El 27 de septiembre de 2025 debe marcar una efemérides ineludible para cualquier demócrata: 50 años desde las últimas penas de muerte ejecutadas por el Estado Español.
50 años desde la desaparición de la pena de muerte, vivimos con un amplio consenso social que hace que prácticamente nadie se plantee su reimplantación, y ya eso debería ser un motivo de celebración solemne y general por parte de toda la ciudadanía y por las propias instituciones del Estado.
El contexto en el que la dictadura, el franquismo, lo que en otros países se denomina abiertamente fascismo, dio aquel último coletazo asesino, un año después de matar a Puig Antich junto a Georg Michael Melzel (del que ni siquiera estaba clara su identidad), es difícil de trasladar a los que hoy quieren analizar lo que algunos vivimos entonces.
Era el tardo franquismo, cierto que el régimen estaba más débil que en la inmediata posguerra, pero eso era más un hecho que algo que el franquismo (fascismo) fuese a reconocer. La decisión de fusilar tuvo mucho que ver con la demostración postrera de que ese Franco, y sus adláteres, no estaban debilitados, seguían siendo los vencedores. Porque en esos años los muertos a manos de la policía fueron decenas, las bandas de extrema derecha y parapoliciales (si había alguna diferencia) campaban a sus anchas, atacando a militantes de los partidos, todos clandestinos, y a simples manifestantes, ya de por sí perseguidos oficialmente por ser ilegales por definición.
50 años desde la desaparición de la pena de muerte, vivimos con un amplio consenso social que hace que prácticamente nadie se plantee su reimplantación, y ya eso debería ser un motivo de celebración solemne y general
Se celebraron cuatro consejos de guerra: en Barcelona contra Jon Paredes Manot, “Txiki”, y en Burgos, contra Ángel Otaegi y José Antonio Garmendia, los tres de ETA; y dos en Madrid, el 245/75 contra Vladimiro Fernández Tovar, Manuel Blanco Chivite, Xosé Humberto Baena Alonso, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco y el sumarísimo 1/75 contra José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, María Jesús Dasca, Concha Tristán, Manuel Cañaveras y José Fonfría. En este último caso, se aplicó de manera retroactiva un decreto “antiterrorista” del 16 de agosto de 1975, evidentemente posterior a los hechos juzgados. Se dictaron once penas de muerte, se fusiló a cinco personas.
Las condenas provocaron un movimiento social interior y en todo el mundo, sorprendente por su generalización y porque estalló después de la mayor pasividad social ante los juicios en sí y de la tolerancia internacional que había tenido el régimen durante tantas décadas. Ante los miles de manifestantes respondió el franquismo con represión; expulsó a Yves Montand, a Costa Gavras y a Regis Debray, por haber presentado en Madrid un escrito contra el régimen franquista firmado, entre otros, por Sartre, André Malraux, Louis Aragón, Foucault y Pierre Mendes-France. Ruiz-Giménez, exministro de Educación con Franco, pero ya disidente, medió ante el Vaticano, Pablo VI llamó a Franco, pero no llegó a hablar con él, “está descansando”, fue la versión oficial. Tierno Galván llamó a Willy Brandt, Olof Palme se sumó a la condena del régimen de Franco. Los Colegios de Abogados reclamaron el indulto de los condenados, la Conferencia Episcopal emitió una declaración en el mismo sentido, lo que sirvió de palanca para que muy diversas entidades manifestasen su oposición (hasta Scouts de España se adhirió al requerimiento), al utilizar ese parapeto ante el miedo que producía la represión despiadada ante toda crítica.
En muchos países se producen concentraciones de centenares de miles de personas, especialmente en toda Europa, en París, Toulouse, Roma, Florencia, Milán, Berlín, México… se llegan a asaltar consulados y la embajada de España en Lisboa.
La conclusión a resaltar es que, a pesar del miedo, del terror que se vivía socialmente bajo la bota de un Estado en manos de una feroz dictadura, aquellas condenas a muerte y los fusilamientos perpetrados dieron lugar a una protesta social que activó a sectores que hasta entonces no habían osado manifestar ningún descontento (en la casa de mis padres, en Madrid, un funcionario y un ama de casa, por primera vez en mi vida se desplegó una ikurriña con crespón, en el interior claro, otra cosa era inviable, recordemos que era ilegal y motivo suficiente para ser detenido cuando no disparado).
Hoy deberíamos recordar lo sucedido, una conciencia que es la única forma del nunca más, sin reservas ni paliativos, se mató a jóvenes que luchaban por la libertad, se compartiesen o no sus tácticas y programas. No cabe hablar de otra valoración que la de que se trató de condenas sin juicio, basadas en unas pantomimas de juicio que, ya desde entonces, no hay jurista que no reconozca que se realizaron sin ninguna garantía jurídica, y fueron por tanto nulos y, en consecuencia, se trata de condenados inocentes, pues nadie demostró que hubiesen cometido delito alguno. O eres inocente, situación por defecto, o eres culpable.
Lo que sucede es que a los muertos sólo se les puede anular la condena como un mínimo reconocimiento postrero y, para la restauración plena de su memoria, lo que sólo podemos hacer quienes tenemos la capacidad y el deber de actuar. A los que no se fusiló, que luego fueron amnistiados, les asiste el derecho a que se confirme con toda solemnidad la anulación de las condenas infamantes, lo que debería llegar de las propias instituciones del Estado, un Estado Derecho que no puede sino desmarcarse y denunciar los crímenes de la dictadura que le precedió.
Celebremos que han pasado 50 años desde entonces, cuando la pena de muerte es una pesadilla pasada en el Estado Español, pero que no puede ser olvidada, ni el conjunto de un régimen represor y asesino, para que no vuelvan.
¿Qué problema tenemos en reconocer las duras luchas por la libertad libradas contra el franquismo? Es la versión de nuestra resistencia; vivimos (algunos la parte final) una resistencia equiparable a la que se dio en Italia, en Francia, en Grecia y en otros países (frente a la ocupación nazi y al fascismo propio). Estamos ante ejecuciones equiparables a las del sindicalista Joe Hill o a la de Sacco y Vanzetti, convertidas en películas y cantadas por Joan Baez. Aquí la canción fue Al Alba.
Recordemos, rindamos homenaje a las víctimas, agradezcamos el sacrificio de quienes lucharon por la libertad en tiempos tan oscuros, mantengamos su memoria para que no llegue a repetirse nada parecido.
“Soy viento de libertad”, Askatasun Haizea.
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Joseba García Celada es socio de infoLibre.
El 27 de septiembre de 2025 debe marcar una efemérides ineludible para cualquier demócrata: 50 años desde las últimas penas de muerte ejecutadas por el Estado Español.