Política

La AP-6 fue adjudicada a Iberpistas vulnerando la ley

Vehículos bloqueados en la AP-6 este fin de semana.

La autopista del caos bajo la nieve carga con una grave ilegalidad en su historial. Ibérica de Autopistas SA (Iberpistas), sociedad adjudicataria de la explotación de la autopista de pago AP-6, logró ampliar su concesión en un proceso que la Unión Europea (UE) considera contrario a la normativa comunitaria.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en una sentencia de abril de 2010, estableció que España había incumplido la directiva europea de contratación pública al adjudicar en 1999 a Iberpistas actuaciones que no aparecían en el objeto del contrato de concesión. El fallo considera que el Ministerio de Fomento benefició a Iberpistas ante otros posibles competidores. El Ministerio de Fomento aprobó en 2012 un decreto para dar cumplimiento a la sentencia que en la práctica permite a la empresa mantener la concesión al menos hasta 2024 y garantizarse una compensación por "daños y perjuicios", lo que ha suscitado críticas de colectivos vecinales y ecologistas. La Plataforma Ávila Libre de Peajes sostiene que los sucesivos Gobiernos de España, desde 1999 hasta ahora, han favorecido deliberadamente a Iberpistas, que desde 2004 pertenece a Abertis.

A preguntas de infoLibre, ni el Ministerio de Fomento ni Abertis realizaron este lunes aclaraciones sobre los problemas legales de una concesión que está hoy en el disparadero. El motivo es conocido. Miles de conductores quedaron atrapados este fin de semana en la AP-6. El Gobierno y Abertis se culpan mutuamente del caos. La gestión del Ministerio del Interior, especialmente de la Dirección General de Tráfico, está en el punto de mira. No obstante, la historia de la autopista tiene más relación con otro ministerio: Fomento.

La A-6 enlaza Madrid y A Coruña. Entre Collado Villalba (Madrid) y Adanero (Ávila) hay un tramo con peaje (AP-6) de unos 70 kilómetros de autopista. Desde 1968 el tramo de peaje es explotado por Iberpistas, que lo tenía hasta el 29 de enero de 2018. En 1999 el Ministerio de Fomento lanzó un procedimiento para adjudicar las obras de conexión de la AP-6 con Ávila y Segovia y su posterior explotación. En el mismo paquete iba la conservación y explotación del tramo de peaje a partir del 30 de enero de 2018. La adjudicación recayó en Iberpistas en noviembre de 1999, siendo ministro de Fomento Rafael Arias-Salgado (PP). "Fue increíble. Juntaron concesiones diferentes, la construcción y la explotación de los enlaces con Segovia [AP-61] y Ávila [AP-51] y la ampliación de la concesión de la AP-6. Claro, todo para prolongar la concesión del tramo de la AP-6, que es el que les interesa. Los enlaces no le interesan nada, pero llevan aparejados la AP-6,", señala Carlos Bravo, portavoz de la asociación ecologista Centaurea. El peaje de Villalba a Adanero cuesta 12,5 euros.

La intervención de la Comisión Europea

La adjudicación fijó un plazo de concesión de la explotación de entre 32 y 37 años. Acabaría entre 2031 y 2036 (tomando como inicio 1999). Centaurea y el sindicato CCOO denunciaron el procedimiento ante la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Supremo, sin éxito. Más recorrido tuvo su denuncia ante la Comisión Europea, que interpuso una demanda ante el TJUE. En su sentencia de abril de 2010, dicho tribunal establece que hay tres actuaciones adjudicadas a Iberpistas que "no se mencionan en el objeto del contrato de concesión de obras públicas". Dichas obras son la construcción de un tercer carril de circulación por sentido en el tramo entre Villalba y la conexión del Valle de los Caídos; la construcción de un tercer carril reversible entre el Valle de los Caídos y la ciudad de San Rafael, incluida la construcción de un nuevo túnel; y la construcción de un cuarto carril por sentido en el tramo gratuito de Madrid a Villalba. El coste de adjudicación de estas tres obras complementarias ascendía a 132,03 millones de euros.

"En realidad la sentencia se centra en una de las múltiples irregularidades, y a nuestro juicio no en la mayor. Lo inaceptable es que fue un proceso hecho a medida. El tribunal establece claramente que la concesión es ilegal, aunque no la anula. Ahora mismo está en una situación de alegalidad. Lo único vigente es la concesión de 1968, que caduca en enero y debería volver al Estado", añade el ecologista Carlos Bravo. Como la sentencia tardó diez años en llegar, las actuaciones encargadas a Iberpistas ya están concluidas. "Se ha impuesto una política de hechos consumados", denuncia Bravo.

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, la Plataforma Ávila Libre de Peajes y Centaurea llevan años reclamando el fin del contrato de concesión con Iberpistas. Julio Huerta, portavoz de la Plataforma Libre de Peajes, afirma que la sentencia europea no se ha cumplido. "Lo único que han hecho ha sido un apaño por la puerta de atrás", asegura. A su juicio, lo que debía haber hecho Fomento tras la sentencia es dar por liquidada la adjudicación del 99 y volver a la concesión de 1968, que culminaría el 29 de enero de este mes. En lugar de eso, el Ministerio de Fomento aprobó un decreto en 2012, con Ana Pastor como titular, en el que rebajaba siete años el periodo concesional, pero no anulaba la adjudicación. "Es decir, la autopista y el túnel no serán públicos hasta una fecha aún no concretada, pero no más pronto que en torno al 2024", explica la Plataforma Ávila Libre de Peajes. La cuenta es la siguiente: el mínimo de años de concesión establecidos en 1999 eran 32. Es decir, hasta 2031. Al quitarle Fomento siete años, el mínimo sería hasta 2024.

La duración exacta de la concesión se fijará en 2019, tomando en consideración la evolución del tráfico. El Gobierno deberá entonces, según establece el decreto, decidir cómo "compensar adecuadamente" a la empresa por los "daños y perjuicios" ocasionados por la reducción de siete años en el periodo de concesión. Paga el Estado.

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