Ni fronteras, ni naciones!”.

Sin embargo, la frontera albanesa se encuentra a apenas una decena de kilómetros. “Por supuesto que lo pienso, pero no quiero cruzar de forma ilegal. En Turquía, los guardacostas me dieron una paliza cuando trataba de embarcar rumbo a Grecia…”, dice Ahmad, que ya ha se empollado la geografía local en internet, pese a haber perdido su smartphone durante la agitada travesía. “En las entrevistas que he mantenido con los refugiados, todos me han dicho que se sentían seguros aquí. De momento, prefieren esperar”, confirma Katerina Boupoulou, directora del centro.

Los refugiados de Konitsa tienen la impresión de que han “llegado a tiempo”. “¿Es verdad que van a deportar a los que vayan llegando a las islas”, pregunta un sirio. Todos aprecian el confort y el descanso que les ofrece este tiempo de “pausa”.

Sin embargo el futuro se presenta incierto: ¿Permanecerán en la ciudad?, ¿será necesario pensar en la escolarización de los niños? La mayoría de los habitantes de Konitsa están haciendo gala de una verdadera solidaridad. Algunos como Arthur Stavros, responsable de urbanismo en el Ayuntamiento, no oculta su enfado: “No tenemos nada, nuestro hospital ha sido el que peor parte ha llevado, ni siquiera cuenta con una ambulancia y, de repente, el Gobierno tiene muchos medios para ayudar a los refugiados… ¿Por qué lo hace?, ¿para conseguir dinero de Europa?”, se pregunta.

Al instalar de forma deliberada a los refugiados tan cerca de Albania, el Gobierno, ¿pretende presionar a la UE, alimentando expresamente los temores de la apertura de una “ruta albanesa”? De momento, los agentes de aduanas no han visto nada pero, el 20 de marzo, otro grupo de 1.200 refugiados también fue instalado en otro campamento de Ioánina, a una treintena de kilómetros del puesto fronterizo de Kakavia, el principal punto de paso entre los dos países.

“Aquí la gente recibe mejor trato que en Calais”

Kapshticë (Albania). Entre Grecia y Albania hay cuatro fronteras abiertas. La de Kapshticë es la más septentrional, en la región del lago de Prespa, que comparte con la vecina Macedonia. La frontera se encuentra en un eje que une las ciudades de Kastoria (Grecia) y de Korçë (Albania). El jefe de la Policía –que pide permanecer en el anonimato– acaba de salir de una reunión diaria con sus homólogos griegos, como cada mañana. Nada que señalar.

“En 2011 y 2012 dejamos de recibir refugiados… Cada semana, cogíamos a algunos afganos, palestinos, argelinos... pero, desde que se abrió el corredor de los Balcanes, ¡nadie pasa por Albania!”. De momento el cierre de la ruta de los Balcanes todavía no ha desviado el flujo. “¿Por qué los refugiados que están en Grecia tendrían que pasar por aquí? Para ellos, es más lógico ir al puerto de Igumenitsa o a la isla de Corfú y tratar de llegar directamente a Italia… Si les dejamos pasar se quedarán bloqueados más arriba, en Montenegro o en Croacia, y no tendrán cómo acceder al mar desde Albania”, comenta.

El jefe de Policía empezó su carrera coincidiendo con las revueltas de 1997. Entonces cientos de personas atravesaban a diario el Adriático, que se estrecha a la altura de Albania meridional. Entre Vlorë y Brindisi, en Italia, no hay más de 40 millas náuticas (unos 74 km). “Albania ha promulgado una ley especial que prohíbe tener embarcaciones privadas. Aunque los traficantes quisieran relanzar el tráfico, no encontrarían barcos para hacerlo posible”. De hecho los gomones –las zodiac que emplean los traficantes–, fueron destruidas y desde 1997 la Guardia di Finanza italiana asume directamente la seguridad de las costas albanesas con varias lanchas que registran cualquier embarcación sospechosa.

La Policía italiana debe enviar refuerzos para ayudar a “proteger” las fronteras de Albania, pero para el jefe del puesto de Kapshticë se trata de una cooperación “normal”. Su país tiene el estatus oficial de candidato a la integración europea y participa en numerosas iniciativas regionales. Él mismo ya ha trabajado en las fronteras de Macedonia, Serbia y Hungría. “Estuve allí a finales de agosto, cuando cerraron la frontera. En Albania nunca hemos tratado a la gente así”, asegura.

Tabanovce (Macedonia). No es fácil acceder al campamento “de tránsito” de Tabanovce, en la frontera entre Macedonia y Serbia. Las acreditaciones para periodistas se entregan a cuentagotas e incluso los trabajadores humanitarios deben informar de sus pasos a la Policía, que vigila la entrada. Una alambrada alta, coronada de espinos, rodea las tiendas y, desde el 20 de marzo, los refugiados no pueden salir. Según Goran Stojanovski, el responsable del “centro de crisis”, causaban problemas en el pueblo vecino. La otra razón para vallar esta zona es la presencia de traficantes que, procedentes de las localidades vecinas de Vaksince y Lojane, ofrecían sus servicios a los refugiados. El Ejército macedonio ha reforzado sus efectivos y vigila la zona día y zona.

De todas formas en el campamento “se les da de todo”, dice Goran Stojanovski: comida, ropa, medicamentos... Y si quieren comprarse algo basta con dirigirse a la Cruz Roja. “Aquí la gente recibe mejor trato que en Calais. Cuando los migrantes llegan a Francia o a Alemania, todos dicen que el país del que guardan mejor recuerdo es Macedonia”, continúa este hombre, de unos 40 años, con un físico propio de un jugador de rubgy. Sin embargo las condiciones sanitarias cada vez son peores en Tabanovce, hasta el punto de que los refugiados sufren una plaga de sarna.

Ante la falta de medios, los voluntarios de Cruz Roja sólo atienden las urgencias. “A mi mujer le han trasplantado un riñón. Casi no le quedan medicinas. Si no se las dan va a morir”, se lamenta Amir, afgano. “Macedonia no es responsable de esta situación. Son los países de la UE los que han decidido cerrar las fronteras”, subraya Goran Stojanovski. “En la cumbre celebrada entre Europa y Turquía no se habló de nosotros, los refugiados que permanecemos bloqueados en los campamentos. Todo el mundo nos ha olvidado”, lamenta Yama, que era periodista en Herat, una importante ciudad al oeste de Afganistán.

A unos metros de allí, desde el 7 de marzo, unas 300 personas han sido abandonadas a su suerte en tierra de nadie, entre Macedonia y Serbia. Nadie tiene acceso a estos refugiados. Sólo Acnur y Cruz Roja tienen autorización para entrar, a discreción del ejército. Al otro lado de la frontera, en Miratovac, 600 personas se encuentran en condiciones de encierro menos estrictas, pero también están bloqueadas. Muchas de ellas son “repatriados”, trasladados contra su voluntad desde el noroeste de Serbia tras decretarse el cierre de la frontera croata.

Más al norte, en Serbia, hay 1.300 refugiados, y 190 de ellos se encuentran acampados desde hace un mes en el área de descanso de la autopista de Adaševci, no lejos de la frontera croata. Cada día, nuevos refugiados, sobre todo afganos, cruzan la frontera búlgaro-serbia. Acto seguido, si no tienen dinero, continúan a pie por la autopista en dirección a Croacia o a Hungría.

Estos hombres y mujeres entraron a tiempo en la UE, pero los Balcanes son un laberinto tal que corren el riesgo de extraviarse en él. El 27 de marzo un joven afgano de 23 años murió en Vrčin, no lejos de Belgrado. El conductor se dio a la fuga.

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La Unión Europea empezó este lunes a aplicar su plan para desalojar Grecia de demandantes de asilo. Un primer grupo de 202 personas de nacionalidad pakistaní y bangladesí fue escoltado por agentes de la Agencia de Europa para protección de fronteras (Frontex) y ya está en Turquía, después de que todos ellos fueran trasladados en dos barcos de pasajeros desde la isla griega de Lesbos a la localidad turca de Dikili. Es la puesta en marcha del acuerdo sobre refugiados.

En Lesbos se encuentra el campo de refugiados de Moria, el mayor exponente de este acuerdo. Tras la firma del pacto, de allí decidieron salir la mayoría de los trabajadores de las ONG. Denuncian que se ha convertido en una “prisión” y que su labor allí ya no tiene “ningún sentido”. Y sostienen que las autoridades les “han echado” para convertirlo en un “campo de detención”. En Moria, un campo temporal diseñañado para unas pocas cientas de personas, hay ya más de 3.000 demandantes de asilo. En total se estima que en toda Grecia hay actualmente 51.000 personas atrapadas entre fronteras y acuerdos.

El Pireo: la vida en el párking

Atenas es el destino obligado de todos los refugiados y demandantes de asilo que llegan a las islas griegas. Se han improvisado varios campos, aunque destaca el de El Pireo. Las organizaciones se vuelcan con las más de 5.000 personas que se apiñan en lo que era un antiguo aparcamiento en el que se han instalado cientos de tiendas de campaña que les dan cobijo.

Cuando los refugiados desembarcan en las costas griegas, son ubicados en alguno de los diferentes campos instalados por todo el país. En palabras de la responsable de Cruz Roja Española en el campo de refugiados de El Pireo, Fátima Caballero, “pueden pasar 24 horas, 48 horas o una semana desde que llegan a las islas y son transportados por ferry hasta la península”. Un tiempo muy variable que no les distrae de su objetivo: “Tener un sitio donde poder estar”.

Así lo recalca Caballero cuando recuerda los testimonios que ha escuchado en el Pireo. Allí, Cruz Roja Española actúa en dos de los campos para refugiados que se sitúan próximos: el del puerto –ya citado– y el de Rizona, ubicado a una hora de Atenas. Caballero cuenta a infoLibre que se ocupan de proporcionar "asistencia primaria y sanitaria" a quienes llegan al lugar, así como de realizar “talleres con los niños”. En definitiva, “funciones diferentes que van más allá de las meras tareas asistenciales que realizan nuestros compañeros que les reciben en las islas”, comenta. 

“El mensaje que nos transmiten es que tenían una vida en sus países y que ahora sólo buscan un lugar donde vivir en paz”, porque allí ya “no pueden vivir ni dormir tranquilamente porque siempre está el miedo al peligro de si seguirán vivos a la mañana siguiente”, afirma Caballero al recordar las historias del éxodo. La experta subraya que “el 50% de la población que ha llegado a Grecia son mujeres y niños” y que, pese a las órdenes de deportación acordadas entre la Unión Europea y Turquía, “a las islas siguen llegando gente”.

Un niño sale de su tienda en el campamento para refugiados del puerto de El Pireo en Grecia 

En el campo de refugiados de la capital griega también está el director general de Save The Children, Andrés Conde. Conde es testigo diario de la experiencia de las personas que cruzan miles de kilómetros para disfrutar de una oportunidad en Europa y que ahora se ven cercados en el país heleno sin posibilidad de avanzar hacia el norte. El acuerdo afecta a los refugiados que lleguen a partir de su firma –20 de marzo– por lo que, recuerda, “no afecta” a los que ahora se encuentran en la Grecia continental.

Tensión y desesperación

El mayor punto de concentración de refugiados ahora en Grecia es Idomeni, una pequeña localidad del norte convertida en punto estratégico por tener la estación de tren más cercana a territorio macedonio. Allí se encuentran, según las diferentes estimaciones, entre 12.000 y 15.000 personas. Todos en espera de poder cruzar una frontera cerrada desde hace cuatro semanas. En los últimos días ha habido rumores sobre una posible reapertura, pero hasta ahora las posiciones no cambian.

“Los refugiados siguen en movimiento en el norte porque no hay una información oficial”, explica Conde. El “propósito” del Gobierno griego es llevarlos a campos, dice, “con mejores condiciones”. Una opinión compartida por Emmanuel Massart, coordinador sobre el terreno en Idomeni de Médicos Sin Fronteras. “Ahora Grecia no está ofreciendo mucha ayuda, lo que sí hacen es abrir nuevos campos para refugiados y quieren vaciar Idomeni para llevarlos allí”, asegura. “Tenemos constancia de que al menos 600 personas se han marchado ya hacia otros puntos del país. Grecia está poniendo mucho empeño en que sean trasladados”, insiste Massart, también en conversación con este diario.

A pesar de los intentos del Gobierno liderado por Alexis Tsipras, los refugiados “no quieren ir a otros campos”, explica Conde. “Vinculan las deportaciones con movimientos sobre el terreno y tienen la esperanza de que se abra la frontera”. A esta idea suma la conciencia colectiva que están tomando los grupos de migrantes estacionados en Idomeni. “Saben que 12.000 personas juntas son fuertes”, dice el experto. En este tiempo, cuenta, “vivimos dos manifestaciones dentro del propio campo” en las que, asegura, hubo “tensión”.

Conde destaca en que los refugiados son “gente pacífica” pero con muy poco que perder. “Nos lo cuentan los refugiados que están en Lesbos. Ellos son el enemigo en su país y muchos están dispuestos a tirarse al agua si los meten en un barco”. Con sus propios ojos ha podido ver cómo un adolescente trató de prenderse fuego delante de ellos en Idomeni. Ahora describe la situación en El Pireo como “tranquila”, pero mantiene cierta desconfianza: “Hay tensión y en cualquier momento una noticia puede hacer que esto explote”, advierte.

Grupo de refugiados alrededor de una hoguera en Idomeni 

Con el acuerdo en marcha, ¿ahora qué?

El responsable de Save The Children señala que en Moria, donde se encuentran buena parte de los refugiados llegados después del 20 de marzo, hay actualmente 3.300 personas. Un campo diseñado de forma temporal por la crisis y que tiene capacidad, apunta, sólo para “algunos cientos de personas”. Muchas organizaciones han decidido marcharse de allí al haber tomado el control el ejército griego, que es ahora el gestor del campo y quien reparte los recursos.

“Quienes están allí saben que hay un riesgo importante de ser deportados y muchos insisten en que no pueden volver”, explica Andrés Conde. A los refugiados de Lesbos hay que sumar los que están en otras islas del Egeo como Xíos, Samos o Lemnos. Ellos son los que corren el peligro de ser devueltos a Turquía.

En el país otomano viven 2,7 millones de personas con estatuto de refugiado. Una suma enorme en comparación con los 72.000 que entrarían a través del acuerdo con la UE. Una situación, según Conde, que “no es fácil aunque cuenten con reconocimiento”. “No pueden trabajar formalmente y lo hacen –puntualiza– de forma informal”. Algo que, para 2,7 millones de personas, no cree que sea un panorama “sostenible”. Además, en lo que a la labor de Save The Children corresponde, alerta del “crecimiento del trabajo infantil”. Familias enteras están oficialmente fuera del mercado laboral, los salarios son de miseria y, para sobrevivir, todos se ven obligados a aportar lo que pueden.

Al mismo tiempo, subraya la dificultad de encontrar vías alternativas para que los refugiados entren a Europa. "La gente de las mafías dice que quiere establecer nuevas rutas que puedan pasar por Albania o Italia, algo que sería altamente peligroso", señala Conde. Europa también ha explorado estas opciones entre sus ministros de Interior, pero hasta ahora no hay ningún plan establecido.

Emmanuel Massart va más allá y se muestra convencido de que el acuerdo establecido por los poderes políticos en Europa no tiene muchas opciones de salir adelante. “No creo mucho en la posibilidad de que tantos refugiados puedan ser deportados de este modo”. “Es un tema muy complicado de gestionar –advierte–. El acuerdo 1:1 no es la forma adecuada de tratarlos”. Una postura ante la que, en cualquier caso, asegura no verse sorprendido. “Representa la actitud tomada por Europa desde el comienzo de esta crisis. Una política que la experiencia demuestra que no funciona”, lamenta Massart.

Un pacto con Erdogan que no dice ni una sola palabra sobre estos 51.000 refugiados que un día llegaron a Grecia y que ahora se encuentran entre la espada y la pared repartidos por los diferentes puntos del territorio heleno. Muchos, después de un viaje de meses, sin dinero, recursos ni nada que perder. Ahora una cuarta parte espera en Idomeni que se abran las puertas. Otro tanto suspira por no ser expulsado en las islas. En medio, la supervivencia.