Los elevados estándares de protección migratoria de Europa en comparación con otras regiones del planeta han recibido en los últimos días varios torpedos que rebajan el nivel garantista de su línea de flotación. En la UE, solo España se opuso a la creación de centros de deportación fuera de las fronteras comunitarias. En Estrasburgo, en el Consejo de Europa, las tesis de Italia y Dinamarca se han impuesto para que la Convención de los Derechos Humanos sea “equilibrada” a la hora de reaccionar a la expulsión de extranjeros que hayan delinquido.
Existe en la Unión Europea una corriente de fondo desde el inicio de la nueva legislatura comunitaria en 2024 que busca rebajar los estándares migratorios, en línea con las tesis de Viktor Orbán en Hungría o de Giorgia Meloni en Italia. En Bélgica, la llegada de una nueva coalición de Gobierno endureció las condiciones de asilo. Checos, eslovacos, austríacos o polacos viajan en el mismo barco. Ahora, en este final del curso político, esta corriente emerge en toda su dimensión.
Paso a paso, con la aprobación de reglamentos temáticos, está en marcha una reforma de gran calado en el sistema de asilo común, lejos de los grandes titulares. Ya está aprobada, y entrará en vigor en pocos días, la norma para crear el mecanismo para que desde España, Grecia, Italia y Chipre se distribuyan a otros países unos 21.000 demandantes de asilo. El resto de Estados miembros que no los quieran acoger podrán contribuir con dinero a un "pool de solidaridad".
La migración será protagonista también en la Cumbre Europea del próximo jueves. Antes de su inicio, en Bruselas, Giorgia Meloni mantendrá con la danesa Mette Frederiksen y el neerlandés Dick Schoof un almuerzo que empieza a ser recurrente para tratar cuestiones migratorias. Los tres dirigentes acostumbran a verse para intercambiar ideas sobre la gestión fronteriza o las medidas en los sistemas de asilo. La declaración aprobada en Estrasburgo “no habría ocurrido” sin el empuje de estos líderes, en palabras de un diplomático de estos países.
En una capital comunitaria como Copenhague se destaca la aceleración que están experimentando estos debates migratorios a nivel europeo. La primera ministra Frederiksen celebra que una mayoría de países apostase en Estrasburgo por “asegurar que los condenados extranjeros por serios crímenes puedan ser expulsados”. La declaración en el Consejo de Europa, organismo cuyo núcleo de trabajo son los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Europa, denuncia que las sociedades del continente “son desafiadas por personas que se aprovechan de nuestra hospitalidad”. Un texto impulsado por Dinamarca e Italia, firmado por 27 países, pero no por España, Francia o Alemania, sobre el que Giorgia Meloni afirmó sentirse “muy contenta” por lanzar “un debate fructífero con soluciones innovadoras” a nivel migratorio.
Esta mayoría de países permitirá una revisión del mandato y las competencias de la Corte Europea de Derecho Humanos, proceso que empezará ya en 2026, para que el tribunal no interfiera en las deportaciones de criminales extranjeros aunque sus familias residan en alguno de los Estados partícipes. Mette Frederiksen lo califica como “un ajuste en el equilibrio entre los importantes intereses públicos en la defensa de la libertad y la seguridad de nuestras sociedades y los derechos de individuos criminales extranjeros”.
En paralelo a la celebración de la primera ministra danesa por aprobar su iniciativa con su homóloga italiana, en Bruselas sus diplomáticos han exprimido estos últimos días de la presidencia de Dinamarca en el Consejo de la UE para sacar adelante los últimos reglamentos migratorios, antes de que Chipre asuma el mandato semestral con el cambio del nuevo año.
España se desmarca del endurecimiento migratorio
La presidencia rotatoria danesa ha estado últimamente muy involucrada en aprobar los reglamentos migratorios. Cuatro que salieron fueron aprobados en la reunión de los ministros europeos de Interior y Justicia en la que el Gobierno español decidió ser la única voz discordante. Sobre el reglamento que establece una lista europea única de países extranjeros considerados seguros, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, denunció que “rompe” con la integridad del Pacto Migratorio “antes de que haya echado a andar, manifestó". Marruecos, Túnez, Egipto, Colombia, Kosovo, la India o Bangladesh están en ese listado.
La discusión migratoria se incendia en la UE mientras los centros de deportación avanzan para ser realidad
España se opuso también al reglamento que diseña la base jurídica de la controvertida medida de los centros de expulsión, propuesta lanzada hace meses por la Comisión. El ministro Marlaska manifestó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los calificados como hubs de retorno. España se queda fuera mientras que socios como Países Bajos confirman un proyecto para deportar demandantes de asilo a Uganda, y Grecia y Alemania estudian centros similares también en África.
La postura de Madrid se desmarca de la senda iniciada por Roma y que ya se impone como mayoritaria en la capital comunitaria. El homólogo de Marlaska, Matteo Piantedosi, adelantó en Bruselas que las instalaciones financiadas por su país en Albania servirán para poner en marcha “procesos fronterizos acelerados y convertirse en el primer ejemplo de los hubs de retorno”. El espejo innovador al que miran muchos socios de los 27.
Con las victorias bajo el brazo entre los ministros europeos de Interior y también en el Consejo de Europa de Estrasburgo, Meloni saca pecho. Acaba de ser la protagonista de una conferencia de alto nivel presidida por Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión, para la Alianza Global contra el Tráfico Migratorio. La externalización del control de las fronteras fuera de la UE es, dijo durante su intervención, el “modelo” y la “senda a seguir a nivel europeo”. La posfascista constató una realidad: “Las soluciones innovadoras” a nivel migratorio “son vistas con interés creciente y se están convirtiendo en una práctica común”.
Los elevados estándares de protección migratoria de Europa en comparación con otras regiones del planeta han recibido en los últimos días varios torpedos que rebajan el nivel garantista de su línea de flotación. En la UE, solo España se opuso a la creación de centros de deportación fuera de las fronteras comunitarias. En Estrasburgo, en el Consejo de Europa, las tesis de Italia y Dinamarca se han impuesto para que la Convención de los Derechos Humanos sea “equilibrada” a la hora de reaccionar a la expulsión de extranjeros que hayan delinquido.