Baltasar Garzón ha investigado algunos de los mayores delitos cometidos en España, como crímenes contra la humanidad, terrorismo de Estado y corrupción política y económica. También ha ejercido, entre otros cargos, de asesor del Tribunal Penal Internacional de la Haya y de director de la defensa jurídica del periodista Julian Assange.
En este nuevo ensayo nos ofrece argumentos para reflexionar sobre asuntos que están impactando en nuestras vidas. Desde el aquelarre judicial a los casos evidentes de lawfare, la corrupción, el racismo, los bulos, el juicio incomprensible al exfiscal general o las nefastas consecuencias de la irrupción de Trump en el mundo.
El libro llegará este próximo 3 de junio a las librerías a través de la editorial Planeta, pero infoLibre adelante a sus lectores un fragmento.
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Lo he dicho públicamente y lo repito aquí: la Sala Segunda del Supremo es el órgano con más poder en España, más que el presidente del Ejecutivo o que el propio Parlamento, y no tiene un sistema de contrapesos, no hay segunda instancia para poder valorar pruebas de un procedimiento. La carga política de sus resoluciones es definitiva. Si no, que se lo pregunten a la magistrada Victoria Rosell, que, con la simple admisión por esta sala —al ser Rosell aforada como diputada en el Congreso por el partido político Podemos— de una querella instrumental presentada en abril de 2016 por el exministro José Manuel Soria, fue relegada de las listas de su formación política en aplicación de su código ético. Finalmente, la causa fue archivada en diciembre del mismo año. La ligereza en la admisión por el Tribunal Supremo supuso un daño irreparable para quien tenía legitimas expectativas de representación popular; expectativas que le fueron sustraídas. O el caso de un diputado del mismo partido, Alberto Rodríguez Rodríguez, que fue condenado por este tribunal en octubre de 2021, perdiendo su escaño, hasta que, casi tres años después, en enero de 2024, el Constitucional estimó su recurso de amparo por considerar que la pena de inhabilitación había sido desproporcionada e ilegal y dejó sin efecto la retirada de su escaño.
Pero también en otras jurisdicciones ha habido casos sangrantes. Por ejemplo, en la Audiencia Nacional y dentro del denominado caso Villarejo, con el punto de mira puesto en Pablo Iglesias en el denominado caso Dina; se elevó una exposición razonada al Supremo contra Iglesias que, en este caso, fue rechazada.
También son destacables los casos que han tenido como objetivo a otras militantes de ese partido, como Isa Serra o Irene Montero, con claro sesgo de género; o el denominado caso Neurona Consulting (consultora mexicana contratada por Podemos en 2019), que en julio de 2020 inició su andadura con la participación, como acusación popular, del partido de extrema derecha Vox, concluyendo con el archivo de todas sus piezas por parte de la Audiencia Provincial en octubre de 2024. El daño irreparable, nuevamente, ya estaba consumado.
Lo mismo podría decirse del caso de Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exconsellera de Igualdad por el partido Compromís, a quien sacaron de la carrera política por un acto delictivo cometido por su exmarido: el caso fue manufacturado por periodistas de derecha, con el claro objetivo de quitarle a Oltra su credibilidad y criminalizarla frente a la opinión pública en contexto electoral. Ni el fiscal ni el juez de instrucción estaban de acuerdo por ausencia de indicios sólidos, tratándose de una «situación relativamente inusual»; por eso la causa fue cerrada en abril de 2024. En mayo de 2025 fue reabierta y, finalmente, en diciembre de ese año, el juzgado volvió a rechazar la reapertura, pero, de nuevo, la Audiencia Provincial obligó a la jueza a abrir juicio oral, lo que hizo el día 3 de marzo de 2026. El impacto en la carrera política de Oltra y, sobre todo, en su persona y su entorno familiar, ha sido de máxima gravedad. El lawfare sobrevuela, desbocado, la cabeza de esta lideresa.
Sí, en la Justicia española hay un componente de soberbia muy grande que genera desconfianza en la ciudadanía. No de otra forma puede entenderse que más del 60 por ciento de los españoles considere que los jueces no son independientes, y que las interferencias políticas en la justicia estén normalizadas. A esto hay que añadir asociaciones judiciales o fiscales que hacen política de confrontación con el Gobierno. El deterioro es evidente. Reitero que, para mí, esa mezcla de instrumentalización degenera en una guerra jurídica o lawfare de consecuencias imprevisibles.
Los jueces tienen que juzgar con imparcialidad y no entrar en esta dinámica de confrontación política. Tampoco deben sumarse a dinámicas partidistas, como acontece con las supuestas reuniones, más o menos secretas pero, desde luego, no transparentes, de ciertas asociaciones profesionales conservadoras con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo para, al parecer, trazar estrategias y desmontar leyes del Gobierno.
Algún día se estudiará cómo en España los jueces y los fiscales (al menos un sector importante) perdieron la imparcialidad y se situaron fuera de la ley para convertirse en actores políticos, siendo conscientes del poder que ejercen en demérito de la soberanía popular. O cómo han humillado y llevado a una posición de desconfianza y de nula credibilidad a la Justicia española al exponer interesadamente en el extranjero, en la Unión Europea, una imagen irreal de institución agredida y acorralada supuestamente por el Gobierno. Un Gobierno que, por su parte, ha destilado miedo al no ejercer sus funciones ante una ocupación judicial más que evidente y que ha ido haciéndose fuerte, de forma soterrada, en los diferentes espacios.
Llego por tanto a esta reflexión: ¿es esta la Justicia por la que yo me he desvivido durante toda mi carrera profesional? No, desde luego que no. En gran medida, no reconozco como propio este modo de impartir justicia, con múltiples procesos penales instrumentales; con renuncias a actuar con firmeza para evitar la instrumentación de aquella; con apertura de investigaciones absurdas y prospectivas, que se debaten en los platós de televisión y las tertulias radiofónicas; con unos órganos de gobierno anquilosados y enfrentados ideológicamente, sin diálogo constructivo. Más aún, órganos consultivos que responden a filias y fobias dentro de la carrera respectiva; asociaciones de fiscales que ejercen de acusaciones populares; fiscales que asumen roles políticos y no jurídicos; mecanismos de destrucción de iniciativas válidas y ventajosas para la propia función por razones ideológicas; apariciones en redes sociales con insultos a otros actores públicos o políticos, llegando hasta la humillación y el insulto.
A pesar de todo, no puedo dar el partido por perdido, porque ello sería tanto como renunciar a lo que ha sido la lucha constante por una justicia mejor, verdaderamente imparcial e independiente, defensora de las víctimas y de los derechos humanos. Me aterra lo que acontece cuando observo que las nuevas promociones muestran escaso interés por el conocimiento y la defensa de los derechos humanos, mientras exacerban su fascinación por dinámicas sociales y de reconocimiento inmerecido, simples apariencias de lo que representa la verdadera justicia. No pierdo la esperanza de que las nuevas promociones sean conscientes de que no significan nada el reconocimiento ni el boato que desde determinadas esferas políticas o mediáticas se otorgan a quienes ocupan esos cargos de gran responsabilidad, por cuanto deciden con sus resoluciones la vida y el futuro de millones de personas, sino que ese reconocimiento debe ganarse día a día, sudando la camiseta, cumpliendo con la inmediación, estando abiertos a la sociedad, atendiendo a los justiciables, sin soberbia, sin olvidar que son servidoras y servidores públicos. La humildad en el desarrollo de la función judicial es la que te otorga el carácter de autoridad y debería ser la marca de quienes ejercen la jurisdicción.
Pero volvamos a la pregunta de inicio: hoy por hoy, ¿existe lawfare en España? La respuesta es sí, evidentemente, existe. Es una realidad insoslayable. No porque se niegue va a desaparecer. Solo lo hará cuando realmente pongamos todos los medios para que su desaparición sea una realidad. Mientras que, tal como se observa, antiguos y nuevos protagonistas favorezcan desde sus despachos judiciales a las formaciones políticas de su interés, con un desprecio claro a la independencia y la imparcialidad a las que se comprometieron, el problema seguirá existiendo. Y se agrandará hasta que sea imposible combatirlo. Y, de ahí, se pasará a su justificación y finalmente a su ejecución ilimitada. Para evitarlo, debemos desenmascarar a los actores que preconizan y apuestan por el lawfare, que, normalmente, son los que niegan su existencia. Las caretas caerán y se perderán los miedos a estas sus todopoderosas señorías, sobre las que, hay que decirlo, sobrevuela la sombra de la prevaricación. Del mismo modo que cada día es más patente que, en cada acción de este calibre, acecha el fascismo con todas sus consecuencias. Ya aconteció en la Alemania nazi y hasta hoy sufrimos sus efectos y estamos en riesgo de resucitarlos. No olvidemos que, en esas épocas pretéritas, tanto en España como en otros países, tales como Alemania, Italia o Francia, por citar solo los europeos, sin el apoyo del poder judicial no hubieran triunfado las ideologías y los regímenes fascistas.
'Exhumar en guerra'
El jurista italiano Luigi Ferrajoli, en entrevista para la revista mexicana Proceso, mantenía la necesidad de la independencia judicial: «Los jueces deben tener la posibilidad e incluso el coraje de emitir sentencias no populares e independientes de los intereses políticos, lo que garantizará el respeto entre el poder judicial y los poderes políticos (ejecutivo y legislativo) con miras a mantener vivos los gobiernos democráticos».
Pienso que los profesionales de la justicia son auténticos valedores de los principios democráticos y constitucionales, por lo que su comportamiento debe estar alejado de los políticos y de las miserias que, a veces, los rodean. Pero ¡qué difícil les resulta a algunos!
Con ello contribuyen al descrédito de la justicia, corrompida precisamente por quienes están obligados a defenderla. El mal funcionamiento de la Administración de justicia es una fuente de responsabilidades, como también lo es encubrir corporativamente una realidad palpable, especialmente cuando se refiere a quienes administran justicia, porque no solo tienen el deber de decidir, sino también el de convencer. Si el lawfare triunfa, se llevará por delante como un tsunami los derechos que a todos y a todas nos corresponden.
Baltasar Garzón ha investigado algunos de los mayores delitos cometidos en España, como crímenes contra la humanidad, terrorismo de Estado y corrupción política y económica. También ha ejercido, entre otros cargos, de asesor del Tribunal Penal Internacional de la Haya y de director de la defensa jurídica del periodista Julian Assange.