Cuando la Administración Trump anunció la semana pasada la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar con dinero público a quienes fueron “perseguidos” por el Gobierno de Joe Biden, para muchos fue solo un ejemplo más de cómo el presidente estadounidense está usando todas las herramientas a su alcance para beneficiar a los suyos.
A lo largo del último año, Washington se ha acostumbrado a este tipo de iniciativas de Trump, que a veces frenan los tribunales y otras provocan que congresistas, activistas y ciudadanos pidan cambiar la ley para limitar los poderes del presidente. Por tanto, este caso podía parecer simplemente uno más. De hecho, mientras se terminaba de escribir este artículo, un juez federal suspendió temporalmente la creación del fondo al menos hasta junio. El día de la marmota.
Sin embargo, con el paso de los días, políticos, analistas y expertos han coincidido en calificar esta decisión no solo como el mayor caso de corrupción del magnate hasta la fecha, sino también como el mejor ejemplo de que Trump está dispuesto a exhibir este tipo de medidas a plena luz del día, algo que consideran aún más preocupante.
"Esto es corrupción épica a la vista de todos", asegura Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice, el instituto de políticas públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. "Y la historia demuestra que tras el escándalo llega la reforma, a menudo, pero no siempre".
En la práctica, el fondo implica que el contribuyente estadounidense pagará una compensación a los condenados por el asalto al Capitolio y a otras personas que Trump considera víctimas de Biden. El presidente sostiene que los posibles beneficiarios "se declararon en bancarrota, sus vidas fueron destruidas y, al final, resultaron tener razón", y que por tanto merecen una indemnización. Además, ha establecido que el fondo solo funcione hasta finales de 2028, es decir, hasta unas semanas antes de la fecha en la que debe dejar el cargo.
La medida forma parte de una campaña mucho más amplia de la Administración para cambiar la historia reciente del país, al menos en aquello que está en manos del Gobierno. En ese sentido, los fiscales del Departamento de Justicia presentaron la semana pasada mociones para desestimar los casos más graves relacionados con el 6 de enero, aquellos en los que líderes de grupos de extrema derecha fueron condenados por conspiración.
Ese mismo día, el Departamento de Justicia confirmó también que está eliminando de su web las notas de prensa en las que se informaba de los casos contra los protagonistas del asalto al Capitolio. La investigación sobre aquellos hechos es la mayor investigación criminal de la historia del Gobierno estadounidense y terminó con la condena de 1.600 personas.
"Estamos orgullosos de estar revirtiendo la instrumentalización del Departamento de Justicia que se llevó a cabo bajo la Administración Biden", ha afirmado el propio departamento. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para reparar el daño causado a quienes fueron perseguidos con fines políticos. Eso incluye eliminar la propaganda partidista de la web del Departamento".
"¿Ha habido un episodio de corrupción presidencial tan flagrante y amenazante para el orden constitucional? Desde luego que no en tiempos modernos", ha escrito el comité editorial de The New York Times, que anima a la ciudadanía a no "hacerse ilusiones" sobre lo que Trump está "intentando hacer": usar el Departamento de Justicia para castigar a sus enemigos y proteger a sus amigos.
El editorial repasa otras iniciativas de Trump para contextualizar su preocupación: "Está destrozando los pilares de la democracia estadounidense para conseguir más poder. Asegura que las elecciones solo son legítimas si las gana él. Utiliza a las fuerzas del orden para investigar y perseguir a quienes percibe como sus enemigos. Purga de su partido a quienes le desafían. Habla de los miembros del otro partido y de integrantes de la sociedad civil como traidores y enemigos. Incentiva a sus seguidores a romper la ley en su nombre y los premia cuando lo hacen. Dirige a sus aliados para que cambien las normas electorales con el fin de mantener a su partido en el poder".
Hay que recordar que, en su primer día en el poder, Trump ya indultó a casi 1.600 personas condenadas por el asalto al Capitolio. En ese sentido, muchos temen que con esta iniciativa refuerce el mensaje de que quienes incumplen la ley cuando él lo pide serán premiados, y quienes se le opongan serán castigados.
Los beneficiarios y la oposición
Para entender quién puede beneficiarse del fondo, conviene fijarse en quienes ya han llegado a acuerdos extrajudiciales con el Departamento de Justicia. Por ejemplo, la familia de uno de los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero, que murió por un disparo de la Policía al acercarse al estrado de la Cámara de Representantes, ha recibido cinco millones de dólares. A la vez, el abogado de muchos de los asaltantes celebró el anuncio del fondo después de llevar años intentando conseguir compensaciones económicas para sus clientes.
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El fondo ha sido criticado en bloque por los demócratas, pero también por algunos republicanos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, ha dicho que no es "muy fan" de la iniciativa y que no está "seguro de cómo pretenden usarla". También ha afirmado que espera que sea sometida a un "examen exhaustivo" por parte de los congresistas. "Mi suposición es que, a juzgar por algunas de las reacciones negativas que ha habido desde que se anunció esto, se le prestará mucha atención", señaló.
Por su parte, la senadora demócrata Elizabeth Warren ha denunciado que se trata de "un nivel insano de corrupción". Muchos otros han recordado que parte del problema se debe a que el Tribunal Supremo otorgó hace dos años inmunidad a los presidentes por los crímenes que cometan en el ejercicio de sus funciones.
Tras el escándalo del Watergate de Richard Nixon, el Congreso trató de construir normas para que el Gobierno actuara en favor del interés público y no del presidente. Pero esos límites, recalcan los expertos, no parecen estar siendo suficientes.
Cuando la Administración Trump anunció la semana pasada la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar con dinero público a quienes fueron “perseguidos” por el Gobierno de Joe Biden, para muchos fue solo un ejemplo más de cómo el presidente estadounidense está usando todas las herramientas a su alcance para beneficiar a los suyos.