El movimiento LGTBIQ+ sale a la calle este Orgullo con una máxima: defender las conquistas, contener los retrocesos y cuidar al de al lado. El reto no es otro que plantar cara a la violencia que se expresa en distintos grados, fuera y dentro de las fronteras. En suelo español, con discursos de odio en tribunas y con la retirada de apoyos institucionales al movimiento asociativo. Pero también con violencia directa en las calles y la amenaza constante de la discriminación en todos los espacios. En el corazón del continente europeo, donde resuenan los ecos de la represión húngara, con vetos directos al colectivo.
La tendencia, advierte Julia Ehrt, directora ejecutiva de ILGA Mundo, es global. A día de hoy, 64 Estados miembros de la ONU criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, con castigo de pena de muerte en siete de ellos. Al menos 61 países presentan barreras legales a la libertad de asociación a la hora de registrar y poner en funcionamiento organizaciones que defiendan abiertamente los derechos de las personas LGBTIQ+ y sólo en 17 están prohibidas las mal llamadas terapias de conversión. "En los últimos años se ha producido una escalada de las amenazas a la vida y la dignidad de las comunidades LGBTIQ+", lamenta Ehrt a preguntas de infoLibre, lo que supone "un preocupante patrón global". Se trata, en su opinión, de "narrativas reaccionarias" que no se producen "en el vacío: una vez legitimada por la ley o la retórica política, la discriminación salpica a la sociedad, el discurso del odio envalentona los actos de acoso y violencia".
Los activistas miran con especial preocupación a sus compañeros de Hungría, hoy convertido en cuna de la extrema derecha institucionalizada y de la ofensiva más encarnizada contra los derechos de la comunidad. El Gobierno de Hungría quiere al colectivo en silencio y encerrado en casa, una pretensión que ha hecho explícita con la prohibición de la marcha del Orgullo. Pero Budapest se prepara para desobedecer: este sábado, el movimiento ha organizado una manifestación alternativa para poder llenar las calles, una convocatoria a la que asistirán ministros y representantes políticos españoles. La policía ha autorizado, el mismo día, una contramanifestación fascista.
Hungría y la desobediencia
Alejandro Menéndez lleva días en la capital húngara y meses advirtiendo de todo lo que está en juego con la ofensiva gestada en el país. El asesor jurídico de la organización Reclaim defiende, en conversación con este diario, dos acciones imprescindibles ante la ola reaccionaria: "Combatir su narrativa y mostrarnos solidarios con quienes están sufriendo sus ataques". Ni la prohibición del Orgullo, asiente el activista, ni el célebre pin parental "tienen nada que ver con proteger a los niños", un argumento tradicionalmente enarbolado por la extrema derecha. "Es censura, estigma y odio", rebate. Y por eso "apoyar hoy a la comunidad LGTBIQ+ húngara es clave: hoy somos nosotros los que nos unimos a su lucha, pero mañana podríamos ser nosotros los que necesitemos su apoyo".
Sobre la decisión consciente del activismo húngaro de salir a la calle habla también David Armenteros, vicepresidente de la Federación Estatal LGTBI+. Él sitúa la desobediencia civil como una "herramienta fundamental de los movimientos sociales para defender la justicia cuando las leyes, o quienes las aplican, son injustas". No es, se esfuerza en subrayar, una "opción radical o extrema", sino una "respuesta legítima ante la opresión". Y en contextos como el húngaro, pero también en todos aquellos donde el avance reaccionario es imparable, se convierte directamente "en un acto de supervivencia".
"No podemos mirar a Hungría o Polonia con condescendencia, como si estuviéramos inmunizados", advierte. "Aquí también hemos visto cómo se prohíben charlas en institutos, se censuran libros, se vetan banderas, aquí también hay personas que señalan y atacan". Si bien España es todavía dibujado como una suerte de oasis en medio del desierto, los activistas están alerta: "No podemos descartar que llegue el momento en que tengamos que recuperar tácticas de desobediencia". Y desobedecer, en este tipo de situaciones, "es negarse a ceder ante el miedo, seguir diciendo que existimos cuando quieren borrarnos, seguir educando cuando quieren silenciarnos y es también seguir marchando aunque nos digan que no".
"Censura, represión y retroceso"
Lo que en los últimos años empezó a asomar como la sombra de una amenaza internacional, se configura hoy como una certeza. El estudio La próxima ola. Cómo el extremismo religioso está recuperando el poder, presentado esta semana por el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), disecciona las bases económicas que dan sustento a los discursos de odio contra el feminismo y el colectivo LGTBIQ+. Hungría está a la cabeza, según la investigación, en cuanto a "financiación antigénero". Le siguen Francia, Reino Unido, Polonia y España. En los últimos años, en nuestras fronteras han ido a parar 66 millones de dólares destinados a "desmantelar" derechos y políticas públicas.
Los efectos son ya palpables, tanto en el plano simbólico como en el material. Al Ministerio del Interior ha llegado recientemente una queja denunciando un patrón sistemático de registros arbitrarios a personas del colectivo por parte de la Policía Nacional, motivados por sesgos discriminatorios. En Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida se resiste a desplegar la bandera arcoíris y estrangula económicamente al movimiento asociativo. En los tribunales se identifica una agresión al grito de "maricones de mierda" como una expresión "ofensiva o desafortunada", no como una forma de odio. Y los delitos originados por razones de orientación sexual o identidad de género aumentaron en 2023 un 13,73%, según el último informe del departamento de Fernando Grande-Marlaska.
Cada movimiento político, cada gesto de represión hacia el colectivo, "es una total declaración de intenciones", identifica Jacobo Seguí, miembro de Orgullo Vallekano. Su organización se quedó sin recursos materiales a una semana de celebrar el festival que cada año llena el barrio madrileño de reivindicación. La Junta de Puente de Vallecas los dejó sin escenario, sonido, iluminación y técnicos, una decisión que los activistas ligan a la cacerolada organizada previamente en la Feria del Libro de Vallecas contra la autora Lidia Falcón. El Ayuntamiento, explica Seguí, trató sin éxito de contener la protesta: "Nos dijeron que nos lo pensáramos mejor", detalla. Lo siguiente fue la retirada de recursos.
"La forma de hacer que los movimientos sociales autogestionados y precarios se callen, es dejándoles sin nada", expresa el activista. "Cada vez que les pedimos algo sabemos que es una limosna" y que la ayuda está, en realidad, condicionada: "Cuando hagamos algo que no les parezca bien, nos lo van a quitar". El mensaje tiene un trasfondo disciplinante: "Cállate, no digas nada, no hables. Puedes hacer lo que quieras, pero en tu casa. Y nada de salir a protestar", denuncia el militante vallecano.
Coincide Armenteros. "Estas decisiones políticas envían un mensaje muy claro a la ciudadanía: que los derechos del colectivo LGTBI+ no son una prioridad y que su visibilidad puede cuestionarse o eliminarse sin consecuencias". El intento de veto al festival vallecano es, para el activista, "un mensaje de censura, represión y retroceso", un movimiento consciente y deliberado por parte de sus autores. "Estas decisiones no ocurren en el vacío, forman parte de una estrategia política y cultural".
La fuerza y los afectos
"Maricón de mierda" es solo una ofensa para la justicia: la batalla LGTBIQ+ se enquista en los tribunales
Una vez hecho el diagnóstico, ¿está el movimiento LGTBIQ+ preparado para enfrentar el avance reaccionario? "Los movimientos reaccionarios se financian y coordinan globalmente, así que si el activismo por los derechos humanos no hace lo mismo, quedará indefenso", advierte Alejandro Menéndez. Igual que él, Julia Ehrt tiene la mirada puesta en las alianzas internacionales. Hay razones para la esperanza, clama. "A pesar del difícil momento, los movimientos LGTBIQ+, feministas, por los derechos sexuales y reproductivos, por la justicia social en general, pueden contar con la solidaridad mutua".
Para David Armenteros, el movimiento tiene la fuerza y la capacidad necesaria para organizarse. "Pero necesita regenerarse constantemente, necesita que las nuevas generaciones se involucren, que el tejido asociativo se fortalezca, que volvamos a ocupar el espacio público, que construyamos alianzas con otros movimientos y que entendamos que esta lucha es inseparable de la lucha feminista, antirracista, por la vivienda, por la salud mental o por los derechos de las personas migrantes", enfatiza. "No podemos esperar que todo venga desde arriba. Es en las calles, en los barrios, en las escuelas, en las redes sociales, donde se combate primero el odio".
En ese punto exacto se encuentran los activistas que dan la batalla cotidiana en las trincheras de un barrio de la periferia madrileña. "Es nuestra filosofía", presume Jacobo Seguí. "Tejer red, ser comunidad, okupar un solar abandonado, ir a parar un desahucio y proteger al de al lado. Si te insultan en la calle y todas las vecinas se dan la vuelta, ese discurso de odio se desactiva".
El movimiento LGTBIQ+ sale a la calle este Orgullo con una máxima: defender las conquistas, contener los retrocesos y cuidar al de al lado. El reto no es otro que plantar cara a la violencia que se expresa en distintos grados, fuera y dentro de las fronteras. En suelo español, con discursos de odio en tribunas y con la retirada de apoyos institucionales al movimiento asociativo. Pero también con violencia directa en las calles y la amenaza constante de la discriminación en todos los espacios. En el corazón del continente europeo, donde resuenan los ecos de la represión húngara, con vetos directos al colectivo.