En el fallo sobre el FGE, dos y dos son cuatro
El fallo conocido sobre el asunto dirimido ante el Tribunal Supremo por supuesta revelación de secretos ante las mentiras difundidas desde la Comunidad de Madrid sobre la asunción de dos delitos fiscales de la pareja de la Presidenta Ayuso ha generado sorpresa y enfado. Lo último es comprensible, y pertenece a ese campo libre –para bien y para mal– que son las emociones. La sorpresa, sin embargo, se mueve en el campo de la racionalidad dado que sorprende algo que no estaba previsto, y en este caso, cuesta entenderlo.
Tras meses y años en los que destacados miembros del Gobierno han denunciado prácticas de lawfare y han afirmado que algunos jueces hacen más política que justicia, ¿de verdad en este asunto, con toda la carga política que tiene, pensaban que iba a ser distinto?
Miremos el conjunto de la película: una querella de González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, a la que se unen seis acusaciones más: Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y Manos Limpias por un lado; por otro, Fundación Foro Libertad y Alternativa, y que incluye a Vox y Hazte Oír.
La instrucción reveló que en torno a 500 personas tenían acceso a la información que supuestamente constituía un secreto, y cinco periodistas declararon que ellos conocían el tema y tenían la filtración antes de que la Fiscalía General del Estado hiciera pública la nota de prensa desmintiendo la noticia difundida por Miguel Angel Rodriguez y defendiendo así el derecho a una información veraz. En ningún momento de la instrucción emergió ninguna prueba que hiciera pensar que fue García Ortiz quien reveló supuestos secretos.
Así y todo, y de manera inaudita según reconocidas juristas, el asunto llegó a juicio oral acompañado de una fianza nada menos que de 150.000 euros, que tras el recurso correspondiente se rebajó a 75.000, tras reconocer el juez Hurtado que en el cálculo había incluido ya la multa, algo que la doctrina constitucional no permite porque supondría anticipar una eventual sentencia condenatoria. Cuando se conoció la composición de la Sala, no fueron pocos los jueces y juristas que en privado decían “cinco votos condenatorios y dos absolutorios”. Así ha sido. Por supuesto, la vista se hizo sin retransmisión en directo.
Apenas una semana ha necesitado el Alto Tribunal para difundir el fallo, sin sentencia que lo razone y por tanto permita legitimarlo ante la opinión pública. La importancia y trascendencia política del asunto es proporcionalmente inversa al tiempo invertido en su deliberación. Eso sí, el fallo sin sentencia se ha hecho coincidir con el 20N, y no con un 20N cualquiera, sino con medio siglo desde que el dictador muriera y se diera por inaugurada la Transición.
Desde el día que acabó la vista, tres preguntas flotaban en el ambiente. La primera, de mera lógica democrática: ¿Podrá el Supremo condenar al FGE sin pruebas determinantes? (si las hay, y se detallan en la Sentencia, aún no las conocemos). La segunda creo que es fundamental: analizado todo el proceso, ¿podría el Supremo no condenar y dejar que el FGE saliera sin mayor mancha de todo esto? Y la tercera, aterra incluso formularla: si no hubiera condena alguna, ¿cómo reaccionarían PP y Vox, que han hecho de este asunto una de las principales bazas de oposición política a Sánchez? Sí, a Sánchez, según dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid en declaraciones públicas: "No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados".
Y ahora, díganme, viendo el conjunto del proceso en perspectiva, si no hay que tener una fe blindada en la justicia, y en concreto en el Supremo, para pensar que García Ortiz fuera a salir indemne. La opinión pública no la tiene. Según el estudio de calidad de la democracia del CIS de abril de 2025, el 78% de la ciudadanía está en desacuerdo con la afirmación: “En procesos judiciales que afectan a partidos políticos, la justicia siempre es imparcial”.
Si el Gobierno lleva tiempo hablando de lawfare, algo que coincide con la opinión pública, ¿de verdad creían que el FGE no sería condenado? Y si, efectivamente, tenían la sospecha de que era muy difícil, aun siendo inocente, que saliera ileso, ¿la estrategia seguida ha sido la más adecuada? El FGE no es un peón a quien sacrificar, sino, en este caso, un inocente a defender. ¿Era esta la mejor opción? A la luz de las últimas informaciones, en los próximos días conoceremos el nombre de quien le sustituirá. Según lo que se va publicando, un nombre de relieve y marcado carácter progresista.
El Gobierno que preside Sánchez, y la ciudadanía también, sabe, sabemos, que este no será el único caso que, en sede judicial, terminará sumando dos y dos. Y sí, en este caso son cuatro.
