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Cómo Dior, Gucci y Tod’s acabaron con la fábrica rumana que producía su ropa de lujo a bajo coste

Archivo - Tienda de Dior en Barcelona

Khedidja Zerouali (Mediapart)

Lisa* empezó a trabajar a los 17 años en la fábrica textil Selezione, en la región rumana de Brasov (180 km al norte de Bucarest). Ahora tiene 38 años. Ha pasado media vida cosiendo botines y zapatillas, ocho horas al día, para grandes marcas europeas de lujo. “Siempre acababa la semana muy cansada, pero al menos era un trabajo fijo y el sueldo se pagaba por horas”, dice. “Había buen ambiente entre las trabajadoras, éramos como una familia”.

La despidieron casi de la noche a la mañana, en diciembre de 2023. Apenas veinte días antes de que pararan las máquinas de coser, le hicieron firmar el despido y se quedó sin nada. Y así, Selezione, la fábrica donde las trabajadoras se habían hecho amigas y tendinitis, cerró, dejando a 152 de ellas en la calle.

En 2023, el salario mínimo rumano aumentó dos veces, en enero y octubre, hasta alcanzar los 3.300 lei, unos 670 euros brutos al mes. En Selezione, todas cobraban el salario mínimo, o un poco más para las trabajadoras más especializadas y con más antigüedad. Algunas trabajaban a tiempo parcial, mientras que otras tenían que mantener un segundo empleo para salir adelante.

Con esos aumentos cundió el pánico en los despachos de los dos gerentes de la fábrica, Violeta Radu y Enrico*. Los márgenes obtenidos no bastaban para absorber estos aumentos. En enero de 2023 la fábrica despidió a sus primeros 74 trabajadoras.

En octubre del mismo año, a pesar de haber recortado ya sus nóminas, la empresa se vio obligada a aumentar los precios a sus clientes: Dior (marca del grupo francés LVMH), Gucci (propiedad de Kering, el otro grupo francés del lujo) y Tod's (propiedad de un grupo italiano del mismo nombre).

Ninguna de estas tres marcas aceptó la subida de precios. Todas retiraron sus pedidos. La fábrica despidió a las 78 trabajadoras restantes y cerró sus puertas. Dior, Gucci y Tod's no respondieron a ninguna de nuestras preguntas.

Una brutalidad que no desaparece

Las súplicas de la patronal no sirvieron de nada. Violetta Radu, co gerente de la fábrica, ha conservado el intercambio de mensajes de texto con Luca Della Vale, responsable de proveedores del grupo Tod's . “Necesito saber si puede ofrecernos un precio justo, de lo contrario mi fábrica cerrará”. El ejecutivo respondió: “Desgraciadamente, sus costes están muy por encima de nuestros estándares... Lo siento mucho, pero no puedo ayudarles”.

En declaraciones a Mediapart, Enrico, el otro co gerente de la fábrica, resumió el cierre en términos sencillos: “El salario mínimo subió, tuvimos que subir los precios, nuestros clientes los rechazaron, eso es todo. Tenían derecho a negarse y lo hicieron. No culpo a las marcas, culpo al sistema capitalista”.

Insinúa que prefiere que no se critique demasiado a sus ex clientes y pide que no se le cite con su verdadero nombre. “Quizá algún día vuelva a trabajar con Gucci”.

Su ex compañera no lo ve así. Con sollozos en la voz, Violeta Radu repite: “Dígales a los jefes de LVMH, Kering y Tod's que me encantaría conocerles en persona. Que vean mi cara. Que vean las caras de las trabajadoras. Dimos la vida por esta fábrica y nos liquidaron en cuestión de minutos, sin ningún reconocimiento por el trabajo que hicimos”.

María*, que trabajó en la planta de 2008 a 2023, también está enfadada. Aunque, como la mayoría de sus compañeras, ha encontrado trabajo desde el cierre en diciembre de 2023, la brutalidad con la que se cerró la planta sigue siendo inaceptable. “Ni siquiera nos han pagado el finiquito”, dice indignada.

Cuando la fábrica aún estaba abierta, María buscaba en Internet el precio de los zapatos que fabricaba. Los precios oscilaban entre varios cientos y más de mil euros el par. “Incluso con varios meses de trabajo, no habría podido permitírmelo”, dice con ironía, dado que la mayor parte de la fabricación de ese calzado se hacía en su fábrica. Sólo algunos pequeños añadidos se hacían en Italia, lo que permitía a las marcas exhibir con orgullo la etiqueta “Made in Italy”.

Para compensar su bajo salario, María encontró un segundo trabajo en una cadena de comida rápida. “Así son la vida y los sueldos en Rumanía”, dice hastiada. Si no puede olvidar sus años en Selezione, es también porque un fuerte dolor de columna se lo recuerda cada poco. “Tuve problemas tan agudos que acabaron repercutiendo en mi mano derecha”, dice, recordando los movimientos repetitivos y la incómoda posición en su pequeño asiento. “Y así todo, me encantaba esa fábrica”, asegura.

ONG del lado de las trabajadoras

Alertadas por la situación, las ONG de la red Clean Clothes Campaign (Campaña Ropa Limpia) tomaron cartas en el asunto a principios de 2024. El objetivo de este grupo de sindicatos y asociaciones es conseguir que se respeten los derechos humanos y la legislación laboral en la industria textil de todo el mundo.

Los miembros de la red se han dirigido a los responsables de las tres marcas que se han retirado de la fábrica, exigiendo explicaciones así como compensaciones económicas. Para ello, se basaron en la directiva sobre diligencia debida de las empresas.

Cuando las ONG actuaron, esta directiva, que ya había sido aprobada, aún no había entrado en vigor. Eso permitió a las marcas mantener contra las cuerdas a las organizaciones (a excepción de Tod's, que no respondió). No se concedió ninguna ayuda a los trabajadores.

La cadena de suministro de las marcas de lujo es intrínsecamente flexible...

Antonella Centra, vicepresidenta de Gucci, en una carta a las ONG de la Clean Clothes Campaign

En una primera carta de febrero de 2024, Patrice Guillemin, director industrial de Dior y Louis Vuitton, había compartido, no obstante, cierta vergüenza: ”No podemos negar nuestra estupefacción [...] al descubrir toda esta situación, que contradice fuertemente los principios y valores éticos de Christian Dior”. Había prometido llevar a cabo una “investigación” sobre el asunto.

Los resultados de sus investigaciones fueron decepcionantes, al menos para las ONG. El departamento de conformidad de Dior respondió en junio de 2024 que no se había hecho nada fuera de lugar. Para justificarse, la marca empezó por señalar que “esta fábrica rumana sólo había trabajado para Dior durante un periodo limitado (menos de dos años)”.

La marca emblemática del grupo LVMH aseguró que los distintos aumentos del salario mínimo habían sido “tomados en consideración y aceptados”, y prometió que la interrupción de los pedidos estaba vinculada únicamente a una disminución de las necesidades de producción.

Como compensación, las trabajadoras recibieron unas palabras: “Sentimos mucho esta situación. Dior se compromete a respetar la legislación laboral y las directrices de LVMH”.

Antonella Centra, una de las vicepresidentas de Gucci, también respondió a las organizaciones en una carta de febrero de 2024. En cuanto a la petición de ayuda financiera para las trabajadoras, recordó a las ONG que la directiva sobre "diligencia debida” aún no había entrado en vigor en el momento de estos intercambios.

“Aunque desde hace tiempo hemos estado y seguimos estando plenamente alineados y comprometidos con los principios fundamentales y el marco esbozado en este proyecto de directiva, es esencial reconocer que, desde un punto de vista puramente legal, no es actualmente una norma obligatoria”, escribió.

“Ese argumento es correcto. La directiva tiene un calendario de aplicación lento y complejo”, explica Adrien Le Louarn, parlamentario de La France insoumise (LFI) que participó en la negociación de la directiva europea. “La obligación de los Estados miembros de transponer la directiva a su legislación nacional no concluirá hasta el verano de 2026. Por tanto, habrá que esperar un año más para que las empresas más grandes estén sujetas a esa norma. Las pequeñas y medianas empresas se verán afectadas en los dos años siguientes”.

En su carta, la vicepresidenta de Gucci también quiso señalar que “la cadena de suministro de las marcas de lujo es intrínsecamente flexible... Los proveedores pueden variar en función de la dirección estratégica de la empresa”. Ni una palabra para las trabajadoras rumanas despedidas.

Lujo fabricado en condiciones low cost

De momento, ni Enrico ni Violeta pueden decir adónde ha ido a parar la producción que se hacía en Selezione. “Tras las subidas del salario mínimo, en Rumanía cerraron varias fábricas, no somos los únicos”, asegura Enrico. “Al principio, las marcas europeas hacían sus productos en fábricas de Polonia, pero luego abandonaron el país porque pensaban que se había vuelto demasiado caro. Vinieron a Rumanía. Ahora se van de nuevo, a Serbia, Marruecos o Egipto. Es la misma historia desde hace veinte años”.

La observación de Enrico es compartida por Laura Stefanut, periodista y presidenta de la asociación rumana Haine Curate, miembro de la Clean Clothes Campaign. Para ella, el caso de la fábrica Selezione debe verse en el contexto de un sistema más global: “Las marcas presionan a las fábricas para que bajen los precios. Las fábricas compiten entre sí para conseguir esos contratos. El resultado son horas extraordinarias no remuneradas, cheques restaurante peor pagados y cargas de trabajo excesivas. Selezione no quería entrar en ello, así que acabó cerrando”.

Según la periodista, autora de varias investigaciones sobre los entresijos de la industria textil en Rumanía, este patrón se aplica de forma muy parecida a las grandes marcas de lujo y a la fast fashion: “En Rumanía, hay fábricas que trabajan para marcas de fast fashion que tratan decentemente a sus empleados, y otras que trabajan para marcas de lujo que tratan mal a sus empleados. Una cosa nunca cambia: todas intentan reducir sus costes al máximo para ser competitivas. Todas las marcas, tanto las que venden a bajo precio como las que venden sus productos con sobreprecio, exigen precios muy bajos a las fábricas rumanas. Al final, los que sufren las consecuencias son los trabajadores”.

 

Caja negra

* Los nombres de pila han sido modificados.

Las cifras exactas del número de trabajadores despedidos por Selezione proceden de un documento oficial de la Inspección de Trabajo rumana.

Deslocalización esclavista

 

Traducción de Miguel López

 

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