La corrupción contra la democracia (y IV): la antipolítica no es el antídoto
En pocos días comenzará un curso político que se adivina intenso. El otoño discurrirá, previsiblemente, entre informes de la UCO aún por conocer que pueden poner en apuros al actual Gobierno de coalición, instrucciones judiciales “imaginativas” y bastante estrafalarias (como la que lleva a cabo el juez Peinado en contra de Begoña Gómez) y juicios relacionados con múltiples casos de corrupción: caso Rato, caso Erial, Operación Púnica, Kitchen, Novo Cartago, Campus de la Justicia, Gürtel, Lezo….
La acumulación de todos estos asuntos, la complejidad de muchos de ellos y la dificultad para que la ciudadanía siga con detalle todas las informaciones sin perderse en la maraña de autos, sentencias, recursos, interrogatorios, imputaciones y desimputaciones, pueden desencadenar un clima de antipolítica que no sólo no lleva a ningún lado, sino que favorece a quienes quieren acabar con todo, quienes hoy capitalizan los malestares y descontentos; es decir, la ultraderecha.
A la par, esa impugnación total a la política, el consabido “todos son iguales”, acaba beneficiando a los más corruptos, que no pagan su culpa de forma proporcionada al delito cometido. Si la opinión pública iguala a quien ha falseado un curriculum con quien ha puesto en marcha toda una red de influencias para legislar a medida de quien mejor paga, es éste último quien evidentemente sale ganando.
Esa impugnación total a la política, el consabido “todos son iguales”, acaba beneficiando a los más corruptos, que no pagan su culpa de forma proporcionada al delito cometido
Es comprensible que la ciudadanía, atónita ante el conocimiento de cada caso de corrupción más perverso que el anterior, sienta la tentación de pensar que todo es lo mismo, que no hay solución y que no la habrá. Craso error. Para empezar, en países como España la corrupción está muy perimetrada en las élites políticas y económicas, y opera en la mayoría de los casos alrededor de las licitaciones públicas. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública fija en poco más de 73.000 los cargos políticos elegidos por los ciudadanos en España. ¿Cuántos de ellos están inmersos en alguna causa de corrupción? Efectivamente, una ínfima minoría.
No sólo eso, cerca del 40% de los alcaldes en España no cobra ningún sueldo público al carecer de dedicación exclusiva, algo que determina el tamaño del municipio. Otros muchos, apenas unas dietas en función de viajes, reuniones, etc. Ellos y ellas también son políticos, también lideran instituciones y gestionan asuntos públicos. Nada de todo esto busca minimizar la importancia de la corrupción, pero sí situarla en su justa medida para evitar el avance de una antipolítica populista que llena de apoyos a la ultraderecha.
Podrán ustedes pensar que cómo es posible que esa ultraderecha recoja los apoyos cuando ellos mismos han sido ya sentenciados, como es el caso de Vox, hasta en tres ocasiones, nada menos que por financiación ilegal, esa figura que todos los socios del Gobierno actual establecieron como línea roja en el caso que afecta a Koldo y Cerdán como requisito para seguir manteniendo su apoyo. En efecto, así es. Vivimos tiempos de paradojas continuas y esta es una de ellas; pero ese halo de antisistema del que Vox ha conseguido rodearse es creíble para sus votantes. Es más, es eso lo que votan. No es tanto por su política de vuelta a la familia tradicional, de cuestionamiento de la crisis climática o de rechazo al diferente –aunque hay ciertas dosis de todo ello–, sino porque esto configura una imagen y un relato antisistema de un partido dispuesto a dar una patada al tablero llevándose todo por delante. Ironías de la vida.
Por todo lo anterior, descansen lo que queda de agosto, tomen aire, prepárense para un otoño caliente (otro más, sí) e intenten no caer en las garras de la antipolítica porque no sólo no ayudarán a resolver el veneno de la corrupción, sino que darán alas a quienes quieren acabar con todo, incluida la convivencia de la que aún hoy disfrutamos.
