Alemania y Holanda rechazan extender el tope ibérico a Europa por temor a un aumento de la demanda

La ministra Teresa Ribera junto a la Comisaria de Energía, Kadri Simson, y la ministra francesa de Transición Energética, Agnes Pannier-Runacher, este martes en Luxemburgo.

El tope al precio del gas que funciona desde hace cuatro meses en España y Portugal ha demostrado reducir el coste de la factura de la luz, pero algunos países vecinos dudan que ese éxito se traslade al resto de la Unión Europea si el mecanismo se expande a los 27 miembros. Los grandes consumidores de gas, como Alemania y Holanda, se oponen a exportar este mecanismo a todo el continente porque podría aumentar su demanda y generar escasez, mientras que un amplio grupo liderado por España y Francia estarían a favor. 

Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunieron este martes para debatir sobre cómo limitar el impacto de la subida del gas en las facturas de la luz, partiendo de las propuestas elaboradas por la Comisión Europea y del mandato que dieron los primeros ministros de los 27 la pasada semana. 

La expansión del mecanismo ibérico era una de las ideas de mayor consenso y tenía incluso el apoyo directo de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. Pero a la salida de la reunión de este martes en Luxemburgo se hizo evidente que el tope al gas para la producción eléctrica no cuenta con los apoyos necesarios. 

"Hay diferentes puntos de vista entre los Estados miembros sobre la posible extensión de la excepción ibérica al resto de la Unión Europea", dijo la comisaria de Energía, Kadri Simon, tras el encuentro. "Para poder juzgar si la medida es apropiada necesitamos más datos y saber cuál sería su impacto en cada país", añadió Jozef Síkela, ministro checo de Industria y Comercio. 

Los encargados de transmitir las sensaciones de la reunión a la prensa destacaron que el texto sobre el que se debía debatir, una idea preliminar (un non paper) elaborada por la Comisión, no profundiza lo suficiente en el funcionamiento ni en las consecuencias que tendría el mecanismo ibérico a gran escala. 

Esto genera incertidumbre entre algunos miembros de la UE, que temen que esta especie de subvención a los precios del gas suponga un fuerte aumento del consumo de esta materia prima, pese a que el centro de Europa tiene graves problemas para importar gas natural. En España, la quema de gas ha pasado a ser el pilar de generación eléctrica desde que entró en vigor el mecanismo en junio, pero su capacidad para comprar gas natural licuado mediante barcos elimina ese riesgo de desabastecimiento. 

La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconoció tras el encuentro que la posibilidad de expandir el tope del gas al resto de la Unión se desinfla, pero reitera que el tema sigue sobre la mesa. 

"No ha habido una oposición, ha habido una buena acogida, pero sí peticiones de aclaración de dudas", dijo Ribera. La titular de Energía comentó que el principal bache son los países "que tienen más intensidad de CO₂ en su generación eléctrica o tienen estados limítrofes con países de fuera de la UE".

El tope del gas para la generación eléctrica supone que los consumidores pagan un extra en su factura de la luz para ayudar a las compañías eléctricas a comprar el gas natural que luego queman en las centrales de ciclo combinado, ya que esta materia prima ha subido de precio por la guerra de Ucrania. A cambio, las compañías venden la luz a un precio sustancialmente más barato (alrededor de un 25% en el caso español) que si no hubiese este límite.  

El problema es que aquellos países que compran gas natural en enormes cantidades para generar electricidad, como Alemania, dudan de que el mecanismo sea rentable, ya que el coste de compensar a sus eléctricas podría ser demasiado caro. "Los estados tienen un diferente mix de generación eléctrica y los costes del tope serían diferentes", resumió este martes Kadri Simon, la Comisaria de Energía. 

La propia Comisión Europea reconoce en su estudio preliminar sobre la expansión del tope ibérico que Alemania, Países Bajos e Italia serían los menos beneficiados de este sistema por el gran peso del gas natural en su mix de generación energética. Mientras que Francia sería el gran beneficiado porque se sustenta en la energía nuclear y sus interconexiones le permiten comprar luz a multitud de países si la venden más barata. En total, Bruselas estima que el mecanismo supondría un ahorro de 13.000 millones de euros para los hogares europeos. 

Otra tarea de la Comisión es lanzar una propuesta para expandir el mecanismo ibérico que no dispare las compras de gas en el continente porque los países del centro y el este apenas reciben ya gas natural de Rusia. Para ello, propone que el tope se sitúe entre los 100 y los 120 euros por megavatio hora, frente a los 40 euros que tiene establecido España, de forma que no sea tan atractivo quemar gas y se siga dando prioridad a las tecnologías baratas y renovables. 

Sin embargo, Bruselas reconoce que es inevitable que este sistema fomente la producción de luz a partir de gas natural, incluso con un tope superior, y prevé que el consumo de esta materia prima aumente entre 5.000 y 9.000 millones de metros cúbicos si finalmente entra en vigor el límite con la horquilla propuesta. 

Los ministros de Energía sí han avanzado este martes en las conversaciones para realizar compras conjuntas de gas a partir de la próxima primavera, cuando se comience de nuevo a llenar los almacenes, una medida que se espera aprobar en el próximo Consejo extraordinario del 24 de noviembre. 

De esta manera, las empresas europeas tendrán mucho más poder de negociación en el mercado internacional para hacerse con el combustible a un mejor precio. Aunque estas compras solo se coordinarán para 15,3 millones de metros cúbicos, el 15% de la capacidad de las reservas europeas. 

Los titulares de los 27 países también han consensuado formalizar en su próxima cita un sistema de solidaridad en el interior de Europa para forzar a los estados a enviar gas natural a sus vecinos en caso de emergencia en el futuro. "En caso de problemas de suministro, se crearán unas reglas que se aplicarán si no hay acuerdos bilaterales de solidaridad", sentenció Jozef Síkela tras el encuentro.

Antes de la discusión sobre cómo rebajar los precios de gas, el Consejo de ministros acordó endurecer las medidas de eficiencia energética en los edificios, una medida pendiente de ratificar que formaba parte del plan de reducción de emisiones Fit for 55. Los gobiernos acordaron que los edificios residenciales que se construyan a partir de 2030 deberán ser cero emisiones, mientras que todas las viviendas deberán cumplir con esta condición en 2050. 

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